Los investigadores confirmaron el hallazgo del cuerpo después de las tareas que se hicieron durante un mes, desde la fecha en la que se denunció su desaparición.

Por el caso hay tres personas demoradas que serán interrogadas por la fiscal María Guadalupe Inaudi.

El 3 de agosto, los investigadores hallaron en el criadero de chanchos un cuerpo desnudo en avanzado estado de descomposición. Por cómo estaba, fue imposible identificarlo, por lo que tuvo que ser sometido a un estudio dactiloscópico para confirmar que se trataba de Forquera.

Además, los análisis histopatológicos complementarios a la autopsia determinaron la presencia de elementos compatibles con un acto criminal. Por el caso tres personas de 38, 39 y 45 años fueron demoradas y serán imputadas por el crimen.

Forquera era buscado desde el 8 de julio, tras desaparecer el 5 de ese mes, y la placa con su foto y sus características corporales fue compartida en las redes sociales por la Policía de Neuquén y distribuida en la comunidad.

Allanamientos en Neuquén y Senillosa


A partir de la confirmación de la identidad del cuerpo, la Policía de Neuquén continuó con las tareas para esclarecer el crimen y, luego de analizar comunicaciones telefónicas y cámaras de seguridad, el magistrado actuante ordenó siete allanamientos simultáneos en domicilios ubicados en Neuquén Capital y en la ciudad de Senillosa.

Fue en esos procedimientos en los que los agentes dieron con los tres hombres que tendrían vinculación con el homicidio y los trasladaron a la comisaría undécima.

En el predio donde hallaron el cadáver, los detectives encontraron ropa de la persona desaparecida, por lo que antes de identificarla con los análisis, se sospechaba que podría ser Forquera. (con información de Clarin)

El hecho ocurrió el último domingo. De acuerdo a la denuncia realizada ante las fuerzas de seguridad, producto del ataque realizado con un elemento contundente, la víctima habría sufrido una fractura en una de sus muñecas y otra en el hueso peroné de la pierna izquierda.

A partir de la declaración, los agentes de policía pudieron identificar a los supuestos agresores y se labraron las órdenes de allanamiento correspondientes.

En este marco, en el domicilio del menor no se secuestraron elementos de interés para la investigación, mientas que en la vivienda restante se secuestraron un teléfono celular y una escopeta calibre 16, cargada con dos cartuchos del mismo calibre, sin documentación.

Por este motivo, se aprehendió a Valentín Monzón, de 22 años, por infracción tenencia de arma de fuego.

En cuanto a la agresión que dio origen a estos operativos, se indicó que la causa continúa su curso por separado. (Agencia Coronel Pringles)

Familiares del joven asesinado de un disparo en el cuello organizaron para ese día, a las 19, una manifestación de tipo pacífica, que se concentrará en la puerta de la iglesia whitense, ubicada en la avenida San Martín al 3.500, a corta distancia del pub 333, en cuyas cercanías se produjo el crimen.

"Por justicia y por Santi" es el lema de la marcha. La familia se presentará con remeras blancas que llevan la inscripción del pedido de justicia y pidieron a los concurrentes que, en lo posible, acompañen con prendas del mismo color y también velas, carteles, banderas, fotos o mensajes alusivos.

El crimen de Vega se produjo después de las 5 del sábado 1 de agosto, luego de una supuesta discusión en el interior del local, que terminó en la esquina con Plunkett.

Por el hecho está detenido Joaquín Eleazar Larraburu (25), quien intentó escapar del lugar en un Volkswagen Gol negro, pero chocó en la rotonda de la ruta 3 y Pedro Pico. En su poder se secuestró un arma de fuego.

El fiscal Mauricio Del Cero, quien estuvo a cargo de los primeros pasos de la investigación -la causa está ahora en manos de su colega Jorge Viego- confirmó que el joven recibió un disparo desde muy corta distancia, a menos de 15 centímetros, con lo cual no hay dudas de que le dispararon a matar.

Lo que no está claro es por qué Vega fue quien recibió el disparo porque, según algunos testigos, la discusión no era con él.

"Pará, que yo no tengo nada que ver...", le escucharon decir a Santiago antes de recibir el brutal ataque.

El operativo, realizado en la medianoche del sábado a la altura de San Nicolás y a cargo de la Prefectura Naval Argentina, permitió detener a 4 narcotraficantes y secuestrar 500 kilos de cocaína de máxima pureza cuando estaban a punto de ser "exportados".

Los sospechosos fueron identificados como Antonio Gustavo Straccia, Jorge Eduardo Ayala, Jorge Alberto Miño y Damián Andrés Leyria, quien ya tenía prohibido salir del país por otro caso.

Se pudo establecer que habían comprado previamente dos gomones en la ciudad de Ramallo y que habían alquilado una casa (habrían acondicionado la droga) cerca de la rada norte de San Nicolás.

