Como resultado del despliegue policial, fueron detenidas dos personas que eran requeridas por la Justicia.

En la intersección de Undiano y Teniente Farías, los efectivos procedieron a la detención de Hernán Rapi, de 28 años, sobre quien pesaba un pedido de paradero activo solicitado en una causa por hurto.

En tanto, en Paunero al 1500, fue aprehendido Julio Ernesto Carrillo, de 44 años, quien registraba una captura activa por tentativa de robo.

Según indicó la policía Carrillo posee antecedentes vinculados a delitos contra la propiedad y robos bajo la modalidad “entradera”.

Desde la fuerza señalaron además que este tipo de operativos preventivos se realizan a partir del análisis de los mapas del delito y de las estadísticas criminales coordinadas junto a la Jefatura Departamental, con el objetivo de reforzar la seguridad y atender las demandas vecinales.

Los Pibes de Don Bosco, una agrupación juvenil que realiza trabajo social hace décadas en nuestra ciudad, convocó a una misa para hoy a las 18.30 en la capilla San Dionisio (Pacífico 150) para pedir por la salud del adolescente.

Asimismo, publicaron un extenso comunicado en sus redes sociales donde advierten que este episodio no fue un hecho aislado: "Es el reflejo de una realidad que se viene instalando silenciosamente en nuestros barrios y que hoy ya no puede ocultarse más".

 

 

 

 

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En el texto afirmaron también que "estamos siendo testigos del avance cada vez más violento del narcotráfico. La droga gana terreno allí donde retroceden las oportunidades, el cuidado, la esperanza y la capacidad de soñar. El narco ocupa espacios que antes sostenían la comunidad".

El ataque se produjo el jueves a la noche en Patricios al 2000 y más tarde fueron detenidos cuatro menores de entre 15 y 17 años en una vivienda de Patricios al 2100, donde se secuestraron dos pistolas: una calibre 22 y otra 38, junto con municiones, además de envoltorios de cocaína y cogollos de marihuana. Todos ya se encuentran en libertad bajo responsabilidad de sus padres.

El crecimiento del mercado ilegal de drogas se viene dando hace muchos años en todo el país y Bahía Blanca no es la excepción. De hecho, no es la primera vez que se advierte sobre la utilización de menores de edad para tareas de distribución y custodia de sustancias. A esos jóvenes se los suele catalogar como "soldaditos" que realizan tareas delegadas por mayores de edad a cambio de sumas de dinero y droga.

Los Pibes de Don Bosco agregaron: "Hoy queremos decirlo sin miedo. Los tranzas y las redes del narcotráfico se están fortaleciendo en nuestros barrios y nuestros pibes están quedando en el medio".

El comunicado completo

"Frente a los hechos dolorosos y violentos que vienen golpeando a nuestros barrios, y que hoy tienen a un niño de 14 años luchando por su vida, sentimos la necesidad urgente de expresar públicamente nuestra palabra como comunidad que camina todos los días junto a los pibes y pibas.

Lo sucedido en estos días no es un hecho aislado.

Es el reflejo de una realidad que se viene instalando silenciosamente en nuestros barrios y que hoy ya no puede ocultarse más. Como tantas voces del barrio vienen diciendo, no queremos vivir así.

Estamos siendo testigos del avance cada vez más violento del narcotráfico. La droga gana terreno allí donde retroceden las oportunidades, el cuidado, la esperanza y la capacidad de soñar. El narco ocupa espacios que antes sostenían la comunidad.

Hoy queremos decirlo sin miedo: los tranzas y las redes del narcotráfico se están fortaleciendo en nuestros barrios y nuestros pibes están quedando en el medio.

Reclutan adolescentes cada vez más jóvenes, los convierten en "soldaditos", los utilizan para vender, vigilar o enfrentarse entre ellos y después los descartan. Les ofrecen pertenencia donde hubo abandono, poder donde hubo exclusión y dinero fácil donde faltaron oportunidades reales.

Pero detrás de esa falsa promesa, solo aparecen el miedo, la violencia, la cárcel y la muerte.

Pibes que desde niños crecen rodeados de armas y consumo cuando deberían estar viviendo su infancia y construyendo su futuro. La droga mata: mata lentamente los vínculos, los sueños, la dignidad y también mata de un disparo.

Cuando el narcotráfico avanza, el barrio entero retrocede. Se instala el miedo, se rompen lazos comunitarios y la vida comienza a valer cada vez menos. No podemos naturalizar que nuestros jóvenes sean utilizados como material descartable de negocios que destruyen comunidades enteras.

También debemos decirlo con dolor: este crecimiento del narco no ocurre por sí solo ni de un día para el otro. El corrimiento del Estado, la falta de políticas sostenidas, la ausencia de oportunidades reales, el debilitamiento de espacios comunitarios y la distancia entre muchas decisiones políticas y la vida concreta del barrio dejan terreno libre para que el narcotráfico avance

Necesitamos un Estado presente, inteligente y comprometido con la vida. Pero también necesitamos una sociedad que deje de mirar para otro lado mientras nuestros pibes se pierden.

Hoy denunciamos con firmeza a quienes lucran con la muerte lenta de nuestros jóvenes. Denunciamos a los tranzas, a las redes narco y a toda lógica que naturalice que nuestros barrios se conviertan en territorios donde la violencia sea costumbre.

Sin embargo, no hablamos desde la resignación. Hablamos desde la presencia diaria, desde el abrazo, desde el acompañamiento real que nace en el barrio.

Creemos profundamente en los espacios preventivos, educativos y pastorales donde el amor vuelve a ser idioma común y nos sentimos familia; donde un pibe es llamado por su nombre, escuchado en su historia y acompañado en su camino.

