Los acusados recibieron penas de seis años de prisión de cumplimiento efectivo, luego de que las partes acordaran considerarlos responsables del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravada por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerla.

La causa, a cargo del área de casos complejos de la unidad fiscal Bahía Blanca, se inició a raíz de una denuncia recibida en marzo que permitió probar la "existencia de una maniobra organizada" de venta de esa droga.

Durante allanamientos se secuestró "más de un kilo y medio de cocaína, elementos para corte y fraccionamiento de la sustancia, dinero en efectivo y teléfonos celulares, cuyo análisis resultó central para reconstruir la actividad del grupo" delictivo.

El órgano acusador informó que fueron condenados Mauricio Gabriel Aramayo, Daniel Alejandro Aybar y Juan Emilio Cruz.

El juez federal Walter López da Silva homologó los acuerdos plenos celebrados entre la fiscalía federal, los imputados y sus defensores, y dictó sentencia condenatoria en los términos convenidos.

"La investigación, la acusación y los acuerdos homologados se concretaron en un plazo de aproximadamente tres meses desde el inicio de las actuaciones, lo que da cuenta de la eficacia del sistema acusatorio federal y del trabajo articulado entre el Ministerio Público Fiscal y las fuerzas de seguridad intervinientes", se informó desde fiscalía.

En el caso actuaron el titular de la unidad fiscal, Santiago Ulpiano Martínez, y la auxiliar fiscal del área de casos complejos, Gisela Moggia.

Al fallo se llegó luego de que el Tribunal de Casación Penal bonaerense revocara el año pasado la absolución, en primera instancia, que les había dado otro juez del mismo cuerpo judicial.

Tanto el docente ya jubilado como el otro hombre habían sido absueltos en marzo de 2023, pero a partir de la apelación del Ministerio Público Fiscal y de la abogada Viviana Lozano, representante legal de la familia del chico, Casación cambió el rumbo del caso, a partir de los cuestionamientos al análisis de la prueba que se había realizado para llegar a la absolución.

Más allá de la condena, ambos imputados permanecerán en libertad al menos hasta que la sentencia adquiera firmeza.

Es que el pedido de la abogada Lozano en ese sentido fue rechazado por el juez Casas.

La causa que terminó en estas condenas se originó como un desprendimiento de otra en la cual se juzgó al abuelo del niño, que recibió una pena a 23 años de prisión, mientras que la abuela fue sancionada a 6 años de cárcel.

El abogado Roberto Juan Cafasso, de 69 años, falleció de manera imprevista el sábado pasado, cuando cayó al vacío mientras realizaba ejercicio en Sportclub, la sucursal de la avenida Cabrera al 4.100 de una de las cadenas de gimnasios más importantes de la Argentina, con más de 900 centros deportivos.

Si bien se están llevando adelante las primeras medidas de investigación, el fiscal Cristian Aguilar, titular de la UFIJ Nº 1, ya pudo reconstruir cómo fue el fatídico incidente, que se investiga como homicidio culposo.

Cafasso se encontraba en un primer piso, en la zona de los elípticos (son aparatos para realizar ejercicios cardiovasculares, que combinan el movimiento de una bicicleta estática con el de caminar o correr) y cayó cuando aparentemente trastabilló al buscar una botella de agua.

"El elíptico estaba casi pegado al filo del vacío, a centímetros de donde tendría que haber una pared, pero solo había gigantografías", confirmó un investigador.

El cuerpo del abogado se desplomó desde unos cinco metros de altura. Atravesó un techo realizado con placas de yeso y terminó sin vida en el piso.

Los mismos investigadores están convencidos de que "se trató de una muerte totalmente evitable" y advirtieron que si había otras personas en la parte baja, hacia donde se desplomó Cafasso, estaríamos hablando de una tragedia de mayores proporciones.

Si bien el fiscal ya pidió el legajo al Municipio, se supo que la habilitación provisoria con la que contaba el gimnasio -inaugurado en noviembre pasado- había vencido en enero.

También se informó que fueron identificados los responsables locales de la sucursal y que la familia de Cafasso, por el momento, no nombró a ningún abogado, aunque ya hubo algunas consultas al respecto.

Fuentes oficiales señalaron que el hecho se produjo alrededor de las 3:30, cuando personal de la UPPL acudió al local gastronómico Las Tías y procedió a la aprehensión de Marcelo Alejandro Bullones, acusado de atacar a los trabajadores utilizando el soporte para los pies de la silla de ruedas de su pareja.

Como consecuencia de la agresión, Emanuel Nicolás Artiga, de 29 años, y Kevin Oscar Ojeda, de 22, sufrieron golpes en la cabeza. Ambos fueron asistidos por una ambulancia y posteriormente trasladados al Hospital Municipal. Según se indicó, se encontraban conscientes y sin riesgo de vida.