Luego se hicieron cinco allanamientos y se detuvo a una quinta persona. Este nombre es el que surgió en la investigación preliminar en Monte Hermoso, que sirvió para encauzar la investigación hasta este resultado.

Se trata de Sebastián Di Seri, cuyo domicilio, en el partido de Quilmes, fue allanado en las últimas horas.

Lo que todavía no está claro es cómo se da la conexión entre Monte Hermoso, Di Seri y el procedimiento del fin de semana, aunque tendría que ver con la información que pudo relevar la Procunar, especialmente por la coincidencia del material y la confección de los bolsos secuestrados en ambos operativos. 

Tampoco se conoce por el momento el origen de la cocaína ni quiénes son los verdaderos cabecillas de la organización narcocriminal.

¿Hacia Sudáfrica?

Sí se pudo determinar que los frustrados narcotraficantes iban a realizar el sábado pasado, sobre la medianoche, una maniobra de "rip off" para cargar la cocaína en un barco cerealero.

Si bien no está identificado el buque, una versión da cuenta que el destino de la droga podría ser Sudáfrica. 

¿De qué se trata el "rip off"? Es una modalidad de contrabando que consiste en ocultar estupefacientes en navieros con cargas lícitas (se llama contaminación de carga) que, en general, van hacia Europa.

También conocido como "gancho ciego" o "gancho perdido", el mecanismo consiste en usar embarcaciones chicas o deportivas con las cuales se aproximan a los cargueros en plena navegación y sus tripulantes descartan los bolsos con drogas y desde el barco (alguien en connivencia) los levantan con sogas y ganchos para camuflarlos en los contenedores o bodegas, luego de violar precintos y cerrarlos nuevamente con ligaduras falsas. 

Antes de llegar al puerto de destino, y gracias al uso de GPS, se realiza la descarga del material mediante la misma modalidad ("drop off"), con el descenso de los bolsos a lanchas de menor porte.

Una acción de este tipo -que se vio abortada posiblemente por algún accidente u otra razón- se dio hace 4 años en la ría de Bahía Blanca, cuando aparecieron flotando al menos 6 bolsos -y luego se encontraron más en la zona de Coronel Rosales- con casi 200 kilos de cocaína.

Audiencia de formalización

Los 5 detenidos -alojados en Rosario y Ramallo- tomarán parte hoy de lo que se llama audiencia de formalización, donde conocerán los cargos en su contra y las pruebas reunidas.

La diligencia se hará por vía remota y estará a cargo de la jueza federal Nº 2 de Bahía Blanca, María Gabriela Marrón, quien condujo la investigación desde el hallazgo del bolso en Monte Hermoso.

"Con el sistema acusatorio federal, no existe más lo que conocemos como indagatoria. Esta audiencia oral es multipropósito. En ella los defensores pueden hacer sus planteos y el fiscal (en este caso de la Procunar) pedir la prisión preventiva, como seguramente lo va a hacer. Luego la jueza resuelve, también en forma oral", explicó una fuente judicial.

El Tribunal en lo Criminal Nº 2 consideró a Néstor Eduardo Castaño (63) autor penalmente responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado, y le impuso la pena de 9 años de prisión.

Pese a la condena, el acusado no fue detenido porque el tribunal rechazó -por mayoría- el pedido de detención presentado por el fiscal Marcelo Romero Jardín, como también ordenó la prohibición de salir del país a Castaño y de contactarse con la damnificada.

La detención del abusador no se concretará hasta que el fallo eventualmente quede firme.

Entre 2019 y 2020, Castaño abusó reiteradamente de una niña por entonces de 10/11 años.

La condena se basó en el relato de la víctima, actualmente de 17 años, y en los peritajes psicológicos que descartaron fabulación por parte de ella o presión externa.

La sentencia se centró además en los testigos que relataron cómo se conoció el abuso sexual: la niña se lo contó a una amiga que, a su vez, se lo comentó a su propia madre.

La mujer fue quien finalmente alertó a la mamá de la menor abusada. La denuncia se radicó en noviembre de 2020.

Romero Jardín, fiscal de delitos sexuales, había requerido la misma pena que el tribunal finalmente le aplicó al enjuiciado.

El defensor oficial Augusto Duprat, quien asesora a Castaño, había pedido la absolución de su cliente por falta de "certeza necesaria para el dictado de una condena".

Los jueces Eugenio Casas, Claudia Fortunatti y María Mercedes Rico coincidieron en la pena, pero votaron de manera dividida sobre la detención del procesado.

Casas y Fortunatti rechazaron la medida privativa de libertad por no advertir riesgo procesal, en tanto que Rico votó en disidencia a favor de detenerlo, argumentando que la condena a pena de cumplimiento efectivo, por sí sola, incrementa el peligro de fuga.

El tribunal consideró agravantes la diferencia de edad y contextura física entre el acusado y la víctima. Como atenuante, se tuvo en cuenta la falta de antecedentes penales.

