Desde afuera -siempre según la acusación que pudo acreditar la fiscalía- realizaron tres disparos, patearon la puerta e ingresaron en la vivienda por la fuerza.

   Malaquías Ortega, Milagros Muller, el hijo de ambos -de apenas de dos meses de vida- María Belén Farías y Cristian Altamiranda estaban en el interior y en la emergencia corrieron hacia el baño para encerrarse y de alguna manera buscar refugio.

“No va a quedar nadie”

   Uno de los delincuentes subió a un altillo que se comunica con el baño y de esa manera amenzó a la familia y hasta le apuntó con el arma al bebé.

   “Tirá el celular, tirá el celular...acá no va a quedar nadie”, le advirtió el asaltante a Milagros, la mamá del pequeño.

   Los ladrones sustrajeron un televisor de 32 pulgadas y una billetera que contenía documentos y unos mil pesos en efectivo.

   También se llevaron zapatillas, una importantísima cantidad de ropa de hombre y mujer, una garrafa, pañales, una radio y una cortadora de cabello, entre otros elementos.

   La investigación dio rápidos resultados y tanto Espinoza Chandías como Apaza Camacho fueron detenidos.

   Espinoza Chandías, quien actualmente se encuentra con prisión preventiva, pidió recibir el beneficio judicial de la excarcelación.

   Lucía Angelozzi, la auxiliar de la defensoría oficial que lo representa legalmente, entendía que no existe peligro procesal para que recupere la libertad, que no se resistió a la aprehensión de la policía ni intentó fugarse y que tiene domicilio fijo y arraigo en nuestra ciudad.

   Sin embargo, la Sala I de la Cámara Penal confirmó la medida dispuesta por la jueza de Garantías Nº 1, doctora Gilda Stemphelet, y decidió mantenerlo entre rejas, al menos hasta el juicio oral.

Peligro de fuga

   Los camaristas Pablo Soumoulou y Gustavo Barbieri entendieron que de la conducta de Espinoza Chandías sí se podía inferir un peligro de fuga.

   En principio porque la eventual pena que recibiría sería de cumplimiento efectivo, teniendo en cuenta las características violentas del hecho, no solo por los disparos y por apuntarle al bebé de apenas dos meses de vida.

   Es que a partir de la investigación se determinó que luego del asalto la familia afectada sufrió amenazas a través de las redes sociales. 

No se presentó

   Tampoco lo ayudan los antecedentes a Espinoza Chandías.

   En una causa anterior, que se había iniciado en junio del año pasado y por un delito correccional -es decir, menos grave que el asalto que ahora se le imputa- el acusado fue declarado rebelde.

   Quiere decir que cuando lo citó la justicia en ese marco no cumplió la medida y directamente no se presentó en los Tribunales, hecho que también tuvo en cuenta la Cámara Penal para confirmar el rechazo del beneficio. 

   “La semana entrante (por esta) vamos a elevar otra vez la causa al juzgado de la doctora Marrón para que resuelva la situación procesal de Nadal y Vargas. Cuando ella declaró, su abogado pidió la excarcelación y no me opuse porque, evidentemente, todo el manejo era por parte de su marido. La mujer 'tocaba de oído'”, opinó Castaño.
   Nadal también está en libertad desde que el juez federal Nº 1, Walter López da Silva -quien en ese momento subrogaba a la doctora Marrón en el Juzgado Federal Nº 2- le otorgó la excarcelación a pesar de la oposición del fiscal.

   En su nota, la mujer denuncia que junto con otras 12 personas trabajó 3 años de manera informal en el tambo regenteado por Nadal, donde no tienen energía eléctrica ni “agua para bañarse”.
   “Pasamos muchísimas cosas horribles. Trabajábamos de sol a sol mientras estas personas se llenaban los bolsillos con nosotros y solo nos daban 2 mil pesos por fin de semana a repartir entre 6, algo de mercadería y ropa usada”, señaló Rodríguez en su carta.
   “En 3 años nunca tuvimos un seguro, aportes jubilatorios, aguinaldo ni vacaciones. Somos 13 personas que vivimos en dos casas, por llamarlas de alguna manera, y hay 5 menores de entre un año y medio y 10 años. Nos estamos enfermando”.

   “Sufrimos daño físico, moral, psicológico y espiritual porque vivimos angustiados y discriminados a raíz de los dichos de este señor (por Nadal) y su abogado de Tres Lomas en redes sociales y radios”, manifiesta la denunciante.
   “Aún creo que la justicia existe, por eso golpearé las puertas necesarias para que este señor vaya preso y nos pague lo que nos adeuda por trabajar en estos últimos 3 años. Ese es el motivo por el cual todavía estamos en el campo”, afirmó la mujer en comunicación telefónica con un cronista de este diario.
   El acusado -consideró Rodríguez- se “enriqueció a costillas del cuerpo de mi hermana (de crianza)”, en referencia a la presunta explotación sexual contra otra víctima en el establecimiento rural.

