El primero de los operativos terminó con el arresto de Danilo Saavedra San Román y Lautaro Federizzi, quienes en principio -y siempre según el parte policial- esquivaron un control de tránsito cuando iban en moto e intentaron escapar.

En la casa de San Román, en Paso y Bustamante, incautaron 190 gramos de marihuana, un celular Motorola que será analizado, recortes de nylon para fraccionamiento y elementos de corte. 

El otro allanamiento tuvo lugar en la primera cuadra de la avenida Victor H. Barrera, donde vive Federizzi, donde incautaron un plato con restos de cocaína y también elementos de corte y fraccionamiento para esa sustancia.

En definitiva, ambos ciudadanos quedaron imputados por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, quienes serán indagados en las próximas horas y puestos a disposición de la Justicia.

En la ruta 75

El otro operativo se originó en la ruta provincial 75 y el acceso a De La Garma, cuando la Policía aprehendió a dos jóvenes.

Todo sucedió cuando ambos iban en bicicleta por la banquina, hacia donde se encontraba una camioneta Ford F-100 -propiedad de uno de ellos- que había sufrido un desperfecto mecánico.

Se constató que dicho joven carecía de la documentación del vehículo, mientras que en la requisa les secuestraron dos gramos de cocaína y 2,5 gramos de marihuana. A ambos les secuestraron los celulares.

La decisión replica una modalidad utilizada en muchas causas del fuero federal, donde los bienes incautados son puestos a disposición del Estado.

El fiscal Mauricio Del Cero planteó en el acuerdo de juicio abreviado que los objetos hallados durante el procedimiento que derivó en la detención de Tiziano Cuadrado, registrada a mediados del año pasado, se “asignen a la persecución de infracciones a la ley 23.737”.

El pedido fue aceptado por el abogado defensor Ignacio Yazyi y también por el procesado.

En esas circunstancias, en los últimos días el juez del Tribunal en lo Criminal Nº 1, Hugo Adrián De Rosa, sentenció a Cuadrado a la pena de 6 años de cárcel y avaló la solicitud del Ministerio Público.

Destino

En la resolución, tal como se acordara, se estableció que una balanza de precisión y un vehículo Fiat Uno serán asignados a la Dirección de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires 

De la misma forma, se determinó que la totalidad del dinero incautado en los procedimientos sea entregado al Ministerio Público Fiscal.

Para ello la Procuración creó una cuenta donde son derivados los fondos secuestrados para ser “afectados exclusivamente a la provisión de insumos de laboratorio, material para pericias o cualquier insumo, dispositivo, herramienta, tecnología y/o cualquier gasto necesario para llevar adelante de forma eficiente las investigaciones” en causas penales por aplicación de la ley de drogas.

En la ruta

Cuadrado fue arrestado el 28 de julio del año pasado, poco antes de mediodía, durante un operativo de la Policía Vial en el kilómetro 678 de la ruta 3 vieja.

El sujeto se movilizaba a bordo de un Fiat Uno cuando fue interceptado por los uniformados, quienes advirtieron la empuñadura de un arma de fuego entre los asientos delanteros.

De inmediato convocaron a testigos y registraron el rodado, secuestrando un revólver marca Magnum calibre 357 y cuatro proyectiles.

De la misma forma, incautaron envoltorios de nylon que contenían en total 392 gramos de cocaína y otro con 1,4 gramos de la sustancia denominada “Tusi” (cocaína rosa).

También hallaron una balanza digital y algo más de 300 mil pesos.

Poco después del procedimiento, y a pedido de la Fiscalía, los efectivos allanaron la vivienda del imputado, en la avenida La Plata al 800, donde secuestraron una pequeña cantidad de cocaína, unos 44 gramos de marihuana, dos celulares y 11 mil pesos.

Sin dudas

“No albergo dudas en cuanto a que la sustancia estupefaciente secuestrada se encontraba destinada a su comercialización”, indicó De Rosa en el fallo.

Agregó que “corresponde ponderar la cantidad, variedad y modalidad de fraccionamiento en que fue hallada la sustancia ilícita, extremos que, analizados en conjunto, permiten razonablemente descartar su destino para consumo personal e inclinan la conclusión hacia su finalidad de tráfico”.

El juez consideró que esa opinión también encuentra sustento en el hallazgo en el interior del Fiat Uno de la balanza y el dinero.

“Durante el allanamiento practicado en el domicilio del imputado se procedió al secuestro de un trozo de nylon con faltantes circulares, lo que permite inferir que los envoltorios utilizados para el fraccionamiento de la sustancia eran confeccionados en dicho lugar”, dijo.

Posteriormente, De Rosa consideró grave la presencia del arma y los proyectiles en el vehículo. 

Sostuvo que esa circunstancia “incrementa significativamente la peligrosidad de la conducta desplegada y concluir que dicha arma se encontraba destinada al resguardo de la actividad ilícita desarrollada”.

