Ordenaron el desalojo de Luis Carlos Carapella
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Un oficial de justicia y una comisión policial se presentaron ayer a la mañana en la vivienda de Luis Carlos Carapella, para iniciar el trámite de desalojo, que fue resistido por el hombre, ante el incumplimiento del contrato de alquiler.
La medida, según manifestó el propio Carapella, fue dispuesta por la jueza Sara Silvia Pintos de Baeza, titular del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 2.
Reconoció el morador que adeuda un total de 124 meses --más de diez años-- a Oscar Clementi, dueño del inmueble ubicado en Bravard 660, aunque "la jueza sabe bien, porque yo le mandé una carta, que cuando me paguen lo que era mío, yo iba a pagar el alquiler", manifestó.
El 13 de junio de 1995, Carapella interpuso una demanda por su despido --en octubre del año anterior-- contra los directivos de la ex vidriería Montalbán S.A., que funcionaba en General Paz 57/63.
En mayo de 1997, el Tribunal del Trabajo Nº 1 sentenció a Montalbán S.A. a abonarle al ex empleado 30.651,03 pesos, y frente al incumplimiento de la sanción, se promovió el embargo sobre bienes de la firma.
No obstante, en ese interín, y de acuerdo con la acusación, Montalbán S.A. pasó a denominarse Distribuidora de Cristales S.R.L. y la autoridad judicial de intervención, en septiembre de 1998, levantó la medida cautelar sobre los bienes interdictos.
El fiscal Pedro Munguía, representante del damnificado, había afirmado que no existieron dos explotaciones comerciales "sucesivas e independientes", sino que se trató de la "disimulación de la continuidad empresarial del negocio de la condenada en los autos principales" y agregó que esa circunstancia privó a Carapella de sus legítimos derechos a percibir la indemnización.
Posteriormente, el juez de Transición Nº 1, doctor Raúl Guillermo López Camelo, condenó a Oscar Armando Bidabehere y Carlos Enrique Lublin, responsables de la firma, a seis meses de prisión en suspenso por estafa procesal, aunque los absolvió por insolvencia fraudulenta.
Sin embargo, en marzo último, la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, resolvió anular parcialmente ese fallo, ya que no se había resuelto una cuestión previa, que era un pedido de la defensa respecto de la extinción de la acción penal por prescripción.
"Como un delincuente"
Carapella, mientras los agentes realizaban las actuaciones en su domicilio --que, tanto en su frente como en el interior, está empapelado con recortes sobre su causa y fotografías deportivas y del espectáculo-- y él recibía la visita del dirigente gremial Ezequiel Crisol, aseguró públicamente que por la noche podría tomar la decisión de quitarse la vida, amenaza que difundió en otras oportunidades.
"Se lo dije a todo el mundo que esto iba a pasar, que esto iba a terminar en desgracia. Me están desalojando y no me había llegado ninguna intimación de la doctora Sara Pintos de Baeza; yo de acá no me voy a mover", sostuvo.
"En el Concejo Deliberante (el mes pasado, durante un incidente) me sacaron el revólver, pero a la noche (por ayer) voy a agarrar un cuchillo y me voy a poner, con la bandera argentina, voy a cerrar los ojos, voy a hacer así (hizo el ademán de cortarse las venas) y como esto está saliendo por Internet, quiero que se entere el mundo", agregó.
El hombre se molestó porque, según argumentó, la policía y la justicia, que arribaron a la finca poco después de las 6, "no tenían necesidad de venir así, como si yo fuera un delincuente".
"Ya le dije al fiscal Munguía que los 30.000 pesos que le quieren cobrar a Bidabehere y a Lublin, más al otro abogado que está en España, que no me los den, que se los den a Clementi, al dueño de la casa, para que recupere los diez años de alquiler, que yo sigo viviendo de la caridad, de lo que me dan, de la iglesia y todo", afirmó.
Explicó que la propiedad, según una tasación reciente, no superaría el valor de 60.000 pesos, "pero por el terreno, porque la casa está llena de humedad y los caños están rotos". Dijo Carapella, además, que Camuzzi Gas Pampeana le "robó" el medidor de gas.
"Los jueces penales Montironi, Burgos y De Rosa me dijeron que vaya a hablar con la doctora Pintos de Baeza, para que pare la mano hasta que yo solucione esta cuestión, pero no me quiso atender nunca; entonces le mandé una nota, donde le dije que iba a pagar una vez que me paguen a mi", recalcó.
"El juicio mío no terminó y el oficial de justicia me dice que hay una ley que dice tal cosa, pero yo digo que hay una ley que dice que cuando a uno lo echan le tienen que pagar y a mi no me pagaron, lo sabe el mundo", concluyó.