   Durante la indagatoria, Nadal brindó una “serie de versiones negando” los cargos en su contra.
   “Nosotros tenemos el informe y la 'foto' originaria de cuando los inspectores del Ministerio de Trabajo ingresaron en el campo y verificaron la situación en la que se encontraban las víctimas”, remarcó el fiscal.
   “No tenían contrato de trabajo y por eso entendemos que hay una explotación laboral clara. Los imputados son reconocidos y tienen mucha incidencia en aquella zona”, agregó.

Fuerzas federales. Las víctimas, según el fiscal Castaño, todavía viven en el campo -es propiedad del tío de Nadal-, donde son custodiadas por agentes de fuerzas federales de seguridad.
Contacto. Mediante un mensaje privado a la página de Facebook de “La Nueva.”, Rodríguez se contactó con este diario para denunciar lo ocurrido en el campo explotado por Nadal.
Patrocinios. El defensor oficial Gabriel Jarque patrocina a Nadal y el doctor Gustavo Rodríguez -también de la Defensoría- asesora a la supuesta víctima de explotación de la prostitución ajena con fines económicos, así como a la señora Rodríguez.

   El hecho ocurrió alrededor de las 11 a metros de la puerta del hotel Faena, situado en Marta Salotti 445, cuando los dos hombres fueron interceptados por al menos dos asaltantes que circulaban en moto y tenían otro vehículo de apoyo.

   Debido a que aparentemente las víctimas quisieron resistirse, ambos terminaron siendo baleados y recibieron los primeros auxilios por parte de efectivos de Prefectura que estaban en la zona y llamaron a una ambulancia.

   El jefe del SAME, Alberto Crescenti, detalló que se recibió el alerta a las 11:04 y que al llegar al lugar se encontraron con un hombre de 35 años “con un impacto que le había entrado por la axila derecha y le había alcanzado el tórax”, lo cual le produjo un paro cardíaco.

   “Lo llevamos al Argerich, su estado es grave, presenta heridas de consideración porque ha tenido derrame de sangre”, afirmó Crescenti, aunque cerca de las 14 se conoció que la víctima murió cuando era operada.

   En tanto, el otro herido, de 28 años, sufrió una lesión de bala en el muslo, cerca de la ingle, que no le tocó la arteria femoral, por lo que no sería de tanta gravedad y continuaba internado.

   Tras el hecho, que causó conmoción entre las personas que a esa hora paseaban por la zona, personal de Prefectura dispuso un operativo cerrojo para tratar de localizar a los dos vehículos, a la vez que se estaban buscando imágenes en las cámaras del hotel, de edificios cercanos y las del Gobierno de la Ciudad.

   Una testigo que se identificó como Florencia dijo al canal América 24 que llegó al lugar poco después del hecho.

   “Yo estaba paseando al perro, veo que en la esquina del Faena había mucha gente y había una persona en la puerta del hotel que la estaban asistiendo”, contó la mujer.

   Agregó que “según los vecinos, una moto pasó, les quiso robar y los baleó” y que luego llegaron al lugar tres ambulancias para asistir a las víctimas.

   El ataque a los turistas ingleses se suma a otros hechos graves sufridos por visitantes de otras nacionalidades cuando se encontraban de paso en el país, dos de ellos también en este mismo mes.

   El 30 de diciembre de 2018, cerca de las 23:20, el sueco Christoffer Persson (36) y su novia María Izzo (26) se encontraban parados en la vereda de Tacuarí al 700, en Montserrat, verificando en el celular el camino para llegar al hotel, y en esa circunstancia, un delincuente bajó de un auto y le exigió al hombre que entregara el teléfono.

   El ladrón tomó el celular con ambas manos y cuando se lo llevaba, Persson intentó recuperarlo manoteándolo con la mano izquierda y ahí se produjo el disparo que lo hirió en la pierna derecha.

   Luego de ser baleado, el turista sueco fue llevado al Hospital Argerich, donde los médicos tuvieron que amputarle la pierna por la lesión sufrida y estuvo 20 días internado.

   Otro hecho se produjo el 8 de diciembre, cuando el estadounidense Frank Wolek (60) caminaba por la zona turística de La Boca y fue gravemente herido a puñaladas en el pecho al ser asaltado por dos delincuentes que le robaron una cámara de fotos; tras ser operado también en el Argerich, logró recuperarse.

   Por ese asalto, intervino el policía Luis Chocobar, quien mató a uno de los ladrones cuando escapaba.

   En tanto, el 13 de agosto de 2014, el turista canadiense Alexander Thomas Hennessy circulaba en bicicleta y fue asaltado, también en La Boca, por el "motochorro" Gastón Aguirre, hecho que se volvió viral porque la víctima logró filmar el momento del intento del robo de su mochila con una cámara que tenía en su casco. (Télam)

   Al regresar a su hogar, fue directamente a la habitación y se cambió la bombacha. Su madre la observó y le preguntó y ella le dijo: "Me quiero bañar". Y después rompió en llanto. "Te tengo que contar algo, el tío de Valeria 'me tocó la pocha' y también me puso el pitilín".

   Tras la denuncia de rigor, la causa naufragó, porque no se pudieron reunir pruebas para avanzar, y en junio de 2016 se dispuso su archivo.

   Sin embargo, en octubre de 2017 todo cambió. La madre de Valentina se volvió a presentar en la fiscalía y mediante un escrito reclamó la reapertura del caso.

