Según la investigación, realizada por la UFIJ N° 20, a cargo del fiscal Rodolfo De Lucia, entre marzo y abril de 2022 Leiva, domiciliado en el conurbano, le envió mensajes con contenido sexual a una niña de 11 años de Bahía Blanca, a través de la red social Instagram, con el objetivo de que le envíe fotos y videos.

Además, la amenazaba con que si ella no accedía a esos pedidos iba a realizar publicaciones sobre su persona.

La madre de la víctima concretó la denuncia cuando tomó conocimiento de lo sucedido, al encontrar los mensajes en el teléfono celular de la pequeña.

En noviembre de 2023, personal de Cibercrimen Región Interior Sur realizó un allanamiento en la vivienda del joven a quien se le secuestró un teléfono celular y otros elementos electrónicos que fueron peritados, surgiendo así, varios indicios de interés para la investigación. También, la mamá de la víctima logró aportar capturas de los diálogos que habían mantenido.

Leiva fue condenado como autor penalmente responsable de grooming, producción de representaciones de las partes genitales de menores de 18 años con fines predominantemente sexuales, agravado por ser la víctima menor de 13 años de edad y coacción agravada por el anonimato.

El hecho se produjo alrededor de las 5 en el edificio ubicado en avenida Pringles y Fortaleza Protectora, donde se asisten a unas 30 personas con discapacidad.

"Cuando llegó la persona que realiza el mantenimiento se da cuenta que estaba violentada una ventana, de la que arrancaron reja y se llevaron todas las herramientas que él utiliza", describió la Hermana Mónica Molina.

Agregó que "es un golpe muy duro, porque cuesta mucho adquirirlas y son importantes para el trabajo en esta casa. Acá viven chicos discapacitados, la mayoría con casos muy severos y con familias que muchas veces no pueden cuidarlos. El mantenimiento es fundamental para un lugar como este, que es bastante antiguo y requiere un cuidado permanentemente. Esto nos deja sin poder hacer nada".

La religiosa describió que "ingresó un desconocido por el lado de calle Fortaleza y violentó con un elemento una de las cámaras. Es una persona de mediana edad. En las filmaciones se ve a un individuo solo, pero, por todo lo que se llevó, estimamos que habría alguien más esperándolo".

Detalló la sustracción de una motosierra a explosión, un cargador de batería de auto, una termofusora digital, una agujereadora, una amoladora, un martillo eléctrico, una soldadora, una pistola para pintar, una brodeadora a explosión, una sierra circular, una cortadora de pasto a explosión, una lijadora de mano y un atornillador.

También se apoderaron de llaves de mano, alicates, pinzas, tenazas y destornilladores, entre otras cosas.

"Nos vimos violentadas y todo esto provoca mucho dolor. Esta casa es dedicada a la asistencia de las personas 24 horas, entonces es fundamental poder llevar adelante el manteniemiento".

También señaló que "esperemos que si quieren venderlas la gente no las compre. Por otra parte, si alguien tiene herramientas que no utiliza para nosotros sería de una ayuda inmensa".

Cabe recordar que hace poco más de un año la institución sufrió el robo de un grupo electrógeno valuado en 1,5 millones de pesos.

Se trata de Pablo Antonio Ceferino Dahua, de 49 años, quien fuera detenido hace un año por un homicidio que nada tuvo que ver con aquel hecho pero que sirvió para encauzar la investigación.

Por el crimen a tiros de Emanuel Alarcón (40), cometido por la disputa de un terreno en Ángel Brunel al 3.700, también debe responder, pero ante la Justicia ordinaria.

El fiscal Martínez imputó a Dahua de tres delitos: 1) explosión con peligro común para los bienes agravado por haber peligro de muerte para alguna persona, 2) fabricación o tenencia de materiales explosivos reiterado en dos oportunidades y 3) tomar parte de una asociación ilícita destinada a combatir ideologías por la fuerza o el temor.

Consideró el investigador que la causa por el furioso ataque al Ateneo Néstor Kirchner, ubicado en Berutti 184, tuvo "un giro decisivo" el 16 de septiembre del año pasado, cuando recibió un informe policial que aludía al hallazgo de distintas pruebas de relevancia en la casa de Dahua, allanada por el crimen.

