El hecho se registró en un comercio de calle Tierra del Fuego al 3500, donde personal policial acudió tras un llamado al número de emergencias que alertaba sobre un robo.

En el lugar, los efectivos se entrevistaron con la propietaria del local, quien manifestó que un hombre ingresó al comercio y, mediante amenazas, le sustrajo alrededor de $300.000 de la recaudación.

Según su testimonio, un segundo individuo lo aguardaba en el exterior a bordo de una motocicleta para facilitar la fuga.

A partir de un operativo en la zona, el personal policial logró la aprehensión de uno de los sospechosos, identificado como Maximiliano Agustín Martínez, de 24 años, quien quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°15.

La investigación continúa para dar con el segundo implicado en el hecho.

El procedimiento se inició cuando efectivos del Comando de Patrullas intentaron identificar al conductor de una motocicleta tipo enduro en inmediaciones de Tierra del Fuego y Piccioli. Sin embargo, lejos de acatar las órdenes impartidas por el personal policial, el motociclista aceleró y emprendió la fuga a gran velocidad, dando inicio a un seguimiento por diversas arterias.

La persecución finalizó en Harris al 1400, donde el conductor, identificado como Axel Patricio Solano, ingresó de manera brusca al patio delantero de su domicilio. En esa maniobra impactó la motocicleta contra una reja y fue finalmente reducido y aprehendido por los uniformados.

Durante el procedimiento también se dispuso el secuestro de la motocicleta Corven Triax 200, al constatarse que el rodado carecía de la documentación correspondiente.

El joven fue trasladado a la comisaría Sexta, mientras que la investigación quedó a cargo de la UFIJ Nº 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca. La causa fue caratulada como desobediencia.

Según informaron fuentes oficiales, todo comenzó cuando el conductor de una Ford Ecosport, identificado como Miguel Ángel Babler (54), fue advertido por personal del Comando de Patrullas que no podía circular por el lugar debido a trabajos de reparación del pavimento que se desarrollaban en la zona.

Lejos de acatar las indicaciones, el hombre adoptó una actitud hostil, profirió insultos contra los uniformados y posteriormente arremetió físicamente contra uno de los efectivos. Aunque el ataque no provocó lesiones, también habría lanzado reiteradas amenazas de muerte hacia el personal policial.

Mientras se aguardaba la llegada de refuerzos, familiares del aprehendido intentaron interferir en el procedimiento y agredieron a los agentes. De manera simultánea, varias personas comenzaron a congregarse en las inmediaciones y arrojaron piedras contra los uniformados, generando una situación de tensión.

En medio del tumulto, Jessica Elizabeth Babler (34) ingresó a la camioneta con intenciones de retirarse del lugar. Sin embargo, fue finalmente reducida por los efectivos tras un intenso forcejeo que se produjo dentro del habitáculo del vehículo.

Como resultado del operativo, la policía concretó el secuestro de la Ford Ecosport involucrada y el traslado de ambos aprehendidos a la dependencia correspondiente para el cumplimiento de las actuaciones judiciales.

La causa quedó en manos de la UFIJ Nº 15 de Flagrancia del Departamento Judicial Bahía Blanca, bajo la carátula de atentado y resistencia a la autoridad, amenazas y desobediencia.

Según informaron fuentes oficiales, en el lugar fueron encontradas 65 personas, por lo que se dispuso el desalojo de los asistentes y una nueva clausura del inmueble. El domicilio está vinculado a Walter Tartuferi y ya registra numerosos antecedentes por situaciones similares.

El procedimiento se produjo apenas un día después de otro operativo realizado en el mismo sitio. Este sábado, efectivos policiales y personal municipal habían desalojado a unas 80 personas que participaban de un evento similar y procedieron también a la clausura de la vivienda.

La propiedad ubicada en el sector de Manuel Molina al 1.700 ha sido escenario de reiteradas intervenciones en los últimos meses. Entre los antecedentes más recientes figura el operativo realizado el 24 de mayo, cuando fueron halladas 117 personas y una de ellas debió ser asistida por personal médico tras quedar inconsciente en la vereda.

Hace pocas semanas una vivienda en Las Heras al 600 se incendió a raíz de la sustracción de dicho caño de cobre (que conecta el medidor con la instalación interna del inmueble) y, paralelamente, la Justicia bahiense condenó, por otro hecho, a un acusado, teniendo en cuenta la "extensión del daño causado" como agravante.

La jueza de Garantías Nº 4, Marisa Promé, le impuso a Jonatan Salas (39) la pena de dos meses de prisión de cumplimiento efectivo (modalidad poco habitual para estos casos), después de un juicio abreviado en el que también se analizó la conducta del acusado en relación con otros ilícitos, por los cuales tenía una condena previa.

A mediados de abril, la Policía había aprehendido a Salas mientras intentaba robar elementos del medidor de un domicilio en Entre Ríos al 800.

