El operativo se desarrolló en Laudelino Cruz al 1.800 y estuvo a cargo de personal del destacamento Palihue, junto a efectivos de Comisaría Segunda, del GAD, de la Motorizada UPPL, del Comando de Patrullas y de la UTOI.

En ese lugar fue capturado Armando Chamorro Urrutia, de 35 años, quien es considerado como el segundo autor y partícipe del hecho investigado. Durante el procedimiento se secuestraron prendas de vestir que habrían sido utilizadas al momento de cometer el ilícito.

Asimismo, el delincuente quedó vinculado a la sustracción de una bicicleta ocurrida el martes pasado. Se pudo constatar su participación a partir de registros fílmicos permitieron establecer que habría utilizado las mismas prendas posteriormente secuestradas.

En la causa intervienen la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 7 y el Juzgado de Garantías Nº 2.

El siniestro ocurrió cerca de las 18.15 y demandó la intervención de efectivos de la Policía Caminera, personal sanitario y autoridades judiciales. 

Una ambulancia de FeMeChaco llegó al lugar para asistir a los involucrados y, tras evaluar al legislador, los profesionales determinaron que no presentaba lesiones producto del choque.

Por disposición del Equipo Fiscal N° 15, tanto Leiva como el conductor del camión, identificado con las iniciales P. L. B., fueron sometidos a controles de alcoholemia.

Los análisis arrojaron 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre en ambos casos, por lo que la presencia de alcohol quedó descartada como un factor del accidente.

Mientras continúan las pericias para establecer cómo se produjo la colisión, el impacto generó un bloqueo parcial del carril descendente de la ruta nacional 11.

La Policía Caminera desplegó un operativo para ordenar la circulación y garantizar la seguridad en el sector hasta completar las tareas de asistencia, peritaje y retiro de los vehículos. (con información de NA)

El escrito advertía sobre una situación de extrema vulnerabilidad con una frase desgarradora: “Estoy embarazada, ayuda. Solo tengo 10 años, fue mi tío”, acompañada por la ilustración de un rostro con gesto de tristeza.

A pesar de que el mensaje fue suprimido de las paredes por directivas de la cartera educativa provincial —medida que generó cuestionamientos por la pérdida potencial de evidencia material—, la existencia del aviso pudo corroborarse mediante registros fotográficos y testimonios del personal. Al tomar conocimiento, la Dirección del colegio dio aviso inmediato a los tribunales.

Por disposición del fiscal Duilio Ejarque, a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación de Abusos y Violencia Intrafamiliar (UFI ANIVI), efectivos policiales y peritos judiciales se constituyeron en el predio escolar para relevar pruebas, entrevistar a directivos y docentes, y analizar las cámaras de seguridad del circuito cerrado con el propósito de dar con el autor o la víctima del hecho.

En rueda de prensa, la ministra de Educación provincial, Silvia Fuentes, llevó claridad sobre el avance de las averiguaciones y confirmó que la niña involucrada ya fue localizada. La funcionaria destacó el trabajo de los gabinetes técnicos zonales y ponderó la actuación de la fiscalía especializada como un soporte fundamental para los docentes ante problemáticas que exceden el ámbito pedagógico.

Asimismo, Fuentes indicó que equipos interdisciplinarios continúan interviniendo en la institución para brindar asistencia y contención tanto al alumnado como al entorno directo de la menor afectada, en el marco de los protocolos de detección temprana de delitos intrafamiliares. (con información de NA)

Ese tecnicismo, que es una especie de privilegio de actuar sin asumir ninguna responsabilidad legal, bien podría aplicarse a quienes piensan que por estar inscriptos en el Registro del Programa de Cannabis tienen indemnidad con el manejo de la droga.

En el Reprocann figuran las personas que están habilitadas para un cultivo controlado del cannabis, con fines medicinales, terapéutico y/o paliativo del dolor.

El bahiense Aníbal Alexis González es uno de ellos, aunque igualmente recibió una condena por tenencia de estupefacientes (había indicios de venta pero no alcanzaron para formar convicción), en los términos de la ley 23.737.

El Tribunal Federal de Juicio de nuestra ciudad, en juicio abreviado, le impuso 3 años de prisión de ejecución condicional, es decir que no irá a la cárcel salvo que incumpla distintas reglas de conducta

"En Bahía y la zona, el 90 % de los que venden marihuana tiene Reprocann"

Durante un allanamiento en su vivienda de la primera cuadra de la calle Gutiérrez, se secuestraron casi 4 kilos de cannabis sativa en frascos, cajas y otros recipientes. 

Más allá del acuerdo previo, la defensa de González, a cargo del abogado Joaquín Maldonado Santi, igualmente apeló la resolución judicial.

"Menor culpabilidad"

Entre los argumentos que presentó ante la Cámara Federal de Casación Penal figuran que González tenía autorización estatal para el cultivo controlado y transporte de cannabis, expedido por el Reprocann, circunstancia que, a su criterio, "revela una menor culpabilidad subjetiva".

Sin embargo, el juez Guillermo Yacobucci, de la Sala II del cuerpo judicial porteño, rechazó el recurso.

En principio aclaró el juez que el registro estaba vencido al momento del procedimiento, ya que el mismo caducaba el 28 de marzo de 2024 y el allanamiento se dio el 8 de mayo del mismo año.

