El caso tuvo la participación de una “viuda negra” que brindó información para que un grupo de sujetos le robara una millonaria suma de dinero a un vecino de Pedro Luro, pero también a tres policías que habrían “mejicaneado” el botín.

El juez Ricardo Gutiérrez, del Tribunal en lo Criminal Nº 1, le impuso, tras un debate abreviado, la pena de 3 años de prisión a Mario Ariel Migone por ser coautor del delito de robo en poblado y en banda y con escalamiento.

Para el magistrado quedó probado que el 24 de octubre de 2022, poco antes de mediodía, Migone condujo la camioneta Volkswagen Amarok en la que transportó a tres personas hasta una vivienda ubicada en la calle 32, entre 1 y 101, de la localidad ubicada en el partido de Villarino.

Los individuos accedieron a la propiedad por un ventiluz del baño, posteriormente se apoderaron del dispositivo que controlaba las cámaras de seguridad y finalmente robaron una caja de seguridad que contenía 83 mil dólares y unos 3 millones de pesos. 

También se estableció que, para llevar adelante la maniobra, los ladrones contaron con la participación de una joven que “indujo a la víctima a que se retirara de su domicilio a los fines de dejar sola la vivienda y facilitar el robo”.

Redes y datos

La víctima manifestó que 3 meses antes del hecho había conocido a una joven a través de las redes sociales, con la cual inició una “relación ocasional”.

Dijo que esa mujer estuvo en dos ocasiones en su casa, la última el día del robo, cuando le pidió al damnificado que la llevara a Bahía Blanca.

El hombre también indicó que era la única persona ajena a su círculo que había ingresado en el último tiempo a la propiedad.

Describió que el 7 de octubre de ese año la chica había concurrido a su domicilio y que advirtió que “había revisado” el lugar, aunque no le dio mayor importancia.

Agregó que el 23 de ese mismo mes lo visitó nuevamente y que al día siguiente le pidió que la trajera a Bahía.

Explicó que al regresar a Pedro Luro advirtió que desconocidos habían ingresado a su casa y le robaron la caja de seguridad.

Dos testigos declararon que vieron a los ladrones transportando la caja y que la subieron a una camioneta.

En tanto, las cámaras de seguridad reflejaron a un par de individuos saliendo del domicilio de la víctima, mientras que también localizaron al vehículo transitando por la ruta 3 en dirección a nuestra ciudad.

Encuentro y teléfonos

Los investigadores establecieron que Migone, quien tenía domicilio en San Antonio Oeste, se había alojado en un hotel de nuestra ciudad junto a la chica que había contactado al damnificado.

También determinaron que en el lugar se reunieron con Claudio Calandria, quien en mayo de 2024 fue sentenciado a 3 años por el mismo robo. 

Calandria fue detenido poco después del hecho y cumplió su condena, que finalizó el 27 de diciembre de 2025.

En el celular de este último se hallaron más de 600 mensajes de WhatsApp enviados a Migone, cuyo teléfono fue detectado por las antenas en la zona de Villarino el día del robo.

Los de "enfrente"

Calandria, paralelamente, denunció a principios de 2023 que tres policías de Villarino que estaban investigando el delito se habían presentado en su vivienda de Mar del Plata para robarle una importante cantidad de dólares.

En su teléfono hallaron mensajes donde se quejaba porque “alguien” había filtrado información”.

“Tuve un problema en mi casa con los de la vereda del frente (por la Policía). Me cayeron y me chorearon, les tuve que hacer la denuncia porque vinieron sin orden”, indicó.

Por ese caso la Justicia marplatense condenó a los tres policías. Damián Sandobal recibió 4 años de cárcel, por robo agravado, mientras que Diego Domingual y Juan Pablo Argañaraz recibieron 3, por encubrimiento agravado.

“Perdí todo”

Migone declaró en la causa y dijo que en esa época padecía problemas de adicciones, aunque no admitió su participación en el robo.

“No me importaba nada, yo me olvide de muchas cosas, perdí mi familia, mi hijo, mi casa, perdí todo”.

El juez sostuvo que el descargo no introduce “una explicación alternativa que permita neutralizar el conjunto de indicios, serios y concordantes”.

La Sala II de la Cámara Penal de Bahía Blanca acaba de ratificar la sentencia, a un año de cárcel de ejecución condicional que, en agosto pasado, le impuso el Juzgado en lo Correccional N° 4 a N.A.R.B. (se la identifica con las iniciales para preservar a los menores).

De esa manera se hizo lugar a la denuncia presentada por R.G.C., quien tiene domicilio en el partido de Coronel Rosales.

El delito en el cual se encuadró el caso es impedimento de contacto de hijos menores con su padre no conviviente, agravado por la edad de los niños (según el artículo 1, segundo párrafo, de la Ley 24.270).

El conflicto conyugal escaló con el inicio de la pandemia de COVID-19. 

A comienzos de 2020 el matrimonio se separó y con la llegada, en marzo, de las restricciones por el distanciamiento social (ASPO), el padre dejó de tener contacto con sus hijos, que en esos momentos tenían 6 meses de vida y 2 y 4 años, respectivamente.

