El planteo, que ahora tendrá que resolver el Juzgado de Garantías N° 1, fue presentado por la fiscal Leila Violeta Scavarda, luego de que se ampliara la indagatoria del acusado y se negara a prestar declaración, a través de una audiencia que se hizo vía telemática (no salió de la cárcel de Saavedra).

Mientras se avanza con este sumario, la Cámara Penal local debe definir si está prescripta (como dijeron dos jueces de Garantías) o no la causa por una violación y tentativa de aborto en 2009, en perjuicio de una niña que tuvo un hijo suyo, según confirmó el estudio de ADN.

Del Valle fue arrestado en Florencio Varela el 23 de agosto último, luego de que pasara más de 15 años prófugo, cuando el plazo de prescripción era de 12.

Sin embargo, la fiscalía encontró otro delito para mantener su detención: no afrontó la cuota alimentaria de sus 4 hijos (entre ellos el que fue fruto del abuso sexual) a lo largo de esos años.

Y en las últimas horas agravó esa figura (y por eso se lo citó a la ampliación de la indagatoria), porque habría ocultado deliberadamente sus bienes y sus ingresos a través de otras personas y cuentas.

En principio estaba imputado por el artículo 1 de la Ley 13.944, pero los investigadores -con la adhesión de los abogados querellantes- sumaron prueba para acusarlo por el artículo 2 bis de la misma normativa, que agrava las sanciones.

"Hemos tomado declaraciones testimoniales y recibido informes de bancos, de Mercado Libre y otros organismos y queda probado que él se manejaba con cuentas de su pareja y de su madre y que no ponía nada a su nombre", comentó una fuente allegada al caso.

El artículo 2 bis prevé penas de 1 a 6 años de prisión a quien, con la finalidad de eludir el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias, "maliciosamente destruyere, inutilizare, dañare, ocultare, o hiciere desaparecer bienes de su patrimonio o fraudulentamente disminuyere su valor".

Y al tratarse de un concurso real de delitos, la pena en expectativa debería sumarse por cada uno de los 4 hechos, con lo cual, en caso de mantenerse esa calificación legal agravada, la sanción de cárcel podría ser de cumplimiento efectivo.

Peligro de fuga

Luego de la audiencia a distancia de hoy al mediodía, en la que Del Valle se negó a declarar, la fiscal Scavarda formalizó el pedido para mantenerlo en prisión preventiva.

Esa decisión tendrá que ser resuelta en los próximos días por un juez subrogante en el Juzgado de Garantías N° 1.

El fundamento de la fiscalía para sostenerlo detenido -en la Unidad Penal N° 19 de Saavedra- es el peligro procesal de fuga y el entorpecimiento de la investigación.

Esos argumentos se sostienen, justamente, con el gran tiempo que se mantuvo en la clandestinidad por la causa del delito sexual.

El exarquero y ayudante técnico de Villa Mitre está acusado de -entre junio y julio de 2016- simular o hacerse pasar por doctor para exigirle a una niña de 6 años, hija de su entonces pareja, que muestra su cuerpo para ser revisada en sus partes íntimas.

Además de tocarla, le solicitaba fotos y videos en poses sexuales y enviaba mensajes de audios libidinosos en relación a la pequeña.. Esos hechos sucedieron en distintas situaciones cuando convivían en la localidad de Cabildo.

En consecuencia, el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires reiteró el ofrecimiento de recompensa pública, de entre 2.500.000 y 5.000.000 de pesos, a toda persona que aporte datos fehacientes que permitan localizar y detener a Giambelluca.

La información se puede aportar ante los Fiscales Generales de Cámara de los distintos departamentos judiciales bonaerenses y el Tribunal en lo Criminal N° 2 del Departamento Judicial Bahía Blanca, en Estomba 34 (correo electrónico: tribcrim2- bb@jusbuenosaires.gov.ar).

También se recibe en la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas, calle 2, entre 51 y 53, oficina118 de La Plata, (correo electrónico: profugos@mseg.gba.gov.ar, teléfono 0221 429-3015, de lunes a viernes de 8 a 18).

En todos los lugares se asegura la confidencialidad de la información y la reserva de la identidad de las personas.

El monto de la recompensa será distribuido solo entre quienes se presenten a suministrar la información ante las autoridades señaladas.

