Durante el procedimiento, llevado adelante por personal de la Comisaría Primera, se realizó un allanamiento en un domicilio de calle México al 800, donde se detuvo a Carla Romina Dangelo, acusada del delito de hurto.

La investigación se inició a partir de la denuncia presentada por la conductora, quien manifestó que una pasajera le había sustraído una riñonera en la que llevaba documentación personal y distintas tarjetas.

 Según la información policial, la situación se agravó cuando los investigadores determinaron que, además del robo, la acusada habría utilizado una de las tarjetas para concretar compras por montos millonarios.

En el lugar, los efectivos no solo procedieron a la aprehensión de Dangelo, sino que también lograron secuestrar la totalidad de los elementos que habían sido denunciados como sustraídos.

La mujer quedó a disposición de la Fiscalía N° 7 del DJBB.

Se trata de Mauricio Mardones, de 34 años, quien, según informaron desde la Comisaría Segunda, había robado 220.500 pesos en efectivo pertenecientes a una docente de 50 años.

El hecho ocurrió en el establecimiento situado en Passo 1441.

Tras cometer el ilícito, Mardones intentó escapar y fue captado por las cámaras del Centro Único de Monitoreo (CEUM) cuando abordó un colectivo de la línea 503, interno 38.

A partir del seguimiento realizado mediante el sistema de monitoreo se lo pudo interceptar, alrededor de las 16:30, en Paunero al 200.

Se secuestraron prendas de vestir y el dinero sustraído, que posteriormente fue restituido a la damnificada, y quedó a disposición de la UFIJ Nº 15 del DJBB.

La diligencia se desarrolla en la delegación local de la Policía Federal Argentina, en Rondeau 139, donde se presentaron los profesionales de la salud investigados.

En la sede policial también se hicieron presentes testigos para validar la apertura de los dispositivos incautados a fines del mes pasado, según confirmó una fuente oficial.

Posteriormente se prevé que los peritos de la Policía Federal realicen la visualización o el análisis de los teléfonos celulares y la notebook pertenecientes a los sospechosos.

La finalidad es intentar encontrar información que los vincule con la desaparición del fármaco.

Efectivos de la Federal habían secuestrado los aparatos durante requisas hechas en los domicilios particulares y las taquillas de los involucrados en el sanatorio comunal.

La causa está a cargo del fiscal de drogas, Mauricio del Cero, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 19.

Del Cero indicó que en el marco de la investigación surgieron tres hipótesis, pero que una tiene más fuerza que otra: un posible conflicto interno por la distribución de horas extras en el área de Anestesiología.

A principios de abril, las autoridades del hospital habían denunciado la desaparición de 25 ampollas del potente anestésico.

Días después personal del establecimiento sanitario halló las ampollas vacías en el mismo sector de donde habían sido supuestamente sustraídas.

Se trata de una sala cercana al quirófano, cuyo acceso no está absolutamente restringido pero tampoco es público.

También se confirmó que esos envases corresponden al mismo lote que los desaparecidos.

Se trata de Axel Emanuel Santa Cruz, quien era asistido en el Hospital Penna por las lesiones tipo AB que padeció en un 5% de su superficie corporal, localizadas en el cuello y el rostro.

Por el caso permanecen detenidos Joaquín San Martín Araujo (29) y Roberto Alejandro Maiques (20), quienes están imputados de homicidio en grado de tentativa y se encuentran a disposición del fiscal Jorge Viego.

Al momento de ser indagados ambos decidieron hacer uso de su derecho y se negaron a declarar.

El hecho se produjo el sábado pasado, alrededor de la 1.30, en un inmueble ubicado en Cabo Farina y Segunda Ángel Brunel.

Según la imputación del Ministerio Público, los sujetos arrojaron dos bombas molotov al interior de la casa que no explotaron.

Posteriormente rociaron con combustible la puerta de ingreso y también a la víctima.

En esas circunstancias habrían lanzado otro explosivo de las mismas características contra la abertura del domicilio, provocando que el fuego alcanzara a Santa Cruz y le provocara las quemaduras.

La recepción de testimonios de personas que acompañaban al damnificado esa madrugada fue clave para esclarecer el delito y lograr la captura de los sospechosos, ambos con antecedentes por delitos contra la propiedad y tenencia de drogas.