En su vivienda de Mallea 1.275, además de armas y municiones, se encontraron elementos para fabricar explosivos como iniciadores, fulminantes, detonadores, barterías, frascos con pólvora, equipos de iniciación eléctrica y plaquetas.

En los allanamientos de 2024, a su vez, también secuestraron en poder de un familair de Dahua un Fiat Siena gris -que el hombre había tenido bajo su dominio años antes- de las mismas características al vehículo que utilizaron dos personas que fugaron aquella madrugada luego de la explosión.

En su indagatoria, Dahua dijo que era inocente y que es recargador autorizado de la Anmac -con licencia para armas- así como dueño de un negocio de computación.

"Luego de haber analizado los elementos de convicción incorporados al presente en su totalidad y de manera integral considero configurado un plexo que, valorado con observancia de las reglas del razonamiento lógico y la sana crítica, me conducen a tener por comprobado -con el grado de certeza exigible para esta etapa- tanto la materialidad ilícita como la intervención penalmente responsable de Pablo Antonio Ceferino Dahua", detalló Martínez en la requisitoria de 66 fojas.

De confirmarse el pedido de Martínez, el caso pasará próximamente al Tribunal Oral en lo Criminal Federal, donde se juzgará la conducta del acusado.

Los acusados son Antonella Belén Andino, Julieta Ferrari Villanueva, Lucca Ian Benítez Jara, Nicolás Agustín Diebra y Lucas Diego Duarte, a quienes el fiscal Rodolfo de Lucia les atribuye el delito de defraudación consumada con medios informáticos.

El responsable de la firma afectada, Ecosur S.A., denunció en octubre de 2023 que, cuando una empleada se disponía a efectuar pagos, el sistema informático le pidió reiteradamente el usuario y las claves Token.

Posteriormente las autoridades de la compañía constataron el faltante de "más de 150 millones de pesos", según se informó desde el Ministerio Público Fiscal bahiense.

Los investigadores establecieron que los estafadores dividieron el dinero sustraído y lo transfirieron a una gran cantidad de cuentas bancarias de titulares diferentes, hasta que finalmente compraron criptomonedas.

Esa maniobra permitió determinar identidades que se repetían como titulares de las cuentas, por lo tanto el fiscal de delitos informáticos requirió allanamientos y detenciones que derivaron en la identificación de los nombrados y la corroboración de sus roles.

De Lucia cerró parcialmente la investigación y pidió a la justicia de Garantías que la eleve a debate oral.

En vinculación con el hecho se investiga a otros cuatro sospechosos.

Se trata de Juan Cruz Peralta, cuya causa se inició el 13 de marzo de 2023, cuando personal del Comando de Patrullas le secuestró -luego de una persecución iniciada en Casanova y Zapiola y que terminó en Almafuerte y Moreno- dos envoltorios con marihuana capaz de producir 64 dosis umbrales.

Más tarde, se agregaron los resultados de la pericia UFED (Universal Forensic Extraction Device), de donde surgieron diversos audios vinculados a la compra y venta de marihuana y cocaína, así como imágenes de arma de fuego, marihuana, cocaína, LSD y psicotrópicos como clonazepam.

A raíz de ello, en abril del año pasado se realizó un allanamiento en su vivienda, ubicada en Humboldt al 3.300 y de un local comercial ubicado en la primera de Las Heras, secuestrando un Iphone y un chip.

Del nuevo peritaje sobre su teléfono resultó que el día del secuestro Peralta se dirigía al encuentro de un comprador, que había advertido la presencia policial y que la sustancia que tenía en su poder era para vender.

Además, se detectaron comunicaciones coordinando cantidad y precio, en donde se adjunta el comprobante de pago mediante billeteras virtuales, así como la utilización de aplicaciones de mensajería encriptada, como Telegram.

Peralta será indagado en las próximas horas.

El hecho se produjo en un campo ubicado a unos 15 kilómetros al oeste de la citada ciudad, en el camino de ripio que une la localidad maragata con la rionegrina de Guardia Mitre.

Bomberos voluntarios de Patagones, así como personal de Defensa Civil se presentó en el lugar de la emergencia y se informó que no hubo que lamentar víctimas, más allá de los importantes daños materiales en el vehículo agrario.

Trascendió que el dueño de la unidad tendría domicilio en la localidad de Stroeder.

Chocó contra un poste

El conductor de un Peugeot 406 perdió el control del volante, subió a una vereda y chocó contra un poste de energía eléctrica.