Como Los Pibes de Don Bosco, Jóvenes Esperanza, Taller de Soñadores y Oratorio Esperanza reafirmamos nuestro compromiso de seguir estando donde más se necesita: acompañando, cuidando y defendiendo la vida de cada pibe y cada piba.

Vivimos esta situación con profundo dolor porque conocemos las historias y los rostros detrás de cada noticia. Son pibes y pibas que vimos crecer, que juegan en nuestros patios y participan de nuestros espacios; lugares que muchas veces se convierten en segunda casa y, en ocasiones, primera.

Porque ningún pibe nace para ser "soldadito" del tranza.

Porque ningún pibe es descartable.

Porque ningún pibe nace chorro.

Porque nuestros barrios quieren vivir en paz.

Porque no queremos acostumbrarnos a la violencia.

Y porque hasta en la mayor oscuridad, creemos que el Dios de la Vida le puede ganar a la muerte".

Firman Proyecto Social, Educativo y Pastoral "Los Pibes de Don Bosco", Jóvenes Esperanza, Oratorio Taller de Soñadores y Oratorio Esperanza.

El damnificado es Bruno Tenaglia, a quien esta madrugada desconocidos le sustrajeron elementos de trabajo que había en la caja de su camioneta Toyota Hilux, valuados en aproximadamente medio millón de pesos.

El rodado estaba estacionado en el sector de 11 de Abril y Estomba, donde con una piedra los ladrones rompieron y abrieron la tapa de la caja y se apoderaron de agujereadoras, destornilladores y amoladoras, entre otros artículos.

"Hace 15 días me habían alcanzado a robar también algunas herramientas de la camioneta, cuando estaba estacionada en la primera cuadra de la calle Roca. Ahora me terminaron de romper toda la caja de la camioneta y nadie vio ni escuchó nada", enfatizó Tenaglia.

"Entre dos personas, como mínimo, se llevaron una caja gigante con un montón de herramientas, con una impunidad absoluta. No pasó ni un solo patrullero por ahí; la verdad es que es todo muy triste", agregó el fumigador.

Anteriormente Tenaglia había sido perjudicado por el robo de tres bicicletas.

La motivación del crimen nunca quedó en claro y no se descarta que Arroyo -que era inquilino de Máximo Jorge Boccio (75), el hombre fallecido- haya querido robarle a la pareja.

"No es algo que tengamos que determinar, pero no está claro el móvil. Si fue un intento de robo, y que lo haya maltratado hasta que esta persona dijera dónde estaba el dinero, o si fue por un altercado del momento", declaró el fiscal Jorge Viego antes de iniciarse el debate. 

Preguntado si el matrimonio atacado en la vivienda de Mendoza al 1.200 tenía una suma importante de dinero, respondió que no, "lo normal que puede manejar una persona mayor con sus ahorros, nada del otro mundo. Sí sabíamos que (la víctima) hablaba con allegados de la posibilidad de comprar un departamento".

El hecho se produjo el 11 de octubre de 2024, cuando supuestamente Arroyo llegó hasta el lugar en un auto rojo y luego habría golpeado a Boccio y a su mujer, Elsa Elena Benedetti.

"No había conflictos previos. El único inconveniente que tenían era una mediasombra que tenían para colocar en una pared que se había caído por el viento, pero no era un motivo suficiente para un conflicto de este tipo", declaró Viego.

Sobre el aporte testimonial de la mujer de Boccio, aclaró que "la mujer fue sometida a distintas pericias psicológicas y psiquiátricas y tiene una laguna en cuanto al recuerdo y no nos puede aportar nada de relevancia".

Pruebas en su contra

De todas maneras, el fiscal aseguró que existe fuerte material probatorio para vincular a Arroyo con los graves delitos.

"Más allá de las lesiones constatadas, tenemos material fílmico que da cuenta que Arroyo es el último en ingresar (a la casa) porque después se puede ver cómo se arrima gente a tocar timbre y no sale más nadie. Y cuando sale él, el que cierra la puerta es él, nadie lo acompañó", dijo.

Y agregó que existe un análisis telefónico de interés, acerca de que buscaba ocultarse de la Policía, y también que fue detenido a la altura del puesto Zoofitosanitario, cuando se iba hacia la Patagonia en un colectivo.

"Se constató que tenía lesiones en el rostro y en los nudillos de sus manos. El intento de fuga es un indicio más en cuanto a su participación en el hecho, buscó justificarse con que tenía un trabajo en el sur pero ni siquiera se despidió de sus hijos", sostuvo Viego.

Los jueces Claudia Fortunatti, María Mercedes Rico y Eugenio Casas analizan la imputación al acusado como homicidio simple en concurso real con lesiones graves.

La medida alcanza no solo a las instalaciones de la estación sino que también incluye la identificación de pasajeros que llegaban y partían, según se informó.

El operativo involucra a distintas unidades de la fuerza de seguridad, como la comisaría Cuarta (a cargo de la jurisdicción), Grupo de Apoyo de Departamental (GAD), Drogas Ilícitas y personal de la Policía Local que está afectado a la prevención en la terminal.

Los jueces del máximo tribunal bonaerense rechazaron por "inadmisible" los recursos federales extraordinarios solicitados por los defensores oficiales de Fernando Benítez y su madre Nélida Ester Llanos.

El primero de ellos fue condenado en octubre de 2019, por el Tribunal en lo Criminal Nº 1 de nuestra ciudad, a la pena de 48 años de prisión como autor penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada; homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género en grado de tentativa y abuso sexual con acceso carnal reiterado, todos ellos en concurso real.