Pero aún en caso de haber estado vigente, "dicho permiso legal no tiene la virtualidad de justificar -en tanto 'ejercicio legítimo de un derecho'- cualquier conducta típica vinculada a la tenencia de estupefacientes", explicó Yacobucci. 

"En efecto, dada su finalidad medicinal, esta concreta causa de justificación solo puede ser razonablemente aplicada al tipo de tenencia de estupefacientes para consumo personal", agregó.

Incluso remarcó que la "considerable cantidad" de marihuana incautada en su casa "es un indicador suficiente" para excluir la aplicación de dicha figura.

Más de 5 mil cigarrillos

La pericia química determinó un material suficiente para preparar 5.144 cigarrillos.

El juez detalló que en la vivienda se secuestraron 3.857,98 gramos de marihuana en distintas habitaciones y más de 260 cigarrillos semicombustionados de la misma droga, distintos frascos y una balanza de precisión.

Destacó, a su vez, el análisis del contenido del teléfono celular de González, de donde surgen indicios directos relacionados con la actividad de siembra, cultivo y consumo de marihuana.

Se explicó que algunos mensajes, incluso, dan cuenta de la posible existencia de comercialización de drogas, aunque para la acusación no se sumaron elementos de prueba suficientes para agravar la calificación legal.

"En definitiva, ante tamaña cantidad, luce acertado el encuadre típico escogido por el Ministerio Público Fiscal en la figura de tenencia simple y, con ello, también se ha de descartar la eventual justificación de la conducta al amparo del permiso otorgado por el Reprocann", remarcó Yacobucci.

Por otra parte, la Sala II de Casación tuvo en cuenta que el acuerdo de juicio abreviado "fue ratificado libre y voluntariamente" por el acusado y que existen fallos de la Corte que marcan que "nadie puede ponerse en contradicción con sus porpios actos, ejerciendo una conducta incompabitle con otra anterior, deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz".

Programa vital para los pacientes

Registro. El Registro del Programa Cannabis identifica al imputado, con sus datos de identidad y domicilio, como paciente autorizado para el cultivo controlado y transporte de la sustancia estupefaciente. 

Alcance. La autorización estatal se extendía a la tenencia de 9 plantas florecidas y al transporte de hasta 40 gramos de flores o seis frascos de 30 ml. 

Exceso. La autoridad judicial remarcó que, más allá de establecerse que el permiso estaba vencido, la cantidad de droga secuestrada alcanzaba para 5.144 cigarrillos de marihuana.

Prescripción. Pueden incorporarse al Reprocann quienes cuenten con indicación médica y consentimiento informado y declaración jurada correspondiente. 

Pacientes. Los interesados son quienes inician el trámite en el aplicativo web y el profesional de salud prescriptor debe adjuntar la declaración jurada y el consentimiento informado (ambos documentos en formato PDF) y vincular al paciente, tercero u ONG con el cultivo.

Antes de que la Justicia bahiense lo procesara con prisión preventiva, Rojas había recibido el beneficio del arresto domiciliario y tenía previsto instalarse en la vivienda de un tío en Bahía Blanca, para continuar con su emprendimiento de lavadero de autos, pero esa medida finalmente no prosperó.

El Juzgado de Garantías Nº 3 había convertido en preventiva la detención del presunto abusador, apodado "Cayu", y esa resolución fue confirmada posteriormente por la Sala II de la Cámara Penal. 

A raíz de ese revés judicial para el imputado, Sebastián Cuevas, su abogado defensor, llevó el caso al Tribunal de Casación Penal bonaerense, pero el recurso fue rechazado.

Por eso la defensa insistió con un "recurso de queja", el paso siguiente para lograr que el tribunal tratara el planteo.

Casación desestimó la queja por unanimidad, aunque está pendiente la reserva del caso federal, un trámite que preserva la posibilidad de recurrir en el futuro ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Los planteos de Cuevas se centraron en que no hay pruebas suficientes para sostener la calificación de abuso sexual gravemente ultrajante y que correspondería recaratularla como "abuso sexual simple", al considerar que los hechos fueron descriptos de manera "imprecisa".

Sobre la prisión preventiva que cumple su cliente, el defensor particular sostuvo que mantener detenido a Rojas viola el principio de inocencia, porque la medida se apoya solo en la pena en expectativa y en sus antecedentes, sin acreditar un riesgo concreto de fuga o de entorpecimiento de la investigación.

Con estos argumentos, Cuevas solicitó la libertad de Rojas, pedido respecto de que el fiscal adjunto ante la Casación, Fernando Galán, se había pronunciado en contra.

A Rojas se le atribuyen cuatro hechos de abuso sexual simple y uno de abuso sexual gravemente ultrajante, en concurso real de delitos.

La pena en expectativa de los delitos que la fiscalía le imputa al exedil justicialista, oscila entre los 4 y 26 años de prisión.

Las supuestas agresiones a las menores de edad tomaron estado público el año pasado, aunque las conductas que se le endilgan a Rojas (básicamente tocamientos, excepto un hecho de mayor gravedad) se habrían producido entre diciembre de 2021 y mediados de 2025, tanto en su vivienda como en su vehículo, en perjuicio de niñas de entre 8 y 12 años.