Preocupa la continuidad del delito. En abril del año pasado, en apenas una semana, se registraron más de 40 casos.

Y en vinculación con algunos robos en 2025 se arrestó a Javier Claudio Sebastián Espil (19).

Virginia Ferrer, encargada de relaciones institucionales de Camuzzi Gas Pampeana, empresa prestadora del servicio, confirmó que Bahía Blanca es una de las ciudades más afectadas por este accionar delictivo en la provincia de Buenos Aires.

"Desconocemos el motivo por el cual se incrementaron, pero la realidad es que detrás del robo individual de flexibles hay una cadena comercial de chatarra, entonces hay que ir a esa fuente para entender el incremento", dijo Ferrer.

La mayoría de estas sustracciones se produce en el territorio bonaerense y con más frecuencia en algunas localidades específicas como Bahía Blanca, según afirmó la entrevistada.

Este año los robos de flexibles ya suman más de 70 en la ciudad.

"Por eso también decidimos comunicarlo para prevenir a los usuarios que podrían ser afectados y desalentar esta modalidad delictiva", destacó.

"No sé qué valor tiene en el mercado ilegal el cobre de los flexibles que sustraen y después venden como chatarra", agregó.

Con 20 caños para el suministro de gas se obtiene aproximadamente un kilo de cobre.

Esta problemática es una "emergencia y tiene que ser tratada como tal", de acuerdo con el análisis de la informante.

"Cuando recibimos una llamada de este tipo en nuestra línea de emergencias, acudimos de inmediato por tratarse de una situación de peligro porque casi siempre queda venteando gas natural, a raíz de que los ladrones de flexibles no saben manipular los medidores", acotó.

"Conocemos las consecuencias de este accionar y, de hecho, hace aproximadamente un mes se incendió una casa en Las Heras al 600 producto del robo de un flexible. Este hecho nos sirve para recordar que el riesgo es real y concreto", continuó Ferrer.

La "ola de robos" de flexibles se consumó generalmente en horas nocturnas, cuando la oscuridad les permite a los delincuentes "actuar más libremente" y evitar ser atrapados.

Las sustracciones se registraron individualmente en viviendas particulares, como también en inmuebles ubicados en una misma cuadra o sector de Bahía, perjudicando a numerosos vecinos al mismo tiempo.

"Los flexibles de cobre que se utilizan en los medidores no se pueden reemplazar por insumos alternativos, porque toda la operación en la distribución de gas está normada por los entes correspondientes", manifestó Ferrer.

Desde la compañía proveedora del servicio se hace hincapié en que la sustracción de estas piezas constituye "una práctica delictiva que, además de estar penada por la ley, implica un altísimo riesgo para la seguridad de las personas".

Por tal motivo, las autoridades de Camuzzi Gas Pampeana remarcan la necesidad de "denunciar cualquier situación extraña" en relación con los medidores.

Damnificados. Como consecuencia del incendio originado en el domicilio de Las Heras al 600, producto del robo del flexible del medidor de gas, dos de sus habitantes inhalaron humo y la propietaria del lugar pudo salir de allí gracias a la ayuda de un vecino, resultando ilesa.

Contacto. Ante la falta de suministro por robo de flexibles o cualquier situación anómala vinculada con la red de gas, comunicarse con las líneas de emergencias 0800-666-0810 / 0810-666-0810.

La obra, publicada por la editorial Atelier, ofrece una investigación jurídica, histórica y sociológica que examina de forma crítica los posicionamientos y la trayectoria de Eugenio Raúl Zaffaroni, controvertido jurista de nuestra país.

El libro analiza desde su interpretación de la obra de Hans Welzel en el nacionalsocialismo y sus años como juez durante la dictadura militar, hasta su posterior giro garantista y su vinculación política en Argentina.

Fernández Moreno le contó a La Nueva. su inspiración para avanzar con este trabajo.

- ¿Qué lo motivó a escribir este nuevo libro? 

- Básicamente al escribir otro libro (Dogmática, interpretación y crisis del derecho penal (una aproximación a los peligros de la interpretación a partir del nazismo) me topé con varias contradicciones sobre Zaffaroni que me parecieron relevantes estudiar en profundidad: especialmente entre su defensa de los derechos humanos y lo que fue su práctica judicial durante la dictadura; y entre su denuncia de la politización de la justicia y su abierta adhesión política al kirchnerismo al dejar la Corte Suprema. 

- ¿Cuál es el tema central de la obra?