El incidente vial se produjo sobre las 22 de ayer, en la calle Murga al 700, entre los barrios Villa Rita y Kirchner.

La colisión provocó daños de importancia en la parte frontal del vehículo aunque no se reportaron heridos (agencia Carmen de Patagones).

El hecho ocurrió sobre las 19, en el departamento 1 ubicado en Maestro Piccioli 3.013.

En ese lugar, personal de Bomberos extinguió un incendio en el interior de la vivienda, y observó sobre el suelo del comedor el cuerpo de María Rosa Frank.

Según se indicó, el cuerpo se encontraba sobre una estufa eléctrica, elemento que se sospecha podría haber causado el incidente.

Interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 7.

Todo comenzó cuando los propietarios del comercio Irutim SA y Standares Vial SRL permitieron que un exempleado, Carlos Sollosky, de 39 años, durmiera en un departamento ubicado en el lugar, ya que se encontraba en situación de calle.

Sin embargo, al arribar este lunes al lugar, se encontraron con que faltaban herramientas y una camioneta Fiat Strada.

Al comunicarse con Sollosky, este les indicó que ya no tenía en su poder las herramientas, pero que devolvería la camioneta por un monto de dinero.

Mediante ardides y con el conocimiento de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 7, concertaron una cita con esta persona en horas del mediodía en el comercio, hacia donde concurrió en el vehículo en cuestión.

Allí fue reducido y puesto a disposición de la Justicia, gracias al accionar de personal policial vestido de civil.

La carátula es Hurto de automotor y Hurtos reiterados.

Tras verificar las cámaras de seguridad, los efectivos de la policía hicieron un allanamiento al domicilio (Palacio s/n) de Niyen Mijail Sánchez (26 años), quien el pasado miércoles 10 -a las 18- circulaba a alta velocidad por la Avenida Colón, entre Lamadrid y Teodoro Torres.

Sánchez utilizó un cuatriciclo marca Yamaha Raptor moviéndose de manera imprudente (realizando "willy"), mostrando desinterés por su integridad física y la seguridad de los transeúntes.

La aprehensión se constató mediante el respaldo de los registros fílmicos obtenidos en el Centro Distrital de Monitoreo.

La infracción está enmarcada en el artículo 193 Bis del Código Penal.

Se trata de una investigación que lleva adelante la UFIJ Nº 6, a cargo de la fiscal Natalia Ramos, a partir de reportes que envió NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children) una organización sin fines de lucro que detecta a usuarios que almacen, suben o comparten videos y fotos de contenido ilícito.

En ese contexto, se procedió a realizar tareas investigativas para confirmar los domicilios y quiénes eran sus moradores. Ambos casos se relacionan entre sí.

Uno de los allanamientos tuvo lugar en un departamento de Lamadrid al 1.000, desde donde se habría almacenado un video en el cual se observa a una niña menor de 13 años exhibiendo sus partes íntimas, por lo que en el lugar los efectivos policiales secuestraron elementos tecnológicos que serán peritados.

Mientras que en una vivienda de la calle Mar del Plata al 1.100 se determinó que subieron 6 fotos en las cuales se observan a chicos en situación de abuso sexual, por lo que se procedió al secuestro de teléfonos celulares y otros dispositivos.

Los resultados de las pericias determinarán los pasos a seguir en cada una de las investigaciones.

Del control participaron efectivos de la Policía comunal, de la Fuerza Barrial de Aproximación y del Cuerpo de Inspectores del Municipio.

Las motos secuestradas fueron por falta de seguro obligatorio, licencia de conducir, tarjeta verde y caños de escape modificados.

El hecho ocurrió antes de las 6, en San José y Gambartes.

Allí se aprehendió a Juan Igor Fica, quien momentos antes le provocó lesiones visibles a la mujer y su hijo, y posteriormente apuñaló y le produjo cortes superficiales en la cara a un joven de 19 años que quiso defenderla.

Este último fue trasladado a un centro asistencial para realizársele una intervención quirúrgica estética.

El agresor fue trasladado a la subcomisaría de Villa Harding Green.

El hecho se dio sobre las 14, gracias a la denuncia de la mujer a la Justicia.