Se trata de Nazareno Maidana, de 19 años, quien fue aprehendido en Irigoyen al 300 por personal de la Comisaría Primera, alrededor de las 19.30. Aunque trató de resistirse, finalmente fue reducido.

Según se indicó, el delincuente fue identificado a partir del análisis de distintos registros fílmicos.

Según se comprobó, Maidana en dos ocasiones había ingresado a robar a la clínica médica de Cirugía y Urología de Alta Complejidad, ubicada en la primera cuadra de Dorrego, y había hecho lo propio en una pastelería ubicada en los primeros metros de Corrientes.

Maidana es una persona con amplios antecedentes policiales y penales por delitos contra la propiedad. Incluso, al momento de su captura poseía un pedido de paradero activo.

Intervienen las Unidades Funcionales de Instrucción y Juicio N° 7 y N° 15.

Los aprehendidos fueron identificados como Bruno Ezequiel Ibarra, de 23 años, y Rubén Oscar Ibarra (27), quienes quedaron a disposición de la Fiscalía N° 9.

El hecho se produjo alrededor de las 15.10, cuando las víctimas, ambos de 20 años, que circulaban en una motocicleta de 110 cc por la zona de las calles Islas Malvinas y Siria, fueron interceptados por dos hombres que se movilizaban en otra moto, una enduro de color rojo y blanco. Uno de ellos habría portado una escopeta recortada y efectuado dos disparos contra los jóvenes, sin que mediara una discusión en ese momento.

Como consecuencia del ataque, uno de ellos sufrió heridas por perdigones en el torso, brazos, piernas y espalda, mientras que el otro resultó lesionado en la pierna derecha. Ambos fueron trasladados al Hospital Municipal.

El Juzgado de Garantías autorizó un allanamiento y las órdenes de detención de los presuntos involucrados tras un procedimiento realizado en calle El Gaucho al 1600, donde fueron aprehendidos los hermanos Ibarra.

El episodio estaría relacionado con un conflicto ocurrido durante la madrugada del mismo día, en el que Martín y Facundo Trejo habrían mantenido una confrontación con Vicente Maiquez en el domicilio de este último. Posteriormente, según la información policial, se habría efectuado un disparo de escopeta contra el frente de la vivienda.

Se analiza si el ataque posterior contra Facundo Trejo y Ariel Maldonado estuvo relacionado con ese conflicto previo y con las diferencias existentes entre los involucrados.

El operativo se llevó a cabo entre Ramallo y San Nicolás, cerca del límite entre Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe. Allí, los efectivos del grupo Albatros sorprendieron a cuatro delincuentes cuando intentaban subir siete bolsos estancos con 232 kilos de cocaína a un barco granelero.

Posteriormente, al realizar distintos allanamientos en las viviendas de estas personas, encontraron ocho bolsos más con 265 kilos de droga y se detuvo a una quinta persona.

Los ladrillos secuestrados tenían el sello "777" en bajorrelieve, además estaban envueltos con un diseño llamativo: el de Kon-Tiki, la balsa de madera construida por noruegos en 1947 para intentar demostrar, a través de una expedición de 8.000 kilómetros, que los pueblos de América alguna vez pudieron llegar a la Polinesia.

La investigación había comenzado a principios de año en nuestra región: el 2 de enero, muy lejos de allí, en las playas de Monte Hermoso, cerca de la Reserva Natural, un grupo de guardavidas había encontrado un bolso con 30 panes de cocaína, que sumaban 34 kilos de estupefacientes.

Al respecto, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, se refirió al caso en sus redes sociales.

Allí señaló que la investigación "comenzó con la incautación de 34 kilos de cocaína en Monte Hermoso".

"Nuestra Prefectura Naval investigó y reconstruyó la operatoria de esta organización criminal trasnacional. Ese trabajo nos llevó hasta el río Paraná, a la altura de San Nicolás, donde los agarramos en plena maniobra", señaló.

La funcionaria remarcó que "la agrupación Albatros interceptó una embarcación deportiva que intentaba cargar cocaína a un buque".

"Secuestramos 232 kilos y detuvimos a cuatro narcos. Después hicimos cinco allanamientos en Ramallo, donde encontramos otros 267 kilos y detuvimos al narco que faltaba", sostuvo. (La Nueva., con información de Encripdata).

La investigación, desde un comienzo, está a cargo del fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez; la jueza federal Nº 2, María Gabriela Marrón -ambos de nuestra ciudad- y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), encabezada por el bahiense Diego Iglesias.

Peritos de la Policía Científica trabajaron en el lugar en busca de evidencia y descartaron la posible intervención de otras personas.

La Policía indicó que se trataba de un hombre de 52 años y que en el lugar, al lado del cuerpo, habrían encontrado dos armas de fuego de puño, calibre 22.

También habrían hallado una carta entre sus ropas, dos blisters con medicamentos y una botella de agua.