   Relató que su hija tuvo una crisis de nervios al cruzarse de vuelta con el presunto abusador y que unos meses antes, durante una clase sobre abuso sexual en la escuela, Valentina les aconsejó a sus compañeros "no tener vergüenza en contar a los mayores lo que nos pasa, porque a mi me abusó el tío de Valeria".

  El año pasado, recién 3 años después del hecho, la menor volvió a declarar en cámara Gesell. Relató cómo fueron los hechos y ratificó que el hombre "le apoyó el pitilin y le chupó la cola y que después de eso no pasó nada...que le tocó la cola en la parte de atrás...".  

   Entre la declaración de la niña y la madre hubo algunas diferencias, especialmente sobre la hora del hecho. A la jueza de Garantías Susana Calcinelli le generó dudas y por ese motivo decidió sobreseer al acusado.

   La fiscal Marina Lara apeló la medida al entender que las inexactitudes en los testimonios son una "apreciación sesgada" y que "no se le puede exigir a una niña de tan corta edad el grado de precisión que la doctora Calcinelli pretende".

   Y la Cámara Penal le dio la razón. Ordenó revocar el beneficio y mandar al acusado a juicio.

Puntos coincidentes

   "Las diferencias respecto del horario en que se habrían producido los abusos, entre lo que dijo la víctima y su madre, no posee una entidad tal como para afectar el valor probatorio en relación a los restantes datos. La inexactitud debe ser evaluada sin dejar de ver que la declaración en cámara Gesell fue más de 3 años después del hecho y la niña tenía solo 6 años al momento del delito", explicaron el camarista Gustavo Barbieri, con la adhesión de su colega, Pablo Soumoulou.

   Sostuvo que aún con las dificultades que le podrían generar a una niña el gran espacio temporal entre el día del hecho y cuando declaró, "ha podido explicar con claridad cómo habrían ocurrido los tocamientos que se le imputan al procesado, cuya descripción sobre la forma en que se sucedieron es consistente con aquello que denunció su madre en febrero de 2015 (el mismo día en que la pequeña habría sufrido el ataque y de acuerdo a lo que le contó que había vivido)".

   "Son numerosos los puntos de coincidencia entre lo denunciado y lo relatado por la niña -que se observa en la filmación- y todos relativos a aspectos centrales de lo eventos que habría padecido y de la forma en la que ella habría actuado luego de la agresión sexual que aquí se investiga", amplió la Cámara.

   También coincide la denuncia con lo que la madre de Valentina (nombre ficticio como el de su amiga) le manifestó al operador de emergencias cuando se comunicó antes de ir a la comisaría, "lo que da cuenta de la coherencia que ha mantenido".

Primera evaluación. En junio de 2015 la víctima fue sometida a una pericia psicológica. Aludió a una experiencia con el tío de su amiga y se refirió a "cosas feas" y que "no metiene que hacer, algo de grandes".

Posible. La perito concluyó que "es posible" que haya estado expuesta a una situación como la denunciada, aunque las características del hecho (único y no repetido en el tiempo) y la reacción inmediata podrían haber evitado trastornos o sintomatología postraumática" en la niña. 

Sin presiones. Tampoco advirtió "presiones externas" en su relato.

Nueva pericia. No presenta indicadores de fabulación y que aportó detalles centrales y periféricos.

Indagatoria. Negó los hechos y tuvo inconsistencia con testigo, que dijo que había salido al patio y él lo negó.

   Mariela estuvo 3 años de novia con Rodrigo. Fue una relación plagada de escenas de celos, reproches y manipulación.

   En un momento ella dijo basta y decidió que era tiempo de continuar cada uno por su lado.

   Pero él no pensaba lo mismo. Insistía con volver. La seguía, le mandaba mensajes y la llamaba.

   Estaba convencido de que su ex tenía una nueva pareja, por lo que también le enviaba comentarios agresivos y descalificadores.

   Pero con el correr de los días la situación se puso peor para Mariela.

   Comenzó a recibir mensajes de texto desde un número desconocido para ella, en los cuales le exigían dinero a cambio de no publicar fotos y videos íntimos que se encontraban en el dispositivo.

   Aseguraba que la maniobra pudo ser llevada adelante por Rodrigo o un amigo suyo. 

 Como si fuera poco, después la contactó un conocido, quien en confianza le admitió haber recibido una de esas filmaciones íntimas en un grupo de WhatsApp que integra.

   Esta maniobra sucedió en Bahía y se la conoce como sextorsión. Cada vez son más las denuncias que reciben en la fiscalía local para investigar la difusión no consentida de imágenes íntimas, que en el medio incluye un proceso de extorsión.

  El caso de Mariela (no se da a conocer su nombre real por protección) es solo uno de los tantos que se registran en nuestra ciudad y la región.

   “Los casos que llegan a la fiscalía van en aumento, de acuerdo a lo que hemos visto en los últimos tiempos. Esto demuestra también que las víctimas se animan a denunciar y permiten que estos delitos sean investigados”, sostuvo Santiago Garrido, secretario de la Fiscalía General.

   Garrido describió que estas conductas pueden ser tipificadas de diferentes maneras.