La mujer, al igual que su otro hijo Gonzalo, fue sentenciada a 13 años como partícipe necesaria del delito de privación ilegítima de la libertad agravada (dos hechos en concurso real).

Llanos es la única de los tres procesados que por el momento permanece en libertad.

A mediados de julio de 2022 el Tribunal de Casación provincial ratificó las sanciones impuestas por los jueces bahienses. En febrero del año pasado decidieron en el mismo sentido los jueces de la Corte bonaerense.

"La única y última instancia que podrían llegar a plantear las defensas es una queja ante la Corte de Nación", dijo una fuente judicial consultada por La Nueva.

El caso

Los hechos, aberrantes, se conocieron en marzo de 2018 y fueron llevados adelante en perjuicio de Aldana García y Andrea Santa Cruz.

Los integrantes de la familia Benítez fueron acusados de mantener cautivas, agredir y someter sexualmente a las víctimas en una vivienda de Güemes al 3.700.

El hecho salió a la luz luego de que la primera de las mujeres lograra escapar de la casa y pedir ayuda.

Aldana sostuvo poco después que recordar el martirio que sufrió durante 4 meses "me hace muy mal" y que tiene "pesadillas casi todas las noches".

"Me acuerdo y no me puedo dormir, me pasa casi todas las noches", admitió.

A principios de 2025, Jonathan Fabio Cayunir asumió la propiedad de la droga que la policía secuestró durante un allanamiento en su vivienda del barrio Moresino.

En el procedimiento también había sido aprehendida Adriana Soledad Saravia, aunque posteriormente recuperó la libertad cuando el hombre declaró y la desvinculó.

Esa situación se sostuvo hasta hace algunos días, cuando en el juicio oral la mujer contó la verdad y quedó expuesta la situación.

Admitió su responsabilidad, se disculpó y permitió que el sujeto deje la Unidad Penal Nº 4 de Villa Floresta.

Así lo determinó el juez del Tribunal en lo Criminal Nº 1, Ricardo Gutiérrez, quien en el juicio oral decretó la absolución de Cayunir y sentenció a Saravia a la pena de 4 años y medio de prisión.

Pese a esto, a no existir un pedido de detención por parte de la fiscalía, la mujer permanecerá en libertad hasta que el fallo condenatorio adquiera firmeza.

El comienzo

El 30 de enero del año pasado, luego de denuncias anónimas sobre la presunta venta de estupefacientes, efectivos de Narcotráfico allanaron una vivienda ubicada en Darregueira al 3200, donde en la zona de la cocina incautaron 26,6 gramos de cocaína, recortes de nylon, una balanza de precisión, celulares y dinero.

En el lugar se encontraba Saravia, su hermano, un hombre y media hora después arribó Cayunir.

Este último declaró durante la instrucción de la causa ante el fiscal Mauricio Del Cero y sostuvo que le pertenecía la droga encontraba en el domicilio.

La mujer, por su parte, sostuvo que desconocía la presencia de esos elementos en su hogar.

Pese a esto, en el debate oral el representante del Ministerio Público acusó a la pareja de tener conjuntamente la posesión de la sustancia con la finalidad de comercializarla.

Cayunir habló en el debate en la audiencia y dijo que anteriormente había declarado en su contra “por el estado de salud de su mujer”.

Agregó que “se hizo cargo porque su pareja estaba teniendo muchos problemas, detenida y lejos de sus hijas”.

Señaló además que “no le gustaba verla donde estaba y fue muy chocante para él”.

También declaró Saravia, quien se disculpó con el sujeto “por haberlo llevado a tomar esa decisión”.

“Esto fue culpa mía y ahora que estoy mejor psicológicamente me hice cargo y responsable.

Afirmó que le duele “haberlo dejado hacerse cargo” y que el hombre “no tiene ningún vicio, ni siquiera fuma”.

Vigilancia

Un efectivo policial dijo que comenzaron a investigar a partir de una denuncia anónima y que verificaron la presencia de personas que llegaban al domicilio de los imputados y permanecían durante períodos cortos.

Agregó que se trataba de un “barrio hostil” y un lugar complicado para realizar vigilancia encubierta.

Otro uniformado refirió que los movimientos se advirtieron en horario nocturno, pero que no vio entrar y salir a los imputados.

Por otra parte, el análisis del teléfono celular de la mujer arrojó el hallazgo de mensajes relacionados con la actividad ilegal.

En ellos se hablaba de pedidos, pagos y lugares donde presuntamente se realizaban las maniobras.

“Con relación a Saravia, no albergo duda alguna que se encuentra legalmente acreditada tanto la tenencia de las sustancia estupefaciente secuestrada, como asimismo que dicha sustancia tenía como fin último su comercialización a potenciales consumidores”, indicó el juez.

Finalmente, respecto de Cayunir, el magistrado refirió que “no surgen elementos suficientes” que permitan acreditar que tuvo en forma conjunta con la mujer la droga incautada.

Si bien durante la jornada del sábado ya se habían llevado a cabo algunas tareas, desde este domingo se intensificaron las labores de asistencia y despeje.

En ese sentido, el intendente Hernán Arranz señaló que “todavía no podemos hablar de costos porque nos encontramos en plena etapa de evaluación de daños”.

El jefe comunal destacó el compromiso de los empleados municipales, Bomberos Voluntarios, la Cooperativa Eléctrica y Telefónica, quienes trabajaron durante todo el temporal para asistir a la comunidad y sostener los servicios.