La principal hipótesis que manejan los investigadores es que el hecho tendría relación con una deuda por drogas. 

Los voceros señalaron que el procedimiento, solicitado por el fiscal Mauricio Del Cero, a cargo de la UFIJ Nº 19, y autorizado por el Juzgado de Garantías Nº 3, se desarrolló en Pablo Lejarraga al 2.100.

Los efectivos de la DDI local incautaron en el sitio cocaína, marihuana, recortes de nylon, una balanza de precisión y teléfonos celulares.

En el sitio, según se indicó, aprehendieron a Juana Cristina Montenegro.

Mencionaron que la causa comenzó a ser investigada el pasado 13 de agosto a partir de una denuncia anónima en la que se mencionaba que en ese lugar un grupo de personas se dedicaba al comercio de drogas.

Los uniformados realizaron tareas de vigilancia encubierta y reunieron elementos para solicitar el procedimiento llevado adelante hoy.

Finalmente refirieron que Montenegro será indagada en las próximas horas en la sede del Ministerio Público.

Justamente esa situación fue la que delató a los autores de un robo cometido en una vivienda deshabitada de aquella ciudad, y que permitió la rápida aprehensión de los delincuentes.

Los aprehendidos son Marcos Nicolás Andrade (31) y Cristian Sánchez (39), ambos con domicilio en Pringles.

Según informó la Policía pringlense, vecinos de la víctima del delito tenían conocimiento de que una de las casas estaba sin moradores, porque su dueño está internado en un hogar de adultos mayores por problemas de salud.

Cuando vieron a Andrade y Sánchez salir de esa vivienda con el electrodoméstico sobre el triciclo, los siguieron y dieron aviso de lo sucedido a la comisaría.

Efectivos policiales interceptaron y arrestaron a los nombrados en Belgrano y Rauch.

Además de la heladera y la bicicleta, los uniformados secuestraron tarjetas bancarias a nombre del propietario del inmueble, que uno de los sospechosos tenía guardadas en sus prendas.

Al damnificado se lo trasladó a su casa, donde constató la rotura de la puerta de entrada y la sustracción de la heladera, el triciclo (que él mismo había construido) y sus tarjetas de cobro.

Los aprehendidos quedaron a disposición de la Justicia en vinculación con el delito de robo.

El hecho se produjo aproximadamente a las 14 de anteayer.

Fue ayer, durante la audiencia de formalización que se realizó ante el juez federal N° 1, Walter López Da Silva.

Esa diligencia procesal, incorporada con el nuevo sistema acusatorio federal, reemplaza a la indagatoria y no solo cuenta con la presencia del juez, sino también del fiscal, la defensa y el imputado, a quien ponen al tanto de los cargos.

El fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez, a cargo de la investigación, imputó formalmente a Munafó de los delitos de violación de secretos y encubrimiento doblemente agravado (por ser funcionario público y por perseguir fines de lucro).

En esas circunstancias se le dio la oportunidad al acusado de declarar, pero se negó a hacerlo.

Munafó, por ahora, es el único imputado en el hecho y se supo que el fiscal no pidió la detención, al menos por el momento.

La causa "detonó" el mes pasado, cuando se practicaron al menos tres allanamientos, tanto en las oficinas del organismo (sexto piso de San Martín 145), como en las viviendas de Munafó y de su expareja, donde secuestraron documentación, celulares y computadoras.

Sin embargo, la investigación se había iniciado a fines del año pasado, luego de una batería de allanamientos, por infracción a la ley de marcas, que involucró a los locales de la firma X MENOS + PRENDAS, y que estuvieron a cargo de personal de la Policía Federal.

"Se cree que este empleado filtró información antes de los allanamientos e incluso se habría comunicado con las personas que iban a ser allanadas para ofrecer servicios de un estudio de abogados porteño", comentó un investigador.

Munafó habría ingresado en la ex AFIP hace 19 años, de la mano de Ricardo Echegaray (serían parientes), extitular del organismo que fue condenado por administración fraudulenta y hace algunos meses fue echado del ente por parte del gobierno actual.

