Esa posibilidad fue informada por distintas fuentes allegadas al caso del hombre cuya causa por abusar de una niña de 11 años prescribió (debido a que se mantuvo prófugo por más de 12 años), pero continúa privado de la libertad por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar.

Fruto de la violación, cometida en 2009 en Puan, el acusado tuvo uno de los cuatro hijos por los cuales hoy se reclama "alimentos".

Mientras la fiscal Leila Scavarda reúne prueba para tratar de pedir la prisión preventiva de Del Valle por esos hechos, enmarcados en un concurso real de delitos, trascendió que se habría ordenado el traslado del mismo desde la seccional pringlense a una unidad carcelaria provincial.

"Sabemos que se ordenó la medida, aunque no manejo la información si ya se concretó. Entiendo que aún no", comentó la abogada Yamila Segovia, hermana de la víctima del delito sexual e impulsora de la causa.

De hecho ayer, la fiscalía le pidió al Juzgado de Garantías N° 1 que la Dirección de Asistencia y Tratamiento del Servicio Penitenciario Bonaerense otorgue cupo "con carácter de urgente" para el detenido Del Valle "a la alcaidía de la unidad penal que considere adecuada".

Días antes, desde la defensa del imputado se había pedido que, en caso de ser derivado a una prisión, sea a una cercana a la zona de Florencio Varela, donde vive su familia de origen.

Sin embargo, no se informó a qué establecimiento sería derivado Del Valle ni cuándo se concretará la medida, aunque se cree que será en breve.

Buscan mantenerlo preso

Si bien el incumplimiento familiar es un delito considerado menor, con poca expectativa de pena, la clave pasa porque hasta el momento se sostiene el concurso real de delitos (4 hechos). 

Esto, de mantenerse la figura del artículo 1 de la Ley 13.944 (incumplimiento de los deberes de asistencia familiar), que prevé un máximo de 2 años de prisión, podría significar una eventual pena en expectativa máxima de 8 años (2 por cada uno de los 4 casos).

Sin embargo, desde la querella plantearon la posibilidad de agravar el cuadro según el artículo 2 bis de la misma normativa.

Ese apartado prevé penas de 1 a 6 años de prisión a quien, con la finalidad de eludir el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias, "maliciosamente destruyere, inutilizare, dañare, ocultare, o hiciere desaparecer bienes de su patrimonio o fraudulentamente disminuyere su valor".

La abogada Yamila Segovia, junto a su colega Norberto Filippini, presentó días atrás un escrito en la fiscalía para que se investigue esta posibilidad, ya que no descarta que Del Valle haya actuado con "testaferros o prestanombres" para ocultar propiedades y eludir su obligación alimentaria.

Dijo que mientras estuvo prófugo residió o dispuso de un inmueble que no estaba a su nombre, así como vehículos y propiedades de alquiler. 

"Estamos trabajando en esas posibilidades y reuniendo prueba pendiente", dijo un investigador.

Y también aclaró que el pedido de prisión preventiva podría encontrar sustento, a su vez, en el peligro de fuga del acusado, teniendo en cuenta su postura en el caso del delito sexual, por el cual estuvo prófugo casi 15 años, hasta que lo capturaron el domingo 23 de agosto en Florencio Varela.

Fuentes judiciales indicaron que Raúl Ángel Beramendi hizo uso de su derecho de guardar silencio al momento de ser indagado por el fiscal de la UFIJ Nº 19, Mauricio Del Cero.

Los voceros señalaron que el sujeto "se encontraba con libertad condicional cumpliendo una condena por robo agravado" y que quedó imputado del delito de "tenencia de estupefacientes con fines de comercialización".
Beramendi fue arrestado durante un allanamiento realizado en su vivienda de Undiano al 2.100, en el marco de una causa en la que se investiga un hecho ocurrido el pasado 28 de agosto, en Juan Molina y Sixto Laspiur, cuando uu hombre fue abordado por dos delincuentes en la vía pública.