Actualmente, las tareas se concentran en liberar calles y retirar elementos peligrosos esparcidos principalmente en el frente marítimo y zonas aledañas. La presencia de maderas, clavos y cables representa un riesgo para los vecinos, por lo que se recomienda evitar circular o acercarse a los sectores afectados.

 

 

 

 

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Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, el temporal se originó por un ciclón extratropical generado por un proceso de ciclogénesis frente a la costa bonaerense. Nuestra región fue una de las más afectadas, con ráfagas superiores a los 90 kilómetros por hora y una importante crecida del mar.

Todo esto ocurrió en un allanamiento llevado a cabo en Luis Bonnat al 400.

En ese lugar, personal policial detuvo a Braian Mardewald Coman, de 30 años de edad, quien tenía cocaína, marihuana, una balanza de precisión y varios celulares en su poder. Se entiende que todos estos elementos eran destinados a la comercialización de estupefacientes.

Además, en la vivienda se halló una motocicleta con pedido de secuestro activo.

De esa manera la Cámara Penal confirmó la sanción que el juez Gabriel Giuliani, titular del Juzgado en lo Correccional Nº 1, le había impuesto a Vanesa Karen Porte.

La mujer fue acusada de tentativa de hurto agravado por la utilización de llave verdadera previamente hallada o sustraída.

El abogado de Porte, Daniel Fabio Weiman, argumentó, entre otras cuestiones, que nunca quedó claro si las tres videofilmaciones y dos grabaciones de audio aportadas por los denunciantes (que confirmarían el delito) fueron adulteradas o editadas, con lo cual no debieron ser incorporados a la causa.

Dijo, en el mismo sentido, que no se cumplió con el artículo 265 bis del Código Procesal Penal bonaerense, que exige que el material probatorio se entregue en soporte original o, en caso de no ser posible, en copia equivalente certificada en soporte magnético y/o digital.

Y consideró que se había vulnerado el debido proceso legal y el derecho de la defensa en juicio de Vanesa Porte.

Sin embargo, los camaristas Christian Alberto Yesari y Gustavo Ángel Barbieri echaron por tierra ese planteo.

Explicaron que el citado artículo del Código Procesal se refiere al material fílmico "obtenido por particulares mediante sistema de monitoreo en lugares públicos o de acceso público".

En este caso -advirtieron-, la cámara oculta "se encontraba claramente en un espacio privado" (una sala usada como despensa dentro de la vivienda familiar) y de acceso exclusivamente privado.

Sin derecho afectado

La Cámara Penal fue más allá y analizó eventuales colisiones entre los medios tecnológicos utilizados y las garantías constitucionales por posible afectación de derechos, entre ellos a la intimidad.

"Como regla general, se puede considerar que la prueba es admisible si quien graba el ilícito de forma subrepticia es un particular (más aun si es la propia víctima de un ilícito) que actúa sin ayuda del Estado y sin ejercer ningún tipo de presión y/o coacción, o sin haber sido provocador de las manifestaciones", señalaron en el fallo, en función de un análisis doctrinal y jurisprudencial de los legistas Sergio Torres y Ricardo Basílico.

En el caso de Porte, los jueces bahienses entendieron que "la cámara oculta y la grabación de audio resultan plenamente válidas como elementos probatorios, en tanto los mismos (y a pesar de haber sido instalados sin el conocimiento y consentimiento de la acusada) no contravienen ninguna manda constitucional, toda vez que no puede exigírsele a los particulares los requisitos que son indispensables en la actuación de algún órgano estatal".

Se trata, en definitiva, de una prueba que está respaldada por los testimonios del matrimonio afectado así como de otra empleada de la vivienda, quien confirmó que la despensa estaba cerrada con llave y solo ingresaban los dueños.

En los videos se advierte el ingreso de la empleada Porte en tres oportunidades a la despensa. En el segundo registro se la observa con la llave en sus manos, ocasión en la que revisa el contenido de una bolsa de tela, procurando luego acomodarla de modo tal que no se evidencie su manipulación y en la tercera grabación se acredita la sustracción de dinero.

De los audios grabados de manera oculta, a su vez, se desprende que la imputada les pidió disculpas y admitió lo sucedido.

"La circunstancia de que el dinero haya sido restituido por la acusada (...) no neutraliza el carácter doloso de la conducta desplegada por Porte", afirmaron los jueces.

Por lo tanto, entendieron que las videofilmaciones y los audios fueron debidamente obtenidos e incorporados por lectura, sin vulnerar ningún derecho ni garantía defendida por nuestra Constitución Nacional", sostuvieron.

Confirman el dolo

Coartada. La acusada declaró que el matrimonio tenía conocimiento de que ella iba a tomar el dinero como adelanto de salario, pero la pareja la desmintió.

Filmación. De los videos surge con claridad que la Porte "tenía conocimiento de la ajenidad del dinero". La plata estaba dentro de una bolsa cerrada con un nudo y en una habitación del inmueble que permanecía con llave y a la cual únicamente tenían acceso los propietarios. 

Conducta. Para la Cámara fue llamativa la conducta de la acusada porque "procuró reacomodar la bolsa en las mismas condiciones en que se encontraba antes de hurgar en su interior, lo que evidencia la conciencia acerca del carácter ajeno del dinero y de la ilegitimidad de su proceder".

Sin autorización. "No se condice con las reglas de la experiencia y el sentido común" que previamente haya pedido autorización para retirar el dinero cuando intentó ordenar la bolsa de la manera en que estaba. Por otro lado, si estaba autorizada, el matrimonio no le hubiera dejado el dinero en un espacio cerrado y de acceso limitado.

El procedimiento se llevó adelante la jornada en la que reabrió sus puertas luego de que fuera cerrado por las autoridades en decenas de oportunidades durante el año pasado.