Algunos meses después, el entonces juez de paz de Punta Alta, Norberto Arévalo, homologó un regimen de comunicación, fijando como residencia principal para los niños la vivienda de la mujer, en Monte Hermoso.

El hombre había sido habilitado para llamar por teléfono o realizar videollamadas de WhatsApp todos los días, entre las 17.30 y las 21, medida que la mujer debía facilitar, en un entorno de privacidad entre los chicos y su padre.

Sin ningún contacto

Sin embargo, tras una primera etapa de cumplimiento, comenzaron las dilaciones y negativas. 

Según se probó en la causa, la mujer dejó de responder las llamadas y los mensajes de audio. Tan solo entre noviembre y diciembre de 2021 se registraron 11 comunicaciones consecutivas del hombre que fueron ignoradas.

El padre -junto con su madre (la abuela paterna) y otros familiares- viajó repetidamente al balneario para ver a sus hijos, pero el bloqueo fue continuo.

En noviembre de 2021, en una de esas visitas, la abuela paterna intentó saludar a sus nietos y la madre se lo impidió de manera tajante. 

El episodio quedó registrado en la comisaría local por parte de R.G.C..

Ya enero del año siguiente, durante el cumpleaños de cinco años del mayor de los niños, el hombre regresó a Monte Hermoso y también notificó de la situación a la Policía. 

Al llamar al teléfono fijo de la vivienda de la madre, una voz femenina atendió y respondió que se trataba de un "número equivocado".

En mayo de 2022, ante un nuevo rechazo en la puerta de la vivienda, el padre directamente decidió radicar la denuncia penal correspondiente en la seccional montehermoseña.

Rechazo a la defensa

Durante el proceso judicial, N. A. R. B. argumentó que eran los propios chicos quienes no deseaban hablar con el padre y que ella incumplía el acuerdo, porque actuaba siguiendo recomendaciones profesionales.

Sin embargo, los jueces de la Cámara Penal —Guillermo Federico Petersen y Guillermo Emir Rodríguez— desestimaron el recurso presentado por el abogado defensor, Facundo Martín Rojo. 

Los camaristas destacaron las conclusiones de los peritos del equipo interdisciplinario del Juzgado de Paz de Monte Hermoso, que acreditó el vínculo al afirmar que los niños "reconocen tanto la presencia física y emocional de su padre".

Los peritos sugirieron mantener el contacto telefónico diario y avanzar hacia encuentros presenciales, subrayando la necesidad de una "apertura emocional por parte de la madre" para hacer efectivo el régimen.

Por otro lado, en el expediente judicial no existía ningún dictamen técnico que desaconsejara la revinculación paterno-filial.

La Cámara Penal coincidió con la jueza Pinto en que la acusada negó de forma "dolosa y sistemática" el derecho de los menores a relacionarse con su padre y por ese motivo se ratificó la condena a un año de prisión de ejecución condicional.

La sanción está sujeta a reglas de conducta que la imputada deberá cumplir estrictamente durante dos años para evitar que la pena se vuelva de cumplimiento efectivo en prisión.

Qué dice la Ley 24.270

Configuración. La normativa, sancionada en noviembre de 1993, configura como delito al padre o tercero que impidiere u obstruyere el contacto de menores de edad con sus padres no convivientes.

Sanción. El artículo 1 reprime con prisión de un mes a un año "al padre o tercero que, ilegalmente, impidiere u obstruyere el contacto de menores de edad con sus padres no convivientes".

Agravante. Si se tratare de un menor de 10 años (como el caso) o de un discapacitado, la pena será de 6 meses a 3 años de prisión.

Mudanza. Las mismas penas serán para el padre o tercero que, para impedir el contacto del menor con el padre no conviviente, lo mudare de domicilio sin autorización. Si con la misma finalidad se fuera al extranjero, las penas de prisión se elevarán al doble del mínimo y a la mitad del máximo.

El fallo, resuelto en un debate abreviado por el Tribunal en lo Criminal N° 3, recayó en Jonathan Ignacio Alarcón, quien fue hallado culpable del delito de robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada.

El hecho se produjo el 11 de noviembre de 2025, en Provincias Unidas y D´Orbigny, cuando el acusado y un cómplice (no pudo ser identificado) se movilizaban en una moto y abordaron a una persona que circulaba al mando de un rodado Honda Titán.

Los delincuentes amenazaron a la víctima con un revólver y la obligaron a descender del vehículo, que fue abordado por uno de los asaltantes.

Finalmente ambos se dieron a la fuga por la primera de las arterias.

"Poco más de una hora después, personal policial de la comisaría Cuarta observó el paso a alta velocidad del vehículo utilizado en el hecho. Tras una persecución que finalizó al perder el control y caer al suelo en Darregueira al 3.000, los sospechosos intentaron huir a pie, lográndose la aprehensión de Alarcón", señalaron desde el Ministerio Público.

Los procedimientos fueron llevados adelante por personal policial con intervención del Juzgado de Garantías Nº 3 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

Durante las diligencias, los efectivos secuestraron un aire acondicionado marca RCA, una garrafa de 10 kilos y otros elementos considerados de interés para la investigación. Además, incautaron cinco plantines de marihuana y una sustancia compatible con cocaína, con un peso de 1,2 gramos.