En el lugar los policías incautaron 90 gramos de cocaína y 570 gramos de cogollos de marihuana, bolsas de nylon recortadas para fraccionamiento, una balanza de precisión, dinero en efectivo y dos teléfonos celulares.

Es para profesionales que deseen integrar las distintas listas de designaciones.

Los interesados deberán dirigirse a sus respectivos colegios profesionales durante el mes en curso.

Para el caso de profesionales no colegiados, tendrán que presentarse, hasta el 30 de septiembre inclusive, en la sede de la presidencia de la Cámara Civil, de 8 a 14. El organismo está ubicado en Estomba 34, piso 5.

Para mayor información se pueden comunicar al 291-4009600 (interno 32520).

El hecho que motivó el ataque de un vecino a otro, registrado en Las Glicinas al 900, fue producto de una discusión por el volumen de la música.

En ese contexto, Armani se aproximó a la reja de ingreso de la vivienda y Lorenzo le habría aplicado dos puntazos con un arma blanca, uno en el cuello y otro en un brazo, por lo que fue llevado de urgencia al Hospital Penna.

La lesión en la base del cuerpo, sobre el primer anillo traqueal, fue resuelta con cirugía y la herida en la parte media del brazo derecho afectó la arteria basilar.

El juicio se había programado en noviembre del año pasado pero se había suspendido por falta de jurados, a partir de las recusaciones que realizó la defensa. 

El juez técnico será el doctor Eugenio Casas, integrante del Tribunal en lo Criminal Nº 2, y el debate tendrá lugar en el quinto piso de Tribunales, Estomba 34.

Se trata de Daiana Valeria Sánchez, quien fue vista por última vez el pasado miércoles 26 de agosto.

La mujer es de contextura delgada, mide 1.65, es de tez morena, tiene cabellos largos negros por la espalda y, como señas particulares, presenta un lunar en el pómulo derecho, un piercing en la lengua y un tatuaje en el brazo derecho que dice Maxi.

Al momento de ausentarse vestía buzo con capucha de varios colores, calza negra y zapatillas negras y llevaba una mochila azul con puntitos de colores.

Cualquier información al respecto tendrá que ser comunicada al 911 o al teléfono 291-4553011.

El procedimiento se originó a raíz de la investigación por la sustracción de una motocicleta Yamaha MT-03, hecho ocurrido durante la mañana en Los Chañares al 2.800.

En este marco, efectivos abocados a la pesquisa divisaron en el domicilio de calle Islas Orcadas a dos jóvenes (de 15 y 16 años) que intentaban retirar del inmueble el rodado sustraído. Al observar la presencia policial, intentaron ingresar nuevamente a la vivienda y opusieron activa resistencia al procedimiento, por lo que fueron aprehendidos por los delitos de robo y resistencia, siendo rápidamente reducidos.

Asimismo, en el lugar se procedió a la aprehensión de los moradores del lugar: Penélope Mansilla (23 años), Tatiana Romero (19 años) y Matías Mansilla (18 años), por el delito de encubrimiento.

El vehículo sustraído fue formalmente secuestrado.

Por el hecho tomaron intervención las Unidades Funcionales de Instrucción y Juicio N° 15 y del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N° 3. El hecho está caratulado como robo, resistencia a la autoridad y encubrimiento agravado por la participación de menores.

Los adolescentes fueron restituidos a sus respectivos progenitores.

La iniciativa fue llevada adelante por personal de la Comisaría Primera, con la colaboración de la policía motorizada de UPPL, Caballería y UTOI.

En este marco, se aprehendió a Fausto Funes, de 20 años, quien era buscado por el delito de robo agravado. A esto posteriormente se le sumaron los delitos de atentado y resistencia a la autoridad y daño, ya que al verse abordado por los uniformados intentó huir.

El procedimiento se llevó a cabo en calle La Niña al 600.

Funes cuenta con un extenso prontuario por delitos contra la propiedad y a mano armada.

Además, en un retén ubicado en Brown y EE.UU. se detuvo a Ezequiel Figueroa, de 36 años, sobre quien pesaba un requerimiento de paradero por el delito de encubrimiento en Río Cuarto.