   “Pueden ser calificados como una extorsión, que se produce cuando la víctima es obligada, mediante una intimidación, a entregar algo (habitualmente dinero) con la amenaza de sufrir algún un hecho perjudicial para su persona en caso de no acceder al requerimiento y, en este tipo de hechos, ese mal a futuro generalmente tiene que ver con la publicación de imágenes de contenido sexual explícito o fotos íntimas obtenidas cuando entre las partes había una relación de confianza que luego se quebró”.

   Comentó que esa figura legal está contemplada en el artículo 169 del Código Penal y establece una pena de entre 3 y 8 años de cárcel.

   Pero no solo son mujeres las víctimas.

   Un hombre que vive en una localidad cercana a Bahía denunció que una compañera de trabajo lo invitó a su casa y que en esas circunstancias mantuvieron relaciones sexuales.

   Explicó que aproximadamente un mes después comenzó a recibir llamados y mensajes en los cuales esa persona le decía que había filmado el encuentro y que debía depositarle dinero a cambio de no publicar el video.

   En su denuncia dijo no haber percibido que la situación estaba siendo registrada, pero que por temor y vergüenza accedió a entregar plata.

También hay coacción

   Garrido describió que “otro delito que se configura en estas acciones es el de la coacción, que es cuando se obliga a alguien a realizar algo o dejar de hacerlo contra su voluntad. Por ejemplo, que se intime a una persona para retomar una relación sentimental que había sido finalizada”.

   El artículo 149 bis, segundo párrafo, del Código Penal establece una sanción de 2 a 4 años de cárcel para quien sea responsabilizado por esta conducta.

   “Otros casos son las denuncias sobre la publicación no consentida de este tipo de material en redes sociales, servicio de mensajería instantánea y cualquier tipo de medio social donde se comparte información. La diferencia con las anteriores es que en estos casos no existe una advertencia o amenaza previa. Allí estamos ante una situación que suele denominarse como 'pornovenganza'”, siguió diciendo.

   Un hecho que se encuadra en este último tipo denunció una mujer en la fiscalía.

   La víctima explicó que durante un tiempo mantuvo una relación con un joven que vivía en otra provincia y a quien conoció por Facebook.

   El hombre viajaba regularmente para verla y “salieron” durante algo más de un año, hasta que la víctima decidió cortar.

   Un tiempo después -según la presentación- un amigo le avisó que había recibido un grupo de mensajes con videos en los cuales aparecía ella.

   También le dijo que, según pudo apreciar, habían sido enviados desde una cuenta de la red social que parecía ser falsa.

   La chica comentó que esa imágenes se las había enviado a su expareja mientras aún salían. Dijo que el sujeto se las pedía y que ella accedió para evitar que se enojara.

   Esta figura legal aún no se encuentra tipificada y es uno de los delitos informáticos propuestos en la reforma del Código Penal que aún no está vigente. 

   Según el proyecto, tendría una pena de 6 meses a 2 años de cárcel.

   A la abogada Marina Paula Benítez Demtschenko se la puede considerar una precursora en la lucha contra la sextorsión y delitos lindantes.

   Desde su desgraciada experiencia, en 2012, llegó a conformar una fundación (Activismo Feminista Digital) que hoy es una de las pocas asociaciones que aborda la creciente problemática.

   Una expareja, con la cual compartió casi 6 años de su vida, usó fotos íntimas de ella, creó perfiles falsos (en Facebook y Badoo) para entablar contacto con hombres para hacerles creer que podían mantener contactos sexuales.

   En su caso no medió extorsión. Fue engaño. Geolocalizaba a varones que estuvieran cerca de su domicilio y se hacía pasar por ella en diálogos de alto contenido sexual, con una mecánica perversa.

   "No entendía nada. Me empezaron a abordar varones que supuestamente chateaban conmigo, en la calle, en la parada de colectivos, me esperaban en la puerta de mi departamento. Fueron como 90 y con muchos tuve situaciones de cuasiabuso, porque venían con la idea de que me prestaba a un montón de juegos. Algunos me tomaban de sorpresa y me tapaban la boca, otros me pasaban la lengua en la nuca.

 Fue tremendo, hasta que recién un año y medio después supe lo que pasaba, de casualidad, porque el que se me acercó era vecino de mis padres", relató.

   La causa que promovió Marina sigue abierta.

   "Estoy esperando la confirmación de la última carátula: lesiones psíquicas graves en el contexto de género. La fiscalía no sabía cómo caratular el caso y la defensa de él fue eficaz, porque planteó nulidad por falta de delito", explicó.

       El problema de fondo es que no existe una tipificación penal para esta problemática.

   "Me propuse hacer un proyecto de ley sobre la difusión no consentida de material íntimo, que ingresó para debate pero fue justo con la oleada de modificaciones al Código Penal, como Justicia 2020, y se congeló todo. Al menos pude 'instalar' la terminología, porque antes se usaba -y aún se sigue usando- 'pornovenganza', que no es un término correcto porque acá no hay venganza", sostuvo.

   La abogada aseguró que muchos no toman dimensión del daño que este tipo de maniobras genera. "No es una travesura, no solo te ven desnuda. Hay un montón de mujeres en el mundo que se han suicidado por la vejación de derechos".