Los efectivos secuestraron el elemento utilizado durante el ataque y trasladaron al acusado a la sede de la comisaría Segunda, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

De acuerdo con la información recogida en el lugar, la agresión se habría desencadenado cuando Bullones solicitó un cigarrillo a los empleados del establecimiento y recibió una respuesta negativa. No obstante, las circunstancias del episodio son materia de investigación.

La causa fue caratulada como Lesiones, tomando intervención la UFIJ Nº 15 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.

Así lo confirmaron fuentes judiciales a La Nueva., señalando que el sitio solo contaba con un permiso precario que ya se encontraba vencido.

El mediodía del sábado, este gimnasio -ubicado en Avenida Cabrera al 4.100, en el mismo predio que Chango Mas- ganó los principales titulares de la ciudad cuando Roberto Cafasso, de 69 años, que se encontraba corriendo en una cinta en el segundo piso del lugar, tropezó, no pudo mantener el equilibrio y cayó al vacío.

Producto de esa caída, perdió la vida. Según se indicó, el lugar no contaba con una protección para evitar este tipo de accidentes.

Cafasso fue director del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca en representación de los concesionarios y permisionarios hasta el año 2023.

Interviene en la causa la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 1, a cargo del fiscal Cristian Aguilar, especializada en delitos culposos.

El hombre de seguridad, según constató la Justicia, le aplicó un tremendo golpe al visitante -algunos dicen que fue un cabezazo- que lo dejó seminconciente y con fractura de maxilar.

Casi 20 años después, el caso sigue vigente porque la demanda civil que inició la víctima, identificada como A.Q.C., fue favorable a sus intereses, pese a que el juez de primera instancia, Darío Graziábile, la había rechazado.

Es que la Cámara en lo Civil y Comercial dio vuelta la resolución y aceptó el reclamo de resarcimiento del hombre, quien se desempeñaba como oficial de la Infantería de Policía, aunque aquella noche estaba de civil.

Se dispuso que tanto Fuerte Argentino S.A. como el vigilante Cristian Roberto Domínguez le abonen a A.Q.C. un total de 39.460.000 pesos.

El dinero -más intereses- deberá ser abonado 10 días después de quedar firme la resolución, aunque la defensa podrá apelar ante la Corte bonaerense.

Para el juez de primera instancia hubo contradicciones entre algunos testigos presenciales, sobre si hubo palabras previas, cómo fue el golpe y quién llamó a la ambulancia/policías, entre otros detalles.

Graziábile se preguntó "cómo puede ser que si estaba casi inconsciente, si perdió tanta sangre y si llegó la Policía, pudo retirarse por sus medios para internarse recién horas más tarde y cómo es que llegó a ese nosocomio, si caminando, en auto o en un patrullero, siendo que es miembro de la fuerza policial".

Sin embargo, los camaristas Fernando Kalemkerian, Marcelo Restivo y Patricio Lombardi modificaron ese fallo e hicieron lugar a la demanda por distintos rubros.

Hicieron lugar a algunos de los planteos del abogado de la víctima, quien cuestionó ciertas "particularidades" del juez de origen.

El letrado se preguntó por qué el juez puso en tela de juicio que la denuncia se formuló en el hospital Español un día después del hecho, que el agredido se haya retirado por sus medios del boliche y que no conste en qué medio se retiró del lugar.

Y explicó que, a su criterio, "lo relevante es que dan cuenta que el personal de seguridad lo agredió de un cabezazo, que continuó con rodillazos, que fue sacado a la vereda, que quedó inmóvil o semiconsciente, que intervino la Policía y que luego se retiró por sus propios medios".

"Aspectos periféricos"

La Cámara coincidió con la víctima en que el juez que rechazó la demanda fundó las divergencias en "aspectos periféricos".

Esos puntos, según la Cámara, "no alcanzan para desmerecer el núcleo fáctico coincidente".

Al menos dos testigos afirmaron que Domínguez, como parte del staff del boliche, golpeó al concurrente dentro del local y que luego lo condujo a la vereda, donde quedó semiconsciente.

Los policías que llegaron confirmaron que el agredido "tenía manchas de sangre en el rostro" y la versión "termina de fraguar" con la historia clínica del Español, donde consta que fue asistido con las lesiones corroboradas.

"No solamente se constataron escoriaciones en el rostro: el diagnóstico incluyó traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento y la fractura del maxilar", explicaron. 

Entonces se preguntaron, frente a la prueba de la agresión, qué relevancia se le puede asignar al bache temporal transcurrido entre el incidente en el boliche y la denuncia.

"O las lesiones derivan de aquel episodio o habría que suponer —sin apoyo alguno en la causa— un hecho posterior de entidad suficiente para explicarlas. ¿Debería asumir que (el hombre) se tropezó en el camino de regreso o se resbaló en la ducha al llegar a su domicilio?", evaluaron.

