Las empresas generadoras de electricidad rechazaron la propuesta de pago del Gobierno

Redacción de La Nueva.

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La Asociación de Generadores de Energía Eléctrica de la República Argentina (AGEERA) publicó una nota en la que manifestó su rechazo a la modalidad de pago que el Gobierno les ofreció para cancelar las deudas por compra de energía producidas entre diciembre y febrero con la entrega de un bono a 2038 (AE38).

Este miércoles, mediante la resolución 58 de la Secretaría de Energía, publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno oficializó el mecanismo para intentar cubrir la deuda que la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) mantiene con las generadoras eléctricas y las productoras de gas y que totaliza US$1250 millones.

La norma otorga un plazo de cinco días hábiles a las empresas para aceptarla, pero ya generó los primeros rechazos. “La mencionada Resolución dispone respecto de LA DEUDA, que CAMMESA deberá determinar el monto correspondiente con cada Acreedor del MEM (según dicho término se define en la misma) y luego firmaría acuerdos individuales para abonar los meses de diciembre 2023 y enero 2024 en bonos AE38, y el mes de febrero 2024 en efectivo”, resumió AGEERA en su nota.

Según estimó la consultora Outlier, la aceptación del bono AE38 para cancelar las deudas de diciembre y enero, a valor nominal y al tipo de cambio oficial “A 3500″ del día siguiente de la aceptación formal por los acreedores supone —dada la paridad actual del bono (49%)—, una pérdida muy fuerte para las generadoras. Las primeras estimaciones indican que la quita representa más de la mitad de lo adeudado.

Desde AGEERA alertaron por el incumplimiento unilateral de los contratos y sus consecuencias para las inversiones en el futuro. A la vez, recalcaron que CAMMESA “debe la totalidad de las ventas de los meses de diciembre de 2023, enero y febrero de 2024, encontrándose próxima a vencer la transacción de marzo del corriente año” y que no canceló la deuda a pesar de tener “fondos disponibles provenientes de cobranzas de la demanda y de aporte del Tesoro Nacional”.

“Si bien se rechaza la Resolución en su totalidad, el hecho de sujetar el pago de febrero (para el cual como se dijo en el párrafo precedente, CAMMESA posee fondos disponibles desde mediados de abril) a la firma de un acuerdo en el cual se acepte el pago en bonos para los montos correspondientes a diciembre y enero (con la quita que ello implica), resulta especialmente inaceptable”, continuó la nota.

En la nota de AGEERA, detallan los motivos de su rechazo a la propuesta oficial, entre ellos, que "afecta los derechos contractuales de los agentes generadores y resulta una violación a su derecho de propiedad privada e impacta en los compromisos financieros asumidos por algunos generadores con quienes otorgaron financiamiento para desarrollar las inversiones en sus respectivas centrales".

Además, sostuvieron que implica una quita adicional en la remuneración de los generadores que venden su energía al spot en pesos, la cual ya se había visto desvalorizada por la elevada inflación de los últimos meses. También afectaría en forma directa los programas de operación, mantenimiento e inversión en generación incrementando innecesariamente el riesgo del sistema eléctrico, en particular a las centrales que venden su energía al spot, en pesos y a precios desactualizados.

Como manifestaron, esta medida representa para la entidad una alteración de los contratos adjudicados en procesos licitatorios públicos lo que genera un precedente que desalentará nuevas inversiones, como ya sucedió en el pasado. "Compromete la responsabilidad de CAMMESA y del Estado Nacional (Secretaría de Energía), en tanto la misma afectaría derechos adquiridos de los agentes generadores los cuales forman parte de su propiedad", sumaron. 

También dijeron que afecta la seguridad jurídica en general, y de manera particular en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

“Queremos destacar que una modificación unilateral, tanto en los contratos como en los demás derechos adquiridos, repercutiría fuertemente en el mercado eléctrico y las señales para inversión futura, así como en la credibilidad financiera de las empresas, del mercado y del país. De esta manera, un problema financiero del mercado energético se convertiría en un incumplimiento del Estado Nacional, fuerte signo de falta de seguridad jurídica”, advirtió AGEERA.

Finalmente, la organización remarcó que, ante la falta de pago por parte del Gobierno, muchas de las compañías generadoras tuvieron que reprogramar mantenimientos, diferir la cancelación de costos operativos corrientes o aplazar el tratamiento de paritarias. Todo ello, concluyeron, “afecta el desarrollo normal de nuestra actividad y compromete críticamente la continuidad operativa del Sistema Argentino de Interconexión (SADI)”. (TN)