Giambelluca (DNI 31.611.587), de 41 años, tiene como último domicilio Balboa 2.839, departamento 5, de nuestra ciudad.

A fines de 2017, el exfutbolista fue condenado por el Tribunal en lo Criminal Nº 2 de Bahía a 3 años de prisión en suspenso, por el delito de abuso sexual simple.

Sin embargo, el fiscal Mauricio Del Cero, que había pedido 12 años de cárcel en el debate, apeló y el Tribunal de Casación Penal engrosó la condena (a 6 años y medio de cárcel), al agravar la calificación del delito a corrupción de menores.

El 10 de noviembre de 2020 el fallo quedó firme y se dictó la orden de detención del exfutbolista -que había llegado en libertad al juicio- así como el allanamiento de su vivienda, pero el resultado fue negativo.

El fallo, resuelto en un juicio abreviado por el Tribunal en lo Criminal Nº 1, recayó en Lucas Fabián Ruffa, quien fue hallado culpable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La causa se puso en marcha en junio del año pasado, cuando los operadores del Centro de Monitoreo municipal advirtieron movimientos extraños en una vivienda ubicada en avenida Independencia al 200.

A partir de esa información la policía comenzó a investigar, se detectaron maniobras compatibles con la presunta entrega de drogas a cambio de dinero y la justicia ordenó el allanamiento de la propiedad.

El 16 de julio de 2025 los uniformados registraron la casa del acusado y secuestraron 24 gramos de cocaína y 22 de marihuana, además de teléfonos y otros elementos de interés para la causa.

El análisis de los dispositivos arrojó el hallazgo de comunicaciones relacionadas con la actividad ilícita en el servicio de mensajería WhatsApp y la red social Facebook.

Ruffa declaró en la causa y dijo que las sustancias incautadas en el allanamiento no eran de su propiedad y que no se dedicaba a la venta de estupefacientes.

Sin embargo, los jueces entendieron que solo intentó mejorar su situación y que las pruebas reunidas confirman su participación en los hechos.

En la causa también se encuentra imputada la pareja del hombre, identificada como Thara Eloiza Flores Battos, de nacionalidad mexicana, quien será juzgada el próximo 25 de noviembre.

Destino del secuestro

Los magistrados bahienses resolvieron en el fallo que los teléfonos secuestrados durante el allanamiento sean cedidos a la seccional policial suarense.

Determinaron que los aparatos sean utilizados cuando los detenidos en esa seccional deban llevar adelante audiencias con la fiscalía a través de videollamadas.

Por otra parte, establecieron que el dinero hallado en la requisa sea utilizado para pagar las costas del debate oral.

Sin embargo, la medida del titular del Juzgado de Garantías N° 3, Alberto Manzi, todavía no está firme porque la defensa apeló ante la Cámara Penal.

La discusión se centra en que para la acusación Del Valle debe ser incorporado al llamado registro de violadores, mientras que los abogados del detenido creen que, como no va a ser condenado por ese delito (por la supuesta prescripción de la acción penal), no deberían incluirlo en el listado.

El juez Manzi tuvo en cuenta el protocolo dispuesto por la Corte provincial (resolución 237/2021) que "establece claramente" que se debe tomar la muestra a quienes tengan condición procesal de "imputado o condenado", teniendo en cuenta que Del Valle, al día de hoy, aún sigue procesado por el delito sexual.

"Perturbación ínfima"

"La medida en cuestión tampoco afecta la integridad corporal del imputado si se realiza por los medios ordinarios adoptados por la ciencia médica, de manera que ocasiona una perturbación ínfima en comparación con los intereses superiores de resguardo de la libertad de los demás, de la defensa de la sociedad y la persecución del crimen", explicó Manzi.

En consecuencia, resolvió autorizar la orden y, para el caso que Del Valle se negara, "se proceda a la extracción compulsiva" (por la fuerza) de una muestra biológica del mismo (habitualmente se utiliza el hisopado bucal o la extracción sanguínea).

La decisión seguramente quedará en suspenso hasta que la Cámara -que también tiene a su cargo opinar sobre si la causa está o no prescripta- se expida y fije posición.

Mientras tanto, Del Valle permanece preso por el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar a 4 hijos, con una figura que para la acusación se agravó tras sumar nueva prueba, con lo cual será indagado nuevamente hoy.

