La jueza del Tribunal en lo Criminal Nº 2, Mercedes Rico, determinó la absolución de la joven al establecer también que tampoco se pudo probar que la marihuana hallada en la vivienda durante el procedimiento le perteneciera o fuera ajena.

Durante el debate oral, el fiscal Mauricio Del Cero imputó a Moriames Chaparro del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Sostuvo que la sustancia incautada el 29 de abril de 2025 en un inmueble de la calle Soler al 500, que la mujer compartía con su pareja Matías Exequiel Barú (sentenciado a 4 años y un mes de cárcel), sumado a los mensajes hallados en su celular, resultaban “concluyentes” para determinar su participación en los hechos investigados.

Por su parte, el abogado defensor Martiniano Grecco reclamó la nulidad del secuestro, apertura y análisis del aparato perteneciente a la imputada.

Argumentó que por entonces no había elementos que la vincularan con la investigación que desarrollaba el Ministerio Público Fiscal, por lo que, según sostuvo, “no se encontraba justificada la intromisión a su privacidad e intimidad que llevó al avasallamiento de garantías constitucionales”.

Agregó que “si bien no discutiría la tenencia del material estupefaciente”, no existen pruebas que relacionen a Moriames Chaparro con alguna transacción de drogas. 

La magistrada avaló la postura defensista, sosteniendo que “la nulidad invocada reviste el carácter de absoluta, en tanto se funda en la afectación de derechos y garantías de jerarquía constitucional, particularmente el derecho a la intimidad”. 

El operativo

Un efectivo de la comisaría Cuarta que participó del operativo sostuvo que tenía como finalidad la detención de Barú.

Señaló que la joven estaba en la vivienda y que allí, además de plantines de cannabis sativa y marihuana, secuestraron tres teléfonos, uno de los cuales entregó la acusada.

Explicó que en el sitio efectuaron tres requisas, la primera de ellas en 2023, cuando iniciaron una investigación por el robo de una moto.

Dijo que en la orden del procedimiento no había indicaciones sobre medidas relacionadas con Chaparro Moriames y que solo sabían que era pareja del hombre.

Mencionó además que "en la orden se facultaba a que, en caso de hallarse estupefacientes, se secuestraran los teléfonos celulares sin indicarse a ninguna persona en particular”.

El 30 de abril del año pasado, la Justicia de Garantías hizo lugar a un pedido de la fiscalía y ordenó el análisis de los dispositivos incautados. 

Medida arbitraria

La jueza Rico indicó que los adelantos tecnológicos determinan que en la actualidad sea “muchísima, variada y fundamentalmente sensible” la información que puede obtenerse de un dispositivo electrónico.

Explicó que esa situación lleva a que “todas las personas tengamos un especial interés en resguardar esa información que puede dejar expuesta la vida misma”.

Detalló que “tal es el nivel de intimidad de todo aquello que puede contener un teléfono” que su contenido se ve alcanzado por la protección a la inviolabilidad establecida, por ejemplo, por los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional.

“La resolución judicial que dispuso la apertura del dispositivo de Moriame Chaparro no ha respetado parámetros establecidos por la Corte Interamericana, en tanto no contuvo una motivación concreta que justificara la necesidad de extender la medida respecto de una persona distinta del sujeto investigado, ni explicó de qué modo el acceso a dicho teléfono celular resultaba indispensable para la investigación”, consideró Rico.

Añadió que la sola circunstancia de ser la pareja de Barú “es absolutamente insuficiente para habilitar una injerencia de tal magnitud en su esfera de privacidad”.   

Destacó que no estaba incorporada a la causa “en calidad de sospechosa ni existía -al menos no se indicaron ni en el pedido de la fiscalía ni en la resolución del juez-, ni un sólo elemento objetivo que permitiera vincularla preliminarmente con la hipótesis delictiva”.

Por ello consideró que el análisis del dispositivo arbitrario e inválido, hallando rasgos de una medida del tipo "excursión de pesca", orientada a la búsqueda de información eventualmente incriminante.

También agregó que “el hecho de que del análisis hayan surgido conversaciones comprometedoras para la imputada, no resulta idóneo para convalidar la medida, en tanto su validez debe evaluarse al momento de su dictado, y no a partir de sus resultados”.

En definitiva, la magistrada hizo lugar al pedido de nulidad de la pericia informática y entendió que no había elementos para imputarle a la joven el delito atribuido por los investigadores.

El siniestro se produjo alrededor de las 18:30, en el kilómetro 563 (la zona es conocida como Paraje "Los Pitufos"), cuando por causas que se tratan de establecer colisionó un rodado maca Jeep, conducido por Valter Ernesto Kanitz (34), quien era acompañado por Amanda y Ariane Giovanaz, todos ellos de nacionalidad brasileña, y una Ford F100, guiada por Gerardo Abel Amarillo (53), con domicilio en Laprida.

Producto del impacto, este último sufrió lesiones que determinaron su fallecimiento en el lugar.

Las otras tres personas sufrieron traumatismos y fueron derivadas al Hospital Municipal lapridense.

Voceros señalaron que el choque se produjo en un sector de recta y en momento en que estaba precipitando en la zona.