"Lo que puedo decir es que hay una persona tendida en el piso, que ya fue tapada, y hay un perímetro que se realizó para que trabajen los peritos de la Policía Científica", comentó Federico Montero, subsecretario de Fiscalización y Control Policial del Ministerio de Seguridad provincial.

Junto con Montero se hicieron presentes en el lugar distintas autoridades policiales, como los comisarios Gonzalo Bezos y Gonzalo Sandobal.

Para recibir asistencia en materia de prevención de suicidios se pueden comunicar a la línea 135.

El Comando de Patrullas Bahía Blanca lo identificó como Edgardo Rubén Báez (37).

La captura se originó a partir de un llamado al 911 que alertó sobre la sustracción de un caño de bronce correspondiente a un medidor de gas de una vivienda ubicada en Tucumán al 1.500, situación que provocó la interrupción del suministro en el inmueble.

Con el aporte del Centro Único de Monitoreo (CeUM), se realizó un seguimiento mediante las cámaras de seguridad, logrando individualizar e interceptar al sospechoso en la zona de Sixto Laspiur y la avenida Buenos Aires.

Al momento de ser identificado, Báez, tenía en su poder 54 caños de bronce correspondientes a medidores y reguladores de gas, además de herramientas, procediéndose al inmediato secuestro de todos los elementos.

A raíz de la importante cantidad de piezas recuperadas, personal policial se encuentra realizando tareas para identificar a otros damnificados y determinar la procedencia de cada uno de los elementos secuestrados, al momento se estableció que serian de domicilios de las calles Viamonte, Paraná y Tucumán.

Báez fue trasladado a la comisaría Segunda, quedando a disposición de la UFIJ N° 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca, imputado en principio de robos reiterados e infracción al artículo 194 del Código Penal.

Según se indicó, todo comenzó cuando el agresor, identificado como Kevin Moris, fue a visitar a su expareja y se produjo una discusión con el hermano de ella por supuestas deudas entre las partes.

Todo concluyó con el ataque con un arma blanca, que le causó al joven una herida punzocortante en la región dorsal derecha, heridas catalogadas de gravedad.

A partir del aviso del personal del Hospital Pirovano tresarroyense, tras el ingreso de la víctima y la identificación del atacante, se realizó un operativo en el cual se capturó a Moris y se incautó el arma blanca utilizada: un cuchillo de hoja metálica puntiaguda y cabo de madera.

Al aprehendido se le imputa el delito de tentativa de homicidio, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 17.

Todo se activó a partir de la denuncia de un vecino, que señaló que desconocidos habían roto el vidrio de una puerta balcón ubicada en la parte delantera de su domicilio y se llevaron una cocina, un termotanque de 30 litros, un juego de baño con espejo y botiquín, y una bacha con grifería metálica.

A partir de esto, se inició una investigación que incluyó testimonios, cámaras particulares y registros aportados por el Centro de Monitoreo de Patagones, donde se logró identificar a los presuntos autores y establecer que habrían utilizado una camioneta Chevrolet Gran Vitara gris.

Los procedimientos, ordenados por el Juzgado de Garantías Nº 1 de Bahía Blanca, a cargo de la jueza Claudia Olivera, fueron realizados por personal de la UIDDI Patagones y el Grupo Táctico Operativo local, quienes secuestraron la camioneta en cuestión y un teléfono celular, además de localizar la cocina, que había sido adquirida por otra persona.

En este marco, durante el procedimiento policial, un sujeto que estaba en uno de los domicilios se dio a la fuga por la parte trasera del lugar. Posteriormente, vecinos informaron la presencia de una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros, con la numeración de serie suprimida, un cargador y 14 municiones tirada en el suelo.

Por este hallazgo, personal de la Policía Comunal inició actuaciones separadas para determinar la procedencia del arma y su posible vinculación con la persona que se dio a la fuga. (agencia Carmen de Patagones)

En 2004, dos años después del brutal homicidio en ocasión de robo de Claudio Blythman, entonces gerente de la sucursal local del banco Francés, Miño fue condenado a prisión perpetua junto con Miguel Ángel Ockier.

Blythman, que no era oriundo de nuestra ciudad, fue asesinado en la casa que alquilaba en Kennedy 536 del barrio Palihue. 

Su cuerpo apareció amordazado, golpeado, con 25 puñaladas y una bolsa de nylon en la cabeza que le provocó asfixia. Lo mataron para robarle.

Se descubrió el faltante de un televisor, una videocasetera, máquinas fotográficas, un bolso de tela, discos compactos, una radio, un centro musical, un reloj, prendas de vestir, zapatillas, cosméticos, una agenda electrónica y un traductor, 200 pesos y su automóvil Peugeot 206, que apareció abandonado en Villa Harding Green.

Después de varios intentos sin éxito, Miño volvió a pedir salidas transitorias, pero le negaron nuevamente el beneficio.

Sin arbitrariedad

La Cámara Penal de Bahía Blanca ratificó la decisión del juez de Ejecución Penal Nº 1, Claudio Brun, quien ordenó mantenerlo privado de la libertad.