Se lo identificó como Jesús Ezequiel Acosta, a quien le imputaron en principio el delito de hurto en grado de tentativa.

El procedimiento se registró alrededor de las 22.30 del jueves, tras un llamado al servicio de emergencias 911 que motivó la presencia policial en inmediaciones de Thompson y Coronel Morel.

Momentos antes, según la investigación, Acosta habría extraído combustible de dos unidades de transporte que se encontraban detenidas sobre la calle Thompson, utilizando para ello una manguera. La maniobra fue advertida por personal de la empresa, que dio aviso de lo sucedido.

Tras la intervención policial, el sospechoso fue localizado y aprehendido en el sector. Asimismo, se procedió al secuestro de los elementos utilizados para la sustracción de interés para la investigación.

El aprehendido y los elementos secuestrados fueron trasladados a la comisaría Primera, quedando las actuaciones a disposición de la UFIJ N.° 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

La investigación se inició a partir de una denuncia radicada este miércoles 16 de este mes por una mujer de 80 años, quien manifestó que mientras transitaba por la vía pública, en inmediaciones de Sarmiento al 400, fue interceptada por un sujeto que, mediante engaños, le sustrajo las alianzas que llevaba colocadas.

Mediante tareas investigativas, vigilancia encubierta, análisis de cámaras particulares y la colaboración del CEUM, se logró individualizar al presunto autor.

Con una orden del Juzgado de Garantías Nº 1 del DJBB, los efectivos concretaron el procedimiento, que arrojó resultado positivo.

Durante el allanamiento se secuestró la totalidad de las prendas que habrían sido utilizadas al momento del hecho y una camioneta Toyota Hilux que, según la investigación, habría sido empleada para cometer el ilícito.

Intervienen en la causa la UFIJ Nº 7 y el Juzgado de Garantías Nº 1 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

El hecho delictivo había ocurrido el miércoles en Esmeralda al 400, mientras que la captura se dio en Estados Unidos y Piedra Buena, en el marco de un operativo Motochorros.

El delincuente fue identificado como Nahuel "Yuyito" García, de 27 años, quien posee amplios antecedentes por delitos contra la propiedad y a mano armada.

Según se explicó, a punta de arma de fuego, García había sustraído una mochila con recaudación y elementos personales a un repartidor de garrafas.

Gracias a testigos y al relevamiento de cámaras de seguridad, se pudo establecer la identidad del autor del robo.

García quedó a disposición de la Fiscalía N° 11. La causa es robo agravado por el uso de arma de fuego.

Fuentes judiciales informaron que los procedimientos fueron solicitados por el fiscal Rodolfo De Lucia, a cargo de la UFIJ N° 20, y autorizados por el Juzgado de Garantías N° 1.

Efectivos de la delegación local de Cibercrimen registraron el lugar de alojamiento de un detenido de la Unidad Penal N° 18 de Gonnet, mientras que la otra requisa se produjo en un inmueble de Juan Pío Gana al 4.000, de González Catán.

En los procedimientos incautaron teléfonos celulares que van a ser sometidos a pericias informáticas.

Voceros del Ministerio Público mencionaron que la causa se inició en diciembre de 2025, cuando una mujer denunció que una persona se hizo pasar por su hijo y le solicitó que le transfiera dinero.

"La denunciante dio cuenta que recibió un mensaje a través de la aplicación WhatsApp de un número desconocido, que tenía la foto de perfil de su hijo, el cual dijo: ´Ma, cambié el número´. A continuación le solicitó dinero prestado, por lo que la mujer realizó una transferencia de 598.400 pesos y luego otra de 895.000", señalaron.

Agregaron que "una vez practicadas las primeras averiguaciones, se determinó el nombre de la persona que recibió en su cuenta el dinero y las maniobras posteriores que realizó".

La audiencia fue fijada por la fiscalía para mañana al mediodía y se dará en forma telemática, es decir que el acusado no será trasladado y deberá conectarse desde la cárcel de Saavedra, donde permanece detenido.

Del Valle estuvo prófugo más de 15 años por el abuso sexual, hasta que cayó a fines de agosto último en una vivienda de Florencio Varela. 

Sin embargo, al menos dos jueces de Garantías consideraron que la acción penal por ese grave delito está prescipta por el paso del tiempo (más de 12 años), aunque la querella apeló y la Cámara Penal de Bahía debe dar su veredicto.