Los voceros señalaron que el operativo se desarrolló poco después de las 6, en el local que ahora se denomina "Judas" (anteriormente Black V), en Güiraldes y Vieytes.

Mencionaron que al momento del arribo de las autoridades se encontraban en el lugar "entre 25 y 30 personas", por lo que procedieron al desalojo y la clausura por carecer de habilitación.

Por ese motivo, los agentes labraron un acta por la infracción a la Ley 7.315, con intervención del Juzgado Correccional en turno.

En julio del año pasado la policía llevó adelante un procedimiento similar, donde se notificó a los responsables del sitio acerca de un oficio judicial estableciendo la "imposibilidad de abrir por tiempo indeterminado".

Desde la Policía Local indicaron que el procedimiento se produjo alrededor de las 21:30, en el sector de Chiclana al 300, cuando interceptaron a Marco Antonio Meza Campos, de 47 años de edad.

Los voceros señalaron que momentos antes, en la zona de Alsina y Dorrego, se habría apoderado de una mochila de color gris que tomó del interior de un Renault Sandero que se encontraba estacionado.

En poder del sospechoso secuestraron el bolso, además de dos teléfonos celulares y un handy utilizado para inhibir el cierre centralizado del rodado.

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Meza Campos quedó imputado del delito de hurto agravado y fue puesto a disposición de la fiscalía de flagrancia.

Poco más de un año

El 7 de febrero de 2025 la policía allanó la vivienda que ocupaba el acusado en la zona de Grünbein por la investigación de un robo bajo la misma modalidad.

Los efectivos incautaron en Schiaffino al 1.500 un handy inhibidor de alarmas con tres baterías y base cargadora, dos armas de fuego con municiones, y 200.000 pesos.

El operativo tuvo relación con la denuncia del robo de 8 millones de pesos del interior de un auto estacionado.

Se trata del Registro Provincial para la Comercialización de Bebibas Alcohólicas (REBA), que alcanza a la distribución, el suministro, la venta, el expendio, el depósito y la exhibición de ese tipo de productos.

Pese a tener un canon anual de muy bajo costo (entre 9 mil pesos y 90 mil pesos, según el tipo de local), muchos comerciantes deciden no afrontarlo o se "olvidan" de renovarlo, aún a riesgo de ser sometidos a sanciones que pueden ser mucho más perjudiciales que afrontar esa inscripción.

La Ley 13.178 prevé hasta 180 días de clausura e incluso puede llegar, como  extremo, al cierre definitivo en caso de existir reincidencia.

"Es importante que se conozca y darle difusión a que el REBA está vigente y que no se puede vender bebidas alcohólicas sin estar inscriptos en ese registro. Se ve que algunos no lo saben y otros se hacen los distraídos", comentó un operador judicial que atiende habitualmente este tipo de problemáticas.

No son pocas las causas por este tipo de contravenciones que se definen en los tribunales locales, incluso que demandan más de una instancia, con lo cual generan otro inconveniente: son casos "menores" que le quitan recursos a distintos organismos judiciales que, por ejemplo, tienen que atender delitos más graves o expedientes con detenidos.

Desde mediados de 2024 a la fecha, la Cámara Penal de Bahía Blanca (en segunda instancia, procedentes de los juzgados en lo Correccional) contabilizó, en promedio, casi un expediente por mes de comercios clausurados por falta de REBA en la ciudad.

Se trata de supermercados chinos, pizzerías, quioscos y hasta algunos comercios "conocidos", como los más recientes.

"Mas allá de las multas, que no son altas, la ley sí prevé clausuras que pueden ir de los 5 días hasta los 6 meses, con lo cual se debe considerar como un procedimiento duro, porque a veces no solo intervienen agentes administrativos de control sino también la Policía y se judicializan en el regimen penal", comentó la misma fuente.

Bajar las persianas

Uno de los últimos casos alcanzó a la tradicional pizzería Tomasito, ubicada en Washington 486 de Villa Mitre, que fue condenada a una multa de 2.000 pesos y una clausura de 10 días.

En ese caso la Justicia confirmó la infracción al artículo 2 de la Ley 13.178, por venta de alcohol sin autorización.

Los dueños del local, a través del abogado Alejandro Figueroa Prieto, plantearon como "irracional" la sentencia y aclararon que se trató de una circunstancia "aislada", que se dio en un contexto social especial, a partir de las inundaciones que sufrió nuestra ciudad.

Sin embargo, la Cámara Penal confirmó la medida dictada por el Juzgado en lo Correccional N° 3 y le impuso la sanción.

Los jueces explicaron que el 1 de febrero de 2025 se constató que la pizzería de Villa Mitre tenía la licencia del REBA vencida y se secuestraron las bebidas alcohólicas existentes en stock.

"La constatación se realizó el día 1 de febrero de 2025, siendo que la certificación había vencido el 14 de noviembre de 2024, es decir, dos meses y medio antes de constatada la infracción. Ello aleja la posibilidad de que se tratara de una cuestión aislada", explicaron.

Otro local que hace poco tiempo fue clausurado por 5 días (con una multa de 30.000 pesos) es el complejo de canchas de pádel 655 SAS, que está ubicado en Güemes 649.

La Justicia, también en segunda instancia, ratificó lo dispuesto por el Juzgado en lo Correccional N° 2, por el acta labrada el 18 de junio de 2024.

La defensa de los encargados del complejo deportivo había pedido la nulidad del allanamiento, por considerar que el administrador del predio recibió la cédula de la sentencia sin saber de qué se trataba su contenido.