- El libro tiene un hilo conductor que son los posicionamientos jurídicos y políticos de Eugenio Raúl Zaffaroni, partiendo de un fascismo de derecha (con cierto sector del peronismo, como la Triple A, y los militares en la época de la dictadura) hasta llegar a un fascismo de izquierda (con el kirchnerismo en democracia). Desde allí se abordan múltiples temas, como el rol del Poder Judicial y de Zaffaroni durante la última dictadura militar, la utilización de los derechos humanos por el kirchnerismo, hasta llegar a la corrupción y las conexiones de Zaffaroni con la política, convirtiéndose en el mayor teórico del llamado “lawfare”, una improbada estrategia defensiva elevada por él a la categoría de “dogma científico” aprovechando su renombre y autoridad académica, para proteger a ciertos políticos acusados de corrupción con los que él tiene afinidad. La obra es de una extensión considerable. 

-¿Cuánto tiempo le llevó la investigación?

- La investigación me llevó más de dos años seguro, pero hubo un enorme caudal de material que ya tenía procesado y estudiado, lo que me facilitó el análisis. 

- ¿Podría profundizar más acerca del contenido? 

- Aparte de los temas que te mencioné, un eje central de la investigación es —uno por uno y foja por foja— el trámite de todos los habeas corpus que tramitaron en el juzgado que encabezaba Zaffaroni durante el gobierno de facto (que él rechazó en más del 95%) y lo confronta con el desenlace fatal de las víctimas de la represión ilegal: 46 personas a las que él les rechazó sus habeas corpus terminaron muertas o desaparecidas. Entre otras cosas, el trabajo revela también la utilización de las causas de lesa humanidad por el kirchnerismo como factor de presión para controlar la justicia, y también su uso por un sinfín de otros personajes ligados a dicho movimiento, sea para potenciar sus carreras o como coartada para justificar moralmente, cada uno en su ámbito y según su necesidad, diversos actos de corrupción. 

- Si bien ha pasado poco tiempo desde la publicación ¿qué repercusión ha tenido hasta ahora?

- La obra explotó literalmente en pocas horas. El formato de publicación “Open Access” con la editorial Atelier Libros, te permite ver en tiempo real las descargas y su procedencia. Hoy lleva más de 540 descargas en todo el mundo, desde Argentina, hasta países como España, Perú, México, Ecuador, Chile, Venezuela, Colombia, Bolivia y hasta en Alemania. La descarga del libro digital es gratuita y se puede hacer en: https://atelieropenaccess.com/products/zaffaroni-en-tres-actos-de-jurista-prodigio-a-mito-fascista-la-distorsion-del-derecho-y-la-debacle-juridica-como-expresion-de-la-conveniencia-politica. 

- ¿Se puede calificar el libro como una obra de “denuncia”?, ¿qué piensa que pueden decir los nombrados en su análisis?

- Cada uno puede decir lo que piensa. Si hay hechos que contrastan con los que revelo en el libro, bienvenidos sean. Nos permitirán tener más información para sacar nuevas conclusiones. Yo personalmente estoy abierto a las críticas, siempre que sean con respeto y con verdad. Fuera de eso, el libro hay que entenderlo en el contexto del ámbito académico y esencialmente jurídico al que está dirigido. Más allá de tocar cuestiones políticas, el foco está puesto en la ética y la justicia. Creo que en ese punto, los prólogos de los profesores Iván Colina Ramírez y Carlos Bardavío Antón dan en la tecla cuando hablan de “la ética del jurista ante la historia” y del “desmontaje del mito y la responsabilidad académica”.

- ¿El libro puede desmoronar, de alguna manera, la figura de Zaffaroni como emblema de los derechos humanos?

- No tengo esa respuesta. Si bien el trabajo resulta crítico respecto de la figura de Zaffaroni, en modo alguno lo que describe anula el gran aporte doctrinario que aquél hizo para humanizar el Derecho Penal, cosa que le reconozco y valoro absolutamente. Prefiero pensar que el valor del libro radica en que nos confronta con preguntas incómodas, fomenta el espíritu crítico y nos hace reflexionar con seriedad temas desde hace mucho tiempo vigentes en nuestra sociedad.

Quién es el autor 

Mario Augusto Fernández Moreno es abogado, egresado de la Universidad del Salvador (Argentina), magister en Derecho Penal de la Universidad de Sevilla (España), diplomado internacional en Derechos Humanos y en la Corte Penal Internacional, ambos de la International University For Global Studies de la UNESCO (Venezuela) y posee un posgrado en Derecho Internacional Humanitario de la UNS.  

Se desempeña como secretario del Juzgado Federal N° 1 de Bahía Blanca (desde 2008) e integra las listas de conjueces para subrogar el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca y el de General Roca, entre otros. 

En nuestro país ya publicó el libro “Dogmática, interpretación y crisis del Derecho Penal-Una aproximación a los peligros de la interpretación a partir del nazismo” (Ed. Fabián Di Plácido, 2023) y numerosas notas de opinión en diarios de alcance nacional y varios artículos en revistas especializadas de Derecho Penal. 

En España tiene publicado el capítulo “Educación, política y adoctrinamiento: juego de sombras, bajo la luz de la Corte Suprema Argentina” en la obra colectiva titulada “El poder creador de los tribunales constitucionales: Interpretaciones vivas y paradojas en perspectiva comparada” (Ed. Aranzadi, 2024).

