El operativo llevado a cabo por personal de la comisaría Primera permitió capturar a Lautaro Quesada, de 23 años, y Leandro Germain, de 50. 

Sobre el Peugeot Feline 208, patente AB 868 MB y color gris, en el que se movilizaba Quesada se pudo comprobar que tenía la placa, cédula de identificación, grabado de chasis y motor adulterados.

El vehículo posee pedido de secuestro activo desde la ciudad de Moreno por un robo a mano armada ocurrido en mayo de 2026. Se detalló, además, que el aprehendido tiene antecedentes por delitos contra la propiedad y por tenencia de arma de fuego.

También se informó que luego de notar a a Germain "excesivamente nervioso" durante el control de rutina, se le encontró un frasco de vidrio lleno de floración de marihuana, con un peso de 50 gramos aproximadamente. 

Por último se recordó que estos operativos, de rutina, tienen como finalidad "desalentar ese tipo de delitos".

El detenido fue identificado como Raúl Andrés Berth, oriundo de Bahía Blanca, y el robo ocurrió el martes 13 de este mes, alrededor de las 20.30, en una casa ubicada en calle 3 al 300.

Según señala la policía, tres hombres encapuchados ingresaron al domicilio -uno de ellos armado- y redujeron a sus moradores, dos personas de 74 y 72 años y un hombre de 46.

Los delincuentes inmovilizaron a las víctimas con precintos y cables y les sustrajeron 8.000 dólares y 300.000 pesos en efectivo antes de escapar.

A partir de las tareas investigativas, el análisis de cámaras de seguridad -incluidas las de la barrera sanitaria fitosanitaria-, el trabajo de campo y la recepción de testimonios, se logró establecer la identidad de uno de los sospechosos y vincularlo con el vehículo presuntamente utilizado por la banda.

Así este jueves, cerca de las 18.30, se realizó un allanamiento en una propiedad ubicada en Casilda Igarzábal al 200, en Bahía, donde se secuestraron 1.200.000 pesos en efectivo, dos teléfonos celulares, dos pares de zapatillas, comprobantes de compras y documentación relacionada con transferencias bancarias.

En paralelo, en la vía pública, sobre calle Drago al 1700, se incautó una camioneta Mercedes-Benz ML 220, dominio DRF 925, que habría sido utilizada para cometer el asalto.

La causa fue caratulada como robo calificado bajo la modalidad entradera e interviene la UFIJ descentralizada de Villarino.

Participó personal de la Superintendencia de Seguridad Región Interior Sur, con intervención de la Policía de Seguridad Comunal de Villarino y la Estación de Policía Comunal Villarino Primera.

"Estamos todos acá, nos estamos ahogando, es un lugar chiquito. Están cortando las rejas con una moladora para entrar", apuntó el detenido hasta el momento en que se entrecortó la comunicación y empezó a tocer.

Fuentes oficiales informaron a esta agencia: "Todo controlado. Policia liberado". En línea con lo mencionado por el reo. Además, el efectivo liberado fue atendido por personal del SAME, entre ellos el director ddel mismo, Roberto Crescenti y el cuerpo de psicólogos.

El parte oficial, al que tuvo acceso este medio, indicó que el incidente se produjo entre internos, dentro de una celda y se laboró para resolverlo. En medio del inconveniente, personal del SAME y bomberos ingresaron al lugar para trabajar dentro. El personal también ingresó con dos camillas.

Anteriormente, en declaraciones a la prensa, un comisario sostuvo que no hay rehenes en el momento. Al tiempo en que señaló que "está controlada la situación". Sin embargo, fuentes cercanas al hecho, indicaron a esta agencia que, en principio, los internos mantuvieron de rehenes a tres personas, un subcomisario, un inspector y un oficial.

En un audio al que tuvo acceso este medio, un subcomisario informó: "Me encuentro con el sargento de guardia de la alcaldía de Lavalle. Aparentemente, lo que sucedió, es que tienen al jefe del lugar, al jefe de servicio y aun celador. Los tienen privados, con facas, en un pasillo interno".

Finalmente y, según la misma fuente, los presos liberaron al inspector y al subcomisario; no se trataría de un simple conflicto entre detenidos. Además, personal de fuerzas especiales de la Ciudad trabaja en el lugar. 