Por todo ello, consideró probada la responsabilidad de Cuadrado en los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización -en dosis fraccionadas directamente para su consumo- y portación ilegal de arma de fuego de guerra.

Decomiso de campos y departamentos

Importantes propiedades en nuestra ciudad y hasta  establecimientos rurales en la región fueron decomisados por la Justicia Federal en investigaciones ligadas al narcotráfico a gran escala.

En la segunda parte de los '90, el Cartel de Juárez, uno de los más poderosos en Méjico, había desembarcado con fuerza en nuestro país para lavar dinero procedente de la venta de drogas.

Propiedades por un valor del orden de los 21 millones de dólares, entre ellas varias en Bahía y la región, pudo acreditar la Justicia que, luego de un extensísimo proceso de casi 20 años, decomisó y pasó al Estado nacional, así como otros 13 millones de dólares que estaban bajo administración oficial.

El año pasado, en el marco de una causa en la que se investigó una banda dedicada al comercio de estupefacientes, Darío Bustamante fue sentenciado a 5 años de cárcel.

El tribunal ordenó la confiscación de un departamento suyo en el séptimo piso de un edificio ubicado en la avenida Alem al 1.300.

La defensa de Bustamante apeló la medida y la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal la confirmó.

El hecho ocurrió en Maipú y Garibaldi, sobre las 23.15, luego de un alerta al 911 y un seguimiento realizado por el Centro Único de Monitoreo.

En este marco, personal del Cuerpo Motorizado detuvo a Bruno Nahuel Rodríguez.

El delito había ocurrido en la primera cuadra de O’Higgins.

La captura se llevó a cabo en Soler y General Paz, durante los festejos por el 198º aniversario de Bahía Blanca.

En ese lugar, personal del Comando Patrulla y del Gabinete Investigativo de la Comisaría Primera aprehendió a Sebastián Fuertes, de 48 años, y a Estefanía Goroso, de 24. Ambos poseen amplios antecedentes por delitos contra la propiedad.

Según se indicó, cuando el vehículo circulaba por el sector, fue detenido por efectivos policiales que estaban realizando un operativo de rutina. Haciendo caso omiso, estas personas emprendieron la fuga, aunque fueron rápidamente interceptados.

Al tratar de identificar a los ocupantes del vehículo, los notaron "eufóricos y poco colaborativos". Por ello, luego de una requisa, se les encontraron aproximadamente 10 gramos de clorhidrato de cocaína.

Además, se estableció que el rodado poseía la cédula verde apócrifa y las chapas patentes adulteradas, junto con los números de motor y chasis suprimidos.

Fuertes fue aprehendido por tenencia de estupefacientes y robo de automotor, mientras que Goroso fue capturada por tenencia de estupefacientes.

Intervienen la Fiscalía Federal, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 7 de Bahía Blanca y la N° 9 de La Plata.

El concepto de pena natural en el Derecho se puede presentar cuando el autor de un delito, al cometerlo, sufre un daño igual o mayor al que puede padecer si un juez le impone la pena prevista en el Código Penal para esa conducta.

Este tipo de situaciones se da con frecuencia en los siniestros viales, cuando un conductor, por imprudencia o negligencia, provoca un choque que termina con la vida de personas cercanas que lo acompañan.

Este es el caso que se ventiló en nuestra ciudad y permitió disminuir la pena judicial que le habían aplicado a Fernando Oscar Garmendia, el conductor de una camioneta que en la madrugada del 28 de enero de 2021 volcó en el kilómetro 620 de la ruta 3, en jurisdicción de Coronel Rosales, y causó el fallecimiento de su amiga Gisela Cruz (45).

Garmendia, oriundo de Tandil como su amiga, es guía de montaña y viajaba además junto con otras dos personas que terminaron con heridas leves. Los cuatro iban hacia Chos Malal, al norte de la provincia de Neuquén, para participar de una excursión.

Al llegar a juicio, el conductor de la Ford Ranger fue condenado por el delito de homicidio culposo agravado por la conducción de vehículo automotor, según lo normado por el artículo 84 bis del Código Penal.

El juez en lo Correccional N° 1, Gabriel Giuliani, le impuso a Garmendia 2 años y 8 meses de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial por el término de 7 años y medio para conducir vehículos automotores, así como dos años de reglas de conducta.

El abogado Luciano Tumini, en representación de Garmendia, apeló la decisión y criticó que en el fallo de origen se valorara como agravantes las circunstancia de que transportaba a varias personas en el vehículo siniestrado y que desempeñaba una actividad comercial al momento del impacto. 

Alegó que Garmendia circulaba en su automóvil, con la capacidad de transporte de terceras personas dentro del límite permitido y que la mecánica del accidente no había tenido ningún tipo de relación con la cantidad de personas que transportaba, sin que por ello se le pudiera exigir una mayor precaución.

