Pérez, secretario general del Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento local, expresó su indignación al enterarse de que el viernes Luciano Oscar Durand, imputado de dispararle y herirlo, había sido liberado por falta de pruebas.

"Llamó mucho la atención porque yo estuve en mi casa encerrado bajo cuatro llaves y este individuo (por Durand) en la casa tomando mate. Me parece que la justicia está fallando ahí", se quejó la víctima.

El dirigente gremial indicó que la Policía había recolectado elementos de prueba clave luego del ataque.

"Sentí bronca porque la Policía vino a mi casa y me dijo 'quédese tranquilo; ya lo encontramos y lo agarramos'. Las cámaras de mi domicilio lo enfocaron y las cámaras de la ciudad lo siguieron hasta la puerta de la casa. La moto la tiró al piso cuando me baleó, dejó pedazos de la moto y la Policía los recogió", declaró el baleado en una rodilla.

Pérez cuestionó con dureza el argumento de la fiscal de la causa, Marina Lara, para liberar inicialmente a Durand.

"La fiscal lo liberó por falta de evidencia. ¿Qué quería, que me matara para que hubiera evidencia?. Me parece que en este caso la Justicia se equivocó", opinó.

Durante su presencia en Fiscalía, Pérez comparó el trato recibido por los dirigentes gremiales con la impunidad inicial de su agresor.

"Parece que nos están persiguiendo a los gremialistas y nos están baleando. Lo que hicieron no tiene punto de comparación porque yo estaba declarando en fiscalía cuando este hombre estaba suelto. Y a un compañero de Empleados de Comercio (por Claudio Montiel), porque llegó con un cono, lo metieron un mes en la cárcel".

Frente a esta aparente disparidad de criterios, el dirigente sintetizó: "En Bahía Blanca, la Justicia está trabajando mal", sostuvo Pérez.

Raúl Oviedo, secretario general de la delegación bahiense de la Confederación General del Trabajo (CGT), aclaró que el reclamo de hoy apuntó al desempeño de los funcionarios a cargo de la causa.

"No vamos a cuestionar a la Justicia porque estamos bajo sus órdenes, pero cuestionamos el accionar de quienes deben impartir Justicia porque evidentemente es una cuestión de ideología o de mala praxis, siempre en contra de los trabajadores", reflexionó Oviedo.

Agregó que el anuncio de la movilización fue determinante para que posteriormente la Fiscalía dejara sin efecto la liberación de Durand.

"Era de manual que cuando empezamos a transmitir que íbamos a hacer la marcha, rápidamente salieron a recapturar al agresor del compañero Pérez", señaló el dirigente sindical.

Oviedo advirtió sobre la importancia de la respuesta gremial frente a este tipo de resoluciones.

"Sin duda que si no hacíamos nada, esto iba a ser quizás un efecto dominó. Este movimiento que está ahora del pueblo trabajador es justamente por esa mala praxis judicial", finalizó el entrevistado durante la manifestación de esta mañana.

La manifestación, prevista para las 10 y en la que estuvo presente la víctima, también reunió a miembros de la Confederación General del Trabajo (CGT) y del gremio Asociación Empleados de Comercio bahienses.

Los sindicalistas piden que "avance" la causa a cargo de la fiscal Marina Lara, "que se esclarezcan los hechos y que se llegue hasta los responsables materiales e intelectuales" del grave incidente.

Por el hecho la Policía aprehendió el jueves a Luciano Oscar Durand, quien le habría efectuado el disparo que hirió a Pérez en una de sus rodillas.

Sin embargo al día siguiente el sospechoso quedó libre, pero ayer lo volvieron a arrestar, en vinculación con los delitos de portación de arma de guerra sin la debida autorización legal y abuso de armas.

El baleado es el secretario general de la filial local del Sipedyb.

"No podemos permanecer indiferentes ante semejante situación. Exigimos que la investigación avance, que se esclarezcan los hechos y que se llegue hasta los responsables materiales e intelectuales de este ataque", señala el folleto de la convocatoria.

"No queremos mirar para otro lado. Queremos justicia y garantías para Luis y su familia", se indicó.

El caso está siendo investigado por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 7, dirigida por Lara.

Después de que Durand quedara en libertad, la CGT exigió el viernes la intervención del fiscal general Juan Pablo Fernández.

"Hace poco más de 24 horas repudiábamos un hecho gravísimo de agresión con arma de fuego a un dirigente sindical, un hecho de violencia extrema que nos preocupa a todos. Pocas horas después recibimos la importante noticia de que la policía había realizado un gran trabajo y con gran celeridad detuvo a quien habría cometido el atentado", expresa el comunicado de la confederación.

"Desde la CGT Delegación Regional Bahía Blanca destacamos y agradecemos la eficiente tarea de los efectivos de la Policía. Lamentablemente, a las pocas horas de la detención, nos anoticiamos de que el delincuente fue liberado, imponiéndole una restricción de acercamiento a la víctima por seis meses".

"Habida cuenta de lo sucedido, quedamos a la espera de que intervenga de oficio el jefe de los fiscales, tal como lo hizo con un dirigente (Claudio Montiel, secretario adjunto de Empleados de Comercio) por haber golpeado una puerta con un cono de plástico en ocasión de una protesta, para que detengan nuevamente al delincuente y lo trasladen a un penal", continúa el escrito.

"Confiando en que la Justicia actúa por igual con todos, mantenemos las expectativas por el pronto esclarecimiento sobre quién o quiénes son los autores intelectuales (si es que realmente hay un mensaje mafioso o amenaza por encargo), y la detención inmediata y traslado a un penal del autor material".

"Anhelamos todos que la Justicia brinde la tranquilidad a la víctima y su familia que les brindó la Policía", concluye el documento.

