Sólo un efectivo declaró y se desvinculó del hecho

Redacción de La Nueva.

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 Un dispar paso tuvieron ayer ante la justicia, los tres policías acusados de extorsionar a un grupo de gitanos en marzo del año pasado, ya que, mientras uno de efectivos aceptó ser interrogado y, mediante un detallado relato, procuró desvincularse del delito que le endilgan, los coimputados prefirieron mantenerse en un completo silencio.

 El teniente Pablo Mile, quien revista actualmente en la DDI local, fue el único de los sospechosos que accedió a prestar declaración indagatoria ante el doctor Gustavo Diego Zorzano, fiscal adjunto de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 5, de Delitos Complejos.

 Según señalaron fuentes judiciales, unas dos horas y media le insumió al teniente Mile hacer un detallado relato de la forma en que se desarrolló el procedimiento que culminó con el arresto de lo que se denominó la "banda de los gitanos", a quienes se responsabilizó inicialmente por una serie de delitos, principalmente en la modalidad de "cuento del tío".

 Como se informó en anteriores ediciones, Mile, juntamente con el oficial Pablo Ríos y el capitán Roberto Salvador Becerra, están detenidos desde el miércoles pasado, sospechados de exigirle a una mujer una suma de dinero a cambio de no formarle una causa penal a un familiar suyo y de haberles "plantado" un arma a los imputados.

 Los tres efectivos se desempeñaban al momento del operativo en la seccional Segunda, de Roca 557.

 Además de la posesión de una escopeta calibre 24, los policías sindicaban a Carlos Omar Castilla (40), Jorge Daniel Miguel (23), a la mujer de éste, Isabel castillo (25), y a Hugo Ramiro Duarte (19), como autores de numerosas sustracciones, tanto en nuestra ciudad como en la región.

 En declaraciones públicas, Castilla afirmó que debió entregar 5.000 pesos en medio de una maniobra extorsiva, pero que "la causa la armaron igual".

 "Mile hizo su relato de los hechos, de lo que había pasado el 19 de marzo de 2004, de cómo ocurrió realmente el operativo, y se desligó él, a través de su relato, de toda la responsabilidad penal que se le reprocha, es decir haber colocado el arma y demás", explicó el vocero consultado.

 Según dijo el policía en su declaración, "si bien estuvo en el procedimiento, se encargó de algunas tareas ajenas a la localización del arma en el vehículo o de llamar a un testigo del procedimiento, y dio detalles, a partir de lo cual se impone la evacuación de citas para corroborar sus dichos".

 La fuente confirmó que Mile sólo se autodesvinculó de las acusaciones y que no realizó manifestación alguna que comprometiera a Ríos y Becerra.

 "Dijo que, en el operativo, cada uno hizo lo suyo, y la tarea de él fue reducir a una persona (Castilla), llevarla hasta un móvil, custodiarla y transportar el vehículo" Chevrolet Astra secuestrado durante el operativo, que tuvo lugar en la vía pública de Monte Hermoso.

 Además, el policía que aceptó ser indagado --cuyo traslado a la sede judicial de Estomba 127 se realizó a primera hora de la mañana--, aseguró que no tuvo participación alguna en los supuestos tormentos que Duarte habría sufrido mientras se encontraba detenido en la seccional montehermoseña.

 Ríos y Becerra --jefe de los otros dos acusados-- arribaron a la fiscalía pasado el mediodía, donde los aguardaba una guardia periodística, aunque ninguno emitió palabra ante el requerimiento de la prensa.

Fuertes indicios.

 La fuente judicial detalló los indicios que comprometen a los tres efectivos policiales, que están imputados de los delitos de falsedad de instrumento público, falso testimonio en causa penal, extorsión y torturas.
* Declaración de la mujer de Castilla, denunciante del caso.
* Relatos de los cuatro aprehendidos durante el procedimiento efectuado en Monte Hermoso.
* Testimonio del técnico que asesoró a la mujer y la proveyó del equipo de video con que se filmó la supuesta transacción ilegal con los policías. "Es importante porque da cuenta de la veracidad de todo el procedimiento de la cámara oculta y porque, al mismo tiempo que eso se hacía, observaba todo por una pantalla", sostuvo el informante.
* La cámara oculta en sí: una filmación nítida de la cual se digitalizaron fotografías y se transcribió el diálogo en un acta.
* Declaración de un oficial de la comisaría Segunda que era ayudante de guardia la noche en que la mujer de Castilla se entrevistó con el oficial Becerra.


"El que equivoque el camino va a ser sancionado"

 El superintendente Héctor Horacio Iglesia, virtual jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, afirmó anoche que la fuerza que comanda ha prestado su total colaboración con la investigación que lleva adelante la UFI Nº 5, a punto tal que la orden de detención del capitán Roberto Becerra se hizo efectiva en la misma ciudad de La Plata.

 "Se ha dado una respuesta dinámica al reclamo de la justicia; cuando me llamaron por el tema de la detención, dispuse que, en forma inmediata, se destacara a personal de alta jerarquía", expresó el funcionario en declaraciones telefónicas exclusivas a "La Nueva Provincia".

 Tras mencionar que la causa por la cual fueron arrestados los policías Becerra, Ríos y Mile es "del año pasado", Iglesia señaló que "son procesos que la justicia ha ido elaborando y que han finalizado con una orden de detención extendida por la juez de Garantías, (decisión) que me parece correcta para dilucidar bien qué sucedió".

 Por otro lado, negó el alto jefe policial que Bahía Blanca, donde recientemente fueron apresados varios efectivos por su presunta intervención en ilícitos diversos, sea una isla en el contexto provincial.

 "Hoy (por ayer), a las 18.30, en Dolores, fueron detenidos funcionarios de San Bernardo y Pinamar, que están acusados de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica de instrumento público y daño", ejemplificó.

 "El ministro (de Seguridad, León Carlos Arslanian) fue muy claro y el gobernador (Felipe Solá) también: 'Todo efectivo policial que se equivoque de camino, va a ser debidamente sancionado, judicial y administrativamente'", recordó el superintendente Iglesia.

 "A través de la ley de emergencia --agregó--, el ministerio puede, ante la presunción de que realmente son autores de un delito, decretar la prescindibilidad del funcionario y, con eso, creo que es una forma de autodepurar la institución".

 Iglesia indicó que "ahora la dinámica hace a que la institución misma cumple con lo que corresponde, para que nada quede, como se hablaba antiguamente, como códigos de silencio".

 "Acá es claro el tema y la orden del ministro ha sido muy específica en ese sentido", reiteró.