El sospechoso, a su vez, forma parte de la central del Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina (SUPARA), en función de vocal titular.

Los investigadores creen que la supuesta filtración de datos no sería un hecho aislado y no descartan la existencia de una estructura de corrupción, con otros actores.

Se trata de Iván Gabriel Nieto (33), quien quedó acusado de amenazas calificadas e infracción a la ley de estupefacientes.

Según detallaron desde la Comisaría local, Nieto se movilizaba en un auto Chevrolet Astra cuando en Murature al 400 mantuvo una discusión con un joven de 21 años que iba en una moto Gilera de 150cc.

Luego, la discusión se trasladó a Rivadavia al 500, donde Nieto amenazó de muerte a dos chicos de 21 y 22 años con un cuchillo de 20 centímetros de hoja y mango artesanal, indicaron oficialmente.

Nieto fue aprehendido por personal de la Estación Comunal, que además requisó el auto y en el interior encontró dos teléfonos celulares, un caño de acero, un rifle de aire comprimido calibre 4,5mm y culata de madera y un total de 1.041 gramos de marihuana distribuidos en un frasco de vidrio y tres bolsas de nylon.

Indicaron que se dio intervención a la autoridad judicial correspondiente, se secuestraron el arma blanca y los demás elementos y se incautaron la sustancia y los celulares.
 

La Sala I del cuerpo ratificó el fallo del juez Pablo Bostal, que ordenó abonar 21.060.000 pesos -más intereses que harían multiplicar esa cifra por el tiempo transcurrido-, aunque hizo extensiva la sanción a Leónidas Hugo Soria, un excomisario que había contratado en aquel entonces a Eliçabe para oficiar como vigilador de transportes de carga en ruta.

De esa manera el fallo aceptó el planteo que habían realizado Ramón Montoya y María del Carmen Gómez, los padres de Irina Laura Montoya (24), una de las dos jóvenes víctimas.

En febrero de 1998, las dos amigas habían partido desde Chañar Ladeado -una pequeña localidad santafesina de donde era oriunda Irina- hacia Comodoro Rivadavia, donde vivía la familia de la otra joven atacada, María Dolores Sánchez (18).

El caso se conoció como el de Las Mochileras porque las jóvenes, en plan de vacaciones, habían salido "a dedo" con destino a la Patagonia, aunque a menos de 40 kilómetros de nuestra ciudad, por la ruta 33, a la altura de García del Río, encontraron brutal muerte a tiros, luego de un ataque de tipo sexual.

Eliçabe: de la cárcel al campo y del campo al mar

Eliçabe fue condenado a prisión perpetua, aunque el Tribunal de Casación Penal le quitó la accesoria de tiempo indeterminado y, después de 13 años encarcelado, y beneficiado por la ya desaparecida ley del 2x1, recuperó la libertad a fines de 2010.

Al egresar de la cárcel, en principio, se afincó en Mar del Plata, donde se convirtió en marino mercante y, al menos en los primeros años, pasaba mucho tiempo en el mar y en excursiones a Comodoro Rivadavia o Ushuaia.

Confirman y extienden

La Cámara Civil (votos de Marcelo Restivo, Patricio Lombardi y Fernando Kalemkerian) confirmó que, además de la condena penal, Eliçabe deberá afrontar una sanción civil y tendrá que resarcir a la familia de Irina, tal cual el reclamo de los padres de la joven que tienen domicilio en la localidad santafesina de Chañar Ladeado. 

"Se determinó que todos los hechos fueron perpetrados en una situación de indefensión de las víctimas, creada y aprovechada por el agente que obró así sin riesgo, entendiendo la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal, Sala I, que se halla probado que el procesado Eduardo Fermín Eliçabe es autor responsable de los hechos investigados", explicaron los camaristas civiles.

Tuvieron por acreditado, además, que las víctimas, en parte del traslado hacia el sur, subieron al auto que conducía Eliçabe, sabiendo que su función era de custodio, lo cual les dio mayor confianza.

En cuanto al empleador Soria, la Cámara explicó que la empresa para la que cumplía funciones el acusado giraba bajo el nombre Sor, de titularidad del expolicía, que encomendaba la custodia de camiones.