La Cámara no dejó de remarcar que la víctima "no era un dechado de virtudes" y que su conducta en los boliches, pese a su investidura  policial, “dejaba bastante que desear” según los testigos, aunque en este caso se acreditó la agresión de Domínguez en el local.

En definitiva, se condenó al guardia y a Fuerte Argentino S.A. a pagar A.Q.C. 39.460.000 de pesos e intereses.

Rubros a indemnizar

Secuelas. La Cámara tuvo en cuenta, como rubro saliente, la incapacidad sobreviniente (del orden del 18%) que sufrió el herido, que tenía 34 años al momento del hecho. Se observaron secuelas permanentes, como oclusión oral, presión de cuerpo extraño, lesión del nervio y pérdida de piezas dentarias. Ese calculo superó los 34 millones de pesos.

Daño moral. También prosperó el daño moral, por el impacto negativo que generó el hecho. Ese rubro se estimó en 5 millones de pesos. Y se agregaron unos 300 mil pesos por gastos médicos y farmacéuticos.

Psicología. El posible daño psicológico a la víctima se rechazó porque la prueba pericial psicológica, oportunamente ordenada, nunca llegó a realizarse. El lucro cesante tampoco se tuvo en cuenta por falta de certeza. "Es necesario reconstruir el daño invocado, no basta con invocar la pérdida de ingresos", se aclaró.

Estética. Finalmente, la Cámara descartó el daño estético porque no configura un rubro autónomo y se encuadra dentro del moral.

Desde que los presuntos delitos contra al menos 5 menores de edad tomaron estado público, el año pasado, el caso estuvo marcado por denuncias y contradenuncias entre las familias de las supuestas damnificadas y el círculo del detenido Rojas.

Ante este panorama, en los últimos días la agrupación Vecinos por las infancias, conformada por las madres de las víctimas y otros habitantes de Saldungaray, Sierra de la Ventana, Villa Ventana y Tornquist, alertaron sobre la "vulneración de derechos".

En una nota elevada a la intendente tornquistense, Estefanía Bordoni, el grupo repudió el accionar de los policías que aparentemente aprehendieron a la progenitora de una de las niñas víctimas, al parecer por haber incumplido la restricción de acercamiento a la mujer de Rojas.

A fines del año pasado, la justicia de Paz de Tornquist le había prohibido a la demorada acercarse a menos de 50 metros de la esposa del imputado y de su vivienda, en aquella localidad de la comarca serrana.

Según se indica en el escrito entregado al Ejecutivo municipal, firmado por decenas de integrantes del colectivo mencionado, la madre de la pequeña, que sería la sexta víctima de "Cayu" Rojas, fue interceptada por móviles policiales mientras, según dijo, se dirigía a la escuela para retirar a sus hijos.

"Esta mamá circulaba por la vía pública; no se acercó ni tuvo la intención de acercarse a la casa de Rojas. Sin embargo, fue emboscada por dos patrulleros y (los efectivos policiales) la detuvieron violentamente, a pesar de que no opuso resistencia ni cometió un delito", señala el documento.

"Fue detenida por casi 24 horas, la desnudaron, le quitaron su celular, no le permitieron llamar a su abogado hasta 5 horas después de detenida y la obligaron a que le hagan análisis de sangre toxicológicos. Además la 'pasearon' por las comisarías de Sierra de la Ventana y Tornquist reiteradas veces en la misma tarde y noche".

"Durante horas en las comisarías, a sus familiares no les dieron información sobre su paradero", agrega el comunicado.

Los firmantes le solicitaron a Bordoni que gestione la intervención del ministerio de Seguridad bonaerense para que "se investigue el accionar de los efectivos policiales" actuantes en el "operativo" en el que se aprehendió a la mamá de la nena.

"Esta mamá tiene la libertad de circular por la vía pública; no se acercó a la mujer de Rojas porque no estaba en el lugar. Por lo tanto no cometió ningún delito y no había motivo para detenerla", precisa el escrito.

Asimismo le pidieron a la jefa comunal tornquistense que "articule los medios para garantizar la seguridad de las niñas denunciantes y sus familias, y que las menores puedan ir a la escuela, realizar actividades en el club y circular por el distrito sin sufrir agresiones de ningún tipo, especialmente de familiares y allegados al imputado", señala la nota.

Los integrantes de Vecinos por las infancias reclaman además que se garantice la "intimidad de la vida familiar" de una de las niñas, que "sufre revictimización".

También le pidieron a la intendente Bordoni que "vehiculice los medios para garantizar los tratamientos psicológicos de las niñas denunciantes y sus familias".

En medio de este clima de tensión, la mamá de la niña también apuntó contra la esposa de Rojas, que supuestamente insultó a las aparentes víctimas y a sus familiares.