Tiempo después, un repartidor de comida llevó pizzas hasta el lugar. Por su parte, desde el interior de la comisaría, pidieron que ingrese un periodista, al salir del lugar, el comunicador informó que le pidieron que "bajen los drones" porque dificultaban la "estrategia". Al tiempo, señalaron que no habrá novedades hasta que se resuelva el conflicto.

El auxiliar fiscal de la UFLA Este, Marco Juliano Zunino interviene en el caso.

Dos videos filmados por los propios reclusos se conocieron. En las imágenes, los detenidos se filmaron mientras celebraban su imagen en los medios de comunicación, al tiempo que pidieron "Bajá al fiscal"; además, se puede ver a un policía dentro de la celda.

En un segundo material, uno de los detenidos inició la grabación con el foco en otro reo que hacía una videollamada con otra persona a quien le mostraba, alegre, que había "salido en la tele". Entre la escena donde se encuentran, por lo menos, ocho detenidos.

Quien sostiene el teléfono con el cual filma, reclamó: “Bajen al fiscal”, frase a la que se sumaron otros presos, mientras golpeaban algún elemento contundente para hacer ruido.

Durante el conflicto, la pareja de uno de los detenidos se encontraba en la puerta de la comisaría, brindó declaraciones televisivas y explicó los motivos por los que pusieron colchones detrás de las rejas: “Es en caso de que rompan la puerta y todos se unan en el motín”.

“Escuché que el rehén estaba bien y tranquilo”, añadió la mujer. Además, sostuvo que se encuentra en el lugar para “ver qué pasa” con su “marido”: “Ahora no hablamos porque no me llamó, me llama desde un número privado y se comunican una sola vez”.

La familiar informó que los detenidos no están armados y confirmó que el conflicto habría ocurrido porque los internos no quieren ser trasladados al penal de Marcos Paz: “Más que seguro que si”.

Asimismo, señaló que su pareja le dijo que “tenía miedo de que le sumarán estas causas a su condena”. No obstante, sostuvo que su pareja no es parte de quienes iniciaron el conflicto: “Adentro es horrible. Hoy me dijo ‘Creo que va a haber motín, amor, hablale a mi mamá”.

Luego de la liberación del rehén, se retiró del lugar el cuerpo de bomberos y el personal de operaciones espaciales porteños, mientras que el ministro de Seguridad, Horacio Giménez ingresó en la comisaría.

El fallo de la  jueza Claudia Olivera, como subrogante del Juzgado de Garantías Nº 1, alcanzó al ingeniero Andrés Arturo Goñi y al encargado del predio del Sindicato del Personal de Industrias Químicas, Petroquímicas y Afines de Bahía Blanca, Fabricio Fabián Canteros.

Según la acusación, el chico quedó atrapado por la succión de la boca de salida de agua de la pileta principal, que no tenía la rejilla protectora -exigida por el decreto provincial 3.181-, mientras la bomba de filtrado estaba encendida.

Ambas personas están acusadas del delito de homicidio culposo en perjuicio de Agustín Elián Alarcón (13), registrado el 11 de febrero de 2025.

La jueza, en cambio, decidió sobreseer al inspector municipal Lucas Partal, al entender que la planilla de inspección no incluía el control de rejillas y que, por una práctica del municipio, esa verificación quedaba en manos de un informe técnico privado.

“No puede penarse por omisiones a deberes no exigidos”, sostuvo.

El resto de los imputados

Olivera argumentó que Goñi firmó un informe en el que aseguraba que las piletas cumplían la norma, pese a que las pericias indicaron que nunca hubo rejillas. 

"La defensa pretende exculpar al imputado transfiriendo la responsabilidad de lo ocurrido a los rescatistas, pero ello no puede convalidarse. En primer término, el hecho ocurrió debido a la falta de la rejilla, no debido a una falla en el accionar de los rescatistas.

El niño quedó atrapado bajo el agua producto de la succión de la bomba y falleció debido a un ahogamiento. La acción de atrapamiento solo habría podido evitarse de existir la rejilla que el imputado aseguró falsamente que existía", sentenció.

A Canteros, a su turno, le reprochó haber desconocido la normativa que regía la actividad que supervisaba en el natatorio ubicado en la avenida Pernicia y Alvarado de Cerri.

"Habiendo Canteros reconocido que desconocía la obligación de que la pileta contara con rejillas, no existen elementos que excluyan su responsabilidad, en tanto ha quedado demostrado su actuar negligente ya que no conocía la normativa que regulaba la actividad que supervisaba", entendió la jueza.

