Jubilaciones: la suspensión de la fórmula equivale a cobrar entre 400 y 4.950 pesos menos

Redacción de La Nueva.

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Francisco Rinaldi/frinaldi@lanueva.com

Con el último aumento que se cobrará en unos días, los jubilados percibirán entre 400 y 4.950 pesos menos si se le aplicara la fórmula de movilidad suspendida en diciembre del año pasado al último haber vigente, diferencias que se incrementarían notablemente si dicho cálculo se hubiese utilizado en forma ininterrumpida hasta la actualidad. 
Es que tomando como punto de partida un haber mínimo mensual de 16.864 pesos (ver cuadro adjunto), que se cobró a inicios de este mes y está vigente desde junio, cuando, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 495/20, se otorgó un aumento del 6,12 por ciento para todas las escalas de haberes, el Gobierno anunció, a mediados de agosto -y con otro DNU de por medio- un nuevo incremento, pero esta vez, del 7,50%. 
Así, aplicando este último aumento, los pasivos percibirán en el noveno mes 18.128,80 pesos. 
Aunque el incremento representa un avance frente a la inflación estimada de junio a agosto (que rondaría alrededor del 5,5%), lo cierto es que de haber aplicado al beneficio de agosto la fórmula de ajuste vigente durante el Gobierno de Mauricio Macri (suspendida por el Gobierno actual en diciembre de 2019), la mínima debería haber sido de 18.530,16 pesos, es decir, 401,36 pesos más, toda vez que el incremento arrojado sería del 9,88% en lugar del 7,50% del DNU de Alberto. 
Las diferencias en contra para los pasivos se van incrementando conforme se avanza en las escalas, a punto tal que el beneficio máximo (113.478 pesos al mes pasado), se actualizará hasta los 121.988,85 pesos, cuando, en realidad, si se aplicara sobre lo cobrado en agosto la “fórmula Macri”, el  beneficio debería haber sido de 124.698,63, unos $ 2.700 más con relación a lo que se va a cobrar efectivamente. 
“De no estar “suspendida” la ley de movilidad jubilatoria, todos los haberes hubieran sufrido un incremento en el mensual septiembre del 9,88%; y en lo que va del año un acumulado de 35,93 %”, recordó el abogado previsionalista Alfredo Bernabei, director jurídico de Alfredo A. Bernabei & Asociados. 
Pero no es todo. Desde el estudio Bernabei estimaron que hubiera pasado si la “fórmula Macri”, que ajustaba los haberes en función de un índice compuesto en un 70% por la inflación minorista y en un 30% por la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), hubiera permanecido vigente en lugar de ser reemplazada por los DNU más las sumas fijas de inicios de 2020. 
En rigor, se asume que al permanecer activa, los aumentos que fijaba la fórmula de Macri, que  se aplicaban trimestralmente en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año calendario, se fueron acumulando con cada nuevo haber. 
Así, la mínima tendría que ser de $ 23.079,16 en lugar de los 18.128,80 que se cobraran el mes que viene, es decir, casi 4.950,37 pesos más, de acuerdo con los cálculos del estudio Bernabei. 
Para el haber máximo la diferencia sería de casi $ 21.361,13, ya que en lugar de los 121.988,85 que se cobrarán el mes que viene, deberían cobrarse $ 143.349,98. 

Parches eternos
Los problemas del sistema previsional argentino sólo conocen de una causa: los sucesivos gobiernos, sin excepción, se dedicaron a “emparcharlo” sin dar una solución definitiva a una problemática que amenaza con volverse eterna. 
De hecho, el propio Mauricio Macri también modificó la fórmula de ajuste de las jubilaciones heredada de su antecesora, Cristina Fernández de Kirchner, lo que motivó la presentación del abogado Miguel Fernández Pastor, hoy en la Corte Suprema. 
“Existe una tensión creciente entre lo que la gente quiere y lo que podemos financiar. Además, con un nivel de empleo informal del 30 al 35%, es muy difícil que un  sistema contributivo puro pueda funcionar”, detalla Sergio Rottenschweiler, economista especializado en Seguridad Social. 
En tanto, la moratoria previsional aumento en forma notable la cobertura, al costo de aumentar fuertemente el peso de este ítem en el gasto público nacional, llevándose más de la mitad del presupuesto ejecutado en los primeros cinco meses de 2020, de acuerdo con datos oficiales. 
Así, un gasto público sumamente difícil de bajar -el 70% son jubilaciones, ayuda social e intereses de la deuda pública nacional- el Estado nacional incurre en déficit recurrentes muy difíciles de financiar. 
Ergo, la brecha se cierra ajustando por el lado del gasto previsional, insistiendo con los ya repetidos cambios de fórmula y actualizaciones que lesionan derechos de los jubilados y que motivan presentaciones judiciales que procuran reparar el daño que se infringe a quienes merecen un haber digno tras tantos años de trabajo. 
Mientras tanto, la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta dictaminó semanas atrás que se busquen parámetros objetivos para determinar un nuevo índice de movilidad jubilatoria, luego de que ek actual Gobierno suspendiera hasta fin de año el índice establecido por ley durante la administración macrista.
El fallo motivó que Fernanda Raverta, titular de la Anses anunciara a medios capitalinos que "se está preparando una nueva fórmula para actualizar las jubilaciones".