En el lugar trabajaron bomberos voluntarios y personal policial. (Laprida Web)

Desde el Comando de Patrulla mencionaron que el procedimiento se produjo minutos después de las 21, en la zona de Villarino y Falcón, donde tras un llamado al 911 aprehendieron a Franco Mellado, de 25 años.

Explicaron que el joven fue detectado por las cámaras de seguridad en el interior del predio, al que habría accedido tras escalar un paredón perimetral.

Agregaron que luego de tomar los elementos y guardarlos en dos bolsas de residuos, el individuo arrojó los elementos hacia el sector de las vías del ferrocarril.

Los policías que concurrieron al lugar lograron interceptar al sospechoso y secuestrar una importante cantidad de elementos.

Mellado fue derivado a la seccional Primera, donde, con intervención de la UFIJ N° 15, se iniciaron actuaciones por el delito de tentativa de hurto agravado.

Desde el Comando de Patrulla indicaron que el hecho se produjo alrededor de las 23 horas, en el sector de Entre Ríos al 800, donde los efectivos concurrieron tras un aviso alertando acerca de lo que estaba sucediendo.

En el sitio aprehendieron a Jonatan Salas, de 39 años de edad, quien, según explicaron, pretendía retirar el elemento del inmueble.

A partir del riesgo generado con el accionar se le dio intervención a personal de Defensa Civil, bomberos y una cuadrilla de Camuzzi, que cortó el suministro por cuestiones de seguridad.

Salas fue trasladado a la comisaría Segunda, donde se iniciaron actuaciones por el delito de tentativa de robo.

Cabe recordar que el último miércoles se produjo un incendio en una vivienda de calle Las Heras al 600 cuando pretendieron sustraer flexibles del medidor de la propiedad.

La empresa proveedora del servicio alertó sobre esta situación, los peligros que provocan y la necesidad de denunciar cualquier situación extraña.

Camuzzi mencionó que se trata de "una práctica delictiva que, además de estar penada por la ley, implica un altísimo riesgo para la seguridad de las personas".

De todas maneras, la normativa creada en 1954 tiene bajas penas para delitos que, muchas veces, son de extrema gravedad. 

Tal es el caso de un productor agropecuario de la región, que tendrá que afrontar un juicio por crueldad canina.

Se trata de Pedro Daniel Barcellandi, a quien la Justicia bahiense le rechazó el sobreseimiento y ordenó enviar su causa a juicio.

Barcellandi fue imputado en septiembre de 2024 de atropellar y matar de manera dolosa a un perro en el centro de Gonzales Chaves y contar con antecedentes de ese tenor, aunque sin el resultado fatal.

Histórico fallo: la Justicia reconoció a los animales como “seres sintientes”

Un mes antes de aquella fecha, una vecina aseguró que su mascota Mayla había sido arrollada intencionalmente por Barcellandi a bordo de su camioneta. 

Testimonios y filmaciones de las cámaras de seguridad habrían sido contundentes para vincularlo con la conducta delictiva.

Según reportaron en aquel momento algunos portales informativos de Chaves, los vecinos aseguraron que no era la primera vez que Barcellandi maniobraba con intenciones de atropellar a Mayla.

El Juzgado de Garantías de Tres Arroyos no hizo lugar al sobreseimiento del hombre y dispuso elevar la causa a juicio.

La defensa de Barcellandi, a cargo del abogado Javier Isaac Arriola, apeló la decisión al considerar que en la imputación figuraban hechos de una causa anterior, ya resuelta, y que la valoración de la prueba fue "irracional" y "arbitraria".

Aseguró que su asistido no pudo conocer la trayectoria que llevaba el perro y que los testimonios carecían del conocimiento de un experto.

En ese sentido, dijo que el perito de parte informó que el animal se encontraba en un "punto ciego" de su alcance visual.

"Parcializado"

De todas maneras, la Cámara Penal de Bahía rechazó los argumentos del defensor y confirmó que tendrá que ir a juicio.

"Lo cierto es que la 'única' conducta típica atribuída ha sido la de atropellar intencionalmente y con la finalidad de darle muerte a un perro de raza indefinida y luego continuar su camino sin detenerse", afirmaron los camaristas Gustavo Barbieri y Christian Yesari. 

En cuanto al informe pericial, los jueces entendieron que hizo una "valoración parcializada", porque el estudio señala que "no se puede determinar si el animal se encontraba dentro del cono de visión del conductor", que no es lo mismo que decir -como el abogado- que "el animal "se encontraba fuera" de ese cono de visión.

En su descargo, Bercellandi declaró que su conducción era reglamentaria y que el perro habitualmente se posicionaba adelante del vehículo, con la supuesta intención de morder la parrilla.

"Conociendo que esa era la manera de reaccionar del can -como pretende demostrar con los testigos ofrecidos por esa parte- lo lógico hubiera sido que actuara con cautela y disminuyera -o frenara- su marcha, ante la posibilidad de que el animal se le cruzara. 

