La sentencia fue dictada por el Tribunal en lo Criminal Nº 2 en el marco de un juicio abreviado.

El sujeto, a quien no se identifica para preservar a las víctimas, se encuentra detenido en la Unidad Penal Nª 19 de Saavedra.

La investigación judicial, llevada adelante por la UFIJ Nº 4, a cargo del fiscal Diego Torres, logró acreditar que los hechos de violencia e impunidad se extendieron durante casi una década en distintas viviendas de la ciudad.

Según consta en el expediente, uno de los hechos ocurrió entre 2014 y junio de 2020, en el domicilio del acusado.

Durante ese período, según el fallo, sometió a su hijo a reiteradas situaciones abusivas desde que el niño tenía apenas 4 años.

Por otra parte, fue acusado de someter a su otra hija entre 2012 y 2020, en dos viviendas de la ciudad.

"La cadena de agresiones hacia la niña comenzó cuando ella tenía 4 años y continuó hasta los 12. Para garantizar el silencio de las víctimas, el imputado ejercía amedrentamientos constantes como amenazar a la niña con golpearla y castigar a su madre si revelaba lo sucedido", indicaron desde el Ministerio Público.

El procesado fue condenado como autor de los delitos de "abuso sexual con acceso carnal, agravado por el vínculo y por encontrarse la víctima bajo la guarda del imputado; abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por el vínculo y por haber sido cometido mediante el aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente con una menor de 18 años de edad; y abuso sexual con acceso carnal, agravado por el vínculo y por la guarda".

Se trata de Fernando Juárez, de 31 años y Erika Amaya, de 35 años, aprehendidos y trasladados a la Comisaría de Punta Alta a disposición de la disposición de la UFIJ Nº 15.

El hecho que originó la investigación ocurrió el 29 de septiembre pasado, cuando un hombre de 45 años denunció que al regresar a su casa Almafuerte al 600 (barrio Nueva Bahía Blanca), constató el faltante de su instrumento.

A partir de la denuncia, personal del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de Punta Alta realizó distintas tareas investigativas, entre ellas la recepción de declaraciones testimoniales y otras diligencias. Los elementos reunidos permitieron solicitar una orden de allanamiento.

La medida se concretó ayer, alrededor de las 13, en una casa ubicada en Balcarce al 700, a pocos metros del lugar del robo.

El procedimiento contó con la participación de efectivos del GTO y de la Estación de Policía Comunal Punta Alta, ordenado por el Juzgado de Garantías Nº 1.

El allanamiento resultó negativo respecto de los elementos que se buscaban secuestrar. Sin embargo, durante el procedimiento, Juárez arremetió contra los efectivos y los golpeó con puños y patadas. Uno de los policías sufrió lesiones en ambos antebrazos.

En tanto, Amaya intentó entorpecer el procedimiento. Según informaron desde la Comisaría local, arrojó golpes de puño contra lso agentes y lanzó un ladrillo, que provocó una lesión en la muñeca derecha de otro efectivo.

De acuerdo con lo informado por la Policía, las lesiones sufridas por los uniformados fueron leves.

Según la jueza de Garantías Nº 1, Claudia Noemí Olivera, no hay pruebas para que el herrero Rubén Damián Trobiani (36) continúe vinculado con la causa penal a cargo de la fiscal Marina Lara.

La titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 7 le había imputado al ahora sobreseído el delito de robo doblemente agravado, por haber sido cometido en poblado y en banda y con escalamiento.

El sobreseimiento está firme y, en la misma resolución, la magistrada Olivera dispuso que la fiscalía le restituya a Trobiani su auto y los otros elementos secuestrados durante el allanamiento en su domicilio.

La jueza Olivera entendió que la versión de Trobiani tenía "soporte objetivo" a raíz de las fotos y videos que él aportó.

En esas imágenes se lo ve en el salón de fiestas Sueños, en el mismo horario en que boqueteros robaron dinero de dos cajas fuertes en el local de artículos del hogar ubicado en Zelarrayán al 2900.

De acuerdo con el informe de la empresa Movistar, la señal del celular de Trobiani se captó a las 2.20 del 27 de julio, en una celda (área geográfica que cubre una antena de telefonía) ubicada exactamente en ese salón de fiestas y en plena franja horaria del hecho delictivo.

El siguiente registro, a las 3.45, lo localizó en una celda de la calle Vicente López al 1.300, a cuatro cuadras de su vivienda. Ese era el recorrido que había declarado.