Según se indicó, Zacarías Chavez se presentó en la casa de su expareja en forma violenta para retirar al hijo que tienen en común y amenazó a la mujer diciéndole que iba a regresar con un arma de fuego para matarla a ella y a su hermano.

Las fuerzas de seguridad hicieron un seguimiento a través de las cámaras del Centro de Monitoreo bahiense. Cuando quisieron interceptarlo, el hombre descarta un revolver y abandona la moto tratando de escapar a pie. Dejó el vehículo con un acompañante de 15 años, quien acató las órdenes policiales.

Finalmente, Chavez fue aprehendido por Tenencia ilegal de arma de fuego, Amenazas y Desobediencia a la autoridad, y trasladado a la Comisaría Primera.

El arma secuestrada es un revólver calibre 22, sin marca ni numeración visible. El menor fue restituido a su progenitora.

En este marco, minutos después de la 1, se aprehendió a Jesús Mendoza, y a Galo Alvarez, ambos de 22 años, quien en Pampa Central y Juan Molina habían sacado una importante cantidad de dinero y dos celulares a una persona, atacándola con un cuchillo de 30 centímetros y provocándole una fractura de riesgo.

Alvarez fue capturado en cercanías del lugar del hecho, mientras que Mendoza fue perseguido, intentando escapar por los techos de las casas del lugar, arrojando piedras a la policía y amenazándolos e tratando de agredirlos con el cuchillo. Finalmente, fue aprehendido.

Por su parte, la víctima fue derivada al Hospital Municipal, sin riesgo de vida.

Interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 15. La carátula es Robo doblemente agravado por uso de arma blanca y haber sido cometido en poblado y en banda, Lesiones graves, Violación de Domicilio, Atentado y Resistencia a la autoridad.

El hombre, que ya contaba con antecedentes, fue hallado culpable de un violento asalto, de sustraer dinero de una estación de servicio y de amenazar de muerte a una persona.

En las últimas horas, en el marco de un debate abreviado, la jueza del Tribunal en lo Criminal Nº 3, Daniela Fabiana Castaño, condenó a acusado a la pena de 7 años y medio de prisión.

Para la magistrada quedó probado que el 21 de noviembre de 2024, poco antes de las 5, el procesado se presentó en el expendio de combustible ubicado en la avenida Casey y Garibaldi, con la excusa de comprar bebidas energizantes.

En esas circunstancias, aprovechó un descuido del playero para acceder a una oficina y apoderarse de unos 50 mil pesos de la recaudación.

Apenas 48 horas después protagonizó un violento asalto, cuando abordó a un hombre en la vía pública y lo amenazó con un cuchillo.

El hecho se produjo sobre las 3.30, en Lavalle y la avenida Sixto Rodríguez, donde interceptó a la víctima y la obligó a trasladarse hacia una zona de monoblocks situada en Lacunza al 900.

Una vez allí comenzó a golpear al damnificado y le efectuó varios cortes con el arma blanca, para finalmente apoderarse de una riñonera, algo más de 40 mil pesos y un teléfono celular.

En tanto, el 26 de noviembre, poco antes de la medianoche, Gorordo se presentó armado en un domicilio de la avenida Del Molino al 2.000 y amenazó al dueño con matarlo.

Reconocido

El empleado de la estación de servicio declaró en la causa y sostuvo que la jornada de los hechos el acusado arribó al local y de manera agresiva le solicitó cigarrillos y bebidas energizantes.

Dijo que permaneció en el sector del “nochero” y poco después descubrió el faltante de dinero.

Describió que dos días después el sujeto regresó y nuevamente lo intimidó para que le diera plata.

Detalló que en primera instancia le manifestó que tenía un cordero para vender, luego le indicó que quería comprar aceite y finalmente le reclamó “haceme la segunda y dame la plata de la caja”.

El trabajador se negó y comenzó a hacerle señas a un patrullero, lo que provocó que el delincuente escapara en bicicleta.

La víctima consideró que se trató de la misma persona que había sustraído efectivo de la caja y posteriormente reconoció a Gorordo mediante la exhibición de fotografías.

Violento ataque

Dos días después, un hombre que había llegado a Coronel Suárez para participar de una muestra de arte fue abordado por un delincuente que lo agredió con un arma blanca y le sustrajo elementos.

La víctima indicó que el sujeto lo interceptó y le pidió un cigarrillo, para luego extraer un cuchillo y amenazarlo.