"Fue esa posición funcional desarrollada por Eliçabe -la de custodio del rodado, generada por Soria- la que le permitió trasladar a Irina y darle muerte. Sin la incumbencia de custodia que le fue encomendada no habría tenido ocasión material de que la víctima subiera a su rodado y consumara el hecho en esas circunstancias", explicaron.

Los jueces destacaron el rubro del daño moral y ponderaron la gravedad del hecho, la pérdida de una hija, las secuelas psicológicas acreditadas y la alteración de su vida de relación y la incidencia en la faz laboral.

En consecuencia, se condenó a Eliçabe y a Soria a afrontar la demanda por más de 21 millones de pesos, que seguramente se multiplicará con los intereses, en caso de quedar firme la misma.
 

Es que el juez de Ejecución Penal del Tribunal Federal de Juicio de Bahía Blanca, Ernesto Sebastián, rechazó el pedido de exclusión de Suris del Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo (SIGPPLAR).

La resolución firmada ayer confirmó que el condenado deberá seguir alojado en la cárcel de Ezeiza, bajo las mismas condiciones de seguridad reforzada.

El pronunciamiento del magistrado incorporó extractos de los informes de las áreas del SPF, que sustentaron la decisión de mantener a Suris en el sistema previsto para delincuentes de alta peligrosidad.

El servicio penitenciario advirtió que "el interno pocas veces demuestra importancia para solucionar los problemas a través del diálogo", y que "puede intentar sacar ventaja del entorno cuando nota que no está siendo observado", concluyendo que su desempeño "evidencia desinterés en su evolución".

El informe también indicó que en su relato "no se evidencia una actitud reflexiva respecto de las consecuencias derivadas de su conducta delictiva".

El área de Psicología del organismo carcelario describió un "perfil actitudinal evasivo y distante", con "falta de implicación personal" que, a criterio de los profesionales evaluadores, "constituye un indicador de riesgo de continuidad en los patrones delictivos" y limita sus posibilidades de reinserción social.

Sebastián planteó que la conducción del régimen penitenciario es competencia administrativa y que ni la prueba ni los argumentos de la defensa de Suris demostraron una "vulneración de derechos".

El representante del Poder Judicial de la Nación además descartó que la medida fuera arbitraria y remarcó que el defensor particular no cuestionó la constitucionalidad de la resolución ministerial que creó el sistema.

Por lo tanto Sebastián resolvió rechazar el pedido de exclusión de Suris del SIGPPLAR, basándose en los artículos 4 y 5 de la ley 20.416 y en la resolución 35/2024 del ministerio de Seguridad de la Nación, que creó el sistema.

Después de una reevaluación de riesgo hecha en febrero pasado, el SPF decidió que Suris debía permanecer en el sistema, al considerar que persistían "los mismos riesgos que fundamentaron y motivaron" su incorporación.

La defensa del condenado impugnó esa decisión ante la justicia y pidió su revisión.

El defensor argumentó que la resolución administrativa se limitaba a "reiterar los mismos fundamentos" que dieron origen a la medida original, "apoyándose nuevamente en la naturaleza de los delitos por los cuales (Suris) fue condenado, en referencias genéricas a su perfil criminológico y en la reproducción de categorías abstractas de riesgo previamente asignadas".

A su entender, esas fundamentaciones no cumplen con el estándar de motivación exigible y convertía la permanencia en el régimen en "una suerte de pena accesoria encubierta".

También sostuvo que la medida vulnera el principio de progresividad de la ley 24.660, al impedirle a su defendido el acceso a educación formal, talleres y capacitación laboral.

Suris fue condenado el 23 de noviembre de 2023 como coautor del delito de asociación ilícita fiscal (emisión de facturas truchas), en carácter de jefe, a cinco años de prisión.

Esa sanción se unificó con otra dictada por tráfico de estupefacientes, lo que derivó en una pena única de ocho años de prisión de cumplimiento efectivo.

Según el cómputo practicado en su legajo, la condena vence el 5 de marzo de 2028.

En julio de 2024 Suris fue incluido en el SIGPPLAR, un régimen creado para detenidos con "altos o muy altos niveles de riesgo de fuga" o riesgo comunitario, entre otros supuestos.

