El primero de ellos, un hombre de 43 años, era requerido por la Justicia en el marco de una causa por violencia de género.

A otro de los acusados, un joven de 20 años, se le secuestró una importante cantidad de drogas, mientras que del tercero, también del sexo masculino, no se dieron otras precisiones, aunque se supo que era buscado por un delito.

El operativo contó con el apoyo de la Policía Comunal, Seguridad Vial, DDI, dirección de Tránsito e Inspección General.

Fue monitoreado con el acompañamiento de la dirección de Seguridad y de la Secretaria de Gobierno de Carmen de Patagones, arrojando también como resultado la identificación de 180 ciudadanos y 140 vehículos y 21 camiones (agencia Carmen de Patagones).

La actividad, gratuita y para público en general, se llevará a cabo el martes 5 y miércoles 6 de mayo, cuando disertará casi una docena de abogados expertos en la temática.

El primer panel de expositores lo abrirá el magíster Adrián Carbayo, especialista en Derecho Administrativo y docente de la UNS, que hablará de "La insubsistencia de la acción contravencional y el cese de la potestad sancionatoria en la ley 13.927".

Más tarde expondrá su colega Eleonora Trevisi, secretaria del instituto de Derecho Administrativo del CABB y especializada en Derecho Empresario, quien se referirá a "La incompetencia en la ley provincial 13.927. Su impacto en la garantía de juez natural y en el principio ne bis in idem".

La jornada inaugural se extenderá desde las 16 hasta las 20 y como moderadora actuará la letrada Evangelina Benítez.

Los encuentros se desarrollarán de manera presencial en el auditorio "Héctor Furlong" del CABB, ubicado en Sarmiento 54, y también virtual vía Zoom para el interior del Departamento Judicial bahiense.

Las reuniones, denominadas "Visión estratégica del sistema de faltas en la provincia de Buenos Aires. Nociones prácticas y jurisprudencia", cuentan con la organización del Instituto de Derecho Administrativo del CABB y del Departamento de Derecho de la Universidad Nacional del Sur.

Durante el segundo panel del martes se escucharán conceptos sobre "La operatividad del plazo razonable en la ley 13.927", a cargo del juez de Faltas de Tornquist, Oscar Lanaro.

Su par del distrito de Pellegrini, Gastón La Menza, disertará sobre "El decreto ley 8751/77. Requisitos de las actas. Nulidades". El abogado Fernando Perazzo moderará estos paneles.

En el tercer bloque Marcos Frank, especialista en Derecho Penal y auxiliar letrado de la Defensoría oficial bahiense, expondrá respecto de "La rehabilitación en materia de tránsito y la inconstitucionalidad de la actualización de la Unidad Fija en la pena de multa".

El juez Correccional Nº 1 de Bahía, Gabriel Giuliani, brindará conocimientos sobre "La valoración de la prueba contravencional". El moderador será Martín Argañín.

El miércoles, en la misma franja horaria, se ofrecerá el cuarto panel compuesto por la jueza de Faltas bahiense, Soledad Monárdez, que hará referencia al "Derecho Administrativo local: tutela del ambiente, inspección municipal y proceso de faltas (decreto ley 8751/77). Allanamientos. Jurisprudencia".

Sobre la misma temática disertará la abogada Luciana Lambertucci, técnica universitaria en Medio Ambiente (UNS). La moderadora será la letrada Celeste Kissner.

En el último panel se escuchará a la letrada Yanela Torres exponer acerca de "El exceso ritual manifiesto como mecanismo de denegación de justicia y afectación del principio de buena fe y confianza legítima en el procedimiento recursivo en la ley 13.927".

Mariano Rudolf, exagente del juzgado Correccional Nº 3 local, aportará nociones sobre "Nulidades en el procedimiento de alcoholemia y de constatación de estupefacientes. Jurisprudencia".

Como cierre de las jornadas Martín Grassi, secretario del Juzgado administrativo de infracciones de tránsito provincial de Bahía Blanca, analizará el tema "Prescripción y principio de insignificancia en materia de tránsito". Moderará el letrado Juan Cruz García.

Si bien las actividades son gratuitas, el derecho a certificado cuesta 20.000 pesos (arancel general); 10.000 (matriculados CABB); y 5.000 (jóvenes y abogados senior).

Los estudiantes de la UNS que participen (cupos limitados) no abonan el certificado.