Fuentes oficiales señalaron que a primera hora efectivos de la fuerza bonaerense y del área de Fiscalización de la comuna concurrieron al inmueble ubicado, donde constataron que se estaba llevando adelante el evento.

El procedimiento terminó con una nueva clausura de la vivienda, que ya fue escenario de operativos similares en múltiples oportunidades.

A partir de la situación se labró una infracción con intervención del Juzgado de Faltas de la ciudad.

Desde el Comando de Patrulla señalaron que el hecho se produjo en la zona de Juan Molina y Vieytes, cuando el imputado abordó a la víctima, de 62 años, y comenzó a forcejear para sustraerle el bolso.

Al no poder consumar el robo decidió darse a la fuga, por lo que el rápido aviso al 911 puso en marcha un operativo para capturarlo.

De esa forma, a partir de los datos brindados por la denunciante, los efectivos comenzaron a recorrer el sector con la colaboración de los operadores del Centro Único de Monitoreo (CeUM).

Poco después, en Holdich y Vieytes, los policías aprehendieron a Miguel Ángel Parra, de 37 años.

El sujeto fue trasladado a la comisaría Segunda y quedó imputado del delito de tentativa de robo.

Desde el Comando de Patrulla indicaron que el procedimiento se produjo en el sector de calle Fuerte Argentino al 600, cuando tomaron conocimiento de una confrontación entre varias personas.

Los voceros mencionaron que mientras dispersaban a los protagonistas tomaron conocimiento de que uno de los sujetos estaba armado.

Explicaron que a partir de la información aportada por los testigos interceptaron a Alejandro Tomás Morales, de 23 años, a quien le secuestraron una pistola Bersa calibre 9 milímetros con un cargador colocado.

Las fuentes señalaron que "el arma no registraba impedimento legal, pero su portación no se encontraba autorizada".

Agregaron que en el operativo también demoraron a Agustín Jara  (22), quien, según imágenes aportadas por el Centro Único de Monitoreo (CeUM), "habría facilitado el acceso al arma al abrir la puerta de su vehículo".

Por esa razón, el individuo fue imputado del delito de encubrimiento.

Finalmente, en el sitio se resguardó a un menor de 13 años y posteriormente fue entregado a sus progenitores.

Se trata del "Índice de ciudades. Una radiografía de la Argentina urbana", perteneciente a la consultora Enclave, que analizó distintos indicadores socioeconómicos y posicionó a nuestra ciudad por encima de grandes urbes como Córdoba, Mendoza, Rosario y la Ciudad de Buenos Aires, entre otras.

Uno de los rubros "positivos", siempre bajo este análisis comparativo, fue el de la seguridad ciudadana (que sumó 100 puntos sobre 100).

El Departamento Judicial Bahía Blanca (que además de la ciudad incluye a los partidos de Adolfo Gonzales Chaves, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Monte Hermoso, Carmen de Patagones, Puan, Saavedra, Tornquist, Tres Arroyos y Villarino), siempre tiene un promedio menor al de la media provincial en materia de delitos.

Esta tendencia se ratificó en los últimos días, cuando la Procuración de la Suprema Corte de Justicia dio a conocer oficialmente los datos estadísticos de 2025 en materia de denuncias formales presentadas en todo el territorio bonaerense, según la información volcada al Sistema Informático del Ministerio Público (SIMP).

Bahía tuvo una baja en cotejo con 2024 (-8,2%), por debajo de la media provincial, que se ubicó en -6,2%.

Según el registro oficial, en toda la jurisdicción bahiense se contabilizaron 31.735 denuncias en 2025 (30.559 en mayores y 1.176 en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil), contra 34.564 denuncias (33.293 y 1.271) del año anterior.

Pero más allá de los datos generales, un análisis mucho más tamizado permite evaluar que en nuestra ciudad, si se toman en cuenta los llamados "delitos de impacto", bajaron claramente las denuncias en las fiscalías de ambos fueros, con excepción principal en un aspecto: la tenencia y/o comercialización de drogas al menudeo. 

Entre esos "delitos sensibles" se cuentan aquellos que golpean directamente a la sociedad o tienen un efecto directo sobre ella. 

Además del narcomenudeo figuran homicidios, lesiones, hurtos, robos y delitos contra la integridad sexual.  

Consumo y venta

Salvo en los homicidios -donde también se incluyen las tentativas-, que experimentaron un leve incremento de 2024 a 2025, en el resto de los rubros señalados se produjo un descenso.

En algunos la caída fue bien marcada, como en los hurtos, que pasaron de 5.376 a 4.097, y los robos, que disminuyeron de 2.811 a 1.852.

En contrapartida, el lunar más importante se dio en las causas por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes. 

