Esto se dio a más de una década de un fuerte conflicto entre De Lasa y el dirigente político, que se generó por supuestas estafas con terrenos en nuestra ciudad, en el marco de maniobras de usucapión.

El fallo de la Sala I fue favorable a De Lasa, aunque no del todo, ya que por mayoría de opiniones se mantuvo en 5 millones de pesos e intereses el monto a pagar (tal como había resuelto el juez en lo Civil de primera instancia) y no se lo llevó a 20 millones de pesos, tal como pretendía el afectado.

El caso tuvo origen en 2014, cuando Larraburu acusó al letrado y a la entonces senadora provincial Nidia Moirano de fraude procesal y de integrar una asociación ilícita para quedarse, mediante maniobras de usucapión, con distintos lotes a valores irrisorios.

De Lasa explicó en la presentación que Larraburu, a partir de distintas notas periodísticas -que no solo tuvieron repercusión local sino también llegaron al ámbito nacional-, realizó apreciaciones "descalificativas y calumniosas" hacia su persona y su actuación profesional.

Y aclaró que la denuncia penal formulada por el dirigente político en aquel entonces concluyó, en enero de 2016, con el archivo de las actuaciones por parte del fiscal Cristian Aguilar, ya que no se pudo acreditar ningún delito.

La Camara Civil consideró probados los daños y perjuicios contra De Lasa y ratificó la condena a Larraburu, aunque hubo disidencia en cuanto al monto.

El juez Marcelo Restivo entendió que la suma propuesta por el juez de primera instancia, de 5 millones de pesos, resultaba "exigua".

Para llegar a esa conclusión, el juez tuvo en cuenta la generalidad del reclamo, la difusión de los dichos, el reconocimiento público del abogado y que, por otro lado, no contaba con la posibilidad de "tener un fácil acceso a la réplica".

Ese monto indemnizatorio, a criterio de Restivo, "contribuiría a mitigar el padecimiento espiritual, las preocupaciones y toda alteración disvaliosa, permitiendo la adquisición de bienes o la realización de un viaje de placer de 10 días de duración. 

Por ese motivo, dispuso llevarlo a 20 millones de pesos, monto que le permitiría realizar un viaje junto a otra persona a un destino internacional y adquirir bienes tecnológicos de última generación, según las evaluaciones en plataformas y firmas comerciales como Despegar, Almundo, Turismocity, Frávega, Naldo y Mercado Libre.

Por mayoría

Sin embargo, los otros dos camaristas -por mayoría de opiniones- mantuvieron la sanción original.

Los doctores Jorge Federico Mercado y Patricio Lombardi entendieron que de parte de la defensa de De Lasa no existía en la apelación "una crítica razonada" del fallo inicial, con lo cual declararon "desierto" el recurso.

De esa manera entendieron que no superaba lo que plantea el artículo 260 del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires, en cuanto a que la crítica a un fallo debe ser "concreta y razonada".

"La elevación del monto indemnizatorio no puede justificarse en la gravedad de la conducta asumida por el demandado, sino en la insuficiencia de aquel para mitigar los padecimientos sufridos, de lo que se desentiende por completo el apelante", explicaron.

También conocida como prescripción adquisitva, la usucapión es un mecanismo legal que permite a una persona convertirse en propietaria de un bien (como una casa  o un terreno), tras haberlo poseído durante un tiempo determinado  (10 o 20 años), de manera pacífica, pública y continuada.

Fuerte "pirotecnia" política

En ese entonces referente del massismo local, el 8 de abril de 2014 Dámaso Larraburu denunció una supuesta maniobra de usucapión, que luego la justicia penal no pudo probar.

En declaraciones públicas, el hoy intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi relacionó al abogado De Lasa con los presuntos delitos y aseguró que quería "ver presa" a Moirano, entonces vinculada al denarvaísmo.

"Vamos a dejar que la Justicia actúe, que desde La Plata el Registro de la Propiedad nos haga el ADN y veremos si la usucapión la comenzó De Lasa y terminó en manos de Moirano. Quiero que termine presa por el daño a la sociedad", había dicho Larraburu.

Y relató que conocía el caso de un hombre mayor al que habrían golpeado para despojarlo de un lote.

Luego de esa acusaciones, la exsenadora Moirano publicó una solicitada en "La Nueva." para rechazar los cargos en su contra, que a su vez, desató una serie de tuits entre referentes del arco político local.

"Las cosas hay que tomarlas como de quien vienen. Esta persona no tiene ningún nombre ni honor y pretende que yo le eche mi honra a los perros", había declarado Moirano.

