La iniciativa tiene como objetivo resolver tres problemas críticos. En primer lugar, en la actualidad manejar borracho no es delito y sólo se pena con una multa de tránsito. Por ello, la propuesta del radicalismo, atendiendo la demanda de los familiares de las víctimas, impulsa la creación de un delito específico para castigar la conducción alcoholizada antes de que cause muerte o lesión.

“Procuramos que el derecho penal pueda intervenir antes de que el riesgo creado por una conducción altamente peligrosa se transforme en una tragedia. Al mismo tiempo, los umbrales previstos permiten mantener diferenciada la infracción administrativa de aquella conducta que, por la entidad del riesgo, merece una respuesta penal concreta", explicó la presidenta del bloque de Diputados de la UCR, Pamela Verasay, una de las autoras del proyecto.

En segundo término, el proyecto tiende a cambiar la normativa actual, que sostiene que quien mata al volante puede recibir condena condicional y no ir preso. En contraposición a esto, la propuesta radical obliga al cumplimiento efectivo de cárcel para el que cometa este tipo de delitos, aumentando también la inhabilitación para conducir como castigo.

“De esta manera -explicó la legisladora- actualizamos las penas para que las condenas reflejen la gravedad de los hechos y que no sea un delito fácilmente excarcelable. En pocas palabras, queremos que el Código Penal refleje la gravedad de manejar borracho, de fugarse sin atender a la víctima, de violar las velocidades máximas".

Actualmente, las condenas prescriben mientras se tramitan apelaciones en tribunales superiores. El proyecto de Verasay y Lisandro Nieri propone terminar con esto y que la sentencia que confirma la condena interrumpa la prescripción, es decir, que el caso no concluya mientras haya revisión judicial.

"No resulta razonable que el tiempo que demanda el control judicial de una sentencia condenatoria pueda consumir íntegramente el plazo de prescripción mientras esa condena continúa sometida a revisión por tribunales superiores. Cuando una conducta vial especialmente grave deja como consecuencia una muerte o una lesión irreversible, el ordenamiento debe contar con una respuesta penal adecuada", señaló Verasay. (con información de NA)

El fallo del juez del Tribunal en lo Criminal N° 1, Hugo Adrián De Rosa, recayó en Gustavo Daniel Fieres, quien fue hallado responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante reiterado, abuso sexual con acceso carnal reiterado y promoción de la corrupción de menores agravada por tratarse de una víctima menor de 13 años de edad.

El magistrado encontró probado que entre octubre de 2011 y 2014, Fieres (se encuentra detenido) ultrajo a una pequeña que al inicio de los hechos tenía 10 años, sometiéndola a distintas prácticas sexuales de manera reiterada.

También se acreditó que en esas circunstancias le exhibió material pornográfico, "con el propósito de que la víctima tuviera conocimiento de prácticas sexuales en forma prematura y de acelerar el desarrollo de su sexualidad".

En tanto, entre 2012 y 2014, en varias oportunidades, abusó de otra menor, hermana de la anterior, que por entonces tenía 8 años.

Se determinó que los episodios habrían ocurrido mientras el acusado quedaba al cuidado de las niñas, ya que sus padres estaban trabajando.

El juez tuvo en cuenta las declaraciones de las jóvenes, quienes describieron los abusos sufridos y las circunstancias en que se produjeron.

Del mismo modo, comentaron que por temor y cuestiones personales dudaron en realizar la denuncia, razón por la cual esto se produjo unos diez años después.

También brindaron su testimonio familiares de las chicas y profesionales que las evaluaron psicológicamente.

Por todo ello, De Rosa consideró a Fieres como autor de los delitos y le impuso la pena de prisión efectiva.

Desde la comisaría Sexta indicaron que el procedimiento, solicitado por la fiscalía y autorizado por la Justicia de Garantías, se desarrolló en Tierra del Fuego al 2.300.

En el sitio incautaron una bicicleta, herramientas eléctricas y manuales, una computadora y una riñonera, entre otros objetos.

"Como resultado de la diligencia se esclarecieron al menos dos hechos de robo", sostuvieron.

Los voceros mencionaron que el procedimiento está relacionado con los hechos ocurridos en Maestro Piccioli al 1.800 y Nueva Provincia y 1810.