El recluso tiene conducta ejemplar sostenida (10) y buen concepto informado. Eso remarcó el abogado Alejandro Daniel Figueroa Prieto, al momento de apelar ante la Cámara. 

La defensoría oficial consideró que el fallo resulta "resulta violatorio del principio de progresividad".

Sin embargo, los camaristas Christian Yesari y Gustavo Barbieri, de la Sala I, mantuvieron la decisión del juez Brun.

"No vislumbro en lo resuelto visos de arbitrariedad, como así tampoco violación de garantías y principios constitucionales o de ley", sostuvo Yesari en la resolución.

Remarcó el camarista el informe psicológico elaborado en el penal, que marca que Miño, si bien puede establecer el delito por el cual purga la condena, mantiene "una tendencia al desborde pulsional".

El preso, con antecedentes de abuso de alcohol y sustancias, tiene "tendencia a protagonizar descontrol de impulsos, se detectan rasgos de impulsividad", agregó el análisis especializado. 

Se aclaró que en las actuales condiciones de detención no evidencia riesgo de violencia, aunque "no es posible descartar la ocurrencia de nuevos incidentes", por lo cual "es necesario la supervisión de un tercero responsable".

Si bien cuenta con el apoyo de su padre y su actual pareja, se aconsejó la continuidad de su rehabilitación de las adicciones y abordaje psicológico.

"Se erigen obstáculos"

"Ponderada así la totalidad de los antecedentes que conforman el legajo del penado, entiendo que se erigen obstáculos -objetivos- par acceder a las salidas, motivados en las reservas emergentes de las evaluaciones citadas", sostuvo la Cámara.

Y destacó la posición del Tribunal de Casación bonaerense, que tiene dicho que "los informes emanados de los organismos especializados (...) son sumamente valiosos, por lo que en el caso particular resulta casi inevitable apartarse de ellos para decidir la cuestión".

"Lo anterior me decide a convalidar lo fallado, toda vez que entiendo que el penado no reúne la totalidad de requisitos para acceder a la libertad de manera anticipada, en pos de sostener un acabado desempeño positivo en el medio social ampliado", concluyó Yesari.

"Se trató de un homicidio sádico y de gran crueldad"

Barbieri adhirió a su voto y agregó que se siguen describiendo rasgos de impulsividad y la ausencia de un dictamen que demuestra la superación de sus problemas con el consumo de sustancias, sin dejar de considerar el gravísimo hecho por el que se dictara la condena.

En consecuencia, el pedido de la defensa de Miño fue rechazado por la Justicia y el condenado deberá continuar en prisión.

Su sentencia recién adquirió firmeza 15 años después del juicio.

Fue en junio de 2019, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme el fallo condenatorio en su contra, tras descartar recursos de su defensa.

Luego de la sentencia condenatoria, Ricardo Blythman, padre de la víctima, siempre destacó la labor de la Justicia de Bahía Blanca en el caso.

Y remarcó que este tipo de personas (por los homicidas) "es un peligro para todos".

Se profugó en el juicio y de una comisaría

Daniel Ernesto Miño fue detenido poco después del crimen, junto con Miguel Ángel Ockier, aunque al juicio oral y público, que se realizó en junio de 2004, extrañamente llegó en libertad. 

El día de la lectura del fallo, cuando recibió la pena de prisión perpetua, no se presentó (desde el punto de vista legal tenía obligación de acudir solo el primer día del debate) como era de prever y estuvo más de un año prófugo.

Recién a fines de septiembre de 2005, finalmente, fue capturado en la ciudad de Sierra Grande, provincia de Río Negro, donde supuestamente vivía bajo una falsa identidad. 

Sin embargo, al ser trasladado en principio a la comisaría Primera de Viedma, por razones de jurisdicción y cercanía, el joven aparentemente limó los barrotes de la celda en la que había sido ubicado y volvió a escapar.

De todas maneras, a principios de octubre del mismo año -es decir, unos días después de la fuga-  fue recapturado cuando todavía estaba en la capital rionegrina. 

Desde ese momento no volvió a salir de la cárcel, pese a los intentos judiciales de su defensa.

Así será en caso de quedar firme el reciente fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata, que revocó la absolución dictada en 2023 por el juez local Agustín López Cóppola.

Se trata de la acción que iniciaron Carlos Rutsch y sus hijos contra la comuna y el operario Pablo Aguilera, por el incidente que tuvo lugar en 2012, durante un allanamiento a la vivienda de Paroissien 2.311, ordenado por el juzgado de faltas.

Para esa fecha el caso tenía estado público, porque existían múltiples denuncias por la acumulación de materiales, lo cual favorecía la suciedad y proliferación de roedores en la zona.

El personal municipal fue el 13 de agosto de aquel año a retirar todos los artículos de reventa, como autopartes, motores, herramientas y calefones. 

