Horizonte complejo

Redacción de La Nueva.

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 Frente a una agenda dispersa, pero donde se impone una difícil negociación salarial con sindicalistas del sector docente, al margen del escenario de tensión entre el líder de Camioneros, Hugo Moyano, y el gobierno nacional, Daniel Scioli retomará mañana su agenda oficial con anuncios de inversión social para el Conurbano, después de viajar a Francia para realizarse chequeos médicos en la prótesis de su brazo derecho, el que perdió en un accidente de motonáutica.

 Es que, después del logro para la salud pública de la ley de Fertilidad Asistida en la provincia de Buenos Aires, que ya permitió 14 nacimientos y más de 10 consultas, el gobernador ahora se propone desarrollar la técnica más avanzada a nivel mundial de prótesis cosmética de manos y brazos en los hospitales públicos del mapa bonaerense.

 En ese contexto, y en un nuevo intento por superar adversidades, tanto políticas como de gestión institucional, Scioli intuye que febrero será, apenas, una de las hojas de un almanaque anual "complicado" para la Provincia.

 En primer lugar, porque las próximas semanas marcarán el inicio formal de la principal negociación salarial del año con gremialistas de trabajadores estatales y docentes.

 Dentro de la administración sciolista, aseguran que, en el ministerio de Trabajo, ya se pusieron en marcha las comisiones técnicas que participarán en las paritarias, aunque, por ahora, están a la espera de la pauta salarial que surja de las discusiones a nivel nacional.

 Los principales referentes sindicales del sector docente ya expusieron algunas de sus pretensiones, antes de sentarse a la mesa de negociación paritaria. Reclamarán, además de una suba salarial por encima del 25 por ciento, la ampliación del cobro de beneficios y que el sector sea eximido del pago de tributos.

 La Provincia sabe que los gremios irán por un aumento de "máxima" y, que mientras tanto, agitarán el fantasma de no iniciar el ciclo lectivo, cuyo comienzo está previsto para el 28 de este mes.

 La gobernación tiene decidido aguardar el cierre de las negociaciones a nivel nacional, que, en definitiva, marcarán la pauta del porcentaje salarial a discutir. Inclusive, hacen suya aquella definición del ministro Oscar Cuartango (Trabajo) cuando, el año último, al margen de reconocer la legitimad de las aspiraciones de mejorar los salarios, dijo: "No hay peor sueldo que el que no se puede pagar".

 Para Mirta Petrocini, de la FEB, "no hay ni piso ni techo salarial; vamos a ir a negociar con los números de la inflación no oficial". Fue una manera sutil de rechazar una propuesta de borrador del 18 por ciento, número que se maneja como el techo que quiere fijar la Rosada.

 Scioli sabe que, más allá de cualquier esfuerzo presupuestario provincial, la posibilidad de otorgar a los docentes un aumento "diferenciado" del que se disponga a nivel nacional dependerá, inexorablemente, de un nuevo apoyo financiero que pueda recibir de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

 En las últimas horas, la administración Scioli buscó también garantizar el inicio de las clases, con el anuncio de que invertirá más de 150 millones de pesos en la construcción y mejora de edificios escolares.

 En este caso, se realizarán 201 obras, entre las que se destacan la ampliación de 24 jardines, la construcción de 5 edificios nuevos para educación inicial y ampliaciones en 78 escuelas secundarias, se informó, sin precisiones sobre cuáles municipios podrían verse beneficiados con dicho plan de infraestructura escolar.

 En definitiva, la rigidez que puede adquirir la mayoría de las negociaciones paritarias podría, en la superficie, operar como "caldo de cultivo" que movería el amperímetro del malhumor social que se espera para "marzo y abril", cuando suban las tarifas del transporte público, del gas y de la luz.

 Mientras la etapa de receso legislativo está a punto de concluir, el gobernador deberá decidir hasta qué punto sostiene el "operativo de contención" que desplegó con el líder de la CGT, Hugo Moyano, para que desista de su renuncia a la vicepresidencia del PJ, en momentos en que la relación del dirigente camionero y la presidenta atraviesa el peor momento desde que el kirchnerismo está en el poder central.

