"La culpa de que el jardín no se terminara no fue de las empresas"

Redacción de La Nueva.

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Por Pablo Andrés Alvarez / [email protected]

   El representante legal de una de las empresas que fue denunciada por el Ministerio de Educación por no cumplir con la construcción de casi 100 jardines de infantes en todo el país, uno de ellos en el barrio Villa Irupé de nuestra ciudad, señaló que la paralización de las obras se debió a los incumplimientos del propio Estado.

   “Una cosa es lo que dijo el ministro Trotta y otra muy distinta es la que figura en los expendientes. A nuestro entender, los jardines no se terminaron porque el Estado no quiso”, señaló Maximiliano Gorg, quien representa a la firma Bahía Blanca Viviendas, una de las que conformaba la UTE (junto a Escarabajal SA) que se había adjudicado las licitaciones para edificar establecimientos educativos de nivel inicial en nueve provincias: Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Neuquén, La Pampa, Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos.

   Uno de ellos quedó inconcluso, con alrededor del 70% de avance de obra, en el barrio Villa Irupé de nuestra ciudad.

   “Está demostrado que las empresas siempre tuvieron buena voluntad para desarrollar este proyecto. Hasta incluso pusieron dinero de sus propias arcas para no frenar las obras y que después no pudieron recuperar”, agregó el letrado bahiense.

   Las dos empresas que conforman la UTE (Escarabajal y Bahía Blanca Viviendas) presentaron la convocatoria. Esa unión transitoria estaba conformada en un 95% por Escarabajal Ingeniería, que tiene sede en Río Gallegos, y un 5% por Bahía Blanca Viviendas, radicada en Comodoro Rivadavia.

   “La empresa a la que represento nunca tuvo sede en nuestra ciudad. Es de Comodoro Rivadavia y su nombre se debe a que una de las hijas del fundador nació aquí. Y no es una empresa fantasma o creada para producir un hecho de corrupción. Tiene muchísimos años de trayectoria en el sur”, agregó.

   Según Gorg, el ministro Trotta brindó datos inexactos en la conferencia de prensa en la que explicó los motivos por los cuales realizaba una presentación en la Oficina Anticorrupción.

   “Dijo que eran 92 los jardines que tenían a cargo estas empresas, pero en realidad eran 73. Porque el propio Ministerio anuló la licitación de los 19 restantes, por lo que nunca se comenzaron”, aclaró el abogado.

   “Y de esos 73 jardines, todos tienen diferente porcentaje de obra, pero la gran mayoría supera el 70%. No es que no se hizo nada y las empresas se llevaron todo el dinero, como dio a entender”.

   Cabe recordar que, basándose en una auditoría interna que realizó el Ministerio, Trotta señaló que se destinaron 62 millones de dólares a la unión transitoria de empresas (UTE) de Bahía Blanca Viviendas SRL y Escarabajal Ingeniería.

   “Pero la realidad es que la demanda del Estado, en ambos concursos, es por 8 millones de dólares y no por los supuestos 62 millones”, dijo.

   Gorg señaló que en el pliego de licitación figura un artículo por el cual se certificaban los trabajos realizados al llegar al 50%, al 75% y al 100% de obra.

   “Después de pagar la primera certificación, el Estado no pagó más y evitó certificar a muchos al superar el 75% para no desembolsar más dinero. Por eso, hay muchos que están al 70% y varios más que están entre el 80% y el 90%, pero no fueron certificados y, por ende, las empresas no pudieron cobrar lo que les correspondía por contrato”.   

   Puntualmente, el de Bahía fue certificado al 50% y no lo volvieron a inspeccionar.

   “Como las obras no eran certificadas en tiempo y forma, no se pagaban. Y en la gran mayoría de los trabajos, las empresas lo seguían con dinero propio para no frenarlas. Creo que el ministro no estuvo bien informado o asesorado. Cuando dice que ningún Jardín se terminó, en realidad debe reconocer que los jardines no fueron certificados en su avance real de obra por el propio Estado”.

   En ese sentido, Gorg demostró que se presentaron 39 expedientes administrativos que no fueron contestados por el Estado, en los que las empresas piden, entre otras cosas, la actualización de las certificaciones y que se regularicen los pagos.

   “En el medio, hay una demanda por 100 millones de pesos de las empresas al Estado, reclamando dinero que pusieron sin corresponderle por la demora del propio Estado en certificar las labores realizadas. Aquí no fallaron las empresas, sino el propio Estado, que las abandonó y las desamparó en el medio del proceso de construcción”.

   El conflicto se profundizó con el cambio de gobierno, que se negó a certificar obras que había comenzado el anterior.

   “Cuando deciden rescindir los contratos, la UTE impugnó esa decisión. Y pidió que antes de rescindir, el Estado pague hasta donde los trabajos se desarrollaron y que les permitan terminarlos. Por ejemplo, hay jardines que se certificaron cuando llegaron al 50% de avance de obra y se frenaron en un 70%. Ese 20% de diferencia lo absorbieron las propias empresas con recursos propios”.

   Esto se agrava aún más, porque las empresas tienen muchísima mercadería ya comprada.

   “Por ejemplo, hay varios contenedores en puerto, con aberturas y perfiles. ¿Quién se hace cargo de esos gastos?”, añadió Gorg.

   En ese sentido, cuando se impugnó la rescisión, se impusieron los recursos jerárquicos para que lleguen al propio Ministro  y nunca fueron resueltos.

   “Curiosamente, antes de resolver sobre lo que solicitamos, ya le dieron los jardines a la provincia para que los terminen. Lo lógico sería que primero se resuelva todo lo actuado anteriormente”.

   Y agregó: “Entonces, la situación es la siguiente: no pagan la diferencia entre lo que se hizo y lo que se cobró; no resuelven lo jerárquico para habilitar la vía judicial, ensucian a las empresas y le ceden las obras a las provincias”.

   En otro pasaje de su denuncia, el ministro Nicolás Trotta indicó que el metro cuadrado fue calculado en 1498 dólares cuando en la actualidad se paga 870 dólares en la provincia de Buenos Aires, 675 en Salta y 708 en San Juan.

   “Sólo hay que remitirse al valor dólar de aquel momento y al de la actualidad. Cuando ésto se inició, el valor del dólar oficial era de 12 pesos. Y hoy está a 80. Y los precios de la construcción no subieron al mismo ritmo. De allí surge esa diferencia”.

   Y cerró: “Estamos hablando de empresas con 30 años de trayectoria y todos los vecinos dicen que los trabajos se desarrollaron muy bien mientras pudieron hacerlo. No fueron creadas para un fin delictivo, como quisieron dar a entender. Lamentablemente, estas cuestiones pasan porque no hay políticas de Estado y los que pagan las consecuencias son los vecinos, porque hoy tienen un jardín terminado al 70% con muy pocas posibilidades de ser finalizado. Cada vez que cambia una gestión, ocurren este tipo de cosas”.