Allí se contabilizó una suba del orden del 10% (de 2.321 se pasó a 2.477 causas) entre los adultos, aunque el incremento mayor, del orden del 20%, fue en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil (de 58 casos a 70), a razón de un expediente cada 5 días entre los más chicos.

Si bien el trazado de una estadística a largo plazo muestra un sube y baja de los números, el panorama que hoy se advierte entre los jóvenes es que el narcomenudeo aparece a modo de puerta de acceso para otros hechos punibles, como robos, lesiones, amenazas o portación de armas de fuego.

De hecho, las causas por tentativas de homicidio en el caso del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil se duplicaron (de 3 a 6).

Días atrás, en una vivienda del barrio Noroeste un adolescente de 14 años recién cumplidos salvó de milagro su vida pese a recibir un disparo en la cabeza, en medio de un confuso episodio que tuvo a la drogas en el centro de la escena. 

El hecho sucedido en una vivienda de la calle Patricios al 2.100 y, si bien no engrosa la estadística delictiva a la que alude esta nota, es una muestra del sostenimiento de una peligrosa tendencia que afecta a los tejidos sociales más vulnerables. 

De hecho, de esa situación dieron cuenta, de manera pública y a través de un comunicado, los Pibes de Don Bosco, una agrupación juvenil que realiza trabajo de campo hace varias décadas en los sectores más periféricos de nuestra ciudad.

La organización alertó por el avance narco y la presencia en algunos barrios de Bahía Blanca de "soldaditos", en referencia a menores reclutados por bandas narco para hacer vigilancia o distribución de drogas, a cambio de poco dinero o sustancias para su consumo.

Bajar la edad, ¿solución?

Si bien fue en febrero último que el Congreso convirtió en ley el proyecto del Régimen Penal Juvenil que baja la edad de punibilidad de los 16 años a los 14, el nuevo sistema se pondrá en marcha el sábado 5 de septiembre próximo.

De todas maneras, los operadores del sistema judicial en el citado fuero local, tal como reconocieron en un reciente informe, todavía no tienen precisiones sobre nuevos cargos, espacios de trabajo o mayores recursos para llevar adelante semejante reforma.

Por ejemplo, el artículo 23 de la nueva ley (27.801) crea la figura del supervisor, que es el encargado de seguimiento, asistencia y control del imputado, que por el momento no existe. 

En ese caso se deberá designar a un profesional con conocimientos y formación académica en pedagogía infanto-juvenil y psicología, consideró la jueza Natalia Giombi.

"Sabemos que en muchas provincias no cuentan con jueces, fiscales y defensores especializados o con todos los órganos requeridos para su implementación", agregó.

Agustín Saulnier, defensor oficial del fuero local, también reconoció que "se va a necesitar más recurso humano" y que seguramente crecerá el cúmulo de trabajo, especialmente en la fiscalía y los juzgados de Garantías del Joven.

"El impacto va a ser fuerte" porque se va a duplicar la cantidad de causas y no solo por la ampliación de la brecha de la edad.

Además de la baja de la edad de punibilidad, con lo cual se duplica el grupo etario -hoy es de 16 y 17 años y en septiembre se incluirán los de 14 y 15- se aumenta la cantidad de delitos por los cuales los menores pueden ser pasibles de pena.

En la actualidad, los delitos con penas de menos de dos años de prisión no son penalizados, pero con la normativa votada, sí.

Los delitos imputados a menores de edad, pese a tener un fuerte impacto cuando se trata de hechos graves y se debate sobre las reformas legales, significan una muy baja porción de la torta general de hechos denunciados.

En Bahía, por ejemplo, tanto en 2024 como en 2025 significaron apenas el 3,7% del total de los ilícitos por los cuales se iniciaron actuaciones judiciales.

Más de un millón de denuncias

Total. En 2025 se iniciaron 1.035.350 Investigaciones Penales Preparatorias en la provincia de Buenos Aires, de las cuales 1.012.857 correspondieron a adultos y 22.493, al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

Porcentaje. Las causas de menores significan el 2,2% del total general. Ese porcentaje crece si se analiza solo el Departamento Judicial Bahía Blanca (3,7%).

Altos. En relación a la distribución de IPP por departamento judicial, se destacan con mayor valor porcentual de denuncias Lomas de Zamora (12,4%), San Martín (11,3%) y Quilmes (9,1%), los cuales en conjunto conforman casi un tercio del total de los inicios.

Bajos. Las jurisdicciones que más bajaron entre los 20 departamentos son La Matanza (-12%), Junín (-9,4%). La Plata (-9%), Bahía Blanca y Necochea (-8,2% en ambos casos).

Los sujetos fueron trasladados a la sede de la UFIJ Nº 19, donde el fiscal Mauricio Del Cero los indagó por la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

En ambos casos los imputados decidieron hacer uso de su derecho y negarse a declarar.

Uno de los sospechosos es Rodolfo Ariel Molina, quien fue detenido por efectivos de la comisaría Cuarta en la zona de Capitán Montero al 2.200.