 El gesto de Scioli en pleno conflicto tiene diversas lecturas políticas. "La pelea entre el gobierno nacional y Moyano no le conviene a ninguno", sostienen, dentro de la gobernación platense, e insisten con el argumento de que hay que priorizar la unidad por sobre las diferencias.

 De todos modos, el acercamiento de Scioli con Moyano encendió una señal de alerta en las tropas más duras del ejército kirchnerista puro. Para algunos, fue leído como un intento de ruptura o, al menos, un freno a la escalada de funcionarios de la Rosada sobre su gestión en la Provincia.

 Más allá de aceptar algún tipo de validez en esa interpretación política, no pocos ministros que desfilan por el despacho del jefe de gabinete, Alberto Pérez, sostienen que, con el pedido a Moyano, "Scioli demostró ser cien por ciento auténtico en pos de mantener la unidad. Daniel no se maneja con indirectas. Cuando tiene que decir algo, lo dice. No manda mensajes por los medios periodísticos".

 Más allá de este panorama, se espera que, con su tono habitual, el mandatario busque bajar los decibeles. En su entorno, creen que la decisión de Moyano no tiene vuelta atrás. Si el "operativo contención" al líder de la CGT queda en la nada, podría ser un nuevo síntoma de la sórdida guerra entre la Rosada y el gobernador.

 Si bien algunas actitudes o definiciones recientes de Scioli parecen ser tan sutiles como profundas, no pocos coroneles del kirchnerismo creen que el gobernador, por "cuestiones de supervivencia política y por su propio carácter personal, jamás va a pelear con Cristina". Podrá dar algún golpe sobre una mesa o manifestar aisladamente alguna queja (por razones de dependencia financiera), pero, por propia voluntad, es imposible imaginar un portazo de Scioli. Al fin de cuentas, es parte del kirchnerismo.

 Así, desde la Rosada, le impusieron a su vice, Gabriel Mariotto, quien, desde antes de asumir y cada día más, busca, con actos de "campaña permanente" y recorridas diarias por distintos municipios, instalarse políticamente en la Provincia. El mensaje de no quedarse quieto en La Plata (como lo hicieron la mayoría de los ex vicegobernadores) y marcar presencia política en representación de la presidenta Cristina es una clara indicación de la Rosada.

 Mariotto llegó para vigilar la gestión en la Provincia y, en el terreno político, para entrar también en el terreno que mejor juega Scioli, que es de mantener contacto directo con la gente ante cada visita institucional en un municipio.

 Como se sabe, el gobernador sigue reafirmando la voluntad de su gobierno de seguir impulsando "la pujanza de cada municipio" a través de "acciones concretas". Puntualmente, en materia de obras de infraestructura (viviendas, rutas y en relación a la matriz energética).

 Ese fue el compromiso que asumió, hace poco más de 10 días, en Laprida, durante una reunión de trabajo con una docena de intendentes, legisladores provinciales de la sexta y los ministros Cristina Alvarez Rodríguez (Gobierno), Cristian Breitenstein (Producción) y Alejandro Arlía (Infraestructura).

 Esa visita "protocolar" reciente podría haber pasado inadvertida en términos políticos, si no fuera porque distintos actores del sector interno que responde al ministro nacional del Interior, Florencio Randazzo, venían "gestionando", en La Plata, ser "escuchados personalmente" por Scioli, desde hacía un período de meses bastante prolongado.

 El alcalde anfitrión, Alfredo "Pichi" Fischer, jugó de local en aquella reunión de Scioli con los intendentes Marcos Fernández (Monte Hermoso), Patricia Covello (Villarino), Gustavo Trankels (Tornquist), Hugo Corvatta (Saavedra), Oscar Holzman (interino de Coronel Rosales), Julio Marini (Benito Juárez), Javier Garcés (interino de Patagones), Roberto Alvarez (Tres Lomas), Ricardo Móccero (Coronel Suárez), Juan Carlos Pellita (General La Madrid) y Néstor Alvarez (Guaminí). Estos dos últimos pretenden evitar el "recorte de tierras" pretendido a través del proyecto autonomista de Huanguelén. También estaban los senadores oficialistas Alejandro Dichiara, Diana Larraburu y Silvia Pérez y el diputado bahiense Marcelo Feliú.