Como resultado de los operativos, Javier Galván fue aprehendido en el marco de la causa por robo. En tanto, Thiago Angulo quedó aprehendido por una presunta infracción a la Ley 23.737, vinculada a estupefacientes, mientras que Iván y Gabriel Maidana fueron aprehendidos por resistencia a la autoridad.

En las actuaciones intervienen la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) Nº 15, la UFIJ Nº 19 y la Ayudantía Fiscal de Coronel Rosales, todas dependientes del Departamento Judicial Bahía Blanca.

Los cuatro aprehendidos fueron trasladados a la comisaría, donde permanecen a la espera de ser indagados por la Justicia.

Los voceros señalaron que un hombre de 54 años denunció que alrededor de las 2:30 dejó su vehículo en la zona de Paraná al 900 y que posteriormente advirtió lo ocurrido.

Describió que regresó al sitio dos horas después y descubrió que la puerta del conductor estaba torcida y que había sufrido el robo de algo más de un millón de pesos que se encontraban en un morral, una guitarra criolla y un termo, entre otras cosas. 

El hecho fue denunciado y es investigado por efectivos de la comisaría Segunda.

Desde la comisaría Quinta indicaron que en las últimas horas, con la autorización del Juzgado de Garantías N° 3 y a pedido de la UFIJ N° 7, llevaron adelante allanamientos vinculados con el hecho.

En este sentido, mencionaron que para solicitar los registros se utilizó información recolectada por el Gabinete Investigativo de la dependencia y filmaciones de las cámaras del Centro Único de Monitoreo (CeUM).

Uno de los procedimientos se desarrolló en una vivienda de Manzana de las Luces al 2.000, donde los efectivos secuestraron un Chevrolet Cruze de color gris, un reloj pulsera que fue reconocido por el denunciante, prendas de vestir, teléfonos celulares y herramientas.

En el lugar aprehendieron a Rodrigo Acuña (26) y Juan José Rubio Del Fino (30).

Los voceros mencionaron que ambos fueron trasladados a la seccional y que posteriormente recuperaron la libertad por disposición de la fiscalía, aunque permanecen ligados a la investigación.

También registraron una propiedad situada en Río Atuel al 3.000, aunque el operativo no arrojó novedades de interés para la causa.

El hecho se produjo hace una semana, cuando dos delincuentes realizaron un boquete en el techo y accedieron al local denominado Gema, ubicado en Don Bosco al 1.300, de donde sustrajeron dos relojes.

Trascendió que los sujetos habrían pretendido ingresar de la misma forma a un comercio lindero, aunque la activación de la alarma los puso en fuga.

Durante más de 30 años, "Martín" llevó adelante su vida sin que su padre biológico lo reconociera. 

Su madre, "Andrea", había iniciado una demanda de filiación cuando él tenía 15, pero recién en 2022 una sentencia determinó que "Roberto" era su padre.

Ahora, la Justicia consideró que esa falta de reconocimiento le provocó a "Martín" un daño profundo que afectó su derecho a la identidad y dejó huellas en su historia personal. 

La Cámara en lo Civil y Comercial de Bahía Blanca acaba de confirmar una indemnización a su favor.

"Martín", "Andrea" y "Roberto" son nombres ficticios pero la novelesca historia es cruelmente real y sucedió en Indio Rico, una localidad de poco más de mil habitantes ubicada a menos de 200 kilómetros de nuestra ciudad.

"Martín" nació el 3 de julio de 1989 en ese pueblo cercano a Coronel Pringles y durante años llevó la vida de un hijo cuyo progenitor no figuraba como tal en su identidad legal.

No se trató, según quedó acreditado, de una paternidad desconocida. Su madre le señaló desde siempre quién era su padre.

En 2004, con "Martín" adolescente, "Andrea" reclamó un acto de filiación de su expareja, reconocido productor rural de Indio Rico. 

El proceso se prolongó durante décadas. "Martín" alcanzó la mayoría de edad y continuó personalmente con la acción judicial.

Padre engañado durante 40 años tendrá que cobrar millones de su mujer infiel

Finalmente, el 6 de abril de 2022, cuando ya tenía 33 años, una sentencia le confirmó -con un estudio de ADN y otras pruebas- un secreto a voces en el pueblo: quién era su padre.

Pero para él la reparación del pasado no terminó allí. Avanzó con una demanda por daños y perjuicios, por las consecuencias que le provocó durante su crecimiento la falta de reconocimiento paterno.

La sentencia de primera instancia, del juez en lo Civil y Comercial Nº 1 de Tres Arroyos, Fernando Elizalde, hizo lugar al reclamo. 

El "padre" recurrió, pero la Sala I de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial bahiense ratificó la decisión.

Más que un apellido

Para la Justicia, el caso no debe analizarse como una simple discusión económica entre padre e hijo.

El foco apunta a un escenario más profundo: el derecho a la identidad.

