Qué dice la primera parte del expediente

Redacción de La Nueva.

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 A primera hora de la mañana de ayer, los medios de prensa pudieron acceder a la copia de la primera parte del expediente iniciado por el fiscal Gustavo Zorzano, con relación al caso Lopes.

 Entre otras cuestiones que investiga la Justicia, y que fueran adelantadas en su edición de la víspera por "La Nueva Provincia", el escrito gira en torno a las supuestas facturas "truchas" entregadas a empresas del polo petroquímico, a cambio de dinero y otras cuestiones irregulares como la presunta utilización indebida del vehículo oficial del intendente.

 En tal sentido, se consigna que Lopes, según la declaración de su secretaria, Micaela Schwenzel, le prestó su automóvil oficial, un Chevrolet Vectra, al intendente del municipio de La Costa, Juan de Jesús, para que este realizara un viaje de placer a San Carlos de Bariloche, en noviembre del año pasado.

 También dijo saber que existieron reuniones entre directivos del polo petroquímico y el intendente, las que fueron coordinadas por el contador Hugo Borelli (actual secretario de Gestión Pública), para la fecha de la campaña de las elecciones del año pasado.

El poder de Grimberg

 En otro tramo de su declaración, la secretaria de Lopes señaló que Grimberg, sin perjuicio de ser ex funcionaria, tenía una influencia determinante en las decisiones municipales y, si bien no contaba con un despacho en la comuna, lo cierto es que, a través de su teléfono celular, operaba en la toma de decisiones con muchos funcionarios, como Culotta, Samparisi y Dritanti.

 Sobre la relación de Grimberg y Samparisi, respondió que era buena, aunque recuerda que la increpó por un episodio acontecido con una empleada de ceremonial y que, cuando le comentó lo sucedido a Grimberg, esta le dijo que no quiera ocupar lugares que no tiene, que la mano derecha ya está, aunque no esté presente y que la pusiera en su lugar y le bajara los humos.

 Consignó que le constaba que se realizaron cenas para obtener fondos para la campaña y que sabía de tratativas con las empresas del polo para obtener colaboración financiera.

 Luego de relatar un episodio, ya consignado ayer por este diario, donde Grimberg le entregó un dinero para el "jefe" (por Lopes), aclaró que Grimberg y Mirta Martínez, mientras eran ex funcionarias, seguían utilizando teléfonos celulares de la comuna.

Amenazas de Ojeda

 Preguntada por la Fiscalía, Schwenzel dijo haber recibido en ocasiones a la señora Gladys Ojeda, diciendo que quería ver al intendente.

 Luego agregó que Ojeda la amenazaba con contar en los medios lo realmente sucedido en el Concejo Deliberante, haciendo referencia a los tumultos ocurridos, en 2005, en el cuerpo deliberativo local.

 Dijo también que Grimberg, a fines del año pasado, fue a hablar con el doctor Luis Urizar, director de Región Sanitaria I, quien le manifestó que todos sabían que ella no iba a trabajar desde que dejó el cargo de secretaria de Desarrollo Humano y Social y, sin embargo, seguía figurando como empleada y cobrando el sueldo correspondiente.

 Aclaró que el período en el que la funcionaria municipal pidió una licencia en la Región Sanitaria I sin goce de sueldo, lógicamente caducó al momento de dejar la función pública en el municipio y, para salvar esa situación que podía aparecer como un escándalo público, Urizar le propuso que apareciera como ejerciendo una función de nexo entre la Provincia y el municipio, en lo que podía ser una coordinación del Seguro de Salud.

 Respecto de lo dicho, quiso aclarar que la función de coordinadora era sólo una pantalla utilizada por Grimberg, para poder seguir actuando en política.

La cuestión empresarial

 Jorge Hernández, gerente de Relaciones Institucionales de Profertil, fue uno de los directivos de las empresas del polo petroquímico que prestó declaración testimonial ante el fiscal Zorzano.