En el mismo lugar se procedió a la detención de José Luis Mansilla, de 42 años, quien era buscado por el Juzgado Correccional N° 6 de Cañada de Gómez, en Santa Fe, por los delitos de lesiones y robo.

El procedimiento se realizó minutos después de las 18, cuando los efectivos fueron alertados el hecho y lograron interceptarlos en la intersección de Río Negro y Teniente Farías.

Según se informó, minutos antes habrían intentado sustraer una motocicleta Motomel Custom 200 y una Bajaj Rouser 180, ambas estacionadas en el sector de la playa de estacionamiento del barrio UPCN.

Ambos vehículos fueron posteriormente hallados abandonados en Granada al 1.300 y en el interior de un monoblock.

Durante el procedimiento también fue secuestrada una motocicleta Gilera Smash que se encontraba en el interior de un monoblock y presentaba signos de violencia en el tambor de ignición. Además, los efectivos incautaron un cuchillo tipo Tramontina y dos llaves combinadas.

Los adolescentes quedaron a disposición de la Justicia de Responsabilidad Penal Juvenil, con intervención de la UFIJ, Defensoría y Juzgado de Garantías del Joven, Servicio Local y UFIJ N° 7.

El hombre se hizo presente de manera espontánea en la sede de la fiscalía y el fiscal Jorge Viego, a cargo de la causa, comunicó la novedad y personal policial lo detuvo, según se informó desde el Ministerio Público Fiscal.

Desde la comisaría Quinta, en tanto, se había indicado que en días previos se habían hecho distintos rastrillajes y vigilancias en el sector del barrio Talleres, donde vive su madre, aunque no lo habían podido localizar.

Aguilar está imputado de tentativa de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido mediando violencia de género, según el artículo 80 del Código Penal.

El hecho que le imputan se registró aquel miércoles, sobre las 7, cuando Aguilar se habría presentado en la casa Entre Ríos al 2.200 y, con el uso del arma blanca, atacó a la mujer, de 40 años, a quien le provocó múltiples heridas de consideración en cuello, abdomen y una mano. Todo sucedió en presencia de dos hijos de la víctima, de 7 y 9 años.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguna víctima, llamá al 144: es gratis y atiende las 24 horas.

En un juicio abreviado, el Tribunal en lo Criminal Nº 2 bahiense le impuso esa pena a Lautaro Ezequiel Cabezas.

Los jueces del Criminal 2 consideraron al imputado coautor y autor penalmente responsable de robo agravado por su comisión en poblado y en banda, y robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no se acreditó y por escalamiento.

Las investigaciones estuvieron a cargo del fiscal Diego Conti, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 11.

Uno de los hechos delictivos se cometió el 17 de febrero pasado, cuando el procesado y ocho personas más interceptaron a un hombre en Maestro Piccioli y Ángel Brunel, donde lo golpearon y le sustrajeron el teléfono celular y las zapatillas.

Cabezas participó de otro robo el 9 de marzo, cuando irrumpió en una vivienda de Chile al 2300 y encañonó al dueño del inmueble.

Allí sustrajo 890.000 pesos, una consola de videojuegos PlayStation y dos joysticks, entre otros elementos, para luego escapar trepando un paredón de dos metros de altura.

Del Valle fue sobreseído el pasado viernes por la violación de una niña de 11 años en Puan y el delito de intento de aborto, al considerar el juez Guillermo Mércuri prescripta la acción penal (el hombre se mantuvo prófugo más de 12 años).

Sin embargo, mantuvo la decisión de la jueza Claudia Olivera de mantenerlo privado de la libertad por no pasarle alimentos a 4 de sus hijos (entre ellos que el que nació producto del delito sexual).

Si bien se trata de un delito considerado menor, con poca expectativa de pena, la clave pasa porque hasta el momento se sostiene el concurso real de delitos (4 hechos). 