"Pena natural”: piden sobreseer a un hombre que sufrió heridas en un robo

Cuestionó, además, que no se tuvieran en cuenta como atenuantes el informe socioambiental y la "pena natural" sufrida. Sostuvo que el hecho por el que fue condenado le había causado un concreto y pesar psicológico permanente, al haber perdido la vida su mejor amiga, con quien tenía una estrecha relación, al punto tal que resultaba ser padrino de una de sus hijas. 

De allí que la pena de inhabilitación apareciera como "cruel, superflua o inapropiada" y, en consecuencia innecesaria, por lo que podría prescindirse o reducirse en su justa composición.

"Se presentan déficits"

Los camaristas aceptaron parcialmente el recurso de la defensa.

Consideraron que en el fallo de origen "se presentan déficits en la evaluación de una circunstancia agravante y de un atenuante que incidieron en el monto de pena impuesto".

Se desestimó considerar agravante el transporte de varias personas en el vehículo, porque el juez no presentó ninguna justificación en ese sentido.

"Máxime cuando la cantidad de personas transportadas se ajustaba al número de individuos que el vehículo tenía capacidad para transportar y éste se encontraba en condiciones de seguridad para hacerlo (al menos de la reconstrucción efectuada, surge que -a excepción de la víctima- todos llevaban cinturón de seguridad colocado y el asiento donde la fallecida se encontraba, contaba con ese elemento de seguridad)", dijo la Cámara.

Sí aceptaron el agravante de la actividad comercial de Garmendia, porque el ejercicio de su actividad de montañista comercial, por la cual había organizado el viaje "le exigía extremar las precauciones de manejo a fin de evitar la circulación por la ruta durante la madrugada para prevenir el eventual cansancio o somnolencia", situación que fue advertida por testigos que declararon en la causa.

Por último, la Cámara  aceptó el concepto de "pena natural" y decidió rebajar la pena a 2 años y 3 meses de prisión en suspenso y 6 años y 6 meses de inhabilitación para conducir.

Relación que hoy persiste

Vínculo. Al conceder la figura de "pena natural", los jueces tuvieron en cuenta el vínculo afectivo cercano. "Mantuvieron una amistad de 15 años y hoy persiste con el viudo y sus hijas, una de las cuales es su ahijada", dijeron.

Sufrimiento. "Ese sufrimiento padecido por el justiciable, en torno al fallecimiento de una persona con la que tenía una relación estrecha y de familiaridad, debía ser merituado como una circunstancia atenuante de la sanción", explicaron.

Desde la seccional policial rosaleña indicaron que el procedimiento se produjo minutos antes de las 4, en Pueyrredón al 300, cunado los efectivos interceptaron un rodado marca Jeep para identificar a sus ocupantes.

Los voceros mencionaron que los sujetos, identificados como Ítalo Flores Oberti (24), Maximiliano Velázquez 35) y Mauro Villán (33), habrían intentado ocultar objetos, por lo que los efectivos procedieron a registrar la unidad.

En esas circunstancias, según detallaron, detrás del asiento del conductor secuestraron "una sustancia blanquecina similar a clorhidrato de cocaína, con un pesaje de 13,5 gramos".

Agregaron que "entre los asientos delantero de conductor y acompañante se halló una bolsa de nylon conteniendo otra sustancia de similares características, con un peso de 8,2 gramos".

Finalmente, incautaron también en poder de los sospechosos tres teléfonos celulares y un machete.

Los sujetos fueron trasladados a la seccional policial y puestos a disposición de la UFIJ N° 19.

Los operadores dieron aviso de la situación a la Policía, por lo que efectivos del Comando de Patrulla concurrieron al sitio y sorprendieron a dos hombres y una mujer.

Los investigadores establecieron que se produjo la venta de marihuana y cocaína y que las sustancias fueron abonadas por transferencia electrónica desde billeteras virtuales.

En los últimos días, y en el marco de un debate abreviado, Mauro Fredi Rubini (32) fue sentenciado a la pena de 4 años de prisión por el hecho.

El fallo fue dictado por el juez del Tribunal en lo Criminal Nº 3, Eduardo d'Empaire, quien halló culpable al hombre del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y entrega de drogas a título oneroso.

Previamente, el fiscal Mauricio Del Cero y el defensor oficial Eduardo Zalba, con la aceptación del imputado, habían acordado la sanción y calificación legal del caso.

Encuentro y ventas

Para el juez quedó acreditado que el día del hecho, poco antes de las 5, el imputado se reunió con otras dos personas en Soler e Israel.

En esas circunstancias le entregó a una de ellas 0,8 gramos de marihuana a cambio de 25 mil pesos, que abonó la mujer que acompañaba al comprador mediante la utilización de la aplicación Cuenta DNI.

Las cámaras del municipio detectaron que Rubini, quien se movilizaba en una moto y vestía ropa de color celeste, se entrevistó con un hombre que tenía prendas de tono gris y estaba acompañado por una mujer.