Sin embargo, existen casos que provocan heridas sociales difíciles de cicatrizar y que demandan un mayor estado de alerta en los sistemas de control de la salud mental.

Uno de ellos es el que, a mediados de este año, sacudió a Coronel Suárez y por el cual una mujer que buscó quitarse la vida fue rescatada de manera casi milagrosa, aunque en esa acción provocó la muerte de su hija de apenas 2 años.

La Justicia de Bahía Blanca acaba de ratificarle la prisión preventiva a Antonella Culotta (35), pese a que su defensor reclamaba que sea internada en un instituto psiquiátrico ajeno al régimen penal.

El abogado Eduardo Zalba exigía una atención especial, la misma que Antonella no tuvo -o fue insuficiente- antes de cometer el homicidio agravado de su hija y por el cual afronta cargos con la pena más alta del Código Penal: prisión perpetua.

La mujer tuvo varios intentos de suicidio antes del desenlace fatal ¿Por qué seguía a cargo de la guarda de su hija?

En el mes de la Prevención del Suicidio, ¿qué se hace en Bahía?

Devastada, a fines de mayo pasado, se encerró en su casa de Belgrano al 700, en Coronel Suárez, y comunicó en vivo su estado de angustia a Micaela Galarza, una influencer que tiene un portal sobre maternidad y mujeres y que no solo la escuchó a través de Instagram sino que, aún a la distancia, llamó al 911.

Antonella cortó la comunicación y abrió las hornallas de la cocina para liberar gas.

La Policía llegó tan rápido como pudo, forzó una abertura y encontró desvanecida a la madre y su hija. La mujer sobrevivió; la pequeña, no.

¿Es penalmente responsable de sus actos? Para la Cámara Penal, sí.

Los jueces decidieron mantenerla privada de la libertad porque entendieron que existen "peligros procesales" que justifican esa medida.

Y remarcaron algunos agravantes de su conducta: la corta edad de la víctima y el hecho de cerrar la puerta y dejar colocada la llave desde adentro, como obstáculo a los socorristas que buscaron impedir el auxilio.

La Justicia también rechazó la internación fuera del sistema carcelario para Culotta, porque no se dieron "las razones" por las cuales no se debería continuar bajo trámite penal, con la atención psiquiátrica necesaria en una unidad penitenciaria.

Pero más allá de la necesaria atención que hoy requiere la mujer, lo importante, con el daño irreparable consumado, es saber de qué manera evitar que haya nuevas "Antonellas".

"Escuchar más"

Micaela Galarza es oriunda de Zárate, tiene más de 130 mil seguidores en su cuenta de Instagram, denominada @bruno_ymamá, y es creadora de reels sobre "maternidad sin filtro" y "embarazo".

Se convirtió en protagonista involuntaria del caso cuando Antonella le escribió por ayuda y "Mica", a la distancia, la escuchó y la acompañó.

"Hay que escuchar más a las personas. A veces uno no se da cuenta de estas cosas hasta que no le pasa o lo vive. A mi me pasó, yo también tuve un posparto y depresión. Es necesario estar acompañada de las personas adecuadas y que te escuchen", comentó la influencer a La Nueva.

Agregó que "a veces quienes están a tu alrededor creen que exagerás o te dicen que seas positiva, pero no es fácil. Ella (por Antonella) en ese momento pidió ayuda, no solo a mi, sino que lo venía haciendo, pero nadie escuchó".

"Los profesionales que la atendían tampoco la escucharon y solamente la medicaban. A veces no se necesita solo remedios, sino que te escuchen. Es importante que te digan que las cosas van a estar bien, que te dejen llorar, si tenés ganas, y te acompañen".

Micaela sostuvo que en muchas ocasiones quienes padecen esta situación la sufren en silencio.

"Uno tiene sentimientos que en algún momento provocan una explosión. Muchas veces, por no molestar, callamos, fingimos que está todo bien y salimos a la calle como si no pasara nada, pero al volver a nuestra casa otra vez nos sentimos vacíos".

"Antes de que me pasara pensaba que jamás me lastimaría, pero cuando exploté lo hice sin pensarlo. No aguantaba más. Llegué a pensar que mi hijo o mi pareja iban a estar mejor sin mí. No es que una no piensa en su hijo, sino todo lo contrario. Esa persona actúa así justamente pensando que eso podría ser lo mejor para ellos".

Micaela destacó que es decisiva la presencia de familiares y amigos, pero de aquellos "a los que les interese lo que te pase y te escuchen de verdad".