Violadores en la calle: la imperiosa necesidad de alcanzar una reforma legal

Esto, de mantenerse la figura del artículo 1 de la Ley 13.944 (incumplimiento de los deberes de asistencia familiar), que prevé un máximo de 2 años de prisión, podría significar una eventual pena en expectativa máxima de 8 años (2 por cada uno de los 4 casos).

Sin embargo, desde la querella plantearon la posibilidad de agravar el cuadro según el artículo 2 bis de la misma normativa.

Ese apartado prevé penas de 1 a 6 años de prisión a quien, con la finalidad de eludir el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias, "maliciosamente destruyere, inutilizare, dañare, ocultare, o hiciere desaparecer bienes de su patrimonio o fraudulentamente disminuyere su valor".

La abogada Yamila Segovia, junto a su colega Norberto Filippini, presentó días atrás un escrito en la fiscalía para que se investigue esta posibilidad, ya que no descarta que Del Valle haya actuado con "testaferros o prestanombres" para ocultar propiedades y eludir su obligación alimentaria.

Dijo que mientras estuvo prófugo residió o dispuso de un inmueble que no estaba a su nombre, así como vehículos y propiedades de alquiler. 

"Estamos trabajando en esas posibilidades y reuniendo prueba pendiente", dijo un investigador.

Y también aclaró que el pedido de prisión preventiva podría encontrar sustento, a su vez, en el peligro de fuga del acusado, teniendo en cuenta su postura en el caso del delito sexual, por el cual estuvo prófugo casi 15 años, hasta que lo capturaron el domingo 23 de agosto en Florencio Varela.

El acusado permanece detenido en la comisaría de Coronel Pringles y en caso de dictarse su prisión preventiva (la pediría la fiscal Scavarda y la tendrá que resolver el Juzgado de Garantías Nº 1) podría ser trasladado a una unidad carcelaria.

Uno de los domicilios, en Carlos Darwin al 300 (localidad de Villa Arias), pertenece a la pareja responsable de la residencia, mientras que el otro, en Humberto Primo al 1.000, es el hogar donde se encontraba alojada la víctima.

La investigación se inició con la denuncia realizada en febrero pasado por el propio damnificado, quien refirió que su nieta -encargada de manejar sus cuentas- había ido a renovar los plazos fijos y las cuentas estaban suspendidas.

En ese contexto, se detectó un préstamo por 10 millones de pesos que nunca había solicitado, diversas transferencias y compras, por lo que se brindó esa información a la justicia para iniciar las tareas investigativas.

La pesquisa permitió determinar que el responsable del hogar y su pareja habían accedido al dinero con los datos de la víctima y utilizado a otras personas como receptoras, para desviar la atención, y que -más tarde- esas sumas eran transferidas hacia sus cuentas.

En los domicilios, personal de Cibercrimen Región Interior secuestró teléfonos celulares y documentación, que serán peritados en busca de mayores pruebas para la causa.

El procedimiento se registró alrededor de las 18:30, a raíz de un llamado al servicio de emergencias 911 que motivó la presencia policial en un domicilio ubicado en Chaco al 3800.

De acuerdo con las actuaciones, momentos antes el imputado habría agredido físicamente a su pareja mediante golpes en la región de la cabeza, provocándole hematomas en el cuero cabelludo, luego de que la mujer le comunicara su decisión de finalizar la relación de pareja.

Tras las agresiones, la damnificada logró dar aviso al 911, concurriendo efectivos del Comando de Patrullas, quienes procedieron a la aprehensión de Muñoz.

Las actuaciones fueron remitidas a la Comisaría Quinta, con intervención de la UFIJ N° 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

El procedimiento se inició alrededor de las 13:00, cuando efectivos que realizaban recorridas preventivas en inmediaciones de Avenida Arias y Tarapacá observaron a un hombre que huía a pie mientras era perseguido por el responsable de un comercio de nacionalidad china, quien alertó a los uniformados sobre el ilícito.

De acuerdo con las actuaciones, Jara habría ingresado momentos antes al Supermercado Mega, ubicado en Avenida Arias al 2100, donde intentó sustraer seis envases de shampoo, valuados en aproximadamente $87.000.

