Una etapa política con síntomas de aislamiento

14/3/2020 | 07:00 |

La columna semanal de Ricardo Salas, corresponsal de La Nueva. en La Plata.

Archivo La Nueva.

Por
Ricardo Salas

   A las urgencias por la renegociación de la deuda “ajena” y a las emergencias económica y social heredadas de la gestión Cambiemos, la gobernación bonaerense sumó ahora otra crisis coyuntural: la emergencia sanitaria por el coronavirus que parece estar llegando a la Argentina con una velocidad inesperada más aquellas medidas preventivas ante el brote de sarampión o el mosquito que causa el dengue.

   La sumatoria de casos importados de pacientes argentinos infectados por coronavirus también empujó al gobernador Axel Kicillof a enfocar su agenda de gestión a la hora de reforzar el protocolo para los equipos de salud e intensificar las acciones de prevención y contener posibles contagios en la Provincia.

   Claro que, la emergencia sanitaria mundial, puede significar también para el universo gubernamental una tabla de flotación, dentro de su estrategia de ir ganando tiempo político.

   Por la forma de aislamiento que sostiene el círculo íntimo ministerial, hasta daría la sensación que el propio Kicillof hubiera virtualmente decretado en “cuarentena” a su gabinete técnico de funcionarios.

   “No hablan con nadie, salvo con su gente de confianza”, se le escucha decir a más de un intendente “peso pesado” del PJ del conurbano. Palabras más palabras menos, esa frase se la podría adjudicar más de un jefe comunal propio. Ni hablar de la oposición.

   Durante la reunión semanal de “gabinete itinerante” en La Plata (esta vez se realizó en la sede de Educación), el atareado ministro de Salud, Daniel Gollán, celebró que en 90 días del gobierno “solidario y militante” de Kicillof, la Provincia haya ya superado “en millones” las dosis de vacunas para ser distribuidas en todos los municipios.

   Esto representa, sólo en febrero, que se repartieron casi un 70% más -entre las dosis distribuidas se encuentran las vacunas contra la meningitis y el sarampión- en comparación con las entregadas por el gobierno de María Eugenia Vidal en el mismo mes del año pasado. Efecto político del coronavirus.

   No obstante, ya cumplido el primer trimestre de gestión bonaerense, el carro sigue sin arrancar. Los nuevos aires le permitieron a Kicillof comenzar el ciclo lectivo con los chicos en las aulas (un dato no menor) pero la Provincia sigue sin presupuesto, sin actividad parlamentaria, con los ministerios semivacíos, y con gran parte de los funcionarios esenciales para la gestión todavía sin nombrar.

   El “shock de gestión” que se anunció no se nota en el día a día. Y las negociaciones paritarias están en proceso de cierre, pero lejos de las expectativas salariales del sindicalismo y los trabajadores estatales, docentes, judiciales y profesionales de la salud pública.

   Mientras tanto, en términos estrictamente legislativos el año no empezó, y lejos parece estar de hacerlo. Encima, con la chance certera de que se establezca una cuarentena generalizada por dos semanas en el horizonte cercano, la posibilidad de tratar la Ley de Presupuesto bonaerense parece una utopía.

   En las diagonales advierten que el Frente de Todos en el ámbito legislativo no parece tener todo el camino allanado en la primera línea de negociaciones con los interlocutores del arco opositor. Se subraya la necesidad de contar con el paquete presupuestario lo más pronto posible para empujar el “carro de la gestión”. En el andar después se acomodan los melones.

   Desde Juntos por el Cambio ya dejan saber que a la mesa de conversaciones llevarán planteos vinculados a los fondos para obras en municipios, entre otros. 

  Puntualmente, piden la continuidad del Fondo de Infraestructura Municipal. Pero en el plano político está claro que la pulseada tendrá como uno de sus ejes centrales un paquete de designaciones en “cargos de poder“ para distintos organismos que deberían repartirse entre el oficialismo y la oposición. En esa lista hay designaciones para el directorio del Banco Provincia, empresas del Estado y otros organismos .

   Recién ahora se está comenzando a discutir el reparto de las comisiones parlamentarias, que son los lugares estratégicos en el ejercicio legislativo del año. Y será una discusión ardua, sobre todo en el Senado, donde la oposición de Juntos por el Cambio es el bloque mayoritario, y en los papeles estaría en condiciones de aplicar su número para quedarse con los espacios más importantes.

   Claro que en la Legislatura todo se charla y se acuerda en un contexto de negociación casi cotidiano. Del manual de la mejor política.

   En este caso, una ley no escrita dice que las comisiones ministeriales, es decir Presupuesto, Asuntos Constitucionales y Educación, siempre están en manos de legisladores del oficialismo.

   Hoy los nombres de los legisladores que ocuparán cada una de las comisiones, y sobre todos de las tres o cuatro principales, están guardados bajo siete llaves, en una modalidad de acción política que se repite en esta gestión gubernamental y que parece constituirse ya en una marca registrada de la administración de Kicillof: el hermetismo total.

   También el conflicto con tufillo político que empieza a esbozarse entre los sectores agropecuarios y el nuevo Gobierno nacional es una preocupación creciente en la oposición. En ese derroche poco creativo, no pocos legisladores macristas s salieron a defender a los productores bonaerenses.

   Sin demasiado ruido, desde la gobernación vienen impulsando distintas acciones en busca de reactivación productiva. El ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez. abrió un espacio de diálogo con intendentes para lograr políticas públicas que impulsen la rentabilidad del sector agropecuario.

   En ese análisis también aparece el contenido presupuestario para revitalizar el Plan de Desarrollo del Sudoeste Bonaerense (Ley 13.647) que abarca a una docena de municipios de la Sexta. 

   El senador radical David Hirtz busca que la denominada “Ley del Sudoeste” obtenga mayores recursos de caja en la PBA. Es que durante años, “por ausencia de presupuesto desde la vigencia de la ley, o por una abundancia de burocracia en el funcionamiento del sistema, no han llegado esos beneficios” para mejorar la calidad productiva de la región.

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