En caso de quedar firme la decisión de la jueza, el caso -previo sorteo- pasará a uno de los juzgados en lo Correccional de la ciudad para su resolución.

Sin embargo, se aclaró que todas las partes -incluida la acusación, representada por el fiscal Cristian Aguilar y el abogado de la familia, Martiniano Greco- están en condiciones de apelar la resolución ante la Cámara Penal.

La captura, a cargo de personal de la Estacion de Policia de Seguridad Comunal tresarroyense, se produjo en la calle Pringles al 100.

El hecho que motivó el arresto se había registrado el domingo 11 de este mes, en perjuicio de un hombre de 42.

Sucedió en una vivienda de la avenida Güemes al 1.700, cuando el acusado se presentó para recriminarle a la víctima supuestos maltratos al hijo que tiene en común con la actual concubina del agredido.

Hubo una discusión que culminó cuando el visitante extrajo un arma blanca y atacó a su oponente, para luego abandonar el cuchillo y darse a la fuga en una camioneta que fue secuestrada. 

La víctima fue conducida al hospital municipal, con leisones de gravedad y, con el avance de la investigación, se realizaron distintos allanamientos que permitieron el secuestro de prendas de vestir, el vehículo y, finalmente, la detención.

No se dieron a conocer las identidades de las personas involucradas para preservar al menor de edad.

Maniobras peligrosas

Anoche, en tanto, la Policía de Tres Arroyos aprehendió a un joven de 18 años por desobediencia y atentado y resistencia a la autoridad.

Fue sobre las 22, en la calle 1º de Mayo 1.100.

Se informó que poco antes el joven, al mando de una moto Gilera Smash de 110cc., realizaba maniobras peligrosas. Al observar la presencia policial supuestamente se fugó, con lo cual se inició una persecución hasta su reducción.

"Está con antibióticos y calmantes. La fui a ver el martes y tiene todas las heridas curadas. El dueño dice que le pusieron 144 puntos de sutura, sufrió cortes de cartílagos. Y justamente lo que tiene en la cara es crema de ordeñe, que es para que no le tiren tanto los puntos", comentó una proteccionista del lugar.

El animal también fue sometido a un tratamiento con agua oxigenada, que permitió que despidiera algunos pequeños restos óseos por la nariz, teniendo en cuenta que también recibió un golpe con un objeto contundente que le fracturó el hocico.

Alguna versión daba cuenta que "Gorda" podría ser derivada a Coronel Suárez para una cirugía reparatoria del hocico, aunque esa información no fue confirmada.

"Lo que nosotros podemos decir es que está cuidada y mimada por la familia que la tiene a cargo. El dueño está un poco preoucpado porque la ve flaca", agregó la mujer que no se quiere identificar por temor a represalias.

La brutal agresión, que se registró la semana pasada y tomó repercusión pública nacional, motivó la intervención de la UFIJ Nº 9, con el Equipo de Maltrato Animal de la Fiscalía General de Bahía Blanca, a cargo del doctor Santiago Garrido.

Con el avance de la investigación, la Justicia ordenó dos allanamientos -uno en la casa de un adulto y otro, en la de un menor-, donde se secuestraron ropas con manchas de sangre, teléfonos que están siendo analizados y otros elementos de prueba.

Los acusados no fueron aprehendidos pero sí se los identificó en el expediente, que sigue su curso.

El ataque se habría registrado un día después de que el dueño de la yegua le recriminara a estas personas haber ingresado a cazar sin permiso al campo en el cual trabaja y se cree que el hecho sería a modo de venganza.

Se trata de Silveiro Canaviri Cano, a quien atrapó personal de la DDI tras montar una vigilancia encubierta en la zona de Villa Caracol, luego de obtener un dato sobre su posible paradero.

Sobre las 17.40 de ayer, cuando se lo pudo observar en la vía pública, en el sector de Juan Molina al 2.100, se lo interceptó y redujo, a fin de cumplir la orden que había dado el Juzgado de Garantías Nº 4, dictada en noviembre de 2025.

Canaviri Cano está imputado formalmente de abuso sexual gravemente ultrajante (dos hechos) y tentativa de abuso sexual con acceso carnal agravado por la situación de convivencia con una menor de 18 años.