La filmación registró cuando el imputado le entregó al otro individuo un envoltorio de nylon con una sustancia blanca en su interior.

También se observó en las imágenes la forma en que se abonó el estupefaciente, a través de una billetera virtual.

Los policías que llegaron al lugar secuestraron la sustancia en el interior del bolsillo derecho del pantalón del comprador.

En tanto, según mencionaron los uniformados, Rubini se descartó arrojando al suelo un envoltorio de color negro, mientras que en su poder hallaron dos teléfonos celulares y 44.600 pesos.

Personal de Drogas Ilícitas determinó que el elemento lanzado por el acusado contenía unos 2 gramos de cocaína, mientras que la “bochita” secuestrada en poder del hombre que adquirió el estupefaciente pesó 0,8.

Comunicación

El juez indicó en el fallo que en el teléfono del comprador se hallaron mensajes y llamadas al aparato que tenía en su poder el procesado.

Señaló que allí se “alude a la entrega del estupefaciente”.

“Apenas unos minutos antes de la observación de la maniobra por parte de los operadores de las cámaras del CeUM, se registró una comunicación entre los protagonistas, de una duración de 34 segundos, e incluso instantes antes, dos llamadas perdidas”, refirió el juez en la sentencia.

Por todo ello, el doctore d'Empaire consideró probada la responsabilidad de Rubini en los delitos.

El "amigo" y el pedido de "piedra"

Contacto. En análisis del teléfono celular perteneciente al comprador los investigadores hallaron mensajes que le envió a Rubini, a quien tenía identificado como "amigo" dentro de sus contactos.

Pedido. En la aplicación Telegram se advirtieron diálogos de esa madrugada en la que mencionaba: "asegurame que la traes en piedra y se puede probar. Yo te doy el celu, transferí vos y yo pruebo, como tiene que ser".

Ayuda. También descubrieron una comunicación en WhatsApp, en la que le pide a la mujer que lo acompañaba que le preste su celular para realizar la transferencia de dinero al acusado.

Consumidor. El hombre, de acuerdo al relevamiento del aparato, también le admitió a un conocido su adicción a las drogas y los problemas para poder controlarla. A otro de sus contactos le manifestó su necesidad de someterse a un tratamiento para rehabilitarse. 

Un reconocido médico hematólogo que hace casi tres años fue acusado de disparar un aire comprimido desde un edificio céntrico, cansado de los "ruidos molestos" en una cervercería, irá a juicio para responder por las lesiones que le ocasionó a un músico.

Se trata del doctor Santiago Boughen, a quien la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal le acaba de rechazar un recurso para evitar llegar a esa instancia.

Meses después del trascendente caso, que terminó con el cantante Agustín Rodríguez -del grupo Los brutos diamantes- herido, se había avanzado hacia una mediación alternativa, pero no prosperó porque la defensa del acusado aseguró que no había sido autor del delito.

Boughen está imputado de provocarle lesiones leves a la víctima.

El delito se concretó la noche del viernes 12 de mayo de 2023, cuando la agrupación musical brindaba un recital en la puerta de la cervecería Kluppelberg, que funcionaba en Lamadrid 261, y su vocalista sufrió el impacto de un balín en el tríceps de su brazo derecho.

La herida demandó su traslado al Hospital Privado del Sur, donde debieron intervenirlo quirúrgicamente.

Los investigadores pudieron establecer que el médico disparó desde el sexto piso de un edificio ubicado en las cercanías y que ya había dado muestras de estar indignado por el alto volumen de la música en dicho local. 

De hecho, una supuesta amenaza registrada una semana antes contra el dueño del bar habría permitido esclarecer el posterior ataque armado, al quedar registrado su teléfono y llamar desde el mismo número para disculparse por la agresión.

El abogado de Boughen, Juan Carnero, reclamó su sobreseimiento, pero en primer lugar la jueza de Garantías Marisa Promé se lo rechazó y, en los últimos días, la Cámara Penal ratificó esa decisión, con los votos de los jueces Christian Yesari y Gustavo Barbieri.

El argumento de la defensa es que no existen elementos objetivos de prueba para culpar al médico, que nunca se lo vio en la escena del delito, que no se secuestró el aire comprimido utilizado para el disparo y que el balín extraído a la víctima durante la operación hospitalaria fue descartado.

"Solo existen presunciones", dijo el abogado del médico Boughen.

"Probabilidad positiva"

Sin embargo, la Cámara Penal no le dio la razón, tras considerar en el fallo que "existen medios de convicción suficientes para arribar a dicho grado de probabilidad sobre la intervención del encartado en el hecho materia de acusación".

Se tuvo en cuenta, para ese fin, no solo la denuncia de Rodríguez y sus posteriores declaraciones sino también el testimonio del dueño del bar.

"Todo valorado en forma armónica permite alcanzar el grado de probabilidad positiva que requiere en esta instancia.