Los voceros mencionaron que el sujeto está acusado de "haber comercializado cocaína y marihuana, al menos durante el periodo comprendido entre el 2 de Octubre de 2024 y el 15 de enero del 2026, en distintos puntos de la ciudad".

También se le imputa de haber tenido en su poder y para la venta 2.5 gramos de cocaína encontrados durante el allanamiento efectuado a principios de este año en su vivienda, ubicada en el sector donde fue arrestado. Allí también incautaron seis celulares, chips de teléfonos y una planta de cannabis sativa.

 En tanto, Alejandro Sebastián Asenjo fue aprehendido durante un allanamiento en Gorriti al 1.600.

En el procedimiento secuestraron un envoltorio con marihuana, siete con cocaína, un envoltorio con sustancia blanca de corte y dispositivos celulares.

La causa comenzó a ser investigada tras una denuncia a la Línea 134.

La convocatoria a la comunidad es a las 19, en el exterior del templo ubicado en Patricios 336.

Así lo informó a La Nueva. Juan Carlos Rochón, vicepresidente de la sociedad espírita Paz y elevación, cuyos miembros fueron desalojados de ambos inmuebles por la fuerza pública.

Los manifestantes exigen que se les restituyan los bienes que pertenecieron a la hermana Teresa Bruno (abuela de Rochón), entre ellos ambos templos cristianos para poder reanudar las misas y otras actividades espirituales.

Una semana después se reunirán, a la misma hora, afuera de la iglesia situada en 11 de Septiembre al 700, de la vecina ciudad, y el sábado 27 marcharán hasta Tribunales, en Estomba 34 de Bahía.

Los organizadores difundieron estas manifestaciones a través de las redes sociales y mediante la entrega de volantes.

La discusión entre la parte demandante y la demandada surge a raíz del destino de los Templos Hermana Teresa y los bienes afectados a este culto, de acuerdo con la “voluntad expresa” de Bruno, plasmada en escrituras públicas y actos jurídicos de naturaleza “extrapatrimonial”.

Según explicó Rochón, los bienes en disputa “nunca integraron verdaderamente el acervo hereditario personal” de su abuela, porque -afirmó- se adquirieron gracias a “aportes, contribuciones y donaciones” de los fieles.

El destino de esos recursos económicos era la “continuidad de la obra espiritual, religiosa y asistencial desarrollada por Paz y elevación”.

Las escrituras públicas incorporadas al expediente avalarían que Bruno “no actuó en beneficio personal ni patrimonial, sino como continuadora y administradora de un legado espiritual colectivo”.

Los demandantes argumentan que en esos documentos se convino “a favor de terceros, identificándose como beneficiaria a nuestra institución”.

Peritos de la Policía Científica bahiense establecieron también que el Citröen C3 al mando de Juan Ignacio Daulerio (28), se movilizaba a "130" kilómetros por hora instantes previos a la colisión.

Según el informe pericial, sobre el pavimento del tramo donde ocurrió el siniestro se ve la huella de "una frenada de 80 metros" de largo, lo que a priori probaría la alta velocidad a la que aparentemente conducía Daulerio.

Sin embargo, la defensa del único sobreviviente del C3 cuestionó estos resultados e impugnó el peritaje, que se hará nuevamente el próximo miércoles 1 de julio.

Pero esta vez las pruebas accidentológicas estarán a cargo de la asesoría pericial local del Poder Judicial bonaerense.

Sebastián Cuevas, abogado del médico porteño investigado por la fiscalía, rechazó el informe al plantear que los peritos no tuvieron en cuenta "algunas deficiencias" de la banquina.

El defensor de Daulerio también aduce que en el sector de curva donde ocurrió el impacto entre el Citröen y un Ford Focus no hay señalización vial.

Cuevas también objetó la velocidad del C3 indicada por el peritaje oficial y consideró "imposible" que al momento de la colisión el coche transitara a 130 kilómetros.

En base a las fotografías que aportó a la investigación, la defensa sostiene que no hay una "frenada de 80 metros" como concluyeron los peritos de la Policía.

Hasta ahora el fiscal de la causa, Cristian Aguilar, no le imputó ningún delito a Daulerio en vinculación con el hecho fatal registrado hace poco más de un mes, a la altura del kilómetro 227 de la ruta provincial 76.

Por otra parte, el peritaje toxicológico practicado al joven dio negativo.

Los fallecidos fueron identificados como Talía Araceli Mansilla (29), María de los Milagros Chirinos (28), Ezequiel Agustín Quaglio (31) y Laura Camila Díaz Sandoval (26), quien era colombiana y estudiaba Medicina en Argentina.

Producto del choque, Daulerio sufrió lesiones leves y recibió atención en el hospital municipal de Tornquist, donde también fueron asistidos por fracturas Griselda Buchanan (47) y Alejandro Daniel Prezzi (47), ocupantes del Focus.