Al acusado, que no fue identificado para preservar a las víctimas, lo capturó personal del Gabinete Técnico Operativo de la comisaría Séptima en un domicilio ubicado en inmediaciones del barrio Fonavi, el que está ubicado sobre la calle Castelli.

La medida fue dispuesta por orden del Juzgado de Garantías Nº 1, a partir del pedido de la UFIJ Nº 14, en el marco de una causa caratulada como abuso sexual agravado por ser con acceso carnal.

Se informó que en caso de llegar al juicio, y ser acreditados los delitos, el acusado podría recibir una pena que superaría los 30 años de prisión.

Embarazo

Según la causa, los hechos se produjeron entre 2015 y el primer semestre de 2016 en el domicilio del hombre, donde convivían de manera momentánea con sus sobrinas, ya que una de ellas, de 18, no tenía dónde vivir. En ese lugar, el acusado la forzó y accedió de manera carnal en reiteradas oportunidades.

Producto de estos hechos, la víctima quedó embarazada y su bebé nació a fines de 2016.

Además, entre 2009 y 2014 en diferentes domicilios de Bahía Blanca, el acusado aprovechó la confianza y superioridad derivada de su parentesco con otra sobrina, quien tenía entre 11 y 16 años, para someterla a distintas situaciones abusivas que se repitieron a lo largo del tiempo.

El detenido fue indagado, se le hicieron conocer los hechos por los cuales se lo acusa, decidió no prestar declaración y quedó imputado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal reiterado y abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal en tentativa, ambos en concurso real de delitos.

Fuentes de la investigación informaron que las maniobras abusivas también habrían sido sufridas por las hijas y una hermana del acusado.

Pero mucho menos existía en agenda el concepto de grooming, la captación de un menor por parte de un adulto a través de las redes sociales.

Desde aquel día, los bahienses nos vimos forzados por la tragedia a incorporar conocimiento.

Micaela tenía apenas 12 años cuando fue contactada por Jonathan Luna, un hombre adulto que fingió ser una adolescente para conocerla. La engañó por Facebook, simuló empatía, coordinó un encuentro y luego la asesinó.

El estupor se hizo carne recién un mes después, cuando a fines de mayo se encontraron los restos de la niña en las afueras de la ciudad y se detuvo al agresor, que hoy cumple en prisión una condena a perpetua, pese a que buscó obtener beneficios y hasta gestionó judicialmente su cambio de género a Yoana Luna.

El crimen de Micaela Ortega fue una bisagra, pero no solo para Bahía Blanca sino también para todo el país: se trató del primer caso de grooming seguido de muerte y puso en alerta a los padres que, en general, veían de lejos este tipo de cuestiones.

Mónica Cid, la madre de la pequeña patinadora del club El Danubio, con todo el dolor a cuestas se puso al hombro la lucha para lograr una mayor concientización y logró un notable cometido.

La madrugada del 12 de noviembre de 2020, la Cámara de Diputados de la Nación le dio sanción definitiva a la Ley 27.590, conocida por todos como Ley Micaela Ortega.

Esa normativa creó el Programa Nacional de Prevención y Concientización del Grooming o Ciberacoso contra Niños y Adolescentes.

La ley tiene por objetivos proteger del grooming a la infancia y la adolescencia, enseñarles a usar internet de manera responsable, capacitar a las personas que trabajan en las escuelas, dar información acerca de este delito en los medios de comunicación y explicar cómo y dónde denunciar los casos.

Como consecuencia del lamentable desenlace de Micaela, el notable empuje de su madre y el apoyo de distintas organizaciones intermedias se logró algo impensado: pese a que los groomers no dejaron de existir, la mayoría de las familias están al tanto de sus conductas y tienen herramientas como para limitar ese accionar delictivo.

El crimen de Micaela es un claro ejemplo de cómo un dolor irreparable se transformó para ser canalizado en una fuerte cruzada de ayuda, con el fin de tratar de que nadie más vuelva a sufrir el drama que laceró a Mónica.

En los últimos días, el Ministerio Público Fiscal, a través del fiscal Rodolfo De Lucia, capacitó a policías de distintas comisarías de la ciudad sobre la correcta recepción de las denuncias por grooming. Del encuentro tomó parte Mónica como referente del Programa de Acompañamiento en Red (PAR) del municipio.

Día de homenajes

El club El Danubio impondrá hoy el nombre de Micaela Ortega a su salón principal, ubicado en Don Bosco y Roca.

Será a través de una placa que quedará descubierta sobre las 18.30. 