  A la especialista hoy le preocupa que la modalidad está mutando de manera negativa.

   "Los casos de violencia digital son cada vez más crudos, problemáticos y laberínticos. No solo existe la difusión no consentida de imágenes, sino que ya se comparten los datos personales de las víctimas en distintas plataformas, con lo cual miles de personas saben su domicilio. También convocan a otros hombres para que les hagan daño y cada vez más se suplanta la identidad", detalló.

   Sostuvo que la situación "se nos va de las manos" a la fundación que conduce porque "acá estamos hablando de riesgo de vida real en gran parte de los casos que recibimos".

   La abogada advirtió que en la mayoría de los casos el agresor busca "ejercer el poder sobre la víctima".

   "Efectivamente, haga lo que haga la víctima, va a terminar poniendo el material íntimo a disposición de terceros. Y en lugares donde la población es chica y existen ciertas normas conservadoras, a la víctima la hace pedazos", aseguró.

1- Difusión no consentida de material íntimo.

2- Acoso u hostigamiento y persecución en redes.

3- Hackeo de redes y monitoreo de movimientos.

* Antes de llevar a arreglar el celular, conectarlo a una pc o nube, hacer un respaldo y resetear el equipo de fábrica.

* Desactivar la sincronización de todas las redes sociales.

* Ocultar carpetas con fotos íntimas o cifrar los datos.

* Al momento de borrar, siempre hacerlo desde la nube.

* No informar las contraseñas a nadie.

* Siempre hacer la denuncia.

* No banalizar la difusión de imágenes íntimas de extraños.

* Alfabetización digital. Evitar la peligrosa sobreexposición (qué hacemos, dónde estamos, adónde vamos).

   Se pudo confirmar, a través de los informes de antropología forense, que los huesos son compatibles con los de una mujer de unos 35 años y de un niño de 2.
   “Se extrajeron muestras de ADN para su posterior cotejo con un familiar directo o mediante la exhumación de Santellán. Con esto se pretende acreditar la identidad de las personas enterradas”, precisó el informante.
   Sin embargo, la presunción más sólida de los investigadores es que los restos pertenecerían a la hija y al nieto del hombre al que un amigo halló sin vida el 31 de diciembre de 2017, en la salida de su casa, cuando tenía 77 años.

   La fecha de la posible exhumación del cadáver de “El Tigre” Santellán depende de si será necesaria la intervención de personal especializado para tal fin, o si las muestras de ADN las tomará directamente el médico de policía de Tornquist.
   “Es casi seguro que la exhumación se va a concretar. Todo esto se va a tratar de hacer lo más rápido posible porque los peritajes de ADN suelen demorar un tiempo, por su complejidad”, manifestó.
   “No se descarta un doble homicidio”, finalizó el operador judicial.
   En la Investigación Penal Preparatoria (IPP) intervienen, además, el fiscal Rodolfo de Lucia, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 20, especializada en la búsqueda de personas y el hallazgo de restos óseos, así como la jueza de Garantías Nº 3, Susana Calcinelli.

Desaparición. Tras la muerte del hombre, a fines de 2017, las autoridades intentaron dar con su hija, Edith Noemí Santellán, para comunicarle lo sucedido, pero no pudieron establecer su paradero. Ella y su hijo permanecen desaparecidos desde hace unos 10 años.
Sospechas. “Nunca se radicó una denuncia por averiguación de paradero de la mujer y el menor. Además, casualmente, son restos óseos de una mujer y un chico. Se presume que podría tratarse de un doble homicidio”, dijo el comisario mayor Claudio Petrizán, al frente de la Jefatura Departamental.
Versión. “Las personas con las que hablamos en Tornquist nos dijeron que después de 2012, cuando se incendió una de las habitaciones de su casa, a Santellán le preguntaban por su hija y él respondía que se había ido a vivir a Buenos Aires con su nieto”, agregó el policía.
“El Tigre”. Antonio Enrique Santellán fue trabajador de la cooperativa eléctrica y respetado por todo el pueblo. Atleta entusiasta (de ahí el apodo de “El Tigre”), participaba de colectas y colaboraba con instituciones. Siempre tenía a mano su guitarra y su voz para acompañar las veladas.

   El hecho ocurrió luego de las 15 y no se registró ningún herido. El delincuente escapó con un botín muy grande que incluyó también dos notebooks, una consola de videojuegos y varios celulares.

   "Llegué de trabajar y vi a toda mi familia encerrada. A mis hermanas, a mis primos, a mi tía y a mi hermano encerrado. Era un chico sólo con un bebé porque yo lo vi salir y pensé que estaba pidiendo. Lo vi irse para allá y cuando entro a mi casa me encontré con todo el desastre", señaló Matías.

   De acuerdo a lo expresado por él, el ladrón hasta amenazó con el arma blanca a uno de sus hermanos, el cual se encuentra postrado en silla de ruedas.

   "Tocó timbre para pedir un vaso de agua y mi hermana se lo dio. A la hora volvió y abrió sólo la puerta. Yo creo que la palanqueó con algo", indicó.

   "Hubo mucho susto porque son todos chicos. Estaban muy nerviosos y yo también porque los vi a todos encerrados con todo revuelto", finalizó.