Sin embargo, los jueces descartaron ese argumento porque el gerenciador de las canchas nunca firmó las notificaciones y en abril del año pasado se dispuso su comparendo compulsivo (trasladado por la fuerza) para prestar declaración.

"Se puede ver que el justiciable no solo contó con asistencia letrada al momento de serle recibida declaración contravencional, sino que ella se hizo efectiva también con posterioridad, desde que su representante técnico solicitó el préstamo en forma previa al dictado de sentencia y, pese a haberle sido concedido, no se efectuó presentación alguna", dijo la Cámara.

Qué dice la ley

La Ley 13.178, según su artículo 1, creó hace más de 20 años (fue promulgada el 31 de marzo de 2004) el Registro Provincial para la Comercialización de Bebidas Alcohólicas.

Ese ente, según el artículo 2, obliga a quienes tengan en depósito, vendan o exhiban bebidas alcohólicas, en cualquier hora del día, a estar inscriptos en el REBA, con lo cual se requiere contar con licencia provincial renovable.

Los ingresos por el canon anual básico que debe pagar cada comerciante, de acuerdo con el artículo 5, será asignado en el 100% a la Provincia y tendrá por destino el financiamiento de las funciones de fiscalización y control, así como a programas de educación, capacitación y prevención de las adicciones.

Las sanciones, siempre según la normativa, prevén para quien no tenga la licencia o la presente vencida multas que pueden llegar a los 500 mil pesos y clausuras que van desde los 5 días hasta los 180.

Para los reincidentes, en tanto, la ley estipula que serán sancionados "con el doble del máximo de la sanción de multa y la clausura definitiva".

Costos de la licencia

Anual. La licencia REBA tiene validez por año y su renovación se debe solicitar con una anticipación de al menos 60 días corridos antes del vencimiento. 

Categorías. Quienes son distribuidores de bebidas alcohólicas (categoría A) hoy pagan un canon anual de $42.000 pesos y las cadenas de supermercados (categoría B2), $27.000.

Más. Minimercados deben pagan $9.000 anuales (categoría B1); restaurantes (categoría C1), $12.000 pesos; bares (categorías C2), $27.000 y boliches (categoría C3), $90.000.

Diario. Hay una licencia temporaria de REBA (para fiestas regionales o diarias) con un canon que va desde 900 a 9.000 pesos.

Fue en esas circunstancias que el operario, de 60 años y con casi tres décadas de antigüedad en la planta de Grünbein, perdió el equilibrio y cayó en los piletones de desagüe residual, que tenían más de 2 metros de profundidad.

El hombre golpeó su cabeza y sufrió fracturas y una hemorragia que causaron su deceso. 

Más allá del llamado a los sistemas de emergencias de sus compañeros y del traslado del paciente a un hospital, nada se pudo hacer para recuperarlo.

Los peritos que intervinieron en la investigación determinaron que Alarcón Ríos no contaba con las medidas de seguridad necesarias para concretar esas tareas rutinarias.

Se estableció que el operario no contaba con cinturón de seguridad ni cuerda salvavidas y que los depósitos no tenían anclaje.

En la causa concluyeron que la firma no cumplió con las normas de seguridad e higiene aplicables a su explotación comercial.

De esa manera, el fiscal Cristian Aguilar decidió acusar del delito de homicidio culposo a Alfredo Viñuela (68) y a su primo, Antonio Daniel Viñuela (66), como cotitulares del frigorífico, al entender que violaron los deberes de cuidado que tenían a su cargo.

Rechazo a las defensas

Los abogados defensores de los dueños de la planta plantearon su oposición a que la causa vaya a juicio, pero la Cámara Penal ratificó lo dispuesto en primera instancia y rechazó el sobreseimiento de ambos.

El defensor oficial Martín de Prada planteó, en el caso de Ángel Viñuela, aseguró que no hay pruebas en su contra y que no tenía injerencia en la administración del frigorífico sino que se dedica a la compra y venta de hacienda en la zona rural.

El abogado Hernán Silva, asesor de Alfredo Viñuela, aseguró que el empleado fallecido sí contaba con elementos de seguridad pero que no saben por qué no los usó y que su pupilo había delegado esas medidas en un técnico especializado.

Al menos ocho compañeros de Alarcón Ríos que declararon como testigos -bajo juramento de ley- reconocieron que después del grave incidente se hicieron mejoras en el sector de los piletones, con colocación de vallas de seguridad, luminarias y carteles de advertencia.

Uno de ellos agregó que la víctima hacía esos trabajos sin contar con arnés ni casco y que al momento del hecho observó un desprendimiento de material de los bordes del piletón.

Otro testigo afirmó que el operario fallecido se había descompuesto al menos en dos ocasiones anteriores y que lo llevaron a la sala médica de Grünbein y al hospital Penna, por situaciones de vértigo.

El fiscal Aguilar consideró acreditado que Alarcón Ríos se desempeñaba en mantenimiento y limpieza de los citados depósitos, lo cual "es equiparable a trabajo en altura, el cual requería cinturón de seguridad y cuerda salvavidas (arnés), los que no fueron provistos".

"El lugar estaba en malas condiciones de mantenimiento, no existían puntos de anclaje, no había barandas (instaladas después) y tenía bordes inestables y de insuficiente anchura, lo que tornaba las labores extremadamente riesgosas", agregó.
Y la Cámara Penal consideró que existen suficientes elementos de prueba para enviar a los empresarios a juicio y así lo resolvió. 

Incumplimiento

Consejo. La Sala I de la Cámara Penal ratificó que Alarcón Ríos requería del uso de medidas de seguridad que no fueron proveídas, pese a que el técnico en Seguridad e Higiene, ingeniero Sergio Canullo, había aconsejado su uso a los propietarios.

