Pena en suspenso y tareas comunitarias por organizar una toma de terrenos
El hecho ocurrió en 2020 en el sector de calle Don Bosco al 4.100, en parcelas pertenecientes a la Unión Ferroviaria y ADIF.
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A una pena de dos años de prisión en suspenso, reglas de conducta y la realización de tareas comunitarias fue sentenciada una mujer hallada culpable de coordinar una toma de terrenos en la zona de Don Bosco al 4.000.
El fallo, resuelto en un debate abreviado por el juez del Tribunal Oral Federal, doctor Sebastián Foglia, recayó en Carina Paola Paillamanque, quien fue imputada como coautora de los delitos de usurpación y robo simple.
Previamente, el fiscal Gabriel González Da Silva y el defensor Nicolás Martínez, con la aceptación de la acusada, habían convenido los términos del acuerdo.
Para el magistrado quedó probado que entre el 15 de agosto de 2020 y 6 de julio de 2022, "la imputada organizó el desapoderamiento a sus legítimos propietarios de los terrenos" y "la distribución en diversas parcelas asignadas a diferentes familias, en la forma de `manzanas´, obteniendo un rédito económico", además de coordinar "el suministro al lugar del servicio de agua potable de la empresa ABSA, cuyas conexiones fueron obtenidas de manera ilegal".
La investigación se inició cuando se produjo la irrupción organizada de decenas de familias en tierras (un área de 600x250 metros) que la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) había cedido a la Unión Ferroviaria (ambas entidades denunciaron lo sucedido).
Pese a los intentos de disuasión por parte de la empresa de seguridad privada del predio sindical, de la Policía y de la Municipalidad, las personas no desistieron en su actitud y se avanzó en la causa penal.
Cabe destacar que parte de los terrenos aún continúan ocupados y que el año pasado la Justicia bahiense rechazó dictar una orden de desalojo de las tierras.
Las pruebas
El juez señaló que a partir de diversos testimonios se logró identificar a la procesada como responsable de la situación, lo que luego se ratificó a partir de intervenciones telefónicas y elementos secuestrados durante dos allanamientos ordenados por la justicia.
En uno de ellos, según consigna el fallo, la policía incautó "un teléfono, una libreta de papel, una serie de cuadernos y papeles con dibujos de una manzana y listados de apellidos e importes de dinero, y fotografías de mangueras y conexiones".
Indica además que el análisis del celular permitió el hallazgo de conversaciones "que daban cuenta que, por entonces, la imputada se encontraba en tratativas para coordinar la realización de obras de conexión precarias y clandestinas con el objetivo de dotar de agua a las familias ocupantes del barrio. Por otro lado, también se observaron conversaciones en donde Paillamanque hablaba con terceros sobre las familias que `habían comprado terrenos´ en el sitio".
Por último, Foglia consideró que el cúmulo de pruebas "se valora en conjunto con el reconocimiento efectuado por la propia imputada, lo que permite corroborar que los hechos existieron y fueron cometidos por ella".
Además de la pena de ejecución condicional, el magistrado determinó que durante dos años Paillamanque deberá obedecer una serie de reglas de conducta y realizar tareas comunitarias, a razón de dos horas semanales.
En este sentido, se indicó que la mujer ofrecerá de manera gratuita un curso de costura en una organización barrial de nuestra ciudad.