Bahía Blanca | Domingo, 28 de abril

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La posible llegada de Farmacity encendió la alerta en la ciudad y la región

De acuerdo a datos que maneja el Colegio de Farmacéuticos de Bahía Blanca, en la Capital Federal han cerrado diez farmacias por cada una de Farmacity abierta.

Foto: Archivo La Nueva.

Por Mario Minervino / mminervino@lanueva.com

   En pocas semanas la Corte Suprema de Justicia deberá emitir su fallo acerca de la posible inconstitucionalidad del artículo 14 de la Ley 10.606, el cual ha impedido que la cadena Farmacity --que comercializa medicamentos, perfumes, artículos de hogar, óptica, entre otros muchos-- se instalara en territorio bonaerense.

   Para tomar una decisión, el organismo contará con la postura adoptada, la semana última, por la Procuración General de la Nación que, luego de ocho años de pleito, concluyó que, efectivamente, ese artículo contradice a la constitución Nacional en cuestiones relacionadas con "los derechos a la igualdad, el comercio y ejercer industrias lícitas".

   Esto significa que Farmacity, que tiene carácter de sociedad anónima --el impedimento para instalarse en la provincia--, podría ampliar su mercado, lo cual genera preocupación en los colegios de farmacéuticos bonaerenses, que tienen una mirada crítica sobre esta cadena, tanto por su modalidad operativa como por la afectación que hace al sistema de salud.

   La farmaceútica María Eugenia Beguiristain, miembro de la comisión directiva del Colegio de Farmacéuticos local, señaló a La Nueva. que si bien es difícil que Farmacity se establezca en Bahía Blanca, preocupa que sí lo haga en la región, lo cual significaría una afectación grave a las farmacias.

   "El grupo empresario ha dado un paso más para poder operar a pesar de ser una sociedad anónima, lo cual implica que no tiene un profesional responsable al frente de la farmacia. Eso es muy grave y se aleja del modelo que plantea la Organización Mundial de la Salud para el desarrollo de esta actividad", explicó.

   A la falta de atención personalizada y profesional al ofrecer un medicamento, se suma, al decir de Beguiristain, que se trata de una cadena comercial "que no sigue criterios sanitarios, sino empresariales", con lo cual establecen "estrategias comerciales" que apuntan a vender y eliminar toda competencia, hasta manejar el mercado.

   "Se encargan de deshacer el sistema sanitario afectando a las farmacias, sobre todo a las barriales, que cumplen una función vital para la sociedad", agregó.

Los datos

   De acuerdo a datos que maneja el colegio, en la Capital Federal han cerrado diez farmacias por cada una de Farmacity abierta, un impacto devastador si se considera que hoy funcionan, en esa ciudad, 143 locales.

   La posibilidad de instalarse en Bahía Blanca no resultará simple "aunque no imposible", de acuerdo a la directiva, ya que existen otras exigencias de la Ley que rige el funcionamiento de las farmacias, por caso la obligación de no ubicarse a 300 metros de alguna farmacia existente --lo cual impediría a la cadena instalarse en el centro-- al tiempo de reconocerse que las 126 farmacias existentes en la ciudad ya exceden las que por ley debiera haber (103, una cada 3 mil habitantes).

   También existe preocupación por su posible radicación en la región.

   "Es una empresa que llega con precios bajos, descuentos y promociones. Así aniquilan a cualquier competencia y luego manejan el mercado a gusto", finalizó.

La empresa

   Farmacity comenzó a operar en 1997. Hoy factura US$ 1000 millones anuales y ocupa 5 mil empleados.

   Además de medicamentos, comercializa productos de maquillaje, dietéticos, alimentos, bebidas, artefactos para el hogar, informática y maneja once marcas propias.

   Desarrolla una fuerte estrategia de ofertas y promociones 2x1, además de venta on line y atención las 24 horas.

   El dictamen de la Procuración General que permitiría a Farmacity expandirse tiene, al decir de analistas, un fuerte condimento político.

   Primero, porque se opone a una decisión de la provincia de Buenos Aires de excluir a Farmacity para asegurar el derecho a la salud por sobre cualquier ánimo de lucro. Segundo, porque quien judicializó el conflicto fue Mario Quintana, actual vice jefe de Gabinete de Mauricio Macri, quien en 2010 era el CEO de la empresa y hoy posee el 3% de las acciones de la firma.