El caso Fri y otras causas emblemáticas con inocentes que terminaron presos

Redacción de La Nueva.

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   El caso de Franco Fri, quien estuvo preso 6 meses acusado de violaciones contra mujeres que no cometió, encendió la polémica sobre el criterio de jueces a la hora de valorar la prueba con la que luego podrían privar de la libertad a una persona inocente, tal como sucedió con este joven en nuestra ciudad.

   Si bien en torno de la investigación por los abusos sexuales con acceso carnal cometidos en el barrio Pedro Pico se probó que Fri no es el autor y la causa no llegó a juicio, Manuel Garrido, presidente de Innocence Project Argentina, analizó la problemática de las condenas a inocentes en el país reflejada en un informe especial publicado por “La Nueva”.

   El reclamo de grupos de la sociedad para que hechos de trascendencia pública como este, en el ámbito local, no queden impunes, muchas veces influye en los estándares de la valoración probatoria y parece acotar el límite de la presunción de inocencia.

   “Para condenar a una persona se exige un estándar de la valoración alto, pero en muchas ocasiones los jueces bajan la vara y aplican criterios de valoración probatoria menos exigentes sin decirlo. Frente a causas enmarcadas por presión social o casos graves, los jueces, con poca prueba, igualmente condenan incumpliendo las exigencias que establece la ley”, consideró Garrido.

   “Entre los miles de casos de trascendencia pública con condenas erradas verificados en Estados Unidos, siempre aparece la presión social como factor generador y esto sucede también en la Argentina”, agregó.

   En nuestro país, casos testigo de las falencias judiciales que derivan en fallos condenatorios a inocentes son los de Jorge González Nieva y Cristina Vázquez, fallecida el año pasado.

   En 2010 el hombre había sido condenado erróneamente a 25 años de cárcel por el homicidio en ocasión de robo de Analía Bibiana Aguerre (43), durante una salidera bancaria en el partido de Merlo. Cumplió casi 14 años de la pena sin condena firme hasta que en 2020 la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo absolvió.

   La misionera Vázquez, en tanto, pasó 11 de sus 38 años encarcelada bajo acusación de un asesinato que no cometió y en diciembre de 2019 recuperó la libertad, luego de su absolución por orden del máximo tribunal.

   La justicia la había considerado partícipe del crimen de Ersélide Dávalos, una jubilada del Poder Judicial de 79 años muerta a martillazos el 27 de julio de 2001. Fue apresada definitivamente en 2008.

La "Masacre de Pompeya"

   Otro caso emblemático de condena contra un inocente en Argentina es el conocido como "Masacre de Pompeya", a raíz del que en 2007 Fernando Carrera recibió en primera instancia una pena de 30 años de prisión.

   La causa armada por la policía contra Carrera motivó la filmación en 2013 del documental "El Rati Horror Show", dirigido por el cineasta Enrique Piñeyro, quien luego impulsó la creación de la filial de Innocence Project en nuestro país como consecuencia de los "numerosos llamados de personas que sufrían la problemática de condenas erradas".

   El hecho ocurrió el 25 de enero de 2005, cuando dos mujeres y un niño que cruzaban la avenida Sáenz en el barrio Nueva Pompeya, murieron al ser atropellados por el auto que conducía Carrera mientras intentaba escapar de la policía.

   Él siempre sostuvo que los efectivos policiales lo confundieron 5con un ladrón a quien buscaban por un robo. Los agentes vestidos de civil a bordo de un Peugeot 504 negro, sin identificación policial, trataron de detenerlo y le efectuaron varios disparos, de los cuales 8 lo hirieron.

   Estuvo más de 7 años preso.

   En junio de 2012, la Corte Suprema de Justicia ordenó su liberación y revocó la sentencia. Un año después, la Cámara Federal de Casación Penal lo sancionó con 15 años de prisión, pero en octubre de 2016 el máximo tribunal de justicia lo absolvió.

