Sobrepoblación carcelaria: en situación "marginal"
¿El hacinamiento de presos está lejos de lo que muestra la exitosa serie de la TV Pública? Un juez de La Plata resolvió un habeas corpus colectivo y citó al ministro de Justicia para el jueves 23. "No se van a solucionar de un día para el otro”, dicen desde el gobierno.
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Juan Pablo Gorbal / jgorbal@lanueva.com
- “¿qué, me vas a tirar en el patio...?”, le dice Mario al guardiacárcel Capece una vez que entra en el penal de San Onofre.
- “No tengo lugar en los pabellones; no hay lugar adentro”, le advierte el uniformado calvo y de aspecto infranqueable.
- “Esto parece una Villa”, agrega “Diosito”, hermano de Mario, cuando los dejan en el patio, delante de la ranchada que, por falta de cupo, se improvisó a cielo abierto.
- “¿De quién es esto?”, pregunta Mario, sobre uno de los improvisados toldos.
- “Eso está alquilado”, le responde uno de los internos.
- “Acá no está el dueño. Yo no lo veo, cuando llegue que venga a hablar conmigo”, desafía Mario y se instala con “Diosito”.
Es un fragmento del primer capítulo de “El Marginal II”. La ficción supera a la realidad, pero la situación carcelaria camina lentamente hacia la ficción. No por la violencia del escenario sino por el creciente hacinamiento que se observa.
Y la cuerda entre los poderes Ejecutivo y Judicial se tensa cada vez más.
El juez en lo Correccional Nº 2 de La Plata, Eduardo Eskenazi, resolvió un habeas corpus colectivo que diagnostica con crudeza la problemática de la sobrepoblación, que no solo afecta a unidades carcelarias sino también a comisarías.
“La Nueva.” no solo tuvo acceso a la detallada resolución, de 16 fojas, sino que pudo hablar con el juez, que ordenó una nueva mesa de diálogo pero esta vez con los máximos actores del gobierno: citó al ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, y al subsecretario de Políticas Penitenciarias, Juan José Baric. El encuentro se dará el jueves 23, a las 9.30 en su despacho.
Eskenazi reconoce los esfuerzos del Estado para tratar de mitigar la creciente problemática, pero asegura que no alcanza.
Baric, por su lado, admite que existen complicaciones en las unidades carcelarias, aunque aclara que “no se van a solucionar de un día para el otro”.
Existe cierto malestar en ámbitos gubernamentales con la medida global dictada hace algunos días por el juez platense, cuya copia también fue girada a la comisión de Derechos Humanos del Senado bonaerense.
Un funcionario que pidió reserva de identidad fue muy gráfico: “Después de esto va a querer terminar con el hambre en el África y lograr la paz en Medio Oriente”.
“Descomprimir en forma urgente la actual situación”
El 8 de noviembre y el 20 de febrero pasados se produjeron otras dos mesas de diálogo. La del 23 de este mes será la tercera, pero esta vez el Poder Judicial espera funcionarios de alto rango, además de representantes de la Defensoría de Casación, la fiscalía de Ejecución, el CELS y la Comisión por la Memoria.
El objetivo, según la resolución, es “descomprimir en forma urgente la actual situación de las personas privadas de la libertad en comisarías, como así también detener el constante aumento de personas privadas de la libertad en las unidades carcelarias actualmente sobrepobladas”.
Quieren que Ferrari y/o Baric lleven a la mesa las propuestas dirigidas a resolver en breve, sin descuidar el mediano y largo plazo. “Urge la adopción de medidas”, dispuso Eskenazi en el fallo.
¿Cuál es el cuadro de situación? El juez de La Plata lo planteó con detalles estadísticos reveladores, que surgen de los informes de todos los departamentos judiciales bonaerenses y de las recorridas de personal a su cargo -entre marzo y junio- por las unidades 46, 47, 32, 54, 21, 41, 28 y 35.
A marzo de este año, la capacidad de alojamiento carcelario en la provincia era 28.810 internos y había 40.402. En enero de este año se contaban 4.067 presos más que en el mismo mes de 2017.
El gobierno había respondido que este año se terminarán dos cárceles (Campana y Lomas de Zamora) y una alcaidía (Campana) y se ampliarán otras 2 alcaidías (Lomas y San Martín), lo cual otorgará 1.108 nuevas plazas, número que, a todas luces, es insuficiente para el panorama planteado, teniendo en cuenta que cada año hay más de 4 mil detenidos nuevos.