Dijo que no volvió a tener contacto con Antonella, aunque sí intercambió mensajes con allegados y vecinos de Coronel Suárez.

"Me llegan siempre mensajes de mamás a las que les pasa lo mismo, que están con tratamientos y no se sienten escuchadas. La maternidad en soledad es muy fea y complicada. Las mujeres se las rebuscan como pueden, están muy cansadas y sufren las consecuencias de esa situación".

"Nunca me había pasado algo como lo de 'Anto', donde tuve que hacer de todo para poder encontrarla estando lejos, pero muchas me han contado que han pasado por lo mismo", finalizó.

Atender señales

La psicóloga Alba Picardi, integrante de la Mesa de Abordaje a la Problemática del Suicidio local, advirtió que esta problemática requiere un abordaje integral, siempre enmarcado en la salud pública.

"Es fundamental el papel de las políticas públicas en prevención, como la detección temprana en el seguimiento de personas que están en riesgo", dijo.

Observó, en ese sentido, que "hoy por hoy, lamentablemente, tenemos una fragmentación en diferentes niveles de atención, tanto pública como privada. Vemos que lo público está comprometido con la temática y que todavía nos falta mayor compromiso desde el ámbito privado. El abordaje de la salud mental quedó muy relegado a lo público".

"Sería importante sumar al área de Educación. Entendemos que es agotador que todas las temáticas caigan en las escuelas, pero sería muy importante la detección oportuna de los docentes", sostuvo.

Picardi también consideró necesario mejorar el trabajo articulado, lograr mayor capacitación y sensibilización en los equipos de trabajo, pensar en pautas de recomendación sistemáticas para la población y una actualización de los protocolos.

La profesional remarcó que no existe un solo motivo para el avance hacia esta problemática y que se trata de una cuestión multicausal.

"Tampoco tenemos que pensar que solamente las personas con un padecimiento en salud mental tienen un intento de suicidio o conductas lesivas. Cualquier persona en situación de crisis puede tener este tipo de reacciones. Algo que nos tiene que alertar son los cambios marcados en el estado de ánimo y, sobre todo, si no tienen una explicación razonable o que respondan a un evento, como un duelo. 

"Aunque haya una explicación, y vemos que ese cambio en el estado de ánimo persiste en el tiempo, también hay que recurrir a un profesional.

Otros indicadores son la pérdida de interés en actividades que antes disfrutaba, el aislamiento social, problemas de sueño, dificultades persistentes para comer y falta de energía o concentración", explicó.

La psicóloga, por otro lado, también admitió que sí existen otras manifestaciones tradicionales, las de aquellas personas "que sienten que son culpables o que no sirven o que están desesperanzadas".

"Muchas veces son formas de pedir auxilio y, en general, esas personas no quieren buscar ayuda. La familia debe involucrarse, aunque no sea necesariamente sea lo que quiere la persona afectada", explicó.

Picardi prefirió no abordar estadísticas, porque no están recomendadas para estas temáticas, pero aclaró que la situación de Bahía es similar a los parámetros nacionales y que hay que poner especial atención en dos grupos etarios: los adolescentes y los adultos mayores.

Dónde pedir ayuda

Emergencia. En una situación de emergencia, la comunicación adecuada es al número 107, que permite la activación del Sistema Integrado de Emergencias Prehospitalaria (Siempre).

0800. El Ministerio de Salud de la Nación cuenta con una línea telefónica gratuita y confidencial (0800-999-0091), que está activa las 24 horas. También existe una línea de atención provincial: 0800 222 5462.

Bahía. En nuestro ámbito, el departamento de Salud Mental de Bahía Blanca está disponible a través de los números 4551159 / 2914261642 / 2914979607 o en Zelarrayán 850. 

Abordaje. En nuestra ciudad existe desde hace más de 10 años la Mesa de Abordaje para la Prevención del Suicidio (MAPS), que funciona en el Concejo Deliberante y se reúne periódicamente para analizar situaciones, estadísticas e instrumentar actividades que sirvan para capacitación y prevención.

Según los denunciantes, existen videos presentados en la causa por la querella en los cuales se ve al hombre lúcido y expresándose con total normalidad.

La madre de la presunta víctima pide además que el imputado, de 82 años, vuelva a estar preso en una cárcel hasta el desarrollo del juicio.

Es que el procesado, acusado de abuso sexual reiterado agravado por el vínculo, goza de prisión domiciliaria desde que tuvo un accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico durante su detención en un penal.

Esta situación derivó en la suspensión del debate en el que se iba a analizar la conducta del anciano, programado originalmente para diciembre de 2024 y a cargo del Tribunal Criminal Nº 3.

