Bahía Blanca | Viernes, 26 de abril

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La AFIP reclamará a 2.000 empresas que devuelvan la ayuda para pagar salarios

El organismo apunta a compañías que habrían utilizados los ATP para adquirir moneda extranjera en lugar de destinarla a los trabajadores.

Mercedes Marcó del Pont

   La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) comunicó esta mañana que, debido a distintos incumplimientos por parte de determinadas empresas, entre ellos en las condiciones de acceso a comprar divisa extranjera, le exigirá a unas 2.000 firmas la devolución de la ayuda estatal que recibieron para pagar sueldos en la pandemia.

   El organismo busca perseguir a las compañías que en lugar de utilizar los aportes estatales para pagar salarios lo hicieron para comprar dólares en el marcado financiero.

    Muchas empresas privadas buscan hace meses cubrirse de una futura expectativa de devaluación en momentos de elevada inflación (por arriba de la pauta oficial), un dólar planchado gracias a múltiples cepos, brechas cambiarias elevadas y volátiles, creciente emisión monetaria, nulo financiamiento externo, tasa de interés en pesos que no son reales y elevado gasto fiscal. No obstante, los aportes estatales para cubrir parte de los salarios debía ser destinado a los trabajadores y no a otras operaciones.

   La decisión de la entidad que conduce Mercedes Marcó del Pont fue publicada a través de la Resolución General N°5035 y establece un mecanismo por el que las firmas que no cumplieron con las condiciones establecidas por el Comité de Evaluación y Monitoreo --que supervisaba el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP)-- deberán restituir los fondos correspondientes al salario complementario. El Estado invirtió más de $220.000 millones en el pago de ATP el año pasado.

   El ATP fue el principal plan oficial para sostener el pago de salarios en empresas privadas en la cuarentena estricta en 2020. El Gobierno había condicionado el acceso a este programa, entre otras cosas, a que las firmas beneficiadas no pudieran acceder al mercado de cambios para adquirir dólares por un tiempo determinado ni tampoco operar a través del Contado con Liquidación o el llamado dólar MEP o Bolsa.

   A esto se sumaba la imposibilidad para la distribución de dividendos, la recompra de acciones y la posibilidad de transferir fondos a firmas establecidas en países no cooperantes. La AFIP no informó el listado de empresas que supuestamente incumplieron las condiciones ni cuáles fueron los incumplimientos.

   El ente recaudador aclaró que si no se paga se irá a juicio contra la empresa. “Operada la caducidad --situación que se pondrá en conocimiento del empleador a través de su Domicilio Fiscal Electrónico--, este Organismo quedará habilitado para disponer el inicio de las acciones judiciales tendientes al cobro del total adeudado”, dice la resolución.

   Las firmas que reciban una notificación de AFIP tendrán un plazo de 15 días hábiles para reintegrar las sumas percibidas mediante un plan de pagos a través del servicio “Mis Facilidades”.

   La financiación contempla un pago a cuenta del 20% de la deuda consolidada y hasta cinco cuotas mensuales, iguales y consecutivas, a excepción de la primera, que incluirá los intereses financieros desde el día de la consolidación del plan hasta su vencimiento. La tasa efectiva mensual será del 2%.

   “El Programa ATP representó un esfuerzo inédito del Estado argentino que permitió amortiguar el impacto económico de la pandemia del COVID-19 y las medidas dispuestas para garantizar los cuidados. Con el objetivo de sostener ingresos y puestos de trabajo en el sector privado, el Estado invirtió más de $220.000 millones durante 2020 para financiar el salario complementario”, señaló el organismo.

   “La normativa del Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa ATP también establecía que los beneficiarios no podían adquirir títulos valores en pesos para su posterior e inmediata venta en moneda extranjera o su transferencia en custodia al exterior y tampoco realizar erogaciones de ninguna especie a sujetos relacionados directa o indirectamente con el beneficiario cuya residencia, radicación o domicilio se encuentre en una jurisdicción no cooperante o de baja o nula tributación”, agregó. (Fuente: La Nación)