"De hecho, si bien negó que en aquel momento hubiera visto al animal que -según la pericia de parte estaba 20 metros por delante de su vehículo-, también dijo que "el perro iba siempre adelante para morder la parrilla. Y el ataque era común, lo que pasa es que nadie lo denunciaba. A mí no me molestaba, ladraba a la camioneta, iba a morder adelante, no era como los otros que iban por detrás", detalló la Cámara.

También resaltó su actitud posterior, al no frenar inmediatamente para asistirlo y retirarse del lugar, lo cual se corroboró con las filmaciones.

"Para más, todos los testigos fueron contestes en destacar que advirtieron lo acontecido a partir de la "acelerada" de la camioneta, lo que permite inferir que no se trató del incremento de velocidad propio de la salida de una encrucijada -como alega la defensa- sino de una aceleración que excedía lo normal (de allí que fuera advertida por los vecinos) y efectuada en forma intencional, con el fin de arremeter contra el can", explicaron los jueces.

No sería la primera vez 

Antecedente. La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal remarcó que "no habría sido la primera vez" que el imputado "adoptaba ese temperamento en relación a este animal".

Testigo. Un hombre que declaró en la causa judicial dijo lo siguiente: "He visto que el señor Barcellandi, al pasar por la cuadra en su camioneta, la perra le toreaba y él aceleraba para provocarla y cuando corría a la camioneta. Esta persona se la tiraba encima con claras intenciones de atropellarla"

Ley. El artículo 1 de la ley 14.346 (conocida como maltrato y crueldad animal), reprime con prisión de 15 días a un año a quien infligiere malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad relacionados con los animales.

Concepto. En el artículo 3, entre los llamados "actos de crueldad", figura el inciso 7, que  se ajustaría a la conducta de Barcellandi. Se trata de "lastimar y arrollar animales intencionalmente, causarles torturas o sufrimientos innecesarios o matarlos por solo espíritu de perversidad".

El abogado de Rodrigo Sergio Uribe (23), procesado con prisión preventiva por el asesinato del agricultor boliviano Rodas Ortiz Rilberth (52), había apelado la resolución judicial de primera instancia, pero su acción fue rechazada.

Maximiliano de Mira, defensor particular de Uribe, planteó que el fallo de la jueza de Garantías Nº 4, Marisa Promé, es “prematuro y carente de sustento” y que la decisión de desdoblar la investigación en relación con el coimputado Sebastián Alberto Luna (27) vulnera el derecho de defensa.

De Mira argumentó además que todavía está pendiente un peritaje de ADN, cuyo resultado es “determinante” para evaluar con “objetividad” la hipótesis acusatoria, lo que corrobora -opinó- que la instrucción no se agotó.

La Sala I de la Cámara Penal entendió que se mantiene el grado de “probabilidad positiva” requerido para el avance a la etapa de enjuiciamiento.

“Ninguna de las situaciones descritas inciden en el valor convictivo de los elementos de cargo incorporados a la causa, que permiten tener por acreditada la intervención de Uribe en los hechos materia de investigación”, indicó el fallo de los camaristas Gustavo Barbieri y Christian Yesari.

La Cámara ya se había expedido sobre esta cuestión cuando le revocó la preventiva a Luna, ratificó la medida privativa de libertad en perjuicio de Uribe y destacó los “elementos de convicción que permitieron arribar a decisiones distintas”.

El tribunal revisor, incluso, marcó los déficits advertidos respecto de la versión de los hechos brindada por el coimputado Matías Nahuel Kunzli (actualmente en libertad), cuando prestó declaración indagatoria.

“Más allá de ello, se consideró que el plexo probatorio reunido resultaba suficiente para tener por acreditada la materialidad delictiva en cabeza del coimputado Uribe”, señalaron.

Según Barbieri y Yesari, la situación de Uribe y de su hermano también coimputado, Ángel Ariel Berg (26), se diferencia de la de Luna porque, independientemente de los dichos de Kunzli, hay otros elementos que permiten inferir su participación el hecho. 

“De allí que ambas situaciones no resulten equiparables”, dijeron los jueces.

Los camaristas valoraron el testimonio del dueño de la estancia donde mataron a Rilberth, quien dijo conocer a Uribe y a Berg.

El testigo declaró que “por intermedio de otra persona, quien no quería aportar sus datos por temor, se enteró que al campo fueron Kunzli y que de ellos salió el comentario de que el que le pegó el puntazo a Rodas fue Rodrigo Uribe, alias ‘Chupete’”.

Estas circunstancias descritas -afirmaron- fueron “objetivadas” por diligencias posteriores.

El declarante dijo además que el día del hecho, en su oficina de Buratovich, le pagó 2.500.000 pesos a Rilberth en concepto de compra de cebolla.

Otro testigo dijo que una mujer le comentó que un joven trasladó a bordo de una “camioneta Toyota” a las “dos personas que habrían cometido el hecho”.

El conductor le habría confesado a una amiga del testigo que “quien habría matado a Rodas es un joven de apellido Berg”.

“En cuanto a aquellas referencias que terceras personas le hicieron (al dueño del campo) en relación a la intervención de Kunzli y Berg, lo expuesto por el testigo se condice con lo declarado por los mencionados, quienes, más allá de procurar mejorar su situación, reconocieron que estuvieron en el lugar del hecho”, planteó la Cámara.

