Bahía Blanca | Lunes, 11 de agosto

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Zaffaroni y sus fallos aberrantes

El famoso caso Tiraboschi, por el que el entonces juez Eugenio Zaffaroni consideró que obligar al sexo oral a un menor no era una violación, es, quizá, uno de los datos más significativos para entender la escala de valores de este jurista, que puede terminar siendo, por obra del actual gobierno, miembro del máximo tribunal de la Nación, aquel que tiene la última palabra. Pero, por supuesto, no es el único.


 BUENOS AIRES (De nuestra agencia) -- El famoso caso Tiraboschi, por el que el entonces juez Eugenio Zaffaroni consideró que obligar al sexo oral a un menor no era una violación, es, quizá, uno de los datos más significativos para entender la escala de valores de este jurista, que puede terminar siendo, por obra del actual gobierno, miembro del máximo tribunal de la Nación, aquel que tiene la última palabra. Pero, por supuesto, no es el único.


 En abril de 1984, llegó a su despacho de la sala VI de la Cámara Nacional en lo Criminal, el caso de un mayor que había sido condenado, en primera instancia, a tres años de prisión, por corrupción de una menor de 14 años.


 La defensa, en su apelación, solicitó la nulidad de la sentencia, basada en que el magistrado que condenó no había tomado en cuenta todos los argumentos en favor del defendido, como, por ejemplo, el trámite iniciado para determinar si la menor practicaba la prostitución y que las maniobras sexuales realizadas no hallaban un adecuado encuadre típico en la ley penal.


 Zaffaroni rechazó la nulidad, pero exculpó al mayor con una serie de argumentos que, básicamente, se apoyan sobre un eje que parece ser la esencia de su visión jurídica: la moral nada tiene que ver con la función judicial, postulado que es materia de debate sólo en la teoría jurídica, porque, en la realidad, la gente lo tiene absolutamente resuelto. La tesis de la separación entre el derecho y moral la esgrimen, en la práctica, únicamente, los delincuentes y los amorales o sus defensores.


 En su fallo absolutorio, Zaffaroni afirma, en primer lugar, que no está probado que la víctima no ejercía la prostitución, de manera tal que esta duda, lejos de beneficiar a la menor de 14 años, beneficia al mayor que, por ende, no es responsable de corromperla, porque, dicho de alguna manera, tal vez ya estuviera corrompida con anterioridad.


 Además, sostiene que la corrupción es un concepto abierto y que los tocamientos y el coito interfemoral (accesos sexuales probados en la causa) no alcanzan para corromper a una menor de 14 años, porque, a juicio del jurista, "no desvían el curso socialmente aceptado de la actividad sexual".


 Asimismo, señala que tampoco puede decirse que la conducta del procesado haya fomentado la prostitución de la menor, porque "hasta ahora, no se ha sostenido seriamente que el contacto con las prostitutas fomente la prostitución". Por último, dice que no hay delito de estupro, por la "falta de acceso carnal y de honestidad de la menor".


 Como se ve, no sólo consideraciones hacia el victimario, sino ataques a la dignidad de la víctima.

Pedido de prórroga




 La Fundación Bicentenario solicitó al ministro de Justicia, Gustavo Béliz una prórroga en el plazo establecido por el decreto 222/03 para presentar impugnaciones a la candidatura de Zaffaroni a la Corte Suprema de Justicia.


 En el pedido se destaca que es necesaria la ampliación de los plazos, ya que a la fecha, la Fundación no ha logrado que se le entregue la documentación solicitada a diversos organismos públicos, para que, acorde con el decreto citado, la presentación se realice "de modo fundado y documentado (Art. 6º del Decreto 222)".


 Hay aspectos sobre los que es imprescindible saber exactamente como actuó el Dr. Zaffaroni, dice la Fundación, a saber:


 1) Si recibió sanciones cuando ejerció como juez, cualquiera sea su causa;


 2) Documentación que respalde si como ciudadano fue efectivamente respetuoso de la democracia y de los Derechos Humanos.


 3) Sus antecedentes como contribuyente.


 Juan Curutchet, presidente de la Fundación Bicentenario, sostuvo: "Dilucidar estos interrogantes, con la consiguiente documentación que los confirme o no, es una obligación que tienen las autoridades públicas para darle credibilidad a este nuevo procedimiento para nombrar jueces de la Corte".


 Además, se le explicó al ministro Béliz que parece un despropósito que se pida a la ciudadanía que opine sobre la candidatura a un juez de la Corte, y que al mismo tiempo más del 60% del plazo caiga en la Feria Judicial de invierno "¿Cómo se pide información sobre un ex juez y camarista si los tribunales no están abiertos?", finalizó Curutchet.