Las comisarías no cumplen con las clausuras
La sobrepoblación carcelaria impacta, inevitablemente, en las comisarías bonaerenses, que dependen de otro ministerio, el de Seguridad.
El mes pasado se contaban 3.539 detenidos en esa condición, cuando los calabozos tienen tope para 1.021.
La falta de otorganimiento de cupo en las cárceles genera este efecto: de 138 dependencias policiales habilitadas para detenidas, 96 están excedidas.
Y lo que es peor, 63 seccionales violan las órdenes de clausura o fijación de cupo dispuestas por la Justicia.
“No podemos manejar el exceso de la población existente”, es la explicación que dan desde Seguridad para reconocer que se violan fallos judiciales, con el peligro que conlleva mantener a detenidos en calabozos clausurados, no solo por la integridad de los internos sino por el peligro de fuga.
En 16 dependencias que directamente no cuentan con calabozos hay 87 detenidos. Se trata de las DDI de Dolores, Moreno-Rodríguez y Pergamino y las direcciones de Drogas Ilícitas de Presidente Perón, Mercedes, Chivilcoy, San Nicolás, San Isidro, Morón, San Miguel, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Pergamino, Quilmes, La Matanza y Unidad Especial.
La desobediencia a determinados fallos judiciales llevó a algunos jueces a expresar su preocupación.
Por ejemplo, el juez en lo Correccional Nº 4 de La Matanza, Hugo Martínez, cuando atendió la sobrepoblación de la Unidad Penal Nº 43, dijo: “...Evidentemente lo ordenado en el presente, sea por las razones que, sea viene incumplido, y va de suyo que considero que se ha agotado desde este ámbito jurisdiccional toda posibilidad de lograr el cometido (...) no cuento con otra potestad para lograr aquellos movimientos de internos que debió concretar la autoridad penitenciaria”.
El programa del gobierno que no llegó a satisfacer
A corto plazo, el Ministerio de Justicia provincial propuso la redistribución de presos, aunque la medida, según el juez Eskenazi, fracasó porque en distintos departamentos judiciales, como Mar del Plata, Dolores y Azul, no se les permitió exceder el cupo oportunamente fijado.
En el mediano plazo, la provincia dispuso generar nuevas plazas, como el agregado de una cama más por celda en las alcaidías de Lomas de Zamora, San Martín, Avellaneda y La Plata, incorporándose así otros 78 cupos, mientras que la Policía agregó mil espacios más para atender la contingencia.
A largo plazo, en tanto, se proyectan incluir más de 2.000 plazas entre este año y 2019.
Se prevé con la puesta en valor de las unidades 6, 7, 47, 48, 26, 32, 54 y 3 (total de 424 plazas); la construcción de las cárceles de Campana (616 cupos) y Lomas de Zamora (432) y de las alcaidías de Campana (216 plazas para fines de este año), Lomas de Zamora (68) y San Martín (68), además de la ampliación de las alcaidías de Avellaneda (72) y La Plata (144).
“Lo de mediano plazo es insuficiente porque duplican o triplican la capacidad de las celdas. Colocan en los espacios libres colchones o mantas. Por lo menos uno de los internos duerme al lado del sanitario, que no podrá ser alcanzado sino es caminando sobre los compañeros de celda que deben dormir en el suelo. En otras unidades se instalaron precarios camastros de madera de dimensiones mínimas, con un ancho inferior a 50 centímetros o se asignaron a 2 internos un mismo colchón, tensionando la convivencia”, explica el juez Eskenazi.
“Busco una reacción de los cargos más altos”
El lema del juez Eskenazi es: “si la situación existe, que se visibilice”. De esa manera abordó el habeas corpus -en principio presentado por dos internos de la cárcel de La Plata- y lo globalizó.
“No quiero que esta situación se cronifique; busco una reacción de los cargos más altos”, le aclara a La Nueva, cuando se lo consulta por el “mensaje fuerte” de citar al ministro de Justicia.
“Jurídicamente se trata de un litigio estructural, son cuestiones de políticas públicas y cuando las políticas públicas afectan garantías de determinadas personas hay que tratar de cambiarlas. No es algo sencillo, pero se tiene que trabajar. Con las cifras traté de mostrar que hay que hacerse responsable de esta situación y tratar de dar una respuesta. No puede mirarse al costado”, advierte.