Después de dos días de acción para retirar la chatarra, una topadora al mando de Aguilera habría impactado contra parte de la propiedad de los Rutsch, hecho que provocó importantes destrozos.

La familia quedó virtualmente en la calle, la secretaría de Obras improvisó una casilla de chapa para que habite hasta encontrar una solución, pero al no obtener respuestas razonables realizaron manifestaciones frente a la delegación municipal Las Villas.

En enero de 2013, Ana María Tous, integrante de la familia y madre de tres hijos, falleció a los 62 años y sus allegados relacionaron el deceso con lo vivido.

Los Rutsch avanzaron con la demanda civil porque entendieron que el municipio debía extraer el material del terreno pero la acción finalmente fue negligente e imprudente, al provocar el virtual derrumbe de su vivienda.

El primer fallo

Sin embargo, el juez de primera instancia había rechazado el pedido.

Tuvo en cuenta el incumplimiento de Rutsch a las intimaciones comunales para mejorar la higiene en el lugar y la autorización del allanamiento.

"Estaba justificada la utilización de la maquinaria en cuestión y el evento dañoso se produjo como consecuencia de las tareas de necesaria limpieza que el actor no realizó -pese a encontrarse debidamente intimado a hacerlo-", sostuvo el juez López Cóppola.

Y aclaro que el predio presentaba "un perímetro deficientemente delimitado y con importantes irregularidades en el terreno (pozos y lomadas)".

El caso llegó a la Cámara en lo Contencioso de Mar del Plata (articula con Bahía) y los jueces Roberto Mora y Diego Ucin cambiaron la sentencia y ordenaron pagar la indemnización, cuyo monto todavía no fue fijado.

Los camaristas aclararon que no hay dudas del desinterés de Rutsch para limpiar, de la situación de insalubridad y de la justificación del allanamiento, pero que el resto son "meras conjeturas" sin sustento. 

Marcaron que Aguilera trabajó junto a numerosos colaboradores (14 agentes de Saneamiento Ambiental, 5 de Control Urbano y 12 de delegación Las Villas).

Recordaron que la ley prevé que cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia mayor es la obligación de las posibles consecuencias de los hechos.

"Tal regla de derecho resulta directamente aplicable al presente caso", explicó la Cámara.

"También corresponde responsabilizar a la autoridad municipal a cargo de las tareas desempeñadas por el codemandado agente Aguilera, por los daños causados a los accionantes. Y ello, desde que el nombrado no constituye una persona diferenciada de la administración municipal o un centro de imputación normativa diverso, sino que, en su condición de órgano, conforma una parte integrante", amplió.

En definitiva, encontraron una "relación causal" entre las funciones realizadas y el resultado lesivo.

Para la Cámara quedó acreditada "la irregular prestación del servicio"en el ejercicio de policía administrativa ambiental para preservar la seguridad e higiene de la población y el medio circundante.

En consecuencia, mandaron de vuelta las actuaciones al juzgado local para que disponga el planteo de los demandantes.

Escrache en la delegación

Manifestación. En febrero de 2013, Ana Rutsch, hija de la fallecida Ana María Tous, junto con familiares y amigos, se manifestó frente a la delegación municipal por el caso de su madre y apuntó contra el entonces titular, Norberto García.

Enojo. "La muerte de mi mamá por las condiciones inhumanas que padecía viviendo en esa casilla es lo que genera el enojo. En su certificado de defunción figura que el fallecimiento se produjo por un golpe de calor y deshidratación", relató. Los manifestantes arrojaron huevos.

En los procedimientos también intervinieron inspectores del área de Tránsito de la municipalidad.

Los voceros señalaron que los controles se desarrollaron en los barrio Pacífico, Universitario, 5 de Abril, Villa Esperanza, Villa Rosario, La Falda, Vista Alegre y Villa Nocito.

Mencionaron que se produjo la incautación de 15 motocicletas y 3 automóviles por distintas infracciones a la Ley de Tránsito.

Durante los operativos también secuestraron algo más de 120 gramos de marihuana y se demoró a dos personas que eran requeridas por la justicia.

Desde la Comisaría Primera de esa ciudad indicaron que el procedimiento se produjo minutos después de las 5, cuando los efectivos fueron alertados por las cámaras de monitoreo acerca de la presencia de un sujeto realizando maniobras peligrosas al mando de una camioneta Volkswagen Amarok en avenida Caseros al 1.000.

Cuando los uniformados arribaron al sitio el individuo se dio a la fuga, por lo que comenzó una persecución por la planta urbana y caminos rurales que finalizó con la interceptación del rodado en el cruce de las rutas 73 y 72.

Los voceros indicaron que en la camioneta circulaban dos personas y que el conductor del vehículo descendió de la unidad tomando un palo de madera, con la presunta intención de confrontar con los policías.

Pese a esto, según señala el parte de prensa, ambos fueron reducidos y aprehendidos.