El caso salió a la luz el año pasado, aunque los delitos -básicamente tocamientos, salvo un hecho más grave- se habrían registrado entre diciembre de 2021 y mediados de 2025, tanto en la vivienda de Rojas como en su vehículo y en perjuicio de niñas que tenían entre 8 y 12 años.

En su descargo, el exedil manifestó que si hubo tocamientos, no fueron con connotación sexual sino como muestras de cariño porque las menores son parte de familias que él conoce.

Y en algunos de los casos aludió a un supuesto complot político en su contra.

A raíz de las denuncias en su contra, Rojas renunció a su banca como presidente del bloque Unión por la patria en el Concejo Deliberante de Tornquist.

La presunta sexta víctima de Rojas todavía no declaró en cámara Gesell.

"No sabemos si se trata de un abuso simple o de un delito grave, porque mi hija tiene que contarlo en Gesell. Pero ella tiene miedo, por eso no puede declarar en cámara Gesell y no lo podemos imputar", enfatizó la progenitora de la menor.

El lunes 22 de este mes se llevará a cabo la audiencia preliminar al juicio que se le seguirá a Rojas, quien está procesado con prisión preventiva y alojado en la Unidad Penal Nº 19, de Saavedra.

Durante la diligencia, prevista por el artículo 338 del Código Procesal Penal, se fijarán las fechas del debate, se ratificará la prueba ofrecida (se pueden agregar nuevos elementos probatorios) y posiblemente se plantee alguna propuesta alternativa al juicio oral, como el trámite abreviado.

A mediados del mes pasado, la jueza de Garantías Nº 4 bahiense, Marisa Promé, aceptó la requisitoria de elevación de la causa a juicio, medida solicitada por el fiscal de delitos sexuales, Marcelo Romero Jardín.

A principios de este año la madre de una de las menores había denunciado a la vecina de Rojas que al parecer la golpeó, pero posteriormente la fiscal Leila Scavarda, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 12 de Bahía Blanca, desestimó la denuncia como consecuencia de no haberse acreditado la comisión de delito.

A su vez, la denunciante tiene 10 denuncias en su contra por desobediencia.

Los voceros indicaron que el hecho se produjo alrededor de las 6, en la primera cuadra de calle 19 de Mayo, cuando Nahuel Jesús Vera Cruz, de 24 años, abordó en la vía pública a Rafael Pascual Lillo (19) y le aplicó golpes en la cabeza para apoderarse del calzado que llevaba colocado.

Tras el robo el acusado se dio a la fuga, aunque poco después fue interceptado y aprehendido por efectivos de la Policía Local, secuestrando los elementos en su poder.

Producto de la agresión el damnificado fue trasladado a la Clínica Matera para recibir atención por las lesiones sufridas.

Vera Cruz fue trasladado a la seccional Segunda, donde se iniciaron actuaciones por el delito de robo, con intervención de la fiscalía de flagrancia.

Desde la comisaría Cuarta indicaron que el procedimiento se produjo poco después de las 6, cuando efectivos de la Policía Local que realizaban recorridas preventivas arrestaron a Álvaro Roa (28).

Mencionaron desde la dependencia que poco antes, en Láinez y Rosales, el individuo habría mantenido una discusión con una mujer en el marco de una supuesta venta de estupefacientes.

En esas circunstancias, según señalaron, el sospechoso tomó el teléfono de la víctima y se dio a la fuga.

El hombre fue imputado del delito de hurto y puesto a disposición de la fiscalía de flagrancia.

Así le respondió el acusador al defensor particular Carlos Carnevale, quien había manifestado en diferentes medios periodísticos que su clienta, Mariela Agunín (32), está presa en vinculación con un único caso en el que la Policía secuestró 7 gramos de marihuana en la plaza Rivadavia.

Según Del Cero, la imputación que sostiene contra Agunín y que avaló la justicia de Garantías bahiense es comercialización y suministro oneroso de estupefacientes, ambos delitos agravados por cometerse en lugares de esparcimiento público.

"El defensor afirma que Agunín fue detenida por tener en su poder sólo 7 gramos de marihuana, pero eso es falso. En primer lugar ella está detenida por comercializar estupefacientes durante un período determinado entre el 15 de noviembre de 2024 y el 9 de enero de 2025", precisó el fiscal especializado en materia de drogas.

Es decir que la procesada con prisión preventiva al parecer consumó ventas de cannabis sativa por casi dos meses, lapso que la fiscalía acreditó mediante el peritaje al teléfono celular de la mujer.

El titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 19 se refirió además al hecho del 9 de enero de 2025, cuando cámaras del CeÚM registraron a Agunín suministrándole los 7 gramos de marihuana a una chica en Chiclana y Alsina.

"No sólo fue filmada, sino que también está (el comprobante de) la transferencia de dinero por Mercado Pago que recibió la acusada", enfatizó Del Cero.