Por otra parte, la Policía no halló elementos vinculados con el delito cuando allanó la casa de Trobiani, y la inspección de su celular tampoco permitió recabar datos y/o conversaciones relevantes para la investigación.

La fiscalía había planteado que el pedido de sobreseimiento era "prematuro" porque faltaba este último peritaje.

A raíz de que el análisis al teléfono no tuvo resultados positivos, la jueza Olivera opinó que no existen fundamentos para que Trobiani siga ligado al proceso.

La resolución judicial rechazó el planteo de nulidad que había presentado el defensor Tomás Oraindi contra la orden de allanamiento y secuestro, que se hizo efectiva el 30 de julio.

Es decir, la medida se consideró válida aunque no aportó pruebas.

La fiscal Lara confirmó que no apelará el sobreseimiento de Trobiani porque -afirmó- "no es el autor del hecho".

"Se buscó a Trobiani porque tenía un auto parecido al que utilizaron para cometer el hecho", explicó la representante del Ministerio Público Fiscal.

La causa sigue en etapa de investigación y por el robo, hasta el momento, no hay detenidos.

Se trata de la firma Fisur, que funcionaba en Humberto Primo al 300. Por pedido del fiscal Gustavo Zorzano, también se requisó un domicilio en Avellaneda al 500, donde vive Alberto Alfonsi, el empresario señalado por los damnificados.

Clientes que reclaman por sus ahorros escracharon al dueño en su casa

La intención del titular de la UFIJ Nº 18 fue recolectar elementos de prueba sobre las denuncias presentadas contra la entidad y, en ese marco, secuestraron diversos elementos que serán analizados para esclarecer lo sucedido.

La causa tuvo su inicio en marzo de este año, a partir de un acta realizada por personal de la comisaría de Punta Alta, luego de que un grupo de personas se congregó frente a la compañía para reclamar la devolución de sus depósitos ante la negativa del responsable.

Hasta la fecha, el fiscal Zorzano ha recibido las denuncias de casi 50 damnificados, perjudicados por montos totales de casi 200 mil dólares y cerca de 450 millones de pesos.

La investigación, a cargo de la comisaría Primera de esa ciudad, se originó el domingo pasado, sobre las 20, cuando una persona de 20 años denunció que dos desconocidos, que se movilizaban en un Volkswagen Bora oscuro, le sustrajeron su moto Honda Tornado, luego de amenazarlo con un cuchillo.

De las averiguaciones practicadas se pudo determinar que los asaltantes serían Francisco Paredes, de 25 años, y un menor de 16 que cuenta con varios antecedentes por delitos contra la propiedad. 

También estableció la Policía que, luego del delito, el mismo menor contactó al damnificado a través de sus redes sociales y le ofreció, bajo amenaza, la devolución de la moto a cambio de dinero.

Como la víctima no respondió a la extorsión, la moto apareció abandonada en un descampado. 

A partir de la prueba colectada, la Justicia ordenó allanar los domicilios de los acusados y en esas circunstancias se produjeron las detenciones.

En la casa de Paredes, ubicada en Belgrano al 5.000, se secuestró el Bora negro, así como dos celulares Iphone 11 y Samung.

Mientras que en la vivienda del adolescente -no identificado por razones legales-, se incautó un teléfono Iphone 16.

El menor, por disposición judicial, será trasladado a un instituto de la ciudad de Azul.

Fuentes judiciales indicaron que el jueves 8 se efectuará el análisis de los elementos incautados tras el pedido de los abogados de la querella, Martiniano Greco y Carlos Carnevale.

Los teléfonos corresponden a los dueños de la franquicia: Ariel Gustavo y Graciela Fernanda Vecchi y Ernesto German Decker; al gerente, Lucas Roberto Abraham y a la encargada de seguridad e higiene Alejandra Nora Molina.

También se encuentra el dispositivo del arquitecto necochense Eber Nicolás Panscin, quien estuvo a cargo de la obra ubicada en la avenida Cabrera al 4.100.

Los abogados que representan a la familia de la víctima solicitaron oportunamente la búsqueda de diálogos en comunicaciones cruzadas entre los distintos actores y a partir de una serie de palabras clave.

El análisis -desde septiembre de 2025 hasta la fecha del deceso- se hará a través del sistema UFED Cellebrite Premium, que permite recuperar toda la información contenida en los aparatos, incluso aquellos datos borrados recientemente.

