El despacho del intendente fue copado por un grupo de vecinos que plasmó su malestar

Redacción de La Nueva.

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 Una veintena de vecinos anotados en el Plan Federal de Viviendas I (sobre 225 casos), en la mañana de la víspera llegaron hasta el palacio comunal rosaleño y se entrevistaron con el intendente municipal, ingeniero Néstor Hugo Starc.

 Allí le pidieron explicaciones por lo afirmado desde el Concejo Deliberante, en la última sesión ordinaria, sobre que las viviendas en cuestión no serán entregadas a las personas propuestas desde la empresa Construcciones Málaga, a cargo de la obra que se erige a la vera de la avenida Paso.

 El jefe comunal, que en todo momento contó con Antonio D'Amico (secretario de Salud) y Gastón Avaca (empleado de planta) como laderos, recibió al grupo de personas en su despacho. Tras varios minutos de diálogo, por momentos acalorado, los manifestantes se retiraron de la comuna y planearon una autoconvocatoria para la tarde, para requerir respuestas en el edificio del CD.

 Los que se identificaron como futuros adjudicatarios del plan de viviendas, le reclamaron al intendente Starc que cumpliera con la palabra empeñada al regresar del último viaje que realizó a La Plata.

 "Usted nos dijo que las 225 casas estaban asignadas, y que la depuración se iba a realizar para las 75 personas que quedarían como suplentes", le recriminaron a Starc varios de los presentes.

 Sin embargo, el intendente desmintió haber efectuado una afirmación de tal índole. "No pueden decir esto, nunca les prometí nada. Acá la responsabilidad no es mía. A ustedes una empresa les cobró y les dijo que ya tenían su casa, cuando esto no es así", respondió.

 Agregó, ante los presentes, que "deben saber que el 5 de enero de este año el Instituto de la Vivienda le envió una carta documento a la empresa para que suspendiera los pagos y no adjudicara viviendas".

 En ese momento Starc fue advertido por una mujer que se identificó como Mari: "Intendente, le digo sólo una cosa. En la casa que me prometieron, voy a vivir con mi familia, y si no lo hago yo, no lo hará nadie más".

 La respuesta de Starc fue explicar los motivos que lo llevaron a no firmar el listado de adjudicatarios. "A mí me gustan las cosas bien claras, porque no puedo firmar un listado que me dio la empresa, cuando tengo un registro de demanda de 1.600 personas", refutó.

 A su vez les preguntó a los ofuscados vecinos el origen de la adjudicación de la vivienda. "Este problema de ustedes es con la empresa, no con nosotros", insistió.

 En medio de algunos gritos e intercambios desordenados de opiniones, quien se identificó como Adolfo, trajo a colación que "el señor (Oscar) Holzman que estaba a cargo de la intendencia (en forma interina, en enero último), sabía que había 225 inscriptos en el plan y que había gente que estaba pagando".

 Una vez más tomó la palabra el intendente para reflejar que desde el IPV fue delegada en el municipio la responsabilidad de crear un registro de interesados.

 "Por favor, las cosas están más que claras. Como municipio hicimos lo que debíamos hacer", aseguró.

 Otro de los presentes, Miguel, le dijo a Starc que "acá van a venir los de la UOCRA, porque ellos también se quedaron sin trabajo".

 Mientras tanto, el jefe comunal seguía negando que le haya dicho a algunos de los 225 futuros propietarios que ya tenían su vivienda. "A nadie le dije esto y tengo al doctor D'Amico de testigo", refirió.

 Pero ante tal afirmación, otro de los manifestantes de nombre Lucas aseguró que en su momento, al concurrir a Acción Social, las asistentes sociales realizaban entrevistas fraccionadas.

 "Los que estábamos anotados por Málaga, hacíamos una cola aparte del resto de las personas", afirmó.

 Ante la insistencia de aquellos que realizaban el reclamo, Starc intentó cerrar el diálogo. "Las cosas se deben hacer como corresponde y no a dedo. Como municipio accionamos de acuerdo a los parámetros que nos fija el Instituto de la Vivienda", replicó.

 Finalmente Starc procuró despegarse de las afirmaciones realizadas por los concejales, al sostener ante el grupo de vecinos que "somos poderes independientes, no les puedo decir a los concejales lo que tienen que decir o hacer".

"Quedamos en el medio". Culminado el intercambio verbal con los vecinos, el intendente Starc accedió a dialogar con "La Nueva Provincia". "El municipio ha quedado en el medio, porque la gente viene acá para reclamar", afirmó.

 Reflejó que "si la empresa, durante enero pasado, dijo que devolvería el dinero ante cualquier inconveniente, el tema es entre las personas y la firma".

 "Yo no soy culpable ni responsable de nada. Cumplo con lo que firmé, y si bien entiendo a la gente que firmó un convenio privado, la comuna debe respetar el instructivo del Instituto Provincial de la Vivienda", detalló.

Silva: "No tengo miedo y voy a llegar hasta las últimas consecuencias"

 "Daniel Papasodaro, que se identificó como representante de la empresa Málaga, me llamó a mi celular y dejó grabada una amenaza. Por eso voy a radicar la denuncia en Fiscalía. Se que me metí en un tema con muchos intereses en juego, pero no tengo miedo y voy a llegar hasta las últimas consecuencias".

 La afirmación corresponde al concejal independiente Rafael Silva, quien dialogó con este matutino antes de dirigirse a realizar la exposición judicial, en la mañana de ayer.

 "Es evidente que con mis declaraciones pateé (sic) un hormiguero. Pero más allá de las llamadas, no pienso achicarme porque hablo por las 225 familias que fueron engañadas por la empresa y por los más de 1.600 que deben tener el derecho de acceder a su vivienda", refirió.