Mientras tanto, dos horas antes sus excompañeras y amigas de la entidad le darán vida a un nuevo mural para recordar a Mica, que en la actualidad hubiera tenido 22 años.

"A 10 años de su partida, la recordamos con amor y alegría, porque su luz sigue brillando en cada uno de nosotros", es el lema que publicó a través de las redes sociales la tradicional institución albiverde del barrio Noroeste, que hace algunos días cumplió 75 años de existencia.

El siniestro vial tuvo lugar en el cruce de las calles José Lebed y Viedma.

Sobre las 11, según confirmaron las fuentes consultadas, colisionaron, por causas que se tratan de establecer, una Ford Ranger y un Volkswagen Gol, en el cual viajaba la persona que terminó con lesiones.

La camioneta iba por Lebed, mientras que el auto lo hacía por la otra arteria.

Producto del fuerte impacto, la conductora de Gol recibió algunos puntos de sutura con un pequeño corte, mientras que el joven que iba al mando de la Ford resultó ileso.

En el lugar trabajaron los bomberos voluntarios de la localidad, personal sanitario y de la Policía Comunal (agencia Carmen de Patagones).

Es que el Tribunal de Casación Penal bonaerense había planteado la morigeración de la sanción al imputado, al valorar como atenuante de su conducta la disminución de la capacidad de comprensión de la criminalidad del acto, según determinó un peritaje psiquiátrico.

Durante la audiencia de mensura el abogado Ignacio Yazyi, quien asesora a la madre del joven asesinado, pidió que la condena al octogenario con arresto domiciliario baje a 3 años y medio.

Este monto de pena es el mismo que sugirió el juez Ricardo Borinsky, integrante de la Sala III de Casación, cuando el cuerpo judicial ratificó la sentencia condenatoria del jurado popular.

"Nuestro pedido está fundado en la pena planteada por el juez Borinsky, que la considera justa", explicó Yazyi.

Por su parte el fiscal de homicidios, Jorge Viego, solicitó que la pena se reduzca a 3 años de prisión, al igual que los defensores del imputado, Ariel Zara y Juan Sebastián González.

En marzo el máximo órgano revisor de la provincia de Buenos Aires había confirmado el veredicto de culpabilidad emitido en un juicio por jurados contra el acusado de homicidio agravado por el vínculo y el uso de arma de fuego, cometido con exceso en la legítima defensa, en perjuicio de Brian Alexis Verna Batalla (29).

El próximo lunes se conocerán la sanción definitiva contra Verna y la modalidad de cumplimiento de la pena, que fijará el juez Hugo de Rosa, del Tribunal en lo Criminal Nº 1 bahiense.

Cualquiera sea el castigo final a Verna, se estima que, por su edad (mayor de 70 años), lo cumpliría bajo prisión domiciliaria.

El hecho, de gran repercusión nacional y hasta internacional se registró la tarde del 13 de junio de 2022, frente a la casa del abuelo, en Jauretche al 2700, esquina Pasaje Juan Carlos Cobián de nuestra ciudad.

En medio de una relación desgastada y en circunstancias en que su nieto intentaba ingresar a patadas al garaje, Domingo Verna salió con un revólver calibre 32 y le disparó al joven 5 veces a quemarropa, causándole la muerte.

Se trata de un alumno de la Escuela de Educación Técnica Nº 1, cuyas autoridades habían denunciado el viernes pasado una pintada amenazante de tiroteo, tal como se dio en distintos establecimientos, todo en relación con un supuesto reto viral.

En el celular del joven imputado -a quien no se identificó por razones legales- los investigadores encontraron conversaciones y capturas de pantalla relacionadas con el hecho investigado, que fueron consideradas como elementos de prueba.

Por otro lado, la Policía pringlense informó que ya lograron identificar a la persona que habría realizado escritos de similar tenor en la Escuela Agrotécnica, novedad que también fue puesta a disposición del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil y de la Dirección de Educación.

Se aclaró desde la fuerza que, según el artículo 22 de la ley 26.061 prohíbe exponer, difundir o divulgar datos, informaciones o imágenes que permitan identificar a través de cualquier medio de comunicación, a niños, niñas y adolescentes relacionados a causas penales (agencia Coronel Pringles).

El hecho ocurrió alrededor de las 3:30, en inmediaciones de calle Alem al 2.400.

Según informaron fuentes policiales, el joven circulaba en una moto Honda 110 y escapó al advertir la presencia de los efectivos. La persecución se extendió por pocas cuadras hasta que lograron interceptarlo.