El rastreo abarcará WhatsApp, Telegram, Signal, SMS, iMessage, correos electrónicos, registro de llamadas, contactos, grupos, archivos adjuntos, fotos, videos, documentos PDF, planos, informes, notas y calendarios, entre otros servicios y aplicaciones.

Los investigadores buscarán determinar si, antes del hecho, existieron diálogos sobre los peligros del entrepiso montado, que tenía banners que simulaban paredes, pero no tenían ningún tipo de contención.

Por otra parte, la fiscalía aguarda la entrega del dictamen técnico pericial que están elaborando una serie de profesionales de la UTN convocados para colaborar en la investigación.

En ese sentido, trascendió que los peritos solicitaron una serie de informes y documentación accesoria para luego poder confeccionar el informe final. 

La resolución, de 217 fojas, fue dictada por el juez de Cámara Roberto Fernando Minguillón, por secretaría de Paula Marina Pojomovsky, tras un juicio abreviado (acuerdo previo entre la acusación y las defensas).

Los acusados habrían cumplido distintos roles en el delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio, agravado por la intervención organizada de 3 o más personas e incluso por la utilización de menores para desplegar las maniobras.

La causa se originó a partir de una denuncia anónima, presentada a fines de agosto de 2023 en la Fiscalía Federal Nº 1, y estuvo a cargo de la Delegación de Inteligencia e Investigación Criminal de la Prefectura Naval Argentina.

Se habría establecido que el grupo, con punto central de organización en una vivienda de Jorge Cánning al 2.500, vendió, tanto cocaína como marihuana, al menos entre agosto de 2023 y el 3 de octubre de 2024, cuando se produjeron los operativos y las detenciones.

Quiénes son los condenados

Las principales sanciones recayeron en Franco Juan Bernat (29), María del Carmen Rodianú (37) -detenida en el Instituto Correccional de Mujeres Nº 13 del Servicio Penitenciario Federal- y Damián Emmanuel Acosta (34) -apresado en la Unidad Penal Nº 2 de Sierra Chica-, quienes recibieron 6 años de condena.

Sin embargo, los dos hombres fueron declarados reincidentes y a Bernat -actualmente alojado en la cárcel de Villa Floresta- le unificaron la pena con otra y le impusieron 8 años y 3 meses de cárcel.

También recibieron sanciones efectivas, aunque las cumplen bajo prisión domiciliaria, Laura Soledad Pérez (4 años y 3 meses) y Emanuel Jonatan De la Canal (un año), en este caso por tenencia simple de estupefacientes.

Las otras condenas fueron en suspenso -no irán a la cárcel salvo que incumplan alguna regla de conducta fijada- y las recibieron Juan Gabriel Rodianú (3 años), Andrea Paola Rodianú (3 años), Daniel Alejandro Peralta (3 años), Joscelyn Dalma Rodianú (3 años), Juan Jesús David Godoy (3 años) y Claudia Soledad Rodianú (3 años).

Completan la lista Thiago Joaquín Peluffo (3 años), Evelyn Andrea Peluffo (3 años) y Stella Maris Romero (1 año, por tenencia de estupefacientes).

Todas las personas que recibieron penas de ejecución condicional tendrán que cumplir, por distintos plazos, diferentes reglas de conducta y además, en algunos casos, tendrán que donar dinero a distintas entidades de bien público.

Los hechos, según se acreditó en la investigación judicial realizada por la UFIJ Nº 4, a cargo del fiscal Diego Torres, sucedieron entre 2022 y 2024, a bordo del vehículo de alquiler que conducía el imputado.

Gigena se desempeñaba como remisero de confianza de la familia y trasladaba habitualmente a la víctima -quien al momento de los ataques tenía entre 9 y 10 años- hacia la vivienda de su madre o hacia su lugar de trabajo.

Aprovechando la situación de traslado a solas, el condenado le realizó tocamientos a la niña tanto por encima como por debajo de la ropa en reiteradas ocasiones. Asimismo, utilizaba su posición para amedrentarla e instarla a que no le contara lo sucedido a su madre.

La resolución judicial se suma a una sentencia que le habían impuesto en marzo pasado.

En esa oportunidad, el juez Eugenio Casas -integrante del mismo tribunal- le había fijado una pena de 4 años de prisión por un hecho de similares características cometido contra otra niña de 9 años.