Al mismo tiempo, Del Valle quedó preso por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, por no aportar durante su tiempo en la clandestinidad la cuota obligatoria para sus 4 hijos, entre ellos el que nació fruto del abuso.

En principio estaba imputado por el artículo 1 de la Ley 13.944, pero los investigadores -con la adhesión de los abogados querellantes- sumaron prueba para acusarlo por el artículo 2 bis de la misma normativa, que agrava las sanciones.

"Hemos tomado declaraciones testimoniales y recibido informes de bancos, de Mercado Libre y otros organismo y queda probado que él se manejaba con cuentas de su pareja y de su madre y que no ponía nada a su nombre", comentó una fuente allegada al caso.

El artículo 2 bis prevé penas de 1 a 6 años de prisión a quien, con la finalidad de eludir el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias, "maliciosamente destruyere, inutilizare, dañare, ocultare, o hiciere desaparecer bienes de su patrimonio o fraudulentamente disminuyere su valor".

Y al tratarse de un concurso real de delitos, la pena en expectativa debería sumarse por cada uno de los 4 hechos, con lo cual, en caso de mantenerse esa calificación legal agravada, la sanción de cárcel podría ser de cumplimiento efectivo.

Esa fue la principal conclusión de la audiencia de formalización, que reemplaza al acto de indagatoria en el nuevo sistema acusatorio fiscal.

En la misma situación procesal quedó la pareja de Larriaga, Patricia Weinzettel (33), mientras que los otros dos detenidos en medio de los allanamientos de la Prefectura Naval, Fernando Gabriel Correa (32) y Norman Mauricio Viti (46), fueron excarcelados.

Larriaga está imputado de ser organizador de tráfico de estupefacientes, en la modalidad de tenencia con fines de comercialización, agravado por la intervención organizada de tres o más personas, en concurso real con otros delitos, como acopio de armas y falsificación de documento público.

Los cuatro fueron detenidos el viernes de la semana pasada, en medio de distintos allanamientos que la Prefectura realizó en Mendoza al 1.400; Jujuy y Lorenzo Luna (Villa Bordeu) y en Pedro Luro.

La acusación incluye un total de 7 hechos. El principal -relacionado con Larriaga, Weinzettel y Viti- tiene que ver con almacenar, distribuir y detentar, con fines de venta, estupefacientes, en especial cocaína, en forma organizada, con el primero de ellos como líder.

En el domicilio de Bordeu los efectivos secuestraron 813 gramos de cocaína, una balanza y elementos de corte.

A la pareja -que estaba prófuga de la Justicia- también le endilgan el acopio de 17 armas de fuego y municiones de distino tipo y calibre y en el caso de Larriaga, la tenencia de un DNI con su foto, pero a nombre de Carlos Gabriel Ramírez Pascua.

A Viti, a su vez, lo relacionan con recibir 4.100 dólares falsos que fueron encontrados durante el allanamiento a su vivienda de Newton al 1.900, mientras que Correa, una especie de "dealer" de la organización, tenía en su poder dos pistolas Bersa calibres 22 y 380 con cargadores y municiones, halladas en su auto Ford Ka.

El juez anunció que, tras dictar la prisión preventiva por 270 días, en breve solicitará cupo para trasladar a Larriaga y Weinzettel a cárceles federales. 

Viti y Correa, en tanto, fueron liberados pero seguirán vinculados al proceso y deberán presentarse todos los viernes en la sede de la Prefectura, no podrán ausentarse por más de 48 horas de su domicilio sin autorización y tendrán prohibición de salir del país.

Fuentes judiciales indicaron que el procedimiento, solicitado por la UFIJ Nº 7 y autorizado por el Juzgado de Garantías Nº 4, se desarrolló en el casco de un establecimiento rural situado en la zona de Mayor Buratovich.

Personal del Comando de Prevención Rural secuestró durante el operativo teléfonos celulares, cortes cárnicos sin trazabilidad y elementos de faena.

Los voceros señalaron que la causa se puso en marcha el pasado 18 de agosto, a partir de la denuncia realizada por una persona que arrenda un campo en la zona y lleva adelante actividades ligadas a la ganadería.

La víctima manifestó que halló sin vida a un bovino de unos 400 kilogramos, constatando "partes faltantes de cuartos y paletas".

