Comenzó el proceso de juicio político al juez acusado de encubrir narcos en Corrientes
La Comisión de Disciplina y Acusación se reunirá el próximo martes para fijar la fecha y los cargos que se le imputarán a Carlos Soto Dávila.
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El Consejo de la Magistratura activó el pedido de juicio político contra el juez federal de Corrientes, Carlos Soto Dávila, quien está acusado de encubrir a narcotraficantes en la provincia a cambio de sumas de dinero.
Fuentes judiciales informaron que el organismo que revisa la conducta de los jueces decidió citarlo a que dé explicaciones. La decisión fue aprobada por los 13 integrantes del Consejo que se reunieron por primera vez esta mañana, a raíz del recambio de los nuevos consejeros, y de esta forma decidieron citarlo al juez para que haga un descargo.
La Comisión de Disciplina y Acusación se reunirá el próximo martes para fijar la fecha y los cargos que se le imputarán al juez, pero en principio la convocatoria será para febrero, tras la feria judicial de verano.
Tras el descargo del juez, el Consejo quedará en condiciones de resolver si lo suspende en el cargo y lo envía a juicio político y en caso de ser destituido.
Es que Torres ordenó su detención la que no se lleva a cabo por el momento por sus fueros como magistrado.
Se trata de una causa vinculada por la cual ya está detenido desde hace meses y camino a juicio oral el entonces intendente de Itatí, Natividad Terán; su entonces Vice, Fabio Aquino; y gran cantidad de personas, entre ellos gendarmes, policías federales y provinciales: ingresaban marihuana desde Paraguay por balsas en el río Paraná y una vez en Corrientes, era distribuida hacia Capital Federal, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Chaco, Santiago del Estero y Mendoza.
Soto Dávila quedó comprometido en la causa a partir que uno de los arrepentidos en el caso confesó que le pagaba grandes sumas de dinero para ser encubierto, sumado a escuchas telefónicas de su entorno que lo involucraron: contra el magistrado se investigan al menos una decena de pagos de sobornos a cambio de protección.
La acusación concreta sobre el magistrado es de dictar resoluciones favorables hacia los narcos, entre ellos vinculadas a alivianar la acusación o bien otorgarles la libertad de forma muy controvertida. (NA)