Los manifestantes porteños tienen previsto reunirse mañana con la procesada y el sábado a las 16.20, en la plaza Rivadavia, realizarán un conversatorio abierto y gratuito sobre el marco legal del cannabis en Argentina y la causa de la bahiense.

La comitiva incluirá al abogado especialista en el tema, Juan Palomino.

El caso se analizará en un juicio por jurados programado entre el 22 y el 24 de febrero de 2027.

La mujer estuvo presa en la Unidad Penitenciaria Nº 19, de Saavedra, después de que la justicia de Garantías bahiense la procesara con prisión preventiva a principios de mayo pasado.

Pero el 20 de agosto recibió el beneficio de arresto domiciliario.

El fiscal de estupefacientes Mauricio del Cero la imputó de consumar el comercio de drogas en reiteradas ocasiones, mientras que Carlos Carnevale, abogado defensor de Agunín, plantea que su clienta está privada de la libertad en relación con un "único caso" en el que la Policía secuestró 7 gramos de marihuana.

La defensa también solicitó la nulidad del allanamiento que derivó en la detención de Agunín, así como requirió su excarcelación o, en su defecto, su arresto domiciliario, medida que finalmente se materializó.

Sin embargo la Cámara Penal local confirmó el fallo del juez de Garantías Nº 3, Alberto Manzi, que había ordenado la preventiva de la mujer y mantenido la calificación legal de comercialización de estupefacientes agravada por cometerse en un lugar de esparcimiento social, propuesta por la fiscalía.

Los jueces camaristas Christian Yesari y Gustavo Barbieri además coincidieron con el análisis de Manzi sobre la presencia de peligros procesales, a raíz de la pena en expectativa del delito imputado (de 6 a 20 años de prisión).

El fallo del Tribunal en lo Criminal Nº 1 recayó en Rodolfo Ariel Molina, quien fue hallado culpable de los delitos de "comercialización y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización".

Según la investigación del fiscal Mauricio Del Cero, se acreditó que el imputado vendió cocaína y marihuana entre el 2 de octubre de 2024 y el 15 de enero de 2026.

Las maniobras se realizaban a través de entregas pactadas en puntos acordados previamente y utilizaba cuentas bancarias virtuales para recibir los pagos de las transacciones.

El operativo decisivo tuvo lugar a principios de este año, cuando efectivos de la comisaría Cuarta allanaron la vivienda de Molina en Capitán Montero al 2.200, donde incautaron dosis de cocaína destinadas a la comercialización.

"Entre las pruebas clave acumuladas en el expediente se destaca el peritaje sobre el teléfono celular secuestrado al acusado. En el dispositivo se hallaron capturas de pantalla de transferencias bancarias enviadas y recibidas, fotografías de cogollos de cannabis y conversaciones explícitas sobre las transacciones", describieron voceros del Ministerio Público.

La explicación corresponde al comisario mayor Víctor Hugo Izaguirre, jefe de Coordinación Operativa de Narcotráfico, con asiento en Santa Rosa.

Y tiene relación con la detención, en los últimos días, de Hernán Alberto Aymes, alias "Kiko", de 38 años, quien fue capturado por la Policía pampeana en Brasil y Jujuy de nuestra ciudad, cuando estaba a cargo de la carnicería del supermercado Argenchino.

"Guatraché es una localidad de menos de 10 mil habitantes (tiene casi 5.400, según el censo 2022), entonces una boca de expendió de drogas allí es un problema bastante importante", explicó el comisario Izaguirre.

En junio pasado, tras una denuncia que motorizó una investigación a cargo de la fiscalía federal de Santa Rosa, la Policía allanó una pensión/hospedaje de Guatraché y detuvo a Daiana Romina Fassi, quien aparentemente vendía cocaína en esa localidad pampeana y posiblemente Darregueira, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires.

En su domicilio secuestraron al menos 20 bochas de cocaína de un gramo cada una, dispuestas como para la venta, y también teléfonos celulares que permitieron avanzar hacia Aymes como el supuesto proveedor.

"Esta mujer (por Fassi) residió oportunamente en Bahía Blanca y hace bastante tiempo que está en Guatraché. Ya había sido investigada en otras oportunidades y ahora se comprobó que comercializaba estupefacientes", sostuvo el uniformado.

Rompió el teléfono

El comisario mayor confirmó que, cuando se dio el allanamiento en el supermercado bahiense, Aymes, al ver al personal policial, rompió su teléfono.