Al momento de identificarlo, los policías encontraron entre sus prendas un envoltorio con una sustancia blanquecina, presuntamente cocaína, con un peso de 4,6 gramos. También llevaba un cuchillo.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron la moto por infracciones de tránsito, además de un teléfono celular y dinero en efectivo.

El aprehendido, identificado como Marcelo Zerfus, quedó a disposición de la Justicia. Intervienen fiscalías del Departamento Judicial Bahía Blanca y el Juzgado de Faltas de Coronel Rosales.
 

El procedimiento lo realizó personal del Grupo Táctico Operativo (GTO), que detectó el rodado abandonado y sin patente visible. Se trata de una Gilera Voge 300 de color gris.

Tras consultar el sistema informático policial, los efectivos confirmaron que la moto tenía pedido de secuestro activo por un hurto ocurrido ese mismo día en Bahía Blanca. El propietario fue identificado como Juan Bazán, de 58 años.

La Policía secuestró la moto y la puso a disposición de la Justicia. Interviene la UFIJ N° 2 del Departamento Judicial Bahía Blanca.
 

La declaración del secretario adjunto de la AEC se dio ayer, acompañado por su abogado Sebastián Martínez y ante la fiscal Marina Lara, quien investiga la agresión que protagonizó la manifestación del sindicato mercantil en el acceso al paseo comercial.

Para Lara, el hombre sería autor penalmente responsable de los delitos de privación de la libertad agravada, coacción agravada, violación de domicilio y daño reiterado (cuatro hechos).

Montiel, en su declaración (como procesado no tiene la obligación de decir la verdad),  dijo que durante la movilización del Viernes Santo vio "entrar y salir gente continuamente" del Shopping, por accesos alternativos. De esa manera busca desestimar la acusación de la privación de la libertad.

También negó haber realizado algún daño en el lugar. "No hacemos eso, no somos eso", declaró Montiel, para aclarar que no vio ninguno de los videos que circularon en las horas posteriores a los incidentes, en los cuales se lo observa tratando de forzar una puerta lateral o golpeando los vidrios con un cono de señalización.

En cuanto a la presencia de un bidón con líquido en el lugar (se estima que podría ser combustible, como para intimidar), el gremialista aseguró que el bidón lo usaron para orinar, porque pasan mucho tiempo en las manifestaciones. Aclaró que es una práctica habitual.

"Cuando nos fuimos ordenamos todo, dejamos todo como estaba", aclaró.

Ayer el juez de Garantías Alberto Manzi le había rechazado un pedido de excarcelación en favor del acusado, que se mantiene detenido en la comisaría Primera.

El fallecido era Germán Sepúlveda, de 35 años, quien viajaba como acompañante. El conductor del vehículo era Diego Arenes, de 34, también bahiense, quien sufrió varios golpes y fue derivado posteriormente a un centro asistencial. Ambos pertenecían a la firma FNG Nielsen.

El siniestro vial ocurrió este martes alrededor de las 17.30. Según informaron fuentes policiales, por causas que aún se investigan, una Ford Ranger blanca que circulaba en sentido Teniente Origone-Bahía Blanca perdió el control y terminó volcando sobre la banquina derecha, a unos 25 metros de la cinta asfáltica.

Al arribar las fuerzas de seguridad, a unos 20 metros hacia el interior del campo, encontraron el cuerpo sin vida de Sepúlveda.

Por su parte, Arenes, tras ser asistido por personal de salud y Bomberos Voluntarios, fue trasladado en ambulancia a un hospital de la zona para su evaluación y tratamiento. Luego, fue enviado al Hospital Penna, fuera de peligro.

Según se indicó, el accidente se dio en un sector recto de la ruta, con asfalto en buen estado y condiciones de visibilidad óptimas. En principio, no habrían participado otros vehículos.

Trabajaron en el lugar Bomberos, peritos de Policía Científica, Policía Comunal e inspectores de tránsito. La investigación quedó a cargo de la fiscalía descentralizada de Villarino.

La causa fue caratulada como homicidio y lesiones culposas.

El hecho se produjo alrededor de las 12.45, cuando una mujer de 63 años denunció que desconocidos le habían robado su Chevrolet Corsa blanco, que había dejado estacionado en calle 9 de Julio, entre Espora y Murature.

La investigación policial incluyó el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, además de recorridas para dar con el rodado.