La sentencia de primera instancia remarcó que reconocer a un hijo no es una decisión que queda librada exclusivamente a la voluntad del progenitor. Aunque el reconocimiento sea un acto voluntario desde el punto de vista formal, sus consecuencias alcanzan derechos fundamentales.

Entre ellos, el derecho a conocer el propio origen, tener una filiación determinada, llevar un apellido y ocupar en una familia el lugar que biológica y jurídicamente le corresponde a la persona.

La Cámara bahiense -votos de Marcelo Restivo, Fernando Kalemkerian y Patricio Lombardi- coincidió con ese razonamiento. Y utilizó una frase significativa para explicar el conflicto: el reconocimiento del hijo extramatrimonial "no es discrecional".

Es decir, frente a la posibilidad de ser padre, la incertidumbre no habilita simplemente a permanecer pasivo. Si existen motivos objetivos para considerar posible la paternidad, corresponde actuar para esclarecerla.

En este caso, los jueces entendieron que "Roberto" tenía elementos suficientes para entender que era padre. 

Conocidos en el pueblo

Uno de los elementos centrales para determinar la responsabilidad parental fue la historia de la relación de sentimental.

En el expediente de filiación declaró al menos un testigo allegado a "Andrea" y "Roberto" en Indio Rico. Relató que concurrían juntos al club social y a los bailes del pueblo, que eran vistos como novios y que la relación era conocida.

También declaró que para todos el embarazo de la mujer era atribuido a "Roberto" y que, por entonces, no se la había visto con otra pareja.

El dato adquirió importancia porque el propio hombre utilizó en el juicio el pequeño tamaño de Indio Rico como argumento.

Según sostuvo, se trataba de una localidad tan chica que una relación de esas características difícilmente podía ocultarse.

Para la Cámara, ese dato  jugó en su contra: si la relación era difícil de ocultar, más complejo era no representarse la posibilidad de ser el padre.

Infancia "privada"

Uno de los aspectos más fuertes del expediente está en la historia de vida de "Martín", que quedó acreditada durante el juicio.

Fue criado por su madre y sus abuelos maternos. Su abuelo fue quien sostuvo económicamente a la familia durante buena parte de su infancia.

Los testimonios incorporados describieron una vida humilde y con numerosas privaciones.

Vivió durante años en una pequeña casa dentro de una planta de silos, junto a su madre, sus abuelos y otros familiares.

Su madre trabajaba en limpieza de viviendas y él, de adolescente, debió desempeñarse como peón de albañil para ayudar con la economía familiar.

La apremiante situación también malogró uno de sus sueños personales: estudiar veterinaria.

La Justicia, sin embargo, fue cuidadosa en este punto: no consideró probado que la falta de reconocimiento paterno hubiera frustrado concretamente una carrera universitaria, por lo que rechazó la indemnización específica por "pérdida de chance".

Tratamiento psicológico

Pero sí entendió probado el conjunto de privaciones y circunstancias que atravesaron su vida.

Y también ordenó cubrir gastos de la atención psicológica por el trauma que afectó el desarrollo emocional y social de "Martín".

El informe señaló posibles efectos sobre la autoestima, la sensación de inferioridad y el aislamiento.

Una perito recomendó un tratamiento de al menos dos años, con una sesión semanal, y estimó una incapacidad psicológica del orden del 10%.

La Justicia consideró que la evaluación estaba correctamente fundada y que coincidía con el resto de la prueba reunida.

Por eso, además de la indemnización por el daño moral, ordenó que "Roberto" afrontara el costo del tratamiento psicológico de su hijo.

Uno de los aspectos más contundentes del reclamo de "Martín" fue la descripción del impacto que tuvo al crecer sin el reconocimiento de su padre.

En la demanda explicó que durante años convivió con sentimientos de desvalorización, inseguridad y despojo de su identidad.

La falta de reconocimiento lo hizo sentirse "no valorado, descartado, desconocido y despojado del apellido que le pertenece".

Para el juez de primera instancia, esas consecuencias no eran una mera molestia o un sufrimiento pasajero.

La vulneración del derecho a la identidad había atravesado distintas etapas de su vida: la infancia, la adolescencia, la juventud y la adultez.

Y la Cámara Civil coincidió con ese razonamiento.

Deberá pagarle el valor de una casa

La Justicia, como dato saliente,  fijó como indemnización por el daño moral el valor de una vivienda.

La falta de identidad no tiene precio, pero el razonamiento es otro: frente a un daño irreversible había que buscar una satisfacción sustitutiva y compensatoria, en cierta medida, del sufrimiento provocado.

Una perito tasó en 65.000 dólares un inmueble con las características planteadas como parámetro: de dos dormitorios, living, cocina, baño, cochera y patio, dentro de las cuatro avenidas principales de la ciudad de Tres Arroyos.

"Martín" nunca tuvo casa propia y hoy vive con su pareja y dos hijos en una vivienda de sus suegros.

Y su padre es dueño -o titular en condominio- de al menos dos campos, valuados en más de 730.000 dólares, en los cuales desarrolla actividades agropecuarias y ganaderas, con una situación más holgada.

Sin embargo, la riqueza del hombre no determinó el monto de la indemnización sino la gravedad de la lesión causada al hijo. 