Como se informara, el pasado 7 de mayo, en una vivienda de calle Patricios al 2.100, Thiago fue alcanzado por el disparo efectuado por un sujeto que ingresó al lugar y accionó un arma de fuego.

El chico fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal, donde fue intervenido quirúrgicamente por la lesión a nivel craneal. Tras 20 días de internación recibió el alta médica.

"Por suerte se encuentra muy bien y los avances que viene teniendo son grandes. Tiene una gran fuerza para salir adelante. Todas las semanas tenemos controles con el neurocirujano y lo ven muy bien. No tiene el alta definitiva, pero todo se viene desarrollando de la manera esperada", comentó Aldana, madre del adolescente, en declaraciones al programa Panorama de LU2.

Agregó que "por la condición en la que llegó al hospital es milagrosa su recuperación. Los médicos no nos decían que se iba a salvar, nos mencionaban que era muy crítica su situación y grave por la zona del impacto. Mi hijo es un milagro".

Más adelante sostuvo que "el miércoles declaró en la fiscalía, porque antes no lo había podido hacer". 

"Pedimos que la justicia actúe. Se que todo lleva su tiempo, pero nosotros necesitamos tener seguridad. Si mi hijo sale a caminar de a poco, no es justo que se encuentre con estas personas porque todavía están investigando o trabajando en la causa. Queremos sentirnos seguros", siguió diciendo.

Advierten sobre el avance narco y la presencia de "soldaditos" en Bahía Blanca

Respecto al testimonio del menor, mencionó que "se acuerda de todo. El disparo que recibió fue hecho de frente. No sabemos a quién iba dirigido o por qué lo efectuaron. Sabemos que fueron a esa casa, patearon la puerta e hicieron eso".

Si bien en un principio tres adolescente habían sido relacionados con el caso, posteriormente fueron liberados y se determinó que los sospechosos serían mayores de edad.

"Thiago fue a buscar a su hermano y pasó esto. Estaba esperándolo, entró una persona y disparó sin piedad. Él vio a esa persona, pero eso no lo sabíamos hasta que despertó. Dijo que había dos, pero que una disparó y la otra estaba como vigilando algo".

También mencionó que su hijo no tiene trato con los responsables. 

"Nosotros somos una familia tranquila y sin problemas. Él no hace más que salir a jugar con los caballos o juntarse con los amiguitos del barrio. Cuando pasó esto mucha gente se acercó que lo conoce".

El sumario lo iniciaron, poco después de las 8, las autoridades de la comisaría Segunda luego de tomar conocimiento de la publicación de lanueva.com sobre esta grave situación.

"Se trata de establecer la identidad de los concejales afectados, a los fines de tomarles declaración testimonial", explicó una fuente de la investigación.

El comisario Hernán Taccari, jefe de la seccional Segunda, le dio intervención a la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 2 y se le solicitó colaboración para avanzar con la causa a la DDI.

Las intimidaciones a distintos ediles se dieron luego de que rechazaran durante la votación en el recinto el proyecto de la presidenta del cuerpo Gisela Caputo (Pro), de su compañero de bloque Emiliano Álvarez Porte y de Fabiana Úngaro (Avanza Bahía).

Los tres buscaban que se declararan personas no gratas a Juan Bautista Bravo e Imanol Santerre, los jóvenes de Huanguelén que estudian en Bahía y que el fin de semana pasado se filmaron cuando mataban a patadas a un indefenso coipo en el barrio Universitario.

El hecho se produjo sobre las 8.30 y la víctima, identificada como César Pinilla, fue trasladada al Hospital Privado del Sur.

Su bicicleta, por razones que se tratan de establecer, colisionó con un Toyota Etios, patente AF 164 HC, que estaba al mando de Valeria Mabel Emiliozzi (49), quien no sufrió consecuencias. 

En el lugar del incidente vial trabajaron una ambulancia del Siempre, personal del Comando de Patrullas y de la comisaría Quinta.

Fuentes oficiales indicaron que efectivos de la comisaría Cuarta arrestaron a Rodolfo Ariel Molina en la zona de Capitán Montero al 2.200.

La medida fue solicitada por el fiscal Mauricio Del Cero y autorizada por el Juzgado de Garantías N° 2, a cargo del doctor Guillermo Mércuri.

Los voceros mencionaron que el sujeto está acusado de "haber comercializado cocaína y marihuana, al menos durante el periodo comprendido entre el 2 de Octubre de 2024 y el 15 de enero del 2026, en distintos puntos de la ciudad".

También se lo acusa de haber tenido en su poder y para la venta 2.5 gramos de cocaína encontrados durante el allanamiento efectuado a principios de este año en su vivienda, ubicada en el sector donde fue arrestado. Allí también incautaron seis celulares, chips de teléfonos y una planta de cannabis sativa.