Al ser advertido y frustrarse la sustracción, el imputado habría arrojado una piedra contra el comerciante sin llegar a lesionarlo, provocando además la rotura de uno de los cristales del establecimiento.

Tras una breve persecución, personal del Comando de Patrullas logró interceptar y aprehender a Jara en Tarapacá al 2000.

Durante el procedimiento se recuperó y secuestró la totalidad de la mercadería, como así también la piedra presuntamente utilizada durante el hecho.

El aprehendido fue trasladado a la Comisaría Sexta, quedando a disposición de la UFIJ N° 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

Fue llevado a cabo por personal de la Comisaría Séptima de Bahía Blanca, con la participación conjunta del Gabinete Técnico Operativo (GTO), personal de guardia, la Sección Motorizada y agentes del Centro de Tránsito Urbano.

La iniciativa se enfoca en la disuasión de picadas ilegales y la prevención del delito.

En este marco, se aprehendió a Fabricio Ortellado, de 24 años, por el delito de desobediencia. También se incautaron seis motocicletas por diversas infracciones a la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y a la Ley Provincial N° 13.927.

Según se indicó, en total se fiscalizaron 198 automóviles y 126 motovehículos.

Estas acciones, se aclaró, forman parte del plan de presencia territorial y proximidad con la comunidad para garantizar la seguridad vial y el orden público en la zona.

Según denunció la madre del agredido, luego del encuentro el adolescente de 15 años fue abordado y atacado por otro de la misma edad quien, tras insultarlo, le dio golpes de puño en la boca, provocándole la lesión en la cara interna del labio inferior.

La golpiza ocurrió en la intersección de Colón y Rosales.

Ambos jóvenes son jugadores de los dos clubes puntaltenses y habían participado del encuentro entre menores.

Según se indicó, el problema se había originado durante el partido.

La carátula es Lesiones leves. 

La captura se llevó a cabo en Güemes y Monseñor Angelelli.

En ese lugar se aprhendió a Rodrigo Muñoz, de 26 años. El hombre había intentado escapar de los policías, pero fue reducido tras oponer resistencia y forcejear con los agentes.

Se procura establecer su posible vinculación con otros hechos similares en el sector.

Intervienen en el caso la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 7 y el Juzgado de Garantías Nº 4 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.

Hace poco más de un mes, cuando pretendía ingresar al país por la Triple Frontera, procedente de Foz de Iguazú (Brasil), personal de la Dirección Nacional de Migraciones detectó que tenía un pedido de captura internacional y dio aviso a los efectivos de Gendarmería Nacional apostados en el lugar.

El sujeto, según describieron, atravesó el Puente Internacional Tancredo Neves y pretendía acceder a Misiones cuando fue interceptado y arrestado.

Damboriana fue puesto de inmediato a disposición de la UFIJ Nº 19, a cargo del fiscal Mauricio Del Cero, quien lo indagó mediante el sistema de videollamada (se negó a declarar) y ordenó el traslado hacia nuestra ciudad.

El pasado 15 de julio, la jueza de Garantías Nº 1, Claudia Olivera, decretó la prisión preventiva del acusado.

La medida fue apelada por la defensora oficial Luciana Juricich, aunque recientemente la Sala II de la Cámara Penal local, con los votos de los jueces Guillermo Petersen y Guillermo Emir Rodríguez, confirmó la decisión de que el imputado permanezca detenido al menos hasta el juicio oral y público.

Los hechos

La causa se puso en marcha en octubre de 2023, cuando efectivos de la Estación de Policía Comunal montehermoseña secuestraron en poder de Damboriana 2,7 gramos de cocaína fraccionada, una balanza y un teléfono celular.

"Del análisis del dispositivo se pudo determinar que presuntamente tenía la sustancia con fines de comercialización y que, junto a Alejandro Antonio La Rocca, habría vendido estupefacientes, particularmente cocaína, en Monte Hermoso y Sauce Grande, al menos entre junio y octubre de ese año", mencionaron.

