Los hechos, según la causa investigada por la UFIJ N° 3, a cargo de la fiscal Agustina Olguín, sucedieron entre 2017 y 2021, momentos en que el hombre -pareja de la madre- sometió a la víctima a distintas situaciones abusivas, desde que la menor tenía 13 años.

La fiscal, durante los alegatos, había pedido 35 años de cárcel para el acusado, a quien no se identifica para preservar a la damnificada. 

Las agresiones fueron reiteradas. Se daban generalmente cuando el hombre se quedaba al cuidado de la niña, en el domicilio en el que convivían, ubicado en la vecina ciudad.

Producto de esos abusos, además, la víctima quedó embarazada y tuvo un hijo, hecho que para la fiscalía representó un grave daño a su salud.

El hombre fue condenado por el delito de abuso sexual con acceso carnal, agravado por el aprovechamiento de la convivencia preexistente con una menor de 18 años.

También se le imputó abuso sexual con acceso carnal reiterado, doblemente agravado por ese aprovechamiento y por haber causado grave daño en la salud de la víctima.

Se trata de una causa que investigó el fiscal Mauricio Del Cero, de la UFIJ N° 19, a partir de un operativo que se originó el 16 de marzo de 2023, cuando personal del Comando de Patrullas de Bahía Blanca, en la avenida Pringles y Humboldt, interceptó a Aguilera con marihuana dentro de la mochila que llevaba puesta.

En esas circunstancias se secuestró su teléfono celular y del análisis surgió que Aguilera comercializó estupefacientes -particularmente marihuana y cocaína- durante el período comprendido, al menos, entre el 6 de enero de 2023 y el día de su detención, mediante la modalidad de encuentros en lugares previamente acordados o delivery.

En esas conversaciones entre Aguilera y distintos interlocutores, se logró determinar que dialogaba respecto de las cantidades de droga, de valores y del lugar de intercambio.

El imputado fue condenado como autor penalmente responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Se trata de Axel Emanuel Santa Cruz, quien fue prendido fuego en un presunto ajuste de cuentas registrado el pasado sábado, a la 1.30, en una vivienda de Cabo Farina y Segunda Ángel Brunel.

Por el hecho fueron aprehendidos Joaquín San Martín Araujo (29) y Roberto Alejandro Maiques (20), quienes están imputados de homicidio en grado de tentativa y quedaron a disposición del fiscal Jorge Viego.

En la mañana de hoy fueron trasladados a la Oficina Técnica de Identificación de Personas (OTIP), a fin de registrar sus huellas y luego serán indagados.

Santa Cruz, en tanto, permanece internado en la terapia intermedia del Penna, en condición estable, siendo evaluado por las quemaduras que sufrió en distintas partes de su cuerpo.

"El paciente presenta quemaduras de tipo AB que afectan aproximadamente el 5% de la superficie corporal, localizadas en el cuello y el rostro. Se encuentra sin riesgo de vida y permanece internado para control de su evolución y realización de curaciones", explicó un vocero del centro asistencial.

"Te llegó la hora..."

El joven fue atacado al grito de "Te llegó la hora...", según confirmaron fuentes policiales. 

La recepción de testimonios de personas que acompañaban a Santa Cruz esa madrugada fue clave para esclarecer el delito y lograr la captura de los sospechosos, ambos con antecedentes por delitos contra la propiedad y tenencia de drogas.

También la víctima tendría antecedentes por infracción a la ley 23.737. 

La principal hipótesis que manejan los investigadores es que el hecho tendría relación con una deuda por drogas. 

"Es como cuando vas al almacén a sacar fiado y después no pagás", graficó un investigador.

Otra versión tiene que ver con la comisión de un robo, aunque no sería la principal.

Con esta decisión, el máximo tribunal provincial determinó que la causa continuará abierta y ordenó que se dicten nuevos pronunciamientos sobre planteos pendientes.

El expediente se inició a fines de 2016 a raíz de una denuncia anónima que investigaba una supuesta red para lucrar con casos de la Defensoría Oficial (supuesta connivencia con abogados particulares) y maniobras con viáticos irregulares. 

Con los años, el foco de la investigación se redujo a la presunta falsificación de solicitudes de reembolso y fraude en perjuicio de la administración pública.

En julio de 2025, la Sala I de Casación había sobreseído de manera definitiva a Cortázar, argumentando que no había pruebas para configurar el delito y descartando una conducta sistemática.

Sin embargo, la Fiscalía General fue en queja a la Corte, luego de que Casación le rechazara un recurso extraordinario que consideraba al sobreseimiento como prematuro y sin la certeza negativa que se exige para el cierre de un proceso penal.

Y los cortesanos (votos de los jueces Daniel Soria, Hilda Kogan, Sergio Torres, Mario Kohan y Víctor Violini) le dieron la razón al Ministerio Público Fiscal, al considerar arbitraria la medida de Casación.

En su resolución, los magistrados advirtieron que el sobreseimiento se dictó antes de tiempo y que los hechos denunciados -relacionados con el cobro indebido de viáticos- deben ser analizados en profundidad en las etapas procesales correspondientes, como el juicio oral, y no descartados de antemano mediante interpretaciones restrictivas.

De esta manera, el fallo quedó sin efecto y el expediente fue devuelto para que otra sala de Casación resuelva las cuestiones en pugna, como la recusación de la fiscal Marina Lara, a cargo de la causa, y la posible prescripción por los plazos temporales, con lo cual quedó abierta la posibilidad de que Cortázar vaya a juicio.