   "Si, soy culpable", dijo el imputado Pablo Nicolás Barreto (24), por lo que fue condenado este mediodía por el Tribunal de Primera Instancia de Rosario, acusado de ser autor de ocho casos de "robo, privación ilegal de la libertad y abuso sexual", en perjuicio de mujeres que fueron atacadas en distintos comercios de esa ciudad santafesina.

   En una audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal, el Tribunal de Primera Instancia compuesto por los jueces Héctor Núñez Cartelle, María Chiabrera, Pablo Lanzón resolvió homologar el procedimiento que fue presentado por la fiscal Nora Marull y aceptado por la defensa del acusado, por lo que lo condenó a 20 años de prisión.

   Si bien en julio pasado, al momento de ser detenido, Barreto se había negado a declarar ante la jueza penal Trinidad Clavero en la audiencia oral en la que le dictó la prisión preventiva por dos años, este mediodía el acusado se sentó ante los jueces y admitió haber cometido los hechos.

   De acuerdo a la pesquisa, los ataques ocurrieron entre 9 de enero y el 10 de julio pasados en distintos comercios de Rosario.

   Según se determinó, en tres de los episodios, Barreto abusó sexualmente de sus víctimas y en otros cinco casos fueron tentativas de violación, ya que las víctimas lograron escapar.

   La fiscal Alejandra Raigal aseguró en la audiencia de imputación realizada en julio pasado que "el acusado recreó el mismo patrón de conducta en casi todos los ataques en el que primero entraba al negocio a ofrecer un servicio de seguridad o de cámaras, o preguntaba por un artículo, se cercioraba de que hubiera una mujer joven sola y que no hubiera cámaras de seguridad en el interior y después volvía otra vez como cliente".

   "El atacante luego las amenazaba con un arma que no fue hallada, llevaba a sus víctimas hacia un baño del fondo, las ataba con precintos plásticos negros, de distintos tamaños y a todas igual —en el cuello, las muñecas y los tobillos— y después abusaba o intentaba abusar de ellas", señaló.

   El hombre fue intensamente buscado durante varias semanas en las que la ciudad de Rosario permaneció conmocionada ante el tenor y la cantidad de ataques, y logró ser capturado el 11 de julio gracias a que una de las víctimas identificó el número de patente de la moto que el agresor utiliza para movilizarse y que había sido descripta por todas las víctimas. (Télam)

   En las tareas se allanaron 8 propiedades en Bahía Blanca y 7 en monte Hermoso, se detuvieron a 6 personas y se secuestró poco más de 2 kilos de cocaína de máxima pureza.

   "La cantidad de droga secuestrada nos hace pensar que tenían un rol más importante del que pensábamos de narcomenudeo", manifestó Del Cero en diálogo con LU2.

   Además, el funcionario señaló que es la 14º vez que trabajan con la figura del "arrepentido", aunque mayoritariamente no se difunde el dato por "cuestiones de reserva". 

   Sobre la investigación, según los datos que se puedan seguir recolectando puede pasar a la órbita Federal, puesto que si no se dedicaban solo a la venta "al por menor" de droga los investigadores estarían en presencia de un delito federal.

   Los arrestados son Ariel Omar Iriarte, Norberto Oscar Stautiner, Carlos Javier Centurión, Eduardo Mauricio Bini y Alberto Atilio Vogel.

   En tanto, durante uno de los allanamientos, y vinculado al hallazgo de armas en el lugar, fue aprehendido Alberto Stautiner.

   En la ciudad balnearia los procedimientos fueron realizados en el barrio Los Eucaliptos, Río Limay al 900, Las Calandrias al 800, San Lorenzo y Majluf, Antonio B. Costa al 300, Arturo Illia al 100 y Río Juramento al 300.

   En Bahía se requisó un departamento de la primera cuadra de calle Villarino (también tres cocheras de ese mismo sector), Manzana de las Luces al 800, Güiraldes al 800, Donado al 500, Rondeau al 1.600 y Rastreador Fournier y El Boyero.

   Por los hechos la fiscal de delitos sexuales, Marina Lara, imputó a Diego Andrés Filoni y Juan Carlos Bustos, quienes llegan al juicio oral en libertad.

   "Bustos también está imputado de facilitación de la prostitución porque desde su celular le manejaba la página (Bahía Hot) a Filoni", explicó una fuente de fiscalía.

   El debate estará a cargo del juzgado en lo Correccional Nº 1 y se prevé que dure 3 días.

   El abogado Mariano Jara defenderá a Bustos.

   Filoni permaneció detenido en prisión preventiva poco más de un año y Bustos "nunca estuvo preso", según confirmó el doctor Jara.

   El artículo 125 bis del Código Penal establece que quien "promoviere o facilitare la prostitución de una persona será penado con 4 a 6 años de prisión, aunque mediare el consentimiento de la víctima".

   En abril de 2016, en la primera condena por un hecho similar a nivel provincial, la justicia Correccional local sentenció a 4 años de prisión a Fernando Long, acusado de regentear un sitio web de oferta sexual.

   En mayo de 2017, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal confirmó la pena contra Long.