El hecho. El crimen de Rilberth sucedió el 9 de octubre de 2024 en La Buena Aventura, campo ubicado a 15 kilómetros de Ascasubi.

Carro. El cadáver se halló debajo de un carro y presentaba heridas punzocortantes. Los investigadores determinaron que, poco antes, Rilberth había cobrado una suma millonaria por la venta de cebolla.

Allanamientos. La Policía allanó inmuebles en Bahía y Buratovich y detuvo a Uribe y a Berg.

Secuestros. En los allanamientos se secuestraron teléfonos celulares, cuchillas y una sevillana. Días antes se había requisado una camioneta en la que también hubo secuestros.

Foto. En el celular de Uribe se observó una foto tomada al día siguiente del crimen, en la que se lo ve con gran cantidad de dinero en sus manos. 

Charlas. Y se detectaron diálogos comprometedores: “No se regalen porque los que estamos más sonando somos yo y el Ángel; nos buscan a nosotros dos".

Desde 2024 el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires profundiza acciones para la prevención de suicidios de policías, y uno de los ejes de esta política de trabajo es la generación de más recursos asistenciales.

Sin embargo, casos como los registrados este año en Bahía Blanca, donde dos jóvenes policías se quitaron la vida en el lapso de poco más de un mes, no dejan de generar preocupación entre las autoridades de la cartera provincial.

El resto de la provincia de Buenos Aires no es ajeno a esta problemática de salud pública, que afecta a la fuerza policial y a la sociedad en su conjunto.

La subsecretaría de Promoción de la Salud y Bienestar Policial, dependiente del ministerio de Seguridad a cargo de Javier Alonso, hace foco en el cuidado integral de la salud mental y física de los oficiales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Mediante, por ejemplo, el programa de prevención del suicidio, un equipo de psicólogos brinda ayuda al personal que atraviesa situaciones de riesgo ligadas a esta posible drástica decisión.

Agustina Baudino, responsable de la subsecretaría, se refirió al otro esquema preventivo impulsado desde hace dos años: el programa de fortalecimiento en salud mental.

"Incorporamos nuevos médicos, psicólogos, trabajadores sociales y profesionales de otras especialidades que pusimos a disposición de los policías en operativos preventivos en territorio", destacó Baudino, en diálogo con La Nueva.

"Tenemos varias líneas de trabajo vinculadas al cuidado más amplio del personal policial en actividad y, en este marco, la salud mental adquiere un lugar central. Es importante poner en discusión este tema, que en las fuerzas de seguridad está más silenciado.

"Hablar de salud mental y suicidio genera resquemor o rechazo", agregó.

"Nosotros tenemos una posición contraria; fomentamos que se hable de esto que nos pasa y que no ocurre solo en la Policía", continuó la funcionaria.

Además de potenciar los equipos asistenciales, se crearon espacios de atención confidenciales a los efectos de que el policía afectado no deba gestionar una licencia médica para recibir ayuda por parte de un gabinete psicotécnico.

La subsecretaría además monitorea "muy de cerca" los intentos de suicidio por parte de efectivos policiales.

Hay una política promovida por el ministerio y la cúpula policial para trabajar con emergentes que hacen al malestar emocional de estos trabajadores.

En los espacios de escucha también se plantean problemas originados por situaciones familiares y económicas difíciles.

Por ejemplo, una mujer policía soltera con un hijo discapacitado que presta servicio lejos de su hogar.

"Entonces, algunos de esos inconvenientes se atenúan con una readecuación de destino. La idea es que el policía tenga las mejores condiciones laborales posibles en un contexto delicado", dijo la fuente consultada.

Según opinó la licenciada en Ciencia Política, los suicidios en la Policía bonaerense son una problemática "silenciada y no visibilizada".

"Muchas veces se trata de personal que nunca pasó por el sistema, es decir que no tenemos sus antecedentes psiquiátricos, por eso nuestro compromiso es comunicar sobre el funcionamiento de estos dispositivos, prevenir y trabajar con los equipos de conducción de la Policía", resaltó Baudino.

La subsecretaria asimismo remarcó la importancia de las capacitaciones que dictan sobre indicadores de riesgo, para que un uniformado detecte si un compañero tiene conductas que podrían desembocar en suicidio y, si es así, dé aviso a los especialistas para su intervención.

"No es un mecanismo de emergencia. Alentamos a que se haga esa evaluación, pero lo primero que debe hacer una persona con riesgo elevado es ser atendida por el sistema de salud, por eso también trabajamos mucho con el ministerio de Salud", aclaró Baudino.

El flagelo de los suicidios de policías en Bahía Blanca no presenta ninguna particularidad en comparación con lo que sucede en otras ciudades bonaerenses, de acuerdo con el análisis hecho por la fuente consultada.

"Cuando hay un caso de estos en una comunidad, genera alerta y preocupación. Pero el fenómeno es muy complejo, no hay una causa-consecuencia y se tiene que abordar de manera integral", señaló la informante.