Los abusos, al parecer, se cometieron en la localidad de Saldungaray, ubicada en el distrito de Tornquist, de donde son oriundos tanto el procesado como las supuestas víctimas.

En su defensa, el exintegrante del Concejo Deliberante tornquistense manifestó que, de haber existido tocamientos impúdicos a las niñas, no tuvieron una connotación sexual sino que fueron "muestras de cariño", ya que se trataba de menores pertenecientes a familias que él conoce.

Los peritajes descartaron que las madres de las damnificadas indujeran a sus hijas a denunciar a Rojas.

En vinculación con algunas de las situaciones abusivas por las que se lo acusa, Rojas además hizo referencia a un supuesto complot de índole político en su contra.

Los jueces de la Sala V del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, Manuel Alberto Bouchoux y Ricardo Ramón Maidana, ni siquiera llegaron a revisar si la medida privativa de libertad contra Rojas estaba bien fundada.

Los magistrados rechazaron el planteo defensista como consecuencia de una razón procesal previa.

En este sentido, Bouchoux y Maidana fundamentaron que cuando una Cámara confirma una prisión preventiva ya dictada en primera instancia, esa resolución no es "definitiva" en los términos que exige el Código Procesal Penal bonaerense para ser analizada por Casación.

El caso es distinto, aclararon, cuando es la Cámara la que revoca lo resuelto en primera instancia y ordena por primera vez la prisión preventiva.

Bajo esas circunstancias sí correspondería que Casación intervenga para garantizar al imputado una segunda revisión judicial, conocida como "doble conforme".

Pero no fue lo que pasó en este caso, en el cual la Cámara solo ratificó una medida que ya existía.

Por lo tanto el resultado es que el Tribunal denegó la queja por unanimidad.

Postergación. El juicio oral estaba previsto entre el lunes 28 y el miércoles 30 de este mes, pero se postergó por inconvenientes de agenda del fiscal de delitos sexuales, Marcelo Romero Jardín, a cargo de la investigación.

Agenda. Como Romero Jardín ya tenía otros dos debates correspondientes al fuero Correccional agendados justo en esas fechas, esa superposición hizo imposible sostener el juicio de Rojas, tal como estaba programado para fines de este mes.

Diciembre. Al reordenar, se tuvo en cuenta la disponibilidad de las partes, de la sala de debates y, sobre todo, que Rojas sigue privado de su libertad, lo que exige no demorar el juicio más de lo necesario. Con este criterio se fijó como fechas más próximas posibles el 14, 15 y 16 de diciembre. El debate será dirigido por el Tribunal en lo Criminal Nº 1 bahiense.

Letrado. El abogado Valentín Fernández patrocina a las mamás de las niñas.

Tras un llamado al 911, personal del Comando de Patrullas y UPPL pudo arrestar a Ortega quien, según testigos, al observar la presencia de Britos le habría dicho "te encontré" antes de efectuarle los disparos, para luego darse a la fuga a pie.

El acusado fue finalmente interceptado en Paunero y Estados Unidos, a unas 10 cuadras del lugar del hecho, y ahora se encuentra a disposición de la UFIJ 5 bajo la carátula de homicidio en grado de tentativa.

Britos presenta heridas en un brazo y omóplato, por lo cual debió ser intervenido quirúrgicamente. No se informó si corre riesgo de vida.

El juez del Tribunal en lo Criminal N° 1, Hugo Adrián De Rosa, le impuso a Jonatan Abel Briones la pena de tres años y un mes de prisión.

En el marco de un juicio abreviado lo halló culpable de los delitos de robo agravada por escalamiento y robo.

Para el magistrado quedó probado que el 25 de enero pasado, poco antes de las 20, el acusado escaló un paredón de unos 2 metros de altura, dobló una malla de alambre e ingresó a una propiedad ubicada en Belgrano al 700 de aquella ciudad.

Para acceder violentó una puerta balcón y posteriormente la abertura de una habitación, para finalmente apoderarse de un colgante y unos 50 mil pesos en efectivo.

La víctima declaró que estaba de vacaciones en Monte Hermoso y recibió un alerta del sistema de seguridad de su domicilio, en el que las cámaras de seguridad mostraban la presencia de un desconocido en la propiedad.

Familiares de la mujer se dirigieron al sitio y confirmaron lo ocurrido, por lo que realizaron la denuncia policial y aportaron las filmaciones.

Uno de los policías que intervino en la investigación reconoció a Briones en las imágenes, por lo que solicitaron un allanamiento para la vivienda del sospechoso.

Durante la requisa los uniformados hallaron el colgante robado y secuestraron prendas de vestir similares a las que tenía colocadas el sujeto que fue grabado por las cámaras.

En tanto, un conocido del procesado, quien se enteró de su detención por los medios de comunicación, se presentó ante la policía y entregó una gorra y una remera que el sujeto había dejado en su casa un día después del hecho investigado.

También sostuvo que el imputado llevó cervezas que poco antes había sustraído de un domicilio situado en Vicente López al 700.

Por todos estos elementos el juez De Rosa halló probada la responsabilidad del imputado.

Historial

Al momento de imponer la sanción, y tal como acordaron la fiscalía y la defensa, se valoraron sus antecedentes penales.

Según se indicó en la sentencia, el informe del Registro Nacional de Reincidencia destacó “la existencia de cinco sentencias condenatorias anteriores”.