El enfrentamiento quedó registrado en un video que comenzó a circular luego del partido y en el que se observan corridas y cruces entre hinchas.

Desde la comisaría séptima se informó que no hubo personas detenidas.

El encuentro correspondió a la sexta fecha del Torneo Clausura de la Primera B de la Liga del Sur y terminó 1 a 1. Agustín De Poli puso en ventaja a Pacífico a los 10 minutos, mientras que Alejo Gil, de penal, igualó para Puerto Comercial a los 11 minutos del segundo tiempo.

Además, el partido terminó con un expulsado por cada lado, Gonzalo Rosa en Pacífico y Santiago Giorgis en Puerto Comercial.

Durante el mismo fueron verificados 90 automóviles y 86 motos y ,como resultado de las inspecciones, se secuestraron cinco motocicletas y un automóvil por distintas infracciones a la Ley Nacional de Tránsito 24.449 y a la Ley Provincial 13.927.

Además, fue aprehendido un hombre de 29 años, identificado como Juan Cruz Rodríguez, acusado de los delitos de desobediencia y resistencia a la autoridad.

El hombre quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 15 del DJBB, mientras que por los vehículos secuestrados intervino el Juzgado de Faltas municipal.

El retén fue instalado a la altura del Cementerio Parque de Paz, donde los efectivos llevaron adelante controles vehiculares con el objetivo de prevenir picadas y otras infracciones.

Actuó personal de la Policía Bonaerense, bajo la coordinación de la Comisaría Séptima, con participación del Gabinete Técnico Operativo, la Guardia de Prevención, la Sección Motorizada y el Comando de Tránsito Urbano.

Así confirmó el intendente de Fernández Oro, Gustavo Amati. El hallazgo ocurrió en un desagüe, aproximadamente a 200 metros de donde ocurrió el accidente.

Una vez que lograron bajar el caudal de agua, que dificultaba el operativo de búsqueda, los rescatistas encontraron el cuerpo.

Tras conocerse la noticia, la Municipalidad de Fernández Oro emitió un comunicado donde especificaron que “la Fiscalía y las autoridades intervinientes se encuentran trabajando y realizando las actuaciones correspondientes” y pidió a la ciudadanía “informarse a través de fuentes oficiales y evitar compartir versiones, imágenes o información que no haya sido confirmada, tanto por respeto a la familia como para evitar la circulación de información errónea”.

El municipio remarcó que “acompaña profundamente a la familia de Gian, a sus seres queridos y allegados en este doloroso momento”.

Finalmente, agradeció “a cada una de las fuerzas, organismos, equipos especializados, trabajadores municipales y personas que participaron y colaboraron durante el operativo de búsqueda”.

De la búsqueda también participaron policías de Río Negro, de Prefectura Naval, Defensa Civil, buzos y bomberos.

Al tratarse de un desagüe, el agua tenía poca visibilidad por lo que la mayor parte de la búsqueda se realizó al tacto. Los rescatistas utilizaron máquinas retroexcavadoras para bajar el nivel de agua y lograr abrir camino entre el residuo que había en en lugar. También drones sobrevolaban la zona.

Cómo fue el accidente

Todo ocurrió en las inmediaciones del Puente de Fierro, cerca de las 4:30. Ambos adultos lograron salir del auto y ponerse a salvo. Sin embargo, al notar que su hijo no estaba con ellos, comenzó una búsqueda urgente en el agua y los alrededores.

El vehículo quedó parcialmente sumergido y atrapado entre la vegetación del canal, lo que complicó las tareas de rescate.

La corriente, la oscuridad y las características del sector dificultaron los primeros esfuerzos por encontrarlo. (con información de TN)

Por uno de esos incidentes Jonatan Ariel Picchi fue sentenciado en un juicio abreviado a cinco años y medio de cárcel.

La Justicia bahiense lo condenó por participar del ataque a tiros de un joven que llevaba colocada una camiseta de Olimpo.

El sujeto está detenido desde el 18 de abril de 2023 y la pena que le impusieron vencerá el 17 de octubre de 2028.

Recientemente solicitó salidas transitorias del penal para “afianzar lazos familiares y sociales”, aunque finalmente el pedido no prosperó.

El magistrado subrogante del Juzgado de Ejecución Penal Nº 2, Claudio Brun, entendió que no están dadas las condiciones para que pueda acceder al beneficio.

La resolución fue apelada por el abogado defensor Matías Nicolás Bares Menna, aunque la Sala II de la Cámara Penal rechazó el planteo y confirmó la decisión.

Los magistrados Guillermo Petersen y Guillermo Emir Rodríguez señalaron que, dentro del ámbito carcelario, Picchi fue incorporado al régimen abierto el 11 de septiembre del año pasado.

Indicador decisivo

Describieron que transcurrieron más de seis meses desde el ingreso del interno al “período de prueba” y que se cumplió el requisito temporal exigido en la ley.

No obstante, entendieron que la existencia de “ciertos indicadores de tenor cautelar” fueron “acertadamente” valorados por Brun.

Sostuvieron que el informe psicológico elaborado en la Unidad Penal Nº 4 de Villa Floresta y el psiquiátrico, realizado por la Asesoría Pericial,  dan cuenta “de la existencia de un trabajo reflexivo incipiente, en la asunción de responsabilidad en el hecho cometido con autocrítica limitada y con un discurso que no trasciende el plano manifiesto”.