"Decir que a Agunín la detuvieron por esa cantidad de marihuana es falso, porque ese intercambio se detectó cuando la compradora ya estaba en posesión de la droga. Ni siquiera la tenía la imputada", agregó.

A la acusada se le atribuyen "varios" hechos de comercialización de estupefaciente, y no sólo el de la plaza Rivadavia, ya que este tipo de delito requiere "habitualidad" en su comisión, según indicó el fiscal de la causa.

De lo contrario -continuó- el juez de Garantías Nº 3 interviniente, Alberto Manzi, no habría autorizado la detención de Agunín.

En línea con el temperamento que suelen adoptar los jueces de Garantías, Manzi permitió que se obtenga sólo la información almacenada durante dos meses en el celular de la detenida secuestrado y peritado.

"Por eso surgieron las comercializaciones de ese período. Podríamos pedir la ampliación del peritaje y estoy seguro de que se detectarían más hechos", señaló Del Cero.

Agunín está privada de la libertad desde hace aproximadamente un mes y medio, procesada con prisión preventiva y alojada en la cárcel de Saavedra.

Ahora la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal debe resolver si morigera la medida cautelar, luego de que el defensor solicitara la excarcelación extraordinaria o el arresto domiciliario de su asistida.

Tanto la venta como el suministro oneroso de droga prevén penas de entre 4 y 15 años de prisión, escala que se eleva a entre 6 y 20 años si la operatoria ilícita se concreta en espacios públicos.

Uno de los fundamentos de la prisión preventiva es la magnitud de la pena en expectativa, que para estos casos es alta.

"Es lo que autoriza la ley o uno de los parámetros a tener en cuenta al momento de solicitar esa medida cautelar", explicó Del Cero.

"Para mí no correspondería la morigeración (de la preventiva) ni una excarcelación extraordinaria, porque el hecho es grave y la imputada no cumple ninguno de los requisitos establecidos por el Código Procesal Penal (para obtener esos beneficios)".

"No está embarazada, no es madre de niños pequeños ni tiene una enfermedad grave terminal", finalizó el fiscal.

En medios de comunicación locales, el defensor Carnevale había declarado que la pena en expectativa de los delitos que se le imputan a Agunín, es el "único motivo" por el que su patrocinada permanece detenida.

Además aseveró que, tras el análisis al celular de su clienta, los peritos no hallaron elementos que la incriminen en relación con la comercialización de droga, ni tampoco durante el allanamiento en su domicilio.

“Lo único que encuentran es el intercambio de mensajes por el cual Mariela y su amiga arreglan encontrarse en la Plaza Rivadavia. Para el fiscal esa situación configura el delito de comercialización de estupefacientes agravada por ser cometida en un espacio público, que para nuestra legislación tiene una pena de entre 6 y 20 años de prisión. La expectativa de pena es el único motivo por el que ella hoy está detenida”, planteó Carnevale en declaraciones radiales.

Agunín presentaría problemas de salud, por eso su defensor apeló la prisión preventiva y pidió su excarcelación extraordinaria y, de manera subsidiaria, arresto domiciliario.

“Lo pedimos teniendo en cuenta que la regla es la libertad y más en un caso como este, en el que ella no tiene antecedentes penales, tiene una familia que la acompaña y tenía expectativas de trabajo. Es decir, es una persona que está fuera del sistema penal y no hay ningún riesgo procesal por el que ella no pueda transitar en libertad el proceso”, fundamentó.

"El fiscal Del Cero tiene una postura en general y no la cambia más allá de los casos", expresó Carnevale.

Según la defensa, Agunín consume cannabis medicinal por problemas de insomnio y, al momento de iniciarse la investigación, tenía en trámite el Registro Nacional de Pacientes en Tratamiento con Cannabis (Reprocann), certificado que recibió ya encarcelada.

Fuentes oficiales indicaron que el siniestro se produjo sobre la ruta 51, a unos 10 kilómetros de distancia de esa ciudad.

Por cuestiones que se tratan de establecer la víctima perdió el control de la unidad, la que terminó volcada sobre uno de sus laterales en la banquina.

También se produjo el derrame de la carga de canto rodado que transportaba, aunque no hubo necesidad de interrumpir el tránsito por la zona.

Los voceros mencionaron que el conductor -ni se brindó la identidad- padeció algunos golpes y recibió atención médica. (El Orden)

Se trata de Pablo Andrés Castillo Antipe y Camilo Germán Pardo Villarroel, a quienes les desestimaron el ingreso a nuestro país el 8 de abril pasado, regresando de inmediato a tierras chilenas, con lo cual se cree que retornaron de forma clandestina.

El tercero, Leonel Antonio Villa Villa, sí tiene registro oficial de ingreso el 27 de mayo último, luego de que también se le impidiera pasar el 8 de abril.

Se descubrió que al menos dos de ellos tienen prontuario chileno.

En junio de 2014, a Pardo Villarroel le dictaron la prisión preventiva en Temuco, acusado de robar en un supermercado junto con otras dos personas.