Por ejemplo, el 23 de diciembre de 2024 recibió una pena única de 3 años y 11 meses, comprensiva de dos condenas por robo con escalamiento y hurto dictadas por el Tribunal en lo Criminal N° 3 y el Juzgado Correccional N° 3.

Finalmente, teniendo en cuenta estas circunstancias, el magistrado bahiense determinó una nueva declaración de reincidencia del sujeto.

Los voceros señalaron que los efectivos interceptaron un rodado Citroen C4, conducido por Ismael Nicolás Tello (39), quien estaba acompañado por Luxas Ezequiel Venegas (28).

Los efectivos registraron la unidad y hallaron en el baúl un maletín con herramientas y un juego de tubos que fueron reconocidos por el propietario de una vivienda ubicada en La Falda al 300, donde el jueves pasado ingresaron ladrones y sustrajeron varios elementos.

En tanto, mencionaron que en poder de Tello -quien arrojó resultado positivo en el control de alcoholemia que le realizaron los inspectores municipales incautaron- 17,4 gramos de cocaína.

Desde la seccional Segunda indicaron que Venegas quedó imputado por el robo ocurrido en la vivienda.

Refirieron que fue identificado a partir de las cámaras de seguridad y que llevaba colocadas las mismas prendas utilizadas al momento del hecho.

Por el caso se le dio intervención a las UFIJ N° 7 y 19.

Sin embargo, hubo una familia "visionaria" que llegó un verano y se enamoró del paisaje agreste y el mar: los Melvin.

Procedentes de Longchamps, al sur del conurbano, Eduardo; su mujer, Patricia y los hijos del matrimonio encontraron su "lugar en el mundo". 

Luego de tomar contacto con Lucila Helena Puleston -tradicional apellido de los primeros pobladores británicos y que hoy lo rememora una calle del Sauce- convinieron ocupar una fracción de un gran terreno sobre la avenida Costanera, entre las calles Bristol y Punta Iglesias.

El acuerdo les permitía instalarse en una parcela y cuidar otras dos, de un total de 12.500 metros cuadrados de superficie.

Los primeros veranos llegaron en carpas, que colocaban debajo de un monte frondoso y al fondo de un viejo convento en ruinas, que hasta ese fecha había ocupado un enigmático señor de origen germano, a quien todos conocían como Don Andrés.

De manera pacífica, pública e ininterrumpida, los Melvin intervinieron el predio. Sin tocar el templo arrumbado, porque consideraban que tenía valor histórico, construyeron una vivienda, instalaron distintos servicios y comenzaron a viajar no solo en la temporada estival sino también en otoños, inviernos y primaveras. 

Cercaron el terreno y plantaron más de 150 especies, entre pinos, eucaliptus y causarinas. 

Y hasta colocaron un cartel en la tranquera de acceso: "Melvinlandia". 

A esa altura ya pasaban casi el mismo tiempo del año en Monte Hermoso que en su hogar de origen.

A la par de levantar ladrillos avanzaron con la parte administrativa. Entre 1998 y 2000 presentaron planos en el municipio de Monte Hermoso (confeccionados por el agrimensor José Luis Bonzini), pero los mismos se extraviaron y en 2018 volvieron a mensurar las tierras, en ese caso con el agrimensor Julián Rodríguez.

Y recién el 25 de septiembre de 2020, el matrimonio, asesorado por la abogada María Alicia Jalle, buscó otro paso decisivo para la posesión definitiva: inició una demanda por prescripción adquisitiva (usucapión).

Sin embargo, contaron con la sorpresiva oposición del Arzobispado de Bahía Blanca. El 24 de junio de 2022, el abogado Gustavo Fabián Rosso contestó la demanda y negó la autenticidad de la documentación acompañada por los Melvin.

La Arquidiócesis aseguró ser titular del dominio y adjuntó sus papeles. Detallaron que el 8 de noviembre de 1949, mediante escritura, los señores Puleston Rae vendieron a la Congregación de la Santa Cruz y Pasión de Nuestro Señor Jesucristo dos fracciones de campo, entre las que se encuentra la B (terreno objeto de la presente causa), con una superficie total de 240x52 metros. 

En 1997 esa asociación pasó a funcionar como Instituto de Vida Consagrada Congregación de la Santa Cruz y Pasión de Nuestro Señor Jesucristo (Hermanas Pasionistas), quien el 5 de enero de 2007 concretó una oferta irrevocable de donación a favor de la Arquidiócesis. 

El 6 de abril de 2018, el Instituto de Vida Consagrada declaró plena vigencia de la oferta de donación referida y el 12 de junio de 2020, por escritura, el Arzobispado de Bahía Blanca aceptó la donación de la Fracción B, inscripta en la Matrícula 8414 del Partido de Monte Hermoso.

A fin de dirimir el litigio a la vista, el Juzgado de Paz de Monte Hermoso dio apertura de una causa el 31 de mayo de 2023.

Evaluó que los Melvin acompañaron el plano aprobado por la Dirección de Geodesia y el informe de dominio expedido por el Registro de la Propiedad Inmueble, ambos de la provincia de Buenos Aires.

También analizó distintas pericias que dieron cuenta del origen y el tipo de las construcciones y la forestación y hasta se hizo una inspección ocular, con reconocimiento judicial, el 9 de noviembre de 2023.