El rockero dijo que aquella noche, mientras tocaba con su banda en la parte exterior de la cervecería, sintió "como una descarga eléctrica" en el brazo derecho.

Detenido el recital, el dueño del pub manifestó: "Seguramente fue un vecino que la semana anterior lo había amenazado con disparar con un aire comprimido debido a los ruidos molestos".

Rodríguez fue trasladado al Hospital Privado del Sur y se confirmó que había sido impactado por un proyectil de aire comprimido, siendo operado para su extracción. 

Si bien el joven dijo no haber visto al tirador, denunció que al otro día recibió un llamado de alguien que le dijo sentirse arrepentido por lo sucedido y que su intención no era lastimar a nadie e incluso que él se podía hacer cargo del resarcimiento necesario para cubrir los gastos.

El número del interlocutor coincidía con el del vecino señalado por el dueño del bar como quien había emitido previamente la amenaza y, de esa manera, llegaron a Boughen.

Esa advertencia telefónica, registrada tres días antes, fue: "Bajá la música o los cago a tiros con el aire comprimido...", aclarando el llamante que vivía en un edificio de la misma cuadra.

La Cámara entendió que existen "una serie de plurales indicios y de contestes declaraciones testimoniales" para llevar la causa a juicio oral.

Negó ser el autor

Indagatoria. Al momento de ser indagado, el médico negó su participación en el hecho (a diferencia de lo que dijo la víctima) y que sí se comunicó con el herido para aclararle que él no había disparado y que se ponía a disposición para ayudarlo por su profesión.

Opinión. Los camaristas remarcaron que "tanto la víctima como el dueño del bar son contestes en señalar que Boughen se presentó asumiendo su participación. Los medios de convicción resultan suficientes y concordantes como para arribar al grado de conocimiento que la etapa requiere para elevar la causa a juicio oral y público".

Delito. Boughen está imputado del delito de lesiones leves. Según el artículo 89 del Código Penal, estipula penas de un mes a un año de prisión. De ser condenado, la sanción sería de ejecución condicional.

En uno de los operativosr ealizado en el Barrio Esperanza, este viernes por la tarde, fueron aprehendidos Ricardo Matías Martínez, de 38 años, y Joaquín Alberto Cabrera (22) a quienes se le secuestraron un revólver calibre 32 cargado, tres envoltorios de marihuana y una serie de objetos (entre ellos una soldadora, un compresor, cuchillas y una bicicleta) cuya procedencia no pudo ser justificada y es materia de investigación.

En otro episodio, el último miércoles, un hombre de 39 años fue detenido tras protagonizar una pelea con un vecino. Según se informó, se encontraba en estado de ebriedad y, al llegar la policía, extrajo un cuchillo adoptando una actitud amenazante hacia los efectivos.

Asimismo, el martes 7, una menor de 14 años fue demorada luego de sustraer un cigarrillo electrónico de un comercio. El mismo fue recuperado y la joven entregada a sus padres, con intervención de la Justicia de Menores.

Por otra parte, el jueves 2 de abril, un hombre de 40 años fue detenido por desobedecer una medida judicial vigente que le prohibía acercarse a un domicilio en el marco de un caso de violencia de género.

Cabe destacar que también se realizaron allanamientos vinculados a una denuncia por agresión y amenazas con arma de fuego, donde se secuestraron municiones de distintos calibres y un arma de fabricación casera tipo “tumbera”.

Finalmente, el miércoles 1 de abril, un joven de 26 años fue aprehendido luego de amenazar de muerte a vecinos con un revólver.

El arma fue incautada y el acusado, que presentaba signos de haber participado en una pelea, fue asistido médicamente y luego trasladado a Bahía Blanca.

Todos los hechos se encuentran bajo investigación judicial, en tanto seguirán vigentes los operativos de prevención en distintos sectores de la ciudad.

A Bezos se le aplicó una sanción de 4 días de suspensión de empleo mientras que a Sandobal se lo infraccionó con 6 días.

En tanto, se le aplicó una sanción de 8 días de suspensión de empleo al subcomisario Pedro Jara, además de desplazarlo de su cargo de titular del Destacamento Patagonia, que tiene jurisdicción en la zona del paseo comercial.

Jara será trasladado para ocupar alguna función aún no especificada en la Departamental y su lugar en Patagonia lo ocupará el oficial principal Federico Martínez González.

Si bien aún no se confirmó oficialmente el motivo de las suspensiones, La Nueva. consultó distintas fuentes provinciales y locales y todas apuntaron a la falta de acción policial el pasado viernes, cuando un grupo de dirigentes de la Asociación Empleados de Comercio provocó incidentes en el shopping.

Esta mañana los tres funcionarios policiales mencionados se encuentran en La Plata, donde fueron citados para hacer sus descargos.