"Al momento de detenerlo, golpeó el celular contra el borde de una de las heladeras exhibidoras de la carnicería, aunque se secuestraron otros teléfonos que están siendo analizados", confirmó Izaguirre.

Aymes, quien cumplió condena en nuestra ciudad por un robo con armas, está actualmente con prisión preventiva por 90 días. También Fassi permanece entre rejas por la infracción a la ley 23.737.

"En la provincia tenemos el Pampa Seguridad Activa y este sistema detectó que la mujer viajaba regularmente hacia Bahía, con lo cual creemos que ella iba a buscar la droga, porque no hay registros del paso del hombre hacia La Pampa. 

"También se cree que ella vendía en Darregueira porque viajaba seguido y no permanecía mucho tiempo", sostuvo el jefe policial.

Izaguirre explicó, por último, que la droga que llega a La Pampa, en general, procede de CABA o Córdoba y que no es habitual que llegue desde Bahía, salvo en casos de puntos limítrofes con la provincia de Buenos Aires como el comentado.

De esta manera Cristian René Aguilar (48), imputado por la tentativa de femicidio, permanecería tras las rejas al menos hasta la realización del juicio oral.

El juez de Garantías Nº 3, Alberto Manzi, dictó la medida privativa de libertad contra Aguilar por pedido del fiscal de homicidios interviniente en la causa, Jorge Viego.

La fiscalía le atribuye al procesado, apodado "Chavo", el delito de "tentativa de homicidio doblemente agravada por el vínculo y por haber sido perpetrada por un hombre a una mujer mediando violencia de género".

El ataque brutal se registró el miércoles 12 de agosto, en una vivienda de Entre Ríos al 2.200, donde también estaban presentes dos niños de 1 y 7 años.

El agresor abandonó a la mujer desangrándose, huyó a bordo de un vehículo y estuvo prófugo hasta el 31 del mes pasado, cuando la Policía lo capturó en la zona céntrica de esta ciudad.

La mujer se recupera favorablemente de las heridas cortantes que sufrió en el tórax, el cuello y la mano izquierda.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguna víctima, llamá al 144: es gratis y atiende las 24 horas.

La investigación se habría iniciado a partir de una denuncia presentada por un trabajador sexual. De acuerdo con su relato, el hombre habría sido contratado para concurrir al domicilio donde se encontraba Ghione y, durante el encuentro, habría permanecido retenido contra su voluntad.

A partir de esa presentación, el fiscal J. M. Puig, del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Sunchales, dispuso distintas medidas investigativas. Una de ellas fue el allanamiento realizado este martes en una vivienda ubicada en Lehmann.

Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron armas de fuego que serán incorporadas a la causa.

Ghione quedó a disposición de la Justicia y fue trasladado a Rafaela, mientras continúa la investigación para determinar qué ocurrió en el domicilio y cuál fue la participación que pudo haber tenido el actor en los hechos denunciados.

La causa contempla, por el momento, las hipótesis de privación ilegítima de la libertad y amenazas calificadas. También será objeto de análisis el material secuestrado durante el allanamiento y las circunstancias relatadas por el denunciante.

Quién es Maxi Ghione

Maximiliano Ghione nació en 1973 y desarrolló una extensa trayectoria como actor, director y docente. Trabajó en televisión, cine y teatro, con participaciones en ficciones como Montecristo, Casi Ángeles y La 1-5/18. También formó parte de películas como Aterrados, Roma y Cenizas del paraíso.

En los últimos años se alejó de Buenos Aires y se instaló en Lehmann, una localidad ubicada a pocos kilómetros de Rafaela. Allí comenzó una nueva etapa vinculada a la gastronomía y abrió un bodegón.

En una entrevista publicada por medios de la región, Ghione había contado que decidió mudarse al interior después de varias décadas de trabajo en Buenos Aires y que buscaba llevar una vida más tranquila. (con información de TN)

Fuentes oficiales indicaron que el subcomisario Luis Alberto Mendiondo (52) fue detenido por efectivos de la DDI bahiense en una vivienda ubicada en Mitre al 600 de la localidad de Médanos.

El 15 de septiembre de 2022, el Tribunal en lo Criminal N° 3, compuesto por los jueces Julián Saldías, Claudia Cecilia Fortunatti y Ricardo Gutiérrez, lo sentenció por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la utilización de arma de fuego.

