Desde el pasado 20 de marzo, cuando entró en vigencia el decreto firmado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, determinando la cuarentena con el objetivo de frenar el avance del coronavirus, la vida de la mayor parte de los argentinos cambió drásticamente.

   Muchos de ellos mudaron su trabajo a la casa y los más chicos comenzaron a asistir a una escuela virtual. La circulación en la calle está restringida, pero en Internet es más intensa que nunca.

   La Cámara Argentina de Internet informó en los últimos días que creció en un 25% la conectividad de los argentinos desde que el Poder Ejecutivo estableció el aislamiento preventivo y obligatorio.

   Los beneficios que nos brinda la denominada “red de redes” son múltiples, pero también guarda una serie de peligros frente a los cuales hay que estar atentos.

   Grooming, sexting y ciberbullying son algunos de ellos y comparten un común denominador: la mayor parte de las víctimas son menores de edad.

   “En este tiempo de cuarentena está ocurriendo que los padres están las 24 horas con sus hijos e hijas en la casa, entonces puede ser que hay un poco más de monitoreo o de dominio de determinadas situaciones, por el solo hecho de una mayor presencia de la familia. De todas formas, también es cierto que los niños, niñas y adolescentes pasan mucho más tiempo con las tecnologías, lo que provoca mayor exposición, vulnerabilidad y, por lo tanto, más riesgo”, analiza Romina Cavallo, voluntaria bahiense de la ONG Argentina Cibersegura.

   “Por ejemplo, conversando con mamás por estos días, me han contado que sus hijos se quedan hasta altas horas en la noche con su celular, o jugando juegos on line, mientras ellos duermen”, agregó.

   Cavallo menciona que el grooming es el delito al que más están expuestos los menores de entre 9 y 13 años.

   “A partir de los 13 también se suma la práctica del sexting, ya que al adolescente, estando en cuarentena y encerrado en su habitación, se le genera un perfecto contexto de desinhibición, donde se puede sentir tentado a enviar fotos, videos, hacer videollamadas, etc, con desnudos, o cualquier otro tipo de acción de índole sexual”.

   “El problema no radica en el sexting en sí, que muchas veces hasta se da en una relación de confianza, el problema se genera cuando esa exposición termina en la viralización de ese contenido o en lo que se denomina sextorsión, que es la amenaza con publicar esas imágenes si no realizan determinada acción”, sigue diciendo.

   También describe que “en estos momentos, donde los encuentros solo se dan por videollamadas o por chats con mensajes y audios por WhatsApp u otra red social, se puede generar en los grupos agresiones, peleas, hostigamientos, violencia verbal y escrita, que cuando son sostenidas se transforman en ciberbullying”.

Mayor presencia

   Cavallo, quien junto al grupo de voluntarios bahienses dicta charlas en escuelas y entidades de nuestra ciudad, considera que hay que aprovechar este tiempo para estar más cerca y presentes en el “mundo digital” de los chicos.

   “El hecho de estar físicamente presentes las 24 horas del día puede no significar estar cerca. Cantidad no significa calidad. Si cada integrante de la familia está con sus actividades, sus lógicas preocupaciones o el trabajo en casa, se puede estar muy lejos también y no observar lo que está pasando”.

   Explica que en este sentido resulta indispensable generar un momento del día en el que todos los integrantes de la familia “se desconecten y apaguen las pantallas para conversar y generar un ambiente de confianza, de escucha y de mirarse a los ojos”.

   También menciona algunos recaudos que se pueden tomar.

   “Depende de las edades, pero en el caso de los más chicos se puede utilizar la herramienta de control parental en los dispositivos de la casa, los que pueden servir para filtrar y que no tengan acceso a contenidos de droga, violencia y sexualidad, como también para programar un horario límite, donde a determinada hora se corte Internet”. 

   Además, señala una serie de situaciones a las que se debe prestar atención.

   “Es necesario estar atentos a sus comportamientos, sus estados de ánimo, o si están muy callados y apáticos. También si se esconden para hablar o chatear, si se encierran demasiado o si su lenguaje está más sexualizado. Muchas veces los hermanos y hermanas mayores son de gran ayuda para detectar estos cambios o para ayudarlos y acompañarlos con el buen uso de las tecnologías”.

Diversificar actividades

   Cavallo agrega que un factor fundamental radica en que los pequeños realicen diferentes actividades cuando se ubican delante de una pantalla.

   “Si tu hijo está ocho horas conectado, pero en ese rango descarga tareas de la escuela, habla con amigos, hace una videollamada con la abuela, baja una receta de Youtube para cocinar a la noche, mira una película y hace una clase de gimnasia, se puede decir que todo ese tiempo fue productivo”.

   “Pero si durante ese lapso permaneció en Instagram, Tik Tok o con juegos on line, seguramente no solo tendrá más exposición a los riesgos, sino también un agotamiento mental y emocional”.

   La especialista en el tema resalta que el objetivo radica en que esa utilización de la tecnología sea “saludable y segura”.

   “Hay que enseñarles a discernir entre qué contenido puede ser adecuado y cuál no, explicarles que no compartan información personal con desconocidos y supervisar también que no ingresen a páginas de apuestas. Pero más que controlar o limitar es hacer acuerdos, y a partir de ahí hacerles saber que su familia los acompaña, los cuida y los ama”.

   Finalmente, y a modo de consejo, refiere que durante esta cuarentena “más que pensar en cuántas horas transcurren los menores con la tecnología, es mejor enfocarse en cómo están haciendo uso de ella”.