Para "Martín", los años de la infancia y la adolescencia sin reconocimiento paterno son irrecuperables, pero al menos recibirá un resarcimiento económico a modo de reparación.

En el lugar fue aprehendido Maximiliano Daniel Argüello, de 41 años, luego de que los efectivos constataran que la credencial de legítimo usuario del arma se encontraba vencida desde 2018. Y quedó imputado por una presunta infracción al artículo 189 bis del Código Penal.

La investigación se inició el pasado miércoles, a partir de una denuncia presentada por una mujer de 46 años, expareja del acusado, con quien convivió durante diez años y tiene dos hijos en común.

Según la denuncia, el episodio habría ocurrido cuando el hombre se presentó para retirar a los menores, ya que, presuntamente, realizó gestos con las manos simulando un arma y apuntándole con los dedos.

La mujer también dijo que su expareja tendría armas de fuego y que anteriormente habría realizado comentarios intimidatorios sobre su utilización.

Así se logró identificar al denunciado y se determinó que tenía registrada a su nombre una carabina semiautomática calibre 22.

Intervino la UFIJ N° 12 y la Ayudantía Fiscal de Coronel Rosales, en tanto el Juzgado de Garantías N° 3 autorizó el allanamiento, que se realizó con la colaboración de personal de la Policía de Establecimientos Navales.

Los efectivos secuestraron una carabina semiautomática calibre 22 marca Marlin, equipada con una mira telescópica marca Shilba, un cargador vacío y 49 municiones del mismo calibre.

En uno de los domicilios fue aprehendida Gisella Soledad Gómez, de 28 años, quien quedó vinculada a la causa.

La investigación se inició a partir de la denuncia del adulto mayor, domiciliado en calle Estados Unidos al 400, quien manifestó que un hombre y una mujer le habrían sustraído el dinero correspondiente a su jubilación y sus tarjetas de cobro.

Se realizaron distintas tareas que permitieron avanzar en el esclarecimiento del hecho, como la declaración de un testigo presencial y el análisis de cámaras de seguridad particulares, que resultaron fundamentales para identificar a los presuntos involucrados.

Así se dispuso allanamientos en dos domicilios ubicados en Saavedra al 2800 y Morel al 400.

Se secuestraron prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el hecho y otros elementos considerados de interés para la investigación.

La aprehensión de Gómez se concretó en el inmueble de calle Morel , según información policial, la mujer registraría antecedentes por hechos de similares características y delitos contra la propiedad.

En el fallo se dispuso además su declaración de reincidencia y se ordenó una medida cautelar inédita: la prohibición de disponer de teléfonos celulares con acceso a internet y redes sociales.

La resolución dio por acreditada una trama de ciberacoso y abuso que se inició cuando Chico aún se encontraba privado de la libertad, cumpliendo una condena previa por delitos contra la integridad sexual, y que continuó en las etapas en que fue beneficiado con salidas transitorias y libertad condicional por parte de la Justicia de Ejecución Penal.

Según surgió de la investigación -realizada por la UFIJ N° 3, a cargo de la fiscal Agustina Olguín- y del debate oral, el imputado utilizaba teléfonos celulares para crear múltiples perfiles falsos en redes sociales como Tik Tok, Instagram, Facebook y WhatsApp, mediante los cuales engañaba y abordaba a niñas de entre 12 y 14 años.

A través de identidades falsas y amenazas coactivas -en las que afirmaba que mataría o dañaría a sus familiares si no accedían a sus pretensiones-, Chico lograba que las menores le enviaran imágenes y videos íntimos, además de obligarlas a realizar prácticas sexuales coercitivas y degradantes.

En uno de los hechos juzgados, la investigación constató que Chico citó y sometió sexualmente con acceso carnal en al menos cuatro oportunidades a una menor de 13 años en su domicilio de Carmen de Patagones, e incluso ingresó a la vivienda de la víctima para consumar los abusos.

Creyó que era su hija

Respecto de otra de las víctimas, de 12 años, el acusado actuó creyendo que se trataba de su propia hija biológica, exigiéndole material pornográfico e instándola a autolesionarse y someterse a prácticas vejatorias. La posterior pericia de ADN descartó la paternidad biológica, aunque se valoró su convicción como un indicador de alto desprecio por la integridad de la menor.

El caso se comenzó a desentrañar luego de que una prima de una de las víctimas descubriera los chats en un teléfono celular, lo que motivó la intervención familiar y la posterior denuncia en la comisaría de la Mujer de Carmen de Patagones.

Los allanamientos posteriores y los peritajes informáticos sobre los dispositivos incautados por personal especialista en Cibercrimen permitieron vincular las líneas telefónicas, los perfiles falsos y las cuentas de usuario con el teléfono Samsung del imputado, donde se hallaron también representaciones de menores dedicados a actividades sexuales explícitas.

Al fijar el monto de la pena, la jueza sopesó un abanico de circunstancias agravantes, entre las que destacó el contexto de violencia de género, la asimetría y gran diferencia de edad entre el acusado y las niñas, la planificación pormenorizada mediante identidades múltiples, el daño psicológico severo provocado en las víctimas y el hecho de que Chico desplegara y continuara este accionar delictivo desde el ámbito carcelario y durante el goce de beneficios del régimen de la libertad.