También refirieron que las cosas fueron reconocidas por los damnificados.

En el inmueble allanado se produjo la aprehensión de Alejandro Tinervia (41), Lucas Guerrero (18) y un menor de 16 años por los delitos de resistencia a la autoridad, robo y encubrimiento.

Según la causa, investigada por la UFIJ Nº 11, a cargo del fiscal Diego Conti, el hecho se registró el 23 de septiembre de 2025 cuando la víctima se hizo presente en el domicilio de la calle Brandsen al 100 de aquella ciudad, para dialogar respecto de un conflicto que se había generado por la venta de una moto.

En el interior del departamento, la víctima se encontró con Alex Rodrigo Carrizo, quien sacó un arma de fuego y le apuntó en la cabeza, mientras le decía que se tire al piso, que lo iba a matar y le exigía dinero.

Ianina Carrizo también estaba dentro de la vivienda, lo apuntaba con un arma y le decía que haga caso. En esas circunstancias, llegó Justo Tomás Gómez Corro, a quien Alex Carrizo le dio el arma con la cual lo mantenía apuntado.

Carrizo ingresó al auto de la víctima para sustraerle el celular y el hombre, luego de unos 30 minutos, pudo salir del lugar tras saltar desde un primer piso, dirigirse a la comisaría y denunciar lo sucedido.

Ianina Carrizo fue condenada por los delitos de privación ilegal de la libertad y robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo comprobarse y por su comisión en poblado y en banda.

Además, se le impusieron reglas de conducta que deberá cumplir por el término de 2 años como fijar domicilio y abstenerse de mantener todo tipo de contacto con la víctima.

Gómez Corro, en tanto, ya había sido condenado, en juicio abreviado, a la pena de 3 años de prisión en suspenso, mientras que Alex Carrizo se encuentra prófugo.

Se trata de 333 Bar, cuyo frente, tras el crimen del joven de 19 años, se convirtió en una especie de santuario con la colocación de velas, fotos y pancartas en reclamo de justicia. 

El anuncio lo realizaron a través de la cuenta del bar en la red social Instagram.

"Ante los lamentables hechos ocurridos recientemente y la situación generada posteriormente, queremos informar que hemos tomado la decisión de dar por finalizada nuestra actividad comercial en el establecimiento.

"El inmueble ha sido restituido a su propietario, sr. Abel Quevedo.

"Esta decisión fue tomada priorizando la tranquilidad, la seguridad y el bienestar de todas las personas involucradas y de nuestra comunidad.

"Agradecemos profundamente a nuestros clientes amigos y a todas las personas que nos acompañaron durante un tiempo.

"Lamentamos sinceramente los hechos ocurridos y esperamos que la situación pueda encaminarse de la mejor manera para toda la comunidad", cerró el comunicado.

Por el crimen de Santiago -con un disparo a quemarropa- el único detenido es Joaquín Eleazar Larraburu (25), quien escapó del lugar del hecho aunque chocó la rotonda de la ruta 3 y Pedro Pico y fue reducido.

Se investiga si otras personas que acompañaban a Larraburu tuvieron algún grado de responsabilidad en el hecho, ya sea como eventuales partícipes o encubridores. 

El hecho en cuestión, caratulado como lesiones graves, se había dado en horas de la madrugada, en la calle Urquiza, entre Pasteur y Namuncurá de la vecina ciudad.

En ese momento, la víctima, Darío Gabriel Carrizo, había sido interceptado por una camioneta Volkswagen Amarok. Según surge de la investigación, el imputado, Matteo Martinoya, había descendido del vehículo y agredido físicamente a Carrizo, quien cayó al suelo y recibió posteriormente una patada en la zona de la cabeza, sufriendo un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento.

En ese momento, la víctima fue trasladada al Hospital Municipal de Pigüé, donde recibió asistencia médica, estableciéndose que las lesiones revestían carácter grave.

A partir de las tareas investigativas y la recolección de elementos probatorios, se solicitó la correspondiente medida, siendo autorizada por el Juzgado de Garantías N° 4 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

En este marco, este miércoles se llevó a cabo un allanamiento en el domicilio del imputado, procediéndose a su detención y al secuestro de su teléfono celular, quedando a disposición de la autoridad judicial interviniente.