   La Provincia de Buenos Aires, desde el 20 de marzo, registró un incremento del 56% en la cantidad de denuncias por ataques de hombres a mujeres, la mayoría en contexto doméstico, según los datos publicados por la subsecretaría de Políticas contra las Violencias por Razones de Género.

   En Bahía, sin embargo, el número frío de las estadísticas marca un descenso del orden del 20% en las presentaciones.

   Desde la cuarentena se tramitan, en promedio, 2 causas menos que antes.

   El dato lo confirmó el fiscal Juan Pablo Schmidt, a cargo de la fiscalía especializada en la materia que está en turno.

   “Recibo alrededor de 10 denuncias por día y antes de la cuarentena recibía 12 más o menos. La modalidad de la denuncia cambió; si antes ingresaba por comisaría, ahora entra por un sistema telefónico, que es el 144 del ministerio de Seguridad”, explicó Schmidt.

   De todas maneras, el fiscal está convencido de que no hay menos delitos, sino que -en este marco- pudo haber surgido alguna limitación a la hora de formular denuncias.

   “No creo que haya menos delito ni que la cuarentena sea un impedimento para denunciar, porque existen los otros medios como el telefónico, modalidad que sí aumentó en los últimos días”, agregó.

Modalidad de teletrabajo

   En cuanto al protocolo de actuación si el agresor no es aprehendido en flagrancia, Schmidt indicó que las dos Unidades Funcionales de Instrucción y Juicio temáticas que investigan estos hechos, reciben el sumario y luego solicitan las medidas correspondientes a la justicia de Garantías.

   “Se busca que nos adelanten las actuaciones (policiales) por algún medio tecnológico, porque además está limitada la circulación de personal en las fiscalías. Entonces se está tratando de afianzar la modalidad de teletrabajo”, dijo el fiscal de la UFIJ N° 4.

   El representante del Ministerio Público Fiscal aclaró que en el total de causas por violencia de género se incluyen además las Investigaciones Penales Preparatorias iniciadas por delitos sexuales, de exclusiva competencia de la UFIJ N° 14 hasta antes de febrero.

   Según Letizia Tamborindeguy, miembro del equipo técnico de la Comisaría de la Mujer y la Familia, el aislamiento obligatorio incidiría en la disminución de la cantidad de denuncias.

   “Se sigue denunciando, aunque posiblemente haya muchas situaciones que no se puedan dar a conocer porque las mujeres no pueden salir de sus hogares o directamente no se animan a hacerlo”, expresó.

   “La comisaría sigue funcionando las 24 horas durante los 365 días del año. Muchas mujeres nos están llamando por teléfono para consultar qué deben hacer siendo víctimas de violencia de género. No es lo mismo que ella te diga 'en este momento me está matando a palos', a que manifieste que ante esta situación de aislamiento se dio cuenta de que está siendo víctima de violencia psicológica”, amplió.

   Es que, a su criterio, el aislamiento social, como medida preventiva, “hace que uno tenga mucho más tiempo para pensar y compartir en familia, circunstancia que puede provocar que las relaciones violentas se agudicen”.

   “Posiblemente mujeres que antes no registraban la violencia psicológica, ahora la empiezan a percibir ante una situación de confinamiento porque los gritos, el maltrato verbal y las cuestiones relacionadas con el patriarcado se potencian”, reflexionó Tamborindeguy.

En el lugar de convivencia

   Un número incuestionable es que más del 80% de los femicidios y/o actos de violencia contra el género femenino se produce donde conviven víctima y victimario.

   “Muchas mujeres, niñas, niños y adolescentes están en una situación de mayor riesgo porque conviven obligadamente las 24 horas con su agresor”, enfatizó.

   La contención en la urgencia es diferente porque –resaltó- esa mujer va a tener que radicar una denuncia, pero quizás en ese momento no sea necesaria una medida cautelar, como sí se requeriría si su vida corriera riesgo.  

   Insistió en buscar mecanismos de protección imprevistos en la emergencia.

   “Tienen que funcionar las redes de contención, tanto familiar como social, y se debe entender que, si bien es aislamiento, no tiene que ver con que la persona va a estar en soledad. Hay un montón de instituciones que siguen trabajando para prevenir situaciones de violencia y a las que pueden pedir ayuda”, remarcó.

Violencia económica

   “También estamos recibiendo muchas consultas sobre violencia económica. En contextos de padres separados en los que los hijos se quedan con una de las dos partes, la otra no entrega el dinero (de la cuota alimentaria) y por ende no tienen qué comer”, señaló Tamborindeguy, licenciada en Trabajo Social.

   “Se dan un montón de situaciones que derivamos a las instituciones que corresponde, como por ejemplo el municipio si se trata de demanda alimentaria”, explicó.

   También derivan casos al 911, cuando debe concurrir un patrullero a un domicilio por seguridad o existe un delito en progreso y se puede llegar a aprehender al violento en pleno acto.

   ¿Y cómo se actúa en caso de exclusión de hogar en medio de la cuarentena?

   La fiscal Paula Pojomovsky, que atiende delitos descubiertos en flagrancia, lo informó.

   Dijo que si la justicia ordena esa medida, la fiscalía tiene que verificar que el acusado disponga un nuevo domicilio.

   “La aprehensión del sujeto determina que sea retirado del lugar. Cuando la víctima declara, habitualmente pide prohibición de acercamiento si el aprehendido no convive con ella, o exclusión del hogar en caso de que convivieran al momento del hecho”, precisó.

