Bahía Blanca | Domingo, 10 de agosto

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¿Es o no un delito de lesa humanidad?

Un fiscal rosarino deberá dictaminar si el secuestro, cautiverio y asesinato de un oficial militar por parte de la guerrilla es un delito de lesa humanidad e imprescriptible. El expediente está basado en el caso del coronel Argentino del Valle Larrabure, raptado el 11 de agosto de 1974 por una célula del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) durante un asalto a la fábrica de armas de Villa María (Córdoba).


 ROSARIO (DyN) -- Un fiscal rosarino deberá dictaminar si el secuestro, cautiverio y asesinato de un oficial militar por parte de la guerrilla es un delito de lesa humanidad e imprescriptible.


 El expediente está basado en el caso del coronel Argentino del Valle Larrabure, raptado el 11 de agosto de 1974 por una célula del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) durante un asalto a la fábrica de armas de Villa María (Córdoba).


 Los guerrilleros se llevaron al oficial, de 42 años, y lo encerraron en lo que se denominaba "cárcel del pueblo" --construida en el sótano de una casa de Rosario (Santa Fe)-- durante poco más de un año (372 días). Su cadáver apareció con signos de estrangulamiento y golpes.


 La causa estaba archivada desde 1975, cuando se ordenó la captura de Aurora Brunet de González, y el hijo del militar, Alberto Larrabure, a principios de este año se presentó en el juzgado federal cuatro, a cargo del juez subrogante Germán Sutter Schneider, que lleva los casos por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la lucha antiguerrillera en el ámbito del II Cuerpo de Ejército.


 Larrabure reclamó al magistrado que declare al episodio como crimen de lesa humanidad, la reapertura de la causa y el juzgamiento de los responsables de la muerte de su padre.


 "Pido a Vuestra Señoría que, por un momento, se sitúe en mi piel, padeciendo conmigo. Que piense que ese hombre torturado, flagelado y ahorcado vilmente, que ve en las fotos, es su padre. Pregúntese qué sentiría si al tener finalmente la causa en sus manos, hubiera comprobado que tan sólo tenía un cuerpo, sin interrogatorios, sin procesamientos, sin condenas", planteó.


 El juez dio vista al fiscal Francisco Sosa, quien se negó a reabrir la causa alegando que la acción penal estaba prescripta, por tratarse de un delito común "insusceptible" de ser encuadrado en el concepto de crimen de lesa humanidad porque no intervinieron agentes estatales, en coincidencia con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia.


 Larrabure replicó que el fiscal negó el derecho a ser oído mediante un recurso efectivo ante la justicia y, además, alzarse contra la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y contra la opinión del fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo.


 Recordado por su tarea como fiscal adjunto del juicio a las juntas militares durante el gobierno alfonsinista, Moreno Ocampo declaró tiempo atrás que los crímenes cometidos por la guerrilla como los perpetrados por las fuerzas estatales y la Alianza Anticomunista Argentina (AAA) deben ser considerados delitos de lesa humanidad.


 En medio del disenso entre la fiscalía y el querellante, Sutter Schneider elevó la causa al fiscal de Cámara Claudio Palacín quien, ahora, deberá expedirse. Tiempo atrás ya dictaminó a favor de declarar como delito de lesa humanidad al asesinato del dirigente peronista Constantino Razzetti por la Triple A.