La Justicia procesó a jefes de Vialidad Nacional

Redacción de La Nueva.

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 Por el vaciamiento de Vialidad Nacional, que tiempo atrás "La Nueva Provincia" denunciara profusamente, a través de testimonios de distintos dirigentes sindicales del sector, el juez federal Jorge Luis Ballestero acaba de dictar el procesamiento, sin prisión preventiva, pero con embargo patrimonial, a seis funcionarios estatales y cuatro integrantes de cooperativas.

 Los primeros fueron encontrados responsables de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso ideal con el artículo 174, que reprime la defraudación a la administración pública.

 La denuncia fue formulada ante la Justicia por la Oficina Anticorrupción en el año 2000, en base a los datos aportados por la Federación del Personal de Vialidad Nacional.

 Entre los procesados figuran Ana María Graciela Aleña (subgerenta de Recursos Humanos del 1er. distrito Buenos Aires DNV), a quien se trabó embargo por 120.000 pesos; Orfilia Lía Caamaño (presidenta de la cooperativa Cootravial), por 120.000 pesos; Raúl Alberto Couduy (presidente de la cooperativa Cootravi), por 120.000 pesos; Efrén Pablo Ayala (presidente de la cooperativa Cootravi), por 120.000 pesos; Juan Carlos Nicolari (jefe de la 2da. región DNV), por 80.000 pesos; Julio César Sabatino (supervisor de Depósitos del 1er. distrito DNV), por 80.000 pesos; Carlos Alberto Maceira (jefe de Administración del 1er. distrito DNV), por 80.000 pesos; Héctor Raúl Gangemi (gerente de Administración DNV), por 80.000 pesos; Juan Manuel Arizaga (jefe de Conservación y Despacho del 1er. distrito DNV), por 80.000 pesos y Edgardo García (jefe de Obras de la 2da. región DNV), por 80.000 pesos.

 Todos los nombrados fueron encontrados responsables del perjuicio patrimonial sufrido por Vialidad Nacional con motivo del traspaso de equipos viales desde distintas delegaciones a las cooperativas Cootravi y Cootravial, que actuaron en el ámbito del distrito I, Buenos Aires.

 Estas cooperativas, creadas al amparo de la ley de Reforma del Estado, funcionaron como una vialidad paralela, ya que habrían sido dirigidas desde las sombras por personal de la repartición, junto con el responsable del Sindicato Buenos Aires de Vialidad Nacional, César Miguel González, esposo de la ahora procesada subgerenta de Recursos Humanos de la DNV, Ana María Graciela Aleña, según denunciaron dirigentes sindicales en reiteradas ocasiones.

 En su fallo, el juez Ballestero encontró a los nombrados responsables de "haber dolosamente omitido efectuar los controles debidos" de seguimiento y cobro de los cánones pertinentes con posterioridad a la firma de los convenios de cesión de maquinaria vial, que, en muchos casos, nunca volvió a su legítima dueña (la DNV).

 Los convenios fueron suscriptos, en su mayoría, por el primer distrito de VN (Capital Federal) y las cooperativas Cootravi y Cootravial, entre 1991 y 1998, las que debían realizar tareas de conservación y mantenimiento en algunas rutas no concesionadas.

 A partir de 1994, habiéndose concesionado el mantenimiento de las rutas, la DNV exigió la devolución de los equipos, pero las cooperativas no cumplieron ni tampoco pagaron los alquileres correspondientes.

 El daño patrimonial contra la DNV ascendería a $ 3.962.872,64 pesos y se cometió al desnaturalizar la esencia de los alcances de la ley de Reforma del Estado, utilizándola como escudo para obtener la entrega de maquinarias viales con el argumento del mantenimiento de la fuente laboral, a sabiendas de que, en el futuro, se incumpliría con las obligaciones de contraprestación, según los fundamentos del procesamiento.

 En caso de ser condenados, los funcionarios (que aún continúan en sus cargos) podrían afrontar penas de prisión de 2 a 6 años y la inhabilitación plena para desempeñarse en la administración pública.

Robo para la corona

 La sanción de la ley de Reforma del Estado Nº 23.696, dictada el 17 de agosto de 1989, inició el proceso de privatización de diversas funciones y tareas desempeñadas, hasta ese momento, por la DNV, lo que significó la pérdida de la fuente laboral para muchos agentes.

