Bussi se defendió con un duro discurso. Crítica al gobierno

Redacción de La Nueva.

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 SAN MIGUEL DE TUCUMAN (DyN y Télam) -- Al reanudarse ayer el juicio oral y público por violaciones a los derechos humanos durante la lucha antiguerrillera, el general retirado Antonio Domingo Bussi pronunció un enérgico alegato, rotuló al gobierno "K" de subversivo y negó la figura del "desaparecido".

 El ex comandante del operativo Independencia que combatió la sedición de izquierda en la provincia azucarera durante el segundo tramo de los años '70 se consideró un perseguido político y lloró en varias oportunidades (ver aparte), a tal punto que los jueces determinaron un cuarto intermedio de cinco minutos.

 En el transcurso de su exposición, Bussi recordó emocionado la despedida que le brindaron, según calculó, no menos de 40.000 o 50 mil tucumanos cuando finalizaron las maniobras del Ejército.

 El ex gobernador, que fue elegido por el voto en 1991 y concluyó su mandato en 1995, comenzó el mensaje aludiendo a su salud y rechazó el informe médico donde se aseguraba que no necesitaba de asistencia respiratoria y que, además, estaba en condiciones de presentarse a la audiencia.

 El pensamiento de Bussi, de 81 años, fue sintetizado en una declaración a la que leyó sin quitarse la "bigotera" que le provee de oxígeno suplementario.

 "Estábamos en guerra y bajo estado de sitio", afirmó no menos de dos veces.

 También tildó de aberración jurídica a lo que definió como omisión sistemática, deliberada, arbitraria e intencional del marco histórico de la guerra en Tucumán contra lo que denominó agresión marxista-leninista.

 "Hubo acciones específicamente militares. La figura del desaparecido es un arbitrio psicológico de la subversión para disimular las bajas en combate", puntualizó Bussi.

 "En nuestro país, hubo una guerra iniciada por organizaciones terroristas. La inmensa mayoría de la generación de tucumanos de esa época, la suya, señor presidente --dijo, refiriéndose al titular del tribunal--, reconoció que hubo un estado de guerra", continuó.

 Bussi reconoció el funcionamiento de centros de detención y alegó que, por esos años, no había tiempo para cumplir con los requisitos legales.

 "Había cientos. En Tucumán operaban más de veinte. Cada fuerza de tarea montaba el suyo para la simple identificación de los antecedentes de las personas sospechosas o sorprendidas en su colaboración con el accionar subversivo", aseguró.

 "Si la comprobación (de la persona) resultaba positiva iba a la jefatura de policía, donde equipos especiales, remitidos periódicamente por el comandante en jefe del Ejército, hacían los interrogatorios de práctica", agregó.

 Ante una pregunta del fiscal Alfredo Terraf, Bussi recordó que las tropas rotaban cada 45 días y que utilizaban diferentes infraestructuras, generalmente públicas --comisarías o escuelas, por ejemplo-- para interrogar a los detenidos.

 Luego de haber escuchado la acusación que pesa contra él y contra el general retirado Luciano Benjamín Menéndez, de 82 años, por la "desaparición" del ex senador provincial Guillermo Vargas Aignasse (PJ) en 1976, accedió voluntariamente a declarar.

 "Siento ser víctima del rencor y de la venganza de los derrotados de ayer en los montes y en las urnas tucumanas, hoy encumbrados en los más altos cargos provinciales y nacionales, que, con su presencia, tratan de usar a los jueces para que cumplan fines inconfesados, entre ellos el de destruirme como ciudadano", subrayó.

 Bussi evocó que bandas de delincuentes terroristas equipadas con apoyo extranjero e ideológicamente fanatizadas, de acuerdo a su descripción, intentaron conseguir la toma del poder político.

 --Antes de concretar las detenciones, ¿informaban a algún juez?, quiso saber Terraf.

 --En la guerra no hay ni allanamientos ni órdenes previas. Hay golpes de mano sobre supuestas trincheras o guaridas de subversivos descubiertas como pretendidos domicilios particulares. El accionar y las tácticas de los subversivos no daban tiempo para requisitos legales que, en la práctica, no se podían llevar a cabo. Si se detectaba en la calle a alguien que tenía conocimiento de algo, se lo capturaba --no se lo detenía-- sin orden judicial porque era un estado de guerra completo, total.

 Uno de los momentos de mayor tensión vividos en la sala se produjo cuando Bussi descalificó a Vargas Aignasse por una presunta defección en la madrugada del 24 de marzo de 1976, durante los albores del llamado Proceso de Reorganización Nacional.

 "En Tucumán era vox populi que, en la policía y en la cárcel de Villa Urquiza, había delatado a sus compañeros de ruta. El pertenecía a organizaciones colaterales que se identificaban con los Montoneros. Antes de trasladarlo a Villa Urquiza, demostró su no participación en la lucha subversiva aportando documentación", indicó.

 Ante la gravedad del cuestionamiento, reaccionó el diputado nacional kirchnerista Gerónimo Vargas Aignasse (Frente para la Victoria), hijo del legislador por el que se sustancia el juicio y que estaba presente en la sala del Tribunal Oral en lo Criminal Federal. De inmediato, el vocal Gabriel Casas, que presidía la audiencia, ordenó su retiro por algunos minutos.

 "Es tremendo que debamos seguir tolerando la barbaridad de estos asesinos, que siguen descalificando la memoria y que ni siquiera tienen la grandeza de alma de reconocer el mal que hicieron a miles de familias", comentó, posteriormente.

 En su carácter de jefe de la Quinta Brigada de Infantería --con sede en Tucumán--, Bussi manifestó haber recibido órdenes del Tercer Cuerpo de Ejército, que tenía su asentamiento principal en la ciudad de Córdoba, y donde mandaba Menéndez.

 Menéndez se abstuvo de declarar, aunque cómo lo hizo desde el inicio de la causa tildó al juicio oral de inconstitucional y, por ende, catalogó al tribunal que lo juzga como incompetente.

 "Nadie puede ser sacado de sus jueces naturales. Al tiempo de la comisión de los hechos que me endilgan, mi juez era el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas", apuntó.

 De inmediato, y al igual que lo había hecho cuando declaró en Córdoba hace unas semanas, Menéndez se definió como "único responsable de lo que hicieron en combate dignos subalternos en la lucha contra la subversión marxista".

 Durante la audiencia, que se reanudará el martes próximo con la declaración de los testigos, se rechazó un pedido de la defensora oficial de Bussi, Amalina Assaf, para que comparezca el forense José María David, quien dio el asentimiento para que el anciano militar vuelva a presentarse ante el tribunal, pese a la descompensación sufrida el martes.

 A Menéndez y Bussi se les imputa la coautoría mediata de los delitos de violación de domicilio y violación ilegítima de la libertad agravada, aplicación de tormentos reiterados, homicidio calificado y asociación ilícita, en concurso real con el delito de genocidio, previsto por el derecho internacional.