Mientras que en abril de 2022, Castillo Antipe fue acusado, junto con otro delincuente, de operar desde el interior de una cárcel para cometer estafas reiteradas en la compra-venta de vehículos.

En Moreno y Güemes

Por otra parte, se determinó que, además del robo de más de 40 millones de pesos a la distribuidora Santarossa -botín que se recuperó casi en su totalidad en la estación de micros-, los extranjeros estarían relacionados con otros delitos en este medio.

Sería, por caso, quienes el miércoles pasado, a primera hora de la tarde y utilizando un inhibidor de señales, accedieron a un vehículo Renault Sandero estacionado en Moreno y Güemes.

Del vehículo, perteneciente a un hombre de 43 años, sustrajeron un maletín con escrituras, recetas y sellos, además de tarjetas de crédito y débito varias y otra documentación.

Los tres acusados quedaron a disposición de la fiscalía de Bahía Blanca y tendrán que responder, al menos, por los dos hechos más recientes cometidos en la ciudad.

Se trata de Juan Cruz Domenichetti, quien a fines de 2023 fue condenado por el Tribunal en lo Criminal a 5 años de prisión tras ser sorprendido con armas de fuego en su poder. Su pena vence el 18 de abril de 2028.

Voceros oficiales señalaron que el juez Onildo Stemphelet, quien hasta diciembre pasado ocupaba el Juzgado de Ejecución Penal Nº 2, le había otorgado al sujeto la posibilidad de usfructuar salidas transitorias laborales.

Se supo que cumplía tareas en un carro de comidas en la ciudad de Punta Alta y que ayer a la tarde personal de monitoreo detectó que se produjo un corte en la tobillera electrónica que le habían colocado.

Por otra parte, las autoridades penitenciarias confirmaron que Domenichetti no regresó a la Unidad Penal Nº 4 de Villa Floresta.

El caso por el que fue sentenciado se produjo el 19 de abril de 2023, en Punta Alta, cuando personal policial interceptó el Peugeot 207 en el que se movilizaba junto a otras dos personas.

Al registrar las pertenencias los oficiales encontraron en una mochila una pistola Beretta calibre .22 con 8 municiones y un revólver calibre .38 cargado con 4 municiones, además de otros dos revólveres descargados entre las prendas de Carlos Astiasarán (sentenciado a 4 años de cárcel).

Celda allanada

Personal policial registró en los últimos días la celda que hasta ahora ocupaba Domenichetti en una causa que se investiga la presunta comercialización de drogas.

La medida tiene relación con la detención de Yoel Brian Rodríguez, quien fue detenido por orden del Juzgado de Garantías Nº 2, durante un allanamiento en una vivienda del barrio 27 de Septiembre de Punta Alta.

Voceros judiciales explicaron que la causa se puso en marcha el 16 de octubre del año pasado, cuando en Brown y Rivadavia de la vecina ciudad la policía interceptó a Rodríguez cuando circulaba en una moto sin documentación del rodado ni licencia de conducir.

También se determinó que "tenía vigente una inhabilitación para conducir solicitada por el Juzgado de Garantías N° 3 en el marco de una causa por homicidio culposo".

En su poder hallaron en el interior de una mochila "dos celulares, una balanza de precisión, un cuaderno con anotaciones, un envoltorio con cocaína y unos 156 mil pesos".

"De la visualización del teléfono se extrajeron multiples comunicaciones que dan cuenta de la presunta comercialización de cocaína por parte de Rodriguez en puntos preacordados de la localidad de Punta Alta", agregaron los voceros.

Rodríguez fue indagado en la víspera por el fiscal Mauricio Del Cero y se negó a declarar.

El sospechoso, identificado como Osvaldo Fasseta de 47 años, fue detenido luego de una serie de entrevistas que dio en los medios, en donde contó detalles sobre la búsqueda de Agostina. Su abogado, Eduardo Allende Medina, confirmó que lo acusan de supuesto "encubrimiento agravado”.

“Yo no vi el expediente, pero sí sé que en Córdoba cuando los fiscales no tienen nada que hacer, hacen algo para justificar que hacen y dictan prisiones preventivas. Son las cosas que hacen rápidamente todos -apuntó-. Él no estuvo el sábado, él llegó el domingo a la casa. Dice que lo que le pareció raro es que había dejado unas frazadas gris oscuro y encontró unas frazadas blancas”.

“Mi cliente tiene las pruebas. Al lado de donde trabaja mi cliente, hay una panadería y la policía secuestró las cámaras de seguridad de ese lugar, que demuestran que él estuvo trabajando hasta por lo menos las 4 de la madrugada”, precisó el letrado.

Según indicó, su defendido conoció a Barrelier hace diez meses: “Se conocían por ser hinchas de Instituto. (Claudio) es el que le presenta a la madre de Agostina y a Agostina. Él le ofreció su casa; él se quedaba ahí”.

