Condenas parciales en Chile

Redacción de La Nueva.

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Mientras una avalancha de medidas cautelares originadas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -que tienen todas que ver con el maltrato sistemático a los detenidos por delitos de lesa humanidad en nuestro país, en abierta violación de las normas internacionales en la materia- ha comenzado a llegar a nuestras actuales autoridades nacionales, que son ciertamente responsables de que se mantenga esa grave situación, nos llegan ahora -también desde Chile- noticias que sugieren que lo que aquí todavía sucede está asimismo sucediendo del otro lado de los Andes. Razón por la cual, bien pudo hasta haber estado de alguna manera cuidadosamente concertado entre los regímenes que comparten una disimulada ideología radical -de izquierda- en nuestra propia región. A la manera de horrible venganza unificada.

Las columnas del diario chileno “La Tercera” han reproducido una grave denuncia formulada desde el blog de Axel Buchheister, un abogado trasandino que hace saber a todos que diecinueve senadores chilenos (incluyendo a cinco senadores oficialistas) han advertido explícitamente a la presidente Michelle Bachelet que los reclusos (militares y policías) que hoy padecen enfermedades graves e incurables están siendo maltratados por los responsables de las cárceles en los que se los aloja. Son, todos ellos, condenados en casos de “derechos humanos”. Ese es su extraño y triste “común denominador”.

Ellos están alojados en la prisión chilena de Punta Peuco y el sacerdote trasandino Fernando Montes viene señalando desde hace rato ya, con el obvio coraje del caso, lo que les sucede. Sin que nadie, hasta ahora, se mueva o diga ser directamente responsable de lo que ocurre. Lo que naturalmente es una vergüenza, por cierto.

La razón detrás de lo que sucede es presumiblemente un lamentable afán de revancha (no de justicia) que aparentemente motoriza a algunos. Para los detenidos de Punta Peuco no existe la igualdad de trato. Ni los derechos que les corresponden como personas humanas, en razón de su carácter de tales. Como consecuencia de su dignidad, entonces.

Curiosamente, también en Chile se dice que únicamente los agentes del Estado son responsables por los delitos que suponen la violación de los derechos humanos. Y eso es absolutamente falso.

Cuando, como en Chile o la Argentina, existió un “conflicto armado interno” se aplican las Convenciones de Ginebra, muy especialmente la llamada Cuarta Convención, para las que todos -sin excepción ni distinción de ningún tipo- deben responder por los delitos de lesa humanidad cometidos todo a lo largo de ese conflicto. Que son, por su naturaleza, imprescriptibles.

También deben responder los guerrilleros o los insurgentes por los delitos que ellos cometieron. No solamente los agentes del Estado, como algunos malintencionadamente sostienen. Todos, por igual.

Los llamados “crímenes de guerra” por las Convenciones de Ginebra son simplemente delitos de lesa humanidad cometidos durante el transcurso de los “conflictos armados internos”. Reitero, imprescriptibles.

Todos los cometidos, reitero, por cualquiera de las partes, no solamente por quienes actuaron pretendidamente en representación del Estado. Así de simple. Y así de serio.

Hora ya de respetarlo, para que no haya injustificables rincones de impunidad.