Medidas. El especialista también sugirió, antes del suceso, la colocación de barandas y vallados de contención y la existencia -efectiva- de un capataz o supervisor para control.

Sin acatar. "Dichas condiciones de seguridad fueron incumplidas por los propietarios del frigorífico pese a las recomendaciones efectuadas por el ingeniero", explicaron los jueces Gustavo Barbieri y Christian Yesari. 

Delito. El homicidio culposo, según el artículo 84 del Código Penal, prevé penas de 6 meses a 5 años de prisión, e inhabilitación especial, a quien "por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o inobservancia de los reglamentos o de los deberes a su cargo, causare a otro la muerte".

Se trata de Mauro Henrique Cantanhede Ferreira (44), más conocido como padre Mauro, a quien una joven denunció en noviembre de 2019 porque presuntamente abusó de ella.

En al menos tres ocasiones Francisco Favrat, abogado de Cantanhede Ferreira, solicitó la medida respecto de su asistido, pero la justicia de Garantías bahiense la rechazó.

En 2024 y 2025 Favrat peticionó el sobreseimiento del nacido en Belém, al argumentar la gran cantidad de tiempo que había transcurrido desde el inicio de las actuaciones, como también planteó la "falta de pruebas" que incriminen al cura extranjero.

En ambas oportunidades la fiscalía se opuso al sobreseimiento del denunciado y el juez de Garantías Nº 2, Guillermo Mércuri, adhirió a la postura del Ministerio Público Fiscal.

Favrat no apeló las resoluciones de Mércuri.

Hace pocos días, el representante legal del padre Mauro volvió a requerirle a la Justicia el sobreseimiento del religioso, solicitud que se encuentra pendiente de resolución.

"Sin nada mantienen a un hombre 'sospechado' desde hace siete años, con todos los perjuicios que esto le ocasiona. Es una locura", opinó Favrat.

Actualmente Mauro está en Brasilia, a la espera de que su situación procesal se resuelva para "poder comenzar de nuevo" con su actividad.

Si bien continúa perteneciendo a la congregación de los padres Barnabitas, no puede oficiar misa a raíz de una suspensión producto de la denuncia en su contra.

"Además tiene que cargar con el peso de semejante acusación, y más aun por ser cura", dijo el informante.

Favrat espera la resolución judicial y, en caso de que rechacen nuevamente la medida, recurrirá la decisión del magistrado ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

A mediados de mayo de 2023, la fiscal Marina Lara, en ese momento a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 14, que investiga delitos sexuales, archivó la investigación al considerar que no hay prueba suficiente para acreditar el delito atribuido al religioso.

"Más allá de la afectación subjetiva que a la denunciante le provocó el suceso, no se pudo probar con la prueba reunida que se haya tratado de una agresión sexual perpetrada mediando violencia o intimidación, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad o poder, o aprovechándose de que la víctima no haya podido consentir libremente la acción", explicó Lara en su dictamen.

"El estado de duda al que me refiero, pese a no implicar certeza negativa respecto del hecho en cuanto a su materialidad y autoría, no permite sortear la etapa de la Investigación Penal Preparatoria y avanzar" hasta la etapa de juicio.

"Ello conlleva que no hayan suficientes motivos para formular imputación y que no sea razonable objetivamente prever la incorporación de nuevos elementos (probatorios)", acotó.

"Pese a que en estas actuaciones quedó acreditado que existió contacto sexual entre las partes, no se pudo probar que haya mediado alguno de los medios comisivos regulados en el artículo 119 del Código Penal y que permiten tener por configurado el abuso sexual", finalizó Lara.

Sin embargo la causa se puede desarchivar si, por ejemplo, surgen indicios de cargo en contra del cura.

La denunciante declaró que el sacerdote le pidió fotografías suyas de índole sexual, y que él le mandó fotos de bailarinas desnudas.

La chica relató además que el párroco le confesó que “se masturbaba con ese tipo de imágenes” y que luego le pidió que le “practicara sexo oral y hubo cosas que no fueron consentidas”, según afirmó la supuesta víctima.

La mujer también denunció que el cura brasileño invitaba a dormir al templo religioso del barrio Pacífico a una chica con discapacidad intelectual, y que a otra joven, perteneciente al “grupo de Acción Católica, le regaló una 'tanga' y le pidió fotos con esa prenda puesta”.

Código. El artículo 322 del Código Procesal Penal bonaerense establece que el sobreseimiento cierra definitiva e irrevocablemente el proceso con relación al acusado. En lo penal tiene valor de "cosa juzgada".

Supuestos. El sobreseimiento procederá cuando la acción penal se extinguió; el hecho investigado no existió o no encuadra en una figura legal; el delito no fue cometido por el imputado o media una causa de justificación, inimputabilidad, inculpabilidad o una excusa absolutoria, entre otras circunstancias.

Pedido. El fiscal, el imputado y su defensor, en cualquier estado de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), podrán solicitar al juez de Garantías que dicte el sobreseimiento total o parcial. Excepto el caso del artículo 323, inciso 1, en que el mismo procederá en cualquier instancia del proceso.

"Voluntariamente". Según manifestó el abogado Favrat, "la propia denunciante aseguró que lo hizo voluntariamente" (en referencia al contacto que mantuvo con el cura).

Desde la comisaría Primera señalaron que el arresto de Ignacio Rafael Epulef (42) se produjo durante un allanamiento llevado adelante en Fournier al 2.100.