El malestar emocional tiene origen en diversos factores y no sólo inciden las adversidades económicas, sino también la falta de acceso a los recursos que necesita una persona con riesgo de suicidio.

Así lo precisó Baudino en base a un reciente estudio elaborado por la facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

"El mal uso de tecnología, las conductas problemáticas, las violencias que atraviesan la vida de las personas y la fragilidad emocional de las nuevas generaciones, también son causales de este malestar", sostuvo.

La repartición ministerial, que hace el seguimiento y elabora estadísticas de estos incidentes trágicos, no registró en el último tiempo incremento de suicidios entre agentes policiales, según confirmó la profesional.

En la Policía bonaerense -con unos 100 mil integrantes- prevalecen los suicidios de varones y los menores de 30 años son los más propensos a quitarse la vida.

Por semana, el equipo interdisciplinario de la subsecretaría interviene en aproximadamente 250 casos con diferentes niveles de gravedad.

A criterio de Baudino, la disponibilidad del arma de fuego reglamentaria es un factor de riesgo para estos servidores públicos.

"En su labor cotidiana el policía está exigido y tiene un montón de dificultades", explicó la vocera.

Por pedido del gobernador Axel Kicillof, los ministerios de Seguridad y Salud elaboran un diagnóstico más completo sobre esta problemática en la provincia.

La Procuración General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense también participa del trabajo, que consiste en la producción de más información y estadísticas acerca del tema.

"Estamos combinando diferentes fuentes entre ambos ministerios para analizar y entender mejor el fenómeno", detalló.

La subsecretaría también proporciona contención psicológica al grupo de colegas cercano al oficial que se quitó la vida.

"Lo que más nos preocupa es llegar antes (del desenlace fatídico) y poner ese recurso a disposición, pero no tenemos control sobre la decisión de un policía de vivir o morir. Es difícil de asimilar, pero lamentablemente es así", remarcó.

"Cada caso nos duele y ojalá fuera el último, pero sabemos que no va a ser así porque este es un problema generalizado. Aunque, en base a mucho trabajo, estamos acompañando a nuestros policías lo más posible", finalizó Baudino.

Sede. En Bahía el área de sanidad policial funciona en el edificio de la comisaría Primera, en Beruti 650. Su teléfono es 0291-453364 y su mail sanidadbblanca@gmail.com

La Plata. El centro de salud mental opera en la calle 3 Nº 1034, en La Plata; de lunes a viernes, de 8 a 18.

Comunicación. El teléfono es 0221-3170710; correo electrónico: prevencionsm@mseg.gba.gov.ar. Frente a una emergencia por riesgo suicida, comunicarse con el 107 (SAME).

Jóvenes. El sondeo hecho en 2025 por la facultad de Psicología de la UBA estableció que los jóvenes de entre 18 y 29 años tienen los indicadores "más altos de ansiedad, depresión y riesgo suicida".

Crisis. Más de 2.200 habitantes de todo el país respondieron la encuesta, en la que también el 52% de ellos afirmó estar atravesando una "crisis vital".

IA. "El 97% de los participantes dijo que utiliza redes sociales y, el 59%, inteligencia artificial, asociándose su uso con mayor sintomatología ansiosa y malestar emocional", confirmó el informe de la UBA.

Los voceros indicaron que el incidente se produjo en cercanías del kilómetro 714, cuando un camión Scania, al mando de Rodrigo Álvarez (29), oriundo de Punta Alta, impactó desde atrás a una Ford Ranger, guiada por Facundo Bohn (44), con residencia en Coronel Suárez, que llevaba un carro cargado con cajones utilizados para actividades apícolas.

Las fuentes mencionaron que al momento del hecho ambos rodados circulaban en sentido Médanos-Bahía Blanca.

Explicaron que el conductor de la camioneta habría descendido la velocidad al notar la presencia de autos con balizas encendidas -en la ruta había señales de reducción de velocidad por tareas de mantenimiento- y en esas circunstancias se produjo la colisión.

Los conductores resultaron ilesos, aunque en el sitio debieron trabajar bomberos voluntarios y personal policial hasta que se pudo liberar el tránsito.

Es que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal acaba de rechazar un pedido para que le morigeren la prisión bajo la modalidad de arresto domiciliario.

De esa manera se confirmó la decisión que había tomado en noviembre pasado el Tribunal Oral en lo Criminal Federal bahiense, el mismo que lo sentenció por el narcotráfico.

Según la defensa del paraguayo, los hijos de 12 y 17 años de él se encuentran en situación de vulnerabilidad, porque su madre, empleada doméstica, debe salir a trabajar para sostener el hogar. 

Su presencia en la casa permitiría distribuir las tareas de cuidado y domésticas, aliviando la carga que actualmente recae exclusivamente sobre la mujer, agregó.

Bolsos en la ría: trama y conexiones de un golpe que falló

Sin embargo, el juez de Casación Javier Carbajo, en coincidencia con la propuesta de la Fiscalía, sostuvo que, según los informes ambientales, los menores viven en una vivienda en condiciones adecuadas, estás escolarizados en la gestión privada y cuentan con cobertura de salud.