Este mecanismo implica supervisión y control intensificados.

El detenido todavía tiene que ser juzgado en vinculación con el delito de lavado de activos.

El operativo se desarrolló en Ecuador al 2.200, donde reside Ramón Martínez, de 52 años.

Según indicaron las fuentes policiales, todo ocurrió a partir de que un joven realizara un viaje a través de la plataforma Uber y olvidara su teléfono celular en el vehículo de Martínez.

Al realizar el reclamo a la aplicación y al chofer, este último le negó tener el teléfono. Sin embargo, el damnificado radicó una denuncia penal y la policía pudo ubicar —a través de una aplicación de geolocalización— el dispositivo, que se encontraba activo en el domicilio del conductor.

Por ello, el Juzgado de Garantías N° 2 y la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 7 ordenaron el allanamiento, donde se encontró y secuestró el celular.

Martínez fue demorado por apropiación indebida del dispositivo y fue trasladado a la Comisaría Tercera de Ingeniero White.

El hecho ocurrió en Rubado y Avenente.

En ese lugar, personal policial del Comando Patrulla aprehendió a Franco Castillo en el momento en que sustraía cables subterráneos tripolares de media tensión, pertenecientes a la red de energía que conecta Puerto Galván con la subestación White.

Además, se secuestró una pala de mano que el delincuente utilizaba para el robo.

Se encuentra alojado en la comisaría de Ingeniero White a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 15. La carátula es robo en grado de tentativa.

También denominados Puntos Seguros cuentan con un botón que al presionarse pone a la persona en contacto con el servicio de emergencias 911, y además están equipados además de cámaras fijas y domos de 360°.

Por el momento se está llevando a cabo la fase de instalación y no hay una fecha cierta para su puesta en funcionamiento. Desde el municipio de Bahía Blanca indicaron a La Nueva. que antes de inaugurarlos se concluiría con su instalación y conexión, para recién después habilitarlos.

En la concepción de la idea, desde la comuna se había explicado que la intención es ubicarlos en veredas, paseos y espacios públicos como una herramienta más relacionada en la búsqueda de más seguridad. Sin ir más lejos, el que figura en la foto que ilustra la nota, se encuentra en el Paseo de las Esculturas.

Según se indicó, estas estructuras modulares combinan tecnología de vanguardia con características de seguridad avanzadas. Tienen una estética discreta, de modo que se integran de manera amable con entornos urbanos y suburbanos.

"Son herramientas de utilidad y necesarias para la seguridad, que fueron costeadas por el Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad que el gobernador estableció luego de que el gobierno central le quitara recursos que a los bonaerenses les corresponden por ley", aseguró Federico Montero, subsecretario de Fiscalización y Control Policial del Ministerio de Seguridad bonaerense.

"Surgió de un plan de seguridad que el municipio elaboró y el ministerio aprobó, al igual que las garitas de los ingresos", agregó.

Instalación y características

Según el pliego licitatorio, los tótems son de chapa 14  de 2 milímetros de espesor, y sus dimensiones habituales son de 30 centímetros x 30 centímetros de base y una altura de entre 3,5 y 3,90 metros. Para su colocación se construye una base de hormigón en la que se ubican los pernos con los cuales se fija el aparato.

Cada tótem posee un botón tipo antipático, que al ser presionado se pone en contacto directo con el Centro Único de Monitoreo (CEUM), siendo en pocos segundos atendido el llamado por un operador del 911.

En su parte superior tiene una baliza con luces LED azules, la cual puede ser activada desde el CEUM. También cuenta con una cámara-domo de 360º con gran definición de imágenes. En cuestiones tecnológicas más específicas, cada unidad está equipado con detección de intrusión, domo con memoria interna y salida de alarma y audio de dos vías.

Funcionalidad

• Sus cámaras de alta definición y sistemas de grabación permiten una vigilancia continua de las áreas circundantes. Esto proporciona una visión en tiempo real de la situación, permitiendo una respuesta rápida ante incidentes o actividades sospechosas.
   
