Denuncian a un exintendente K de la región por administración fraudulenta
Es por la construcción de una terminal de ómnibus en Coronel Suárez, que finalmente quedó inconclusa.
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La municipalidad de Coronel Suárez (Cambiemos) denunció hoy -ante Fiscalía- a la anterior gestión de gobierno del hoy concejal Ricardo Moccero (MpV) por delitos que podrían tipificarse como administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, asociación ilícita, defraudación, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsificación de instrumento público.
La presentación fue realizada por el asesor letrado César Elorriaga, quien señaló que la denuncia gira en torno a la obra de la terminal de ómnibus suerense, que nunca se terminó y “que tiene serias irregularidades desde el momento de su licitación”.
Al respecto, comentó que “entendemos que hubo una secuencia de hechos realizados adrede que se traduce en una administración fraudulenta”.
Vista aérea actual de la obra.
Elorriaga apuntó en la denuncia a Ricardo Moccero, intendente al momento de licitar y comenzarse la obra; a Osvaldo Fuentes Lema, intendente interino de la gestión Moccero y quien realizó el último pago a la empresa, sin exigir el cumplimiento de la obra; además de funcionarios de Obras Públicas como Rubén Guarnieri (exsecretario del área), Jorge Segui y Leandro Graff (inspectores), Alejandro Leonard (director de Infraestructura ) y a los socios gerentes de Azso SRL, Fernando Azcona y Jorge Enrique Soulé.
“Denuncio y pido que se investiguen los hechos; luego la fiscalía evaluará la culpabilidad o no. Por esta obra la municipalidad pagó unos 6 millones de pesos y quedó construida en un 63 %; pero no podemos saber si se puede continuar o no, si es segura o no”, remarcó.
Al respecto, Elorriaga comentó que la obra tenía un plazo de ocho meses.
César Elorriaga
“Sin embargo, a los diez meses, con un 60% de avance, colapsa: se derrumbaron dos vigas de aproximadamente 5 toneladas cada una. No se hizo más nada y en el 2014 se le pagaron a la empresa 2 millones de pesos más, sin exigir el cumplimiento de la obra, ni pagar multas; y con el acuerdo vencido se le rescindió el contrato, a manera de premio”, dijo.
El letrado indicó que “se rescindió el contrato y se realizó una recepción provisoria, algo que no se podía hacer, porque la obra no habilita su uso”.
“En ese decreto figura que no puede haber reclamo alguno de las partes, algo en lo cual ahora queremos pedir la nulidad de ese decreto”, afirmó.
Una rápida adjudicación
Elorriaga recordó que la obra (con un presupuesto de 6 millones de pesos o 1,8 millones de dólares) fue adjudicada rápidamente “a una sociedad reciente, con un pobre capital social”, remarcó que “30 días después de la primera publicación, sufre una modificación de casi 1 millón de pesos más, mientras se estaban publicando los edictos”.
En ese momento hubo dos oferentes: DA Construcciones, empresa unipersonal de Daniel Abot, quien fuera funcionario y concejal de Ricardo Moccero; y Azso Ingeniería SRL, de Fernando Azcona y Jorge Enrique Soulé, una sociedad formada para tal fin.
“La empresa adjudicataria es cuestionada también por faltantes en su documentación, como por ejemplo que no acreditó inscripción en Personas Jurídicas, DGI, ARBA y IERIC y las que completó recién en el año 2011, habiéndose creado en el 2009”, dijo.
Elorriaga manifestó que la obra se licitó en 2009 y comenzó a ejecutarse en 2011, “todos años electorales”.
“La empresa adjudicataria acreditaba experiencia con obras realizadas en los años 2004, 2005, 2008 y febrero de 2009, cuando había sido creada el último año; mientras que la que perdió la licitación garantizó su oferta por medio de un pagaré firmado por su propio titular, Daniel Abot”.