"El imputado se había sustraído del accionar de la Justicia y había permanecido prófugo desde julio de 2022 hasta su detención, el 19 de diciembre de ese año, en la República del Paraguay. Durante ese período, sus hijos -entonces de 14 y 9 años- habían permanecido al cuidado exclusivo de su madre, quien logró sostener su organización y manutención, circunstancia que evidenciaba que su presencia no resultaba indispensable para el funcionamiento del grupo familiar", aclaró el juez.

El caso que involucró a Villalba Cabrera fue el mayor tráfico de cocaína en nuestra región después del conocido como "Bobinas blancas".

Fue detectado a mediados de 2022, cuando se encontraron en aguas de la ría local, a la deriva, varios bolsos herméticos y con sogas, con panes de droga en su interior, lo cual da la pauta que se destinaban al transporte interjurisdiccional (presumiblemente Europa).

Se cree que intentaron utilizar la maniobra conocida como rip off o "gancho ciego", pero algo falló.

Esa acción se basa en camuflar la sustancia prohibida entre mercaderías de exportación legales, dentro de contenedores a bordo de cargueros, para enviarla y comercializarla en España, Portugal u otros países europeos.

Para tal fin se emplean embarcaciones chicas que se aproximan a buques de carga en plena navegación, los tripulantes de las lanchas descartan los bultos con la droga y desde el barco los levantan con sogas.

Además de Villalba Cabrera, otras personas terminaron con condenas.

En ese marco, Claudio Martini, Jefe de Región 22 de educación, habló con LU2 sobre el impacto que tienen estas amenazas y los protocolos de seguridad establecidos. De hecho, no se suspendieron hoy las clases en la entidad bahiense.

"No es algo que nos pase en Bahía Blanca solamente, esto ocurre en la región, la provincia y todo el país, por eso venimos trabajando muy fuertemente con la Dirección General de Escuelas, con el Ministerio de Seguridad y con el Ministerio de Justicia", afirmó Martini.

"El día martes hubo una reunión en la Ciudad de La Plata justamente por esta temática, luego seguimos con reuniones virtuales para coordinar acciones. Las familias se asustan y es lógico y el fenómeno es un fenómeno de época, es algo más que corre por redes sociales, lo suelen llamar reto viral, no es ningún reto, para mí es un delito", dijo el funcionario.

La reciente situación vivida en una escuela secundaria de San Cristóbal, Santa Fe, en donde se produjo un tiroteo en el que murió un alumno de 13 años y otros dos resultaron heridos, hecho pergeñado por un alumno del colegio, despiertan la preocupación de la padres y madres ante la posibilidad que se replique en otro lugar.

La aparición de estos carteles ha generado una advertencia a las autoridades, que deben tomar cartas en el asunto para neutralizar cualquier posible acto de este tipo.

"La mecánica de estos retos consisten en pintar, generalmente en un baño, la indicación de un posible tiroteo con una fecha específica, sacan una foto y la viralizan por alguna red social. Mucha gente se asusta porque aparecieron pintadas con la fecha de hoy 17, pero ya hubo apariciones del 16 y del 15, pedimos calma a la familia, estamos trabajando en eso. Esto nos excede ampliamente, por eso en cada municipio nos hemos contactado con los máximos referentes, los secretarios de seguridad, ministerios de justicia, ministerios de seguridad, clubes, iglesias, bueno, y todos los lugares donde estén los jóvenes participando en actividades para atacar junto a este flagelo, esto es una cuestión netamente social, los chicos tienen que entender que esto no es un juego, es una amenaza flagrante", afirmó.

Muchos familiares de alumnos/as toman la cuestión con preocupación y otros, como una acción para llamar la atención o con la clara intensión de tratar de cerrar el colegio para evitar las clases, por este motivo, Martini indicó que era claro que esto iba a llegar a la ciudad y que hay que estar atentos, seguir los protocolos de seguridad e informar a los alumnos y alumnas que "esto es un delito federal que puede tener consecuencias legales".

"Nosotros tenemos dos protocolos, uno que es el que marca al Ministerio de Seguridad, que es hacer la denuncia y se inicia un etapa investigativa por parte de la justicia, y la otra, es educativa, en el sentido de decir, esto no se puede hacer. A ver, esas pintadas no pueden estar ni en la escuela, ni en el club, ni en la calle, ni en ningún lado".

En hechos de características similares como la oleada de amenazas de bomba, se lograron neutralizar con la intervención de la Justicia, con una denuncia, una investigación y el posterior costo legal para el adulto responsable, en este caso, el protocolo de seguridad es similar, pero además, indicó Martini: "Tiene que haber un trabajo dentro del colegio que consiste en la explicación de la gravedad de los hechos y las consecuencias legales que puede tener, además de fomentar las explicaciones correspondientes al peligro de la manipulación de armas etc.".

Ante la consulta de si ha habido suspensiones de clases, Martini expresó que por el momento no hubo ninguna suspensión y que se está trabajando con los chicos de nivel secundario, ya que al bajar la edad de imputabilidad y contemplando este tipo de cuestiones, muchos de ellos podrían terminar con antecedentes. O sea, estamos hablando de cuestiones muy delicadas, sumamente delicadas. Hay que entender que la pena para este tipo de intimidación pública van de los 6 meses a los 2 años de prisión", finalizó.

