Tarifas: el Gobierno deberá lidiar entre el enojo de la gente y cumplir con el FMI

Redacción de La Nueva.

[email protected]

Francisco Rinaldi / [email protected]

    Con un piso de subsidios cercano al 2,5 por ciento del PBI, el Gobierno deberá enfrentar en 2022 la disyuntiva entre evitar el costo político de una inminente suba de tarifas a la luz y el gas y resentir la calidad de la prestación del servicio, o asumirlo plenamente y enfrentar el mal humor social, en un contexto donde la cuenta de subsidios será uno de los ítems sobre los que el Fondo Monetario posará sus ojos ante un posible acuerdo del que aún hoy no se tienen demasiadas precisiones.

    Es que, si se siguen estrictamente las proyecciones del Presupuesto 2022, los aumentos implícitos en el cálculo de recursos y gastos serían del 72 por ciento para la energía eléctrica y del 60 por ciento para el gas, pese a lo cual, la cuenta de subsidios rondaría el 2,5% del PBI o 11.300 millones de dólares.

    “El presupuesto 2022 propone tarifas que cubran el 43% del costo en electricidad y el 83% en gas natural".

    "Con supuestos de volúmenes de importación de gas similares a 2021 y precios del GNL y gas natural de Bolivia de U$S 15 y U$S 8 por millón de BTU respectivamente, se pueden estimar subsidios al sector eléctrico por U$S 6.300 millones, a IEASA (por importación de gas) por U$S 2.800 millones y finalmente el Plan Gas AR por U$S 1.700 millones”.

      “El resultado es la suma de USD 11.300 millones, es decir el 2,5% del PBI, considerando el tipo de cambio que se proyecta en el Presupuesto”, explicó a La Nueva. Julián Rojo, economista especialista en energía y director del Departamento Técnico del Instituto Argentino de la Energía "General Mosconi".

     Rojo advirtió que este escenario es “un piso para el año próximo”, con un alza de tarifas para el público del 72% (electricidad) y del 60% en gas.

     Los incrementos tarifarios de cara al año que se avecina adquieren un cariz especial, ya que, de aquí en más, el debate político y económico girará en torno a un tema excluyente: la negociación de un acuerdo con el Fondo Monetario por la negociación de la deuda.

    Así, con el Presupuesto aprobado, la idea del ministro Martín Guzmán es presentar un Plan Económico Plurianual que sirva como carta de presentación ante el Fondo.

    En dicho Plan, se descuenta una reducción de los subsidios energéticos, entre otros puntos importantes.

    “Aunque no se tienen demasiadas precisiones, se descuenta que la cuenta de subsidios económicos, donde se incluyen los energéticos, es uno de los puntos al que los técnicos del FMI le prestarán especial atención”, señaló Rojo.

    Es que de acuerdo con el Mirador del Trabajo y la Economía (MATE), los subsidios a la energía crecieron en 42.181 millones de pesos por encima de la inflación en dos años.

   En idéntico lapso, la cuenta de jubilaciones y pensiones se redujo en 40.656 millones de pesos (también tomando en cuenta la inflación del período), de manera que el aumento de los subsidios a la energía, cuyo beneficiario más inmediato es la clase media, se compensó con subas jubilatorias inferiores a la inflación.

   Dado que la suba de tarifas es el escenario más probable para 2022, la pregunta es si la segmentación de tarifas, es decir, concentrar los incrementos en el segmento de hogares más acomodados del país, permitiría morigerarlos.

    Su implementación implicaría aumentos bien por encima de la inflación para un porcentaje menor de clientes residenciales (entre un 15% al 25% de los hogares), mientras el resto de los usuarios no tendrían aumentos o deberían enfrentar aumentos menores.

   “La segmentación no es una solución, porque esto implicaría que algunos hogares asuman el 100% de los aumentos y el resto nada".

   "Y por un lado, el porcentaje de hogares acomodados no es tan grande en la Argentina y por el otro y aún peor, lo que se suele entender como el estrato social de los que más ganan no siempre se condice con niveles de ingresos muy elevados", aclaró Rojo.

    De hecho, tomando las últimas cifras del INDEC, surge que el 10% de los hogares que más ganan en nuestro país tiene un promedio de ingreso per cápita familiar de 83.246 pesos.

    Así, que esta porción de hogares deba asumir la totalidad del aumento tarifario no luce para nada fácil.       

    Ante esta situación planteada, siempre está a mano la alternativa de “no hacer nada”, es decir, continuar subsidiando el costo de la energía, como una forma de evitar subas a los usuarios finales y “patear” el costo político para adelante.

    “Sin ningún aumento, los subsidios superarán los 15.000 millones de dólares. El problema es que se corre el riesgo de resentir la prestación del servicio”, alertó Rojo.

Inevitable

    Pero dada la mecánica detrás de la formación del precio al usuario final de electricidad en la Argentina, aún sin bajar subsidios, los aumentos serán casi imposibles de evitar.

    Esto porque el precio final se forma considerando el valor que surge del Mercado Eléctrico Mayorista (el que subsidia el Gobierno nacional), pero, además, se consideran impuestos fijos y el Valor Agregado de Distribución (VAD), que depende de lo que establezcan las autoridades provinciales y, por lo tanto, no es igual en todas las jurisdicciones.

    “Difícilmente las provincias puedan mantener constante el VAD, por lo tanto, el precio de la energía va a aumentar si o sí. La única posibilidad es que también se lo subsidie, pero eso abultaría todavía más la cuenta de subsidios y no es tan sencillo”, aclaró Rojo.

   Entonces, la aplicación de la Tarifa Social si podría ser una alternativa viable.

    “Se trata de algo que está vigente, aunque se debería mejorar. El Gobierno cuenta con las bases de datos de la Anses para saber que hogares pueden ser elegibles para pagar esta Tarifa".

    "El criterio es diferente a la segmentación, porque no es que un hogar paga más y otro menos o nada, acá todos pagan lo mismo, con la diferencia de que aquellos en situación de vulnerabilidad pagarán esta Tarifa, obviamente menor a la general, aunque en base a criterios objetivos, como los ingresos obtenidos y los montos de ayuda estatal que se recibe”, dijo Rojo.

    Acotó que "el instrumento, aunque es perfectible,  está disponible y espera, ya que la experiencia reciente muestra que con criterios objetivos de inclusión y exclusión, y en base a información de Anses, la tarifa social focalizó subsidios en la demanda y llegó a cubrir al 25% de los usuarios eléctricos y a más del 30% de los usuarios de gas por red", explicó Rojo para finalizar.