En su veredicto, el tribunal impuso formalmente a Chico la pena de 30 años de prisión y dispuso, con carácter cautelar, la prohibición estricta de utilizar teléfonos móviles con conectividad a internet o acceso a redes sociales en su lugar de alojamiento en la Unidad Penal Nº 4, medida que fue notificada a las autoridades penitenciarias y al Juzgado de Ejecución Penal.

El operativo, a cargo de personal de la comisaría Quinta, se está realiza en Fortín Vanguardia 660, entre Patricios y Holdich, en el villa Caracol.

Se trata de la vivienda de Kevin Carreras, quien está sindicado como autor de los disparos a otro joven, Milton Ariel Escobar (20), quien resultó herido en sus piernas y fue trasladado al hospital Penna.

El hecho quedó registrado por un video en el cual se observa cómo un joven a caballo (sería Carreras) dispara hacia la víctima, cuando se encontraba con su madre, en Ricchieri al 1.900.

"Las familias que tienen problemas viven en el mismo terreno, una en un departamento interno, en el fondo, y la otra en la vivienda delantera. Tenían discusiones recurrentes por los límites internos, un medidor de gas, etc.", comentó una fuente policial.

Se informó que la fiscalía pidió la detención del joven pero la Justicia de Garantías no hizo lugar al pedido.

Sin embargo sí ordenó el allanamiento en la vivienda y secuestaron un chaleco de abrigo negro, una campera color salmón, un par de zapatillas (serían las prendas que vestía el hombre a caballo que se observa en el video) y tres municiones.

El debate se hará los días 22, 23, 29, 30 y 31 de marzo del próximo año, y será dirigido por la jueza en lo Correccional Nº 4 bahiense, María Laura Pinto de Almeida Castro.

Por el caso de mala praxis están acusados el pediatra Jonathan Maximiliano Vázquez y la cirujana Solange de los Ángeles Calvo, quienes al menos en ese momento trabajaban en el Hospital Municipal "Pedro Ecay", de aquella ciudad cabecera del partido de Patagones.

El hecho se produjo entre el 28 de febrero y el 1 de marzo de 2021, cuando, según la fiscalía, los procesados incumplieron los deberes de cuidado que tenían a su cargo por su rol de médicos tratantes del menor fallecido.

El 27 de febrero de ese año se derivó al paciente del hospital Arancibia de Villalonga (de donde era oriundo) al Ecay, a raíz de un cuadro de leucocitosis y diagnóstico de abdomen agudo inflamatorio (apendicitis aguda).

La investigación estuvo a cargo del fiscal de homicidios culposos bahiense, Cristian Aguilar.

De acuerdo con la acusación, pese a la existencia de un nuevo síntoma de íleo parcial (bloqueo parcial del intestino), Vázquez no solicitó la pronta valoración clínica por un cirujano.

Tampoco ordenó la realización de una tomografía computada de abdomen, ya que existía una ecografía de abdomen normal previa.

Aguilar también le imputa al médico pediatra no haber hecho un "seguimiento clínico estrecho del cuadro sintomático", para valorar la eventual progresión de síntomas abdominales que motivaran una intervención quirúrgica de urgencia.

Por otra parte, más tarde Calvo ordenó el traslado del niño a un centro médico en Viedma para que se le practique un estudio por imágenes, en vez de "ejecutar y/u ordenar una conducta quirúrgica urgente", teniendo en cuenta que el paciente estaba en shock, "probablemente de inicio hipovolémico con posible componente séptico que implicaba una conducta urgente de tratamiento médico y quirúrgico".

El fiscal de la causa entiende que Vázquez y Calvo "permitieron el agravamiento del estado de salud del niño, al no adoptar medidas tendientes a concretar los cuidados y tratamientos médicos adecuados para evitar la evolución negativa del cuadro", que causó su muerte a raíz de una "perforación intestinal y peritonitis generalizada que le produjo un shock".

El abogado bahiense Guillermo Ortiz asesora a la familia de la víctima fatal.

Los defensores particulares Ornella Scarano y Sebastián Cuevas patrocinan a Vázquez y Calvo, respectivamente.

El fallo, resuelto en un debate abreviado por el juez del Tribunal en lo Criminal Nº 1, Ricardo Gutiérrez, recayó en Jonathan Tarabelli (35), quien fue hallado culpable de los delitos de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, lesiones y violación de domicilio.

Del mismo modo, el magistrado decidió revocar la libertad condicional que el 4 de diciembre de 2023 le había otorgado el Juzgado de Ejecución Penal Nº 2 y que estaba cumpliendo cuando se produjo el incidente por el que ahora resultó sentenciado.

Quedó probado que el 1 de julio de 2024, poco antes de las 18 horas, el sujeto ingresó por la fuerza en una vivienda ubicada en 25 de Mayo al 2.100 y efectuó al menos cuatro disparos dirigidos a Emanuel Alejandro Colo, uno de los cuales lo hirió en la zona torácica.