Personal de la Comisaría Primera señala que la víctima, también menor de edad, había pactado a través de una red social un encuentro para intercambiar prendas. Al llegar al lugar, dos hombres lo habrían sorprendido aprovechando la oscuridad del sector y, mediante amenazas con un arma de fuego, le sustrajeron varias prendas y un teléfono celular.

A partir de la denuncia, se inició una serie de tareas que incluyeron la toma de testimonios y el análisis de cámaras de seguridad privadas para establecer la identidad de los presuntos autores.

Así se concretó un allanamiento en una vivienda ubicada en Ángel Brunel al 2000, donde fueron recuperadas todas las prendas y el teléfono celular pertenecientes a la víctima. Además, los efectivos secuestraron un revólver calibre 32.

Por el hecho fue aprehendido el adolescente de 16 años, acusado de robo agravado y tenencia de arma de fuego.

También fue detenido Diego Metz, de 18 años, imputado por encubrimiento agravado, ya que habría intentado ocultar los elementos sustraídos al momento de la llegada de los uniformados.

En las últimas horas había hecho un pedido similar la institución Estrellas Amarillas, desde donde se había indicado que "tendría que haber más presencia del Municipio” para evitar estas situaciones. Además, se había indicado que los problemas de seguridad vial responden  a la negligencia de los conductores y a la falta de infraestructura.

En el CD, en tanto, se solicitó la implementación de un programa integral y permanente de prevención y control que, además de alcoholemia y documentación, incorpore otras cuestiones como "controles de velocidad máxima, semáforos en rojo, utilización de teléfonos celulares, escapes antirreglamentarios, conducción temeraria, picadas y maniobras peligrosas efectuadas con motocicletas".

"Se solicita especialmente la incorporación y/o utilización de cinemómetros, radares móviles y demás dispositivos homologados para el control de velocidad, estableciendo controles rotativos en avenidas, accesos y arterias determinadas estadísticamente como de mayor riesgo", señala el texto.

También se reclaman informes sobre los accidentes ocurridos en los últimos meses, el número de fallecidos y heridos, además de una serie de estadísticas entre las que se encuentran la cantidad de distintos controles llevados a cabo e infracciones labradas, discriminando cada uno de ellos.

Asimismo, se solicita saber cuáles son los criterios "utilizados para determinar los lugares y horarios donde se desarrollan los controles".

El proyecto aclara que "los controles de tránsito no deben tener una finalidad meramente sancionatoria ni recaudatoria", sino "evitar el accidente antes de que ocurra".

"La eficiencia de una política de seguridad vial no debería medirse solamente por la cantidad de actas confeccionadas, vehículos secuestrados o dinero recaudado mediante multas, sino fundamentalmente por un indicador mucho más importante: cuántos accidentes, heridos y muertos logramos evitar", explica.

El domingo, el fallecimiento de dos motociclistas golpeó fuertemente el atardecer de la ciudad: en La Carrindanga había fallecido el motociclista Ángel Buiani, de 28 años, y su acompañante había sido trasladada en grave estado al Hospital Municipal; a las pocas horas, Antonio Origuela, de 26 años, murió luego de chocar con otra moto en la ruta nacional 3, a la altura del puente sobre el Canal Maldonado.

Incremento

Según el proyecto presentado por el concejal libertario Carlos Alonso, el año pasado se registraron 2.555 intervenciones por siniestros viales, frente a 2.169 registradas durante 2024, lo que representa un incremento del 17,8%.

"En 2025 se contabilizaron 17 personas fallecidas, considerando tanto las víctimas que perdieron la vida en el lugar como aquellas que fallecieron posteriormente en establecimientos hospitalarios como consecuencia de las lesiones sufridas", se indicó.

Esta situación, continúa el texto, se mantiene en 2026, ya que hasta el 10 de junio se habían registrado 1.029 siniestros viales, lo que representa un promedio de aproximadamente seis hechos diarios desde el comienzo del año.

El sujeto arribó en libertad al debate y permanecerá en esa condición hasta que quede firme el fallo del Tribunal en lo Criminal Nº 1.

No obstante, la justicia determinó la prohibición de acercamiento a la víctima y una serie de reglas de conducta que deberá obedecer.