   “Siempre se verifica que se dicte la medida cautelar antes que (el violento) recupere la libertad”, agregó.

Cautelar. Las medidas cautelares vigentes, como exclusión del hogar del hombre violento o prohibición de acercamiento, se prorrogarán hasta que se revierta el confinamiento generado por la pandemia, según lo dispuso la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

144. Las mujeres afectadas por violencia de género tienen a disposición la línea 144, que ofrece asistencia, asesoramiento, contención y posterior derivación de los casos a los organismos pertinentes. Es gratuita y funciona las 24 horas.

102. También está disponible la línea telefónica 102, de asistencia a niñas, niños y adolescentes víctimas de maltrato, acoso y abuso sexual”.

Comisaría. La comisaría de la Mujer funciona en Beruti 664 -al lado de la Primera- y su número de teléfono es (0291) 4558762.

En Ingeniero White. El 21 de marzo se produjo un femicidio en Ingeniero White. Susana Melo, de 51 años, fue asesinada por su expareja Raúl Costa (49). El cuerpo apareció en un camino vecinal de la ruta 252.

   También arrestaron a Guillermina López Camelo, hija de un exjuez bahiense, que iba con él a bordo de un Peugeot 208.

   Ambos fueron interceptados alrededor de las 21 en la esquina de Belgrano y Dorrego, pero no tenían ningún permiso para circular, aunque Cantaro manifestó que iban a un cajero automático.

   Tanto Cantaro como López Camelo afrontarán cargos por violar la cuarentena dispuesta por el Gobierno nacional.

   Aunque no se pudo confirmar, aparentemente los dos fueron enviados a sus casas para que siguieran con el aislamiento.

   Lo más preocupante es que el Ministerio Público Fiscal de Bahía Blanca ignora los motivos de la demora en la concreción de la diligencia por parte de la justicia brasileña.

   Y puso de relieve las dificultades a la hora de obtener información sobre la situación del acusado, que desde junio de 2019 está confinado en una cárcel del vecino país.

   Lo único confirmado es que, al menos hasta febrero -el 7 de ese mes cumplió 59 años de edad-, Favretto continuaba detenido en una unidad penitenciaria de Itajaí, ubicada en el estado de Santa Catarina, al sur de Brasil, donde al parecer goza de buena salud.

   “El expediente está frenado como lo puede estar cualquier otro. No sabemos si están esperando para su resolución definitiva, y como es la principal, se toman bastante tiempo para escribirla, o si es una demora normal de la justicia de Brasil”, informó un vocero de fiscalía local.

   El juzgado de Garantías N° 1 interviniente en la causa y la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, ambos de Bahía, solicitaron informes para conocer por qué la justicia del vecino país aún no resolvió la extradición del encausado, independientemente de la epidemia del coronavirus.

Problemas de salud

   “Favretto está preso a la espera de que la justicia de Brasil resuelva su extradición. Acá hay preocupación porque no se consigue mucha más información que esta. El expediente está online, pero se ingresa al sistema y se constata que no tiene movimiento desde septiembre”, afirmó la fuente.

   “Sabemos que a febrero de este año seguía preso en el Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí (al norte de Camboriú), y estaba bien de salud”, agregó.

   También por medio de la Embajada Argentina en Brasilia, la fiscalía intentó recabar más datos sobre el estado del sumario de extradición.

   “Parece ser un expediente federal que tramita directamente en alguna oficina de la Corte Suprema de Justicia brasileña. Las trabas idiomáticas terminan siendo un problema en estos casos; si por ejemplo fuera Paraguay, sería más sencillo”, reconoció el informante.

   “Favretto está preso desde junio y es raro que todavía no lo hayan extraditado a la Argentina”, aclaró.

Llamadas, redes sociales y familia: cómo seguían los pasos de Favretto

   “Así es el procedimiento de extradición internacional. El imputado, en principio, queda encarcelado hasta que se resuelve si lo extraditan o no”, continuó la fuente consultada por “La Nueva.”.

   El juez Pedro Morán, quien subroga en el Juzgado de Garantías N° 1, explicó, por su lado, que “las autoridades penitenciarias de Brasil informaron que Favretto está en buen estado general de salud, pero presenta como comorbilidades hipertensión arterial y diabetes y está recibiendo el tratamiento adecuado a tal cuadro de situación”.

Más de 4 años prófugo

   Sergio Arnaldo Favretto, extitular de DyF Fiduciaria, fue capturado por efectivos de Interpol a fines de junio del año pasado en Belo Horizonte, luego de estar prófugo desde 2015.

   Al momento de que personal de la Oficina Central Brasilia de dicha fuerza lo identificó, determinó que sobre él pesaba un pedido de captura internacional.

   El fiscal Rodolfo de Lucia, de nuestro medio, lo imputó de defraudación por administración infiel reiterada (12 hechos), estafa en calidad de coautor y asociación ilícita.

   Por el caso ya fueron condenados, a 9 años de prisión, los abogados capitalinos Rafael Benedicto Díaz Flaqué y Roberto Daniel Carmona.

   Estos últimos también se habían profugado tras la sentencia, aunque posteriormente Díaz Flaqué fue detenido en la Capital Federal, durante un control de tránsito de rutina.

   A Carmona también se lo detuvo en Buenos Aires, aunque en una situación insólita: mientras actuaba en una obra de teatro infantil.

   El fallo, resuelto en un debate abreviado por el juez del Tribunal en lo Criminal Nº 1, Hugo Adrián De Rosa, recayó en un individuo de 53 años, quien está detenido y no se identifica para preservar a la víctima.