Los jueces indicaron en su resolución que estas reservas resultan “válidamente computables” para denegar el beneficio reclamado, por lo que confirmaron lo resuelto en la instancia anterior.

La condena

A fines de mayo de 2025, el juez del Tribunal en lo Criminal Nº 1, Christian Yesari, sentenció a Picchi como coautor de tentativa de homicidio.

Para el magistrado quedó probado que el 20 de marzo de 2021, alrededor de las 18.30, en la zona de Don Bosco al 2400, el imputado se movilizaba en una moto acompañado por otro sujeto, quien discutió por cuestiones futbolísticas con Luciano Ridolfi Pontet.

Los individuos se retiraron y poco después regresaron al sitio, circunstancias en las que el acompañante del motociclista extrajo un arma y le disparó en dos oportunidades a la víctima.

Uno de los proyectiles alcanzó a Ridolfi Pontet en uno de sus brazos y le rozó el abdomen, por lo que fue trasladado en un auto particular a la guardia del hospital Municipal.

Tras la agresión, los motociclistas se dieron a la fuga por Don Bosco, en sentido ascendente.

El ataque

La víctima declaró en dos oportunidades y recordó que el hecho se produjo un día sábado, luego de que participara de un partido de la Liga Comercial de fútbol y se dirigiera con sus compañeros a tomar algo en inmediaciones del club La Armonía.

Comentó que tenía colocada una remera de Olimpo y que pasaron por el lugar dos personas en una moto, una de las cuales llevaba una gorra de Villa Mitre. 

Describió que este joven le “grita algo” del elenco aurinegro, por lo que él le respondió haciendo referencia a la entidad tricolor.

Explicó que el agresor lo amenazó diciéndole que regresaría y le pegaría un tiro.

Relató que poco después volvieron y el acompañante “sacó el arma y me tiró un tiro, yo me puse de costado y le erró, y el segundo me pegó en el brazo, me pasó de lado a lado y me rozó en la panza”.

Picchi declaró en la causa y dijo que conducía la moto, afirmando no saber que su acompañante estaba armado.

Una pena más alta

Fallo. En noviembre de 2025, también en un debate abreviado, la jueza del Tribunal en lo Criminal Nº 3, Daniela Fabiana Castaño, le impuso a Nahuel Agustín Fuentealba, apodado “Patito Cheto”, una pena de seis años y medio de prisión por el delito de tentativa de homicidio.

Atrapado. El 18 de diciembre de 2024, y luego de permanecer prófugo algo más de un año, Fuentealba fue detenido por efectivos del Comando de Patrulla, durante un operativo que tuvo lugar en Maldonado al 1.700.

Bajó la guardia. Voceros oficiales indicaron que el sujeto había concurrido a un acto escolar de un familiar y que al retirarse de un establecimiento educativo fue interceptado por los uniformados.

Redes. La víctima declaró en la causa que luego de recibir el alta médica un conocido le compartió una captura de la foto de un perfil de Facebook y pudo reconocer al agresor, quien al momento del hecho llevaba colocado un gorro con los colores de Villa Mitre.

En junio la jueza Daniela Castaño, que integra el Tribunal en lo Criminal Nº 3 bahiense, había solicitado a la Asesoría Pericial que profundice el peritaje hecho en marzo, con un cuestionario detallado para comprobar si el imputado entiende la criminalidad de sus actos.

El resultado del nuevo informe, que todavía está pendiente, permitiría además establecer si el presunto abusador puede ejercer su derecho a defensa en el debate, que fue suspendido el año pasado y aún no se reprogramó.

Para el nuevo peritaje Castaño detalló un extenso cuestionario que deberá responder si Orpianesi puede comprender la naturaleza y gravedad de la acusación, así como si puede ejercer su defensa material y designar defensa técnica.

Otras dudas a evacuar son si el aparente agresor sexual comprende las alternativas posibles de declararse inocente o culpable y sus consecuencias, y las penas que podría enfrentar, como también si necesita tratamiento o representa un riesgo por trastornos mentales.

El primer debate se iba a realizar en agosto de 2025, pero se postergó después de que el defensor particular Sebastián Cuevas planteara que su cliente, de 70 años, no está en condiciones de comprender un juicio oral por una aparente “disminución cognitiva”.

Por ese motivo el abogado de Orpianesi pidió la suspensión definitiva del debate, el cese de la prisión preventiva y el sobreseimiento del exsindicalista del rubro de la carne, que hoy cumple arresto domiciliario.

Los jueces Guillermo Petersen y Guillermo Rodríguez, de la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal local, confirmaron en mayo la resolución de Castaño que había rechazado el sobreseimiento del acusado y ordenado ampliar la pericia.

El voto de Rodríguez, al que Petersen adhirió, diferenció dos cuestiones que la defensa consideraba equivalentes: la capacidad procesal para estar en juicio y la inimputabilidad.

La primera se refiere a si el exfutbolista de General Cerri es capaz de entender el proceso judicial y ejercer su defensa, y la segunda -prevista en el artículo 34 del Código Penal- apunta a si al momento de los hechos pudo comprender la criminalidad de su conducta y dirigir sus acciones.

Según el fallo de los camaristas, una “eventual incapacidad sobreviniente” (posterior a los presuntos abusos sexuales) no habilita el sobreseimiento.

