Bolivia acuerda una frágil tregua
LA PAZ (Télam) -- Obligados por las desastrosas consecuencias de las inundaciones, los gobiernos nacional y provinciales debieron declarar ayer de hecho una tregua en el conflicto que mantienen por la validación de los estatutos autonómicos, la redistribución del Impuesto Directo a Hidrocarburos (IDH) y la revisión de la constitución boliviana.
El primer paso en ese sentido ya lo había dado el presidente Evo Morales hace 48 horas, pero aquella convocatoria chocó con un ultimátum formulado por los prefectos (gobernadores) opositores, que amenazaron con una serie de medidas de fuerza que luego levantaron.
Recién ayer los principales representantes del opositor Consejo Nacional Democrático decidieron pedir una reunión para declarar una tregua política por tiempo indefinido, aunque con algunos compromisos que el Ejecutivo nacional difícilmente acepte, como la suspensión de toda campaña de sociabilización del proyecto constitucional.
El presidente, en tanto, lejos de internarse en la discusión sobre las bases en las que debiera declararse la tregua invitó a los prefectos de Santa Cruz y Beni, Rubén Costas y Ernesto Suárez, respectivamente, a una reunión en La Paz para hablar sobre la reconstrucción y rehabilitación de las zonas afectadas por las inundaciones en ambos departamentos.
"No podemos estar en conflicto cuando el país se está ahogando", declaró el presidente del Senado, Oscar Ortiz, del opositor partido Podemos, al anunciar la convocatoria a la declaración de una tregua en el conflicto.
Ortiz informó que pedirán a Morales que convoque de manera inmediata a una reunión de emergencia a los prefectos a objeto de plantear esta tregua por 60 días de manera oficial.
Más allá de este reclamo, Morales ya avanzó en la búsqueda de consensos con la oposición para intentar aliviar los terribles efectos del fenómeno de "La Niña", que provocó inundaciones en vastas áreas del país.
En una conferencia de prensa, el mandatario dijo que la preocupación de su gobierno en este momento es atender las necesidades de la población afectada por el fenómeno climatológico y demandó la misma actitud de las autoridades regionales.