El procedimiento, según mencionaron, tiene relación con la investigación de un robo ocurrido días atrás en un inmueble ubicado en Humboldt al 300, donde sustrajeron joyas, dinero y una mochila, entre otros elementos.

Los voceros explicaron que filmaciones de cámaras de seguridad y una huella recogida en el sitio por peritos de la Policía Científica permitieron relacionar al imputado con el hecho.

Agregaron que en la casa de Epulef secuestraron algunos de los elementos robados, así como otros acerca de los cuales se pretende establecer la procedencia.

El acusado quedó a disposición de la UFIJ Nº 7 y también del Juzgado en lo Correccional Nº 2 de Azul, que había solicitado su captura en el marco de una causa por hurto.

Desde la dependencia de calle Berutti al 600 señalaron que el sujeto había sido aprehendido a principios de noviembre pasado por un robo en la zona del barrio Universitario, al tiempo de registrar otros arrestos por amenazas y daño.

El joven herido es asistido en el área de terapia intensiva del hospital Municipal, adonde fue trasladado de emergencia, después de las 20 de ayer, por su propia madre en un vehículo particular. 

"El paciente de 14 años fue ingresado al servicio de emergencia por familiares, luego de haber sufrido un traumatismo de cráneo con mecanismo incierto. Ingresa vigil", explicó una fuente del centro asistencial.

"Se le realizó una tomografia y se observó un orificio de entrada y un cuerpo extraño con destellos metalicos dispersos. Ingresa al quirófano, donde se le realizó una craniectomía (extracción de una porción del cráneo para aliviar la alta presión intracraneal) fronto parieto temporal derecha, y actualmente permanece en terapia intensiva", agregó.

En el marco de la investigación del hecho, la Policía, según se informó, pudo secuestrar en el nosocomio el plomo deformado (que le extrajeron al joven en la operación), así como los restos óseos, que son compatibles con el ataque armado.

Por otra parte, la Justicia del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil dispuso, sobre las 4 de hoy, la libertad de cuatro menores -tres de 15 años y uno de 17- que habían sido aprehendidos preventivamente por la fuerza en la vivienda de Patricios al 2.149, donde supuestamente se produjo el ataque.

Los cuatro fueron entregados a sus respectivos responsables y/o progenitores. 

A los tiros

Todo comenzó poco antes de las 20, cuando el joven de 14 años fue trasladado al hospital tras ser herido.

Al intervenir la Policía, pudieron establecer que el incidente se había registrado en el citado domicilio y cuando llegaron los primeros uniformados fueron recibidos a los tiros.

"Los policías lograron cubrirse, se identificaron como tales y no respondieron los disparos por ignorar quiénes estaban dentro de la casa", explicó un vocero de la investigación.

En esas circunstancias, y tras una persuación verbal, pudieron ingresar y reducir a los 4 menores ya liberados y secuestrar dos armas de fuego y cocaína y marihuana fraccionada.

Es materia de investigación determinar cómo se originó el incidente, aunque no se descarta que tenga relación con el consumo y/o la venta de drogas.

El expresidiario concurrió sobre las 14 de ayer a la dependencia montehermoseña, donde le tomaron una denuncia penal.

Cuchán dijo que a partir de notas publicadas en distintos medios de comunicación tomó conocimiento de que una mujer (Marina Perín) lo denunció por estar supuestamente vinculado a la usurpación de un departamento interno ubicado en Neuquén al 400 y que él no tiene nada que ver.

Dijo que se comunicó de inmediato con su abogado (Maximiliano De Mira), quien le aconsejó presentarse en la seccional policial para hacer la denuncia de rigor por falso testimonio, porque lo relacionan con una usurpación de la que no tiene nada que ver.

Aclaró que vive en calle Horneros de Monte Hermoso y que no tuvo ninguna relación ni conoce a Perín ni a la mujer trans identificada como Guadalupe, a quien relacionaron con él y el presunto delito.

El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada en Eva Duarte al 2.900.

En ese lugar fue capturado Juan Galeando, de 19 años, por desobediencia y resistencia a la autoridad, ya que arremetió contra los uniformados cuando ingresaban a la casa. También fue aprehendida María Belén Fuentes, de 39 años, quien poseía 97,3 gramos de cogollos y hojas de marihuana.

El operativo se realizó a partir de registros fílmicos y tareas investigativas por el hurto del motovehículo.

En el lugar también se secuestró una llave tipo ganzúa.

Esto lo resolvió este mediodía la Sala I del cuerpo, integrada por los jueces Gustavo Barbieri y Christian Yesari, que rechazó un planteo de recusación que había realizado la defensa del gremialista Claudio Montiel, principal implicado en los hechos, al fiscal general Juan Pablo Fernández.

Fue durante una audiencia, de carácter remoto, mediante la cual el abogado Gaspar Narváez, acompañado por su colega Sebastián Martínez -ambos asesores del secretario adjunto de la Asociación Empleados de Comercio (AEC)- ratificó su pedido de recusar a Fernández y, por carácter transitivo, a la fiscal instructora Marina Lara.

La defensa entendía que el fiscal general se había extralimitado al realizar declaraciones públicas previas a la detención de Montiel y de su indagatoria (prevista en el artículo 308 del Código Procesal Penal), al considerar que, con esa conducta, Fernández fijó una postura en el caso que excede la comunicación institucional objetiva, con toma de posición anticipada.

Aludió a cuando Fernández tildó de "energúmeno y patotero" a Montiel y advirtió que "el Ministerio Público tiene que actuar para mandar la señal que corresponde" y de alguna manera descalificó la estrategia defensiva.

En consecuencia,  la Investigación seguirá a cargo de la fiscal Lara y con Montiel excarcelado bajo caución real.