Cerca de las 16, un llamado alertó sobre la presencia de un vehículo blanco sin patente y con ocupantes sospechosos en calle Formosa al 200. Al llegar al lugar, los efectivos intentaron identificar el auto, pero el conductor se dio a la fuga, lo que derivó en una persecución en la que participaron móviles de la Policía Comunal y fuerzas bonaerenses.

El seguimiento finalizó en Moreno al 600, donde el sospechoso ingresó a una vivienda, pero fue aprehendido e identificado como Rodrigo Volpe, de 25 años.

En el lugar también se secuestró el vehículo robado, que presentaba los cables de encendido puenteados, confirmándose que se trataba del mismo automóvil denunciado horas antes.

Además, se incautaron prendas de vestir que habrían sido utilizadas por el acusado y que coinciden con registros de cámaras aportados por vecinos.

Interviene la Ayudantía Fiscal de Coronel Rosales, que investiga el hecho bajo la carátula de hurto automotor.

Enviado desde la dirección "hola@comunicacion.argentina.gob.ar", el mail apunta a informar sobre la existencia de dicho servicio ofrecido por el Ministerio de Seguridad, el cual efectivamente existe de manera oficial. Sin embargo, no tiene ningún vínculo con el Gobierno.

Se trata de una estafa diseñada para robar datos o instalar software malicioso en el dispositivo de la víctima.

El texto del correo explica que “Si te roban o perdés el celular, podés evitar que usen tu línea o intenten vender tu equipo en el mercado informal".

El servicio *910 existe y es legítimo. Este permite bloquear líneas y equipos ante robos, pero se accede llamando desde cualquier teléfono, no a través de enlaces.

El problema en el polémico mail es el link que aparece al final del mensaje, ya sea donde dice “Ver más” o “Desuscribirme”, ya que ambas conducen un enlace malicioso. Hacer click allí puede derivar en el robo de datos bancarios, cuentas personales y servicios digitales, así como en la instalación de malware en el dispositivo. Tampoco hay que cliquear sobre la imagen.

Toda la información oficial del gobierno argentino se publica exclusivamente en el portal argentina.gob.ar. (con información de NA)

Fue cuando desconocidos ingresaron por tercera vez en un taller de aberturas de aluminio ubicado en French al 1.300, de Villa Ressia, y no robaron nada sino que provocaron destrozos millonarios y dejaron una pintada amenazante.

"Peña se te acaba, forro", era la inscripción con aerosol que fue encontrada en una de las paredes interiores del local, a principios de diciembre.

Peña es Alejandro Peña, quien sería víctima de la supuesta privación de la libertad registrada el jueves pasado y el titular de la propiedad donde funcionaba el taller.

Y Diego Canoni, el principal sospechoso del secuestro, es el dueño del taller afectado, que fue blanco de al menos tres ataques durante 2025.

De hecho Canoni, al momento de los últimos daños en su fábrica, declaró que estaba asustado porque entendía que atrás de la agresión había "algo muy pesado".

"Hablamos con el dueño (Peña), se desayunó con todo esto, no está enterado, no sabe si alguien le pudo haber hecho algo, como que el mensaje es para él", había agregado Canoni en aquel momento.

No está claro si desde ese momento el litigio era entre Canoni y Peña o si surgió algún conflicto posterior, pero lo concreto es que ahora ambos quedaron involucrados -uno como víctima y el otro como denunciado- de un posible secuestro.

Lo concreto es que los resultados de los allanamientos están pendientes y la investigación recién comienza.

En el marco de una investigación que lleva adelante el fiscal Dino Berdini, del Área Inicial de ese organismo, se requisan dos domicilios, uno en Salliqueló al 400, esquina Ramón y Cajal, en la zona de Aldea Romana.

El otro procedimiento se dio en un inmueble ubicado en cercanías del paraje La Escondida, donde se encuentra el paso Vanoli donde, al margen del caso, se secuestró una importante cantidad de cogollos de marihuana, con lo cual se abrió otro expediente por infracción a la ley 23.737.

Los investigadores informaron a La Nueva. que la causa se originó a partir de una denuncia radicada el pasado jueves por parte de la víctima, cuya identidad no trascendió.

A este hombre, al parecer, lo retuvieron contra su voluntad para despojarlo de una importante suma de dinero y un vehículo, estableciéndose que el "captor" -que actuó con otras personas- conocía a su víctima.

Se informó que fue clave para avanzar con la investigación tanto el entrecruzamiento telefónico como las cámaras del Centro Único de Monitoreo (CEUM), que permitieron el seguimiento de algunos vehículos, según se dijo.