De acuerdo con la causa, los hechos ocurrieron entre 2020 y marzo de 2022, cuando la víctima –de entre 11 y 12 años- se quedaba a dormir en la casa de su tía y el hombre aprovechaba esas situaciones para someterla a tocamientos en sus partes íntimas.

"Esos actos se repitieron de manera constante en el tiempo, en el domicilio donde vivía el hombre con su pareja -hermana del padre de la niña- y en la habitación de una iglesia a la que habían concurrido y en la cual se quedaron a dormir", señalaron desde el Ministerio Público.

La denuncia fue radicada por la madre de la menor, luego de que la niña le confesara a una amiga lo que venía padeciendo.

La sanción, resueslta en un debate abreviado por el Tribunal en lo Criminal Nº 1, recayó en Facundo David Bustamante.

Según la causa, investigada por el fiscal Diego Conti, el pasado 11 de abril el imputado ingresó al local ubicado en Don Bosco al 1.400 y amenazó con una pistola a dos trabajadores,exigiendo la entrega del dinero de la caja registradora.

El delincuente se apoderó de un millón de pesos y escapó por calle Martín Rodríguez en sentido ascendente.

Las cámaras de seguridad del comercio pudieron registrar el accionar del hombre, así como las prendas de vestir que llevaba colocadas.

Esta situación permitió que sea localizado por la policía y aprehendido en inmediaciones de Inglaterra al 1.900.

El imputado fue condenado por el delito de robo agravado por el uso de armas de fuego cuya aptitud para el disparo no se pudo tener por acreditada.

El delito, por el cual tomó intervención la comisaría Cuarta, se produjo poco antes de la medianoche en la zona de Bouchard al 2.300, según relató Ezequiel Nahuel Macías.

Tras un llamado al 911, los uniformados se entrevistaron con la víctima, sobre la 0.10, en Bouchard al 2.000.

En esas circunstancias relató que dos personas que se movilizaban en una moto Honda HX de color negro lo interceptaron y le exigieron la entrega de sus pertenencias, mediante intimidación con una escopeta corta, con la cual le pegaron un culatazo en la cabeza, provocándole un corte en el cuero cabelludo.

Los delincuentes, que estaban vestidos con prendas oscuras, encapuchados y con pasamontañas, le robaron un teléfono celular Motorola E14 y una campera de abrigo marrón camuflada.

Se trata de Brian Emanuel (30) y Jonathan Germán Asnes (35), quienes recibieron 3 años y dos años y medio de prisión de ejecución condicional, respectivamente, según el fallo dictado por el juez Sebastián Foglia, integrante del Tribunal Federal de Juicio de nuestra ciudad.

Se estableció que, al menos entre el 31 de agosto de 2021 y el 12 de junio de 2023, adquirieron mercaderías de origen extranjero irregularmente ingresadas al país, como celulares, notebooks, parlantes, luces LED, rigs de minería de criptomonedas y otros productos, que luego vendían, mayoritariamente "en negro", a través del perfil Celus Bahía.

La maniobra, que comenzó a investigarse tras una denuncia anónima presentada en la Dirección Regional Aduanera Pampeana, se desarticuló luego de 16 allanamientos que la Prefectura realizó en nuestra ciudad a mediados de 2022 -entre ellos en los domicilios de los acusados, en Charlone al 1.000- y que permitieron el secuestro de artículos sin estampillado ni documentación, por más de 16 millones de pesos, procedentes del contrabando.

Brian era quien organizaba la operatoria, administraba las redes sociales, fijaba los precios y se contactaba con clientes, proveedores y transportistas, mientras que su hermano se limitaba a ejecutar tareas de colaboración y asistencia.

También se condenó a ambos hermanos por tráfico de estupefacientes en la modalidad de tenencia con fines de comercialización, tras secuestrarles varios frascos con cogollos de marihuana.

Entre las reglas de conducta que les fijó la Justicia, deberán realizar una donación de 8 millones de pesos en total, destinada en partes iguales al Pequeño Cottolengo Monseñor José Nascimbeni y al Hogar del Peregrino Don Orione.