En ese momento los magistrados no habían hecho lugar al pedido de la fiscal Marina Lara para que Mendiondo fuera privado de la libertad, resolviendo que esto se efectivizara recién cuando el fallo adquiriera firmeza.

El Tribunal consideró responsable al sujeto de los hechos ocurridos el 23 de abril de 2018, en horas de la tarde, en una vivienda de calle Alvarado al 1.200.

Al momento de los alegatos la representante del Ministerio Público había solicitado la pena de 17 años de cárcel para el uniformado, mientras que la defensa opinó que debía ser absuelto.

Ese fue el segundo debate que afrontó Mendiondo, ya que en octubre de 2020 la Sala II del Tribunal de Casación provincial revocó la absolución dictada un año antes y ordenó que sea juzgado nuevamente.

De esa manera, la titular del Juzgado de Garantías N° 4 dejó sin efecto el planteo que hizo días atrás el abogado Maximiliano De Mira, al presentarse como defensor particular del acusado.

A través de un escrito de cuatro páginas, que entregó en la fiscalía del doctor Diego Torres, a cargo de la investigación, De Mira consideraba prescripta la acción penal por el paso del tiempo, en una situación análoga a la de Alberto Martín Del Valle.

Caso Asensio: una imputación y varios testimonios de "respaldo"

Explicó, entre sus fundamentos, que para el propio fiscal Torres se trata de un delito continuado y no de un concurso real, "por lo tnato no distingue aconecimientos separables o hechos independientes, sino que imputa claramente un accionar abusivo iniciado desde los 13/14 años de la denunciante hasta los 17 años de la misma".

Sin embargo, la jueza Promé consideró que los plazos procesales no están vencidos y ordenó seguir adelante con la causa.

Asensio fue detenido hace una semana en Mar del Plata (actualmente era entrenador en un club de esa ciudad), imputado de un abuso sexual gravemente ultrajante y bajo sospecha de otras hechos, algunos de los cuales sí estarían prescriptos o bien las víctimas decidieron no instar la acción penal.

La detención se produjo en la vivienda del exfuncionario montehermoseño en Mar del Plata, en el bosque Peralta Ramos. Actualmente estaba dirigiendo a Sporting, en la ciudad balnearia.

El hombre, de 38 años y a quien se identificó como Hernán Alberto Aymes, fue trasladado a Santa Rosa y ya quedó con prisión preventiva dictada por el juez federal de esa capital, Juan José Baric, con intervención de la fiscalía federal santarroseña.

Se informó que el detenido -con antecedentes por delitos contra la propiedad- estaba a cargo de una carnicería en el supermercado Argenchino ubicado en Brasil y Jujuy. Y que tiene domicilio en las cercanías, sobre la calle Brasil. 

"Cuando fueron a detenerlo en el autoservicio, rompió el celular que tenía encima. Igualmente se secuestraron otros teléfonos", comentó a lanueva.com una fuente policial pampeana.

El procedimiento en la ciudad estuvo a cargo del Área de Coordinación Operativa de Lucha Contra el Narcotráfico de Santa Rosa. 

En junio pasado, una investigación iniciada en Guatraché sirvió para detener a dos pobladores de esa localidad y secuestrar unos 790 gramos de cocaína y más de 700 gramos de marihuana, además de dinero en efectivo y un revólver con municiones.

A partir del análisis de la evidencia digital, las comunicaciones (tras el secuestro de teléfonos celulares) y distintas tareas investigativas, la Policía pampeana pudo avanzar en la cadena de abastecimiento de drogas y así identificó al supuesto proveedor mayorista como un hombre de nuestra ciudad.

Se cree que Aymes no solo suministraría drogas a quienes vendían al menudeo en Guatraché sino también en otras poblaciones del sureste pampeano.

Además del hombre, su pareja también quedó formalmente notificada e imputada -aunque en libertad- por presunta participación en la logística.

En vinculación con lo ocurrido están bajo sospecha Eduardo Jesús González (18), Gustavo Axel Ariel Molina (21), Joselin Abril Quiroga (21) y un menor de 16 años.

La sustracción se cometió el domingo en un domicilio ubicado en Alem al 500 de Pringles, en donde los ladrones ingresaron después de forzar una abertura trasera y se apoderaron de muebles, electrodomésticos, vajilla, una máquina de escribir y una bicicleta, entre otros bienes.

