Bahía Blanca | Lunes, 11 de agosto

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Apartan a un juez por tener esposado a un preso

BUENOS AIRES (Télam) -- La Cámara del Crimen porteña anuló la indagatoria de un joven acusado de robo y apartó al juez que investigaba el caso, debido a que el magistrado se negó a que le quitaran las esposas mientras lo interrogaba, pese a un pedido expreso de su abogado. La medida fue adoptada luego de que la defensa del sospechoso planteó la nulidad de todas las decisiones adoptadas contra su asistido, al considerar que con este hecho se violaron sus "garantías constitucionales".

 BUENOS AIRES (Télam) -- La Cámara del Crimen porteña anuló la indagatoria de un joven acusado de robo y apartó al juez que investigaba el caso, debido a que el magistrado se negó a que le quitaran las esposas mientras lo interrogaba, pese a un pedido expreso de su abogado.


 La medida fue adoptada luego de que la defensa del sospechoso planteó la nulidad de todas las decisiones adoptadas contra su asistido, al considerar que con este hecho se violaron sus "garantías constitucionales".


 El caso se inició cuando David Chaparro (21) fue detenido en el barrio porteño de Flores por efectivos de la comisaría 40, acusado de haber robado una cartera y una cadenita de oro a una mujer.


 "Fue una detención ilegítima porque la mujer presentó la denuncia cuatro días después y la realidad es que la policía lo tenía marcado porque es adicto al paco y entonces decidió armarle una causa", aseguró el abogado Donato Perillo.


 Agregó que el joven "estaba en la mira" porque un medio hermano suyo, Jorge Kalatakis, apareció ahorcado en la misma seccional en diciembre de 2005 y su madre inició una querella contra la Policía Federal.


 Tras la detención, Chaparro fue indagado por el juez de instrucción Federico Salvá y durante la audiencia, su abogado le pidió varias veces al magistrado que le sacaran las esposas, entre otras razones, porque estaba enfermo debido a su adicción a las drogas.


 "Dejarlo esposado fue un capricho del juez, una barbaridad", afirmó Perillo.


 Según consta en el fallo de la sala VI de la Cámara, Salvá rechazó el pedido del letrado invocando una disposición de la Corte Suprema de Justicia, pese a que en el juzgado había otros presos sin esposas.


 Ante esa circunstancia, el defensor dejó asentada en el acta de la indagatoria que "la acordada va contra el Pacto de San José de Costa Rica y los derechos humanos" y que se estaba "cercenando el derecho de defensa en juicio" y provocando una "vejación" a su cliente.


 En la resolución, los camaristas Marcelo Lucini y Gustavo Bruzzone recordaron que el manual de procedimientos y normas operativas de la unidad penal 28, situada en el Palacio de Tribunales, fueron fijados en la acordada 1438/94 de la Corte.

Derecho de defensa.




 Esta señala que "una vez arribado el detenido en comparendo al juzgado correspondiente, el agente custodia anunciará su presencia y permanecerá junto al detenido, sin quitarle las esposas, salvo que sea solicitado expresamente por la autoridad judicial competente".


 "Ante eso, se procederá a quitarle las esposas, permaneciendo el detenido en todo momento a la vista de su custodia", agrega.


 En ese sentido, los camaristas remarcaron que "la acordada no establece cuáles son los casos en los que los jueces pueden disponer que los detenidos permanezcan esposados, siendo ello una facultad discrecional que debe resolverse atendiendo las particulares características del caso, como por ejemplo, el comportamiento adoptado por el imputado en la sede del tribunal".


 "Ahora bien, de las constancias del legajo no se desprende el motivo por el cual el juez instructor decidió mantenerlo esposado. Así, del acta (de la indagatoria) surge que el juez no accedió a la solicitud de la defensa de que se le quitaran las esposas sin ni siquiera mencionarse las causas", acotaron.


 Y remarcaron que "si la decisión de que el imputado permanezca esposado no ha sido debidamente fundada, resulta entonces arbitraria, habiéndose vulnerado el derecho de defensa en juicio, ya que Chaparro no ha podido efectuar su descargo libremente".


 Por eso, los camaristas declararon la nulidad de la indagatoria y ante la "arbitrariedad" con la que Salvá denegó la petición, dispusieron que sea apartado de la causa.



Drástica decisión. Un hombre mató a balazos a su mujer cuando intentaba entrar a un estudio jurídico y luego se suicidó de un disparo en la sien, en la localidad de Romang. El episodio ocurrió en la puerta de acceso al edificio de Simón de Iriondo 850, cuando Gladis García (50), se disponía a ingresar y fue sorprendida por su marido Héctor Eduardo Ranseyer (49). En esas circunstancias, el agresor extrajo un arma y comenzó a dispararle, cayendo instantáneamente al suelo sin vida. Ranseyer apuntó luego el arma a su cabeza y se efectuó un disparo, por lo que debió ser trasladado de urgencia por el Comando Radioeléctrico al hospital local, al que llegó ya sin vida.