 Para Silva se debe aclarar el panorama, donde habló de una "presunta estafa" en perjuicio de familias de la ciudad. "Hay gente de Punta Alta que no quería que esta olla (sic) sea destapada. Son los amigos de Papasodaro, los mismos que me vienen a intimidar y cuando llegue el momento, daré a conocer sus identidades", advirtió.

La culpa es de los concejales, dijo Papasodaro

 Daniel Papasodaro hizo responsable del conflicto en cuestión a los concejales que se manifestaron cuando la obra se encuentra en un 50% de avance y a siete u ocho meses de la entrega de las viviendas. "Hoy salen a desgarrarse las vestiduras, diciendo que hay una estafa, cosa que no es así, y que ahora velan por la seguridad de la gente", disparó.

 Recién llegado de la Plata --donde reside-- el empresario se dirigió hasta la oficina local de "La Nueva Provincia" para aclarar que el listado de interesados en adquirir la vivienda data del plan anterior, del año 2000, que era de carácter privado y se llamaba barrio Las Dunas.

 "Hubo gente en ese entonces que pagó el lote y nosotros le devolvimos el dinero, y le prometimos con la insistencia en algún tipo de financiamiento. La gente que está anotada no tiene propiedad, tal como lo exige el Plan Federal y el Instituto de la Vivienda, y son familias de Punta Alta", aseguró.

Amenaza. En cuanto a la supuesta amenaza dada a conocer por el concejal Rafael Silva, Papasodaro dijo que el edil conversó con él en forma telefónica durante 15 minutos y "me dijo que estaba preocupado porque había recibido denuncias sobre el cobro de las casas que estaban financiadas por el Instituto".

 "Yo le respondí que no era así y que sólo se había hecho con algunas personas un convenio de mejoras, porque las viviendas se entregan sin terminar, y le propuse charlar personalmente", dijo.

 "Quedamos en encontrarnos a la tarde y no lo hizo, pero sí llamó para disculparse porque no se podía hacer presente. Luego escucho que en el Concejo Deliberante, dice que nosotros estafamos a la gente, y el viernes lo llamo y no me atiende. Le dejo un mensaje, que el lunes quería encontrarme con él para dilucidarle todas sus dudas. No hubo ningún tipo de denuncias", aclaró.

¿Se termina la obra? Más allá de la actual situación y de la demora que existe en los pagos, el responsable de la empresa constructora dijo que el barrio se finalizará.

 "Lo que no saben los concejales, porque no lo averiguan, porque parece que solamente se interesan por temas que tienen que ver con la cuestión política, es que el barrio se comenzó en marzo --cuando se firmó el acta de inicio--, tenemos certificado de ese mes, más abril, mayo, junio y julio, y el Instituto de la Vivienda sólo pago marzo y abril".

 "A pesar de ello las obras tienen el ritmo que se registraba en un principio y le dimos trabajo a más de 200 familias de Punta Alta", dijo Papasodaro.

Antecedentes. Papasodaro mencionó que en 1998 realizó una inversión privada en este medio, mediante la compra de tierras entre las calles Paso, Islas Malvinas, Guaraní y Espora, para construir un barrio financiado por bancos privados.

 "Ese predio era un basural, inundable en la esquina de Murature y Wimer, y todos médanos. Allí comenzamos a desarrollar un proyecto urbanístico privado, que uniera las dos partes de la ciudad, y que denominamos barrio Las Dunas. Se hicieron todas las tramitaciones del caso: percepción de las tierras, loteo aprobado por la Provincia y del Municipio de donde surgieron 226 parcelas para construir 225 viviendas".

 "Hicimos un proyecto, abrimos una oficina en la calle Luiggi y Brown, donde estuvimos más de seis meses tratando de vender lotes para edificar las casas que iban a ser financiadas por bancos privados. Se confeccionó un listado de gente en el 2000, se firmaron boletos de compra venta de lotes y nos comprometimos a conseguir el financiamiento a 20 años de entidades privadas. La gente lógicamente debía tener capacidad de pago y no contar con otra vivienda. Esto significa que a pesar de que era un barrio privado no permitíamos que se hicieran negocios inmobiliarios".

Caída del sistema. Expresó que a finales de 2000 y principios de 2001, se cayó un gobierno y el sistema financiero argentino, con lo cual no se pudo concretar el financiamiento y quedó trunca la posibilidad de construcción del barrio, mediante un financiamiento privado.

 "Se devolvió el dinero a quienes habían abonado los lotes y se prometió que si algún día se superaba la crisis, íbamos a retomar la iniciativa y que ellos iban a tener la prioridad si es que todavía estaban interesados".

 Indicó que en el 2004 se lanzó desde el gobierno un gran plan de viviendas únicas. "Hicimos las averiguaciones correspondientes para ver cómo podíamos incorporar nuestro proyecto para que el Estado lo financiara mediante el Plan Federal. Hablé con funcionarios del IPV y mediante un sistema presentamos nuestros lotes en licitaciones especiales, con la documentación correspondiente y adaptándonos a los nuevos prototipos que exige el Plan Federal, de 44 metros cuadrados".

 "Estas casas están dirigidas hacia familias de no gran cantidad de integrantes. La prioridad no es para la gente con muchos hijos, como dijo un concejal, porque se produciría hacinamiento, teniendo en cuenta la dimensión de la vivienda y la falta de detalles de terminación".

 Mencionó que la gente que se había anotado en su momento, presentó su interés por continuar en el plan, tema que fue trasladado al intendente Starc.