"Calumnias e injurias
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Los diputados aprobaron anoche y remitieron al Senado el proyecto de ley que despenaliza el delito de "calumnias e injurias", que significa en los hechos una protección a la actividad periodística.
El proyecto fue aprobado por 154 votos afirmativos contra 12 negativos.
La kirchnerista Nora César, presidenta de la comisión de Legislación Penal, explicó que la norma que "modifica el capítulo del Código Penal referido a los delitos contra el honor es una obligación que pesa sobre el Estado argentino".
A su turno, la kirchnerista Diana Conti recordó que la CIDH "condenó al Estado argentino en 2008" por el caso de Eduardo Kimel, un periodista condenado en forma penal y civil ante una denuncia efectuada por un juez, y destacó que en el país ya se derogó el delito de desacato.
La diputada señaló, además, que la ley no protege a los funcionarios públicos y que en realidad les "exige una mayor tolerancia", al tiempo que indicó que no sólo saca la pena de prisión y sólo aplica multas cuando se comprueba una actuación con "real malicia".
A su turno, la radical Silvana Giudici, presidenta de la comisión de Libertad de Expresión, se quejó de que el oficialismo desoyera a la oposición y que no hubiera tomado en cuenta trabajos anteriores de la comisión que preside.
"Otra vez estamos frente a un proyecto del Poder Ejecutivo sin poder conformar ni enriquecer el texto, otra vez el oficialismo optó por el atajo", reseñó la legisladora porteña.
En tanto, la cívica Marcela Rodríguez también cuestionó que "la presidenta haya anunciado que se suprime el delito de calumnias e injurias cuando en realidad no es así", aunque anunció, más allá de las quejas, el respaldo de su bancada a la iniciativa, cosa que ocurrió igual con el radicalismo.
El proyecto de ley despenaliza los delitos de calumnias e injurias, y tuvo el pasado 13 dictamen favorable del plenario de las comisiones de Derechos Humanos y Garantías y de Legislación Penal de la Cámara Baja.
La propuesta, promovida por el Poder Ejecutivo el mes pasado, elimina la posibilidad de considerar delitos de calumnias o injurias a las expresiones referidas a asuntos de "interés público".
De esa manera, elimina la posibilidad de cualquier acción destinada a limitar la libertad de expresión en el caso de investigaciones periodísticas vinculadas al manejo de la cosa pública.
El proyecto busca dar respuesta a una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que la Argentina adecúe, "en un plazo razonable, el derecho interno a la Convención Americana de Derechos Humanos", para garantizar "la seguridad jurídica" y "la libertad de expresión". (DyN y NA)