Por los actos violentos realizados por los gremialistas se inició una causa judicial que investiga los delitos de daños, amenazas y privación ilegítima de la libertad. Los principales apuntados son el secretario de Empleados de Comercio, Raúl Oviedo, y el secretario adjunto, Claudio Montiel, el hombre que intentó romper una puerta de vidrio con un cono de plástico.

A su vez, ayer el Concejo Deliberante aprobó de manera unánime una declaración de rechazo a los hechos de violencia acontecidos en el shopping.

Fuentes del Comando de Patrulla indicaron que el operativo se produjo alrededor de las 5:30, en el sector de la denominada Plaza del Sol, tras un llamado al teléfono de emergencias 911 alertando sobre la presencia de los sospechosos.

Los efectivos llegaron al sitio y observaron a los imputados, quienes circulaban al mando de un rodado marca Bajaj Dominar 250cc y lo abandonaron para escapar corriendo.

Poco después, con la colaboración de las cámaras del CeUM, los policías interceptaron a un de los acusados en Donado y Drago. 

El individuo, de 18 años y cuya identidad no fue informada, tenía en su poder herramientas.

El otro joven (de 17 años) fue arrestado en Darregueira y avenida Colón. Entre sus pertenencias hallaron 8 gramos de marihuana.

Los investigadores establecieron que la moto había sido sustraída horas antes en la vecina ciudad, donde se habían iniciado actuaciones por el delito de hurto.

El hombre, que está a la espera del juicio en el ámbito federal por el atentado al local de La Cámpora, también tendrá que ir a juicio, en los tribunales provinciales, por un brutal homicidio.

Es que la Cámara Penal bahiense rechazó la apelación de su abogado, Mariano Jara, y confirmó la decisión de la jueza de Garantías Claudia Olivera, quien había desestimado la oposición de la defensa a la requisitoria de elevación a juicio.

Dahua está acusado de dar muerte, luego de ejecutar no menos de 6 disparos, a Emanuel Alarcón (40), a quien acusaba de haber usurpado un terreno de su propiedad en la zona de Ángel Brunel al 3.700.

El crimen se produjo a mediados de septiembre de 2024, en presencia de las familias de ambas partes y otros testigos.

El abogado Jara consideraba que Dahua actuó en legítima defensa o con exceso en la misma y cuestionó las declaraciones de la familia de Alarcón, quienes supuestamente habrían amenazado a Dahua y luego a un testigo imparcial.

La Sala I de la Cámara Penal (votos de los jueces Gustavo Barbieri y Christian Yesari) descartó los planteos de la defensa y consideró que en el fallo que manda la causa a juicio no existe "arbitrariedad o irrazonabilidad".

Explicaron los jueces que, más allá de la versión del imputado, no se acreditó que Alarcón estuviera armado y varios testigos descartaron la legítima defensa.

Incluso declararon que cuando vieron a Dahua armado le pidieron que guardara la pistola porque había menores presentes.

La víctima, según los dichos de los presentes, le habría advertido: "Querés que te rompa la gorra a fierrazos pedazo de gil...".

De esa frase no se puede concluir que estuviera armado, tal como afirma Dahua.

Por otro lado, las amenazas al testigo tendrían que ver con que fue quien le dio aviso a Dahua de la supuesta usurpación y no guardaría relación con su declaración por el crimen.

Lo vio tranquilo

Más allá de las dudas que la defensa quiere imponer sobre los testimionios del entorno de la víctima, existe la declaración de otro vecino -ajeno a ambas partes- que descartó la legítima defensa y que incluso trató de interceder.

Explicó que luego de los disparos, el acusado se subió a su auto y se fue tranquilo. No estaba nervioso ni alterado.

"A partir de la reconstrucción de los elementos de convicción incorporados a la causa se ha logrado establecer que, ante la noticia de que personas podían llegar a estar usurpando un inmueble de su propiedad, el encartado se presentó en el lugar armado, sin dar aviso a las autoridades ni convocar presencia policial. 

"Incluso, al arribar -y en esto han sido contestes todos los testigos- conversó en buenos términos con quienes habían accedido a su inmueble -particularmente con el hermano de la víctima- y es en esas circunstancias en que, ante el reclamo (de los presentes) de por qué -Dahua- se encontraba armado, disparó contra el cuerpo de la víctima en reiteradas oportunidades", completó la Cámara sobre la secuencia de los hechos.

En septiembre del año pasado, en tanto, se cerró la investigación por el atentado con explosivos al local político de La Cámpora, consumado el 25 de mayo de 2021, y también se mandó a Dahua a juicio, aunque ante la Justicia Federal.

En ese caso le imputan tres delitos: 1) explosión con peligro común para los bienes agravado por haber peligro de muerte para alguna persona, 2) fabricación o tenencia de materiales explosivos reiterado en dos oportunidades y 3) tomar parte de una asociación ilícita destinada a combatir ideologías por la fuerza o el temor.

La investigación por el homicidio, con allanamiento incluido en su casa de Mallea 1.275, permitió esclarecer los otros delitos.