"La defensa argumentó problemas de salud de su cliente, que estuvo internado y se le dio arresto domiciliario. Se fijó fecha de juicio y previamente el defensor del imputado había planteado que su asistido no podía hablar, no comprendía ni tenía capacidad para estar en juicio", explicó la abogada María Fernanda Petersen, quien representa a la familia de la chica como particulares damnificados.

Desde ese momento una perito psiquiatra oficial evaluó al acusado en al menos tres oportunidades.

Las conclusiones de la médica son que el presunto abusador "no tiene capacidad para declarar en juicio, para comprender el proceso penal y las posibles consecuencias ni para brindar ni recibir información normalmente".

El informe pericial indica que también es incapaz de "comprender que está acusado" ni entiende cuáles son las "funciones del fiscal, el defensor y el juez, y tampoco tiene capacidad para "comprender y comunicarse adecuadamente con su defensor".

El denunciado tampoco tendría capacidad para "comprender testimonios y proponer contrainterrogatorios".

En este sentido, la letrada Petersen enfatizó que en el expediente no figuran los "fundamentos" de la perito interviniente.

"Por eso presenté un escrito pidiendo que amplíe acerca de por qué resolvió que el imputado no tiene la capacidad de estar en juicio, conclusión que es totalmente contraria a los videos en los que se ve al acusado, y que acompañamos en el expediente", agregó la fuente consultada.

"Se fijó una audiencia de evaluación y seguimiento para febrero próximo, pero queremos que esta cuestión se resuelva cuanto antes", finalizó Petersen.

Según afirmó la mamá de la chica aparentemente abusada, en las filmaciones se lo observa al imputado "espléndido, ubicado en tiempo y espacio, haciendo ejercicio y comprendiendo perfectamente de qué se lo acusa".

"También presentamos un testigo que relata que el tipo hace sus compras, usa (código) QR y paga perfectamente bien con efectivo; hasta tuvo conversaciones en las que el acusado se comunicó perfectamente", aseguró la mujer.

"Le pedimos al fiscal que tenga en cuenta estas pruebas y, cuando se realizó la pericia nuevamente, la misma perito concluyó que el denunciado no está apto para un juicio", amplió.

La informante resaltó que desde hace más de tres años lucha para que el presunto agresor sexual de su hija esté privado de la libertad en un establecimiento carcelario.

"Él estuvo preso en un penal durante ocho meses y por causa de un ACV le dieron arresto domiciliario. Suspendieron el juicio porque la perito que lo evaluó dijo que el tipo era un 'potus', y que no estaba apto para presenciar un juicio", indicó la denunciante.

"Esperamos un año más y nuevamente la misma perito presentó el mismo resultado. Como padres llevamos adelante una lucha incansable para llegar a juicio", continuó diciendo la progenitora de la joven supuestamente ultrajada.

Familiares y allegados a  la nieta del denunciado tenían previsto realizar anteayer una manifestación en el exterior de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 14, ubicada en Moreno 25, para pedir el "cambio de perito" y que el Tribunal "nos dé el derecho de un juicio".

Videos. La familia de la joven aportó dos videos en los que se ve al acusado respondiendo preguntas. Asegura que es inocente y que la madre de su nieta "convenció" a la chica para que "mienta". También dice que después del ACV no se "acordaba dónde vivía ni de las calles".

Sin cambios. "La capacidad procesal del imputado sigue sin cambios con respecto al informe del 10 de abril pasado. La misma será reevaluada el 4 de febrero de 2026", confirmó en uno de sus informes la profesional médica de la Asesoría Pericial del Departamento Judicial Bahía Blanca.

Sánchez Elía. Los supuestos delitos contra la integridad sexual se habrían consumado, entre 2015 y 2019, en la vivienda del acusado, emplazada en el barrio Sánchez Elía, adonde su nieta concurría los fines de semana.

Edades. La posible víctima tenía entre 11 y 14 años cuando presuntamente fue sometida por su abuelo paterno.

Fiscal. El fiscal de delitos sexuales, Marcelo Romero Jardín, estuvo a cargo de la investigación del caso.

De manera encubierta el operativo se llevó a cabo en calles Pablo Acosta y María Eva Duarte, donde se logra detener a Darío Fernando Chiavetta (48 años), quien al momento de ser interceptado intenta darse a la fuga no logrando su cometido.

Chiavetta es investigado por perpetrar un robo, junto a otros individuos, contra la familia Montepietra, llevándose objetos de valor.

