Radiografía del delito: cuál es el análisis del ministro de Seguridad

Juan Pablo Gorbal

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Bahiense. 51 años. Técnico superior en Ciencias de la Comunicación Social. Periodista y editor jefe de contenido judicial y policial, con más de 30 años de trayectoria en la profesión (28 años en La Nueva.) Primer Premio ADEPA 2017 en la categoría Periodismo Judicial, otorgado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

La provincia de Buenos Aires, en especial el conurbano, por su concentración demográfica, tiene una dinámica distinta del delito, aunque el crecimiento de robos y hurtos se da en todo el país, debido a "la época de crisis que vivimos".

Esa conclusión es del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, quien dialogó con La Nueva. sobre una temática sensible. 

Alonso informó cuáles son los delitos que crecieron en la provincia y por qué, aseguró que los homicidios están "contenidos" y cuestionó duramente al gobierno de Milei por el recorte de fondos.

-¿Creció el delito en la provincia y, si es así, cuánto?

- Se ve una transformación de la dinámica delictiva, no solo en la provincia, sino en el país. Hace semanas estuvimos en el Consejo de Seguridad Interior en Mendoza y todas las provincias vemos un crecimiento de delitos, como ocurre en épocas de crisis, a un inicio de recesión y aumento del desempleo.

Por suerte los homicidios están contenidos, estamos en valores algo más bajos que a esta misma altura del año pasado.

- ¿Y qué delitos aumentan y por qué?

- Uno es el robo de cables. La Argentina no produce cobre y, sin embargo, estamos exportando cobre. Eso tiene que ver con el valor relativo del mineral y con que se volvió algo rentable. Es un problema de todo el país. 

El otro es el robo de vehículos. Tiene dos dinámicas: una relacionada con camionetas de alta gama, a cargo de bandas criminales vinculadas al narcomenudeo: traen droga de Paraguay y se llevan las camionetas. La segunda tiene que ver con autos de 10 o 12 años de antiguedad, modelos de 2014 o 2015 que provenían de destinos que ya no se importan.

Hay restricción por el cepo y eso hace que las plaquetas electrónicas, elementos de inyecciones y otras autopartes se vuelvan rentables y la forma de conseguirlo es tomándolas de un auto usado. Eso incrementó el robo de vehículos de una gama media que, por ahí, no parecen interesantes para ser revendidos pero cuando son desguazados obtienen mayor valor que si se vendieran en el mercado.

Hicimos muchos allanamientos y frenamos los asaltos de autos, pero es un delito que, como el de los cables, sigue la dinámica económica.

- ¿Cuál es la situación, hoy, en la zona limítrofe con Santa Fe?

- Tenemos que entender que ciudades del norte, como San Nicolas y Pergamino, están casi a 60 kilómetros de Rosario. Las familias envían a sus hijos a estudiar allá, si hay un problema de salud, Rosario es el centro urbano más próximo y lo mismo para compras sofisticadas. Hay un colectivo de línea que las une. Es cultural, económico y el delito también está integrado así.

Conformamos con el Ministerio de Seguridad de Nación y la provincia de Santa Fe una mesa de análisis criminal y mantuvimos reuniones con autoridades judiciales. Con diferentes acontecimientos, como esos homicidios cobardes, observamos que había bandas de Rosario y el norte de Buenos Aires que trabajaban en conjunto.

Intensificamos el intercambio de información, se metieron presas y en ese marco prestamos 80 patrulleros que estarán por un mes más en comodato, porque Santa Fe no tenía capacidad de patrullaje de fuerzas federales. Era para contener una situación dramática que también nos afectaba.

El límite jurisdiccional no detiene a los delincuentes. Hemos puesto en aislamiento en cárceles federales a líderes de bandas que viven en San Nicolás y operaban en Rosario y al revés.

De la agenda nacional

- ¿Qué opinión tiene sobre bajar la edad de imputabilidad, hoy en 16 años?

- Esa medida, aislada, no sirve. Tenemos unos 5.500 menores por año que están portando armas, vinculados a organizaciones criminales, incluso más chicos de la edad de imputabilidad proyectada. Vemos que vienen de hogares que no se encargaron de sus crianzas, que fueron abusados, que abandonaron el colegio y empiezan a "ranchar" en las calles.

Tenemos 5.200.000 de pibes en las escuelas y hay 5.500 haciendo esto. El número no es grande, pero tenemos que trabajar con los municipios y con la Justicia de Menores, para que tome otra actitud y un Estado que pueda poner límite a esas trayectorias.

Trabajamos mucho en saber quiénes son los menores, damos aviso a los sistemas locales de Niñez, estamos armando programas focalizados, buscarlos en los barrios y evitar reincidencia.

En la provincia, si hay un delito grave, el menor es encerrado. Le hemos presentado este trabajo a la ministra Bullrich para que lo tenga en cuenta.

La Policía los detiene, pero si el resto de las agencias del Estado no trabaja igual, eso vuelve y  con más fuerza.

- ¿Y sobre la portación libre de armas?

- La Argentina tiene una tradición en regulación de armas que es muy buena. Casi no tenemos antecedentes de locos disparando en colegios y centros comerciales, como en otros lados. La regulación que funciona. Una de las ciudades con más armas es Rosario, y fijesé cómo está.

Hay una relación entre las armas que circulan y los homicidios que se producen. Las armas que tienen los delincuentes son de robos a legítimos usuarios. Si roban un arma, es vendida o alquilada a los delincuentes. Cuanto más armas hay, más violencia lesiva vamos a tener. Es la realidad.

"El presidente está incumpliendo la ley"

El ministro Alonso resaltó que el presidente Javier Milei no cumple con la ley que dota de un fondo para la seguridad provincial.

"Son unos 500 millones de dólares por año, equivalían a un punto de coparticipación y no llegan. Fueron recortados. Ese presupuesto nos permitió, por ejemplo, que Bahía Blanca tenga el centro de monitoreo que tiene y más cámaras, para lo que el intendente decida. Todo ese dinero dejó de estar, porque el presidente dejó de transferirlo de manera arbitraria, incumpliendo la ley", afirmó.

También dijo que en materia de seguridad "estamos coordinando bien" con la ministra Patricia Bullrich.

"El problema es que el presidente está desfinanciando la seguridad. La provincia aporta el 40% de la coparticipación y recibe el 20%. Obviamente que es una situación injusta que nos pone en una debilidad estructural", amplió.

Alonso, a su vez, remarcó que Buenos Aires es la provincia que menos gasto y trabajadores por habitante tiene.

Usamos las pistolas Taser, pero en lugares de confinamiento o encierro. No nos sirven para la realidad que viven a diario las calles bonaerenses".

"Ese fondo de seguridad venía a resolver una crisis estructural que tenía la provincia en materia de equipamiento, logística y salario. Hace 6 meses que no nos transfieren el dinero que está creado por una ley del Congreso que sigue vigente", sostuvo.

"Necesitamos que el presidente cumpla con el envío de los fondos para que el superávit fiscal, con el que estamos de acuerdo, no sea a costa de la seguridad de los bonaerenses", cerró Alonso.