Una mujer que está al cuidado del inmueble desvalijado constató el robo y radicó la denuncia en la comisaría.

Por el hecho efectivos policiales pringlenses allanaron ayer el domicilio de Alem 556, donde incautaron los artículos sustraídos.

Un adolescente de 15 años fue aprehendido luego de aparentemente acceder a la casa de una residente de Coronel Pringles, donde sustrajo un televisor y un convertidor smart TV.

Víctima del hurto resultó Susana Eulogio, con domicilio en la calle Euskadi, entre Pellegrini y 25 de Mayo.

Una vecina de la damnificada dio aviso del ilícito a la Policía y aportó información que permitió aprehender al menor de edad, además de recuperar los dispositivos electrónicos.

Intervino el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial Bahía Blanca, que ordenó la restitución del joven a su madre.

"La acusación formal, por el momento, es solo respecto de una victima", confirmó una fuente allegada a la causa que tramita el fiscal Diego Torres.

"Hay otras chicas (al menos cinco) que declararon haber sido víctimas de situaciones de abuso, pero algunos casos están prescriptos y en otros decidieron no instar la acción penal", explicó el vocero.

En los delitos sexuales, el Estado no puede actuar de oficio si la persona afectada (salvo que sea menor) no realiza la denuncia formal o expresa su voluntad de instar la acción penal.

Si bien esas declaraciones testimoniales no serían una carga procesal independiente para Asensio, sí servirían para retroalimentar la versión de la víctima del caso principal, aclaró un investigador.

Mientras se diligencian distintas pruebas, más allá de las testimoniales, la jueza de Garantías Marisa Promé debe resolver un planteo del abogado Maximiliano De Mira, abogado de Asensio, quien pidió su sobreseimiento y libertad. 

De Mira consideró que la acción penal también está prescripta en la causa que mantiene al entrenador detenido, en una situación similar a la que se vive con Alberto Martín Del Valle, otro hombre acusado de un delito sexual.

Asensio fue detenido hace una semana en Mar del Plata (actualmente era entrenador en un club de esa ciudad), vinculado a entre dos y tres abusos sexuales a jugadoras menores de hockey en Monte Hermoso, hechos que se habrían registrado hace más de una década.

La detención se produjo en la vivienda del exfuncionario montehermoseño en Mar del Plata, en el bosque Peralta Ramos. Actualmente estaba dirigiendo a Sporting, en la ciudad balnearia.

Si bien la fiscalía se opone al pedido, el mismo fue girado a la jueza Promé para que resuelva.

Se trata de Belén Morena Prado, de 23 años, quien recibió la medida de parte del Juzgado de Garantías Nº 2, tras el pedido del fiscal Mauricio Del Cero, a cargo de la investigación.

Prado está acusada de comercializar estupefacientes, particularmente cocaína y marihuana, al menos entre el 26 agosto de 2023 y el 7 de mayo de 2026, en la vecina ciudad.

Qué dicen las escuchas del posible "amparo" policial

Además, en el marco de la presente investigación, el martes pasado se realizó un allanamiento en su domicilio de Formosa al 200, en Punta Alta, donde se encontró cocaína, marihuana, dinero en efectivo, tres teléfonos celulares, recortes de nylon y cortes en una bolsa negra.

El juez Guillermo Mércuri sostuvo que “existen elementos que determinan la existencia de los hechos y materialidad ilícita”, a partir de las pruebas incorporadas al expediente, por lo que ordenó la medida cautelar privativa de libertad de Prado y su inmediato ingreso al Servicio Penitenciario Bonaerense.

La investigación, que se inició en diciembre pasado, tomó estado público la semana última, cuando se realizaron al menos 5 allanamientos, que incluyeron la comisaría rosaleña y una celda de la cárcel de Villa Floresta, por un preso que estaría vinculado al mismo delito.

El procedimiento se dio anoche, sobre las 23.10, en Sebastián Costa al 900 de aquella ciudad.

Fue cuando personal de la comisaría Primera interceptó un automóvil Volkswagen Bora, en cuyo interior secuestraron un frasco con 11,8 gramos de marihuana (el test fue realizado por personal de subdelegación de Trafico de Drogas Ilícitas).

En consecuencia, el joven -no identificado- fue puesto a disposición del fiscal Facundo Lemble -luego de las primeras notificaciones recuperó la libertad pero sigue ligado al proceso- y el vehículo fue secuestrado, con intervención del juzgado de faltas municipal.