El hecho está calificado como robo agravado con arma de fuego y se secuestraron un arma calibre 22 y un cargador, además de municiones y un vehículo Chevrolet Onix color blanco (dominio AA421FH).

El aprehendido quedó puesto a disposición de la UFIJ N°11 de Bahía Blanca.

Durante su alegato de cierre en el debate oral que dirigió el Tribunal Federal de Juicio bahiense, el fiscal Agustín Carestía solicitó ocho años de cárcel para Karina Alejandra Carrasco y cuatro años para su hermano, Santiago Haroldo.

El acusador propuso el mismo monto de pena para Sebastián José Andreatta y dos años de prisión en suspenso respecto de Marta Sanso.

El Ministerio Público Fiscal imputó a Karina Carrasco como autora del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, mientras que al resto de los acusados le asignó el rol de partícipes secundarios.

En el juicio también actuó el auxiliar fiscal Justo Sebastián.

Por su parte, los defensores de los procesados solicitaron al cuerpo de enjuiciamiento (exTribunal Oral en lo Criminal Federal) la absolución de sus patrocinados, quienes llegaron al juicio en libertad.

El próximo viernes 28 se dará a conocer el fallo de los jueces Ernesto Sebastián (tribunal local), Marcos Aguerrido (La Pampa) y José Fabián Asís (Córdoba).

Fuentes oficiales indicaron que el procedimiento, solicitado por el fiscal de la UFIJ Nº 19, Mauricio Del Cero, y autorizado por el Juzgado de Garantías Nº 3, se desarrolló en un inmueble situado en Juan Molina al 2.400, donde aprehendieron Juan "Juanchi" Jiménez.

Efectivos de Drogas Ilícitas llevaron adelante operativo y secuestraron cocaína, marihuana, una balanza de precisión, dinero, celulares y un arma calibre 22 con la numeración suprimida.

Los voceros mencionaron que la causa por la presunta venta de drogas se puso en marcha a partir de una presentación de la Secretaría de Seguridad municipal y por denuncias anónimas recibias al teléfono de emergencias 911. 

También refirieron que en esas comunicaciones señalaban al sujeto arrestado. 

Finalmente manifestaron que Jiménez va a ser indagado en las próximas horas.

La actividad presencial y virtual es de carácter práctico con análisis de casos cotidianos para facilitar el accionar en los sectores involucrados y realizar un correcto procedimiento.

La capacitación permite además conocer los precedentes judiciales que enmarcan los actos de los funcionarios y agentes municipales.

El curso se dividió en dos clases de un par de horas cada una y está a cargo del magíster Adrián Carbayo, abogado bahiense especialista en Derecho Administrativo.

El segundo encuentro se llevará a cabo entre las 15.30 y las 17.30 de hoy, en la Municipalidad de Dorrego.

El temario de la unidad 1 incluye el análisis del decreto ley 8751/77; justicia de Faltas; alzada; órgano competente de alzada (fuero contencioso administrativo o penal); procedimiento; inicio; características; prescripción y la secuela del juicio.

También se abordarán cuestiones vinculadas con actas de infracción; naturaleza jurídica; requisitos; comparencia del imputado; medidas cautelares; sanciones principales y accesorias; sentencia en rebeldías; la vía recursiva; facultades de allanamiento (artículos 24 de la Constitución Provincial y 108, inciso 5, de la Ley Orgánica de las Municipalidades); alcances; límites y jurisprudencia.

La unidad 2 comprende conceptos sobre las leyes nacional y provincial de tránsito (24.449 y 13.927) y el decreto provincial 532/09; facultades de los municipios como autoridades de comprobación en rutas nacionales; competencia de los órganos de juzgamiento; procedimiento: principios procesales; domicilio del infractor; notificaciones; alcoholemia y sanción de inhabilitación; negativa a someterse al control de alcoholemia; la rehabilitación y jurisprudencia.

Fuentes consultadas indicaron que no se registraron heridos, mas allá de la presencia de una ambulancia del Hospital Pedro Ecay.

Ocasionales testigos agregaron que una combi Hunday -con dos ocupantes- transitaba por calle Paraguay en sentido Oeste-Este y, por causas que se tratan de establecer, colisionó su parte delantera derecha con la trasera izquierda de un Volskwagen Polo, estacionado en el lugar.

El impacto fue tan fuerte que el rodado menor fue desplazado varios metros. (Agencia Patagones).

El hecho ocurrió este jueves al mediodía, en José Ingenieros al 2.200.