El juez reconoce que el ministerio “hace esfuerzos, no es indiferente a la situación”, aunque “no alcanza”.
“Yendo al fallo Verbitsky, de 2005, la Corte ya señalaba que había una cuestión de política criminal, que no se podían construir tantas unidades carcelarias como las que se necesitaban, que había que buscar otra estrategia. Acá enlazamos con otro poder, el Legislativo, se tiene que buscar una vuelta a nivel legal para que haya un criterio de detención más eficaz. Eso hace a políticas públicas”, explica.
En el mismo sentido, Eskenazi opina que “uno se tiene que hacer responsable de los tratados que se asumen a nivel internacional”.
“Si el objetivo es la rehabilitación (del preso), las cárceles no deben convertirse en depósitos. Uno conoce la realidad, sabe que hay muchas cuestiones críticas a nivel social y que el dinero no alcanza. El tema es que, por las convenciones internacionales, el Estado es responsable de las personas que detiene y, si se va a detener, que es actúe según esas circunstancias y no convertir en depósito los lugares de alojamiento”, sostiene.
En consecuencia, la violencia está latente. “Es una de las consecuencias naturales del hacinamiento la tensión que genera, imaginese estar de noche en celdas donde no hay espacios ni siquiera para moverse. Se requiere una conducta de quienes están adentro de esas celdas como muy pacíficas para evitar un foco de colisión”, asegura.
Por ahora, no podrán entrar más presos en el penal de Saavedra
Hace algunos meses, en el marco de esta grave situación, la jueza de Garantías Susana Calcinelli dispuso prohibir, al menos de manera momentánea, el ingreso de nuevos detenidos a la cárcel de Saavedra y la Cámara Penal confirmó esa medida hace 15 días.
Lo hizo la Sala I (votos de los camaristas Guillermo Giambelluca y Pablo Soumoulou), luego de rechazar una apelación presentada por el director provincial de Asuntos Contenciosos de la Subsecretaría de Política Penitenciaria, doctor Maximiliano Veloso.
Veloso argumentaba que la medida judicial era infundada, alteraba decisiones organizacionales y de gestión, invadía facultades propias del Poder Ejecutivo y afectaba a todo el sistema penitenciario en su conjunto.
La resolución “no fue arbitraria ni irrazonable”, fundamentó por su lado la Cámara.
Calcinelli había visitado la Unidad Penal Nº 19 el 26 de abril y, en ese marco, observó que tanto en el pabellón de Separación del Área de Convivencia (denominado SAC), como en el pabellón Nº 7, de modalidad estricta, “existen falencias de carácter estructural”.
Citó humedad en paredes y pisos, roturas de vidrios, presencia de moscas, malas condiciones de higiene, canillas rotas o con pérdidas de agua en algunas celdas, colchones en malas condiciones o falta de los mismos. También anotó quejas por la comida y que algunos internos están las 24 horas encerrados en sus celdas.
Para evitar un “agravamiento de las condiciones de detención”, Calcinelli dispuso la fumigación de los pabellones, la reparación de las cañerías y canillas, como así el destape cloacal pertinente y la reposición de vidrios y también prohibió el ingreso de nuevos detenidos hasta que se provean los colchones necesarios.
“Excede en casi un tercio”
“La sola existencia de los faltantes de colchones en la cantidad dada, nos demuestra el agravamiento en las condiciones de detención que sufren los internos y habilitaban el reclamo en tratamiento, por lo que nada más hay para decir sobre el presente agravio”, afirmaron los camaristas.
“Nótese que la cantidad (937 internos) excede en casi un tercio el cupo máximo (726 camas)”, ampliaron.
De todas maneras, como advirtió el juez en lo Correccional de La Plata Eduardo Eskenazi en el habeas corpuso colectivo, ese tipo de resoluciones -aún con sentencias firmes- muchas veces no se respetan.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ya había señalado que la Justicia no solo tiene la facultad de pedir que se eviten condiciones ilegítimas de detención sino que puede “exigir la adopción, por parte de las autoridades penitenciarias, de conductas positivas de realizar reformas sistémicas. Es tarea de los jueces velar porque el encarcelamiento se cumpla en forma acorde con los parámetros que establecen las leyes y las normas constitucionales, y ordenar, dado el caso, el cese de los actos u omisiones de la autoridad pública”.
En la cárcel local, en tanto, también se venía registrando el traslado progresivo de presos del conurbano. Según datos de abril, se calcula que en los últimos años esa cantidad se triplicó.