• Están equipados con altavoces y micrófonos, lo que permite la comunicación entre las fuerzas policiales y las personas. Esto facilita la emisión de alertas, instrucciones o advertencias, mejorando la capacidad de disuasión y respuesta ante emergencias.
   
• Cuentan con luces LED de alta potencia, que pueden ser utilizadas para iluminar áreas oscuras o proporcionar señalización visual. Esto contribuye a crear entornos más seguros y disuadir actividades delictivas.
   
• El botón de emergencia es visible y accesible y permite solicitar ayuda inmediata. Al presionarlo se establece una conexión directa con el 911, que toma las medidas necesarias.
   
• Colocados en distintos espacios permiten dotar de mayor interacción a los vecinos, aumenta las chances de atrapar a los delincuentes y permite dar una contención en tiempo real a las víctimas.

Dos menores de 15 años, que en principio fueron acusados del delito de encubrimiento, fueron sorprendidos sobre las 10.30 cuando llevaban a tiro el vehículo.

Se pudo confirmar que se trataba de la moto, perteneciente a un joven de 21, que había desaparecido sobre la 1.30 de la zona de Pacífico al 2.600.

El procedimiento tuvo lugar en Simón Bolívar al 1.800 y en esas circunstancias se pudo establecer que sobre la unidad pesaba un pedido de secuestro activo, con intervención de la UFIJ N° 2.

La Policía -colaboró la Local y el Comando de Patrullas- realizó un rastrillaje por el sector donde fueron interceptados los menores (cuadrante de Güiraldes/Sargento Iturra/Ricchieri/Fabián González).

De esa manera secuestraron algunas motopartes y la patente dominio 082LLC.

La comisaría Quinta le dio intervención a la fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

Si bien desde el sábado se inició el nuevo Sistema Penal Juvenil -que bajó el piso de punibilidad de 16 años a 14-, el fallo judicial de una jueza bonaerense congeló la medida por 60 días.

Trascendió que uno de los menores ya fue entregado a sus padres, mientras que resta definir la situación del otro, porque aparentemente se habría escapado de un instituto del conurbano, adonde cumplía internación por un hecho anterior, explicaron fuentes de la investigación.

Juan Manuel Ceferino Dho (24), alias "Bebo" y domiciliado en Formosa al 5.900, recibió 6 años de prisión por los delitos de robos agravados y tentativas de robos en despoblado, todo en concurso real.

Gonzalo Alejo Porter (25), afincado en Las Boyas 2.400, recibió 5 años y 11 meses de cárcel y a Ernesto Fabián Barrenechea (46), conocido como "Mosca", "Gordo" o "Gallina" y domiciliado en Remedios de Escalada al 3.900, le impusieron 3 años y 8 meses de prisión.

El fallo, tras un juicio abreviado, fue dictado por la jueza Claudia Fortunatti, del Tribunal en lo Criminal N° 2.

La magistrada, a su vez, ordenó disponer el decomiso de 8.930.000 depesos y 1.300 dólares que fueron secuestrados en uno de los allanamientos. 

Los delitos -que significaron un perjuicio para la empresa EDES- se sucedieron entre noviembre de 2024 y enero de 2025. 

Fueron al menos 5 episodios distintos que se dieron en establecimientos rurales ubicados entre los kilómetros 43 y 56 de la ruta 33, en jurisdicción de Tornquist.

La jueza Fortunatti, en mayo del año pasado, también había condenado a Ángel Gallardo (5 años) y al exsubcomisario Martín Ñancucheo (6 años y medio) por delitos similares que en ese caso reportaron el fallecimiento de 4 personas.

El fallo, resuelto por el juez del Tribunal en lo Criminal Nº 3, Eduardo d`Empaire, recayó en Nazareno Rafael Billagra, quien se encuentra detenido en la Unidad Penal Nº 4 de Villa Floresta y fue hallado culpable del delito de de robo agravado por escalamiento y por haberse cometido en poblado y en banda, en concurso ideal con privación ilegal de la libertad.

Para el magistrado quedó probado que la madrugada del pasado 6 de febrero, el procesado y otros dos sujetos que aún no fueron identificados escalaron una reja de casi dos metros de altura y levantaron una persiana de madera para ingresar a un domicilio ubicado en Zapiola al 1.100.