Al menos cinco testigos declararon a favor de los vecinos de Longchamps, como un jubilado que para 1983 trabajaba en la Cooperativa Telefónica de Monte Hermoso, quien confirmó que comenzaron a ejercer la posesión de las tierras entre 1977 y 1978 o el policía que estaba a cargo del destacamento de Sauce Grande, quien también conocía a la familia y dio cuenta de los avances en el predio.

Lo mismo dijeron algunos comerciantes del sector.

A favor del Arzobispado, en tanto, testimoniaron otras cinco personas, como un exasesor letrado del municipio de Monte Hermoso que intervino como abogado de un párroco, para denunciar penalmente a los Melvin, y el presbítero Walter Paris, de la parroquia Stella Maris, quien también aseguró que las tierras pertenecían a la organización eclesiástica.

A fines del año pasado, el juez de paz Sergio Omar García le dio la razón a la familia Melvin, al considerar que ejercieron la posesión de las tierras "en forma pacífica y sin oposición" y que "siempre se comportaron como verdaderos dueños".

Destacó no solo la prueba pericial y testimonial sino también la documental, con pago de impuestos inmobiliarios, servicios de telefonía y eléctrico, que dan cuenta de la periodicidad de su erogación durante el plazo de prescripción adquisitiva.

La usucapión es un modo de adquisición por el cual el poseedor de una cosa inmueble adquiere la propiedad de ella por la continuación de la posesión durante 20 años, sin interesar la existencia de título ni de buena fe.

"La valoración de elementos obrantes en la causa me permiten sostener que los actores han logrado acreditar la posesión, que totaliza más de 20 años respecto del inmueble de autos, mediante la debida demostración de los actos posesorios, en forma pública, pacífica e ininterrumpida", sentenció García.

Segunda instancia

Por la oposición religiosa, el caso llegó a la Cámara en lo Civil y Comercial y en los últimos días la Sala II ratificó el fallo.

Los jueces Federico Mercado y Leopoldo Peralta Mariscal entendieron correcta la postura del juez de paz que dio por acreditada la relación de los Melvin de poder sin título previo que los vinculara con los dueños.

"Está verificado desde el inicio el ejercicio de actos posesorios continuos, públicos y notorios que se extendieron durante más de cuatro décadas, conclusión que no descansa en presunciones dogmáticas sino en la prueba rendida, analizada bajo el prisma de la sana critica y de la exigencia de prueba compuesta", remarcaron.

Dijeron que el Arzobispado construye su argumento sobre la premisa que la familia ingresó al predio con el permiso de "Don Andrés", como si fuera titular del bien, "pero eso no es lo que surge de la demanda". 

"Lo que relataron es que comenzaron a acampar en un predio abandonado en ruinas donde ese señor vivía, pero no dijeron que mediara autorización alguna ni mencionaron relaciones de ninguna especie con los titulares registrales. En palabras de los accionantes, en un primer momento acampaban 'al fondo de un viejo convento, abandonado en ruinas, por esa fecha habitado por un señor de origen germano, que decía llamarse 'Don Andrés'", aclararon.

Sin embargo, explicaron que la presencia de "Don Andrés" no es más que "un dato anecdótico" por no estar acreditada una relación con los lotes.

"En síntesis, el agravio no identifica una falla en el método de ponderación del juez de grado anterior, sino que propone reemplazar la valoración conjunta y razonada de la prueba por una lectura fragmentaria y unilateral de ciertos pasajes", concluyó la Cámara en lo Civil y Comercial.

El acusado fue identificado como Julián Moreno, quien quedó imputado por el delito de hurto en grado de tentativa.

Según se informó desde la Comisaría Primera, el episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento, cuyas imágenes fueron incorporadas a la investigación.

La Policía señaló además que no sería la primera vez que Moreno estaría involucrado en un hecho de similares características en ese supermercado, por lo que ahora se procura establecer si tuvo participación en otros ilícitos cometidos en el lugar.

El detenido cuenta, además, con antecedentes policiales y penales por delitos contra la propiedad y hechos cometidos a mano armada, de acuerdo con lo informado oficialmente.

Larriaga está considerado uno de los máximos proveedores de drogas de nuestra ciudad. No de ahora, sino de hace más de 20 años. 

En 2018 se decía que el 70% de la cocaína que se consumía en Bahía venía de Mar del Plata y que gran parte la traía él, porque tenía domicilio en esa ciudad, pese a ser bahiense de nacimiento.

Ostentación, vehículos importados, noche y cada tanto un tiempo en prisión. Un perfil que se repite. Al igual que los nombres.

¿Por qué casi siempre son los mismos “proveedores”? ¿Por qué no se los puede sacar definitivamente de circulación?

La principal respuesta está en la alta rentabilidad: por cada kilo que trasladaban sacaban dos.

De hecho, algunos le han cuestionado a Larriaga la “mala calidad del producto” y durante una investigación se estableció que lo estiraban con levamisol, un antiparasitario para bovinos que es altamente tóxico en humanos.

Los proveedores siguen porque también encuentran flexibilidad en la ley, que les otorga beneficios excarcelatorios en medio de los procesos o, ya condenados, antes de cumplir una sentencia.

Y muchas veces cuentan con la protección de algunos infieles policías, como también se estableció en más de un expediente.