Se trata de una Honda 125cc., que había sido robada de la vereda de un domicilio ubicado en Bolívar al 600.

A partir del análisis de las cámaras de seguridad y de distintas pruebas reunidas en la investigación, pudieron establecer hacia dónde había sido trasladado el vehículo, así como las características de los ladrones.

De esa manera se logró una orden judicial de allanamiento al domicilio de Pellegrini 2449, donde vive Ariel Alberto Laina, de 19 años.

En la vivienda se logró el secuestro del caño de escape del rodado, mientras que en un terreno cercano a la esquina de Alvear y Bahía Blanca se encontró la moto, oculta debajo de unas ramas y sin el caño de escape.

Los investigadores creen que el joven nombrado pudo actuar en el delito en compañía de un menor de 17, aunque por el momento no se tomó ninguna medida con ellos.

Los elementos secuestrados permanecen en la dependencia policial, a la espera de ser restituidos a su propietaria (agencia Coronel Pringles).

La División Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Policía de la Ciudad, con el aval de la UFIJ N°8 de Berazategui, a cargo del Fiscal Ernesto Daniel Ichazo y de Bianca Grivetto, concretó dos allanamientos en las unidades penitenciarias de Sierra Chica y Merlo, en el marco de una investigación por “sextorsión”.

La causa, según confirmaron, se inició tras varias denuncias de mujeres que fueron víctimas de estafas sexuales, por lo que se dio intervención a la Policía de la Ciudad para que, a través del análisis tecnológico, pudiera dar con los responsables de estos delitos.

Las víctimas, muchas de ellas menores, “eran contactadas por los delincuentes a través de redes sociales como Instagram o TikTok y recibían falsas propuestas de trabajo como modelos de ropa interior”.

Con la investigación se pudo determinar que uno de los reclusos se hacía pasar por productor de modas y les pedía a las mujeres que se sacaran fotos o se filmaran con la excusa de poder probar los talles. En algunos casos, les solicitaban dinero para poder generar “books” con las fotos para mostrar en otras productoras.

“Una vez que los estafadores se hacían del material fotográfico, obligaban a las víctimas a realizar videollamadas y practicar actos sexuales bajo la amenaza de enviar sus fotos íntimas a familiares o compañeros de colegio”, detallaron.

En otros casos se supo que, utilizando esas fotos, creaban falsos perfiles en redes sociales para atraer hombres a los que luego contactaban por teléfono simulando ser policías, acusándolos de haber mantenido conversaciones obscenas con menores de edad, y pidiéndoles dinero a cambio de no realizar las denuncias correspondientes.

También utilizaban las imágenes para ofrecer a estas mujeres en forma fraudulenta, como supuestas prostitutas.

Los procedimientos se centraron en el líder de la banda, quien se encuentra alojado en la cárcel de Sierra Chica, y en su cómplice, quien cumple condena en la Unidad Penitenciaria de Merlo.

Este es el segundo golpe contra el jefe de dicha organización, quien ya contaba con antecedentes por este tipo de delitos intramuros mientras se encontraba preso en la Unidad Penitenciaria N°1 de Lisandro Olmos.

“En dicha oportunidad, la red criminal contaba con la complicidad exterior de sus parejas, quienes eran las encargadas de poner a disposición sus cuentas bancarias para cobrar las extorsiones y luego las transferían a una cuenta a nombre del principal implicado”, describieron las autoridades. (NA)

Así lo confirmó la Jefatura de Policía de Seguridad Comunal de Patagones, a partir del reporte del personal del destacamento policial de aquel medio.

Por orden del Juzgado de Garantías Nº 1 se allanó una vivienda y se procedió al secuestro de dos pinzas, conectores macho y hembra, retazos de cables y una remera, todos elementos de interés en la investigación de dicha causa.

Los elementos secuestrados fueron puestos a disposición del magistrado actuante. 

No hubo detenidos y no se dieron otros detalles del procedimiento (agencia Carmen de Patagones).

Se trata de Julián Canaviri (20), quien quedó acusado de robo y hurto, a disposición de la Fiscalía Nº 12.

Según indicaron desde la Comisaría local, el sospechoso se encontraba en la vía pública y tenía en su poder un pendrive, una mancuerna, un billete de un dólar y un sobre de gelatina, denunciados como robados entre otros elementos.

Además, tras rastrillajes en las inmediaciones de los domicilios damnificados, lograron recuperar parte del botín sustraído: una computadora de mesa con CPU y un parlante con caja de madera marca, elementos que fueron reconocidos por una de las víctimas.

En el mismo procedimiento, se procedió al secuestro de una bicicleta rodado 26, la cual había sido sustraída en un hecho de hurto a una vecina del lugar, también reconocida por otra víctima.