Una vez dentro de la casa, los ladrones ataron de pies y manos a la víctima, de 85 años de edad, con un cordón de zapatilla y una remera, para evitar que se movilizara.

En esas circunstancias se apoderaron de un alianza de oro, un celular, una caja de cigarrillos y 30 mil pesos en efectivo.

La mujer declaró y dijo que los sujetos la sujetaron de manera suave y que la tuvieron vigilada todo el tiempo, mientras revisaban el lugar.

Aclaró que no la lesionaron y que escaparon por la parte delantera de la propiedad.

La participación de Billagra quedó acreditada fundamentalmente a partir de los registros de cámaras de seguridad que obtuvo el personal policial, determinando que el día del hecho los ladrones partieron desde un domicilio ubicado en Nicaragua al 800, al que retornaron luego de cometer el robo.

Se estableció que el individuo residía en el lugar junto a su pareja y durante un allanamiento secuestraron prendas de vestir similares a las utilizadas por uno de los delincuentes.

Con estos elementos, y a partir de la sanción acordada previamente entre la fiscalía y la defensa, el juez impuso a Billagra la pena de prisión efectiva.

El caso llegó a la vía judicial el 30 de abril de 2025, cuando el demandante se presentó por derecho propio para iniciar la acción de filiación.

Según relató, había mantenido un vínculo informal con la madre de la niña y consideraba que de esa relación pudo producirse la concepción.

En su presentación argumentó que la falta de certezas sobre la paternidad "afecta su derecho a conocer si es padre y el derecho de la niña a conocer su identidad biológica".

Para evacuar esta duda se realizó un peritaje genético que confirmó que la probabilidad del vínculo biológico entre el demandante y la pequeña es superior al 99,99%.

Al no haber impugnaciones de las partes del proceso, el resultado científico adquirió fuerza probatoria plena para declarar la paternidad del actor.

Una vez acreditada la paternidad, se inició el debate sobre la identidad de la niña porque los progenitores mantenían posturas opuestas.

El progenitor pretendía que su apellido se adicionara en primer lugar, de modo que el nombre de la niña quedara conformado por el apellido paterno seguido del materno.

La madre rechazó de plano esa opción y solicitó que su hija portara únicamente el apellido materno.

Su reclamo se basó en que ella se ocupa "en forma exclusiva de la crianza y la manutención de su hija", que sufrió violencia por parte del progenitor y que mantener solo el apellido materno no afectaba el interés de la niña.

Este pedido contó también con el respaldo de la Defensora de menores e incapaces de la capital rionegrina.

Al no haber acuerdo entre los padres, la jueza viedmense Paula Fredes resolvió el conflicto mediante la aplicación del artículo 64 del Código Civil y Comercial de la Nación.

Ese artículo establece que, a falta de acuerdo de los progenitores, el juez debe disponer el orden de los apellidos basándose en el interés superior del niño.

La magistrada argumentó que la decisión debe tomarse "pensando en la niña y en la constitución de su identidad tanto estática como dinámica, separándome de los argumentos personales que han esgrimido sus progenitores".

"Ni las vivencias personales de las partes ni las que vivieron como pareja son fundamento suficiente para privar a la niña del derecho a la identificación, conforme su identidad biológica", sostuvo la representante del Poder Judicial.

A raíz de la corta edad de la menor y que "su identidad dinámica aún está en plena formación", Fredes determinó una solución equilibrada: la niña conservará el apellido materno en primer término (tal como fue inscripta originalmente) y se le adicionará el apellido paterno en segundo lugar.

Cuando la niña alcance la madurez suficiente -agregó-, podrá ejercer por sí misma la acción de modificar o suprimir su apellido si así lo deseara.

Con el fallo firme, se ordenó al Registro civil viedmense rectificar el acta de nacimiento original y adecuar el DNI de la menor bajo su nueva identidad legal.

Así lo resolvió la Cámara Penal de Bahía Blanca, al rechazar un pedido de sobreseimiento de la defensa, representada por el abogado Juan Ignacio Vitalini.

De esa manera se confirmó la decisión que había adoptado la jueza de Garantías, Claudia Olivera. 