Comentó que le colocó el arma blanca en la cintura y lo obligó a trasladarse hacia una zona de departamentos, donde comenzó a golpearlo y atacarlo.

Describió que sufrió cortes en sus manos al intentar defenderse.

La víctima señaló que tras el ataque pidió ayuda e ingresó al hospital en estado de shock.

En tanto, distintas cámaras de seguridad reflejaron la presencia del acusado en el sector, antes y después del ataque, así como su llegada a la estación de servicio donde había robado dinero 48 horas antes (lo declaró el playero del lugar).

El damnificado también identificó al imputado por fotografías.

Gorordo fue arrestado por la Policía tres días después del asalto, cuando amenazó de muerte a un hombre.

Esa persona había declarado que la madrugada del asalto el acusado se presentó en su casa con la campera ensagrentada y le dijo que había apuñalado a una persona.

El juez sostuvo que “la autoría y responsabilidad” del procesado “surge de los elementos recabados en la causa”.

Por todo ello, fue declarado culpable de los delitos atribuidos por la fiscalía y recibió la condena.

Le dio la libertad condicional a un hombre condenado por violar a una adolescente en Puan, aunque la Cámara Penal revocó la medida -como suele suceder en estos casos- y ordenó dar marcha atrás, pero el acusado mantendrá el beneficio hasta que el fallo quede firme.

La polémica situación afecta a Ricardo Rubén Sena (61), quien en septiembre de 2017 fue sancionado a purgar 12 años de prisión, por el delito en perjuicio de una chica que en aquel momento tenía 12 y quedó embarazada producto del terrible ataque sexual.

Sena está detenido desde el 22 de noviembre de 2016 y la pena vence el 21 de noviembre de 2028, con lo cual cumple el requisito temporal para obtener la libertad condicional, tal como se la dio Stemphelet.

Sin embargo, los camaristas Gustavo Barbieri y Natalia Giombi encontraron reparos en los informes criminológicos y, a diferencia del juez de primera instancia, decidieron que no es conveniente que se mantenga en libertad.

De esa manera, la Sala I de la Cámara aceptó la apelación presentada por el fiscal Marcelo Romero Jardín, para quien había una errónea interpretación de la normativa aplicable por parte de Stemphelet, además de una "absurda valoración" de las circunstancias del caso y los informes.

Sostuvo el fiscal que el juez omitió evaluar los aspectos que revelan "la persistencia de patrones de conducta disfuncionales, la falta de  comprensión del daño causado a la víctima y a la sociedad y la existencia de factores de riesgo para la reincidencia".

"Indicadores" de alerta

Y la Cámara reconoció que en el caso "no se abastecen todos los requerimientos que prevé la normativa para la concesión del beneficio", más allá de estar cumplido el requisito temporal.

Existen "indicadores" que le ponen freno al beneficio, dijeron.

En ese sentido, reconocieron que "se observan avances" en el desempeño institucional de Sena (conducta y concepto), pero ello "resulta insuficiente" para considerar cumplidos con todos los requisitos establecidos por el legislador nacional y provincial para la procedencia de la libertad condicional.

El informe de la sección Clasificación de la Unidad Penal Nº 4, firmado el 13 de enero pasado, marca "un posicionamiento desafectivizado y poco reflexivo" del condenado respecto del delito que le imputan, en cuanto al vínculo con la menor abusada.

"Asumir lo acontecido no supone rectificación a nivel subjetivo sobre sus dificultades para construir límites interpersonales fundamentales, dando paso a conductas heteroagresivas trasgresoras", explicaron los peritos.

Si bien la autoridad penitenciaria aconsejó -aún con reservas- la viabilidad de la libertad condicional de Sena, para la Cámara esa medida "resulta prematura", teniendo en cuenta el citado informe.

Los jueces remarcaron que los informes criminológicos no son vinculantes para su decisión, lo cual les permite distanciarse de las recomentaciones del Departamento Técnico Criminológico, porque "no tiene respaldo" en los informes de los profesionales que lo evaluaron.

En conclusión, revocaron el beneficio pero como la defensa puede apelar a Casación, Sena, por el momento, seguirá en libertad.

La víctima tuvo un hijo por el ataque

Médica. El caso que derivó en la condena fue producto de una denuncia de una médica de Puan que examinó a la menor y confirmó que estaba embarazada.

