Para la defensa del juez el caso de la CCIyS fue armado

Redacción de La Nueva.

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 "El llamado caso Corporación fue una situación armada para desprestigiar al juez Gustavo Salvatori Reviriego, en el marco del proceso de pedido de juicio político que fue presentado en su contra, no tiene más razón de ser que esa".

 La consideración fue efectuada por el doctor Néstor Fernández Lorenzo, abogado del camarista en el juicio por injurias que Salvatori Reviriego entabló contra el presidente del Colegio de Abogados, doctor Gerardo Salas, en relación a declaraciones de este publicadas en "La Nueva Provincia", el 25 de junio de 2004.

 Entonces, una comisión ad-hoc había comenzado a investigar si existieron o no irregularidades en la Justicia local y uno de los primeros temas que abordó y sacó a luz fue la llamada causa de la Corporación del Comercio, Industria y Servicios.

 En declaraciones a este diario, Salas describió que se trató de "un cobro de un crédito que tenía la doctora Delia Laiuppa y en el que también intervino su marido, el camarista Gustavo Salvatori Reviriego".

 Sobre el particular, consideró que "hay irregularidades en la conducta de ambos --Salvatori Reviriego y Laiuppa-- que merecen, por lo menos, una investigación seria, para determinar la responsabilidad de cada uno respecto de esta causa", agregando que, en el caso del magistrado, bastan para solicitar un jury de enjuiciamiento.

 "Acá, hay toda una conducta desplegada en forma conjunta por el matrimonio (ella como abogada y él como juez) que lleva a un resultado que implica la comisión de algún delito, porque dicha conducta estuvo dirigida a torcer la voluntad de otra persona (en este caso, de la Corporación), para obtener un beneficio desmedido, que no correspondía", explicó.

 Estos dichos se cimentan en que los integrantes del Colegio de Abogados sostienen que, a fines de 2002, la Corporación entró en concurso de acreedores y que éstos arribaron a un acuerdo (plasmado en un convenio homologado), por el que iban a cobrar sus deudas a largo plazo.

 No obstante, Laiuppa, una de las acreedoras, decidió impugnar el acuerdo y solicitar que se decrete la quiebra de la Corporación.

 Por considerar que la impugnación podía prosperar, la Corporación entró con la abogada en una serie de negociaciones. Al decir del Colegio, ella, por medio de presiones, habría aceptado que la firma Alwin compre su crédito pero haciendo subir el monto inicial acordado del pago de la deuda, que era de 15 mil dólares, a 22 mil dólares, además de la aclaración (de la abogada) de que sólo iba a entregar recibo por 35 mil pesos.

 Según la documentación de Alwin, la compañía pagó a la letrada 35 mil pesos, pero el Colegio sostiene que hubo otros 12 mil dólares que se habrían entregado al matrimonio en negro, respondiendo a sus exigencias.

 
Acusaciones. Ayer, durante la segunda jornada del juicio, prestaron declaración miembros de la nombrada comisión ad-hoc, tales como Raúl Woscoff, Iván Budassi y Héctor Furlong, además de los empresarios de la CCIyS, Oscar Marbella y Eduardo Martín.

 Los abogados mantuvieron la citada posición atribuida al Colegio y que puede resumirse en las palabras de Furlong, quien señaló:
* "Salvatori Reviriego participó en el acto escriturario donde su cónyuge cedió su crédito a favor de la empresa Alwin SA, a la que, previamente, había denostado, calificándola de fraudulenta y acusándola de estar actuando en nombre de la Corporación y diciendo que todos los antecedentes merecían ser elevados a la justicia del crimen. No obstante eso, ella (la doctora Delia Laiuppa) cedió su crédito a la misma empresa impugnada, con el agravante de que a ese acto compareció su esposo".
* "En el mismo, el crédito fue cedido, en el mejor de los casos, en la suma de 35 mil pesos, que excedían en mucho lo que la Corporación había ofrecido pagar a los restantes acreedores, con lo cual se generaba una manifiesta desigualdad en el trato de los acreedores, principio no querido y sancionado por la ley".
* "Si bien está en discusión cómo se pagó el excedente que el matrimonio había solicitado para ceder ese crédito y que se efectuó "en negro" hasta llegar a la suma de 22 mil dólares, según los dichos de Jorge Bonacorsi, presidente de la Corporación, él mismo dio en mano a Salvatori Reviriego 12.400 dólares en una sala apartada de la escribanía Méndez".
* "El hecho de que Salvatori Reviriego y Bonacorsi se retiraron a una sala contigua fue corroborado por el mismo escribano Méndez".
* "Existe una pericia o informe técnico de un experto en lingüística y lenguaje que afirma que el escrito donde la doctora Laiuppa impugna el acuerdo logrado por la Corporación con sus restantes acreedores, es similar y respondería al mismo autor de la sentencia dictada en el caso Gutiérrez, que sirvió como antecedente para que ellos presionaran".

 "A saber: el 23 de octubre de 2002 se presentó la impugnación de Laiuppa y, ocho días más tarde, salió la sentencia en el caso Gutiérrez, y los motivos de esta resolución son exactamente iguales que los que iban a tratarse en el caso Corporación. Cabe aclarar que la sentencia del caso Gutiérrez es de la Cámara a la que pertenece el doctor Salvatori Reviriego y que la misma fue votada por él".

 "En la sentencia decía que el acuerdo se caía porque la certificación de las conformidades no habían sido hechas de acuerdo con lo que establece la ley, exactamente el mismo motivo de impugnación de Laiuppa en el tema Corporación. Lógico era deducir que, más allá de que Salvatori se excusara en esa causa donde participaba directamente su mujer, sus pares iban a resolver de la misma manera que habían resuelto el caso Gutiérrez pocos días antes".


"Acá no se quiere investigar"

 Muy duro. Al término de la audiencia de ayer, Fernández Lorenzo dialogó con "La Nueva Provincia" y negó absolutamente que se haya pagado al camarista una suma de 12 mil dólares.

 "El doctor Francisco Costa, abogado de la Corporación, quien declaró el viernes, fue claro al señalar que en la firma de la escritura, que tuvo lugar en la escribanía Méndez, nunca hubo nadie separado del grupo y no hubo ningún cuartito", afirmó, en forma categórica.

 El letrado calificó la postura de los miembros del Colegio como "un armado que se hizo agregando elementos que, como surge del debate, son caprichosos".

 "Acá no se quiere investigar, simplemente se quiere buscar un estado de apariencia de ciertas cosas", aseguró.

 "Si no podemos ir a una escribanía a firmar una escritura estando seguros de lo que firmamos porque, por un solo dicho de una persona todo se puede torcer, entonces no tenemos ninguna seguridad jurídica, lo cual sería un desastre", prosiguió.

 También se refirió al supuesto parecido entre el pedido de impugnación de Laiuppa y la sentencia de la Cámara en el caso Gutiérrez.

 "Ninguno de los abogados supo explicar en qué se parecía, o diferenciaba, el precedente del pedido de la doctora. Simplemente mencionaron un artículo de la Ley de Quiebras, entonces es absolutamente intencionada la situación", consideró.

 Por último, Fernández Lorenzo cargó contra la Corporación.

 "La sociedad aparente Alwin había mantenido su independencia hasta esta audiencia. Acá, Bonacorsi y (el contador de la Corporación, Jorge) Longoni dijeron "Alwin soy yo", con lo cual han hecho una autoincriminación de un fraude procesal bastante importante. Más, hemos visto cómo, por medio de actas, se ha lavado dinero", acusó.