Trabajadoras domésticas: en Bahía Blanca, apenas una de cada cuatro está registrada

Cifras oficiales

Trabajadoras domésticas: en Bahía Blanca, apenas una de cada cuatro está registrada

26/5/2019 | 06:49 |

Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Francisco Rinaldi

frinaldi@lanueva.com

      A pesar de que pasaron seis años desde que se promulgó, la ley 26.844 que regulariza el servicio doméstico no arrojó aún los resultados esperados: tan sólo en Bahía Blanca, apenas una por cada cuatro empleadas domésticas está registrada, cifra que va en línea con las que se exhiben a nivel país, donde los niveles de “blanqueo” rondan el 25 por ciento del empleo total en esa actividad.


      Así, según datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) para el último trimestre del año pasado (los más nuevos que se difundieron) del INDEC, sobre un total de 10.870 bahienses que trabajan en el servicio doméstico, 8.200 no tiene, a fin de mes, un recibo de sueldo membretado -una de las exigencias de la ley y, además, prueba irrefutable de que la empleada está en blanco- cifra que representa nada menos que el 75 por ciento del total del empleo en esa actividad para el aglomerado Bahía Blanca-General Cerri (BBC).


      El 25% remanente -apenas 2.670- si se encuentra registrada en BBC. El dato de informalidad se confirma con las 8.306 domésticas bahienses que, al estar “en negro”, no cuenta con una Obra Social.


       A nivel del total de los 33 aglomerados urbanos que releva el INDEC, los datos locales se confirman: sobre un total de 904.275 personas que se dedican al servicio doméstico en casas particulares, apenas unas 227.668 (25% del total) está en blanco.


       Lo llamativo de los altos niveles de informalidad es que el sistema para tener a la empleada en regla es por demás sencillo y, además, permite que se desgraven del impuesto a las Ganancias tanto la remuneración abonada a las trabajadoras domésticas como las cargas sociales ingresadas a la AFIP.


      El límite anual del monto deducible es igual al de la ganancia no imponible, que en el período fiscal 2018 fue de 66.917,91 al año y en el 2019 pasará a ser de $ 85.848,99.
Para hacer efectiva la deducción, los dadores de trabajo deben cargar los datos en el formulario 572 web, a través del Sistema de Registro y Actualización de Deducciones del Impuesto a las Ganancias (Siradig).


        Para el abogado Carlos Brassesco, asesor letrado de la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP), la falta de campañas específicas y algunos “mitos” derivados del “blanqueo” de las empleadas domésticas son factores decisivos a la hora de explicar los altísimos niveles de no registro.
“No hay una política pública tendiente a solicitar la registración. No hay campañas en lugares específicos, por ejemplo. Nosotros pedimos que se haga una a nivel nacional, hasta ahora, sin respuesta. También hay mucha mala información”, señala Brassesco.


     Una de las principales tiene que ver con la posibilidad de que la trabajadora, una vez registrada, pierda la Asignación Universal por Hijo (AUH).

     “Eso es falso. Surge de la propia ley 26.844, que rige la actividad, y de otras disposiciones posteriores vigentes desde hace ya muchos años. La doméstica no pierde la AUH en el caso de que sea blanqueada”, insiste el abogado.
      Acota que “si es cierto que se pueden dejar de percibir ciertas pensiones especiales, pero que son excepcionalísimas, como por ejemplo, la que corresponde a la mujer que tiene siete hijos varones, algo totalmente incoherente, pero muy excepcional a la vez”.


     “El empleador tiene que ver el costo-beneficio de tener a su doméstica blanqueada versus tenerla en la informalidad. Hoy, por hasta 370 pesos mensuales, tiene cubierto cualquier accidente de trabajo.

      Si a una emplaeda le pasa algo y la tiene “en negro”, empiezan los problemas para él, porque un accidente de tránsito in itinire --de la casa al trabajo o viceversa, donde la responsabilidad le compete al empleador- le puede salir muy caro”, advierte el asesor.


       Además, en el supuesto de extinción de la relación laboral, si la trabajadora no está registrada, debe pagarse, ante un reclamo judicial, lo que se debe en concepto de aportes no pagados más las multas.

¿Y la jubilación?

      Uno de los principales escollos de trabajar en la informalidad es que los aportes para acceder al beneficio jubilatorio no están, en el mejor de los casos, completos.

     Es que si nunca realizó los aportes, acceder a una de las moratorias previsionales vigentes es imposible, toda vez que se exige un mínimo de años aportados.

      “Para adquirir derecho jubilatorio, una mujer debe tener 60 años de edad y 30 de aportes, requisito mínimo e indispensable”, explica el abogado previsionalista Alfredo Bernabei, director jurídico de Alfredo Bernabei Abogados.

      “Las leyes de moratoria previsional le permiten al solicitante completar aportes faltantes regularizando deuda, es decir, años de aportes, los cuales serán descontados mensualmente del haber que percibe”, recuerda el profesional.

      Hoy día conviven dos leyes de regularización de deudas previsionales: la ley 24.476 ( de  carácter permanente) y la 26.970 (de carácter transitorio) cuyo vencimiento está estipulado para el 23 de julio del corriente año.

      La única diferencia entre ambas tiene que ver con la fecha límite del período a regularizar -es decir, la cantidad de años sin aportes que debe “comprar” quien puede aplicar- ya que mientras la 24.476 admite hasta septiembre de 1993, la segunda hace lo propio, pero hasta diciembre de 2003.

     “El problema es que la sola existencia de este tipo de leyes no garantiza el derecho al haber jubilatorio, porque se necesita contar con algún aporte por afuera del período a regularizar, que en el caso de la ley 26.970, sería a partir de enero de 2004”, advierte  Bernabei.

       Sin aportes a la vista, la única alternativa para muchas domésticas en negro es el acceso a la Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM), que se halla en un 80 por ciento del haber jubilatorio mínimo -8.328,30 pesos-, un monto que las deja por abajo de la línea de pobreza individual, estimada en 9.790 pesos por CREEBBA.

      Los bajos niveles de terminalidad educativa de una actividad con inmensa mayoría de mujeres justifican acciones como el establecimiento de una escuela de capacitación para las afiliadas de la UPACP, también con su sede en nuestra ciudad.

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