Larriaga, con último domicilio conocido en Laprida al 5000 de Mar del Plata, era denominado en la jerga delictiva como “el hombre de las dos mujeres”: tenía a su pareja formal en Mar del Plata, Mariana Loustaunau, y a su presunta amante en Bahía, Patricia Weinzettel, quien también fue recapturada hoy.

Aseguran que las dos formaban parte de su “negocio”.

Se estima que al menos desde fines de los '90 trafica regularmente cocaína desde “La Feliz”. Al menos en esa época lo acompañaba un expolicía, como es frecuente en estos casos.

En diciembre de 1999 lo condenaron a 6 años por el tráfico de drogas. 

Y en marzo de 2017 recibió 12 años, por el resultado del operativo registrado en un departamento de Soler al 100, cuando la policía de Río Negro -que lo venía investigando al mismo tiempo que efectivos locales de la Prefectura- lo sorprendió con unos 7 kilos de cocaína, divididos entre el inmueble y su auto importado.

Un año después, ya preso, lo volvieron a condenar (a 5 años) por otro hecho registrado en Bahía durante 2014, pero que se juzgó ante el tribunal de General Roca, a cargo la jurisdicción de Viedma.

¿Qué le imputaron? haberle vendido 120,03 gramos de cocaína a Valeria Rancitelli, a quien había mandado hasta Bahía Sergio Víctor Bartolo, sindicado como dealer de Larriaga en la capital rionegrina. De esa cantidad se pueden obtener hasta 1.536 dosis intranasales.

Los investigadores no solo lo relacionan con Bahía y Viedma, sino con todo el corredor desde Mar del Plata. 

Tiene “paradas” comprobadas en Patagones, Dorrego, Tres Arroyos y Necochea, donde en 2010 se le secuestraron más de 6,3 kilos de la pasta blanca que después “desapareció” del Juzgado Federal, siendo cesanteado por el hecho el secretario penal César Lisa, de anterior paso por la justicia provincial de Bahía Blanca.

Para el fiscal federal de Viedma, Marcos Escandell, Larriaga es un proveedor habitual de drogas de Bahía Blanca y la capital de Río Negro. “Es un viejo conocido”, dijo.

“Este tipo de personas, en general, no salen del circuito, aún estando dentro de la cárcel”, explicó.

Los nombres también son recurrentes en Viedma. A Bartolo, a quien se condenó junto con Larriaga en Roca, se lo declaró reincidente. 

El fiscal -encargado de todas las investigaciones complejas por drogas en Viedma- destacó que Larriaga habitualmente se movilizaba “en vehículos de alta gama” y que, como pasa en estos casos, “no se le conocía actividad legal”.

En las terceras y cuartas capas -para la atención directa del menudeo- se abre el abanico. Son más los nombres y van mutando con mayor intensidad. Y suelen ser, incluso, los que caen con mayor frecuencia.

Los procedimientos fueron requeridos por la Unidad Fiscal Federal de nuestra ciudad y llevados adelante por personal de la Prefectura Naval Argentina.

Fuentes judiciales indicaron que 5 operativos se desarrollaron en Bahía Blanca, entre ellos uno en Mendoza al 1.400 y otro en la zona de Villa Bordeu.

En tanto, la requisa restante se realizó en la localidad de Pedro Luro.

Los voceros mencionaron que resultaron detenidos Mauricio Gastón Larriaga y Patricia Weinzettel.

El primero de ellos fue considerado uno de los máximos proveedores de drogas de nuestra ciudad y registra varias condenas por este delito.

La mujer, en tanto, es pareja de Larriaga y también fue sentenciada en 2017.

Por otra parte, no trascendieron las identidades de las otras dos personas arrestadas.

Indicaron que durante los allanamientos se produjo el secuestro de cocaína, elementos de corte, armas, joyas, dinero en efectivo, teléfonos celulares e inhibidores de alarma, entre otras cosas.

Los uniformados también incautaron casi una decena de vehículos, los cuales fueron trasladados hacia dependencias oficiales con la colaboración del titular de la Agencia de Seguridad, Emergencia y Respuesta Inmediata, Martín Pacheco, y personal del área de Tránsito de la municipalidad bahiense.

Finalmente explicaron que la investigación se puso en marcha hace algunos meses y la presunta organización estaría vinculada a la venta de estupefacientes en nuestro medio.

De perfil mediático, el letrado que se encarga de asesorar a distintas figuras del espectáculo ya realizó su presentación de manera formal, según confirmaron fuentes judiciales. 

Castillo apoyará a su colega Yamila Segovia, hermana de la chica que fue abusada por Del Valle cuando tenía 11 años.

El hombre actualmente está detenido en la cárcel de Saavedra por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, ya que a lo largo de los más de 15 años que estuvo prófugo por el otro caso no afrontó sus obligaciones frente a cuatro hijos, entre ellos el pequeño que nació producto de la violación

Dos jueces de Garantías (Claudia Olivera y Guillermo Mércuri) coincidieron en que, más allá de sus posiciones personales, la causa por el delito sexual está prescripta.

Sin embargo, la querella apeló y ahora la decisión está en manos de la Sala I de la Cámara Penal de nuestra ciudad.

Apelarán a una herramienta jurídica

La propia Cinthia Fernández, a través de su cuenta de Instagram, hizo una secuencia de videos sobre el desarrollo del caso y remarcó que el objetivo de su pareja es "agotar las herramientas legales para intentar revertir esta situación y que el caso quede impune".

