Denuncian a las AFJP por presunta defraudación

Redacción de La Nueva.

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 BUENOS AIRES (Télam) -- El fiscal federal Guillermo Marijuan denunció ayer a una decena de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) por haber liquidado bonos, presuntamente en las últimas horas, al enterarse que los beneficios previsionales pasarán a la órbita del Estado Nacional.

 Marijuan atribuye a las AFJP el presunto delito previsto en el artículo 174 del Código Penal, que establece penas de dos a seis años de prisión a quienes cometieren fraudes en perjuicio de la administración pública.

 La denuncia está contenida en 19 carillas, a la que Télam tuvo acceso, y que quedó radicada ante el juez federal Claudio Bonadío.

 Marijuan efectuó la denuncia en su carácter de titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (UFISES), y en ella pide que se investigue la posible comisión del delito de defraudación a la administración pública.

 También reclamó una medida cautelar "ante la inminencia de que el Estado asuma la dirección de un sistema único de jubilaciones y pensiones, se impone la necesidad de ordenar a las administradoras que se abstengan de efectuar operaciones financieras de los fondos que administran".

 Esa medida fue requerida ante la posibilidad de que se ocasionen "serios e irreparables perjuicios de imposible reparación ulterior, no sólo a sus afiliados sino también al Estado Nacional".

 Marijuan sostuvo que corresponderá a la Superintendencia de AFJP "efectuar el debido control sobre las inversiones realizadas por las administradoras hasta el día de la fecha".

 El fiscal reclamó el allanamiento a las administradoras denunciadas para "asegurar la prueba documental de interés para la pesquisa", y que "se haga lugar a la medida de no innovar peticionada".

Misma película. En base a informaciones periodísticas, el denunciante afirmó que el 77 por ciento de los 446.000 jubilados cuyos haberes son responsabilidad de las AFJP terminan siendo pagados con recursos del Estado, al tiempo que 33 mil personas que integran el sector pasivo y que están afiliadas a las AFJP reciben el total de un haber del Estado.

 Ello es así "por cuanto sus aportes ya no existen más; 220 mil reciben la mitad; y para otras 100.000 una parte del haber es estatal; apenas 23 por ciento, es decir 103 mil jubilados cobran todo su haber de la AFJP", según reseñó.

 "El nivel de títulos públicos que tienen las AFJP (cerca del 60 por ciento) se convirtió en 'un régimen de reparto caro, donde el Estado paga altas tasas de interés y los particulares grandes comisiones'", se afirma en otro de los párrafos de la denuncia.

 Marijuan citó cables de agencias de noticias según los cuales "la actual crisis pone brutalmente en evidencia que el sistema privado es conceptualmente inadecuado. El Estado tendrá que salir a rescatar de una forma u otra a los futuros jubilados del sistema".

 En el escrito se señala que ayer "se produjo otra abrupta caída de los mercados locales reseñándose por los matutinos de la fecha que los bonos cayeron hasta un 12,5 por ciento y la Bolsa un 3,3".

 "Frente a los serios y fundados argumentos de modificar el sistema de jubilaciones y pensiones existentes y que trascendieran", las AFJP habrían "efectuado operaciones financieras en claro detrimento de los intereses de sus afiliados, dilapidando los fondos en clara violación a las disposiciones legales vigentes".

 El fiscal se preguntó "si puede considerarse una inversión o un acto de administración la acción común desplegada por varias sociedades privadas distintas en pos de liquidar sus posiciones a cualquier costo, cuando ya sabían que había una disposición estatal de absorberlas".

 Entre las medidas de prueba solicitó que se requiera al Mercado de Valores y al Mercado Abierto Electrónico (extrabursátil (MAE) que informe, con "carácter de urgente trámite", la totalidad de operaciones financieras efectuadas por las AFJP en los últimos siete días.

Prohibición judicial

 La justicia prohibió por una semana que las AFJP realicen operaciones, con el objetivo de evitar que puedan modificar su cartera de inversiones, mientras se investiga si, como denunció el fiscal Guillermo Marijuán, las empresas habrían querido defraudar al Estado ante la inminente estatización del sistema de reparto.

 Ayer, el juez federal Claudio Bonadío dictó una medida cautelar para evitar que las empresas puedan modificar la cartera de clientes.

 Enterado de la decisión judicial, el presidente de Profesión+Auge Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, Horacio López Santiso, minimizó la denuncia que recayó sobre las empresas Arauca Bit, Consolidar, Profesión + Auge, Futura, Previsol, Máxima, Met, Nación, Orígenes, y Unidos.

 Marijuan solicitó al juez federal Claudio Bonadío que investigue la actuación de los titulares de las AFJP y que disponga una medida de no innovar de cara a que las gestoras "se abstengan de efectuar operaciones financieras de los fondos que administran". Ese freno se aplica a:

 * Operaciones de crédito público de la Nación.

 * Títulos emitidos por entes estatales.

 * Obligaciones negociables a corto y largo plazo.

 * Plazos fijos.

 * Acciones de sociedades anónimas y de empresas privatizadas.

 * Fondos comunes de inversión.

 * Títulos valores extranjeros.

 * Contratos negociables de futuros y opciones.

 * Cédulas y letras hipotecarias.

 * Fondos de inversión directa.

 * Fideicomisos financieros estructurados y otros fideicomisos financieros.

 * Proyectos productivos o de infraestructura, economías regionales.

 * Inversión de trámites irregular no previsionadas.

 * Inversión en trámite irregular neto de previsión.