UOCRA: declararon otros cinco acusados

Cinco de los 14 sindicalistas de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) detenidos por asociación ilícita y numerosos hechos de extorsión contra empresarios del sector, prestaron declaración indagatoria en los últimos días y, si bien reconocieron formar parte del gremio, negaron su participación en los delitos que se les atribuyen.

Los acusados que se presentaron ante el fiscal de la causa, Gustavo Zorzano, son Walter Rafael Paiz, Aníbal Alejandro Aranda, Roberto Sabino Ríos, Mario Matías González y Raúl Ernesto Erbín.

Otros acusados solicitaron por medio de sus abogados defensores audiencias para declarar, aunque todavía no se fijaron fechas para nuevas indagatorias, confió una fuente judicial a “La Nueva.”

El doctor Zorzano, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 10, continúa con el análisis de la totalidad de la documentación secuestrada en el marco de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), entre la que se encuentran información contable y cheques.

En un caso particular de apriete, los causantes habrían requerido a un empresario del rubro que, en vez de dinero, entregara a los gremialistas determinada cantidad de materiales de construcción equivalente a un monto de dinero, al parecer millonario, a cambio de garantizar a la víctima la normal ejecución de las obras.

Esa mercadería se destinó para la construcción de un galpón contiguo a las instalaciones de una compañía de transporte de pasajeros que dirigiría la mujer de Humberto Arnaldo Monteros, uno de los líderes de la delegación bahiense de la UOCRA y también detenido como cabeza de la asociación ilícita. 

Al allanar el domicilio de Monteros en Monte Hermoso, la policía secuestró los planos de la obra que halló adentro de una caja fuerte.

“Todavía no se concluyó la investigación en ese sentido ni tampoco se le imputó ese delito concreto de manera formal a ninguno (de los detenidos)”, dijo el vocero.

La cúpula de la filial local del sindicato de la construcción, integrada por Monteros, José Bernardo Burgos y Guillermo Esteban Molina, decidió hacer uso de su derecho de no declarar.

Ilegalidad

No solamente exigían dinero

Variedad metodológica. En el expediente consta además que en una ocasión los imputados habrían obligado a las víctimas a pavimentar y construir badenes y cordones en el predio de la UOCRA.

Filiales. Cabrera, Muñoz y Aranda se desempeñaban en la subdelegación de la UOCRA en Coronel Suárez, en tanto que Carrillo manejaba la sede sindical en Monte Hermoso.

Secuestro. Cuando la policía detuvo a Monteros en Monte Hermoso, el dirigente sindical tenía en su poder más de 5 millones de pesos, 100.000 dólares, armas y drogas. También incautó 423.000 dólares que estaban en la caja fuerte.

Presiones reiteradas contra más de 20 empresarios

El representante del Ministerio Público Fiscal, quien calificó legalmente a los hechos como “asociación ilícita, extorsión, amenazas, daños, coacción y resistencia a la autoridad”, investiga 44 hechos en perjuicio de más de 20 empresarios de Bahía Blanca y su zona de influencia.

Zorzano acusó a Monteros y Burgos como coautores de 28 y 30 hechos de “asociación ilícita en calidad de jefes y extorsión reiterada”, respectivamente. Además a Burgos le imputó un hecho más en calidad de autor.

Pablo David Gutiérrez, Nelson Damián Cabrera, Carlos Ariel Carrillo, Mario González, Raúl Erbín, Sergio Daniel Vázquez, Aníbal Aranda, David Ezequiel Muñoz, Sebastián Octavio Canales, Guillermo Molina, Roberto Ríos y Walter Paiz completan la lista de imputados, a quienes la fiscalía endilgó los mismos delitos pero en calidad de integrantes.

La jueza de Garantías Nº 4, Marisa Promé, dictó el 23 de febrero la prisión preventiva a los 14 acusados que permanecerán tras las rejas hasta el juicio oral.

“El delito de asociación ilícita prevé penas de 3 a 10 años de prisión. En el caso de los jefes (por Monteros y Burgos), las penas van de 5 a 10 años. La extorsión, de 5 a 10 años de cárcel”, precisó oportunamente fiscal de la causa.