 Allí, según consigna el expediente, señala que, a fines de octubre pasado y puesto en contacto con Lopes, este le solicitó que asista, de alguna manera, a la biblioteca de Villa Mitre, haciendo referencia que había sido presidente de dicha entidad, que ahora pasaba por diversos tipos de necesidades.

 Hernández dijo que solicitó que miembros de la biblioteca se pusiesen en contacto con la empresa, a fin de conocer las necesidades y el 28 de octubre recibió una carta pidiendo un aporte económico de 42 mil pesos, para atender los problemas.

 "Con fecha 31 de octubre se recibió una nota firmada por los integrantes del bloque de concejales del Frente para la Victoria (FVP), solicitando se dé curso a lo requerido por la biblioteca", indicó.

 Luego, entre otros aspectos, comentó que, en ningún momento, se sintió presionado a colaborar por parte de Lopes o de Reneé Morbiducci (presidente de la SF de Villa Mitre), sino que lo interpretó como una operatoria habitual en el marco de la colaboración de la empresa con la comunidad.

 Por su parte, Angel Oscar Appignanesi, quien se desempeña en el sector Cuentas de PBB-Polisur, explicó en sede judicial que en Bahía Blanca sólo se realiza la registración contable de las facturas, mientras que, tanto el pago como el traslado de la registración contable a los distintos libros de IVA, se realiza en las oficinas de Buenos Aires.

 Cuando el fiscal le mostró una orden de pago a nombre del imprentero Néstor Hugo Ricciotti, Appignanesi dijo que el responsable de la aprobación de la factura es Marcelo Chalub, gerente de Relaciones Institucionales, quien cumple funciones en la Capital Federal.

 También señaló que, dentro de la empresa, todo lo que se relaciona con la publicidad de la compañía hacia la comunidad bahiense es manejado por Marcela Guerra, quien, oportunamente, informa en Buenos Aires a su superior, Marcelo Chalub.

 María Silvia Arró, encargada del área Cuentas a Pagar de Solvay Indupa, dijo que la firma autorizante de la factura presentada por MB Comunicaciones (elemento sospechado por la Justicia) es del gerente Edgar Bosso, por ser una contratación directa.

Dos diálogos telefónicos

 Los siguientes diálogos se encuentran consignados en la primera parte del expediente y fueron producto de la intervención de teléfonos celulares, dispuesta por la Justicia.

Denuncia I

 Entre Nora Martínez y su hermano Eugenio.

 Nora M: Escuchame, yo lo que no sé si voy a hacer público es lo de Antonio Saavedra (empleado municipal). Vos sabés que me llega una denuncia que la tenía Estela (Navarro) y no le habíamos dado bolilla.

 Eugenio M: ¿A quién, a Saavedra?

 N: Sí, vos sabés que tiene el empleo de Cultura y su mujer, viste que yo tengo todos los datos, Perla Jerez, cobra un subsidio de Desarrollo local de 400 pesos y cada uno de los hijos uno de 200 pesos, más la peña que ellos tienen, un subsidio mensual de 800 pesos. (...) Y sí, es cierto, Así que vos pensá, 400 pesos, creo que tiene tres hijos (600 pesos), es decir, mil pesos, más el sueldo, más el teléfono, más los 800 pesos para la peña. Dejame de j...

Denuncia II

 En otra de las escuchas consignadas en el expediente se reproduce un diálogo entre Mónica Grimberg y José Knecht, secretario privado de Lopes, donde este último le dice que fue él quien le informó al intendente "lo que se robó Osvaldo Micca", por entonces subsecretario de Infraestructura.

 Le dijo que lo hacía mediante las obras de cordón cuneta, agua, luz, pavimento, etcétera, y que esto era vox populi en toda la Municipalidad.

 También le dijo a Grimberg que dicho informe se lo pasó verbalmente al intendente, en presencia de testigos, no sabiendo qué actitud tomaría Lopes.

 Luego se mencionan conceptos del capitán Héctor Abel Maggi, donde señala que en la intervención por 15 días del celular de Micca, a este se lo notó sumamente cauto, cuidadoso y hasta extremadamente cortante en las conversaciones que mantenía, razón por la cual no sería de utilidad investigativa una nueva intervención.