Se demora el nuevo tribunal

Tribunal de Trabajo: burocracia que conspira contra el fuero laboral

19/12/2016 | 07:00 | Mientras los problemas del trabajo aumentan, Bahía espera desde hace 20 meses que se ponga en funciones un tribunal creado y olvidado.

Tribunal de Trabajo: burocracia que conspira contra el fuero laboral. La ciudad. La Nueva. Bahía Blanca

Juan Pablo Gorbal / jgorbal@lanueva.com

   Poco más de 122.000 pobladores tenía Bahía en 1948. Ese año se crearon los dos tribunales de Trabajo que aún funcionan hoy, casi con los mismos recursos, aunque con una ciudad de más de 300.000 habitantes y un mayor y más complejo escenario laboral.

   Ese evidente retraso que afecta la administración de justicia parecía saldado el 13 de mayo del año pasado, cuando la Legislatura bonaerense sancionó, con fuerza de ley, la conformación del Tribunal de Trabajo N° 3 para nuestro medio.

   Sin embargo, a más de 20 meses de esa decisión -surgida, entre otros fundamentos, a partir de informes de “La Nueva.” que daban cuenta del virtual estado de colapso del fuero- el tribunal solo figura en los papeles.

   Lejos está de contar con jueces y una sede, desde el momento que una formalidad técnica que se debía corregir en la norma demoró todo el trámite. Burocracia en estado puro.

   En la ley, 14.729, se decía que el nuevo tribunal tenía competencia "en todo el Departamento Judicial Bahía Blanca", pero esto no era así porque los distritos de Tres Arroyos y Gonzales Chaves tienen cuerpo propio.

   "Esta salvedad tiene media sanción de Diputados y ahora falta su tratamiento en el Senado. Posiblemente se hará en la última sesión de este año (la semana próxima) o en febrero", especuló el legislador bahiense Marcelo Feliú, autor del proyecto.

   Los dos tribunales actuales recibieron en los últimos años, en promedio, de 6 a 7 demandas diarias. No solo por despidos, sino también accidentes de trabajo y diferencias salariales o de indemnización, entre otras cuestiones. Pese a las alternativas de acuerdos prejudiciales, la mayor litigiosidad, el contexto socio-económico-político y la escasez de personal motivan sentencias a 2 o 3 años de iniciadas las causas. Y si hay apelaciones (no tienen Cámara superior y van a la Suprema Corte), la demora se puede duplicar.

   Esos números, hoy, se mantienen, según confirmó personal del fuero. Los mismos informantes reconocieron que en muchos casos los empleados desisten de llegar a la instancia judicial porque luego quedan registrado en la base de datos del sistema judicial y ese "antecedente" les genera una dificultad para obtener una nueva oferta laboral. "De esa manera los empleadores averiguan y evitan a las personas con un juicio laboral previo", explicaron.

A la espera de un nuevo edificio

   Mientras se supera aquel escollo legislativo para la puesta en marcha del nuevo órgano, la Suprema Corte de Justicia bonaerense, a través la dirección de Arquitectura, Obras y Servicios, sigue analizando alternativas edilicias para los tres tribunales de Trabajo: los dos que funcionan y el que se hace rogar.

   Es que la actual estructura de Sarmiento 32, si bien recibió algunas mejoras, queda chica e incómoda para los funcionarios, empleados y visitantes.

   El dueño de un inmueble en altos de Belgrano y San Martín (en diagonal a la galería Visión 2000) elevó una propuesta de venta de esa propiedad, que en algún momento la Corte analizó para alquilar y destinar al fuero laboral. "Se está evaluando", dijeron desde la delegación bahiense de Arquitectura.

   Se debe considerar la inversión, porque hay que adecuar toda la planta y, si bien los grupos de sanitarios están en condiciones, no cuenta con ascensor y la escalera es precaria.

   A fines de 2014, la jueza Fernanda Zuázaga, integrante del Tribunal de Trabajo N° 2, reconoció las falencias del sistema y dijo que desde 2013 se advertía “un aumento en el cúmulo laboral”.

   “Nuestro tribunal fue creado en 1948 y desde esa fecha solo sumó dos empleados más”, destacó la magistrada.

   Una empleada que pidió reserva de identidad remarcó la precariedad del sistema: “yo estoy hace más de 20 años y al menos desde esa fecha somos los mismos de siempre”.

   “El lugar no solo es incómodo, sino que sigue siendo peligroso, por la acumulación de expedientes. El otro día se cayó documentación de una estantería y casi golpea en la cabeza a una compañera. No sabés el ruido que hizo”, comentó, a modo de anécdota.

“No puede ser que haya tanta demora”

   Delegado del ministerio de Trabajo en la ciudad desde abril pasado, Sergio Bozzi remarcó la necesidad de contar en Bahía Blanca con más recursos para el fuero laboral.

   “El nuevo tribunal está haciendo falta. Se ve desde el punto de vista social; no puede ser que haya tanta demora, que una causa laboral tarde dos años como mínimo. Si las partes no se ponen de acuerdo, tarda al menos dos años”, enfatizó.

   De la misma manera opinó que se debería "agilizar lo que ya está”, en la medida que se avance hacia la digitalización del sistema, como en otros fueros.

   “Lo que está claro es que hay que reordenar la administración pública, lo advierte cualquiera que viene del ámbito privado, donde todo parece más sencillo”, dijo.