La Cámara indicó que hay dos pericias contradictorias sobre la capacidad procesal de Orpianesi: una de agosto de 2025, hecha por peritos psiquiatras cordobeses, y otra de marzo de este año, de la Asesoría Pericial bahiense, que concluyó que el supuesto depravado no tiene capacidad para estar en juicio.

Como consecuencia de esta situación, la doctora Castaño ordenó asimismo que se contemple el resultado de una resonancia magnética de cerebro hecha a Orpianesi, estudio médico que había requerido el defensor particular Cuevas.

Hace una década a Orpianesi, que entre 1991 y 1993 fue concejal del justicialismo, se lo investigó también por el presunto desvío de fondos de la filial bahiense del sindicato de la carne y de su obra social.

Los camaristas decidieron que rija la presunción de capacidad procesal prevista en el artículo 31 del Código Civil y Comercial, mientras esa ampliación no esté resuelta.

Específicamente el inciso "A" del artículo 31 prevé que la capacidad de ejercicio de una persona se presume, incluso si está internada o bajo estudio médico.

Por eso la Cámara Penal avaló pedir un tercer peritaje, en vez de sobreseer al imputado. Hasta que ese informe no zanje la cuestión, el proceso sigue bajo el supuesto de que Orpianesi sí puede estar en juicio.

No alcanza con un diagnóstico médico aislado para torcer una presunción legal, sino que es necesario que un juez la desacredite con prueba concluyente.

El detenido está acusado de abuso sexual gravemente ultrajante a una niña de 12 años al momento de los hechos, que se habrían cometido entre 2016 y 2017 en Bahía y Villa Carlos Paz.

Sobre la imputación, Petersen y Rodríguez valoraron el testimonio de la víctima y remarcaron que Orpianesi estuvo prófugo casi 5 años hasta su detención, en mayo de 2023, en Córdoba.

Según los camaristas, estos elementos permiten descartar por ahora la inimputabilidad al momento de los hechos.

Posición. El fiscal de delitos sexuales, Marcelo Romero Jardín, sostiene que en la causa “no existe, con el cúmulo de prueba reunida, un cuadro fáctico de certeza negativa de la ocurrencia del hecho imputado a Orpianesi, para conceder el sobreseimiento al encartado”.

Constancias. “Hace algunas semanas el tribunal (Criminal 3) nos dio vista (del expediente) y le pedimos que la defensa acompañe con carácter de urgente constancias médicas”, dijo Romero Jardín.

Coerción. A raíz de que están pendientes diligencias probatorias "indispensables", el fiscal opina que debe mantenerse la prisión domiciliaria de Orpianesi para no comprometer el futuro desarrollo de un juicio oral.

Discrepancia. "Según la defensa, el imputado supuestamente no está en condiciones de comprender el juicio, pero la fiscalía entiende que eso no está acreditado", manifestó el titular de la UFIJ Nº 14.

El incidente se produjo poco después de las 9, en Vieytes y Moreno, y se vieron involucrados tres rodados.

Voceros de la Policía Local señalaron que el hecho se desencadenó cuando una camioneta Ford F100, al mando de Carlos Delistovich (59), que estaba estacionada sobre Vieytes, retomó su marcha.

En ese momento, y por la misma arteria, circulaba un rodado Toyota Hilux, guiado por Claudio Turani (60), que intentó eludir al otro vehículo y colisionó con un Chevrolet Onix, conducido por Héctor Trujillo (78), que como consecuencia del impacto terminó volcando.

A partir de lo sucedido concurrió al sitio personal policial y la guardia de Defensa Civil.

Inspectores de Tránsito de la comuna sometieron a los protagonistas a controles de alcoholemia que arrojaron resultado negativo en todos los casos.

Las fuentes explicaron que los conductores resultaron ilesos, por lo que no se requirió asistencia médica.

La Sala II del cuerpo, con los votos de los jueces Guillermo Petersen, Marcelo Enrique Romero y Camilo Eduardo Petitti, rechazó los planteos de "inaplicabilidad de ley" realizados por los abogados defensores y ratificó el fallo condenatorio resuelto en diciembre pasado por sus pares de la Sala I.

En esa oportunidad, los magistrados revocaron la absolución dictada oportunamente por el Juzgado en lo Correccional N° 3, y sentenciaron a Pablo Bergese y Andrés Di Lauro a la pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional, reglas de conducta por el mismo tiempo e inhabilitación especial por nueve para "ejecutar tareas de construcción, mantenimiento, reparación o cualquier otro tipo de trabajos en inmuebles en forma directa o a través de interpósitas personas".

También condenaron a Daiana Mónica Astrada a dos años en suspenso, reglas de conducta por dos años y medio y una inhabilitación de 5 "para ejercer su profesión brindando servicios de seguridad e higiene para cualquier actividad".

Los tres fueron hallados responsables del delito de homicidio culposo, en los términos del artículo 84 del Código Penal.

"El análisis que proponen los recurrentes no demuestra la existencia de la arbitrariedad y absurdo pregonados y resultan sus recursos insuficientes para conmover el decisorio impugnado", indicaron los camaristas al confirmar la sanción.

No obstante la resolución, cabe recordar que las defensas aún tienen otras instancias de apelación antes de que el fallo adquiera firmeza.

El caso

Según la causa, investigada por el fiscal Cristian Aguilar, el hecho se produjo el 6 de noviembre de 2019, cuando la empresa Del Sur Construcciones y Servicios SRL desarrollaba en el lugar la construcción de un edificio.