El presunto cómplice fue sentenciado en abril de 2025 a 3 años de prisión de ejecución condicional, como participe secundario de comercialización de drogas.

Incluso, describieron que también se hallaron conversaciones del sospechoso con otro hombre que en 2025 fue condenado por el comercio de narcóticos al menudeo.

Charlas reveladoras

Al fundamentar la decisión, los camaristas destacaron que las conversaciones halladas en el análisis de los teléfonos celulares “dan cuenta de presuntos actos de comercialización de estupefacientes llevados a cabo en un determinado período, de la división de funciones y de los roles que habrían asumido ambos en el intercambio de las sustancias con terceros consumidores”.

Señalaron que en esos diálogos también se hallaron indicios del precio de la droga y del pago mediante transferencias bancarias.

Los jueces sostuvieron que con las pruebas recolectadas por los investigadores “basta para sostener que se ha arribado al grado de conocimiento necesario para el dictado de la medida de coerción impuesta”.

Describieron que, si bien de las transcripciones de las charlas “pudiera inferirse” que el acusado “eventualmente consumiría estupefacientes”, esa situación no excluye las conductas que le imputan.

Incluso, mencionaron que esa circunstancia fue introducida en la apelación solo por la defensa, ya que el sujeto no la refirió al declarar.

Por otra parte, coincidieron con la jueza de Garantías respecto a la presencia de peligros procesales, entre ellos el de fuga.

“Debe merituarse que estamos en presencia de hechos graves, así como la actitud procesal asumida por el procesado, en tanto el mismo permaneció sin poder ser hallado y con un pedido de captura”.

Del mismo modo, según señalaron en la resolución, tuvieron en cuenta los antecedentes penales computables del Damboriana.

Por todo ello, resolvieron rechazar el planteo de la abogada defensora y confirmar la medida que dispuso la prisión preventiva del hombre.

El 21 de octubre de 2023, cuando debían embarcar desde la ciudad dominicana hacia Buenos Aires y fueron al aeropuerto para retirar los pasajes físicos descubrieron que el vuelo AR 1325 de Aerolíneas Argentinas solo tenía tres asientos disponibles y no figuraba el del hombre, identificado con las iniciales D.N.M.

Pese a los insistentes y justificados reclamos, porque habían hecho el pago previo de los 4 lugares a través de la plataforma online Otium Internacional (el representante local JM Viajes fue quien extendió la factura), desde la firma de aeronavegación desistieron de subir al hombre al avión de vuelta.

D.N.M. entendió que había sido víctima de una práctica ilegal, conocida como overbooking, que consiste en la sobreventa de pasajes.

Debió quedarse en Punta Cana dos días más y recién el 23 pudo volar hacia nuestro país.

Una vez en Bahía accionó contra Aerolíneas Argentinas y el caso fue analizado por la Justicia Federal.

Y en dos instancias ya obtuvo dictamen a favor. 

Tanto el Juzgado Federal N° 2 como, recientemente, la Cámara Federal de Apelaciones resolvieron aceptar la demanda por daños y perjuicios, aunque rechazaron el reclamo por daños punitivos.

En primera instancia, la jueza María Gabriela Marrón ordenó un pago de 2 millones de pesos más los intereses desde octubre de 2023 por el daño moral generado.

Entendió que la familia sufrió "disgusto, incomodidad e incertidumbre" al ser cancelado el pasaje del hombre.

"La desatención, al no haberle prestado el servicio contratado de manera regular, provocó afecciones en la esfera interna", dijo.

D.N.M. apeló al cuestionar el monto fijado y el rechazo al pedido por daño punitivo, al considerar que la empresa omitió las reglas de deber de información y trato digno que prevé la Ley de Defensa del Consumidor 24.240, ya que, en su criterio, intentó camuflar la sobreventa de pasajes con cuestiones operativas.

En cuanto al dinero dispuesto, entendió que "se decidió fijar un monto que apenas cubre la mitad de lo pedido y sin explicación alguna".