La influencer, que a su vez es estudiante de Derecho, explicó que a su criterio existe una herramienta jurídica que todavía no se utilizó.

"No estamos pidiendo que se viole una ley. La prescripción puede interrumpirse con otro delito y hoy está involucrado por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. Buscamos un pedido de prórroga de la prescripción, que se condene a Del Valle por este nuevo delito y que tenga efecto interruptivo sobre la prescripción", sostuvo.

También pedirán que los camaristas, antes de tomar una decisión, escuchen a la víctima del delito.

Fernández dijo que pese a tener con Castillo una importante carga horaria y de responsabilidades van a tratar de que "este hijo de su madre no quede libre".

El juzgado de Familia Nº 3 y la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial bahienses habían rechazado las solicitudes de la presunta víctima, que denunció violencia física y psicológica por parte de su progenitor.

Ambos tribunales entendieron que no había "peligro en la demora" de la exclusión del denunciado porque la denunciante se había retirado del domicilio meses antes.

También fundamentaron sus denegatorias en que el informe técnico elaborado por la perito no resultaba convincente por haberse basado únicamente en la entrevista con la denunciante, "sin control de la contraparte".

Después de que la denunciante apelara la sentencia de la Cámara e impulsara otras etapas recursivas, la causa llegó a la Corte provincial que, en un fallo unánime, hizo lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la actora.

Además, el máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires dejó sin efecto el decisorio de la Sala II de la Cámara de Apelación local y, en el marco de la Ley Micaela, ordenó capacitación en género "obligatoria y permanente" para el personal judicial interviniente.

Los jueces de la Corte hicieron hincapié en que los tribunales inferiores mencionados usaron en contra de la denunciante el hecho de haberse ido de su casa, pese a que la Ley de violencia familiar (12.569) -indicaron- prevé lo opuesto.

El voto de la jueza Hilda Kogan, al que adhirieron los jueces Daniel Soria, Sergio Torres y María Florencia Budiño, desglosó punto por punto ese argumento.

La Corte concluyó que el análisis de las instancias anteriores revictimiza a la mujer y que los fundamentos superficiales de la Cámara operaron "en favor del presunto victimario".

El artículo 7, inciso "d", de la ley 12.569 habilita a quien debió "salir del domicilio por razones de seguridad personal" a pedir su reintegro, con la exclusión del agresor.

En su voto, Soria fue contundente al opinar que la norma establece lo opuesto a lo afirmado por la Cámara bahiense.

La Suprema Corte también rechazó que la falta de "bilateralidad" invalidara el informe pericial, al recordar que en los procesos de protección contra la violencia familiar las medidas son "cautelares e inaudita parte", y que ese tipo de "informes de riesgo" se elaboran justamente a partir de la entrevista con la víctima.

Cuestionar el informe por ese motivo, señaló la Corte, refleja "la carencia de la perspectiva de género que se propicia".

De acuerdo con Kogan, Soria, Torres y Budiño, a raíz de la falta de elementos de convicción los jueces de grado deberían haber actuado de oficio (como exige el artículo 8 bis de la ley 12.569) para profundizar la investigación, en vez de denegar el pedido y derivar a la mujer a "otras vías procesales", como un juicio de desalojo.

En base a jurisprudencia citada en el fallo, la Corte remarcó que juzgar con perspectiva de género "es una exigencia de orden público", y que la ineficacia judicial frente a casos de violencia "propicia un ambiente de impunidad".

También resaltó la situación de los tres hijos menores de la denunciante como sujetos de "tutela sustancial diferenciada", quienes convivían con el presunto agresor.

Producto de una aparente escalada de violencia en ese domicilio, la mujer abandonó el lugar junto con sus hijos y se instaló en la vivienda de su madre en condiciones de "hacinamiento".

Mientras tanto le reclamaba a la justicia que excluyera a su padre del inmueble, supuestamente propiedad de ella, para poder regresar a su hogar.

Durante el procedimiento, llevado adelante por personal de la Comisaría Primera, se realizó un allanamiento en un domicilio de calle México al 800, donde se detuvo a Carla Romina Dangelo, acusada del delito de hurto.

La investigación se inició a partir de la denuncia presentada por la conductora, quien manifestó que una pasajera le había sustraído una riñonera en la que llevaba documentación personal y distintas tarjetas.

 Según la información policial, la situación se agravó cuando los investigadores determinaron que, además del robo, la acusada habría utilizado una de las tarjetas para concretar compras por montos millonarios.

En el lugar, los efectivos no solo procedieron a la aprehensión de Dangelo, sino que también lograron secuestrar la totalidad de los elementos que habían sido denunciados como sustraídos.

La mujer quedó a disposición de la Fiscalía N° 7 del DJBB.

Se trata de Mauricio Mardones, de 34 años, quien, según informaron desde la Comisaría Segunda, había robado 220.500 pesos en efectivo pertenecientes a una docente de 50 años.

El hecho ocurrió en el establecimiento situado en Passo 1441.

Tras cometer el ilícito, Mardones intentó escapar y fue captado por las cámaras del Centro Único de Monitoreo (CEUM) cuando abordó un colectivo de la línea 503, interno 38.