   Para el magistrado quedó probado que el procesado sometió a la pequeña entre los 8 y 10 años, en una vivienda que ocupaban en la zona del barrio Stella Maris.

   También determinó que los episodios abusivos comenzaron en 2010 y consistieron en manoseos, los que muchas veces ocurrían cuando el hombre quedaba solo junto a la pequeña.

   En primera instancia declaró la denunciante, quien dijo haber notado que la niña estaba triste y que por su experiencia enseguida se dio cuenta de lo que sucedía.

   Comentó que la chica le contó los abusos y que durante un tiempo siguieron intercambiando mensajes, aunque en determinado momento la menor le pidió que no hiciera la denuncia, explicándole que ya había comentado la situación con su familia y que le resultaba muy difícil de sobrellevar.

   Agregó que dialogó con la madre de la menor y que al no obtener respuestas decidió realizar la presentación, ya que “la nena la estaba pasando mal”.

   Explicó también que la nena nunca le negó los hechos y que jamás dijo que fuera mentira lo que le manifestó.

   Precisamente, la pequeña ratificó los términos de la denuncia al declarar mediante el sistema de Cámara Gesell.

   Explicó las circunstancias que eran aprovechadas por el acusado para acostarse con ella en la cama y manosearla.

   También dijo haberle contado a su madre y que esta le respondía que el sujeto “lo hacía porque estaba grande”.

   Describió además que el acusado la golpeaba y que “en una oportunidad la dejó llorando en el baño y se desmayó”.

   Una tía de la niña, a quien la pastora le relató lo que estaba pasando, mencionó que mantuvo un diálogo con la nena, quien le reconoció lo ocurrido.

   Refirió que el resto de la familia también sabía, “porque ella misma se los contó”.

Consecuencias

   Un informe psicológico realizado por una perito oficial señala que del relato de la nena surge el padecimiento de “situaciones de maltrato, violencia y abusos por parte de su progenitor”.

   También indicó en la entrevista que “su madre no le brinda protección ni sostén, y que ella también ha sido víctima de violencia” por parte del imputado.

   La profesional destacó que “de acuerdo al análisis del discurso no se puede inferir fabulación, ni que el mismo haya sido inducido”.

   Describió además que a partir de lo sucedido la víctima experimentó secuelas como “trastornos de sueño, crisis de angustia, hipertensión, taquicardia, sensación de ahogo, introversión y dificultades para relacionarse socialmente”.

   En ese sentido, manifestó que la adolescente pudo aliviarse a partir de la revelación de los hechos.

   En la causa declararon tres hermanas de la víctima, quienes mencionaron que su padre les había negado las acusaciones y sostuvieron que la menor podría haber sido influenciada por su tía.

   También lo hizo la progenitora de la chica, quien mantuvo una posición similar al resto de sus hijas,  considerando que los hechos denunciados no existieron.

   Finalmente, testificó una asistente social que se desempeña en el hogar en el que la pequeña fue alojada, quien describió que la víctima “nunca negó los hechos, pero muchas veces sintió culpa” por todo lo que sucedió.

   El imputado declaró en la causa ante la fiscal Marina Lara, a cargo de la UFIJ Nº 14, de delitos sexuales, y manifestó ser inocente.

   Respecto de la acusación, dijo que “jamás pasó eso, como tampoco se le ha cruzado por la mente hacerlo”.

   Por otro lado, hizo referencia a que la denuncia podría haber estado originada por “problemas con la familia”.

   Además sostuvo que desde el momento en que la víctima comenzó a asistir a la iglesia evangélica estaba “más distante”. Agregó también que su cuñada influyó en la denuncia.

   “El cuadro probatorio es tan sólido que desacredita los testigos propuestos por la defensa como también el testimonio del causante, los cuales solo se dirigieren a indicar que la menor miente y  que existen otras razones detrás de la denuncia”, señaló el juez en el fallo.

   Por todo ello, el magistrado halló culpable al imputado del delito de abuso sexual simple, reiterado y agravado por el vínculo, imponiéndole la pena de prisión efectiva.

   Como una forma de que la sanción sea útil para la sociedad -a diferencia de lo que puede significar una condena a prisión en suspenso-, la Fiscalía Federal de Bahía Blanca evalúa pedir que todos los infractores al aislamiento social, preventivo y obligatorio paguen con tareas comunitarias.

   La medida, que quedará sujeta a la resolución judicial, se tomaría con aquellas personas que queden formalmente imputadas, una vez que avancen los procesos judiciales tras el levantamiento de la cuarentena general.

   Es intención del doctor Santiago Ulpiano Martínez alcanzar la suspensión de juicio a prueba (probation) y que los acusados colaboren con el servicio de salud.

   "Puede ser más eficaz que realicen tareas comunitarias en el Hospital Penna, la Cruz Roja o en unidades sanitarias. Por qué no ayudar en los comedores. Se los podría dividir en grupos para coordinarlo mejor", opinó.

   En menos de 15 días de aislamiento se iniciaron ante la Justicia Federal de nuestra ciudad más de 1.500 causas por violar el decreto 297/2020. Se trata de casos de Bahía y la región.

   Esta iniciativa cubriría solo la carga penal del causante que -en caso de ser condenado- también debería responder por las costas del proceso.

   Aquellos automovilistas o motociclistas que circularon sin el permiso respectivo, en medio de la pandemia por el COVID-19, y no tienen los fondos para dar respuesta patrimonial a los daños y perjuicios, podrían llegar a perder definitivamente su vehículo.