"Mientras se llevaban a cabo tareas de llenado de losas y vigas con encofrado en el octavo piso, se desprendió un puntal de madera de más de 2 metros de largo que cayó y golpeó a Haring. quien circunstancialmente transitaba por el lugar", indicaron desde el Ministerio Público.

Como consecuencia del golpe, la mujer sufrió lesiones y fue internada en el Hospital Municipal, donde murió 20 días después a causa de una hemorragia encefálica producto del traumatismo grave de cráneo.

Desde el Comando de Patrulla señalaron que el hecho se produjo alrededor de las 5, cuando los efectivos concurrieron a La Pampa al 5.900 tras un aviso al 911 alertando sobre un conflicto entre dos personas.

Cuando arribaron al sitio se entrevistaron con un hombre de 47 años, quien manifestó que había sido agredido por la imputada y sufrió una herida cortante en el brazo izquierdo.

Los uniformados arrestaron a la acusada, identificada como Nancy Domínguez, y secuestraron la hoja de un cuchillo tipo serrucho que presentaba rastros de sangre.

La víctima, en tanto, fue derivada a la guardia del Hospital Penna para recibir atención médica.

Por el caso se iniciaron actuaciones por el delito de lesiones leves agravadas, con intervención de la comisaría Cuarta y la fiscalía de flagrancia.

Otro caso

Un suceso con características similares se produjo algunas horas antes en Guardia Vieja al 700, donde un sujeto fue arrestado por agredir a su pareja y lesionar a un policía que intervino en el procedimiento.

Los voceros informaron que el incidente se desencadenó a la 1:30, cuando los policías arribaron al sitio y observaron que David Sagredo (39) estaba alterado y habría golpeado a una mujer de 27 años.

"Al intentar concretar su aprehensión, el hombre se tornó agresivo y arremetió contra el personal policial, golpeando en el rostro a uno de los policías intervinientes. Tras un intenso forcejeo, y mediante el uso de la fuerza mínima, los efectivos lograron reducirlo y colocarle las esposas", señalaron.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguna víctima, llamá al 144: es gratis y atiende las 24 horas

El aprehendido fue trasladado a la Comisaría Cuarta y quedó imputado de lesiones leves agravadas, resistencia a la autoridad y lesiones.

En respeto a los plazos previstos por la Ley 27.801, que votó en febrero el Congreso de la Nación, se pone en marcha hoy, 180 días después de la publicación en el Boletín Oficial, el nuevo Regimen Penal Juvenil que tiene como "caballito de batalla" la baja de edad de punibilidad de 16 años a 14.

Casi con la misma incertidumbre que reinaba apenas se conoció la noticia, comienza el novedoso sistema en el Departamento Judicial Bahía Blanca, situación que -se cree- se replica en otras jurisdicciones.

Desde hoy, los menores de 14 años pueden ser pasibles de ser sometidos a un proceso penal en caso de cometer un delito.

Hasta el momento, el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil solo podía instruir causas a jóvenes de 16 a 18 años.

Pero más allá de extender la franja etaria -que de por sí puede significar un mayor cúmulo de trabajo, pese a que es muy bajo el porcentaje de ilícitos cometidos por menores-, la reforma seguramente sobrecargará las estructuras judiciales, porque también se amplía el abanico de delitos a juzgar.

Hasta ayer, los hechos con penas de menos de dos años de prisión no eran penalizados, pero con la flamante normativa, sí.

Es decir que un joven de 16 años que cometía un hurto, un acto de lesiones (como peleas a la salida de una escuela o de una fiesta), amenazas o violación de domicilio no era punible, pero desde ahora sí lo son todos los menores de 14 a 18 años.

Vale aclarar que la detención será conducente solo en delitos graves, ya que para el resto existen medidas alternativas previas. Sin embargo, en todos los casos se deberán iniciar actuaciones, realizar diferentes audiencias procesales y disponer el control o la tutela de los jóvenes imputados. 

Tampoco fue designada hasta el momento la autoridad de aplicación, prevista en el artículo 50 de la normativa, que debe nombrar el Poder Ejecutivo para la coordinación y el control del nuevo regimen.

El doble de causas

Agustín Saulnier, defensor público ante el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, ya había adelantado hace algunos meses que "el impacto va a ser fuerte" y que seguramente se van a duplicar las causas. 

Y en este punto el nuevo regimen abre los principales interrogantes y preocupaciones. 

La necesidad de sumar recursos humanos, técnicos y físicos no fue saldada, según reconocieron a La Nueva. distintos operadores del sistema. 

"No hay absolutamente nada nuevo: ni personal, ni mayores partidas presupuestarias ni nuevos espacios. Ni en el Poder Judicial ni en ninguna otra institución provincial que trabaja en la materia", reconoció uno de ellos.

No se habilitaron nuevos sitios de contención y/o detención para los jóvenes en conflicto con la ley penal. De hecho en Bahía no existen.

Solo funciona -desde antes de este cambio- el Centro de Recepción, en el predio del ex Instituto Vergara, que en teoría sirve para mantener privados de la libertad a jóvenes acusados en los primeros 5 días de la investigación.

En este caso tiene tres celdas, con capacidad total para 6 personas, pero una de ellas al día de hoy está clausurada. 

"Las otras 4 plazas están ocupadas, aunque por jóvenes que no son de nuestra jurisdicción (algunos del conurbano) y los mandan por sobrepoblación en otros lugares", comentó otra fuente judicial.