Los hechos se habrían denunciado en 2022, según consta en la Investigación Penal Preparatoria (IPP) Nº 8445.

Durante un allanamiento llevado a cabo en Río Atuel al 2900, los efectivos se llevaron nuevamente detenido a Marcos Andrés Amorena, de 34 años.

En el procedimiento, además, se secuestraron soportes metálicos, bases de radiadores con cañerías de cobre ya seccionadas, presumiblemente para su posterior reducción y comercialización clandestina, y diversas herramientas de fuerza.

Está vinculado, al menos, a dos episodios delictivos ocurridos a principios de mes que incluyen la sustracción de radiadores de camiones y maquinaria agrícola.

El operativo conjunto estuvo a cargo de efectivos del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la comisaría séptima, con colaboración del GTO de la comisaría quinta y personal de la subcomisaría de General Daniel Cerri,

Quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 07 del Departamento Judicial Bahía Blanca, imputado formalmente por el delito de "robo". 

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 18 en una vivienda ubicada en calle Provincias Unidas al 900, en el barrio Rosendo López, donde se procedió a la aprehensión de Mariano Monsalvo, de 42 años, por su presunta vinculación con el hecho investigado.

El operativo estuvo a cargo del Grupo Técnico Operativo (GTO), con apoyo de efectivos de la Policía Local Motorizada.

Según se informó hubo tareas investigativas que incluyeron el análisis de registros fílmicos y la recopilación de pruebas documentales.

La causa se inició a partir de una denuncia radicada el pasado lunes12 de este mes por un hurto que tuvo como víctima al propietario de un comercio del rubro ferretería, ubicado en el barrio Anchorena.

Interviene la UFIJ Nº 7 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

El proyecto fue impulsado por el Frente Renovador y promovido por el diputado provincial Carlos Puglelli, titular de la comisión. El despacho reúne cinco iniciativas presentadas por legisladores de distintos espacios y obtuvo el acompañamiento de La Libertad Avanza, el PRO, Unión y Libertad, Nuevos Aires y el diputado Juan José Esper, entre otros.

El avance se produjo, sin embargo, con una particularidad política: dentro del oficialismo bonaerense, el proyecto no contó con el respaldo del sector que responde al gobernador Axel Kicillof, así como tampoco acompañó La Cámpora. El tema vuelve así a mostrar diferencias en el peronismo.

La iniciativa propone modificar la Ley 13.482 para incorporar dispositivos electrónicos que producen descargas mediante proyectiles y generan efectos temporales en el organismo, sin provocar la pérdida de conocimiento. El texto también prohíbe los dispositivos eléctricos de contacto directo cuyo objetivo o efecto principal sea causar dolor mediante descargas.

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El objetivo es incorporar una herramienta intermedia entre la persuasión verbal, las técnicas de reducción física y el uso de armas de fuego. De todos modos, la habilitación no supone un permiso irrestricto: el proyecto establece que estos dispositivos deberán utilizarse bajo criterios de legalidad, necesidad, razonabilidad, progresividad y proporcionalidad.

La utilización quedará limitada a situaciones en las que los medios no violentos resulten insuficientes y exista un peligro real, actual e inminente para la integridad física del policía, de terceras personas o de la persona involucrada en el procedimiento, con las excepciones previstas para situaciones de urgencia.

Capacitación obligatoria y controles para los efectivos

Otro de los puntos centrales es la formación que deberán recibir los policías antes de poder portar estos dispositivos. El proyecto contempla capacitación específica, obligatoria y continua, con evaluaciones técnicas y psicofísicas para el personal habilitado.

El programa incluirá el manejo de las armas, sus efectos y riesgos sobre el cuerpo humano, los protocolos de actuación, las técnicas de desescalada, los principios de uso gradual de la fuerza y los primeros auxilios.

Además, el texto prevé mecanismos de registro y trazabilidad de cada intervención, junto con la asignación individual de los dispositivos. La intención es que el uso de estas herramientas quede sujeto a controles y procedimientos definidos.

La discusión por las Taser lleva varios años en la provincia. Durante su gestión como ministro de Seguridad, Sergio Berni había impulsado la compra de estos dispositivos, aunque no llegaron a incorporarse de manera efectiva a la portación policial. En sentido contrario, sectores del peronismo también promovieron iniciativas para prohibir las armas de descarga eléctrica.