Y tras un allanamiento en el domicilio del aprehendido, la policía secuestro el resto de los elementos denunciados como robados: un televisor Smart TV de 32 pulgadas, un secador de pelo, una aspiradora inteligente, una impresora, herramientas, alimentos, bebidas y artículos de perfumería, entre otros elementos.

Agregaron desde la Comisaría que el esclarecimiento de los hechos fue posible "gracias al rápido accionar de personal de la Policía Comunal, Gabinete Técnico Operativo de Punta Alta, Fuerza Barrial de Aproximación y la Fiscalía interviniente.

Fuentes oficiales indicaron que en las últimas horas, por orden del Juzgado de Garantías Nº 3, efectivos policiales registraron dos propiedades de esa ciudad.

Uno de los procedimientos se llevó adelante en una casa situada en calle Alem, donde los uniformados incautaron balanzas de precisión, dinero en efectivo, un teléfono celular, envoltorios conteniendo 21,44 gramos de cocaína, marihuana y plantas de cannabis sativa.

Allí se produjo el arresto de una mujer de 33 años -no se informó la identidad- que quedó a disposición de la UFIJ Nº 19 de estupefacientes.

En tanto, en un domicilio de calle Namuncurá, la policía secuestró un cuchillo y aprehendió a un hombre de 37 años imputado en la causa por amenazas agravadas, llevada adelante por la UFIJ Nº 12.

El siniestro vial, según confirmaron hoy fuentes policiales, se produjo sobre las 2.35 del pasado sábado, a metros del Hospital Regional Español.

Uno de los vehículos involucrados es el Volkswagen Polo oficial (móvil 2), patente AH863ZG, que iba al mando del inspector de tránsito Jonatan Emanuel Sanguinetti, de 40 años, acompañado por sus colegas Sergio Gonzalo Rodríguez (55) y Walter Alfredo Sotelo (47).

El otro rodado involucrado es el Fiat Cronos, dominio AF897BO, conducido por Walter Daniel Dimes (52), chofer de la plataforma Uber, quien viajaba con una pasajera de 28 años.

Al lugar de la emergencia concurrieron un móvil de Defensa Civil y personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, quien realizó control de alcoholemia a los dos conductores, arrojando resultado negativo.

Personal de la comisaría Segunda inició actuaciones sumariales, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 1.

Trascendió que, en principio, el auto de la Guardia Urbana habría pasado con el semáforo en rojo, hecho que motivó, a su vez, el inicio de un sumario administrativo en el ámbito municipal.

De esta novedad se puede concluir que quien o quienes se llevaron las ampollas del poderoso anestésico la semana pasada habrían vaciado/utilizado su contenido -con un fin ignorado-, para luego devolver los pequeños recipientes vacíos.

Otro punto coincidente, además del número de lote, es que se trata de la misma cantidad: 25 ampollas, según ratificaron desde la Fiscalía.

Y que los envases vacíos, por otra parte, aparecieron en el mismo sector donde se detectó el faltante. Se trata de una sala cercana a la sala de quirófano, que no es un lugar absolutamente restringido ni tampoco público.

"Es una oficina próxima al quirófano a la cual tienen acceso entre 10 y 12 personas, entre ellos médicos, que utilizan no solo las ampollas de fentanilo sino otros insumos", amplió un investigador.

El director del Municipal, Gustavo Carestía, había aclarado luego de la primera novedad que el fentanilo "está bajo llave, en una habitación que también está bajo llave, de manera que es inhabitual que el contacto sea permanente con este tipo de medicamentos".

Se sospecha, sin pruebas contundentes, que la desaparición del fármaco no tendría que ver con su venta en el mercado negro para fines medicinales, porque cada ampolla (en este caso fueron solo 25) tiene un costo que ronda los 1.000 pesos en el circuito legal, aunque no son de venta libre.

Y no se descarta, teniendo en cuenta los recientes antecedentes en la Ciudad de Buenos Aires, que pueda ser utilizado en "fiestas sexuales o de consumo", con el peligro que esa situación conlleva.

El procedimiento se inició a partir de la recepción de declaraciones testimoniales que permitieron identificar al sospechoso, Julián Canaviri.

El mismo fue interceptado en la vía pública con diversos elementos sustraídos, entre ellos un pendrive, una mancuerna, un billete de un dólar y un sobre de gelatina.

Además, se realizaron rastrillajes en cercanías de los domicilios afectados, logrando recuperar una computadora de escritorio y un parlante, que fueron reconocidos por una de las víctimas.

Durante el operativo también se secuestró una bicicleta rodado 26 que había sido denunciada como robada por una vecina del lugar.

Con las pruebas reunidas se solicitó una orden de allanamiento en el domicilio del acusado, que arrojó resultado positivo, y se incautó gran parte de los objetos denunciados, incluyendo un televisor Smart TV de 32 pulgadas, alimentos, bebidas, artículos de perfumería, un secador de pelo, una aspiradora, una impresora y herramientas.

Interviene la UFIJ N°12 del Departamento Judicial Bahía Blanca.