En ese lugar fue aprehendido Tobías Cenon Caravajal, de 22 años de edad, quien posee amplios antecedentes penales por robo de motovehículos y por delitos contra la propiedad.

El procedimiento se llevó adelanta a partir de una denuncia realizada por la sustracción de un motovehículo en Holdich al 100, donde las cámaras de seguridad del lugar lograron captar la materialización del hecho. El hecho había ocurrido el pasado lunes 3, una hora después de que el delincuente fuera liberado por el delito de tentativa de robo de vehículos.

Incluso vestía las mismas ropas que tenía al momento de ser liberado de la comisaría; es decir, la robó cuando volvía a su casa

A partir de las pruebas fílmicas, hoy se llevó a cabo el operativo. Caravajal quiso fugarse, atacando a los uniformados, algo que finalmente no ocurrió.

El delincuente fue puesto a disposición de la Fiscalía Nº 15 por resistirse al arresto, como también a disposición de la Fiscalía Nº 7 por robo. Sin embargo, hasta el momento esta última no lo acusó por el robo.

Se trata de Xiling Jiang, conocido como "Leo", quien llegó al juicio en libertad.

Le imputó el juez dos de los hechos denunciados. Uno de ellos, cometido el 28 de febrero de 2022, entre las 14 y las 17, cuando el acusado tocó y pellizcó a una de las empleadas en los glúteos y la sometió a otras situaciones abusivas, mientras cumplía tareas en el local céntrico.

Además, entre febrero de 2020 y julio de 2021, Jiang tocó en su partes íntimas a otras dos mujeres, en reiteradas ocasiones, aprovechándose de la relación de dependencia laboral que tenían.

Giuliani dio por probados ambos hechos y consideró que el relato de las víctimas fue verosímil, creíble y contundente, respaldado por el resto de la prueba, incluyendo testimonios periféricos y pericias psicológicas.

El accionar del acusado "mostró intención y voluntad (dolo), ya que a pesar de ser advertido por las víctimas, continuó actuando de la misma manera", se indicó en el fallo.

El fiscal de juicio, Diego Torres, titular de la UFIJ N° 4, había pedido 5 años de prisión, mientras que la defensa, a cargo del abogado Juan Ignacio Vitalini, reclamaba su absolución o, en caso de ser condenado, el mínimo de la sanción.

Los manoseos a las trabajadoras se habrían consumado en el supermercado a cargo del oriental, ubicado en 11 de Abril al 100.

Prohibición de contacto

La condena se fijó en suspenso porque el asiático no registra antecedentes penales y que la pena de encierro efectivo no cumpliría los objetivos de una primera condena, evitando el efecto criminógeno de las sanciones cortas. 

Entre las reglas de conducta, "Leo" tendrá que fijar residencia, someterse al cuidado del Patronato de Liberados y no relacionarse con las víctimas, con inclusión de la prohibición de acercarse a sus domicilios a menos de 100 metros y no tener contacto con ellas por ninguna vía, ya sea telefónica o redes sociales.

El titular de la UFIJ Nº 14, Marcelo Romero Jardín, reclamó la condena en el marco de los alegatos del debate oral que lleva adelante el Tribunal en lo Criminal Nº 3.

El representante del Ministerio Público imputó al individuo -no se lo identifica para preservar a la víctima- por los hechos ocurridos entre 2016 y 2018 en dos domicilios de nuestra ciudad, .

En esas circunstancias, y aprovechando que convivía con la menor (era pareja de la abuela de la chica), la sometió a manoseos y exhibición de pornografía, entre otras cosas.

La pequeña tenía seis años de edad cuando comenzaron los actos abusivos.

Los voceros señalaron también que durante la audiencia de debate el procesado confesó los hechos.

El defensor oficial Augusto Duprat pidió que se tenga en cuenta esa situación y le impongan el mínimo de la pena establecida para los delitos imputados.

El veredicto de los jueces se conocerá el próximo miércoles a mediodía.

El procedimiento, ordenado por el Juzgado de Garantías Nº 3, se originó luego de una serie de actuaciones policiales y denuncias vecinales sobre un motociclista que circulaba con frecuencia por el sector del bulevar Avellaneda y del parque San Martín, realizando maniobras peligrosas y pruebas de velocidad, evadiendo los controles policiales en una moto Honda Tornado blanca, sin patente ni cachas.

El motociclista fue identificado como Brian Chávez, de 20 años, hijo de la mujer policía que fue aprehendida. La Honda Tornado se determinó que había sido denunciada como robada en Bahía Blanca, y tenía pedido de secuestro activo desde el pasado 25 de octubre.

