Bahía Blanca | Jueves, 18 de abril

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Condenan a una empleada “infiel” que se llevó $14 millones

Condenaron a una mujer que engañó 6 años a su patrón, dueño de una estación de servicio, al adulterar los ingresos.

La Justicia bahiense confirmó la condena a una empleada "de confianza" de una estación de servicio que se llevó más de 14 millones de pesos al adulterar sistemáticamente las planillas de ingresos por la recaudación diaria.

Sin embargo, la acusada no irá a la cárcel porque la pena, por el delito estipulado, de defraudación por administración infiel, es baja: recibió un año de prisión en suspenso y tendrá que cumplir distintas reglas de conducta por 3 años.

Se trata de Patricia Lorena López, de 40 años y oriunda de Huanguelén, a quien le confirmó la sentencia la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, por los hechos registrados en la estación de Cabrera y Pilmaiquén, cuando funcionaba bajo la bandera de YPF.

De esa manera, la Sala I, integrada por los camaristas Gustavo Barbieri y Pablo Soumoulou, ratificó lo que había resuelto tiempo antes la jueza en lo Correccional Nº 4, María Laura Pinto de Almeida Castro.

La defensa de López, encabezada por el abogado Sebatián Martínez, apeló el fallo de primera instancia pero la Cámara desestimó los planteos.

Entendía Martínez que había violación del derecho de defensa porque -según su argumento- al momento de la ampliación de la indagatoria le imputaron el hecho como hurto y la jueza Pinto, sospresivamente, la condenó por defraudación por administración infiel, es decir un delito distinto al que ella se había defendido.

Estaba acordado

La Cámara Penal, al abordar los planteos de la defensa, explicó que a la condena se llegó mediante juicio abreviado, con el acuerdo entre las partes sobre la calificación legal y el monto máximo de pena a imponer.

Y surge del acuerdo que la calificación atribuída al delito imputado era -alternativamente- la de hurto, aunque también figuraba la defraudación por administración infiel, explicaron.

"De ese mismo instrumento se desprende la conformidad del representante técnico de la encartada, quien "...deja constancia que se ha comunicado previamente con su asistida, quien le ha manifestado su absoluta conformidad con el trámite de juicio abreviado y con la calificación y monto de la pena requerida por el Ministerio Público Fiscal", afirmó Barbieri.

"Siendo ello así, no puede surgir ahora un agravio en razón de la calificación atribuída al hecho por el que fuera condenada su pupila, pues aquella fue expresamente contemplada -en modo alternativo- al momento de concretarse el acuerdo del juicio abreviado", aseguró.

Por otro lado, ya en la requisitoria de elevación a juicio la fiscalía había planteado "alternativamente" que la calificación legal podía ser hurto o defraudación por administración infiel.

La Cámara explicó que para que se afecte la garantía constitucional de defensa en juicio es necesario que "se haya producido una mutación esencial entre el hecho intimado y la base fáctica contenida en el documento acusatorio, con el hecho juzgado".

Más de 17 mil planillas

Patricia López ingresó a trabajar en la empresa de combustibles en 2011 y las maniobras delictivas, detectadas recién mucho tiempo después, se habrían registrado entre enero de 2012 y marzo de 2018.

El titular de la firma comenzó a sospechar a comienzos de 2018 de que algo irregular pasaba, porque, a pesar del crecimiento en las ventas, la empresa tenía graves problemas económicos.

Por ese motivo rehizo las planillas de caja, a fin de cotejarlas con los ejemplares que le envíaba López, detectando que las planillas confeccionadas por su empleada mostraban un menor nivel de ventas y de efectivo disponible.

En algunos tramos, por ejemplo, determinó faltantes de unos 30 mil pesos diarios.

El arqueo y la pericia contable demandó la revisión de más de 17 mil planillas de cierres de turno.

En esos balances diarios se contaban distintas operaciones de venta, como las de 3 surtidores de combustible líquido, 3 de GNC y dos cajas habilitadas en el shop).

La empresa constató un perjuicio total de 14.181.330 pesos.

¿Para alquilar un vientre? 

Confesión. Detectada la maniobra, López confesó el hecho en una reunión con sus jefes. Prometió devolver todo, ofreció propiedades, pero solo entregó 900 mil pesos y se desconectó.

Coartada. Al admitir el hecho, dijo en esa reunión que hacía lo posible por tener un hijo y que sabía que en Estados Unidos podía alquilar un vientre, pero que tenía un costo muy alto.

Destino. Después también dijo que parte del dinero lo había destinado a su casa y también para la atención de su madre.