Glasman: siguen buscando al autor intelectual del crimen
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A 15 años del asesinato del médico Felipe Glasman, desde la fiscalía aseguraron que continúan investigando la posible intervención de un autor intelectual que habría pagado a un sicario para cometer el crimen, a pesar de que los organismos de juzgamiento intervinientes entendieron que en el hecho no actuó un tercero.
Por la ejecución del caso, la justicia condenó en 2008 a Vicente Guillermo Colman a cumplir la pena de 27 años de prisión, tras hallarlo autor del delito de homicidio simple en perjuicio del exsecretario de la Asociación Médica de Bahía Blanca (AMBB).
Si la justicia hubiese encontrado a Colman culpable de homicidio calificado, tal como plantea la parte acusatoria, la Investigación Penal Preparatoria prescribiría hoy, al cumplirse exactamente una década y media del delito.
“Las causas por homicidio simple prescriben a los 12 años y las de homicidios calificados, a los 15. Hay que partir de la base de que Colman fue condenado como autor de homicidio simple, entonces la causa debería haber prescripto en 2014”, explicó Gustavo Zorzano, fiscal de la causa.
Sin embargo, para el representante del Ministerio Público la prescripción de la IPP es “abstracta” porque -dijo- no hay ningún imputado en relación con la autoría intelectual, por lo tanto la investigación sigue adelante.
La prescripción puede interrumpirse si el supuesto autor intelectual cometió otro ilícito con posterioridad al asesinato del exdirigente sindical. En tal caso, el plazo para la extinción de la acción penal comenzará a computarse desde esa fecha.
“El autor intelectual de un delito siempre es complejo a la hora de investigar, pero no es poca cosa que se halla descubierto y condenado al autor material del homicidio”, opinó Zorzano.
“Ninguno de los organismos intervinientes consideró condenar a Colman por homicidio calificado, porque nunca hubo prueba de que junto con él haya operado un autor intelectual o motivador para la comisión del asesinato, por eso lo condenaron por homicidio simple”.
“Igualmente, vamos a seguir buscando a esa persona porque entendemos que tiene que haber un autor intelectual”, completó.
“Entendimos prudente analizar las llamadas entrantes y salientes de los teléfonos que figuran en la causa, porque ese es el ADN de este tipo de delitos”, manifestó el titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 10.
Zorzano se refirió a la posibilidad de solicitar nuevas medidas investigativas, con la colaboración de la división Casos Especiales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
El actual fiscal general adjunto Julián Martínez resaltó, por su lado, el intenso trabajo hecho por una “inmensa” cantidad de personas en toda la provincia.
“Tenemos un cúmulo de documentación para compaginar y hay que finiquitar la investigación; esta causa puede prescribir acá como en cualquier otro país del mundo. Lamentablemente hay delitos que pueden llegar a no descubrirse”, opinó Martínez y añadió que trabajaron con 2 o 3 líneas investigativas.
“El que sabe exactamente qué pasó es el imputado y nuestra teoría es que fue un crimen por encargo cometido por un sicario”, ratificó.
“El doctor Long descubrió al autor material del hecho pese a las trabas que le pusieron desde varios ámbitos. La gente se olvida de que el autor del homicidio está preso y con condena firme”, finalizó Martínez.
Tres decisiones y una misma postura
El Tribunal en lo Criminal Nº 1 bahiense -compuesto en ese momento por los jueces Enrique Montironi, José Luis Ares y Mario Lindor Burgos-, el Tribunal de Casación Penal bonaerense y la Suprema Corte de Justicia provincial consideraron, cada uno a su turno, que no se probó la participación de un ideólogo o de “alguien que haya pagado” para la consumación del asesinato.
Por mayoría de votos de Ares y Burgos, el hecho recibió la calificación legal de homicidio simple en los términos del artículo 79 del Código Penal, con la agravante punitiva prevista en el 41 bis del mismo código, por haberse empleado un arma de fuego.
El doctor Montironi votó en consonancia con la hipótesis del por entonces fiscal de Delitos Complejos, Christian Long, quien planteó que se trató de un crimen por “precio o promesa remuneratoria”.
De acuerdo con el exmagistrado, Colman debería haber sido condenado como autor de homicidio agravado, delito que prevé pena de prisión perpetua.
“Nadie viene del Gran Buenos Aires a Bahía Blanca, lo espera a Glasman afuera de su consultorio y le pega dos tiros sin tener una motivación específica”, analizó el vocero.
“¿Puede un sicario que trabajó en organismos de Inteligencia y evidentemente actuó con mucho profesionalismo, venir a Bahía, hacer eso e irse? No, por eso seguramente hubo un interés económico o de otro tipo para que lo hiciera”, agregó.
El 20 de octubre de 2008, el TC1 le impuso a Colman la pena de 27 años de cárcel por el crimen de Glasman, pero en 2010 Casación redujo la sanción a 23 años de prisión, tras dejar sin efecto la agravante de utilización de un arma de fuego.
A mediados de 2013, al rechazar cada uno de los recursos presentados por las distintas partes en pugna, la Suprema Corte bonaerense dejó firme la condena. Colman hoy está preso en la cárcel de Villa Floresta.