"Pez gordo"

En distintas comunicaciones incorporadas como prueba se establece que al menos el menor de los hermanos tenía conocimiento del origen ilícito de la mercadería a vender.

Y también repetía que los productos de marca Apple los ingresaban desde Chile y Paraguay, "a través de un contacto político que contaba con facilidades para eludir los controles aduaneros, al que se refiere como 'pez gordo', en una conversación del 28 de mayo de 2022".

"Tales manifestaciones, apreciadas en conjunto con el resto de la prueba reunida, permiten tener por acreditado que conocía el origen ilegal de la mercadería y que intervino activamente en la comercialización de dispositivos electrónicos introducidos al país mediante contrabando", sostuvo el juez, quien rubricó el acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre las partes.

La detenida es Albertina Mangini, quien trabajaba en el Patronato de Liberados, y está acusada de integrar una red que habría abierto cuentas en billeteras virtuales utilizando identidades y datos biométricos de personas que habían sido víctimas de robos de documentación.

De esta manera, la fiscal Betina Lacki (UFI N°2 de La Plata) imputó a la abogada e integrante de la Procuración General bonaerense por asociación ilícita, defraudación mediante el uso indebido de datos digitales y lavado de activos, con agravantes por la habitualidad de la maniobra y por ocupar un cargo de funcionario público.

Junto a ella fueron detenidos Mauro Perrota, en Mar del Plata, e Ignacio Marchioni, en Quilmes, luego de allanamientos que también alcanzaron domicilios en La Plata y Córdoba.

De acuerdo con la investigación, esas cuentas habrían sido utilizadas para blanquear dinero proveniente del juego clandestino, en una maniobra cuyo monto investigado ascendería a $27.000 millones. Durante los procedimientos, además, fueron secuestrados millones de pesos en efectivo y un automóvil BMW.

La causa también tiene conexiones con otras investigaciones vinculadas al circuito financiero y al fútbol, ya que uno de los implicados aparece mencionado en un expediente relacionado con una financiera ligada al entorno de Claudio “Chiqui” Tapia.

La pesquisa busca ahora determinar el alcance de la organización y el rol que habría cumplido cada uno de los involucrados.

Ahora, la Justicia continuará con el análisis de la documentación y los elementos secuestrados para reconstruir el recorrido del dinero y establecer las responsabilidades en la maniobra investigada.

Asimismo, Mangini y Perrota se negaron a prestar declaraciones durante la indagatoria, mientras que Marchioni aseguró que su actividad comercial se dedicaba al “corretaje y las inversiones”. (con información de NA)

Según la causa, investigada por la UFIJ N° 12, el delito tuvo lugar el 16 de septiembre de 2024, cuando el acusado y un cómplice habrían escalado un paredón de casi 3 metros para acceder a la vivienda ubicada en la calle Bernardo de Irigoyen al 1.100, previo el vidrio de un ventanal, para sorprender a la dueña de 71 años.

Ya dentro del domicilio, los acusados golpearon a la mujer con una patada en los tobillos y golpes de puño en la cara, brazos, tórax y espalda, para luego llevarla al comedor, y mientras uno de los masculinos le presionaba el cuello, el otro revisaba toda la casa.

Luego de eso, rompieron el celular de la mujer, la ataron de pies y manos con alambres, y le colocaron una media en la boca, mientras le exigían la entrega de una suma de dinero.

Finalmente, se llevaron entre 4.500 y 6.000 dólares y unos 2.000 euros, para luego darse a la fuga por una medianera.

Colo llega a juicio acusado del delito de robo doblemente agravado por escalamiento y por lesiones graves, daño y privación ilegal de la libertad agravada por ser cometida con violencia y amenazas.

Se trata de Ailín Gil, quien en principio fue asistida en el hospital Municipal y durante la tarde de ayer se la derivó al Privado del Sur, por razones de obra social

"Al Municipal ingresó con amnesia por el tipo de impacto contra el auto. Tenía el casco puesto y cayó al pavimento. Sufrió scalp (lesión por desprendimiento parcial o total de piel y tejidos blandos) en una rodilla, politraumatismos y fracturas de cúbito y radio derechos y la amputación parcial del tercer dedo de la mano izquierda", detalló un vocero médico.