También describió la presencia de huellas de un vehículo que ingresó al campo por "el sector del desagüe".

Manifestaron que las pruebas reunidas hasta el momento permitieron desarrollar el allanamiento e incautar elementos para profundizar la pesquisa.

El hecho se produjo alrededor de las 8 y en el lugar trabajó personal policial de la comisaría Primera y del Comando de Patrullas, así como los peritos de la Policía Científica, que arribaron poco antes de las 9.

La colisión tuvo lugar en Cervantes y Ramón y Cajal, cuando el vehículo menor, de marca Mondial, al mando de Evelyn Mardones, de 33 años, se embistió con una camioneta Ford Ranger doble cabina, de color bordó, al mando de un hombre de 67. 

"La mujer fallecida venía por Cervantes y la camioneta, por Ramón y Cajal. La chocó y salió despedida y falleció, incluso antes de que llegara la ambulancia", comentó una fuente policial.

La camioneta quedó cruzada sobre Ramón y Cajal, luego del paso de la bocacalle. Para facilitar el trabajo de los peritos, se cortó el tránsito en el sector. 

La causa fue caratulada como homicidio culposo y quedó a cargo de la UFIJ Nº 1 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

La aprehensión se llevó a cabo en la tarde del miércoles, por parte de personal de la Comisaría Primera, en una vivienda ubicada en Sócrates al 2.500.

En ese lugar fue atrapado Santino Martínez, de 20 años, quien posee un extenso prontuario en delitos contra la propiedad y tenencia de estupefacientes.

Según se indicó, a partir de la denuncia del damnificado y del seguimiento del GPS, se llevó a cabo un allanamiento en la vivienda, donde los uniformados lograron secuestrar la mochila y el celular sustraídos, además de un arma de fuego tipo revólver calibre 32.

Martínez quedó aprehendido por los delitos de robo y de tenencia de arma de guerra.

Los desconocidos violentaron un candado y lograron acceder a un depósito, del que tomaron objetos vitales para el cuidado de los animales.

Los ladrones se apoderaron de una carretilla, herramientas, un generador eléctrico Honda 7500, cinco bidones de nafta y varias latas de suplemento nutricional.

Por otra parte, los sujetos provocaron daños en el tendido eléctrico del predio, cuya ubicación no fue indicada por los responsables para "preservar la integridad de los equinos que allí son asistidos".

"Sabemos que, lamentablemente, nadie está exento de estas situaciones. Pero duele especialmente cuando el robo ocurre en una fundación, un espacio sostenido a pulmón, donde todo el trabajo es realizado ad honorem por voluntarios, y donde cada elemento se consigue con muchísimo esfuerzo", señaló la ONG en sus redes sociales.

Mencionaron que el hecho fue denunciado y que aquellos que quieran colaborar pueden hacerlo al alias fundacion.nelquihue

"Nos podrán quitar herramientas y elementos materiales, pero no nos van a quitar las ganas de seguir luchando por ellos", finalizaron.

Esta persona había sido vista por última vez en Inglaterra al 1.900, y fue encontrado hoy en buen estado de salud.

Según se indicó desde las fuerzas de seguridad, se encontraba en el barrio 5 de Abril, en el domicilio de amigos.

Por esta razón, fue finalizada su búsqueda.

El hecho ocurrió minutos antes de las 15.00, en un comercio ubicado en cercanías de la rotonda de la ruta nacional 3 y la avenida Colón.

En ese lugar fue aprehendido Hugo Zárate, de 20 años, quien previamente había escondido entre sus prendas dos salamines, un perfume de hombre, un fernet de primera marca y un trozo de queso port salut.

Esta mercadería sumaba $44.594,90.

Cuando cruzó la línea de caja sin abonar, fue interceptado por uno de los responsables de la firma.

En ese momento se pudo corroborar que Zárate poseía un dispositivo electrónico de monitoreo del Servicio Penitenciario Bonaerense colocado en su tobillo desde hacía menos de una semana.

“Debemos comenzar por señalar que el Supremo Tribunal de la Nación ha sostenido en reiteradas oportunidades que las leyes que han sido sancionadas de acuerdo a los mecanismos correspondientes, gozan de la presunción de legitimidad, que es lo que las hace operables. Sólo será procedente, eventualmente, su neutralización a través de una declaración de inconstitucionalidad, en un caso concreto”, explicaron los jueces en el fallo.