   Esto último responde a una resolución de la Procuración General de la Nación, a la cual el fiscal bahiense adhirió.

   Los bienes podrán, eventualmente, ser decomisados en favor del Estado Nacional o Estados provinciales.

Cambio de modalidad

   Durante los primeros días de control, los rodados eran secuestrados, aunque la acumulación de los mismos en las distintas dependencias policiales obligó a cambiar la modalidad.

   Ahora la policía bonaerense y las distintas fuerzas federales que realizan los controles en la vía pública, en caso de interceptar a un conductor en falta, lo trasladan hasta su domicilio para que cumpla la cuarentena y le dejan el vehículo (en carácter de depositario judicial), aunque le retiran el carnet de conducir y el documento de identificación de automotor (cédula verde).   

   Como ante cualquier delito, la autoridad policial realiza un acta de procedimiento, notifica a los acusados de sus derechos y garantías y de la instrucción de la acción penal, pide sus antecedentes, toma las huellas dactilares y constata el domicilio.

   "Esto es muy dinámico. Teníamos una perspectiva de que iba a ir disminuyendo pero, al contrario, fue subiendo (la violación al aislamiento)", sostuvo Martínez. 

   De hecho, en algunos casos se advirtieron situaciones "más complejas" como atentado y resistencia a los uniformados.

   Por el momento la Fiscalía Federal solo realiza el trámite inicial de los expedientes.

   Teniendo en cuenta la situación excepcional, que motivó la instauración de una feria judicial, recién después del levantamiento de la cuarentena se avanzará en la resolución de los cientos de casos.

   De todas maneras, por el gran cúmulo de expedientes, el doctor Martínez habilitó el jueves como auxiliares de instrucción (medida excepcional) a los secretarios de las fiscalías federales N° 1 Y 2, Rodolfo Murillas y Elisa Trinchín, respectivamente.

   La mayoría de las causas tiene que ver con una infracción al artículo 205 del Código Penal, que prevé penas de 6 meses a 2 años de prisión (no es de ejecución efectiva) al que "violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia".

Los que sí pueden ir a la cárcel

   Más allá de quienes transgredieron el aislamiento obligatorio, están los que incumplieron la cuarentena, es decir aquellos que llegaron desde zonas del exterior críticas por el coronavirus o quienes estuvieron en contacto con los viajeros.

   En esos casos la situación puede ser más grave. De prisión efectiva.

   En nuestro medio se han reportado alrededor de 20 y, a diferencia de los primeros, ya fueron indagados a través del sistema de videollamada por WhatsApp. 

 Varios son reincidentes, con lo cual en esos casos podría existir un concurso de delitos, con sumatoria de los máximos de la pena.

   Es decir que aquel que, después de la primera falta, reincidió dos veces podría recibir 6 años (sumatoria del máximo del artículo 205 del Código Penal).

   En Bahía todavía no se dieron los casos más graves, los previstos en los artículos 202 y 203 del Código Penal, que sanciona con hasta 15 años de prisión a quien propagare una enfermedad peligrosa o contagiosa.

   "Estamos muy atentos en Bahía a ese tipo de casos, en la medida que avance el virus", admitió el fiscal.

   En Buenos Aires sí se registraron dos hechos de mucha trascendencia: el de un joven de Moreno que llegó desde los Estados Unidos y concurrió a una fiesta de 15 (días después falleció su abuelo) y el de un chico que viajó en Buquebús cuando se había realizado un análisis previo, de detección del COVID-19, en Uruguay.

Artículo 202. Será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 15 años el que propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas

Artículo 203. Cuando los hechos del artículo anterior fueran cometidos por imprudencia o negligencia se impondrá multa de 5 mil a 100 mil pesos. Si hubiera muerte, de 6 meses a 5 años de cárcel.

Artículo 205. Prisión de 6 meses a 2 años al que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia.

Artículo 239. Será reprimido con prisión de 15 días a un año el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones.

   El fallo fue dictado por el juez Víctor Violini, del Tribunal de Casación Penal bonaerense y se dio en medio de una catarata de planteos en el mismo sentido, varios de los cuales aún tienen que resolverse.

   En primera instancia, y en este contexto, la jueza de Garantías Susana Calcinelli había otorgado la morigeración, aunque la Sala II de la Cámara Penal bahiense revocó la medida. Sin embargo, la defensoría oficial llevó el habeas corpus a Casación y el tribunal platense volvió a la primera decisión.

   La resolución benefició a Ricardo Roberto Moreyra, de 68 años, detenido en septiembre de 2017 por un abuso sexual gravemente ultrajante en nuestro medio, y a Diego Ángel Montiel, de 63, quien fuera aprehendido en abril del mismo año en Cabildo y por un delito similar.

Problemas respiratorios

   Los dos padecen importantes problemas respiratorios, como asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), encontrándose entre los factores de peligro, y más teniendo en cuenta la sobrepoblación y las deficientes condiciones carcelarias.

   La Cámara bahiense —con los votos de los doctores Guillermo Petersen, Alfredo Mones Ruiz y Guillermo Rodríguez— rechazó los pedidos en ambos casos por considerarlos prematuros, al entender que las autoridades de la cárcel habían dispuesto medidas para aislarlos y testear su situación.

   Sin embargo, en la alzada, el doctor Violini tuvo en cuenta el grave marco actual, la situación de los internos y también un informe que presentó el jefe de servicio de Sanidad de la UP4.