El proyecto del Frente Renovador forma parte de una agenda de seguridad que Sergio Massa busca impulsar a través de sus legisladores bonaerenses, con propuestas vinculadas a problemas concretos de gestión y con impacto en los municipios.

Con el dictamen aprobado, la iniciativa quedó en condiciones de avanzar en el trámite legislativo. El próximo paso será su tratamiento en el recinto de la Cámara de Diputados bonaerense, donde deberá reunir los votos necesarios para convertirse en ley. (TN)

El fallo fue dictado por mayoría de opiniones, ya que los jueces Diego Barroetaveña y Javier Carbajo votaron en ese sentido, mientras que su colega Gustavo Hornos entendía que la decisión de la Cámara bahiense no era recurrible porque no se trataba de una sentencia definitiva.

La medida benefició a distintos referentes de firmas como PBB Polisur, Solvay Indupa, Profertil, Compañía Mega, Petrobrás Energía, Transportadora de Gas del Sur, Cargill y Oiltanking Ebytem.

También figuran exfuncionarios como Eduardo Conghos, entonces subsecretario de Gestión Ambiental del municipio; José Manuel Molina, director ejecutivo del Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable y autoridades del Consorcio de Gestión del Puerto.

Barroetaveña y Carbajo entendieron que le asistía razón a las defensas cuando plantearon que la decisión de la Cámara Federal bahiense -de revocar el sobreseimiento que había dictado el juzgado federal de primera instancia- era arbitraria.

Casación opinó que en ese fallo existía una "autocontradicción insalvable".

Por un lado se reconocía ausencia de pruebas incriminantes y que las empresas operaban dentro de los parámetros legales permitidos pero, por otro, se ordenó revocar los sobreseimientos y continuar la investigación.

La Justicia entendió además que, a más de 14 años de tramitación de la causa, no se logró probar el nexo causal entre la actividad industrial de las firmas involucradas y los signos de contaminación detectados en el estuario.

Los magistrados subrayaron que el ordenamiento procesal penal faculta el dictado del sobreseimiento aún cuando no se haya tomado declaración indagatoria previa, toda vez que la persona señalada como partícipe de un hecho ilícito tiene derecho a un pronunciamiento definitivo que ponga fin a su estado de incertidumbre.

El debate al cual deben a someter a la exfiscal penal y exdiputada provincial debía iniciarse esta semana pero fue postergado por razones de salud de la defensa.

Ahora la jueza reprogramó las audiencias para los días 12, 13, 14, 15 y 16 de abril venideros.

La acusación sostiene que Corrado llevó a cabo maniobras estafatorias para desapoderar de la herencia sucesoria de su excuñado, Adolfo José Luis Herro -asesinado en Cariló el 25 de julio de 2005-, afectando los derechos de su hijo y único heredero universal, Maximiliano Antonio Rodríguez Labastía.

De acuerdo con la causa, un grupo de familiares y conocidos ejecutó diversas acciones para vaciar el acervo sucesorio e impedir que el heredero accediera a los bienes que le correspondían.

En octubre de 2022, seis integrantes de ese entorno familiar y social ya habían sido juzgados y absueltos por el titular del Juzgado Correccional Nº 1, Gabriel Giuliani, aunque ese fallo fue recurrido y se encuentra pendiente de resolución definitiva.

"A partir de septiembre del año pasado la gente no pudo realizar más extracciones presenciales. Hay quienes tienen ahorros de muchos años y otras personas que vendieron propiedades y depositaron allí su dinero", sostuvo Noelia Cruz en declaraciones al programa Panorama de LU2.

Días atrás la policía allanó una vivienda ubicada en Avellaneda al 500, donde reside Alberto Alfonsi, titular de la financiera, y las oficinas de Humberto al 500.

Durante los registros, se secuestraron diversos elementos que serán analizados para esclarecer lo sucedido.

"Estoy en un grupo en el que somos casi 200 personas, pero hay damnificados distribuidos por todos lados".

Agregó que "hace 15 días fuimos a reclamarle a la casa, salió y nos dijo que estaba enfermo y no podía asistir a la financiera. Mencionó que a los pocos días iba a estar en las oficinas, pero cuando concurrimos nos encontramos con un cartel de que estaba cerrado porque no había sistema".