Al momento del ataque estaban en el lugar varias mujeres y un bebé de apenas dos meses de vida.

Incluso, una de ellas fue golpeada por el acusado cuando intentó detenerlo.

Tarabelli logró escapar y finalmente fue detenido poco después en Segunda España al 2.200.

El sujeto fue hallado con un disparo en la zona abdominal que recibió en medio de un forcejeo con la víctima.

Los testigos declararon que el acusado "irrumpió de manera violenta tras derribar la puerta de una patada", que portaba un arma y le refirió a Colo: "viste que te ibas a regalar".

El damnificado dijo que habían tenido varias discusiones con Tarabelli y que previamente le había referido que le iba "dar un tiro".

El planteo del titular de la UFIJ Nº 4  se relaciona con la denuncia de una exjugadora de Monte Hermoso, cuando el sospechoso era entrenador en esa ciudad, hace más de una década.

Asensio fue detenido a mediados de septiembre en Mar del Plata (actualmente era entrenador en el club Sporting de esa ciudad). En principio se lo vinculó con dos o tres abusos sexuales a jugadoras menores de hockey en Monte Hermoso, aunque finalmente solo una de las supuestas víctimas lo denunciaron y las otras desistieron de hacerlo, aunque prestaron testimonio.

La detención se produjo en la vivienda del exfuncionario montehermoseño en Mar del Plata, en el bosque Peralta Ramos. Hoy está alojado en la cárcel de Villa Floresta.

El pedido del fiscal Torres tendrá que ser resuelto por la jueza de Garantías Nº 4, Marisa Promé.

Mientras tanto, la defensa de Asensio, a cargo del abogado Maximiliano De Mira, pidió su sobreseimiento.

Según se informó, el propietario hizo la denuncia en el destacamento de Stroeder, partido de Carmen de Patagones. Doijo que había dejado estacionada su camioneta frente a su domicilio, en Santiago del Estero 75, con la llave colocada. Al salir de su casa, esta mañana, advirtió que se habían llevado el rodado.

Se emitió una alerta a las dependencias policiales de la zona y, cerca del mediodía, las cámaras de seguridad del partido de Villarino detectaron una camioneta de características similares circulando por la ruta e ingresando al balneario La Salada.

Efectivos de la Comisaría de Pedro Luro y del destacamento de La Salada localizaron el vehículo en la costanera de la laguna y aprehendieron a sus ocupantes. La camioneta, una Chevrolet gris patente CPC 183, fue secuestrada.

Ambos quedaron imputados por el delito de hurto automotor, con intervención de la Fiscalía Nº 15 de Bahía Blanca.

De acuerdo con el parte policial, el hombre de 27 años había sido aprehendido el pasado 4 de octubre en Mayor Buratovich, acusado de sustraer una motocicleta Yamaha de 150 centímetros cúbicos, propiedad de un joven de 28 años.

En ese moment, recuperó la libertad al día siguiente por disposición judicial, pero ahora volvió a quedar involucrado en una investigación penal por el robo de la camioneta en Stroeder.

El hombre fue trasladado este mediodía a la sede de la UFIJ N° 5, donde brindó su versión de los hechos ante el fiscal Jorge Viego.

Salazar se encuentra investigado por la muerte de Gonzalo Nicolás Bustos, de 23 años, registrada el pasado 21 de septiembre, alrededor de las 3, en inmediaciones de Juana Azurduy y Juana Gabriela Moro.

Cabe recordar que tras los primeros datos recogidos en el lugar, fuentes oficiales mencionaron que la víctima habría estado merodeando un camión que el acusado tenía estacionado en la vía pública con supuestas intenciones de robo, por lo que el imputado salió de su vivienda y le disparó.

Bustos recibió dos impactos en la zona de la espalda que determinaron su deceso.

Fuentes consultadas mencionaron que Salazar describió que esa madrugada salió de su casa al advertir por las cámaras de seguridad la presencia de una persona.

Indicó que inicialmente hizo un disparo al aire y otros dos cuando el sujeto escapaba del lugar y lo persiguió.

En ese sentido, el procesado manifestó que efectuó los tiros en dirección al piso.

"La mecánica de los hechos que refiere, por lo menos sobre la forma en que apuntó, no se condice con los datos que refiere la autopsia. De todas maneras, hay que seguir trabajando en el caso con el resto de los elementos probatorios hallados en el lugar", indicaron los voceros.

En el lugar la policía incautó dos cuchillos, uno a poca distancia del fallecido y otro en la campera que llevaba colocada.

"Menciona que no ve qué tiene, sino que observa algo con brillo", agregaron.

Este mediodía familiares y allegados de Salazar llevaron adelante una manifestación pacífica frente a la fiscalía y reclamaron su liberación.

Sus padres y su esposa, además de familiares, allegados y amigos, se congregaron pacíficamente para acompañar al hombre, quien pidió declarar ante el fiscal Jorge Viego para brindar su versión de lo ocurrido.

Salazar se encuentra investigado por la muerte de Gonzalo Nicolás Bustos, de 23 años, registrada el pasado 21 de septiembre, alrededor de las 3, en inmediaciones de Juana Azurduy y Juana Gabriela Moro.