De todas formas, aclaró que Fasseta se estaba quedando en la casa de su mamá, donde también estaban sus dos hijos. “Esta tarde estaba muy mal, agobiado. Me dijo: ‘La próxima vez me van a tener que sacar con agua hirviendo porque no me voy de la casa ni a palos’”, concluyó.

Se espera que en las próximas horas se avance con la declaración indagatoria y no descartan nuevas detenciones.

El testimonio del segundo detenido por el femicidio de Agostina Vega

Más temprano, Fasseta reveló un detalle que le llamó la atención el domingo, unas horas después de desaparición de la adolescente: “Habían puesto un acolchado color clarito en la cama donde yo dormía”.

“Las colchas que yo tenía el sábado al mediodía, antes de irme, eran grises. Cuando volví, era otra, una color cremita. No la había visto nunca”, sostuvo.

Según relató, el sábado pasaron todo el día con Barrelier y la familia de la adolescente. “Al mediodía, me fui con Claudio a donde él jugaba al fútbol. Ahí estaba Agostina con su hermano más chico y su mamá, que solían ir al mismo complejo. Estuvimos juntos. De ahí nos fuimos a un cumpleaños, los cinco juntos y de ahí Agostina, su mamá y el nene se fueron a su casa. Claudio se fue conmigo hasta mi lugar de trabajo. Cerca de las 21, él se fue. Me dijo que iba hasta la casa de una amiga y que después se iba a la casa”, precisó y aseguró que las cámaras de seguridad de la cuadra pueden constatar su versión.

“Cuando estábamos en la cancha, escuché que Agostina le pidió (a Claudio) su número de teléfono. En ese momento él no se lo da. La mamá estaba cerca de ella”, recordó.

De acuerdo a su testimonio, se enteró de la desaparición de la joven cuando Heredia lo llamó para pedirle ayuda: “A las 5 de la mañana me llamó la mamá y me contó. Cerré el negocio y, con dos amigos que estaban ahí con movilidad, estuvimos dando un par de vueltas y fuimos al domicilio de Melisa a ver si encontrábamos a su hija”.

“La buscamos en plazas y en la calle. Y después nos fuimos a la comisaría a hacer la exposición. Estuvimos un rato y nos dijeron que fuéramos a la Unidad Judicial a hacer la denuncia. Hasta que nos tomaron la denuncia se hicieron las 8 de la mañana”, sostuvo.

Respecto de la presencia de Barrelier en la búsqueda, aclaró: “No colaboró con nosotros. En ese momento, con la desesperación que tenía la madre, cerré el kiosco y nos fuimos. Lo que menos pensamos es si él estaba colaborando o no. Fuimos a darle una mano a una mamá que estaba desesperada y sola en la casa”.

Sobre el cierre, Fasseta admitió que tenía miedo: “Miedo de que alguien venga a vengarse y miedo de quedar pegado como un perejil”. (con información de TN)

Desde la comisaría Primera los identificaron como Leonel Antonio Villa Villa, de 42 años, Pablo Andrés Castillo Antipe (44) y Camilo Germán Pardo Villarroel (33), todos con domicilio en la ciudad trasandina de Temuco.

Los tres estaban a punto de tomar un micro hacia la ciudad de Mar del Plata, con el botín en su poder, cuando se produjo la detención, de la que tuvieron activa participación los comisarios Cristian Lombardo y Hernán Taccari, de las seccionales Primera y Segunda, así como su personal y otras dependencias.

En un valija les secuestraron fajos de dinero en efectivo por un total de 35.995.730 pesos de moneda nacional, dinero que fue reconcido por las autoridades de la distribuidora Santarossa,  a partir de algunas inscripciones en los fajos.

Trascendió que el monto de lo robado superaría los 40 millones de pesos, con lo cual no se descarta que alguna conexión local de los tres arrestados podría haberse alzado con el resto.

En la terminal también secuestraron un handy (inhibidor), herramientas varias de corte con signos de haber sido utilizadas en el cielorraso del comercio, guantes y capuchas.

Las prendas secuestradas, a su vez, son las utilizadas para cometer el hecho según el análisis fílmico como así también las herramientas.

Además de las imputaciones por robo doblemente agravado por efracción y por cometerse en poblado y en banda, a los extranjeros se les iniciaron actuaciones por cohecho, porque quisieron coimear a los primeros policías que llegaron a interceptarlos.

El operativo se produjo en la terminal de colectivos local, a pocos metros de la sede del Centro Único de Monitoreo, cuando presuntamente pretendían dejar la ciudad con destino a Mar del Plata.

El funcionario comentó que las cámaras pudieron reconstruir movimientos que los aprehendidos habían realizado anoche en un sector de la ciudad.

