Salida de emergencia ante un desobediente reclamo policial 

Ricardo Salas

rsalas@lanueva.com

   Al decir de algunos politólogos, y de algún refrán popular, en toda crisis hay una oportunidad. La provincia de Buenos Aires embolsó varios millones de pesos de coparticipación federal de impuestos, en un abrir y cerrar de ojos. 

   En términos políticos e institucionales, quizás esta era la ocasión para que el Estado bonaerense pudiese plantear, con cierto grado de viabilidad, un reclamo sobre el injusto reparto por coparticipación al Gobierno nacional. 

   Hasta ahora, la Provincia es la que más dinero aporta a la Nación y es la que menos recibe, en proporción por la cantidad de habitantes que tiene.  

   Esta semana, en medio de una insubordinación policial en reclamo de una válida mejora salarial, la Casa Rosada decidió tirarle un nuevo salvavidas financiero al gobernador Axel Kicillof para a resolver, entre otras cosas, esa rebelión uniformada que en los últimos días tomó superficies insospechadas. 

   Será mediante un plan que el presidente Alberto Fernández había anunciado al inicio de su gestión, pero que había dejado en pausa por la pandemia: traspasarle a la Gobernación un 1% de la coparticipación que recibía el alcalde macrista porteño Horacio Rodríguez Larreta.  

   En pesos, será una cifra que ronda entre los 35 mil millones que pueden oxigenar la economía bonaerense de Kicillof en épocas de vacas flacas. Un Fondo de Fortalecimiento Fiscal para poner la “Provincia en marcha”. 

   A partir de eso, el gobernador buscó silenciar la sirena policial con una respuesta institucional: anunciado una fuerte recomposición salarial y de equipamiento policial junto con el plan de seguridad que se lanzó para el Conurbano bonaerense. 

   En medio del enrarecido clima político, el Presidente ya dio una muestra de carácter y prometió hacerse cargo del conflicto junto a Kicillof.  Por ahora, el mandamás cristinista respalda al ministro de Seguridad, Sergio Berni, pero debe evaluar si es necesario hacer saltar algún fusible dentro de la cúpula de la Bonaerense.  

   Encima, la Policía Bonaerense parece actuar desinflada producto de su baja liquidación salarial. La insubordinación uniformada no es una medida de fuerza cualquiera. La gobernación lo sufrió frente a sus narices y especialmente, porque desde la propia administración bonaerense reconocen que se “subestimó” el malhumor policial. 

   Ese foco puntualmente se inició frente a la residencia gubernamental que habita Kicillof en las diagonales y se extendió hasta la vereda de la quinta presidencial de Olivos. Allí, el piquete armado deslegitimó lo que era un lícito reclamo policial en términos salariales.  

   Por supuesto, la concesión a los uniformados de la Bonaerense despertó el reclamo salarial y el pedido de abrir la negociación paritaria salarial en la Provincia. En la lista de espera se anotan los empleados estatales, judiciales, docentes y naturalmente, los médicos y profesionales de la salud pública considerados trabajadores esenciales durante la pandemia. 

   La deuda salarial del Estado bonaerense con las fuerzas de seguridad (y con el resto del personal de la administración pública) viene de años de arrastre. No es algo nuevo.  

   De ahora en más, Kicillof deberá analizar el manual para desactivar “cada bomba de tiempo” que ponga en jaque los números presupuestarios del ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López. 

   También hay un rebrote de inseguridad en marcha, básicamente en el Conurbano, mientras la dirigencia política anda buscando “a quien culpar”.  

   No quedan dudas que la estructural crisis de inseguridad es una “piedra en el zapato” de cualquier gobierno. Es decir, que al pisar provoca un gran dolor, aunque cambiemos de calzado.  

   Una primera evaluación gubernamental en calle 6 pasó por la teoría de la victimización. No pocos interpretaron que la protesta policial no hace más que promover intentos desestabilizadores. También durante el gobierno de Cambiemos, la exgobernadora María Eugenia Vidal aseguró "pelear con la mafia policíal". 

   Desde el ámbito legislativo se habló de una clara intencionalidad política de los insubordinados policiales que durante años guardaron los reclamos salariales pero ahora se expresaron ante una Gobernación que lleva unos 9 meses de gestión y frente a uno de los momentos más duros y críticos desde que inició la pandemia: la tormenta del Covid -19 que sigue batiendo récords de muertes y contagios día a día. 

    Desde el entorno gubernamental ven fantasmas por todos lados y apuntan también a sectores de la oposición que buscan sacar algún rédito político. Pero que Juntos por el Cambio carece hoy de una coordinación unificada quedó claramente en evidencia, justamente, con el conflicto de la Bonaerense. 

   La foto de algunos intendentes del Conurbano sentados detrás del Presidente mientras por cadena nacional se anunciaba la quita de un punto de coparticipación del gobierno porteño para dárselo a la Provincia que administra Kicillof. ¿Sabía Rodríguez Larreta que estos intendentes iban a ir? 

   La ausencia del expresidente Mauricio Macri, el bajo perfil de la exgobernadora María Eugenia Vidal, y la pandemia que tiene a muchos intendentes ocupados en la gestión cotidiana, dejó huérfana de conducción a la alianza opositora “amarilla”.

   Encima, uno de los principales socios del espacio, el radicalismo bonaerense, se encuentra en pleno proceso interno, con un resultado imprevisible por la conducción partidaria. 

   Por las dudas, alcaldes de JxC dejaron sillas vacias decidiendo no acompañar el anuncio de Kicillof sobre la equiparación de sueldos policiales.