En el allanamiento, los efectivos no encontraron al joven, pero sí a su madre, identificada como Érica Gabriela Chávez, de 38 años. También hallaron en el quincho de la vivienda 3 motos completas y diversas partes de motos y vehículos desarmados, como un motor de 110cc denunciado como robado el 8 de julio de 2024, dos cuadros de motos con numeración suprimida, una Yamaha Cross 250cc roja, una Honda CG Titan 150cc sin documentación, la Honda Tornado y otras piezas de las cuales se intentará averiguar su procedencia.

La mujer policía fue trasladada a la comisaría local y hoy ya fue puesta en libertad. La causa está caratulada como Encubrimiento e Infracción al Artículo 289 inciso 3° del Código Penal y se encuentra a disposición de la Ayudantía fiscal de Coronel Rosales.

La estrategia de Sebastián Cuevas, defensor particular de "Cayu" Rojas, es cuestionar en una audiencia oral la calificación legal de los hechos que el fiscal de delitos sexuales, Marcelo Romero Jardín, le imputa al ahora exconcejal de Tornquist.

A criterio de la defensa, tres de los casos denunciados por las madres de las presuntas víctimas no configurarían abuso sexual y los otros dos se tendrían que calificar como abuso sexual simple, según opinó Cuevas.

El imputado explicó que esas dos denuncias podrían haber sido radicadas por motivos políticos, porque en ese momento él todavía ocupaba su banca en el Concejo Deliberante tornquistense, como presidente del bloque Unión por la Patria.

Al respecto, el fiscal Romero Jardín agregó que el declarante se refirió a una "supuesta confabulación por su accionar político".

Durante aproximadamente dos horas, el detenido declaró en los términos del artículo 317 (ampliación de declaración indagatoria) del Código Procesal Penal bonaerense, y negó haber manoseado a las menores.

"Rojas dio su versión de los hechos y nombró a muchas personas. Ahora hay que evacuar citas y tomar todos esos testimonios", finalizó el titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 14 bahiense.

El hecho ocurrió alrededor de las 18 en la intersección de las calles Granada y España.

El delito está calificado como robo agravado.

El celular fue recuperado por ocasionales transeúntes que pusieron en fuga del delincuente, quien más tarde fue localizado -en Fortín Carhué al 500- gracias al accionar de las cámaras de seguridad del municipio.

El detenido fue puesto a disposición de la fiscalía temática N°11 de Bahía Blanca.

De acuerdo a la investigación realizada por la UFIJ Nº 19, a cargo del fiscal Mauricio Del Cero, la causa se inició el 23 de marzo pasado, cuando efectivos de la Policía Local y el Comando de Patrullas advirtieron un pasamanos y, en esas circunstancias, Berti intentó descartarse de envoltorios de cocaína.

Por esa razón, se procedió a secuestrar su teléfono celular, que fue sometido a pericias en busca de elementos de interés para la investigación.

Del análisis del aparato surgieron múltiples comunicaciones vinculadas al peso, la calidad y el precio de la droga, así como lugares de encuentros, por lo que se logró acreditar el fin de comercialización de la sustancia.

A raíz de las comunicaciones detectadas en el celular de Berti, fue allanada la vivienda de su pareja, Solange Tiburzi, donde se secuestró cocaína y marihuana, por lo que la mujer quedó detenida.

Berti cumplió condena en 2024 por dos robos y registra una condena reciente por el delito de robo agravado, sucedido el día 23 de marzo pasado.

Personas privadas de la libertad en sedes policiales bahienses quedarán alojadas en un pabellón de la cárcel de Villa Floresta con capacidad para 40 internos, que fue remodelado para tal fin.

Además se trasladará al penal de Saavedra a las mujeres que están detenidas en seccionales policiales locales.

"Se trata de una medida que impacta en la seguridad ciudadana, ya que los policías abocados a la custodia de detenidos en las seccionales policiales ahora podrán cumplir funciones de prevención del delito", se informó desde el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

En el fallo Verbitsky, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires estableció “el cese progresivo del uso de las comisarías como lugar de detención de personas privadas de libertad" y su sustitución por alcaidías, "conforme al plan de construcción aprobado y en ejecución por el Poder Ejecutivo”.

El Comité permanente de seguimiento del Departamento Judicial Bahía Blanca y la Autoridad de implementación y seguimiento del Programa de cumplimiento de la sentencia (APCS), que depende de la Corte provincial, también forman parte de la iniciativa.