Abreviado. El juicio fue abreviado y el fallo lo dictó el entonces juez Raúl Guillermo López Camelo, del Tribunal en lo Criminal Nº 3.

En 2010. Para el juez se pudo acreditar que los hechos habrían comenzado durante la primavera de 2010, cuando la víctima tenía 12 años. De acuerdo a la investigación, la chica trabajaba cuidando niños en la vivienda donde vivía el sospechoso, circunstancia que habría aprovechado para someterla.

Bebé. Producto de los abusos la menor dio a luz a un bebé. Sena fue detenido en noviembre de 2016, cuando vivía en Pigüé.

Pruebas. Entre los elementos probatorios se tuvieron en cuenta el informe de la médica, la declaración de la víctima y su madre, así como un estudio de ADN, que determinó la paternidad de Sena.

El siniestro se produjo poco después de las 9, en Cambaceres y Bermúdez, cuando por cuestiones que se están investigando colisión un rodado Iveco al servicio de la empresa SAPEM, guiado por Esteban Villarreal, y una moto Bajaj Rousser 125cc., al mando de Matías Rivas de 19 años.

Producto del impacto Rivas sufrió lesiones de gravedad y fue trasladado de urgencia en una ambulancia del servicio de emergencias Siempre.

Voceros consultados señalaron que pese a los esfuerzos de los médicos la víctima ingresó sin vida a la guardia del Hospital Penna.

Por el caso se iniciaron actuaciones por homicidio culposo, con intervención de la UFIJ N° 1.

Desde el Comando de Patrulla indicaron que el hecho se desencadenó poco después de la 1, en Segunda Colombia y General Alvear, donde arrestaron a Álvaro Tomás Cavillo, de 20 años de edad, quien circulaba al mando de un rodado Honda CG 150cc. sin patente colocada.

Los voceros señalaron que el sujeto pretendió eludir el control y en la fuga impactó el auto de los agentes municipales, arrancando el sector izquierdo del paragolpes delantero de la unidad.

Mencionaron además que al advertir la presencia policial intentó escapar, pero finalmente fue reducido y aprehendido. En el operativo también intervinieron operadores del CeUM.

En tanto, la moto fue secuestrada y remitida al corralón municipal.

Por el caso se iniciaron actuaciones por desobediencia, daño e infracción a la Ley 24.449.

Disturbios

Una mujer fue demorada esta madrugada por la policía luego de que provocara disturbios en un boliche céntrico.

Fuentes del Comando de Patrulla manifestaron que alrededor de las 4 fueron convocados a Fitz Roy al 300, donde personal de seguridad del local había retirado del interior a la acusada.

Indicaron que los efectivos la invitaron a retirarse del sitio, aunque la mujer no hizo caso a la orden e intentó agredir a los uniformados, por lo que fue reducida y trasladada a la seccional Primera.

Fuentes oficiales indicaron que efectivos de Florencia Varela incautaron un Peugeot 2008, de color gris, sobre el que pesaba un pedido de secuestro solicitado por la justicia.

Al momento del procedimiento el rodado era guiado por una persona extranjera, quien fue identificada y recuperó la libertad.

El hecho ocurrió el pasado 13 de diciembre, en la plaza de la localidad del partido de Villarino, en la intersección de las calles 10 y 3.

En esas circunstancias una mujer de 73 años fue abordada por dos sujetos, bien vestidos y con acento extranjero, quienes comenzaron a referirle cuestiones ligadas a la religión y lograron ganar su confianza.

Mediante engaños la convencieron de colocar el dinero que tenía en su poder en una bolsa negra, aunque en un momento la cambiaron y se apoderaron de la plata.

Cuentos del tío y estafas: el delito no cesa y obliga a mantener la guardia alta

Cuando la damnificada arribó a su casa descubrió que en la bolsa que tenía solo había papeles, por lo que dio aviso a la policía.

Poco después, mediante el uso de las cámaras del Centro de Monitoreo de Villarino, los investigadores lograron determinar las características del vehículo en el que se movilizaban los delincuentes y solicitaron su secuestro.

Los voceros indicaron que a partir del hallazgo del rodado se continúa trabajando para identificar a los autores de la estafa.

Elías Osvaldo Pérez pidió salir de prisión con el beneficio de libertad condicional, aunque la opinión de los profesionales que lo evaluaron resultó decisiva para que los jueces resuelvan que permanezca detenido en la Unidad Penal Nº 19 de Saavedra.

