Bahía Blanca | Martes, 30 de abril

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Solicitaron penas de hasta 6 años y 9 meses por un fraude millonario

Involucra a 3 sindicalistas, un auditor de obras públicas y un empresario
Solicitaron penas de hasta 6 años y 9 meses por un fraude millonario . La ciudad. La Nueva. Bahía Blanca

El fiscal Rubén Alvarez pidió penas de prisión para tres sindicalistas, un auditor de obras públicas y un empresario, todos acusados de generar un fraude millonario en torno a la construcción del barrio de viviendas Viajantes del Sur, mientras que los defensores reclamaron la absolución.

El juez en lo Correccional Nº 2, doctor Gabriel Rojas, a cargo del juicio, ordenó un cuarto intermedio hasta el próximo jueves, cuando se dará a conocer el veredicto y, eventualmente, la sentencia.

Alvarez solicitó que a Carlos Ferreyra se le imponga la pena de 5 años y medio de prisión; 4 años para Juan Carlos Pistone y 3, de ejecución condicional, para Angel Paz, todos gremialistas de la Asociación Viajantes del Sur.

A su vez, entendió conveniente imponerle 6 años y 9 meses al empresario Marcelo Astradas y 4 años para el auditor del Instituto de la Vivienda provincial Carlos Lira, para quien también exigió inhabilitación perpetua para ocupar un cargo público.

El caso se originó hace varios años, cuando el gremio formalizó un acuerdo con el Instituto de la Vivienda para levantar 236 casas -finalmente construidas- en cercanías de la calle Indiada.

"Con el fin de procurar un lucro indebido, al menos en favor de Ferreyra y Marcelo Astradas y/o para terceros aún no identificados", se malversaron 4.214.213,30 pesos, sostuvo el fiscal en la acusación.

La maniobra habría consistido en que el gremio y el Instituto firmaron convenios y el ente bonaerense cedió fondos y el dominio de los terrenos al sindicato, que contrató a Marcelo Astradas (GMG Construcciones) para realizar la obra.

Este último, presuntamente de manera ilegal, habría designado a su hermano, Gustavo, para controlar los trabajos.

El sindicato transfirió créditos oficiales a Marcelo Astradas y renunció a su obligación indelegable de administrarlos.

Lira, a su vez, certificó falsamente los avances de obra y provocó que el Instituto pagara de más un 29,17%.