En ambos domicilios se reunió prueba de interés para la causa (como el formulario 08 que habría firmado la víctima para ceder una camioneta).

Por el momento no se habrían registrado detenciones, aunque sí fueron identificadas varias personas.

Se trata de Marcelo Mendoza, de 45 años, a quien interceptaron alrededor de las 21:30, en la esquina de Roca y Urquiza, del centro puntaltense.

Según detallaron desde la Comisaría local, minutos antes Mendoza se presentó en el domicilio de su expareja de 47 años, incumpliendo la medida cautelar dispuesta por el Juzgado de Garantías N° 1, y le sustrajo sin ejercer violencia las llaves de la moto.

Añadieron que se iniciaron actuaciones por los delitos de desobediencia y tentativa de hurto, con intervención de la Fiscalía N° 15.

El procedimiento, a cargo de la comisaría Primera, permitió las capturas de Ezequiel Márquez (18), acusado de la sustracción del vehículo y Esteban Márquez (21), sobre quien pesaba un pedido de captura por hurtos reiterados. 

La detención de ambos se dio durante un allanamiento en Buchardo al 1.700 del barrio Empleados de Comercio, en Coronel Rosales. 

La investigación se originó tras una denuncia realizada el 15 de abril, en la seccional de Beruti 650, cuando un hombre denunció la sustracción de su moto.

Las cámaras del Centro Único de Monitoreo (CEUM), además de otras tareas investigativas, permitieron llegar a los sospechosos. 

Ambos hermanos, según se informó, tienen un extenso prontuario de antecedentes por delitos similares y contra la propiedad. 

Fuentes judiciales confirmaron que el titular del Juzgado Nº 3, Alberto Manzi, rechazó el pedido de excarcelación solicitado por el defensor de Claudio David Montiel, por lo que permanece alojado en la seccional Primera.

"Se advierte que la sumatoria de todos los máximos de pena en razón de los concursos ideales y reales de delitos que se le atribuyen al causante, el baremo máximo resultante, de 9 años de prisión, sobrepasaría el término de 8 años fijado por la norma (para la excarcelación)", señaló el magistrado en la resolución.

Manzi consideró que la pena aplicable excedería el término de los 3 años de prisión y, en caso de recaer condena, sería de cumplimiento efectivo.

Violencia en el Shopping: el fiscal general dijo que "la pena en expectativa es alta"

Al mismo tiempo, trascendió que el abogado Sebastián Martínez apelará la decisión ante la Cámara Penal local.

Ayer la CGT Regional Bahía Blanca expresó su contundente rechazo a la detención de Montiel, secretario general adjunto de la Asociación Empleados de Comercio (AEC), y vinculó las medidas judiciales a un clima general en el país de "persecución a la actividad gremial".

También se supo que este mediodía Montiel va a ser trasladado a la UFIJ Nº 7, donde la fiscal Marina Lara lo notificaría de la ampliación de la imputación en su contra.

Voceros consultados mencionaron que, a partir de elementos recolectados en la investigación, se le atribuirían otros daños y roturas de las instalaciones.

Esa medida se dio en el marco del sistema de rotación anual establecido por el artículo 162 de la Constitución provincial y el artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Torres, juez del máximo tribunal bonaerense desde 2019, ya fue presidente del cuerpo durante el periodo 2023/24.

El acuerdo prevé que el doctor Daniel Fernando Soria ejerza la vicepresidencia, completando la integración la doctora Hilda Kogan.

En esa ciudad se dieron denuncias de los directivos de la EES Nº 1, la EEST Nº 1 y la EPP Nº 1, siempre con el mismo tenor de las amenazas, que tendrían origen en un presunto reto viral a partir de redes sociales.

De esa manera se iniciaron tres causas, con intervención del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, por los delitos de amenazas calificadas e intimidación pública. 

Se pudo establecer que alumnos de los mismos establecimientos habrían sido los autores de las pintadas y en algunos casos ya fueron identificados. En este sentido, se aguardan instrucciones de la Justicia para actuar. 

A partir de esa situación, la Jefatura de Seguridad Comunal dispuso un control en el ingreso de la Secundaria Nº 1, a fin de garantizar la jornada educativa, en colaboración con las autoridades docentes, a fin de que las clases se desarrollen con normalidad.

El operativo fue realizado en presencia de los inspectores del nivel secundario y personal del Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (agencia Coronel Pringles).