"hace casi un mes que no abren. Están las oficinas cerradas y no hay personal ni vigilancia. No hay movimiento", detalló.

Fuentes del Ministerio Público indicaron que hasta el momento se recibieron denuncias de casi 50 damnificados, perjudicados por montos totales de casi 200 mil dólares y cerca de 450 millones de pesos.

"Creemos que no hay voluntad de devolver el dinero. Hace un año que nos viene diciendo que hoy, que mañana, que la semana que viene, pero no se resuelve nada. Si bien él está inhibido de vender sus propiedades, no hay respuesta hasta el momento. Es mucho el dinero invertido allí", finalizó.

Al reconocido adiestrador le imputan el delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por haber sido cometido por el encargado de la educación o la guarda de la víctima, una exjugadora de Monte Hermoso, cuando el sospechoso era entrenador en esa ciudad, hace más de una década.

Asensio fue detenido a mediados de septiembre en Mar del Plata (en ese momento era entrenador en el club Sporting de esa ciudad).

En principio se lo vinculó con dos o tres abusos sexuales a jugadoras menores de hockey en Monte Hermoso, aunque finalmente solo una de las supuestas víctimas lo denunciaron y las otras desistieron de hacerlo, aunque prestaron testimonio.

La detención se produjo en la vivienda del exfuncionario montehermoseño en Mar del Plata, en el bosque Peralta Ramos.

Hoy está alojado en la cárcel de Villa Floresta y en principio continuará en ese lugar, aunque resta que la jueza Promé resuelva un pedido de arresto domiciliario por parte de la defensa de Asensio, representada por el abogado Maximiliano De Mira.

El desgraciado suceso se produjo en una vivienda de Santa María al 600 y cuando llegó personal de la comisaría Primera al lugar, alertado por un llamado al 911, confirmó la mecánica del hecho.

Se estableció que el hombre, de 31 años, ingresaba su Fiat, de color blanco, a la cochera del domicilio y que, en esas circunstancias, no advirtió la presencia de la pequeña, que aparentemente gateaba en el lugar.

"La casa tiene una cochera en subida y, cuando llega el papá para ingresar el auto, la beba aparentemente estaba al cuidado de una hermana suya de 11 años", comentó una fuente de la investigación.

La niña fue trasladada de urgencia por medios particulares a un hospital, donde se constató su fallecimiento.

Al lugar concurrieron peritos de la Policía Científica, bajo la dirección de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 1, a cargo del fiscal Cristian Aguilar.

El hecho que se investiga fue encuadrado como homicidio culposo.

Se lo identificó como Marcos Andrés Amorena, quien fue capturado por personal del Comando de Patrullas, la comisaría Quinta y la subcomisaría de General Daniel Cerri.

El procedimiento se registró alrededor de las 7.30, cuando se descubrió al acusado en un inmueble de Líbano al 5.800, luego de que un transeúnte advirtiera la presencia del presunto ladrón y diera aviso al 911.

Al arribar al lugar, los efectivos policiales localizaron a Amorena en el interior de la vivienda, donde se encontraba con diversas herramientas utilizadas para tareas de desarme, procediendo a su inmediata aprehensión.

A partir de las tareas investigativas y del análisis de distintas cámaras, el hombre está siendo investigado como supuesto autor de diversos hechos contra la propiedad cometidos bajo una modalidad similar.

"Es una investigación de hace dos semanas a la fecha, sobre uno o dos individuos que venían robando radiadores, con foco en maquinarias en desuso, camiones o tractores", comentó un investigador. 

En ese sentido, las prendas de vestir que llevaba colocadas al momento de su aprehensión coincidían con las observadas en las filmaciones incorporadas a las causas. 

También se procedió al secuestro de una motocicleta Guerrero Trip 110, de color rojo, rodado que habría sido utilizado como medio de transporte en otros hechos delictivos investigados en jurisdicción de las comisarías Quinta y Séptima.

De esta manera, el procedimiento permitió avanzar en la investigación de una serie de delitos contra la propiedad registrados en distintos sectores de Bahía Blanca, cuya presunta vinculación con el aprehendido continúa siendo materia de investigación.

Se trata de Luciano Alfredo Canevari, de 32 años, y Matías Sebastián Canevari (18), quienes fueron aprehendidos por amenazas agravadas y tenencia de armas de fuego, luego de que la policía secuestrara una pistola calibre 22 y más de 100 municiones.

