Reajustes: la Cámara Federal asume un compromiso con los jubilados afectados

Gerardo Monforte / [email protected]

   Dar respuesta rápida y eficiente a adultos mayores que litigan en la justicia federal, es el compromiso diario del personal que conforma la secretaría previsional de la Cámara Federal de Apelaciones de esta ciudad.

   Con el objetivo de mantener en el tiempo la celeridad y calidad del servicio brindado a los jubilados que solicitan en sede judicial la redeterminación de su haber previsional, el cuerpo judicial bahiense certificó los plazos máximos de resolución de estos expedientes.

   De esta manera no pueden transcurrir más de 3 meses desde que el expediente ingresa en la Cámara con sentencia firme de un juzgado de primera instancia, hasta que el tribunal de alzada revisa el fallo apelado y emite dictamen.

   La segunda meta de la secretaría es que el período desde la recepción del expediente de reajuste de haberes hasta la devolución al juzgado de la sentencia firme (en condiciones de pasar a la liquidación), no sea mayor a 6 meses.

   La certificación con la norma ISO 9001 abarca los plazos de recepción, tramitación, resolución y devolución de los expedientes de reajuste de haberes previsionales, que en la secretaría son preponderantes.

   La finalidad del sistema de trabajo implementado en la secretaría es brindar un servicio de justicia eficaz y eficiente, teniendo en consideración que los usuarios en esta materia son personas vulnerables por su avanzada edad y en general con problemas de salud, que iniciaron juicios contra la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses).

   La dependencia obtuvo el certificado después de regularizar el trámite de casos derivados del fallo “Pedraza”, dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en mayo de 2014.

   La competencia en materia previsional fue asignada a las Cámaras Federales del interior en mayo de 2014, en virtud del fallo “Pedraza”. Hasta ese momento toda la alzada de cuestiones previsionales era la Cámara Federal de la Seguridad Social, en Capital.

   El fallo hace hincapié en acercarle al justiciable la solución a cada jurisdicción.

   El proceso para incorporar estándares de calidad internacionales depende del Consejo de la Magistratura, que le asignó al equipo de la secretaría una implementadora como guía y a quien además le presentan informes de gestión trimestralmente.

   Cada organismo que pretenda certificar calidad debe requerir la certificación a través del Consejo, que tiene contratado como auditor al Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM).

 

Un sector vulnerable

   El principio rector de la iniciativa es brindarles respuesta a un sector vulnerable de la sociedad que reclama el reconocimiento, por parte de la Justicia, de sus derechos constitucionales.

   El compromiso no sólo es con el expediente bajo análisis en la Cámara, sino con la justicia previsional en general, por lo tanto los integrantes de la secretaría procuran asistir a las restantes dependencias para lograr un trabajo rápido y eficaz durante la integralidad del proceso.
  La idea es que el expediente, en total, dure aproximadamente un año y medio o dos.

   Los plazos de 3 y 6 meses se cumplían desde antes de la certificación, mediante la que se detallaron los procedimientos desarrollados en ese área.

   La formación de la secretaría, su especialidad y la capacitación del personal ya se habían concretado con anterioridad. Estos puntos son los que les permite manejarse con dichos plazos.

   Mientras el personal de la secretaría se hallaba en proceso de certificación, se desató la pandemia, se modificaron los procedimientos de trabajo y se vio obligado a rehacer por completo las tareas de certificación.

   Su recurso humano siempre tuvo contacto fluido con los jubilados y los abogados de las partes, pero como consecuencia de la pandemia esa atención personalizada mutó y empezó a atenderlos vía mail o teléfono.

 

Funciones específicas

 

   La certificación ISO 9001, de validez nacional, establece protocolos de trabajo con funciones específicas para cada empleado y la implementación de puntos de control para minimizar el margen de error.
  Cuando se comete un error, se deja asentado en una planilla. La intención es lograr mejoras constantes.
  Previsional es una materia cambiante porque las leyes de movilidad se modifican constantemente, por eso se requiere un alto grado de especialización. Toda la secretaría se capacita de manera permanente.

   La institución bahiense también recibió el certificado de IQNet con validez internacional. Ambas certificaciones tienen vigencia hasta el 25 de octubre de 2024.

   Después se puede volver a certificar, modificando o manteniendo los objetivos.
   Los responsables de la secretaría se dividen en perfiles administrativo (mesa de entradas - personal de secretaria), contador, prosecretario/relator, secretario y juez.

 

Sin infraestructura adecuada

 

   Al momento de emitirse el fallo “Pedraza” en 2014, las cámaras federales no contaban con infraestructura adecuada para absorber el cúmulo de causas pendientes que se iban a remitir desde la CFSS.

   Para afrontar este nuevo desafío, ese año los camaristas locales convocaron a la doctora Marianela Albrieu, quien se desempeñaba en el Juzgado Federal Nº 2 de Bahía.
  De repente se iban a enviar a Mitre 60 los expedientes pendientes en la CFSS, más las apelaciones interpuestas contra las sentencias de los juzgados federales de primera instancia que antes se apelaban en Capital y desde ese momento comenzaron a apelarse en la Cámara local.

   En mayo de 2014, como consecuencia del fallo “Pedraza”, atento a la gran cantidad de expedientes recibidos (8.000 aproximadamente), los entonces camaristas, entre ellos el actual vocal Pablo Candisano Mera, crearon la secretaría previsional a cargo de Albrieu.

    En el transcurso de 2016 fue la Cámara del país que mayor cantidad de sentencias dictó (5.487), teniendo gran incidencia el fallo antes mencionado.

    En junio de 2018 juraron los jueces Silvia Fariña (actual presidenta de la Cámara), Pablo Larriera, Leandro Picado y Roberto Amábile, quienes junto con Candisano Mera continuaron esta línea y propusieron iniciar el proceso de certificación.

    Lo que se certificó no es menor porque se trata de un compromiso de trabajo para que las sentencias de reajuste de haberes se dicten en un plazo máximo de 3 meses.

   La secretaría previsional de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata fue la primera en recibir la norma ISO 9001, al menos en el interior de Argentina, aunque en este caso se certificaron procesos diferentes a los de la dependencia bahiense.

   Es que cada dependencia judicial se fija su propio objetivo (que puede ser conservador o ambicioso). En este caso, el objetivo propuesto por la secretaría previsional de Bahía Blanca, y cuyo cumplimiento se certificó, es ambicioso y se compromete con la celeridad y calidad de respuesta a un problema social.

   La doctora Laura Arrillaga es prosecretaria previsional.