"Los operadores advirtieron movimientos sospechosos y se hizo el seguimiento. Se pudo establecer dónde habían alquilado el auto, qué habían hecho, y finalmente se logró identificarlos en la terminal con una mochila".

Agregó que "compartimos las imágenes con la policía y se avanzó. El trabajo del monitoreo es muy importante y fundamental la coordinación con la fuerza para tener más seguridad".

Respecto a los individuos, consideró que "son personas que vienen, cometen el ilícito y se van de la ciudad. No habíamos tenido este tipo de casos en el último tiempo. Con las cámaras y el trabajo policial son hechos que se pueden resolver".

La información sobre los presuntos autores del millonario robo, en la modalidad boqueteros, a la distribuidora de Brandsen al 700 la confirmó Federico Montero, subsecretario bonaerense de Fiscalización y Control Policial.

"Es un procedimiento importante, por el momento que había pasado los dueños de la firma (Distribuidora Santarossa) y lo que cuesta todo hoy. Felicito en primer término al trabajo en conjunto entre la Policía y el Centro de Monitoreo. Han sido vitales las cámaras para poder llegar a estas resolución", confirmó Montero.

Dijo el funcionario que todas las comisarías se pusieron a trabajar de manera articulada una vez conocido el delito esta mañana.

"Hace un rato alerta Monitoreo de una conducta anómala por las cámaras, que coincidía con lo que estábamos buscando, obviamente todo va a ser materia pericial. El dueño de la firma reconoció en primer término la plata", agregó. 

Montero aclaró que no se descarta que los extranjeros sean autores de otros delitos bajo la misma modalidad u otra y que la fiscalía será la encargada de resolver en consecuencia.

"Tenemos la sospecha que tienen algún tipo de delito en su haber y que la fiscalía defina si son o no son", sostuvo, para agregar que evalúan "una posible conexión interna".

El operativo policial permitió, a su vez, el secuestro de valijas con una importante cantidad de dinero en efectivo -la sustracción había sido del orden de los 50 millones de pesos-, herramientas y otros elementos probatorios.

"Creemos que tenían conocimiento", dijo el dueño de la distribuidora

Para llegar a los presuntos delincuentes fue clave, según se informó, el seguimiento que se hizo de los ladrones a través de las cámaras del Centro Único de Monitoreo (CeUM).

Al lugar del procedimiento arribaron el comisario Gonzalo Sandobal, jefe de la Policía bahiense y Federico Montero, subsecretario de Fiscalización y Control Policial del Ministerio de Seguridad, entre otras autoridades.

Los sospechosos, según fuentes policiales, son tres hombres de nacionalidad chilena -no identificados por el momento aunque se supo que tienen domicilio en la ciudad de Temuco- que, a minutos del operativo, tenían previsto tomar un colectivo de larga distancia hacia la ciudad de Mar del Plata. 

También se informó que aparentemente habrían tratado de coimear a los primeros policías para poder continuar con el viaje, pero no obtuvieron una respuesta favorable.

Según las primeras informaciones, los ladrones sustrajeron al parecer 50 millones de pesos que había en una oficina del comercio ubicado en Brandsen al 700.

La alarma del depósito se activó ayer a la noche y personal de la empresa de vigilancia contratada se hizo presente e inspeccionó las instalaciones, pero no detectó nada sospechoso.

Sin embargo esta mañana Osvaldo Santarossa (71), propietario de Distribuidora Santarossa, constató el faltante del dinero con el que se iban a pagar sueldos y a proveedores.

El supermercado también cuenta con un sistema de monitoreo, por eso ahora los investigadores intentar obtener imágenes de lo sucedido.

En el lugar trabajaron efectivos policiales de la comisaría Primera y peritos de la Policía Científica.

Dijo el empresario que los delincuentes ingresaron por los techos de su oficina y bajaron mediante una soga. "Se cruzaron a la oficina de enfrente donde tenía todo el dinero para pagar sueldos y proveedores", declaró.

En ese mismo sentido, el denunciante sostuvo: "Creemos que tenían conocimiento, que sabían dónde está la oficina con la plata. Por la fecha (de pagos), deduzco que sabían y en qué parte se guardaba y por dónde se podía entrar".

Si bien Santarossa no dio detalles del monto sustraído y se limitó a decir que era "bastante", algunas versiones dan cuenta que le llevaron unos 50 millones de pesos.

"Era dinero para abonar los sueldos, para depositar y para pagar a los proveedores. Quedó el dinero de cambio, unos 10 millones de pesos, que para mi no tuvieron tiempo suficiente, porque cuando se dispara la alarma, subieron rápido", detalló.

Santarossa dijo que hacía tiempo que no tenían un delito de estas características  y que no sabe cómo ajustar más las medidas de seguridad.

"Tenemos cámaras, vigilancias, pero vamos a ver lo que podemos hacer, no sabemos qué podemos hacer", finalizó.