La huida se extendió por varias cuadras hasta Lahual y Hueicha, donde los ocupantes abandonaron el rodado y continuaron a pie. En ese sector, los efectivos lograron reducir a Lautaro Arévalo (19) y a un menor de edad, mientras que un tercer implicado consiguió darse a la fuga.

Tras el procedimiento, se estableció que la motocicleta tenía un pedido de secuestro activo por hurto, emitido ese mismo día por la UFIJ N°2 del Departamento Judicial Bahía Blanca. Además, durante la requisa al mayor se incautaron dos vainas calibre .22, que quedaron incorporadas a la causa.

La investigación fue caratulada como encubrimiento, infracción al artículo 189 bis del Código Penal, desobediencia y averiguación de procedencia, con intervención de la autoridad judicial correspondiente. Las actuaciones se llevan adelante en la subcomisaría Harding Green.

Todo ocurrió esta mañana en la zona céntrica. Sobre las 11.00, Inés Apud, de 55 años, informó al teléfono de emergencias 911 que había sido víctima de un robo a la salida de un banco ubicado en la primera cuadra de Chiclana.

Sin embargo, una vez en la sede policial, cambió varias veces su declaración.

A partir de esto, mediante cámaras privadas y del Centro Único de Monitoreo, se logró establecer que los dichos de la mujer eran falsos, por lo que se procedió a su aprehensión.

Sin embargo, en el momento en que se le notificaba su situación procesal, Apud se tornó hostil y comenzó a lanzar golpes, por lo que fue rápidamente reducida.

De este modo, se le sumó el delito de atentado y resistencia a la autoridad al que ya tenía por falsa denuncia.

Según se informó, la mujer cuenta con antecedentes por hechos violentos similares. También posee tres medidas perimetrales por violencia de género.

El hecho ocurrió en Yapeyú al 4.500, en las primeras horas de la jornada.

En ese lugar, personal del Comando Patrulla y de la Comisaría Primera aprehendió a María Belén Scerniecki, de 47 años, y a la menor en el momento en que intentaban sustraer herramientas y materiales de construcción en una obra de ese sector.

Los uniformados llevaron adelante el procedimiento alertados por la víctima, que observó lo que estaba ocurriendo a través de las cámaras de seguridad de su propiedad.

Horas después, y teniendo en cuenta que la sustracción no había sido la primera según el sistema de cámaras de seguridad de la víctima, durante la tarde personal de Investigaciones de la Comisaría Primera realizó un allanamiento en Boyero al 900, residencia de Scerniecki, donde se procedió al secuestro de más materiales de construcción y herramientas.

La mujer quedó aprehendida a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 15 por el delito de robo, y la menor a disposición del fuero de Responsabilidad Juvenil por el mismo delito

La captura se llevó a cabo sobre las 14.30 del jueves, en Malvinas y Ugarte, luego de datos aportados desde el Centro de Monitoreo.

Para ese entonces, el delincuente había abandonado el vehículo y trató de escapar a pie. Se constató que había roto el sistema de ignición para robarlo.

En ese lugar fue aprehendido Alan Morales, de 23 años.

Interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 15.

La carátula es Robo de motovehículo agravado por encontrarse en la vía pública.

El hecho ocurrió a pocos metros de la intersección de la carretera con la calle Don Bosco, sobre la calle Malvinas.

Por el momento se desconoce qué fue lo ocurrido o si se produjeron heridos durante el accidente.

Noticia en desarrollo

Se trata de Leonardo Fabio Arias, quien fue arrestado por orden del Juzgado de Garantías N° 2, a pedido del fiscal Rodolfo De Lucia, de la UFIJ N° 20.

Según la investigación, el 22 de julio de 2024 Arias utilizó su usuario de Snapchat, teniendo en su poder y manipulando dentro de la aplicación, un video donde se observa a un menor siendo sometido a situaciones abusivas.

El acusado cuenta con antecedentes penales por facilitación de material en el que se exhiben menores de edad desarrollando actividades sexuales explícitas en concurso real con tenencia de representaciones de menores de 18 de años dedicados a actividades sexuales explícitas y de representaciones de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales; agravado este último por ser las víctimas menores de 13 años, por lo que se ordenó su detención.

La detención, a cargo de personal de la DDI, se dio en la vía pública de Bravard al 1.800, cerca de su domicilio.

Se trata de Salomón Jesús Vázquez Castillo, de 43 años, quien fue arrestado ayer cuando llegaba  en un vehículo particular al centro de salud del barrio Vista Alegre (Adrián Veres al 2.000) y personal de la DDI, en vigilancia, lo atrapó.

El delito que dio origen a esta investigación se produjo el 2 de septiembre de 2024 en la vivienda de Zelarrayán al 2.000, cuando dos delincuentes armados ingresaron por una ventana trasera, golpearon y maniataron a la propietaria, una mujer de 71 años, y la despojaron de joyas de oro, 60.000 pesos y un Ford Ka, que luego fue abandonado.

