Bahía Blanca | Martes, 23 de abril

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Confirmaron el procesamiento de Echegaray por el supuesto encubrimiento de Lázaro Báez

La investigación cobró impulso a partir de lo actuado por la justicia federal bahiense.

   La Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal resolvió hoy confirmar el procesamiento del puntaltense Ricardo Echegaray y Ángel Toninelli por el presunto "encubrimiento agravado" de la evasión impositiva que cometió el titular de la empresa "Austral Construcciones", Lázaro Báez.

   Asimismo, rechazó la excepción de cosa juzgada que plantearon las defensas, por los sobreseimientos de Echegaray y Toninelli oportunamente resueltos por el juez Oyarbide en otras causas.

   Según el fallo, Echegaray (extitular de la AFIP) y Tonelli (se desempeñó al frente de la DGI) están sospechados disolver la Dirección Regional de Bahía Blanca de la AFIP, reubicar cargos y desplazar a supervisores e inspectores, para facilitar la comisión del delito.

   De tal manera, los controles pasaron a depender de la Dirección Regional de Mar del Plata, "lo que de hecho importó centrar la revisión en las firmas emisoras dejando de lado al beneficiario final en virtud de la adopción de decisiones tardías e incompletas, lo que comprometió también a la actuación de la Regional Microcentro de esa entidad".

   Para avanzar en ese sentido fue importante la investigación que se inició en el organismo y prosiguió en el Juzgado Federal Nº 1 de nuestra ciudad.

   Al momento de dictar el procesamiento, el juez federal Sebastián Casanello consideró que los imputados frenaron investigaciones sobre las llamadas "usinas de facturas truchas", la herramienta que le permitió cometer maniobras evasivas millonarias a "Austral Construcciones" del grupo Báez.

   Para los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia "la hipótesis delictiva se trata del montado de estructuras societarias para defraudar al fisco en importantes sumas de dinero a través de las cuales se emitían facturas apócrifas cargando un precio ficticio a la obra pública, de lo cual se obtenía una amplia ventaja patrimonial ilegal, en desmedro de las arcas públicas, lucro indebido que, además, debía reingresar al sistema, y que, en orden a realizar todo este circuito, se habría contado con la participación de quien debía velar por los intereses del Estado Nacional". (CIJ y LN.)