El protocolo fue firmado en la Unidad Penal Nº 4 bahiense por el subsecretario de la APCS, Leandro Gáspari, en representación de la Corte; el jefe del SPB, Xavier Areses; los jueces de la Cámara Penal local, Guillermo Petersen y Gustavo Barbieri; y el fiscal general Juan Pablo Fernández.

También participaron el comisario inspector Gonzalo Sandobal, jefe de la Policía de Bahía; los secretarios de Cámara, Juan Cumiz y Clara Gabella; la secretaria de la Defensoría General, Julieta Lazarte; Lucas Alba (APCS) y la directora de asistencia del SPB, Alejandra Romano.

Desde abril de 2024 en esta jurisdicción se tomaron medidas coordinadas entre el comité departamental (integrado por un juez de la Cámara, el fiscal general y el defensor general), la APCS, el SPB y el ministerio de Seguridad, para implementar el esquema que "redujo la población alojada en dependencias policiales".

Hasta el miércoles pasado había 43 detenidos en sedes policiales de este Departamento Judicial, distribuidos en 12 dependencias de las cuales dos excedían su capacidad en relación con los camastros disponibles.

En tanto, 41 personas permanecían detenidas en esas instalaciones desde hacía menos de 30 días, y dos detenidos habían superado el mes de permanencia.

Desde el Comando de Patrulla señalaron que el procedimiento se produjo alrededor de las 6, cuando los operadores del Centro Único de Monitoreo (CeUM) observaron a través de las cámaras la presencia de un individuo utilizando herramientas para apoderarse de un tramo del tendido eléctrico.

Mencionaron que los efectivos que concurrieron a la emergencias interceptaron en el lugar a José Manuel Rodríguez, de 30 años de edad, y secuestraron una pala ancha, una sierra y una pinza de corte.

El sospechoso fue trasladado a la comisaría Quinta, donde iniciaron actuaciones por el delito de tentativa de robo.

Este último caso se dio el fin de semana, en horas de la madrugada, en inmediaciones a la Escuela Agropecuaria Carlos Spegazzini, cuando los uniformados, en medio de una recorrida preventiva, observaron a un hombre transitando a pie por el interior del predio del establecimiento.

Al ser identificado se estableció que llevaba entre sus prendas un revólver calibre 38, sin la documentación correspondiente para su portación.

Dos personas, a su vez, fueron arrestadas por el delito de desobediencia en relación con sendos conflictos de tipo familiar.  Una de ellas tenía prohibición de acercamiento a una mujer y la otra, un hombre de 42 años, fue sorprendida cuando hacía disturbios en la casa de su hermano, pese a que también una restricción perimetral.

Este último sujeto, además, se tornó hostil con la presencia policial y también fue acusado de resistencia a la autoridad.

Finalmente, una joven de 25 años fue aprehendida porque circulaba en la vía pública con un frasco con marihuana en su poder. Se le iniciaron actuaciones por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.

Ninguno de las personas arrestadas fue identificada por la Policía de Patagones (agencia Carmen de Patagones).

Personal de la comisaría Cuarta, con la colaboración del Centro Único de Monitoreo (CEUM), logró interceptar y aprehender a uno de los sospechosos, mientras que su cómplice pudo escapar. 

El procedimiento se dio sobre la 1 de hoy, cuando en la zona de Harris y Darregueira, cercana al barrio 5 de Abril, se detectó la presencia de los presuntos ladrones, quienes al ver los patrulleros abandonaron la moto que ocupaban y escaparon corriendo, aunque uno fue reducido.

Se trata de Jhonatan Ignacio Alarcón, de 23 años, a quien imputan de robo agravado, encubrimiento y resistencia a la autoridad.

La moto secuestrada, una Honda 250, de color rojo, patente 539KFV, tenía pedido de secuestro desde el pasado sábado 1 de este mes.

Se informó que Alarcón y la persona que escapó serían quienes, sobre las 23 de ayer, en la calle D'Orbigny, entre Indiada y Provincias Unidas, interceptaron a un joven y, mediante amenaza con un arma de fuego, le sustrajeron una Honda CG Titán 150.

Los investigadores ahora procuran dar con el otro acusado, secuestrar este último vehículo y el arma de fuego y tratar de establecer si tienen relación con otros delitos.

Se aclaró que no está realizando ningún tipo de relevamiento de información ni actualización de su base de datos, por ningún medio, y que solo se confíe en la información que llega por canales oficiales de contacto.

En la misma línea advirtió que el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (Colproba) no solicita, bajo ninguna circunstancia, la actualización de datos personales mediante enlaces web enviados por correo electrónico, mensajes de texto o redes sociales.

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