A cuentagotas

La capacitación de los efectores del sistema judicial, al menos hasta ahora, tampoco fue organizada desde ningún organismo del Estado sino que fue obra de entidades intermedias, como colegios de abogados o magistrados, o inquietudes grupales o individuales a partir de talleres de dictado virtual.

Si bien desde la Subsecretaría de Política Criminal de la Nación se anunció, a fines de agosto, los primeros módulos de capacitación, a través de Zoom, para jueces, funcionarios de todo el país, lo cierto es que esa medida no alcanzó a quienes desarrollan su tarea en nuestra ciudad. 

Y algunos recibirán una instrucción formal recién una vez iniciado el sistema, como los defensores oficiales, que fueron citados por la Defensoría de Casación en La Plata, para la semana próxima, a una reunión presencial.

"Los mismos operadores intentamos o impulsamos diferentes conversatorios, debates y análisis de la ley. No han sido suficientes las capacitaciones. O por lo menos protocolo de funcionamiento y aplicación en la provincia" reconoció la jueza Natalia Giombi. 

El martes se realizó una mesa de trabajo en la comisión del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del Colegio de Magistrados local y se programó un nuevo encuentro para el 14 de octubre. 

Tampoco la Policía recibió ningún tipo de notificación o esquema de procedimiento para saber cómo actuar, teniendo en cuenta que será el primer eslabón de intervención.

"Si bien esta reforma es más judicial que policial, no tuvimos ni llamados desde la fiscalía de Menores ni de ningún otro área del fuero", reconoció una autoridad departamental.

¿Es inconstitucional?

La Justicia Federal de La Plata tiene pendiente de resolución un pedido de inconstitucionalidad de la Ley 27.801, presentado antes de la última feria por parte de defensores del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de esa ciudad.

El planteo fue acompañado por otras 13 defensorías provinciales y distintos organismos de Derechos Humanos.

También pidieron, en subsidio, una medida cautelar para la suspensión del nuevo regimen por la falta de condiciones para su implementación.

El uno por ciento

Los delitos cometidos por menores de 16 años representan en el país menos del 1 por ciento del total.

Ese dato lo difundió hace poco tiempo Rodrigo Morabito, juez de la Cámara de Responsabilidad Penal Juvenil de Catamarca y usuario de las redes sociales para explicar de manera didáctica los alcances de los procedimientos judiciales.

“Bajar la edad de punibilidad no disminuirá la delincuencia, ya que esta medida genera una falsa expectativa en la sociedad respecto al rol de la ley penal. Existen sobradas muestras de ello”, opinó Morabito en X.

“Se quiere bajar la edad de punibilidad a 14 años sin tener en cuenta que en septiembre se reportó que el 66% de los adolescentes de esa edad vive en situación de pobreza, lo que equivale a aproximadamente 7 millones de niños y adolescentes afectados en el país”, continuó.

“Evidentemente, la franja de los 14 años para abajo es una de las más afectadas por la pobreza y el consumo problemático de drogas”.

“Se quiere legislar siempre por lo que ocurre en dos o tres provincias para el resto del país. Pero no es lo mismo lo que ocurre respecto del delito juvenil en Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe, que lo que sucede en otras provincias. Vivimos en un país federal con realidades distintas”, reflexionó el juez Morabito.

También remarcó que la nueva ley "no reemplaza a la familia, ni a la escuela, ni a la comunidad, ni a las políticas sociales. El sistema penal interviene cuando el conflicto ya ocurrió. La prevención empieza mucho antes".

A la pregunta de qué pena recibirá un adolescente debería prececería otra: ¿qué hicimos antes para evitar que llegara hasta acá?, opinó el juez.

El hecho se produjo alrededor de las 14, cuando un llamado al 911 alertó sobre una persona herida de arma de fuego en un domicilio de calle 11 de Septiembre al 100.

Al llegar los efectivos, Federico Nicolás Prestipino, de 31 años, relató que al atender la puerta se encontró con Aristimuño, quien le efectuó un disparo que impactó en el muslo de su pierna izquierda y luego lo golpeó en la cabeza con la culata del arma.

El herido fue trasladado al Hospital Eva Perón y se informó que se encuenta fuera de peligro.

El ataque habría tenido como trasfondo un conflicto sentimental. En el interior de la vivienda se encontraba una mujer de 21 años, quien sería la actual pareja de Prestipino y tendría un vínculo previo con Aristimuño.

Después del ataque, “El Rata” Aristimuño escapó en un automóvil gris y poco después personal de la SubDDI local logró localizarlo en la zona de Passo y Río Gallegos, donde lo interceptaron y lo aprehendieron en una vivienda del barrio Albatros XXVII.

Del interior del vehículo se secuestró un revólver calibre 22 largo, municiones y una balanza de precisión.

En el lugar también fue aprehendido Matías Ballesteros, de 43 años, quien llevaba entre sus pertenencias una bolsa de nylon con una sustancia blanca, que será sometida a pericias para determinar si se trata de un estupefaciente.

Además, otra persona de 39 años fue demorada para establecer su identidad.

Un antecedente por narcotráfico

La nueva detención vuelve a poner a Aristimuño en el centro de una investigación policial luego de un antecedente de fuerte repercusión en Punta Alta y la región.

