Carapella durmió dentro de un coche

Redacción de La Nueva.

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 Luis Carlos Carapella, quien reclama una indemnización por despido desde hace casi doce años y fuera desalojado el martes por incumplimiento del contrato de alquiler, pasó la fría madrugada de ayer en el interior de su automóvil Renault Gordini rojo.

 El hombre, que recibió ayer el apoyo solidario de algunos vecinos, entre quienes se advirtió a Mirta Peralta, madre de María Victoria Chiaradía, asesinada en agosto de 2000, en Coronel Suárez, junto a su novio Horacio Iglesia Braun, aseguró que el procedimiento dispuesto por el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 2, a cargo de la doctora Sara Pintos de Baeza, fue irregular.

 "Me dijo una autoridad judicial que este juicio de desalojo tiene vicios de nulidad. Primeramente, yo no tengo nada firmado, ninguna notificación, todo me lo dejaron bajo la puerta. Segundo, no se puede hacer ningún procedimiento si no están abiertos los tribunales y ellos vinieron antes, cuando todavía estaba oscuro y, por otra parte, es obligación de cualquier juez, ante un pedido, de que a uno lo atiendan", sostuvo.

 Carapella aclaró que "mientras no me solucionen el problema, van a ser varias las noches que voy a pasar dentro del auto".

 En cuanto a los muebles de su propiedad, informó que quedaron en depósito dentro del mismo inmueble, "bajo garantía del dueño de la casa (Oscar Raúl Clementi)".

 "Si fuera un juicio por derecha, entran y me dejan todas las cosas en la calle, pero acá no las sacaron, entonces quedó todo adentro; sí me revolvieron todo y, como me decía mi abogado, fue más efectivo que el allanamiento a Lopes; cómo puede ser, si yo no soy un hombre j...", argumentó.

 Consideró que el oficial de justicia inició temprano el operativo para evitar la presencia del periodismo.

 "Sin embargo, cuando llegaron los primeros medios, el oficial de justicia dijo 'uy, c...'", indicó.

 Carapella también se lamentó porque hasta el momento no tuvo respuestas de un proyecto de resolución habitacional que se había originado hace tres años.

 "En abril de 2003 se comprometieron, por medio del Arzobispado, a comprarme una casa o un lote para construir y le quisieron comprar la casa a Clementi, pero no quiso. Después empezaron que el problema era a nombre de quién iba a ir esa casa y les dije que la pongan a nombre de Clementi, para que le quede a él el día que yo desaparezca y con eso pagar el alquiler.

 "Empezaron a buscar casas por todos lados y el 30 de abril de 2003, en el Centro de Atención a la Víctima, me dijeron que me conseguían una casa en Mascota, a 30 kilómetros de Médanos, en el medio del campo. Yo les dije que no, porque no soy hombre de campo y se desistió, y ahí se terminó la historia. Me querían sacar de Bahía para que no pegara más papeles", enfatizó.

 
Diez años de deuda

 Carapella reconoció que le adeuda un total de 124 meses --más de diez años-- al dueño del inmueble, pero que "la jueza sabe bien, porque yo le mandé una carta, que cuando me paguen lo que era mío, yo iba a pagar el alquiler".

 El 13 de junio de 1995, Carapella interpuso una demanda por su despido --en octubre del año anterior-- contra los directivos de la ex vidriería Montalbán S.A., que funcionaba en General Paz 57/63.

 En mayo de 1997, el Tribunal del Trabajo Nº 1 sentenció a Montalbán S.A. a abonarle al ex empleado 30.651,03 pesos, y frente al incumplimiento de la sanción, se promovió el embargo sobre bienes de la firma.

 Empero, en ese interín, y de acuerdo con la acusación formulada después penalmente, Montalbán S.A. pasó a denominarse Distribuidora de Cristales S.R.L. y la autoridad judicial de intervención, en septiembre de 1998, levantó la medida cautelar sobre los bienes interdictos.

 El fiscal Pedro Munguía había afirmado, en la causa penal, que no existieron dos explotaciones comerciales "sucesivas e independientes", sino que se trató de la "disimulación de la continuidad empresarial del negocio de la condenada en los autos principales", y agregó que esa circunstancia privó a Carapella de sus legítimos derechos a percibir la indemnización.

 Posteriormente, el juez de Transición Nº 1, doctor Raúl Guillermo López Camelo, condenó a Oscar Armando Bidabehere y Carlos Enrique Lublin, a seis meses de prisión en suspenso por estafa procesal, aunque los absolvió por insolvencia fraudulenta.

 Sin embargo, en marzo último, la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, resolvió anular parcialmente ese fallo, ya que no se había resuelto un pedido previo de la defensa de extinción de la acción penal por prescripción (por el transcurso del tiempo).

Tres meses después. La orden de desalojo que le entregaron al hombre, firmada por la jueza Sara Pintos de Baeza, tiene fecha del 7 de febrero último y el procedimiento se practicó casi tres meses después. Carapella se mostró extrañado y no le encontró explicación a esa circunstancia.