 En ese marco y aprovechando la gran cantidad de equipos ociosos disponibles en el distrito I de Buenos Aires, se formalizaron cooperativas de ex trabajadores, a las que les fueron cedidas, en comodato y contra el pago de un alquiler, diversas maquinarias.

 Aprovechando las facilidades y beneficios que emanaban de la normativa surgida como consecuencia de la reestructuración del Estado, las cooperativas (Cootravi y Cootravial) suscribieron convenios lícitos con la DNV, en virtud de los cuales recibieron distintos equipos viales, a sabiendas de que incumplirían sus obligaciones, según consideró el juez interviniente.

 Esto causó un claro perjuicio a la administración pública, tal cual surgió de los peritajes contables realizados en la causa.

 El juez interviniente aclara, en su resolución, que el gran responsable en la gestión de los bienes de la DNVes el gerente de Administración, quien tiene como principal tarea velar por el estricto cumplimiento de todo lo relacionado con la gestión del patrimonio. Dicha función estuvo a cargo de Héctor Hugo Gangemi.

 Por último, la cadena de responsabilidades culmina en el jefe de Región, Juan Carlos Nicolari, quien también tuvo un fugaz paso por Bahía Blanca, ya que la función propia del cargo que desempeñó radicaba en controlar y supervisar patrimonialmente los distritos de su jurisdicción.

 Según el magistrado, lo jurídicamente reprochable no es la suscripción de los convenios entre la DNV y las cooperativas, sino el haber dolosamente omitido los controles debidos con posterioridad.

 Mediante distintas maniobras, se adjudicó a las cooperativas el carácter de entidades públicas, con el solo objeto de vender los equipos a precio vil y sin subasta pública, se concluyó en la instrucción de la causa.

 "La falta de control atribuida a los funcionarios estatales sindicados en la resolución constituyó un eslabón fundamental dentro de la maniobra fraudulenta investigada, y, por tal motivo, los señores Edgardo García, Juan Manuel Arizaga, Héctor Hugo Gangemi, Carlos Alberto Maceira, Julio César Sabatino y Juan Carlos Nicolari serán sometidos a proceso, por encontrárselos responsables del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, reprimido por el artículo 249 del CNPA, en concurso ideal con la figura de defraudación a la administración pública del artículo 174, inciso 5, del mismo cuerpo legal", sostuvo Ballestero.

Negocios de "escala", una marca registrada

 La decisión de desjerarquizar el distrito 19 Bahía Blanca de Vialidad Nacional, transformándolo en delegación, como ocurrió en 1993, fue parte de una maniobra gestada desde el Sindicato Buenos Aires de Trabajadores Viales, dirigido por César Miguel González, esposo de la ahora procesada subgerenta de Recursos Humanos de Vialidad Nacional, Graciela Aleña, denunciaron, a este diario, distintos dirigentes gremiales.

 "La cabeza visible de toda la maniobra es César Miguel González, secretario general del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de Buenos Aires, y su esposa, Graciela Aleña", funcionaria de Vialidad, manifestó Julio López, secretario general del sindicato local, en octubre de 2000.

 "Con certeza, sabemos que faltan más de 50 unidades en todo el país y que la mayor parte desapareció del distrito Capital Federal; prácticamente, un 40 por ciento", corroboró, en ese entonces, el secretario general de la Federación del Personal de Vialidad Nacional, Raúl Cardoso a "La Nueva Provincia".

 Siguió explicando que el mecanismo utilizado para la transferencia de equipos requería, primero, detectar aquellos que estaban en condiciones, en distintos puntos del país, y gestionar su pase a Buenos Aires, a través de "convenios", aunque "estos --los equipos-- nunca volvían a su lugar de origen".

 En esa oportunidad, Cardoso también denunció que las cooperativas Cootravi y Cootravial había recibido "infinidad de contratos directos de VN, algunos por montos superiores a 200.000 dólares".

 El dirigente sostuvo, en esa oportunidad, que "de Bahía Blanca, habrían sido despachados a Buenos Aires más de 20 equipos viales".

 En 2000, la Federación denunció el vaciamiento de VN a la Justicia, precisando su máximo responsable a este diario que ello fue realizado por parte de particulares, que, bajo la figura de cooperativas de trabajo vial, formadas por ex agentes de esa repartición, "han operado como sociedades comerciales de hecho, con fines de lucro a distribuirse entre quienes están a cargo de la dirección ejecutiva de las operaciones sociales (miembros del consejo de administración), desvirtuando el espíritu de la ley y desnaturalizando el régimen jurídico de las cooperativas".