   En esa comunicación, del 27 de marzo pasado, se concluye que ante el eventual ingreso del COVID-19 en la prisión local "la asistencia médica de los pacientes de riesgo se vería dificultada por el colapso del sistema de salud".

   La entidad reúne no solo a jueces de nuestra ciudad y zona sino también a fiscales y otros funcionarios judiciales.

   Del total, 200 mil pesos fueron destinados al hospital Penna, que tiene cobertura en 15 distritos.

   El resto, con fondos líquidos disponibles, se repartió de la siguiente manera: 

   El Hospital Municipal Doctor Leónidas Lucero recibió 30 mil pesos; Coronel Rosales, 13,364,63 pesos; Tres Arroyos, 12.707,36 pesos; Coronel Suárez, 8.325,51 pesos; Carmen de Patagones, 6.572,77 pesos; Villarino, 6,572,77 pesos y Coronel Pringles, 4.820,03 pesos.

   También se destinaron a Monte Hermoso/Coronel Dorrego, 4.710,49 pesos; Saavedra, 4.381,85 pesos; Puan, 3.286,38 pesos; Tornquist, 2.629,11 pesos y Gonzales Chaves,  2.629,11 pesos.

   La entrega de dinero se hizo bajo el lema del escritor uruguayo Eduardo Galeano: "Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo".

   Todo comenzó en Brown al 300, cuando dos ocupantes de un Peugeot 307, Mario Rodríguez y Leandro Vógel, se dieron a la fuga sin atender la voz de alto del personal de Prefectura Naval.

   En la persecución, el coche tomó por Fitz Roy y casi al llegar a Chiclana, Vógel, quien iba en el asiento trasero, se tiró del vehículo.

   Un uniformado bajó de uno de los patrulleros y trató de retenerlo, pero al pedir refuerzos el hombre se habría dado a la fuga a pie hacia la zona del microcentro. 

   Con apoyo, finalmente, personal de la fuerza de seguridad logró reducirlo en la peatonal ubicada entre Donado y O'Higgins.

   Al conductor del auto, en tanto, pudieron interceptarlo en General Paz al 100.

   En el habitáculo secuestraron una bolsa de un supermercado en cuyo interior había 350 mil pesos en efectivo, cuya procedencia se trata de identificar.

   Los dos acusados fueron puestos a disposición del juez federal Walter López Da Silva (subroga en el Juzgado Federal N° 2), quien más tarde dispuso la detención de ambos en sus respectivos domicilios, para continuar con la cuarentena.

   También ordenó la restitución del dinero.

   La Fiscalía Federal pedirá el decomiso del coche y evalúa las actuaciones para determinar si existió otro delito.

.

   Fiscalía Federal Nº 2 de Bahía Blanca (en turno desde el 1 de abril hasta el 15). Titular: doctor Santiago Ulpiano Martínez, Belgrano 280, segundo piso, de 9 a 13. Teléfonos: (0291) 4560650 / 4510831. Mail: fisfed2-bha@mpf.gov.ar. Secretaria: doctora Elisa Trinchín (etrinchin@mpf.gov.ar). 

   Fiscalía Federal Nº 1 de Bahía Blanca (turno desde el día 16 de abril hasta al 30). Subrogante: doctor Santiago Ulpiano Martínez, Alsina 317, cuarto piso, de 9 a 13. Teléfonos: (0291) 4547777 / 4550478. Mail: fisfed1-bha@mpf.gov.ar. Secretario: doctor Rodolfo Javier Murillas (rmurillas@mpf.gov.ar). 

   Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca. Subrogante: doctor Horacio Azzolín, Mitre 60 (fcmfed-bha@mpf.gov.ar). Secretario: doctor Agustín Carestía (acarestia@mpf.gov.ar) y prosecretario, doctor Dino Berdini (dberdini@mpf.gov.ar).

   Fiscalía General ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal. Subrogante: doctor Gabriel González Da Silva, Chiclana 408, tercer piso (ftofed-bha@mpf.gov.ar). Secretaria: doctora María Kairuz (mkairuz@mpf.gov.ar).

   Oficina de Derechos Humanos de Bahía Blanca, doctor Pablo Fermento, Sarmiento 173, altos. Mails: pfermento@mpf.gov.ar  /  uavddhh-bha@mpf.gov.ar.

En La Pampa

   Fiscalía Federal de Santa Rosa. Subrogante: doctor Leonel Gómez Barbella (lgomez@mpf.gov.ar ), avenida San Martín Oeste 369. Teléfonos: (02954) 425750 / 427007. Mail: fisfed-srs@mpf.gov.ar . Secretaria: doctora Alfonsina Domínguez (adominguez@mpf.gov.ar).

   Fiscalía General ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Rosa. Subrogante: doctor Leonel Gómez Barbella (lgomez@mpf.gov.ar), avenida San Martín Oeste 369. Teléfonos: (02954) 427593 / 456496 (ftofed-srs@mpf.gov.ar). Secretario: doctor Federico Iparraguirre (fiparraguirre@mpf.gov.ar).

   Se trata de Franco Mateo Briones, de 18 años, quien fue aprehendido por personal de la comisaría Cuarta que realizaba recorridas de prevención por la zona, sobre las 4 de hoy.

   Los otros dos acusados lograron escapar.

   La moto, una Gilera Smash 110, es de Javier Troncoso y fue sustraída del domicilio de Haití 2365.

   En la fuga, Briones ingresó en la casa de Baigorria 2598 y terminó adentro de una pileta que hay en el patio del inmueble.

   Intervienen la fiscalía provincial de flagrancia, por los citados delitos, y la fiscalía federal, por la violación al aislamiento obligatorio.

