Bahía Blanca | Martes, 07 de mayo

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Mediación: el desafío de lograr consensos en una sociedad poco tolerante

La oficina, que está a cargo de la abogada Soledad Munguía, pertenece a la fiscalía e interviene en unos 500 casos por año. Cómo funciona y para quiénes sirve.

Fotos: Pablo Presti-LN.

La intolerancia, las dificultades económicas y otras serie de circunstancias hacen que en la actualidad los conflictos entre las personas muchas veces sean dirimidos de manera violenta.

Estas conductas son denunciadas y comienza a intervenir la Justicia a través del Ministerio Público Fiscal, que desde hace tiempo dispone de un sistema alternativo para la resolución de problemas, a través de la Oficina de Mediación.

En nuestra ciudad funciona en el edificio ubicado en Moreno 25 e interviene en un promedio de 500 causas por año.

La mayor parte de los hechos en los que intervienen tiene relación con casos de amenazas, seguidos por las lesiones y los daños.

El espacio, a cargo de la abogada Soledad Munguía, plantea una respuesta y un enfoque distintos a los conflictos.

“La Justicia penal, en su forma tradicional, tiene una respuesta retributiva, es decir, ante un hecho corresponde que se aplique una determinada sanción. La instancia de mediación permite abordar la situación con una mirada restaurativa, poniendo el foco en los intereses de la víctima, en el ofensor y en el daño que ocasiona el hecho, no solo al damnificado sino a la comunidad”, explicó Munguía.

Sobre el origen de la mayor parte de las actuaciones que llevan adelante, dijo que “mediamos muchos conflictos que tienen que ver con cuestiones vecinales o familiares, que terminan constituyendo el delito de amenazas”.

“Por ahí el conflicto tiene que ver con que el vecino estacionó su auto reiteradamente en mi vereda y desencadenó una forma violenta de resolución, que puede terminar en un daño, amenaza o lesiones”, prosiguió.

La abogada admitió que esta situación es consecuencia de una marcada violencia que se experimenta en la sociedad actual.

“Muchas veces esas formas violentas de resolución de cuestiones cotidianas, que deberían dirimirse de otra manera, devienen de una situación de intolerancia social o porque no se encuentra la manera o el lugar para gestionar este tipo de conflictos”.

Espacio de diálogo

Munguía destacó que las instancias de mediación son voluntarias y requieren del consentimiento expreso de las partes.

“Se trata de buscar la reparación de ese daño, que muchas veces no tiene que ver con lo económico, sino con el pedido de disculpas, el compromiso de que no se reiteren los hechos o la realización de tareas comunitarias que se puedan consensuar”.

Siguió diciendo que “es la posibilidad de resolver el conflicto en función de los propios intereses y por las condiciones que se plantean, Muchas veces ese compromiso hace que los acuerdos sean sostenibles en el tiempo, porque no son impuestos sino autoregulados”.

Consideró además que “es un espacio de escucha y de, algún modo, la posibilidad de encontrarse con las partes y que haya un funcionario representando el Poder Judicial y que ofrezca ese lugar”.

Agregó que la intervención de la oficina plantea “una cuestión preventiva, porque permite desinstalar el conflicto y evitar escaladas”. 

La letrada manifestó también que "el foco de atención son las necesidades de las víctimas y de los autores o responsables del delito, y de la responsabilización por las consecuencias del hecho para las partes, pero no a través del castigo".

Mayoría de acuerdos

Detalló Munguía que el 75% por ciento de las actuaciones finaliza con un acuerdo entre las partes y que un porcentaje muy bajo rechaza la mediación.

Algunas causas no prosperan por la falta de presentación de una de las partes -por voluntad propia o porque no puede ser localizada- o debido a que el hecho analizado escapa a ese ámbito.

“El número que manejamos de ingresos es similar en los últimos años. Los resultados son alentadores, porque hay mucha gente dispuesta a resolver las cuestiones mediante estos procedimientos”.

Munguía describió que hay 34 oficinas de mediación en la provincia y que en nuestra región, además de la de Bahía Blanca, funciona otra en Tres Arroyos.

“Intervenimos en delitos que son considerados menores, aunque no lo son para quienes los sufren”.

La dependencia toma parte en delitos que potencialmente no tienen una pena mayor a 6 años de prisión, es decir aquellos correccionales.

Están excluidos por la ley delitos contra el honor, violencia de género, robo y hechos cometidos por funcionarios o personal de la administración pública en el ejercicio de su función.

La funcionaria detalló que se toma parte en conflictos interpersonales o en casos de contenido patrimonial, como estafas, retenciones indebidas, daños o hurtos.

También intervienen en circunstancias relacionadas con delitos culposos, como los incidentes viales.

“Cuando no hay temeridad, es decir que hay una falta de cuidado pero no existe alcoholemia positiva o exceso de velocidad, por ejemplo, está la posibilidad de que las causas lleguen a mediación. Muchas veces la necesidad de la gente es que se le repare el daño y no la aplicación de una sanción”, dijo.

Por otra parte, mencionó que la pandemia dejó, como saldo positivo, la utilización de los medios digitales para realizar audiencias por videoconferencia y llegar de manera más fácil a otros sitios.

La oficina trabaja con la colaboración de las diferentes ayudantías fiscales.

La modalidad de la mediación también puede alcanzar a las personas vinculadas con la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil.

Viajar sin pagar y donación de leche

Origen. Un caso particular en el que intervino la Oficina  de Mediación se produjo cuando dos jóvenes tomaron un taxi y, al arribar a destino, escaparon sin pagar. En medio de la fuga entraron en una casa ajena y finalmente fueron aprehendidos.

Arrepentimiento. Tanto los acusados como el taxista afectado aceptaron el proceso de mediación. Los jóvenes admitieron estar arrepentidos y ofrecieron abonar el viaje a un valor superior.

Respuesta solidaria. El conductor del auto de alquiler aceptó el ofrecimiento, pero pidió que con ese dinero los jóvenes imputados compraran cajas de leche para ser llevadas a comedores de la ciudad. Así sellaron el acuerdo.