Por esta última lesión debió pasar por el quirófano y, según el último parte, se encontraba lúcida y con manejo regular del dolor.

La tragedia se produjo el domingo sobre las 18, cuando Jorge Ezequiel Castro (32), al mando de un Fiat Cronos que aparentemente se encontraba detenido en la banquina de La Carrindanga, intentaba girar en U y, en esas circunstancias, fue embestido por una moto de alta cilindrada.

El conductor del rodado menor, identificado como Alan Miguel Ángel Buiani (28), falleció prácticamente en el acto, mientras que su acompañante, Ailín Gil, fue hospitalizada. 

La investigación penal del homicidio culposo está a cargo de la UFIJ Nº 1.

El incidente se registró en la tarde del lunes, poco antes de las 17, en un domicilio de Las Achiras y calle 0 bis.

La Jefatura de Policía de Seguridad Comunal pringlense concurrió por un llamado de emergencias y al llegar los uniformados constataron el incidente.

Lucas González (50) y Carlos Pérez (51) terminaron con golpes y contusiones varias, tras atacarse con un martillo bola de 400 gramos y un caño metálico de un metro de largo, que fueron secuestrados.

En principio ambos fueron derivados al hospital municipal Manuel Cabrera, para recibir la asistencia de rigor y luego fueron derivados a la comisaría, en carácter de aprehendidos.

Las actuaciones del caso quedaron a cargo de la UFIJ Nº 15. Se aguarda que hoy a la mañana se resuelva la situación procesal de ambos.

El procedimiento se inició por un llamado al servicio de emergencias 911 realizado por una amiga de la víctima, quien alertó sobre una situación de violencia que se estaba produciendo dentro del domicilio.

En el lugar, efectivos del Comando de Patrullas escucharon gritos provenientes del interior de la vivienda y, momentos después, observaron a una mujer de 31 años que logró salir por una ventana mientras pedía auxilio.

Según relató la víctima, su pareja no le permitía abandonar la casa y la había golpeado con un palo. Además, denunció que el hombre habría intentado prenderla fuego.

La mujer presentaba una excoriación en la mano izquierda, lesión que sería compatible con la agresión denunciada. Ante esta situación, se procedió a la aprehensión de Fernando Ezequiel Quezada Rech y al secuestro de un palo que habría sido utilizado durante el episodio.

De acuerdo con la información policial, Quezada Rech había recuperado recientemente la libertad, ya que se encuentra imputado en una causa caratulada “Homicidio”, por un hecho ocurrido el 5 de enero de 2026 en Monte Hermoso.

Interviene la UFIJ N° 15 del DJBB.

Se trata de Ignacio Jiménez, de 22 años, quien quedó acusado de daño, a disposición de la Fiscalía Nº 15.

Según indicaron desde la Comisaría local, ocurrió el sábado por la mañana, en una vivienda de Maipú al 200, del barrio Ciudad Atlántida.

Allí, Jiménez habría dañado la reja de una de las ventanas del departamento donde vive una joven de 20 años.

Personal del Destacamento Zona Sur llegó hasta el lugar tras un llamado de emergencia y encontró al sospechoso escondido detrás de un paredón de una vivienda lindante, donde fue aprehendido.

Según informaron oficialmente, distintas tareas investigativas permitieron establecer la presunta participación del hombre en ambos episodios.

Uno de los hechos, caratulado como robo agravado bajo la modalidad entradera, ocurrió el últimos miércoles 12 en un domicilio de calle San Andrés, en Palihue. En ese lugar fueron sustraídos dinero en efectivo y diversos elementos de bijouterie.

El segundo episodio tuvo lugar ayer en un inmueble ubicado en 19 de Mayo al 400. En esa oportunidad, los investigadores señalaron que fueron sustraídas una cámara de seguridad y también bijouterie.

Para avanzar con la investigación, los efectivos realizaron distintas tareas, entre ellas el análisis de registros fílmicos, la recepción de declaraciones testimoniales y un reconocimiento, procedimientos a partir de los cuales se estableció la presunta participación de López en los dos hechos.

Finalmente, el hombre fue aprehendido y quedó a disposición de la UFIJ N.º 11 y la UFIJ N.º 7 del Departamento Judicial Bahía Blanca, que intervienen en las actuaciones.