El conductor fue identificado como Luis Miguel Gavilanes (38), mientras que su acompañante resultó ser Andrés Alderete (31).

Además, mencionaron los voceros, el primero fue sometido a un control de alcoholemia que arrojó resultado positivo.

Por el caso se iniciaron actuaciones por infracción al artículo 193 bis, desobediencia y resistencia a la autoridad.

Esto se suma a una serie de presentaciones que se hicieron en el ámbito judicial hace algunos días y de las que a La Nueva. dio cuenta en un reciente informe. 

Se trata de varios bahienses -algunos profesionales- embaucados que perdieron varios miles de dólares.

En los últimos meses, la OMIC recibió consultas de vecinos que manifestaron haber sido contactados por supuestos asesores de inversiones a través de WhatsApp, Telegram, Facebook o Instagram. En muchos casos, los estafadores utilizaron el nombre, la foto o incluso videos de profesionales, analistas financieros o personas con presencia en redes sociales para aparentar legitimidad y generar confianza.

Hasta hoy, y en lo que va del año, la OMIC recibió 318 denuncias por estafas en entornos digitales, teniendo en cuenta todo tipo de modalidades.

Si se discriminan las maniobras relacionadas con inversiones financieras falsas o con figuras públicas que “recomiendan” una inversión, ese número es del orden del 20% (unos 63 casos).

El director de la oficina, Pablo Daguerre, explicó que “una característica común es que los delincuentes construyen una apariencia de profesionalismo. Crean perfiles falsos, utilizan logotipos de empresas reconocidas y hasta suplantan la identidad de personas que realmente se dedican al asesoramiento financiero para convencer a las víctimas de realizar la primera transferencia”.

La OMIC alertó sobre el crecimiento de estafas virtuales en nombre de la Cooperativa Obrera

Según los casos recibidos por la OMIC, la modalidad suele comenzar con una invitación a formar parte de un supuesto grupo exclusivo de inversiones o con una propuesta personalizada de asesoramiento. Luego se muestran rendimientos ficticios en plataformas o aplicaciones que simulan el crecimiento del capital invertido. Incluso, en algunos casos, se permite retirar una suma pequeña para generar confianza y motivar nuevos depósitos de mayor monto.

Algunos afectados de Bahía experimentaron ese proceder, que incluyó el retiro de "pequeñas" sumas (unos 4 mil dólares), que les permitieron creer estar ante un negocio real.

“Cuando la víctima intenta recuperar la totalidad de su dinero aparecen nuevos requisitos: el pago de impuestos, comisiones, seguros o gastos administrativos inexistentes. Es allí cuando queda en evidencia que nunca existió una inversión real, sino una maniobra destinada a obtener transferencias sucesivas de dinero”, señaló Daguerre.

Recomendaciones

Desde la OMIC remarcaron que ningún asesor financiero serio garantiza rentabilidades extraordinarias ni asegura ganancias sin riesgo.

Asimismo, recordaron que la utilización de la imagen o identidad de personas reconocidas no constituye una garantía de autenticidad, ya que actualmente los delincuentes utilizan perfiles falsificados, videos editados e incluso herramientas de inteligencia artificial para simular recomendaciones o testimonios.

A modo preventivo, se  recomendó verificar siempre la identidad de quien ofrece una inversión a través de canales oficiales, desconfiar de las propuestas que exijan decidir de manera inmediata, no hacer transferencias a cuentas de personas físicas sin corroborar su legitimidad y evitar ingresar dinero en plataformas sin operatoria verificable. 

Desde lo jurídico, la OMIC remarcó que, cuando hay una relación de consumo con un proveedor identificado, se aplican los principio previstos en la Ley Nacional Nº 24.240. 

En cambio, si la finalidad es engañar mediante perfiles falsos, suplantación de identidad o plataformas inexistentes para obtener dinero de manera ilegítima, sería una presunta conducta delictiva que demanda una investigación penal. En esos casos, la OMIC orienta a vecinos sobre preservación de pruebas y sitios para denunciar. 

“La prevención sigue siendo la principal herramienta. Antes de invertir, es indispensable verificar quién está detrás de la propuesta, desconfiar de las promesas de ganancias extraordinarias y recordar que ninguna oportunidad legítima exige actuar con urgencia ni transferir dinero sin las verificaciones correspondientes”, dijo.

Como parte de su política de prevención, la OMIC desarrolla campañas de concientización y charlas en sociedades de fomento, bibliotecas, centros de jubilados, escuelas y en las sesiones territoriales del Concejo Deliberante, a fin de brindar herramientas para identificar estas modalidades antes de que se concrete el perjuicio.

Las maniobras

Varios bahienses, algunos por montos millonarios, fueron damnificados por estas acciones y presentaron las denuncias, que tramitan ante la UFIJ N° 20, a cargo del fiscal Rodolfo De Lucia.

