Un 27 por ciento de las familias bahienses alquila la vivienda que habita

Redacción de La Nueva.

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Por Francisco Rinaldi / frinaldi@lanueva.com

       En Bahía Blanca, alrededor de un 27 por ciento de las familias bahienses alquilaba las viviendas que ocupaba al cuarto trimestre del año que se fue, de acuerdo con datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC.

    Así, en la ciudad, sobre un total de 120.619 viviendas contabilizadas por el INDEC, 32.420 eran alquiladas (26,87% del total), los que convivían con 79.393 propietarios (65,82% del total), a los que se sumaban unas 8.800 cuyo régimen de tenencia del inmueble iba desde la propiedad de la vivienda, pero no del terreno habitado, la ocupación gratuita (con permiso) o a cambio del pago de expensas, formas que resultaban claramente minoritarias (apenas 7,31% del total) frente a las dos anteriores.

    En los 31 aglomerados urbanos que releva trimestralmente el organismo estadístico, sobre un total de 9.361.992 viviendas, 1.888.961 pagaba un alquiler por el mismo (20,17%) frente a 5.513.583 propietarios (58,8%), mientras que el 20% remanente se distribuía entre las otras formas de tenencia arriba enumerados.

    Lo llamativo del porcentaje aún elevado de inquilinos es que los sucesivos gobiernos han intentando diferentes políticas públicas para resolver el problema, aunque con un éxito, a la luz de los datos, relativo.

     De hecho, un informe del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur (IIESS) que toma datos para un período prolongado de tiempo, y que cubre las administraciones kirchneristas y macrista, arrojó que el porcentaje de asalariados bahienses que alquilaba creció desde el 21 al 32 por ciento entre el primer trimestre de 2004 e igual lapso de 2017.

Créditos UVA

     Los llamados préstamos ajustados por Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), lanzados por la anterior administración para fomentar el acceso a la vivienda, ofrecían una baja tasa de interés inicial (3,5% anual), lo que redundaba en una baja cuota inicial.

    El éxito de la mediada fue evidente: desde su implementación en marzo de 2016, los UVA incrementaron su participación en el total de créditos hipotecarios hasta representar, a diciembre de 2017, el 42% del stock de créditos totales.

    Pese a ello, la metodología de ajuste del capital adeudado hacía que el sistema fuera válido solamente para situaciones de estabilidad de precios, algo poco frecuente en la Argentina de los últimos años.

     A modo de ejemplo, un crédito para adquirir una vivienda de 100.000 dólares (unos 2.497.500 pesos al tipo de cambio del Banco Nación a junio de 2018), arrojaba una cuota inicial de 11.214,89 pesos al sexto mes de 2018, que se convertían en $ 17.544,32 apenas un año más tarde, equivalentes a un aumento porcentual del 56,44%. De hecho, desde agosto de 2019, el entonces presidente Mauricio Macri decidió congelar las cuotas de los préstamos UVA, medida que se fue prorrogando hasta febrero de este año.

    Actualmente y en base a un mecanismo de convergencia, el gobierno de Alberto Fernández pretendía “descongelar” progresivamente las cuotas del crédito. Las airadas protestas de algunos tomadores llevaron a que pocos días atrás, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, anunciara  habrá subsidios para asistir a las familias que hayan tomado créditos hipotecarios UVA para que la cuota mensual no supere el 35% de los ingresos.

     De acuerdo con lo publicado por el medio capitalino "Página 12", será algo que deberán respetar todos los bancos. Ferraresi explicó que el Banco Central establecerá una instancia de monitoreo y alerta temprana para identificar posibles casos de riesgo que afecten a deudores hipotecarios UVA en los casos donde la relación cuota-ingreso supere los límites establecidos, que fijan un tope del 35% de los ingresos familiares.