En tanto, Esteban Durán Polanco, de 33 años, y Maximiliano Silveri (36), fueron detenidos porque registraban requerimientos judiciales pendientes.

El procedimiento se desarrolló entre las 18 y las 20, con la participación de efectivos del Gabinete Investigativo de la Comisaría Primera, el Escuadrón de Caballería y personal de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI).

El procedimiento que derivó en el secuestro del arma tuvo lugar en Undiano al 300, luego de un llamado al servicio de emergencias 911.

Según informaron fuentes policiales, los hermanos Canevari habrían intentado agredir momentos a una persona de 34 años, en el marco de un conflicto por problemas personales.

Allí se secuestró una pistola automática calibre 22 y más de 100 municiones que estaban en poder de los sospechosos.

Interviene la UFIJ N° 15 del DJBB.

Asimismo, en el mismo operativo se detuvo a Esteban Durán Polanco, quien registraba una captura activa por una causa por robo, además de  Maximiliano Silveri, sobre quien pesaba un requerimiento judicial por infracciones a los artículos 72 y 74 de la Ley 8031.

Ambos pedidos correspondían al Departamento Judicial Bahía Blanca.

En horas de la noche del lunes, la jueza María Mercedes Rico, subrogante del Juzgado en lo Correccional Nº 2, tomó la medida ya que el abogado defensor de la exlegisladora, Martín De Prada, había presentado un certificado debido a un problema de salud y no había podido presentarse a la audiencia.

Por esta razón, la primera jornada del juicio había debido suspenderse en la mañana del lunes.

En los próximos días la magistrada fijará una nueva fecha de debate.

“No hay delito”

En la mañana del lunes, Corrado había dicho encontrarse tranquila porque "no hay delito".

"Este juicio ya fue resuelto, no entendí muy bien por qué se lleva a cabo. La causa principal se resolvió oportunamente con la absolución de los acusados, porque no hay delito. Aquel jovenzuelo que reclamaba la indemnización debe ser abuelo", ironizó. 

"Él (por Maximiliano Rodríguez Labastía) tiene su derecho de reclamar. Son cosas que han pasado. Una cosa es lo que puede plantear y otra cosa es que un juez nos dé la razón. Acá hubo varios imparciales, porque la Cámara también consideró que no había delito. No alcanzo a entender mucho la insistencia, pero estoy a derecho", dijo.

Corrado aclaró que no solo el abogado De Prada presentó un certificado de salud sino que ella también tendría que estar en reposo por haber sufrido una fractura por estrés en uno de sus talones.

"Esto sucedió en julio de 2005, más de 21 años… ¿Qué cabeza puede aguantar psíquicamente un acoso, una persecución, un capricho? Yo no me siento ni víctima ni me hago la víctima, pero hay que aguantar...", dijo.

El hecho ocurrió alrededor de las 16.30 en un local ubicado en 12 de Octubre al 500, donde esta persona ingresó provocado daños en distintas estatuas de cerámica que se encontraban en el interior.

Tras el episodio, salió a la calle y, en aparente estado de ebriedad, comenzó a ocasionar disturbios y alterar el orden público, lo que motivó la intervención de efectivos del Comando de Patrullas.

Los uniformados procedieron a reducirlo y aprehenderlo, para luego dar intervención a las autoridades judiciales correspondientes.

Interviene la Comisaría Segunda y la UFIJ N° 15 del DJBB, juntamente con el Juzgado Correccional en turno.

La causa fue caratulada como daño e infracción a los artículos 72 y 74 del Decreto-Ley 8031/73.

El procedimiento se registró alrededor de las 13.40, en una vivienda ubicada en Fortín Vanguardia al 600, del barrio Villa Caracol, donde efectivos del Comando de Patrullas acudieron tras recibir un aviso por un conflicto entre integrantes de una misma familia.

Al llegar al lugar, los uniformados identificaron a González Estefanía Ayelén, de 20 años, y Francisco María Belén, de 26, quienes momentos antes habían mantenido una discusión verbal en el interior del domicilio.

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Mientras el personal policial intentaba mediar para restablecer la calma, ambas mujeres comenzaron a agredirse físicamente mediante golpes de puño. Ante esta situación, los efectivos intervinieron para separarlas y controlar el conflicto.

Intervino personal de la Comisaría Quinta y la UFIJ N° 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.