Una de las víctimas, por ejemplo, contó que el año pasado accedió a una plataforma que se presentaba como un bróker financiero dedicado a inversiones y trading identificada como RoboBroker o Robo Broket Global Markets Ltd.

Dijo que la propuesta se presentaba “seria, profesional y legal”, ofreciendo invertir y operar con la colaboración de asesores especializados para alcanzar grandes rentabilidades.

La víctima agregó que se exhibían activos como criptomonedas (Bitcoin, Ethereum, Gold, etc), índices y otros instrumentos.

Realizó una inversión inicial de 5 mil dólares y recibió directivas de personas (aportó identidades) para posibles operaciones.

Algunos de esos nombres coinciden con los de brókeres registrados en la FINRA, una corporación privada autorreguladora para corredores de bolsa en los Estados Unidos, por lo que no se descarta también la posible maniobra de suplantación de identidad.

Manifestó que los contactos fueron realizados a través de chat interno, WhatsApp y llamadas.

“Me guiaban en las operaciones y me explicaban que, para poder soportar eventuales caídas del mercado, era conveniente tener más dinero en la cuenta. De esa forma me incentivaban a ingresar más fondos, bajo el argumento de que un mayor 'colchón' permitía sostener operaciones abiertas y evitar pérdidas”, describió.

Dijo que durante los primeros meses tuvo la oportunidad de realizar “retiros menores”, por algo más de 4 mil dólares, como una forma de generar confianza y reforzar la apariencia legal del sistema.

Con el correr de los meses el denunciante llegó a depositar alrededor de 35 mil dólares y la plataforma le exhibía saldos totales (sumando las supuestas ganancias) cercanos a los 200 mil.

Sostuvo que en marzo de este año pretendió retirar otros 4 mil dólares y que allí tomó conciencia de que se trataba de un engaño.

Comentó que pasaron algunas semanas y esa solicitud de extracción no era aprobada, por lo que reclamó y en una primera instancia recibió respuestas evasivas.

Detalló que posteriormente el argumento de los sujetos cambió y le manifestaron que no podía retirar el dinero porque debía realizar “declaraciones fiscales, balances o pagos de impuestos en el exterior”.

Adujeron que hasta tanto ese movimiento no sería aprobado “por razones de seguridad y para evitar sanciones”.

Los detenidos son Javier Moyano, de 22 años; Gonzalo Rojas (21) y Thiago Montelpare (19), quienes quedaron imputados por los delitos de lesiones agravadas y abuso de arma.

Actuó en el operativo el Gabinete Investigativo de la Comisaría Primera, a partir de declaraciones testimoniales y distintas tareas investigativas que permitieron identificar a los presuntos autores del ataque.

Se realizaron procedimientos en los domicilios ubicados en Piccioles al 600, Cabo Farina al 500 y Tombesi al 300.

El hecho tuvo como víctima a Gustavo Cifieentes, quien recibió un disparo en la pierna derecha.

También se secuestraron municiones que serían coincidentes con las extraídas del cuerpo de la víctima por personal médico; y se incautó marihuana, con un peso total de aproximadamente 150 gramos.

Intervienen la Fiscalía en turno y la UFIJ Nº19 de Estupefacientes.

Con último domicilio conocido en Rojas al 2.800, ahora se informó que se encontraba en Los Naranjos al 2800. 

"No me busquen mas, estoy bien", dijo la joven ante la consulta, según voceros policiales.

En consecuencia, se desactivó la búsqueda.

El hecho ocurrió pasadas las 12:30 y fue protagonizado por una Renault Trafic, perteneciente al comisionista conocido como "Tito", de Embajador Martini, y un Fiat Siena que circulaba en sentido contrario. Ambos vehículos impactaron de manera frontal.

Producto de la violencia del choque, uno de los ocupantes del automóvil quedó atrapado entre los hierros retorcidos. Personal de Bomberos Voluntarios trabajó intensamente para rescatarlo, aunque finalmente se confirmó su fallecimiento.

El fiscal Juan Pellegrino confirmó que la víctima fatal era Raúl Alfredo Martínez, oriundo de Bahía Blanca, quien viajaba como acompañante en el Fiat Siena.

El conductor del automóvil fue asistido por los equipos de emergencia y trasladado en estado grave al Hospital Gobernador Centeno de General Pico.

Por su parte, los dos ocupantes de la Renault Trafic también fueron derivados al mismo centro asistencial con diversas lesiones.

En el lugar trabajaron efectivos de la Subcomisaría de Speluzzi y personal de la Unidad Regional II de General Pico, junto con Bomberos Voluntarios y ambulancias del Servicio de Emergencias Médicas (SEM).

El tránsito sobre la Ruta Provincial 101 permaneció bajo intervención preventiva mientras se realizaban las tareas de asistencia y las pericias para establecer las causas del accidente.

De acuerdo con lo informado por El Diario de La Pampa, se trata de la segunda víctima fatal por siniestros viales registrada durante agosto y la número 31 en lo que va del año en territorio pampeano.