En 2021, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca lo absolvió en una causa por comercialización de drogas, junto con otros dos acusados. La decisión se produjo luego de que los jueces declararan nulo uno de los allanamientos realizados en 2019, operativo que había derivado en su detención.

En aquella investigación, desde la Policía lo habían catalogado como uno de los “más importantes y peligrosos” proveedores de droga de la zona, con presuntas conexiones que se extendían desde Punta Alta hasta Viedma.

Tras la absolución, Aristimuño recuperó la libertad. La Fiscalía había anticipado que recurriría el fallo ante Casación.

Ahora, cinco años después, vuelve a quedar detenido, aunque por una causa diferente. En principio se le imputan abuso de arma, lesiones, una infracción a la Ley 23.737 y al artículo 189 bis del Código Penal.

A la nueva acusación se suma otro dato relevante, ya que al momento de ser detenido, Aristimuño registraba un pedido de captura vigente por robo calificado, correspondiente a una investigación de la UFIJ N°11 del DJBB

La investigación quedó a cargo de la Ayudantía Fiscal de Coronel Rosales.

Fuentes del Ministerio Público indicaron que los procedimientos, solicitados por el fiscal Rodolfo De Lucia y autorizados por el Juzgado de Garantías N° 2, fueron realizados por efectivos del área de Cibercrimen de la Policía Bonaerense en Merlo y González Catán.

Voceros oficiales indicaron que la causa comenzó en mayo pasado, cuando la víctima denunció la maniobra.

Señaló que "venía manteniendo una conversación con una mujer por redes sociales quien le solicitó fotos íntimas, que no envió y luego la bloqueó".

El damnificado describió que posteriormente fue contactado por un sujeto que decía ser comisario y le indicó que había sido denunciado por grooming, ya que supuestamente había mantenido contacto con una menor de edad que sufría discapacidad.

Agregó que ese hombre "le exigió una suma de dinero que transfirió por temor" y para que esa presunta acción penal no prospere..

El denunciante aportó los datos de las cuentas a las que envió la suma de 800 mil pesos, por lo que la fiscalía logró identificar a los titulares de las mismas y sus domicilios.

Los allanamientos se concretaron en Martín Rodríguez al 500 (Merlo) y Federico Báez al 3.100 (González Catán).

Finalmente la fuente refirió que los policías secuestraron teléfonos celulares "que serán peritados en busca de más elementos de interés para la investigación".

Se trata de un plan preventivo planificado por la Jefatura Departamental y la Secretaría de Seguridad Municipal

En Soler 646 aprehendieron a un joven de 23 años con pedido de paradero activo por robo y a una mujer de 40, por presentar un comparendo compulsivo por infracción a la ley de faltas 8.031.

En otro alojamiento ubicado en la vereda de enfrente (al 641 de Soler), en tanto, se demoró a dos jóvenes de 18 y 20 años, sobre quienes pesaban sendas solicitudes de paradero activo por robo y amenazas agravadas, respectivamente.

Y en ese lugar también se detuvo a Patricia Ocaña, de 56 años, sobre quien pesaba un pedido de captura por el delito de estafa.

Ocaña, según fuentes policiales, tiene prontuario delictivo por delitos bajo esa misma modalidad y fue condenada por querer estafar, en una suma millonaria, a un local comercial céntrico.

Desde la comisaría Primera se informó que este tipo de controles continuarán, a fin de llevar tranquilidad a los vecinos de la zona.

El Tribunal en lo Criminal Nº 3 bahiense le impuso la pena al imputado al considerarlo autor de abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal reiterados, en perjuicio de la niña de 10 años.

La causa se inició el 11 de noviembre de 2025, cuando la madre de la víctima sorprendió al acusado de 36 años abusando de la menor en la vivienda que compartían en el barrio Boulevard.

Las agresiones sexuales habrían comenzado en mayo del año pasado y, al parecer, se consumaron también en otro inmueble de esta ciudad.

La Policía detuvo al condenado el 20 de noviembre y desde aquel momento está detenido en la cárcel de Saavedra.

El juez Eduardo d'Empaire, integrante del Criminal 3, dictó el fallo condenatorio de manera unipersonal después del desarrollo del juicio oral.

Además, el magistrado ordenó que el Servicio Penitenciario Bonaerense incorpore al violador a un tratamiento especializado en violencia de género durante su detención.

También dio intervención al Centro de Asistencia a la Víctima, dependiente del Ministerio Público Fiscal, para el seguimiento de los derechos de la niña.

El eje de la acusación sostenida por el fiscal de delitos sexuales, Diego Torres, fue el testimonio de la niña obtenido en cámara Gesell.

Según el tribunal, la versión de los hechos aportada por la menor se mantuvo "invariable" durante el examen médico, la pericia psicológica y su propia declaración.

La perito oficial interviniente determinó que el relato de la pequeña reúne plena credibilidad y la sentencia es congruente con esa conclusión.

"No se infiere la presencia de indicadores de fabulación, entendida como la expresión patológica que surge de la incapacidad de distinguir los sucesos vividos de los imaginados, concluyéndose en un relato que reúne criterios de confiabilidad", indicó la psicóloga.

A ese testimonio se sumó el de la madre de la víctima, que presenció directamente el episodio que derivó en la denuncia, y el examen médico legal, cuyos hallazgos d'Empaire consideró compatibles con abuso reiterado durante meses.

Torres, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 4, había solicitado la pena de 23 años de prisión para el acusado.