Distintas tareas de inteligencia criminal y el análisis de las cámaras de seguridad (tanto privadas como del CEUM) llevaron a sospechar de Castillo Salomón y de Luján Araceli Linares (27) como autores del hecho.

Días después del asalto se realizaron sendos allanamientos en 25 de Mayo al 2.100 y Guiraldes al 600, que permitieron el secuestro de dinero, joyas y teléfonos celulares, aunque luego la Fiscalía dispuso la libertad de ambos.

Sin embargo, la víctima pudo reconocer elementos secuestrados y se vinculó a Vázquez Castillo, al menos, con el delito de encubrimiento.

Tras un análisis de la telefonía celular secuestrada, el Juzgado de Garantías Nº 1 ordenó a fines de febrero pasado la detención del hombre, aunque recién pudo ser localizado ayer.

Otro sospechoso

La DDI de Bahía Blanca, por otra parte, arrestó a Fernando René Navarro (55), acusado de robo agravado por el uso de arma de fuego.

Se lo vincula con un delito cometido el 26 de marzo en Alvarado al 1.600, cuando un hombre de 73 años y su mujer, de 69, fueron interceptados al salir al patio por dos encapuchados.

Uno de ellos agredió al dueño de casa con un revólver, los obligaron a entrar a la casa, los ataron y se llevaron unos 90 mil pesos, alhajas y armas.

La investigación estableció que los delincuentes escaparon en un Ford Focus gris y, a partir de ese dato, se pudo individualizar a Navarro.

Ayer se realizó un allanamiento en Yapeyú al 900, donde se secuestró el auto, un celular, zapatillas y un anillo de oro con iniciales.

En consecuencia, Navarró quedó detenido, al acreditarse su participación en el robo.

Voceros oficiales señalaron que se trata de Orlando Paredes, de 33 años, quien se encontraba internado en el área de Terapia Intensiva del Hospital Municipal.

El siniestro vial se produjo el pasado 4 de abril, en Fabián González y Sixto Laspiur, donde colisionaron un Chevrolet Ágile, guiado por Miguel Ángel Schaab (40) y una moto150cc, en la que circulaba la víctima.

Producto del impacto Paredes sufrió un traumatismo de cráneo y tórax, por lo que había sido derivado al centro asistencial.

A partir de lo sucedido las actuaciones fueron recaratuladas como homicidio culposo.

"Te llevaste toda la plata, te hiciste el garca, tenés 15 días para irte", dice el cartel de fondo blanco con letras negras.

Si bien la investigación se mantiene en estricta reserva y no hay información sobre quiénes podrían ser los agresores, la causa tomó estado público y generó gran conmoción.

Según las imágenes de viviendas cercanas -la casa en la zona de Villa Belgrano- que reunieron los investigadores, se escuchó la ejecución de al menos 8 disparos y la fuga de una moto.

Villalba fue secretario de Economía en el gobierno municipal de Cristian Breitenstein (2006-2011) y luego ocupó una banca de concejal durante la gestión de Gustavo Bevilacqua (2011-2015), a quien le tocó reemplazar en una de sus licencias.

De hecho ese breve paso en 2014 por el principal despacho de Alsina 65 es recordado porque decidió la expulsión de tres funcionarios de Bevilacqua, entre ellos el secretario de Obras Públicas Rubén Valerio, pero al retomar Bevilacqua a su cargo lo volvió a poner en su puesto.

También trascendió  que otro exfuncionario municipal y vecino de Villalba también habría sufrido amenazas.

Se trata de Flavio Fuente, quien hasta mediados del año pasado fue presidente de Bahía Sapem Ambiental, mientras que Villalba era contador de esa Sociedad Anónima con Participación Estatal Municipal Mayoritaria, según los registros de los balances.

La denuncia de Villalba se radicó el viernes pasado y todavía no está claro si tiene que ver con su actividad pública de entonces o con alguna cuestión privada. 

En el caso actúa la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 7,  a cargo de la fiscal Marina Lara.

Ante ese juzgado, a su vez, el abogado Sebastián Martínez, asesor del secretario adjunto de la Asociación Empleados de Comercio, presentó esta mañana un pedido formal para recusar al fiscal general, Juan Pablo Fernández y, por carácter transitivo, a la fiscal instructora Marina Lara. 

De esa manera busca retirar la investigación de nuestra ciudad y que pase a otro departamento judicial (los más cercanos son Necochea y Mar del Plata).

La CGT rechazó la detención del gremialista Claudio Montiel

Martínez, según trascendió, considera que el fiscal general se extralimitó en sus declaraciones públicas, previas a la detención de Montiel y de su indagatoria (prevista en el artículo 308 del Código Procesal Penal).

El abogado alude, específicamente, a cuando Fernández tildó de "energúmeno y patotero" a Montiel, advirtió que "el Ministerio Público tiene que actuar para mandar la señal que corresponde" y de alguna manera descalificó la estrategia defensiva.

La defensa apunta a que, con esa conducta, el fiscal general fijó una postura en el caso que excede la comunicación institucional objetiva, con toma de posición anticipada.

Este planteo también tendrá que ser resuelto por el juez Manzi.