A su vez, remarcaron que “este Tribunal no minimiza la situación de los jóvenes que hoy se encuentran privados de la libertad en el marco de un proceso judicial en la Provincia de Buenos Aires, pero considera que ante una eventual situación que pudiera agravar sus condiciones de encierro, corresponderá al Juez a cuya disposición se encuentre el joven detenido, ordenar las medidas urgentes para remediar la situación y tomar las decisiones que crea conveniente dentro de las facultades y alternativas que tiene a su alcance”.

“Queda claro entonces que un Juez no puede suspender la aplicación de toda una ley, sancionada por el Congreso Nacional, a través de una medida cautelar -aún cuando lo haga de manera provisoria y por un plazo determinado-, sin lesionar gravemente el sistema republicano de gobierno”, apuntó el tribunal.

La magistrada Pascual había argumentado que la Provincia no tiene infraestructura ni recursos para absorber el ingreso de más adolescentes al sistema penal y advirtió que el encierro sin educación ni tratamiento no genera más seguridad.

En ese sentido, agregaron que “la resolución reseñada recibió los embates del apelante, quien básicamente sostuvo que la decisión de la Magistrada implica un avasallamiento de la labor propia de otro de los poderes del Estado, al suspender una ley que fue regularmente sancionada por el Congreso y promulgada por el poder Ejecutivo Nacional”.

A su vez, el Fiscal General Departamental afirmó que la suspensión general de la Ley 27.801 “fue dispuesta sobre la base de una hipótesis acerca de las consecuencias futuras que podría producir su implementación, sin que se hayan acreditado, con elementos objetivos y actuales, las circunstancias que permitirían tener por configurada una afectación concreta de derechos fundamentales”.

Y señaló: “Una cosa es ejercer el control judicial de constitucionalidad frente a una afectación concreta y otra sustancialmente diferente es disponer la suspensión general y preventiva de una ley nacional respecto de todas las personas comprendidas en su ámbito de aplicación, sobre la base de consecuencias que, al momento del dictado de la resolución, no aparecen suficientemente acreditadas”.

“Queda claro entonces que un Juez no puede suspender la aplicación de toda una ley, sancionada por el Congreso Nacional, a través de una medida cautelar -aún cuando lo haga de manera provisoria y por un plazo determinado-, sin lesionar gravemente el sistema republicano de gobierno”, apuntó el tribunal.

Los argumentos del fallo de la jueza Pascual

Luego de que entrara en vigencia, la jueza Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, decidió suspender por 60 días el nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires.

La medida cautelar se había dictado al hacer lugar a un hábeas corpus preventivo y colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, en representación de adolescentes privados de la libertad.

Al responder las críticas de su decisión, la magistrada aseguró: “Yo no romantizo a los chicos que salen con un arma, pero lo que creo que está pésimo es que hay como una sensación de que con esta ley le vamos a dar seguridad a la gente. Con esta ley no vamos a crear más seguridad”.

 La jueza Marta Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora.

Pascual aclaró que no está en desacuerdo con bajar la edad de imputabilidad, sino con aplicarla sin las condiciones necesarias. “Si no están los mecanismos para que se puedan dar todas estas medidas, esta ley no es más beneficiosa ni para la comunidad ni para los jóvenes”, destacó.

En los fundamentos del fallo, la magistrada cuestionó si la Provincia cuenta con “las condiciones edilicias, institucionales y profesionales indispensables para albergar a esta población bajo los estándares que exigen los derechos humanos de la niñez”.

Además, sostuvo que la reforma provocará “un aumento considerable en la cantidad de personas menores de edad detenidas”, tanto por los nuevos ingresos como por una mayor permanencia en los centros de detención, y advirtió que el hacinamiento “inevitablemente incrementa los niveles de inseguridad y violencia” dentro de los propios establecimientos. (con información de TN)

Cabe recordar que por el hecho, ocurrido el último 1 de agosto en San Martín y Plunkett, se encuentra detenido Joaquín Eleazar Larraburu.

"El fiscal (Jorge Viego), en su teoría del delito, lo imputó (a Larraburu) de homicidio simple con agravantes, pero nosotros analizamos el expediente y consideramos que estamos ante un homicidio calificado. La expectativa nuestra es la de prisión perpetua", indicó el doctor Norberto Filippini en declaraciones al programa Panorama de LU2.