El titular de la UFIJ Nº 5 le imputó el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación de arma de fuego de uso civil sin autorización.

Luego de su arresto el hombre se negó a declarar, aunque la abogada Maia González había adelantado que tras la producción de las pericias iba a solicitar la posibilidad de defenderse y explicar lo sucedido. 

Cabe recordar que tras los primeros datos recogidos en el lugar, fuentes oficiales mencionaron que la víctima habría estado merodeando un camión que el acusado tenía estacionado en la vía pública con supuestas intenciones de robo, por lo que Salazar salió de su vivienda y le disparó.

El fallo fue dictado tras un juicio abreviado, con acuerdo firmado entre la fiscalía, la defensa y la propia acusada.

Según la investigación, a cargo de la UFIJ Nº 11, cuyo titular es el fiscal Diego Conti, el hecho se produjo en la madrugada del 27 de octubre de 2024, en una vivienda de la calle Azara al 1.600.

Portela se contactó por mensaje con la víctima, con quien mantenía una relación de amistad desde hacía años, y le pidió pasar por su domicilio junto a una joven.

Al ingresar, la acusada le solicitó que le abonara el viaje en Uber. Cuando el hombre desbloqueó su celular frente a ellas para realizar la transferencia a través de la aplicación Mercado Pago, Portela observó su clave de acceso, extrajo un revólver de su bolsillo y lo encañonó exigiéndole que no se moviera.

Tras sustraerle el teléfono, Portela se lo entregó a su acompañante para que huyera. La víctima intentó perseguirlas, pero en la huida a la asaltante se le cayó el arma en el patio de la vivienda. Al salir a la calle, el hombre fue interceptado por un automóvil Chevrolet Corsa gris con dos hombres a bordo, uno de los cuales lo apuntó con otra arma de fuego para garantizar el escape del grupo.

Minutos después del robo, Portela utilizó el celular sustraído para concretar una serie de transacciones financieras dirigidas a su propia cuenta bancaria del Banco Nación.

Realizó transferencias inmediatas por montos de 550.000, 13.000 y 20.000 pesos y además solicitó dos créditos personales a través de la plataforma por 150.000 pesos cada uno.

En total, la mujer despojó a la víctima de más de 880.000 pesos antes de que el afectado pudiera bloquear y cerrar su cuenta.

Arma no apta para el disparo

El arma abandonada en el lugar, un revólver calibre 22 corto, fue sometida a peritajes técnicos por personal especializado.

El informe balístico determinó que la pieza carecía de martillo de percusión y se encontraba rota, calificándola como no apta para el disparo. Por este motivo, el hecho se encuadró legalmente como un robo agravado por el uso de arma no pudo ser acreditada.

Al fijar la pena, el magistrado evaluó diversos factores agravantes, entre ellos el aprovechamiento de la nocturnidad, la participación de múltiples personas en la logística, el uso de un vehículo para la huida y la magnitud del daño económico ocasionado a la víctima.

Además de la condena a 3 años y medio de prisión, el tribunal ordenó la formación de un incidente para la unificación de penas, debido a que la imputada cuenta con condenas previas dictadas por la justicia Correccional.

Asimismo, se dispuso el decomiso y la destrucción del arma de fuego secuestrada.

Los operativos, ordenados por el Juzgado de Garantías Nº 3 y con intervención de la UFIJ Nº 7, estuvieron a cargo del Comando de Patrulla Rural, en el marco de actuaciones por infracción al artículo 206 del Código Penal.

La causa se originó la semana pasada y se identificó a Néstor Gabriel Norambuena, conocido como "El Wata", como la persona que podría estar vinculada a la faena y comercialización clandestina de carne vacuna.

En consecuencia se dispusieron los allanamientos en dos domicilios de Médanos, arrojando resultado positivo.

En el primero de los domicilios se secuestraron 13 bolsas de nylon con cortes cárnicos bovinos, con un pesaje de 15 kilos, ademàs de elementos relacionados a la faena.

En el segundo objetivo, en tanto, incautaron en un galpón, dentro de 5 freezers, un total de 581,460 kilos de carne que carecían de controles higiénicos sanitarios.

En este lugar, a su vez, secuestraron el celular de Norambuena, para quien la fiscalía, por el momento, no adoptó ninguna restricción, salvo identificarlo de la sustanciación de la causa. 

El hecho fue descubierto y denunciado a la Policía por las autoridades del establecimiento, la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 1 (EEST N°1), ubicada en Jaime Harris 41 de esa ciudad.

Cuando el personal de la comisaría maragata llegó al lugar, confirmó que uno de los estudiantes, que cursa el segundo año, tenía en su mochila una pistola calibre 32, muy deteriorada y con óxido, con un cargador sin municiones y un proyectil calibre 9mm. suelto.

Todavía no se pudo determinar por su estado si el arma es apta para el disparo, aunque se la secuestró a los fines periciales, mientras que el joven fue trasladado preventivamente a la comisaría, hasta la entrega a familiares responsables.

La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 2, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, inició actuaciones sumariales por infracción al artículo 189 bis del Código Penal, según se informó desde la Policía.