Justicia tardía

   Según el exfiscal entrevistado, la revisión de ambas sentencias condenatorias por parte de la Corte de Nación fue tardía. Independientemente de los posteriores fallos absolutorios -resaltó-, “el daño generado por el tiempo que estuvieron privados de la libertad es irreversible”.

   “Cuando se revoca una condena a un inocente, tampoco hay mecanismos adecuados de reparación. Esa es otra cuestión que debería corregirse, porque en estos casos tendrían que empezar a hacer otro juicio que tarda muchos años y, mientras tanto, estas personas tienen que volver a trabajar y seguir con sus vidas”, indicó la fuente consultada.

   A entender de Garrido, el resarcimiento del Estado a inocentes condenados por negligencia o corrupción no se hace efectivo de manera oportuna.

   El abogado se refirió además a “problemas” con los reconocimientos en rueda de personas, situación de la que la Corte Suprema se hizo eco en su último fallo dictado en octubre de 2020 sobre condenas erradas (causa González Nieva).

   “La Corte hace una serie de recomendaciones a los jueces para que sean muy cuidadosos con esos medios de prueba. En la práctica, en la Argentina, tenemos problemas con esto porque no está bien regulado”, afirmó el abogado.

Sin estadísticas

   La organización a cargo de Garrido no cuenta con estadísticas sobre ciudadanos inocentes penados erróneamente por la justicia argentina, a raíz de que funciona desde hace poco tiempo y porque además no hay cifras generales acerca de este flagelo.

   “Las condenas a inocentes es un fenómeno que históricamente fue minimizado, porque siempre se consideró que podía suceder remotamente y se trataba de una disfunción del sistema”.

   “Sin embargo, a partir de los `90, cuando se empezó a aplicar la prueba de ADN para revisar causas con condenados, se demostró que ese material genético (en distintos casos) no pertenecía a los condenados”, añadió.

   “Así se tomó conocimiento de que el número de estos casos es muchísimo más alto que lo que los juristas históricamente pensaron”, continuó el exdiputado nacional.

   “Sí tenemos la cantidad de casos en los que interviene nuestra organización, pero ese no es el número de condenas erradas en Argentina porque que nos llegue un caso depende de que el condenado preso quiera plantear su situación”, precisó.

Cifra “negra”

   De acuerdo con el docente de Derecho, a nivel mundial se registra una elevada cifra “negra” ligada a la cantidad de personas condenadas por error que cumplen su condena, pero el sistema penal “sigue funcionando”.

   “Hace 30 años que en Estados Unidos trabajan en este tema, por eso hay cifras de personas exoneradas, es decir que habían sido condenadas y posteriormente esas condenas firmes se dejaron sin efecto al probarse que son inocentes”.

   “En estas tres décadas llevan contabilizados aproximadamente 2.770 casos. No hay presión social para que se condene a un inocente, pero si la hubiera, este reclamo no sería admisible en un sistema democrático como el nuestro”, acotó.

   “El sistema debe funcionar con eficacia para determinar quiénes cometen hechos delictivos; no puede ser una lotería. Independientemente de la opinión que uno tenga sobre las bondades o no del sistema penal, lo cierto es que la presión tiene que ver con que se esclarezcan los casos y se condene a los culpables”, completó.

   “Podemos estar de acuerdo o no con la magnitud de las penas, pero lo que no se puede discutir es que no hay que condenar a inocentes. Incluso un partidario de un sistema penal duro, de ningún modo puede justificar sanciones a gente que no cometió delito”.

   “Que las sanciones se apliquen a aquellos que violan la ley. Si hay personas que no violan la ley, no hay ninguna legitimación del Estado en aplicarles una pena”, continuó diciendo Garrido.

Las “garras" del sistema

   A criterio del profesional, cualquier persona inocente "podría ser condenada".

   "Los casos de inocentes condenados tienen que ver con personas que no cometieron ninguna irregularidad ni delito, pero caen en las garras del sistema por algún factor casual o negligencia de la policía", finalizó Garrido.