   De esta manera, el jefe de esa organización criminal, encarcelado desde 2013, acumula su cuarta sentencia por distintos hechos delictivos, por lo que los jueces dispusieron diferir en una futura audiencia que aún no tiene fecha, la unificación de penas que le corresponderá a Cantero.

   Fuentes judiciales informaron a Télam que esta vez, el Tribunal Oral Federal 1 de Rosario, integrado por los jueces Otmar Paulucci, Ricardo Moisés Vázquez y Germán Sutter Snaide, consideró a Cantero "coautor del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio, agravado por la intervención organizada de tres o más personas".

   Uno de los lugartenientes de Cantero, Leandro "Gordo" Vilches fue condenado a seis años y medio de cárcel luego de aparecer en las escuchas del caso dando directivas desde la cárcel para la venta de drogas al menudeo en un búnker de un barrio del norte de Rosario.

   Por su parte, Edgardo Smolsky, un periodista deportivo partidario de Rosario Central que compraba cogollos de marihuana a proveedores de la provincia de Misiones, recibió una pena de 8 años de prisión; al igual que el oficial de Drogas Peligrosas de la Policía Federal Cristian Negrete, quien vivía en el mismo domicilio que el primero.

   A su vez, el empresario de medios de comunicación de la localidad santafesina de Casilda y excandidato a senador nacional, Juan Javier Granelli, fue sentenciado a seis años y medio de cárcel.

   Y el resto de los condenados son: Gustavo Fernández (3 años y 3 meses); Ángel Fleitas (6 años y 6 meses); Raúl Ruiz (4 años de prisión); Sergio Silva (4 años); Adriana González (6 años); Mónica Romero (4 años); Ricardo Juárez (4 años); Joel Pucheta (6 años y 6 meses), Jimena Villalba (6 años) y Sergio Enriquez (7 años); Franco Bermúdez (3 años); y Julio César Fernández (4 años).

   En tanto, el tribunal absolvió por el beneficio de la duda a Claudio Romero, Jonatán Illanes y Leonardo Olmedo, quienes quedaron en libertad.

   A su vez, los jueces darán a conocer los fundamentos del fallo el 19 de diciembre próximo a las 20.

   En los alegatos de fines de noviembre, el fiscal Federico Reynares Solari había pedido 9 años de prisión para Guille y penas de 8 a 4 para los otros 19 acusados.

   Para la fiscalía, Cantero comercializaba estupefacientes desde su lugar de encierro en 2016, a través de personas de su confianza que estaban en libertad.

   En aquel año se inició la presente causa como un desprendimiento del caso conocido como "Los Patrones", en la que se investigó el tráfico de 300 kilos de marihuana desde Corrientes y Chaco a Rosario y concluyó con una condena a 15 años de prisión a Cantero en diciembre de 2018.

   En abril del mismo año, Guille había sido recibido su segunda condena a 22 años de cárcel por la Justicia ordinaria de Rosario como jefe de una asociación ilícita destinada a cometer múltiples delitos y por instigar un homicidio en presunta venganza por el crimen de su hermano, Claudio "Pájaro" Cantero.

   Mientras que en octubre último, un Tribunal Oral Federal de Rosario lo condenó a 10 años de reclusión al encontrarlo responsable de un secuestro extorsivo fallido —quienes lo ejecutaron se equivocaron de persona— también organizado desde la cárcel.

   Por otra parte, en el caso que llegó a este último juicio fue clave la intervención al teléfono de Mario Sebastián Visconti, alias el "Gringo", un exbarrabrava de Rosario Central asesinado de 9 tiros en junio de 2016, cuando la investigación estaba en desarrollo.

   A partir de la misma, los pesquisas desentrañaron una red de venta de drogas al menudeo en distintos barrios de Rosario y el sur de Santa Fe que les permitió llevar 20 personas a juicio y el secuestro de 54,5 kilos de marihuana y 347 gramos de cocaína.

   Parte de la marihuana que era vendida al menudeo en Rosario provenía de dos proveedores de la localidad de Puerto Esperanza, Misiones, y llegaba a Rosario a través de encomiendas enviadas por Correo Argentino.

   En octubre de 2016, la Policía Federal secuestró 44 panes en la sede central del Correo en Rosario.

   De acuerdo a la investigación, los pagos los realizaba Picu Smolsky a través de Western Union a Julio Fernández y Enriquez. (Télam)

   El fallo fue resuelto por el Tribunal en lo Criminal Nº 3 de Bahía Blanca y la identidad del imputado no se brinda para preservar a las víctimas.

   En el caso de una de las jóvenes, que es hijastra del procesado, los hechos fueron caratulados como abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual gravemente ultrajante reiterado y promoción de la corrupción reiterada.

   La otra víctima resultó ser su hija biológica, quien también fue violada y sometida a otras prácticas sexuales.

   Los jueces también valoraron el grave daño a la salud que se les ocasionó a ambas.

   Los episodios por los cuales resultó responsabilizado el individuo ocurrieron en nuestra ciudad, entre 2006 y 2012. En el caso de una de las menores se extendieron durante seis años y respecto de la otra abarcaron dos.

   También determinaron que una serie de hechos imputados por la fiscal Marina Lara respecto de una de las jóvenes no debían ser contemplados, ya que los mismos se encontraban prescriptos.

