La emergencia modifica muchas rutinas gubernamentales

Ricardo Salas

rsalas@lanueva.com

   “En política, lo que comenzó como un filme clásico apocalíptico, donde el personaje malo a vencer es el virus y el chico bueno de la película al que hay que ayudar el presidente Alberto Fernández, ya se transformó en un gran hermano virtual, donde cada cual atiende su juego”, señalan en las diagonales.

   Era lógico que Axel Kicillof y los intendentes no acepten asumir el “costo político” de flexibilizar nuevas excepciones o facilitar la “hora de recreo social” por temor a que esa medida termine generando la propagación de un virus altamente contagioso. Nadie quiere jugar con fuego. Implica un riesgo muy alto de que se disparen los contagios.

   Al revés de lo que ofreció el presidente Fernández que, en un principio, parecía ser el principio del fin de la cuarentena, las “excepciones bonaerenses” podían derivar en un retroceso de unos casilleros como en el “Juego de la Oca”. Por eso, la balanza se inclinó en mantener cerrada, bajo siete llaves, la nueva fase de distanciamiento social.

   El cumplimiento de la cuarentena que, podría durar “por lo menos” todo el invierno, no pasa exclusivamente por un control policial. Es necesario apelar a la responsabilidad ciudadana.

   Sobre ese escenario y junto a su infaltable equipo de mate como equipaje de mano, Kicillof redobló el diálogo con intendentes para evaluar no sólo la posibilidad de medidas puntuales de excepción del aislamiento para actividades y servicios municipales y la nueva fase por habilitar la “circulación peatonal acotada”, sino también la situación financiera de cada distrito.

   Por cierto, el esquema de ayuda económica que el mandamás bonaerense pretendió darle a los municipios despertó los primeros chispazos entre oficialistas y opositores en plena pandemia del coronavirus.

   “Estamos trabajando contrarreloj. No tengo tiempo para responder chicanas”, se le escuchó decir al Gobernador sobre algunos cuestionamientos de parte de líderes opositores.

   “Volvió el látigo y la lapicera del cristinismo ortodoxo”, dijeron alcaldes amarillos, casi todos capitaneados por el intendente de Vicente López, Jorge Macri, un activo referente de los jefes comunales del Pro.

   Los municipios deben recibir el apoyo económico que la Nación brinda a la provincia de Buenos Aires a través de mecanismos de distribución equitativa como el CUD y no “discrecionalmente”, apoyaron desde el bloque de senadores de Juntos por el Cambio.

   El mensaje llegó a la Gobernación de calle 6. Kicillof después ratificó su compromiso de asistir en mayo a los jefes comunales para el pago de salarios: se acordará un cronograma de desembolsos con las autoridades municipales. 

   La PBA ya asistió financieramente a los municipios que no contaban con recursos para pagar sueldos (más otras prestaciones básicas y las demandas sanitarias que genera la pandemia) a través de Aportes del Tesoro Provincial (ATP) y el “Fondo de contención muncipal” durante el mes pasado.

   Como obsesivo economista, Kicillof se enoja bastante cuando se siente injustamente cuestionado, mucho más cuando se trata de la difusión de números “irreales”. Ahí es cuanto pide que rápidamente algún ministro salga a responder alguna crítica puntual a través de la ministra de Comunicación Pública, Jesica Rey. En general, los encargados de contestar son su jefe de Gabinete, Carlos Bianco o la ministra de Gobierno, María Teresa García.

   De tanto ir a presionar contra el arco gubernamental de Kicillof, (por “abrir” el palacio legislativo para volver a sesionar, por ejemplo) la oposición de Juntos por el Cambio se comió un certero contragolpe oficialista. 

   El peronismo del Frente de Todos respondió con una, por ahora presunta, chicana política.

   Piden una modificación de la Ley Impositiva bonaerense y sugieren una redistribución de la carga tributaria para aquellos sectores de mayor poder adquisitivo.

   El senador “ultra K”, Francisco “Paco” Durañona, propone ni más ni menos que un “impuesto a la riqueza bonaerense” con subas en el impuesto inmobiliario (urbano y rural), inspirado en la iniciativa para grabar excepcionalmente a los mayores patrimonios que impulsa Máximo Kirchner a nivel nacional.

   En el caso de la Provincia, pretenden un aumento en alícuotas de Ingresos Brutos para los sectores de mayores recursos de un 30 por ciento para ayudar a monotributistas y cuentapropistas ante la crisis económica.

   La idea que sobrevuela una nube de misterio es “embolsar” unos 2 mil millones de pesos por mes hasta fin de año para atender la emergencia sanitaria y social. 

   “Va a afectar a los grandes contribuyentes, los mismos grupos que en enero último defendió la oposición de Juntos por el Cambio en la Legislatura para evitar una suba en las alícuotas de Ingresos Brutos para cableoperadores de televisión”, confrontan desde el kirchnerismo parlamentario.

   De a poco, la oposición viene abandonando sus “buenos modales” para adoptar una posición mucho más crítica. Al menos, en términos discursivos o mediáticos.

   En la Legislatura bonaerense se acumulan proyectos y pedidos de informes por datos oficiales sobre la evolución del Covid-19 en la Provincia, junto a los pedidos de fondos para municipios o sobre la liberación de presos en cárceles por riesgo de contagio de coronavirus.