A partir del seguimiento realizado mediante el sistema de monitoreo se lo pudo interceptar, alrededor de las 16:30, en Paunero al 200.

Se secuestraron prendas de vestir y el dinero sustraído, que posteriormente fue restituido a la damnificada, y quedó a disposición de la UFIJ Nº 15 del DJBB.

La diligencia se desarrolla en la delegación local de la Policía Federal Argentina, en Rondeau 139, donde se presentaron los profesionales de la salud investigados.

En la sede policial también se hicieron presentes testigos para validar la apertura de los dispositivos incautados a fines del mes pasado, según confirmó una fuente oficial.

Posteriormente se prevé que los peritos de la Policía Federal realicen la visualización o el análisis de los teléfonos celulares y la notebook pertenecientes a los sospechosos.

La finalidad es intentar encontrar información que los vincule con la desaparición del fármaco.

Efectivos de la Federal habían secuestrado los aparatos durante requisas hechas en los domicilios particulares y las taquillas de los involucrados en el sanatorio comunal.

La causa está a cargo del fiscal de drogas, Mauricio del Cero, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 19.

Del Cero indicó que en el marco de la investigación surgieron tres hipótesis, pero que una tiene más fuerza que otra: un posible conflicto interno por la distribución de horas extras en el área de Anestesiología.

A principios de abril, las autoridades del hospital habían denunciado la desaparición de 25 ampollas del potente anestésico.

Días después personal del establecimiento sanitario halló las ampollas vacías en el mismo sector de donde habían sido supuestamente sustraídas.

Se trata de una sala cercana al quirófano, cuyo acceso no está absolutamente restringido pero tampoco es público.

También se confirmó que esos envases corresponden al mismo lote que los desaparecidos.

Se trata de Axel Emanuel Santa Cruz, quien era asistido en el Hospital Penna por las lesiones tipo AB que padeció en un 5% de su superficie corporal, localizadas en el cuello y el rostro.

Por el caso permanecen detenidos Joaquín San Martín Araujo (29) y Roberto Alejandro Maiques (20), quienes están imputados de homicidio en grado de tentativa y se encuentran a disposición del fiscal Jorge Viego.

Al momento de ser indagados ambos decidieron hacer uso de su derecho y se negaron a declarar.

El hecho se produjo el sábado pasado, alrededor de la 1.30, en un inmueble ubicado en Cabo Farina y Segunda Ángel Brunel.

Según la imputación del Ministerio Público, los sujetos arrojaron dos bombas molotov al interior de la casa que no explotaron.

Posteriormente rociaron con combustible la puerta de ingreso y también a la víctima.

En esas circunstancias habrían lanzado otro explosivo de las mismas características contra la abertura del domicilio, provocando que el fuego alcanzara a Santa Cruz y le provocara las quemaduras.

La recepción de testimonios de personas que acompañaban al damnificado esa madrugada fue clave para esclarecer el delito y lograr la captura de los sospechosos, ambos con antecedentes por delitos contra la propiedad y tenencia de drogas.

La principal hipótesis que manejan los investigadores es que el hecho tendría relación con una deuda por drogas. 

Los voceros señalaron que el procedimiento, solicitado por el fiscal Mauricio Del Cero, a cargo de la UFIJ Nº 19, y autorizado por el Juzgado de Garantías Nº 3, se desarrolló en Pablo Lejarraga al 2.100.

Los efectivos de la DDI local incautaron en el sitio cocaína, marihuana, recortes de nylon, una balanza de precisión y teléfonos celulares.

En el sitio, según se indicó, aprehendieron a Juana Cristina Montenegro.

Mencionaron que la causa comenzó a ser investigada el pasado 13 de agosto a partir de una denuncia anónima en la que se mencionaba que en ese lugar un grupo de personas se dedicaba al comercio de drogas.

Los uniformados realizaron tareas de vigilancia encubierta y reunieron elementos para solicitar el procedimiento llevado adelante hoy.

Finalmente refirieron que Montenegro será indagada en las próximas horas en la sede del Ministerio Público.

Justamente esa situación fue la que delató a los autores de un robo cometido en una vivienda deshabitada de aquella ciudad, y que permitió la rápida aprehensión de los delincuentes.

Los aprehendidos son Marcos Nicolás Andrade (31) y Cristian Sánchez (39), ambos con domicilio en Pringles.

Según informó la Policía pringlense, vecinos de la víctima del delito tenían conocimiento de que una de las casas estaba sin moradores, porque su dueño está internado en un hogar de adultos mayores por problemas de salud.

Cuando vieron a Andrade y Sánchez salir de esa vivienda con el electrodoméstico sobre el triciclo, los siguieron y dieron aviso de lo sucedido a la comisaría.

Efectivos policiales interceptaron y arrestaron a los nombrados en Belgrano y Rauch.

Además de la heladera y la bicicleta, los uniformados secuestraron tarjetas bancarias a nombre del propietario del inmueble, que uno de los sospechosos tenía guardadas en sus prendas.

Al damnificado se lo trasladó a su casa, donde constató la rotura de la puerta de entrada y la sustracción de la heladera, el triciclo (que él mismo había construido) y sus tarjetas de cobro.

Los aprehendidos quedaron a disposición de la Justicia en vinculación con el delito de robo.

El hecho se produjo aproximadamente a las 14 de anteayer.