   Esto ocurrió cuando supuestamente el chico entró a la casa de una vecina para recriminarle que ayer la Policía había allanado su domicilio. En ese momento los vecinos reaccionaron y el joven logró refugiarse en su casa.

   En el parte policial indican que, una vez que los efectivos estaban en el lugar, el menor salió de su casa con un arma blanca para amenazar a los vecinos, por lo cual es “inmediatamente aprehendido” y trasladado a la comisaría Primera junto a su madre para resguardarlo.

   Una vez en la comisaría, se establece que el 30 de marzo se recibió una denuncia por robo agravado, en donde el menor es acusado de sustraerle plata y un celular a una vecina, cosa que derivó en un allanamiento al día siguiente, secuestrando prendas de vestir.

   “Se mantiene comunicación con el Fuero Penal Juvenil Nº 1, quien interviene en el caso y disponen la entrega sus progenitores y la intervención del servicio local para brindarle contención social”, finalizó el comunicado policial.

   La medida se adoptó en el marco de la necesidad de contar con los recursos para dotar de insumos y otros elementos al sistema de salud provincial, a fin de atender los requerimientos que demande la población y en medio de reclamos sociales para que el sector político también recorte sus gastos.

   "Esta Suprema Corte de Justicia, comprendiendo la situación económico-financiera de la Provincia, expresada en innumerables oportunidades al abordar su presupuesto, no puede soslayar el actual contexto de emergencia, ni dejar de contribuir a los esfuerzos del Estado provincial y de la sociedad toda", se indicó en la resolución firmada hoy, que lleva el número 14/20. 

El presidente del cuerpo, Eduardo de Lázzari, firmó la resolución.

   Los ministros de la Suprema Corte y jueces del Tribunal de Casación Penal (niveles 22 y 23 de la escala salarial) aportarán el 20 % del sueldo básico, mientras que los jueces de Cámara y de primera o única instancia (niveles 20 y 21) destinarán el 15 %.

   Esos fondos serán destinados al Ministerio de Salud de la Provincia y a instituciones de bien público provincial dedicadas a la atención de la pandemia. 

Medidas de austeridad

    Además, la SCJB resolvió un programa de medidas de austeridad del gasto, que pueden complementar a dicho Fondo: 

1-Congelar la cobertura de cargos existentes al 31 de marzo.

2- Suspender las puestas en funcionamiento de órganos jurisdiccionales y dependencias.

3- Suspender la adquisición de inmuebles, automotores y bienes de capital.

4- Suspender la compra de material destinado a las bibliotecas del Poder Judicial para el Fondo Solidario.

5- Suspender el pago en concepto de viáticos y movilidad para las comisiones de servicios que no sean expresamente indispensables autorizadas por el Tribunal.

6- Suspender el pago de horas cátedras que se abonan en el marco de las actividades del Instituto de Estudios Judiciales, con excepción de aquellas en concepto de cursos dictados mediante modalidad virtual.

7- Establecer que los Magistrados y funcionarios de Tribunal con cargo asimilable, que dispongan de equipo de telefonía celular asignado, deberán reintegrar el importe de las facturas, durante el período que dure la situación de emergencia sanitaria. No están comprendidos en este punto los equipos dispuestos para los organismos judiciales de turno o en guardias.

   El conmocionante hecho, que está siendo investigado por el Juzgado Federal N° 1 de nuestra ciudad, se habría registrado el domingo pasado en horas de la madrugada. 

   La menor, según confirmaron fuentes de la investigación, llegó hasta el lugar, de manera voluntaria, junto con una hermana de 18 (aparentemente conocían a uno o más de los imputados).

   "Recién se está investigando. La denuncia se tomó el domingo a la tardecita y esa misma noche se allanaron las instalaciones (del ex Comando del V Cuerpo), se detuvo a uno de los acusados y se secuestraron teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos.

   Tras el análisis de la prueba reunida, se dispuso la detención de las otras dos personas. 

   El primero de los arrestados fue indagado ayer en la sede de Alsina 317, día en que también se recepcionaron distintos testimonios de otros numerarios del Ejército.

   Y los dos restantes aprehendidos serán trasladados mañana para su declaración.. 

   La diligencia está a cargo del juez Walter López Da Silva, por secretaría del doctor Ivo Krasnopol.

   "Cuando sucedió el supuesto ataque a la menor, la hermana mayor estaba en otro sector, con otra persona", confirmó otro vocero.

Solo testigos

   Desde la justicia se aclaró que otros dos soldados, que el domingo habían sido arrestados en un auto junto a dos jóvenes, no tienen que ver con la acusación.

   Serían quienes las trasladaron luego del grave incidente y solo estarían acusados de no respetar el aislamiento obligatorio.

   De los tres uniformados imputados del abuso sexual con acceso carnal no se dieron a conocer por el momento las identidades ni su función dentro del Ejército, aunque se aclaró que tienen "jerarquías bajas".

   La medida se da en el marco de la pandemia por el coronavirus, luego de que los internos dispusieran suspender las visitas presenciales para evitar la propagación del virus.

   Ahora será el Servicio Penitenciario Bonaerense el que instrumente la manera de hacerlo.

   Está claro que la decisión no permite a los reclusos utilizar el teléfono libremente, en su celda, sino que seguramente se fijarán horarios determinados, como se hace con las visitas.

   Un juez de Necochea ya había adoptado el mismo temperamento hace algunos días para las cárceles de Batán (Mar del Plata) y Barker (Benito Juárez).

