Juicio a Cristina: contrataciones a Báez por 228 millones de dólares en la mira de los fiscales

Redacción de La Nueva.

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   El fiscal Diego Luciani retomó los alegatos en el juicio por la presunta corrupción en la obra pública para analizar lo que denominó "la caja clandestina para Lázaro Báez " en relación "a los contratos de remediación de canteras" que se licitaron en Santa Cruz "con fondos nacionales".

   Los contratos de remediación de canteras "fueron un sistema de sustracción de fondos fácil para Báez " ya había indicado el fiscal. 

   Estos contratos son parte de las 51 obras que le fueron adjudicadas al Grupo Austral. La fiscalía señaló "la primera remediación más de 38 millones de dólares, no tenía asignación de presupuesto, lo mismo pasó con otra modificación millonaria de obra", remarcó.

   En palabras de Luciani, las modificaciones de obras para la remediación de canteras fueron un ensayo para lo que vendría después. "Fueron ilegales como las simuladas licitaciones. Se entregaron de manera ilegal a las empresas de Lázaro Báez " remarcó Luciani. El total de estos contratos demandaron "más de 220 millones de dólares para tareas simples".

¿Qué es la remediación de canteras?

   En toda obra pública vial se necesita extracción de material rocoso o arena para la preparación de las distintas capas de lo que sería la nueva traza. Se saca una gran cantidad de material para después poder asfaltar encima del mismo. Esa extracción mineral se hace en algún lugar cercano al obrador de la obra para que llevar eso a la traza sea lo más económico posible.

   Cuando la obra termina, conforme a las leyes provinciales, el constructor está obligado a remediar la cantera. Es decir, dejarlo de la forma más natural a lo que encontró ese suelo con el material que no se usó más el material vegetal de la zona. Se tapa el lugar y se trabaja con topadoras.

   En el caso de Austral Construcciones se realizaron seis licitaciones como si se trataran de caminos. “Nunca vimos algo así en todo el país”, dijo Javier Iguacel al respecto. Porque se entiende que la remediación de las canteras es algo que corresponde al constructor, no un nuevo contrato con partida presupuestaria aparte, que es lo que ocurrió con Lázaro Báez.

   Se licitaron seis contratos bajo el título “Remediación de Canteras”, de las pocas que figuran en el informe como concluidas. Pero, eso sí, con redeterminación de costos. El dinero comprometido al tipo de cambio oficial de entonces ascendió a 228 millones de dólares.

Una licitación de 220 millones de dólares "sin competencia"

   Luciani señaló que empresarios con mucha experiencia en el sector "no se enteraron" de las millonarias licitaciones para la remediación de canteras que ganaría Austral Construcciones. "Lázaro Báez sí se enteró y las ganó todas". El Ministerio Público Fiscal volvió a referirse a "un sistema simulado de licitaciones, un sistema opaco, sin la publicidad que la ley exige".

   Además señaló que las mismas "no fueron denunciadas en el Registro Nacional de Obra Pública". Tampoco se tramitó el certificado de capacidad de la empresa "No la tenían", explicó Luciani. Esto fue para sacarlas del circuito de control y competencia"

   De esta forma "se garantizaron los organizadores que sólo ganara Báez " los 228 millones de dólares "dejando afuera cualquier competencia". "Acá también Lázaro compitió contra Lázaro Báez", sostuvieron. 

   Al momento de explicar cómo inició el proceso licitatorio para la remediación de canteras,  Luciani señaló que fue producto de un pedido realizado desde el Poder Legislativo provincial. "Es decir, el pueblo de Santa Cruz pidió que Lázaro Báez remedie canteras", dijo.

   "Nos preguntamos si esto era prioritario,  algo financiado por el Estado Nacional, destacando lo importante que es la cuestión ambiental. Fuimos a los trámites,  a los expedientes que eran todos desprolijos y eso es una señal ", agregó Luciani.

   Antes del pedido formal de la Cámara de Diputados provincial, Vialidad provincial ya había resuelto avanzar con estas licitaciones para la remediación de canteras. "Ya había puesto en funcionamiento este mecanismo", sostuvo.

   En este punto señaló que "los jefes de la asociación ilícita ya habían decidido que se usaría este sistema para darle fondos ilegales a Báez ". Se trata de una cifra de 228 millones de dólares, que incluyen el monto de obra así como las modificaciones aplicadas a cada licitación.

   Al analizar los contratos adjudicados al Grupo Báez para la remediación de canterías, la fiscalía señaló que “se trató de una farsa, de un sistema simulado” similar al de las rutas. Luciani explicó que los plazos de obra con los equipos comprometidos “era imposible". "Se certificaron metros cúbicos que requerían más de 57 veces los equipos comprometidos, en otros casos se hubieran necesitado 114 equipos más”.

   Después mostró las modificaciones de plazos y de costo “que se concretaron previo a las elecciones”, deslizó Luciani. Pero volvió al expediente y señaló “que ejecutar el volumen proyectados con los equipos en algunos casos demandaba 11 años". "Era imposible y ¿nadie lo observó?”, se preguntó.

   Estos planteos fueron acompañados de la documentación correspondiente a cada expediente generado para la remediación de canteras. Según se desprende de su análisis, hay certificaciones que "para ejecutar lo declarado en un mes hubieran demandado seis años con esos equipos" “Hemos corroborado que estas obras nunca se hicieron, que las remediaciones no se realizaron y Báez ganó más de 220 millones de dólares”, señaló Luciani.

   Luego de un breve receso, el fiscal Sergio Mola continuó los alegatos. Se ocupó de detallar “irregularidades y actos abusivos vistos en cada acto administrativo”, los cuales muestran que “todo fue un ropaje jurídico para actos ilegales”, refiriéndose a las 51 licitaciones que recibió Lázaro Báez.

   “Como venimos exponiendo no tenemos duda que las licitaciones públicas convocadas por la administración se trataron de aparentes y direccionadas a Lázaro Báez”, agregó Mola. En este sentido, la fiscalía avanzó en esta línea argumentativa y sostuvo: “No hubo licitaciones, lo que hemos visto es contratación directa” a favor del mismo grupo económico.

   “Un mecanismo fueron las resoluciones ad referéndum, dando una inexplicable celeridad con la que se actuó en cada licitación”, señalaron. Sobre este punto Mola añadió que las obras “fueron direccionadas, recibían fondos sin pasar por los órganos de controles y esto permitió que se designen partidas presupuestarias millonarias”.

   La fiscalía analizó “cómo se bloqueó la participación de otras empresas en los procesos licitatorios”, porque colocaban “plazos exiguos, imposibles para los oferentes entre comprar los pliegos y realizar la oferta”. Mola citó a varios empresarios, que afirmaron que los estudios "son complejos y demandan a veces hasta 30 días que es el plazo para cotizar después de los estudios técnicos”.

   Mostró uno de los “tantos ejemplos donde vemos que los plazos impuestos eran insuficientes desde cualquier punto de vista, para cualquier empresa". "Eso evidencia que no se buscaba la mejor oferta posible, sino que se buscaba que no haya oferta para direccionar las obras hacia las empresas elegidas”, amplió el fiscal.

   Para el Ministerio Público Fiscal no se otorgaron “plazos reales” a las demás empresas para comprar los pliegos licitatorios “hacer un examen real y profundo de la licitación para poder realizar la oferta. Esto era una clara apariencia de legalidad”, insistió Mola.

Fuente: "Clarín"