   Bozzi admitió la existencia, en general, de un mayor grado de litigiosidad, aunque también aseguró que se han agilizado las audiencias previas, de conciliación. “Antes se sacaban en 3 meses y ahora, algunas, las hacemos en 15 días”.

Ajutra, valioso sistema para la etapa prejudicial

   Entre mayo de 2015 y la fecha, la delegación Bahía Blanca del ministerio de Trabajo intercedió en unos 2.000 casos entre empleado y empleador en situación de litigio.

   Lo hizo a través del Ajutra, un sistema de asistencia jurídica al trabajador, que se implementó con la intervención del Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires.

   “El abogado atiende al trabajador. Sí o sí tienen que tener una audiencia en el ministerio, para evitar la instancia judicial. El pedido de turno lo puede hacer el mismo trabajador, a través de la página del ministerio (www.trabajo.gba.gov.ar) y recibe asistencia gratuita, porque el abogado, eventualmente, cobra del empleador. Es para todo lo que necesiten”, explicó, sin dejar de aclarar que no es solo de la ciudad sino de todo el distrito.

   Por semana, la dependencia local recibe unas 10 solicitudes de audiencias.

   Bozzi, en el mismo marco, fue consultado sobre la situación laboral en nuestra ciudad y opinó que “Bahía Blanca está un poco ajena al resto”.

   “Ha habido despidos, pero no tantos como en otros lados.

   “Incluso acá están tomando gente: una empresa que vino a hacer un trabajo a la oleaginosa Moreno tomó 30 empleados; los (supermercados) mayoristas han tomado empleados y se han abierto algunos locales. No digo que sea más que los que se despidieron pero la balanza, en este sentido, se encuentra bastante equilibrada”, dijo el funcionario.

Crece el riesgo de desempleo, según la UCA

   El riesgo de desempleo (haber estado desocupado al menos una vez en el último año) pasó de 24,9% a 27,7% y la percepción de los ocupados de considerar altamente difícil conseguir un empleo similar en caso de perder su actual trabajo, de 84,5% a 88,1%.

   Ese fue uno de los resultados de un informe de la Universidad Católica Argentina (UCA), que se difundió en los últimos días, a partir de datos relevados hasta el tercer trimestre de 2016.

   Esta problemática situación laboral puede relacionarse de manera directa con un incremento en la tarea de los tribunales de Trabajo.

   La UCA también consideró que el 9,9% de la población económicamente activa se encuentra desocupada en la Argentina y apenas 4 de cada 10 tiene un empleo de calidad.

   Esa tasa es visiblemente mayor que la última información brindada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, que arrojó un desempleo del 8,5% para el tercer trimestre, con 1.069.000 personas sin trabajo.

El edificio de la clínica donde se registró el caso fatal de hepatitis sería alquilado por la justicia para dependencias

A diez años de su creación, avance para un juzgado clave

   Se cree que en los primeros meses de 2017 estará en marcha el Juzgado de Ejecución Penal Nº 2, creado por ley desde hace 10 años pero que aún no funciona, llamativamente, por falta de espacio.

   Ese tipo de organismos se dedica nada menos que al control de los condenados, con la resolución de medidas como la libertad condicional, las salidas transitorias o los arrestos domiciliarios.

   Hoy solo existe en la ciudad -desde 2004- el juzgado N° 1, a cargo del juez Claudio Brun, a cuya disposición están más de 500 penados y la resolución de unos 2.500 pedidos que pueden incidir en la inseguridad urbana de todos los días. De hecho, es el juzgado que ordenó la búsqueda de 13 prófugos con sentencia firme, que valió un informe de “La Nueva.” y la recaptura de uno de ellos.

   En breve, Ejecución Nº 2 (desde hace más de un año tiene nombrado como titular al doctor Onildo Osvaldo Stemphelet) contaría con espacio en el edificio de la avenida Colón 46, donde funcionan distintas dependencias judiciales.

   Es que de ese lugar se mudaría la oficina de Mandamientos y Notificaciones, que pasaría a ocupar -al igual que Sanidad, hoy en Sarmiento 32, junto con los tribunales de Trabajo- un inmueble que estaría próximo a alquilar la Justicia bonaerense.

   Y acá surge otro dato mínimamente controvertido: la Suprema Corte, según reconocieron desde el área de Arquitectura, estaría a punto de firmar contrato para alquilar el inmueble de Gorriti 371, perteneciente al doctor Roberto Baroni, donde se habría registrado un contagio masivo de hepatitis C, con el saldo fatal de una mujer fallecida y cinco lesionados de consideración.

   El tema es que a favor de Baroni se dictó su sobreseimiento total, aunque esa medida aún no está firme, ya que fue apelada por el abogado de los particulares damnificados y debe ser resuelta por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal.

   Quiere decir que, técnicamente, el médico que le alquilaría el edificio a la justicia permanece vinculado con una causa que tramita la propia justicia.

   En una más complicada situación procesal por este caso están otro médico, un anestesista y una asistente de la clínica. Todos tendrían que responder en juicio por homicidio culposo y lesiones culposas.

   Los hechos sucedieron entre el 5 y el 10 de septiembre de 2012, cuando los 6 pacientes habían concurrido al Instituto de Diagnóstico Digestivo para practicarse distintos estudios y terminaron contagiados con la enfermedad.

   Para los peritos, la vía de transmisión pudo ser una falla en los eslabones de desinfección de los endoscopios o por contaminación durante la manipulación y administración de anestésicos.

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