   Promé consideró que si bien en las cárceles se prohiben este tipo de aparatos, por razones de seguridad, la "situación excepcional" provocada por la epidemia obliga a tomar medidas de este tipo, para que las personas detenidas puedan contactarse con sus seres queridos.

   "No solo el asimiento de los detenidos ha sido dispuesto por las autoridades, sino también ha sido aceptado voluntaria y pacíficamente por los propios detenidos, en un acto de demostración de consciencia colectiva y solidaridad", remarcó la jueza, para admitir el planteo de la Defensoría Oficial, que conduce el doctor Pablo Radivoy.

   "La suspensión del vínculo con familiares y seres queridos representa un agravamiento en las condiciones de detención que debe ser atendido por medidas oportunas, mientras dure la emergencia sanitaria", amplió Promé.

   En consecuencia, la resolución "habilita el uso de telefonía celular a las personas privadas de la libertad que se encuentren en condiciones de acceder a dicha tecnología; con el exclusivo fin de garantizar que los vínculos familiares no se interrumpan, y por el tiempo que duren las medias administrativas".

   La jueza delegó en las autoridades carcelarias la reglamentación de la medida, que se tendrá que hacer a la brevedad.

Para todas unidades

   Poco después de la resolución de la jueza bahiense, el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires resolvió en el mismo sentido un habeas corpus general y habilitó el uso de la telefonía celular para todas las cárceles bonaerenses.

   La resolución lleva la firma doctor Víctor Violini, vicepresidente del cuerpo, a partir de un planteo que había formulado el doctor Mario Coriolano, desde la Defensoría de Casación.

   También dispuso la creación de un protocolo de actuación, que tendrá que ser instrumentado desde el Ministerio de Justicia bonaerense.

   Violini consideró "prudente" la medida y "ante la gravedad de las circunstancias que nos tocan vivir, debemos extremar nuestro sentido de humanidad".

   Y también se sostuvo en una frase del filósofo y ensayista Albert Camus: "Lo peor de la peste no es que mata los cuerpos, sino que desnuda las almas y ese espectáculo suele ser horroroso".

   "Cada día son más las consultas y denuncias que recibimos por estafas y abusos cometidos que involucran a Mercado Libre y su subproducto Mercado Pago", señaló un informe realizado por la ONG Defendamos Buenos Aires, destacando que las principales víctimas de estas maniobras son los comerciantes "reducidos a la condición de rehenes".

   Según publicó Diario Popular, un informe puso de relieve el crecimiento exponencial de casos por abusos comerciales y estafas que tienen como punto de partida la plataforma de compras y ventas Mercado Libre, por lo que se alerta a los usuarios la necesidad de extremar los cuidados para no resultar engañados.

   Asimismo, aumenta la bronca y desilusión de los vendedores de la plataforma por "falta de cuidado" y hay polémica en medio de la pandemia derivada del exorbitante aumento en el costo de insumos básicos, como el alcohol etílico.

   La ONG Defendamos Buenos Aires expone que "las denuncias más comunes son por productos que se pagan pero nunca llegan, o que se envían y el comprador anula la compra y recupera el dinero pero el vendedor pierde el producto". (NA)

   Se trata de personas que, por distintos motivos, violaron la cuarentena, algunas de ellas en forma reincidente.

   En total, según números oficiales hasta las 8 de hoy, son 1.092 aprehendidos y/o notificados del inicio del sumario en el ámbito de la Justicia Federal, en el marco de 171 operativos estáticos de comisarías, destacamentos y otras fuerzas federales de seguridad.

   En el caso de la policía bonaerense, participan 19 móviles de la Policía Distrital, comisarías y destacamentos; 30 de Comando; 160 hombres de la Policía Local como rondines y 4 móviles de fuerzas federales. 

   Los operativos incluyeron la recepción, con personal de la Policía Ecológica, de 18 colectivos que trasladaron a 287 bahienses a sus domicilios, que llegaron desde el exterior y están en cuarentena controlada.

   El fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez, a cargo de la instrucción de las causas, confirmó esta mañana por LU2 que la mayoría de los infractores "son jóvenes".

   Y dijo que, para que se tome una dimensión de la falta penal, es como si se los aprehendiera "por un hurto en la vía pública".

Secuestro de documentación

   La Prefectura Naval, que participa activamente en los controles urbanos, comenzó a secuestrar documentación de vehiculos con mayor intensidad, en el caso de aquellas personas que violan el decreto nacional. 

   Es el caso, por ejemplo, del dueño de un Chevrolet Corsa gris, que fue interceptado esta mañana durante un control en Darregueira y Fitz Roy.

   El automovilista venía del sector del barrio Noroeste y no pudo justificar su presencia en el lugar.

   Prefectura lo escolta de vuelta a su casa, le secuestra la tarjeta verde y el carnet de conducir y lo notifica del inicio de la causa penal.

   Los dos jóvenes, después de 20 cuadras de persecución, finalmente fueron aprehendidos.

   Si bien no tenían ningún pedido de detención previo, ninguno de los dos pudo justificar su presencia en la vía pública.

   Además se les secuestró el vehículo y se le dio intervención al Juzgado Federal N° 1 de Bahía Blanca.

   Paralelamente se les inició un sumario penal por resistencia a la autoridad. No fueron identificados. 

   La Policía Comunal, en tanto, reportó la aprehensión de otras 17 personas por no cumplir el decreto nacional.

   En Viedma, en tanto, se identificó a 11 personas que fueron notificadas y obligadas a regresar a su vivienda.