El atraco a la firma Cuatro Afiles SRL, ubicada en Witcomb 38, se produjo sobre las 4 de la madrugada del 23 de enero último.

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La secuencia quedó filmada y se dio cuando un grupo de ladrones se apoderó de una caja fuerte de grandes dimensiones, que luego cargó en el baúl de una camioneta Jeep, con la cual escaparon, apoyados por otro vehículo (un Toyota Corolla).

Tali, con importantes antecedentes, fue capturado poco después del hecho, en la zona de Ingeniero White, cuando conducía la Jeep y chocó con un patrullero que lo perseguía.

La defensa del acusado argumentaba que Tali no había sido coautor del delito sino partícipe y que hubo una "ventana" de al menos 16 minutos en la que las cámaras del CEUM no observaron el recorrido de la Jeep, con lo cual no existían certezas en su contra.

Sin embargo, los camaristas Christian Yesari y Gustavo Barbieri confirmaron la elevación a juicio de la causa.

Consideraron que el fallo de la jueza Olivera no era infundado ni arbitrario y que existen elementos probatorios e indicios para relacionar al detenido con el delito.

En ese marco destacaron, incluso, su declaración indagatoria. Tali reconoció "haberse hecho cargo, con antelación y a cambio de una suma de dinero (500.000 pesos)" de la camioneta Jeep utilizada en el delito.

Y dijo que hubo una persona (a la que se negó a identificar) que fue "el trabajo" a su casa.

"Tampoco es exacto que la resolución apelada repose en un único indicio. A la conducción del rodado por parte de Tali en el tramo final de la persecución policial (documentada por el testimonio de cuatro policías) se adicionan, cuanto menos, su propia admisión de haberse comprometido, con antelación y a cambio de una contraprestación dineraria, a hacerse cargo del vehículo utilizado en el hecho.

"La circunstancia de que ese compromiso lo situó, según sus propios dichos, aguardando en la vía pública minutos antes de que se iniciara la ejecución del robo, la desobediencia a las voces de alto impartidas por el personal policial y la consiguiente fuga, indicio de la consciencia de la ilicitud de la situación en que se encontraba y, el hallazgo, en el interior del rodado, de una barreta de hierro, un martillo, cortavidrios y cortafierro, junto con prendas de vestir", también son elementos que lo comprometen, explicaron los jueces.

Por el mismo hecho, en marzo pasado, había sido capturado César Villacorta.

Los operativos, ordenados por la Justicia de Garantías, estuvieron a cargo de personal de la comisaría Sexta de Villa Rosas y también motivaron una aprehensión por encubrimiento.

Se allanaron dos viviendas ubicadas en Mapuche al 1.100 y Paunero al 1.600, como consecuencia de una sustracción cometida en Plunkett al 1.100.

En la primera casa secuestraron tarjetas de crédito y DNI a nombre del damnificado, así como prendas de vestir y perfumería que se habían comprado en locales céntricos con la tarjeta malhabida.

El segundo procedimiento, a su vez, permitió el secuestro de dos bicicletas que habían sido sustraídas de Paunero al 2.100 y el motor y partes de una moto Gilera 110, con pedido de secuestro. 

En este último lugar se aprehendió a Julio Ernesto Carrillo, de 44 años, imputado del delito de encubrimiento.

La captura se dio en Independencia al 2.300, pasadas las 20.00.

En ese lugar fueron atrapados Valentina López, de 22 años, y Kevin Carreras, de 28. Minutos antes, y mediante la exhibición de un arma de fuego, habían robado dinero en efectivo y dos botellas de fernet del comercio.

A partir de la descripción brindada por los comerciantes, se lograron las aprehensiones.

Además, a partir de un rastrillaje se secuestró el chaleco utilizado por el delincuente al momento del robo. En su poder, además, se incautaron $315.050 en efectivo, aunque no se halló el arma utilizada.

Según se informó, un efectivo policial resultó herido por un golpe durante el seguimiento de los malhechores.

Posteriormente, en la dependencia policial, a Carreras se le sumó una aprehensión por robos reiterados, debido a cinco hechos delictivos constatados de su autoría.

Tienen injerencia las Unidades Funcionales de Instrucción y Juicio N° 7 y N° 15.