La Sala II de la Cámara Penal local, con los votos de los doctores Guillermo Petersen y Guillermo Emir Rodríguez, rechazó una apelación de la defensa del sujeto y ratificó la decisión del juez de Ejecución Penal Nº 1, Claudio Brun.

Los magistrados sostuvieron que la resolución que negó el beneficio solicitado por el condenado está fundada principalmente “en los marcados elementos de tenor cautelar que surgen del informe psicológico”.

Refirieron que esto se fundamenta con las opiniones de los profesionales del área psicológica de la cárcel en la que Pérez permanece alojado y de la Asesoría Pericial Departamental.

Señalaron que el letrado que representa al detenido no logró “revertir los fundados argumentos desarrollados en el resolutorio y que sustentan la posición adversa a sus pretensiones”.

Víctima cosificada

Uno de los informes elaborados por un psicólogo señala que si bien Pérez “sostiene un posicionamiento responsable desde el punto de vista jurídico”, en su relato no se advierte “nada del orden de la movilización” respecto de la víctima.

“El sujeto no logra cuestionar o problematizar esta conducta impregnada de violencia psicológica, sexual y física. Se advierte que cosifica a la víctima, apareciendo en su relato una y otra vez esta situación que no problematiza: se vale del cuerpo de la menor para satisfacer su tendencia al sometimiento del otro”, indicó el profesional.

Según se indica, el detenido describió lo sucedido “como un momento de confusión”, relacionándolo con el “consumo problemático” que presenta desde la adolescencia y un estilo de vida “al límite”.

“Este posicionamiento, que refleja su tendencia a la proyección y la minimización, le impide ponerse en contacto con aspectos más fallidos del sí mismo. En su discurso esto aparece como un acontecimiento más sin que emerja nada del orden del malestar, empatía o angustia”, agregó.

También sostuvo la necesidad que se le ofrezcan herramientas tendientes a garantizar que, una vez que recupere la libertad, no repita la conducta que lo llevó a prisión.

Sin culpa

En tanto, un psiquiatra de la Asesoría Pericial sostuvo que no detectó en Pérez “sentimientos culpógenos y malestar psíquico que dé cuenta de un proceso reflexivo y/o autocritico en torno a los hechos”.

Por otra parte, consideró que el individuo presenta un “riesgo moderado” de violencia (peligrosidad).

Desde la unidad penal saavedrense, donde Pérez cumple actualmente su condena, destacaron la importancia de incluirlo en el programa denominado “Deconstruyendo Masculinidades”, además de, en caso de que sea de su interés, renovar la propuesta de cursos de formación profesional.

Elementos suficientes

“En el caso traído a consideración, dichas reservas adquieren especial trascendencia si se tiene en cuenta el tipo de delito por el que fue condenado y resultan suficientes para denegar el beneficio”, señalaron los camaristas.

En definitiva, los magistrados indicaron que “si bien se encuentran abastecidos los recaudos temporal y de cumplimiento regular de los reglamentos carcelarios”, resultan decisivos la opinión sobre la “inviabilidad” del beneficio por parte de las autoridades carcelarias y los elementos de tenor cautelar expuestos por los profesionales que evaluaron a Elías Pérez.

Ataque en el barrio 1º de Junio

Sentencia. El 4 de junio de 2018 el Tribunal en lo Criminal Nº 1 sentenció a Elías Osvaldo Pérez  por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante y tentativa de abuso sexual con acceso carnal.

El hecho. El episodio se produjo el 9 de octubre de 2016, en la vivienda que el sujeto ocupaba en el barrio 1º de Junio. En esas circunstancias atacó a la víctima, de 7 años, quien había concurrido a devolverle juguetes a una amiga que vivía en una casa situada detrás de la del condenado. En ese momento Pérez habría introducido a la niña en su domicilio con la excusa de que esperara allí a la otra chica.

Fechas. Pérez fue detenido el 24 de agosto de 2017, cuando, a pedido de la fiscalía, la Justicia de Garantías ordenó su arresto. El 25 de septiembre de ese año las autoridades dictaron la prisión preventiva del imputado.

Finalización. Fuentes oficiales informaron que la sanción que le impuso la justicia bahiense finalizará el 23 de agosto de 2027.