Abogada ganó una demanda millonaria por un vuelo cancelado en la pandemia

La aerolíneas, por su lado, rechazó la demanda tras explicar que la modificación se debió a un cambio de la aeronave originalmente programada para ese viaje por otra de igual modelo (Airbus A330), pero con menor capacidad (un asiento menos).

Y reconoció que el personal que atendió a la familia en preembarque usó el término overbooking pero no en sentido de sobreventa de pasajes, sino para indicar que la capacidad del avión no contaba con disponibilidad para todos los pasajeros.

A medias

La Cámara Federal confirmó el fallo de la jueza Marrón. Fijó el monto por daños y perjuicios y desestimó el pedido por daños punitivos.

El camarista Roberto  Amábile -con la adhesión de su colega Pablo Larriera- entendió que estaba bien calculado el monto.

Si bien existió una temporaria separación del grupo familiar, con las molestias, angustias y trastornos de esa situación, "no se verificó una frustración total del viaje ni secuelas de carácter permanente".

"Por ello, no resulta adecuado tomar como referencia una experiencia de alto costo o carácter suntuario –como sería la financiación de dos nuevos viajes internacionales para el grupo familiar al destino originalmente visitado–, pues ello desbordaría la función resarcitoria del instituto.

"En cambio, se estima razonable fijar una suma que permita a los actores acceder a una experiencia familiar de recreación o descanso de nivel medio, apta para mitigar las consecuencias disvaliosas del hecho, cumpliendo así con la finalidad compensatoria que informa el ordenamiento vigente", explicó.

En cuanto al daño punitivo, la Cámara explicó que se trata de una sanción "de carácter excepcional" que requiere la verificación de una conducta "particularmente grave por parte del proveedor, que exceda el mero incumplimiento de las obligaciones contractuales y evidencie un claro desinterés o menosprecio por los derechos del consumidor".

Le cubrieron los gastos en la emergencia

El daño punitivo fue rechazado porque no se observaron elementos suficientes para considerar que la situación fue de gravedad extrema.

De hecho, surge de la causa que la aerolínea "brindó asistencia al pasajero afectado", con la cobertura de los gastos de alojamiento extras, traslados y reprogramación del vuelo.

"Lo cual, si bien no neutraliza el incumplimiento verificado ni excluye la procedencia del resarcimiento por daño moral, resulta indicativo de una conducta que no puede ser calificada como de grave indiferencia o desaprensión hacia el consumidor", explicó la Cámara Federal bahiense.

El hecho de que la empresa no hay apodido probar de manera suficiente que se trató de un error técnico para justificar la reducción de capacidad del vuelo no deriva, por sí solo, en la existencia de un obrar doloso.

Sí se estableció a partir de los informes de la ANAC que el avión de reemplazo para la vuelta a Ezeiza tenía mayor cantidad de plazas disponibles que la unidad originaria, lo cual desestimó los descargos de AA para desligarse de la responsabilidad por el daño moral.

En la víspera el juez subrogante del Juzgado de Garantías N° 1, Guillermo Mércuri, rechazó el hábeas corpus formulado por la defensa de Del Valle.

El magistrado decidió mantenerlo privado de la libertad pero por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar.

En tanto, por el caso del grave ataque sexual, coincidió con su colega Claudia Olivera en cuanto a que la acción penal está extinguida y ordenó el sobreseimiento por los hechos de abuso sexual agravado y aborto en grado de tentativa. 

El magistrado respondió al pedido de la Cámara Penal (había dejado en suspenso el sobreseimiento al pedir profundizar los informes de antecedentes para saber si no se había interrumpido la prescripción) y aclaró que, tras extraerse las huellas dactilares actualizadas del sospechoso, se confirmó que no existían condenadas en su contra durante el tiempo de la fuga.

"Seguimos firmes en que hay argumentos para darle continuidad a la acción penal y avanzar sobre los otros delitos", agregó la joven abogada y familiar de la víctima.

Violadores en la calle: la imperiosa necesidad de alcanzar una reforma legal

Segovia impulsa la acusación como particular damnificada junto a sus colegas Norberto Filippini y Leonel Báez.