El gobierno salió a defender el proyecto de la expropiación

Redacción de La Nueva.

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 BUENOS AIRES (NA y DyN) -- El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, salió ayer a defender el proyecto de expropiación de la Compañía de Valores Sudamericana (ex Ciccone), asegurando que el Estado "no pondrá un peso" para hacerse de la empresa.

 Durante una conferencia de prensa junto a la titular de la Casa de Moneda, Katya Daura, Lorenzino explicó así la iniciativa enviada al Congreso para expropiar la empresa gráfica que, de aprobarse el proyecto, contribuirá a la impresión de billetes.

 "El Estado terminará no poniendo un peso para concretar esta expropiación", sentenció Lorenzino, quien precisó: "El proyecto de ley prevé que el Estado cobre sus acreencias de las deudas que la empresa mantenía con la organización tributaria", en referencia a la AFIP.

 El ministro y flamante interventor de la empresa sostuvo que la expropiación es el "primer paso para revertir un plan sistemático para desguazar la Casa de Moneda", afirmando que el objetivo es reforzar y mejorar las capacidades de ese órgano estatal.

 Argumentó que la capacidad ociosa de la Casa de Moneda llegó hasta un 50 por ciento durante la anterior presidencia del Banco Central, en referencia a Martín Redrado, enfrentado con el gobierno desde su salida del máximo órgano financiero.

 "Lo importante es la soberanía que podemos tener en materia de impresión de billetes y en papeles de seguridad. Hay un nuevo objetivo, pero no como algo privado que responde a un interés de sus dueños, sino integrada al Estado para tener el monopolio de la producción de los billetes", completó.

 El titular de la cartera económica señaló que el pase de la ex Ciccone a la órbita estatal "no se limita a asegurar la provisión de papel moneda local, sino que buscarán también exportar a otros países".

 Por otro lado, Lorenzino indicó que el gobierno espera un "rápido trámite" en el Congreso para tratar el proyecto de expropiación, que comenzará a discutirse este jueves en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales del Senado.

 La iniciativa fue enviada por el Ejecutivo el último martes al Congreso, luego de disponer por decreto la intervención de la empresa, a cargo de Lorenzino y Daura.

 La empresa es objeto de una causa por presunto tráfico de influencias que involucra al vicepresidente Amado Boudou y allegados, acusados de haber facilitado el levantamiento de la quiebra de la compañía a través de la AFIP.

 De hecho, en la causa se acusó al ente recaudador de otorgar presuntas facilidades a la imprenta para condonar dichas obligaciones por pedido del vicepresidente.

 Negativa de la UCR. Por su parte, la Unión Cívica Radical (UCR) afirmó ayer que "se opone al proyecto" para estatizar la exempresa Ciccone Calcográfica, porque consideró que no cuenta con información certera sobre la situación y accionistas de la empresa, alertando que la medida tiende a ocultar "un caso escandaloso de corrupción" en el Poder Ejecutivo.

  En una conferencia de prensa brindada en el Salón de "Pasos Perdidos" de la Cámara de Diputados, el presidente del Comité Nacional de la UCR, Mario Barletta, indicó que la estatización de la Compañía de Valores Sudamericana (ex Ciccone) "es una maniobra para proteger" al vicepresidente Amado Boudou, quien resultó involucrado en una causa judicial.

 El jefe del bloque de senadores, Luis Naidenoff, sostuvo: "No podemos seriamente apoyar un proyecto cuando se nos han negado la información sobre quiénes son los accionistas de la compañía y las deudas que tiene con la AFIP y otros organismos del Estado".

 Su par de Diputados, Ricardo Gil Lavedra, aseguró, por su parte, que "éste es un caso de corrupción escandalosa", apuntando que "Ciccone es el gobierno y ha cerrado la persiana para que no se perfore ninguna información".

  La posición del radicalismo también contó con el apoyo de los senadores Ernesto Sanz y Gerardo Morales, y el diputado Juan Pedro Tunessi, entre otros.