También se refirió a las consideraciones de Marcelo Vega, padre de la víctima, quien dijo estar convencido de que hay más responsables en el hecho.

"Hay un grupo de cuatro personas que ya tenemos identificados con nombre y apellido, y otras en las que estamos en ese proceso. Estamos analizando el rol que tiene cada uno. Algunos pueden ser coautores, otros cómplices primarios o secundarios o instigadores. En la causa hay indicios vehementes para que esas personas también puedan ser traídas al proceso", consideró.

El letrado agregó que también están analizando la situación de los responsables del local comercial en el que previo al crimen estuvieron el acusado y la víctima.

"Hay que ver la responsabilidad de los dueños del bar. Ese lugar, donde se iniciaron los hechos, no estaba habilitado como tal. Tenía una habilitación de restaurante y, por lo tanto, no tenía las medidas de seguridad correspondiente a la función que desarrollaba. Por otro lado, consideramos que no fue diligente el actuar que tuvieron los responsables. Entendemos que hay responsabilidades administrativas y también penales".

Agregó que "cuando uno está a cargo de un lugar tiene el deber de diligencias. Estas personas pudieron haber realizado distintas acciones que no hicieron, como por ejemplo, cuando temprano comenzaron los disturbios, podrían haber llamado a la policía o, si estuvieran habilitados como correspondía, hubieran tenido los medios de seguridad adecuados que hubieran impedido que esto escalara al nivel que escaló". 

"Esto figura dentro de las hipótesis que vamos a evaluar", cerró. 

El juez Eugenio Casas consideró a Carina Pilar Gottau (50) autora penalmente responsable del delito de extorsión (dos hechos).

Según consta en la causa a cargo del fiscal Rodolfo de Lucia, Gottau entablaba contacto con la víctima a través de Facebook y luego continuaba la conversación por WhatsApp, red social mediante la que le pedía a sus víctimas intercambiar fotografías privadas.

Una vez que tenía las imágenes en su poder, la condenada amenazaba a los hombres con publicarlas y les exigía transferencias de dinero, a cambio de no difundir las fotos.

El primero de los hechos ocurrió el 22 de diciembre de 2025, cuando el damnificado le hizo a la mujer diferentes transferencias electrónicas por un total de 255.500 pesos.

El otro ilícito se registró el 2 de mayo pasado, cuando la otra víctima le envió a Gottau 59.000 pesos luego de que la delincuente llevara a cabo la misma operatoria.

Durante su declaración, Gottau intentó desvincularse del delito por el que finalmente se la condenó.

La denunciada afirmó que no conocía el significado de la palabra "extorsión", que su intención era que las víctimas dejaran de enviarle material y que el dinero recibido correspondía a "préstamos".

En su fallo, el magistrado Casas rechazó de manera contundente esa versión.

"Basta ver los términos, las horas de las conversaciones y relacionarlos con las fechas y montos de las transferencias para poder afirmar que los denunciantes dicen la verdad y la señora Gottau miente", indicó el juez en la sentencia.

La imputada, identificada como Mary Del Carmen Martínez Wrobbel, fue arrestada por efectivos de Drogas Ilícitas por pedido del fiscal Mauricio Del Cero, de la UFIJ Nº 19, y orden del Juzgado de Garantías Nº 3.

Los voceros señalaron que la acusada comenzó a ser investigada el 9 de abril pasado, a partir de un procedimiento puesto en marcha por la intervención de los operadores del Centro Único de Monitoreo (CeUM).

El hecho se produjo en el sector de Pacífico al 200, cuando personal de la UTOI fue alertado por un presunto "pasamanos" (entrega de drogas a cambio de dinero) en la vía pública.

Los policías interceptaron a Martínez Wrobbel y secuestraron en su poder 21,4 gramos de marihuana y un teléfono celular.

"Del análisis de su dispositivo celular se determinó la existencia de comunicaciones que acreditan la venta de estupefacientes", describieron.

La mujer está imputada de haber tenido en su poder marihuana con fines de comercialización y haber vendido marihuana y cocaína entre marzo y abril de este año.

Finalmente, las fuentes mencionaron que Martínez Wrobbel fue indagada en la fiscalía y se negó a declarar.