   El supuesto autor de la sustracción fue identificado como Nahuel Eulogio (22), con domicilio en aquella ciudad y numerosos antecedentes delictivos.

   El sujeto intentó huir a la marcha luego de saltar una reja del patio de la capilla situada en Joaquín Maza y Domingo López, pero a pocos metros de allí efectivos policiales lo interceptaron y aprehendieron.

   Cuando los uniformados requisaron al joven, en su poder hallaron alhajas de oro y aproximadamente 600 pesos en billetes y monedas.

   Entre las pertenencias de Eulogio, los policías secuestraron además un cuchillo.

   "Perdoname mamá por no poder contártelo a vos", relató la mujer en diálogo con LU2 en el marco de una causa que investiga varios hechos de abusos y violaciones contra la nena por parte de un trabajador rural en cercanías de Pedro Luro.

   Los casos, se informó oficialmente, se dieron en 2018 en al menos 10 oportunidades y según contó la menor el acusado además de los abusos la tenía amenazada.

   "En la escuela no sabían cómo explicarme la situación de lo que estaba pasando", sigue su narración y explicó que comenzaron a preguntarle si había algún hombre trabajando en el campo en donde vive con su familia.

   "No entendía nada, no podía creer que me esté pasando esto con mi nena", relató la mujer y agregó que cuando entendió la situación su primera reacción fue "querer matarlo".

   El testimonio sigue con su ataque de nervios y las pericias de rigor a la nena, para incorporar a la causa contra el acusado.

   "Espero que la Justicia haga lo que tenga que hacer", dijo y agregó que de todas formas "nunca vamos a olvidar el dolor que llevamos adentro".

   La causa es investigada por la fiscal Marina Lara y en los últimos días el acusado fue detenido con prisión preventiva, se informó oficialmente, aunque está detenido desde noviembre.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguna víctima, llamá al 144: es gratis y atiende las 24 horas

   Según indicaron las fuentes, la investigación inició como parte de un testimonio de un "arrepentido" que terminó en el operativo que cuenta con 80 efectivos federales de Bahía y la zona.

   Las autoridades explicaron que 8 de los allanamientos son en Bahía y 7 son en Monte Hermoso y las tareas comenzaron a las 4 de la mañana.

Foto de Monte Hermoso: San Lorenzo e intendente Majluf

   Las tareas fueron promovidas desde el mes de enero por el fiscal Mauricio del Cero y con la autorización de la jueza Marisa Promé.

   Según trascendió, la investigación contó con tareas de campo, intervenciones telefónicas, filmaciones y otros medios para detectar las actividades ilícitas.

Elementos encontrados en un allanamiento en la primera cuadra de Villarino

   Además de la droga, se secuestró teléfonos, computadoras, elementos de corte y venta de estupefacientes e importantes sumas de dinero.

   Según narra el parte oficial, una vecina de Cerri denunció ayer que le habían robado la cocina de su casa.

   Por la tarde, los efectivos acudieron a una llamada por una discusión en la vía pública en Matheu al 100.

   Allí, los oficiales encuentran discutiendo a la mujer que había hecho la denuncia y a un hombre, que vive en esa calle.

   Los agentes interrogan a los dos y la mujer señala que la cocina que le robaron la tenía el hombre y este dijo que la había traído su hijo y que no sabía de dónde había salido.

   Por tal motivo la Policía detuvo al hombre por el delito de encubrimiento y lo puso a disposición de la fiscalía Nº 7.

   Según narra el parte oficial, a las 2 el personal del Comando de Patrulla captura al menor en Granada al 600 y le encuentra los elementos sustraídos en Pasaje Tandil al 700.

   El chico fue trasladado a la comisaría Primera y puesto a disposición de la fiscalía Nº 2 y devuelto a sus padres.

   Se trata de Maite Selena Kusak, de 19 años, a la que contactaron por la red social y concretaron un encuentro con el objetivo de capturarla.

   Según narra el parte oficial, las autoridades estaban investigando el robo de una PlayStation 4 robada a un joven de 23 hace 5 días.

   Durante las tareas encontraron la publicación de Kusak y coordinaron un encuentro en la estación de servicio de "El Triángulo", en la ruta 3 y El Benteveo, donde se la detuvo.

   Kusak quedó a disposición de la fiscalía Nº 2 y fue detenida en la comisaría Cuarta.

   Se trata de Matías Ezequiel Gutierrez, alias "Narigón", de 31 años.

   El pasado viernes encontraron en el interior del baúl de un auto incendiado el cuerpo de Cristian Álvarez, en Gorriti y Pacífico.

  En el procedimiento trabajaron efectivos de la comisaría Quinta y DDI.

  Cabe recordar que el mismo día del hecho, se autoincriminó Rafael Antonio Machuca Flores, de 30 años y con importantes antecedentes delictivos. 

   Según informaron fuentes policiales, se trata de Daniel Aníbal Geminiani, de 50 años, y Adriana Vanesa Quiroga, de 39.

   Los efectivos llegaron al supermercado tras un llamado que indicaba que había personas retenidas por personal de seguridad del lugar.

   Los acusados fueron trasladados al Destacamento Palihue por el delito de "robo".