Destacaron que la investigación se puso en marcha el 17 de diciembre pasado, cuando efectivos de la seccional de Villa Mitre tomaron conocimiento de que el sospechoso "se dedicaría a la venta de drogas".

"De la visualización del teléfono de Molina surgen numerosas transferencias y comunicaciones vinculadas al delito investigado en las que se habla de bolsas, gramos, frascos, precios y puntos de encuentro", explicaron.

Finalmente se informó que el sujeto será indagado en las próximas horas en la sede del Ministerio Público.

El fallo, resuelto en un juicio abreviado por el integrante del Tribunal en lo Criminal Nº 3, Julián Saldías, recayó en Lucas Blanco.

El imputado fue sentenciado a seis meses de prisión por el delito de encubrimiento y declarado reincidente.

Como el individuo contaba con dos condenas anteriores (por robo y tentativa de robo agravado), el magistrado dictó una pena única de dos años y nueve meses de cárcel.

El juez consideró probado que con anterioridad al 4 de agosto de 2025, en la vecina localidad balnearia, el procesado recibió "con conocimiento de su procedencia ilícita o debiendo suponerla", una licuadora, una pava eléctrica de acero inoxidable, dos parlantes bluetooth, cuatro ollas de acero inoxidable, un set de cocina con mangos de madera metal y plástico, un organizador de mimbre conteniendo un set de cubierto y una cuchilla.

Se determinó que los objetos, secuestrados durante un allanamiento en un departamento de la primera cuadra de calle Dufaur, habían sido sustraídos de un domicilio situado en Avenida Bahía Blanca al 900.

Todos los elementos incautados en el procedimientos fueron reconocidos por el damnificado, quien al concurrir a su propiedad descubrió lo sucedido.

Saldías señaló que el imputado fue arrestado mientras estaba realizando tareas en una obra en construcción ubicado en Lucinda Sutton al 1.300 y que los artículos sustraídos fueron encontrados en la propiedad donde residía.

Finalmente, consideró como agravante las condenas que el sujeto recibió previamente.

Por esa infracción, en la cual consta "sin certificado de habilitación", en mayo pasado, desde el Tribunal Municipal de Faltas le fijaron a sus titulares una audiencia para el martes de la semana que viene, que se realizará más allá del trágico resultado del último sábado.

El camino de dicha acta es bastante confuso, según pudo reconstruir La Nueva. 

Si bien para la audiencia de la semana que viene están citados los responsables de Power Zone SRL, a cargo de la franquicia local del gimnasio, en el acta figuran los responsables de Rudda Coffe Club, un café que tiene asiento en el mismo establecimiento.

Muerte en el gimnasio: quiénes son los responsables de la franquicia loca

Como el acta del inspector municipal no es del todo clara, no se sabe si la falta de habilitación labrada tiene que ver con todo el complejo o solo con el restaurante. Y tampoco se determinó si Rudda Coffe Club pertenece a Power Zone SRL, pese a que en el escrito así lo mencionó el inspector.

Dos caminos

Se explicó que en cualquier caso de una inspección comercial (por ejemplo, por falta de habilitación o higiene o por presencia de roedores), los agentes comunales tienen dos caminos para formalizar un acta: 

1- Clausura preventiva del local (en ese caso el juzgado de Faltas tiene 24 horas para ratificar o no la medida).

2- Tramitación de acta sin clausura (se le da curso como cualquier infracción de tránsito).

En el caso del acta realizada en abril en la avenida Cabrera al 4.100 se dio por esta segunda vía (quedó a criterio del inspector que concurrió al lugar), con lo cual el sumario siguió el camino más largo y debió respetar los tiempos de la cargada agenda del Tribunal Municipal de Faltas.

"Este tipo de trámite, por la segunda vía, se da aproximadamente en el 90% de los casos", sostuvo una fuente consultada. 

Se supo también que en diciembre último se había labrado otra acta en ese domicilio, que también está pendiente de resolución porque los responsables no concurrieron a la primera audiencia y se les reprogramó una nueva reunión para más adelante.

Al margen de estos trámites, lo concreto es que hoy el gimnasio está clausurado y con futuro incierto.

El fiscal Cristian Aguilar, titular de la UFIJ Nº 1, dispuso esa medida preventiva inmediatamente después de tomar intervención en la causa Cafasso y luego giró las actuaciones al Municipio, que le dio traslado al Tribunal de Faltas para ratificar el cierre transitorio del local.

El profesional del Derecho bahiense presidirá el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (COLPROBA) durante el período 2026-2028.

Gentili fue electo presidente durante una sesión del consejo superior de la entidad provincial, de la que participaron los titulares de los 20 departamentos judiciales bonaerenses.

En el mismo acto también se designaron a María Victoria Lorences (Lomas de Zamora) como vicepresidente primera del COLPROBA; a Juan Pablo Cremonte (Dolores) como vicepresidente segundo; y a Jorge Omar Frega (Morón) como secretario.