La defensora Sofía Nani pidió la absolución del imputado al plantear que el relato de la niña está "viciado", y que la denuncia había sido motivada por el descubrimiento de una infidelidad del causante a la progenitora de la menor.

"Cuando una pareja descubre infidelidad y que lo quiere dejar, ocurre lo que pasó en el presente proceso", dijo la letrada.

Sin embargo, el juzgador rechazó ese planteo por falta de sustento probatorio.

"No se sustenta más que en su propia creencia, porque lo cierto es que no hay prueba científica que se haya producido en el debate al respecto", indicó d'Empaire en su decisorio.

El tribunal valoró como atenuante que el acusado no tiene antecedentes penales.

Como agravantes computó la reiteración de los hechos, su extensión en el tiempo, el daño psicológico causado a la niña y el aprovechamiento de la posición de confianza y cuidado que ejercía sobre ella.

La denuncia, que tramita ante la UFIJ Nº 7, fue radicada el pasado 1 de julio por autoridades del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, distrito X, en la cual se brindó la información necesaria para iniciar las tareas investigativas por el presunto delito de estafa o ejercicio ilegal de la medicina, entre otros.

En ese contexto la fiscal solicitó informes a distintos organismos para determinar si la mujer tenía título de médica y se encontraba inscripta como tal, y los resultaron fueron negativos.

En ese contexto se ordenaron allanamientos en su domicilio particular y en el supuesto consultorio (cercano al hospital Municipal), en los cuales se obtuvieron elementos de interés, entre ellos historias clínicas de pacientes con los tratamientos que recetaba.

Se le tomó declaración a varios de esos pacientes, quienes ratificaron que fueron atendidos por ella, y se obtuvieron recetas con sello y firma, en calidad de médica especialista en endocrinología y nutrición.

También, se secuestraron computadoras, notebooks y teléfonos celulares, que serán peritados en busca de mayores elementos de interés para la investigación, y esos resultados, además, permitirán encuadrar los delitos en los que habría incurrido la mujer con su accionar.

Se trata los oficiales Gustavo Cano, Ángel Díaz, Diego Ibañez, Macarena María, Débora Montes de Oca, Flavia Ramos, Lorena Vázquez y Mailén Vázquez.

Y más allá de la grave sanción administrativa aplicada, se tramita ante la fiscalía de Bahia Blanca una causa penal mediante la cual se investiga a los nombrados. 

El sumario lo inició en 2022 la Auditoría de Asuntos Internos por una denuncia anónima que involucraba a un total de 24 funcionarios policiales, aunque finalmente se comprobaron que 8 de ellos percibían indebidamente el "beneficio por zona desfavorable", con la confección y presentación de declaraciones juradas con domicilios falsos.

Condenan a policía que fijó domicilio falso para cobrar Zona Desfavorable

El "beneficio por zona desfavorable" le corresponde a aquellos uniformados que residen en forma permanente en el territorio de la provincia de Buenos Aires y al sur del río Colorado, debiendo adjuntar declaración jurada donde conste el domicilio de residencia.

Se determinó que estos agentes habrían anotado domicilios en el partido de Carmen de Patagones, aunque no era verdad. De esa manera cobraron un extra en sus haberes (el porcentaje varía según la jerarquía) durante varios años.

Por ese motivo Asuntos Internos decidió cesantearlos, al considerar que cometieron actos que implicaron un modo de corrupción.

La cesantía es una sanción administrativa grave que implica la separación definitiva del efectivo de la fuerza, con la pérdida del empleo y de los derechos inherentes al cargo. 

Mientras tanto, avanza la causa penal bajo el encuadre de fraude en perjuicio de la administración pública.

El sospechoso fue identificado como Franco Joel Quinteros, de 22 años, quien hoy circulaba por Malvinas al 400, a bordo de un Volkswagen Voyage, que tenía colocadas las chapas patentes no correspondientes al rodado, que luego se descubrió que había sido sustraído, el 5 de agosto pasado, en Lomas de Zamora.

Quinteros ya venía siendo investigado porque se lo vinculaba con el hurto de las chapas patentes (mediante el uso de un destornillador eléctrico) de una camioneta Volkswagen Amarok, el 26 de agosto pasado, en Don Bosco al 1.100, propiedad de un hombre de 55 años.

Del operativo participó personal del GTO de la comisaría Quinta, con colaboración del Comando de Patrullas y un aporte clave del Centro Único de Monitoreo (CEUM).

Al ser atrapado hoy, se le secuestró un teléfono celular iPhone y un trozo compacto de marihuana de 525 gramos.

Luego, por orden del fiscal Mauricio del Cero, de la UFIJ Nº 19, se concretó un allanamiento por urgencia en el departamento J, piso 4, del edificio de Saavedra 118, donde reside Quinteros.

Allí fueron incautados ocho trozos compactos y prensados de marihuana, con un peso total de 3,114 kilos, además de 193 gramos de cogollos de marihuana.

También se hallaron 68 gramos de cocaína, dos balanzas digitales y elementos utilizados para el recorte y estiramiento de sustancias, entre ellos bolsas de nylon y creatina.

Además se secuestraron 249.500 pesos en efectivo, una computadora de escritorio, un tótem de autogestión y las dos chapas patentes que habían sido denunciadas como sustraídas de la Amarok.

Todos los elementos fueron trasladados a la sede de la comisaría Quinta, mientras que la causa quedó bajo intervención de las UFIJ Nº 19 y Nº 7 del DJBB.