Entre la inseguridad reinante y la falta de un plan para enfrentarla

Redacción de La Nueva.

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Por Fabián Quetglas

   Los casos de inseguridad que toman estado público pasan uno tras otro mientras la reiteración y la impotencia que sentimos nos ahogan. La seguridad es un derecho cívico esencial, y la condición de posibilidad de muchos otros. Sin garantías de seguridad, las personas ven alterada su vida cotidiana y la convivencia se vuelve hostil. 

   Resolver la inseguridad es un tema prioritario y complejo. Sin embargo, el Frente de Todos y el Presidente Fernández ningunean el tema.

   Primero, el mandatario, colocó en el Ministerio de Seguridad a alguien sin experiencia cuyo único mérito era intentar explicar y justificar el delito. La ex ministra Frederic no tuvo una sola iniciativa concreta. Luego de la derrota en las PASO, el Presidente decidió apelar a un político resistido cuyas virtudes parecen ser la chicana, los pronósticos errados y un decidido sentido del desprecio por la opinión ajena. 

   Mientras tanto, en el primer semestre del año, se cometieron 77.220 delitos en la Provincia de Buenos Aires. Es decir, uno cada tres minutos. Un 7% más de los ocurridos entre agosto y diciembre del 2020. El avance del narcotráfico es otra problemática latente, sin el extremismo de Rosario, pero con una violencia que aterroriza cada vez más a los vecinos de la Provincia. Se trata de un contraste claro frente a 4 años de mejoras en todos los indicadores sensibles de seguridad pública, durante la gestión de la Ministra Bullrich.

   Aníbal Fernández, que debería estar preocupado por los casos que alteran a nuestras familias, ha decidido ocupar su tiempo en controvertir al dibujante Nik a través las redes sociales, apelando a un tono fuera de lugar para un servidor público. La semana pasada elevé un pedido de interpelación para que el ministro venga a la Cámara de Diputados, no sólo para explicar su proceder irresponsable, sino para que nos explique su visión e iniciativas para que podamos recuperar la tranquilidad. Ese es su trabajo. Y es algo que los argentinos reclamamos a gritos: un plan integral para contener la inseguridad creciente. 

   Ningún sector político tiene soluciones mágicas, pero el gobierno de Cambiemos mostró, con aciertos y errores, una preocupación decidida por la jerarquización de las Fuerzas de Seguridad, la adecuación normativa, la inversión en tecnología y un sentido de la responsabilidad pública respecto de este tema. Ahora, por prejuicios o por motivos inexplicables, sentimos la ausencia de esos tópicos en el discurso oficial. La idea del “estado presente” se muestra falaz en toda su dimensión, cuando el incumple un rol tan esencial.

   Desarrollar un plan de seguridad, que tome el tema en toda su complejidad y que involucre a los tres poderes del estado y a todas las referencias institucionales, es una necesidad que no puede esperar más.

   No sirve lavarse las manos ni hacer un populismo penal. Lo que sirve es que el Estado actúe con firmeza y con criterio dentro de la ley y en defensa de los ciudadanos. El 14 de noviembre, debemos también dar vuelta la página del Estado patotero y poco profesional que nos proponen.