Holanda y Suecia cierran cárceles por falta de presos
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La falta de presos en Holanda obligará al cierre de ocho cárceles, lo que implica la pérdida de unos 1.200 puestos de trabajo.
Para evitar este drama laboral las autoridades están barajando la posibilidad de importar presos de otros países, como Bélgica y Alemania, y aumentar así la "clientela" de sus centros penitenciarios. Además, esto se realizaría a cambio de dinero, por lo que los holandeses sacarían una buena tajada.
En los medios de comunicación se habla de que la causa de esta progresiva desertización carcelaria es el descenso en los índices de criminalidad.
Entre las ocho cárceles la sumatoria de presos es de tan sólo 12 mil. Actualmente existen 12 mil presos en este país, que en los noventas tenía sobrecupo. Una de las razones de la disminución en el índice criminal parece tener que ver con la legalización de algunas drogas (acompañado seguramente de una política educativa con respecto a sus usos y efectos).
René van Swaaningen, profesor de Criminología Comparada en la Universidad Erasmus de Rotterdam, nos cuenta cómo Holanda fue hace tiempo una utopía en lo que se refiere al sistema penal y penitenciario.
Desde principios de los años 50 hasta la mitad de los años 80 se hablaba de la excepcionalidad del país, ya que consiguió reducir la población penitenciaria hasta niveles ínfimos y se impusieron los valores resocializadores como en ningún otro lugar, convirtiendo en realidad el principio de que la prisión debe utilizarse como "último recurso" en el sistema penal.
Sin embargo, a partir de los años 80 se dio una aproximación nueva a la política penal ,en la que la prisión "pasó de tener una misión relacionada con el bienestar social y la resocialización a convertirse en un bastión de la defensa social", acercándose a los principios de la 'cultura del control' que definió David Garland. El resultado de este cambio de paradigma es que se pasó en Holanda de una media de 30 presos por cada 100.000 habitantes en 1985 (la tasa europea más baja) a una media de 120 presos por cada 100.000 habitantes en 2005.
Al igual que en España, ese cambio de tendencia no tuvo una correspondencia real con las cifras de criminalidad, que si bien crecieron durante los años 80, se estabilizaron claramente a partir de la década siguiente.
"La enorme expansión de las prisiones podría verse como un resultado inevitable del incremento de los crímenes en Holanda, pero no es así porque su desarrollo es estable desde hace 15 años", comenta René van Swaaningen.
(Informe de SOITU.ES)
También en Suecia. ESTOCOLMO (Télam)-- Cuatro cárceles y un centro de prisión preventiva fueron cerrados en Suecia debido a un descenso considerable del números de presos en el país, informó el director de Servicios Penitenciarios, Nils Oberg.
El funcionario explicó que decidieron cerrar las infraestructuras innecesarias actualmente, por lo cual dos prisiones serán vendidas y otras dos destinadas temporalmente a usos gubernamentales, reportó la agencia Prensa Latina.
La cantidad de presos en Suecia disminuyó en un 6% en los últimos años, una tendencia que según estiman se mantendrá en los próximos 24 meses.
Aunque no se definen de manera clara las causas del fenómeno, el jefe de prisiones opinó que pudiera deberse a las políticas desarrolladas para la rehabilitación y reinserción de prisioneros.
"Esperamos que los esfuerzos realizados para invertir en rehabilitación y prevención de la reincidencia haya tenido cierto impacto, pero no pensamos que sólo eso pueda explicar la fuerte caída del seis por ciento", indicó.
Con una población de 9,5 millones de habitantes, el número de presos en Suecia es de apenas 4.852, indica el informe.
Las razones de un sistema que funciona
Entre 1985 y 1995, el estado holandés dobló el número de celdas debido al aumento de la criminalidad. En 1989 se introdujo un cambio en el Código Penal por el que el juez podía imponer como sanción un número de horas de trabajo en servicio a la comunidad, en lugar de la prisión. Estas sanciones se pusieron en marcha en 1997 y el número de encarcelados con pena de más de 6 meses bajó de 23.500 a 18.000. Este nuevo modelo defendía que los trabajos en favor de la sociedad favorecían la reinserción social del transgreso.También hay argumentos económicos que justifican este sistema. Un delincuente castigado con trabajos sociales sigue con su empleo y realiza las tareas en tiempo libre, mientras que un preso cuesta al Estado 100.000 euros por año.