El descargo de la fiscalía se dio en medio de ciertas suspicacias que partieron de sectores gremiales, al entender que la detención del acusado, a dos días de su libertad, tenía que ver con mitigar los efectos de la movilización prevista para hoy. 

"Como la investigación es fluctuante, no nos quedamos con la prueba que había el viernes, se obtuvieron más medidas de prueba y se pudo determinar algo que fue determinante para la detención: que en el lugar del hecho se halló un fragmento de proyectil deformado, no era el proyectil entero, por eso la dificultad para hacer la pericia que, a opinión de un especialista en balística, correspondía a un proyectil de arma de guerra", explicó la titular de la UFIJ Nº 7.

Lara explicó que la portación de arma de guerra es un delito detenible y, en función de eso, "es una prueba que se produce el fin de semana. Se le solicitó ayer a la jueza de Garantías el pedido de detención y la jueza ordenó la detención".

"En este caso lo que determinó que llegue detenido es la magnitud de la pena en expectativa. Con la prueba producida el fin de semana se pudo determinar que portó un arma de guerra, que es un delito que tiene una expectativa alta, de hasta 8 años y 6 meses de prisión, por esa magnitud de pena es un delito detenible.

"Al principio no había elementos para disponer una aprehensión y por el delito que se investigaba hasta ese momento era abuso de arma, pero no se sabía que era un arma de guerra. El tipo de arma se obtuvo el sábado", remarcó.

La fiscal explicó que el móvil del ataque todavía sigue siendo materia de investigación y que hay dos teléfonos celulares secuestrados cuyo contenido se analiza.

"La única vinculación es que esta persona, el detenido, hace tareas de changas como estibador en el puerto" y que Pérez es secretario gremial del Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento. 

Negó los cargos

Durand fue indagado ayer, tras ser detenido, y negó los cargos en su contra, según confirmó Lara.

"Declaró, dijo que no era y dio algunas precisiones", aclaró.

Las citas que aportó el sospechoso -que no tiene antecedentes penales- tendrán que ser evacuadas para saber si dice la verdad o miente. 

"La investigación está recién iniciando, vamos obteniendo nuevos elementos de prueba y pueden llevar a que, eventualmente, haya nuevas personas implicadas", dijo.

En cuanto al testimonio de la víctima, la fiscal confirmó que Pérez no conocía a Durand y que nunca había recibido amenazas ni había tenido problemas en virtud de su cargo.

Lara, por último, rechazó las críticas desde los sectores gremiales referidas a que este caso se midió con distinta vara al que tuvo como imputado a Claudio Montiel, gremialista de Empleados de Comercio que fue acusado de causar desmanes en el Bahía Blanca Plaza Shopping.

"No hay ningún encono de mi parte ni de la fiscalía con los sindicalistas, las cuestiones son diametralmente opuestas. La situación de Montiel era que, prima facie, teníamos prueba para tener por configurado delitos gravísimos, como coacción agravada, privación de la libertad y daños reiterados, por eso fue detenido", explicó.

Según se informó, uno de ellos, Agustín Alejandro Medici (19), al ser identificado descartó un revólver calibre .32 largo, con dos municiones intactas en el tambor, y una navaja.

En tanto, los otros tres jóvenes, Jeremías Agustín Vega (19), Leandro Abel Banegas (28) y Daniel Exequiel Hermosilla (26), se negaron a identificarse y opusieron resistencia al accionar policial.

El arma y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia. Intervienen la UFIJ N.º 15 y el Juzgado Correccional en turno. Las actuaciones se llevan adelante en la Comisaría Quinta.

La detención se llevó a cabo por pedido de la Fiscalía y orden de la Justicia. Actualmente se encuentra en la comisaría Primera.

El procedimiento se llevó adelante en el domicilio de Durand, ubicado en Carrega al 3.300 de Ingeniero White, donde además se procedió al secuestro de dos dispositivos telefónicos.

Los investigadores establecieron con el correr de las horas que el ataque se produjo a través de la portación, sin la debida autorización legal, de un arma de fuego calibre 38 o 357, consideradas armas de guerra, circunstancia que agravó la figura.

Durand, de 50 años, domiciliado en Ingeniero White, había sido detenido el jueves alrededor de las 22, durante un operativo realizado en la intersección de De Solier y De la Soberanía. Luego, al día siguiente, había sido liberado por decisión de la UFIJ Nº 7. También se le fijó una prohibición de acercamiento a la víctima durante seis meses, ordenada por el Juzgado de Garantías Nº 4.

Durante el procedimiento, personal policial secuestró una motocicleta, un casco y prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el ataque. Para identificar al sospechoso, los investigadores analizaron registros de más de 20 cámaras de seguridad privadas y del Centro Único de Monitoreo (CEUM).

La agresión ocurrió el miércoles, alrededor de las 9, cuando Pérez, de 68 años, salía de su vivienda ubicada en Pedro Pico al 1500. En esas circunstancias, un hombre que llevaba casco lo interceptó y le efectuó un disparo que impactó en su pierna izquierda. Luego escapó en una motocicleta.

La víctima es el secretario general local del Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento, quien tras el episodio manifestó públicamente que no existían internas dentro de la organización gremial.

Marcha

Afiliados al Sindicato de Dragado y Balizamiento llevarán a cabo este lunes, desde las 10, una movilización a Fiscalía, en reclamo de "que la investigación avance, que se esclarezcan los hechos y que se llegue hasta los responsables materiales e intelectuales" del ataque.

"No queremos mirar para otro lado. Queremos justicia y garantías para Luis y su familia", se indicó.

El hecho se conoció cerca de las 6, cuando la Policía llegó a una vivienda situada en inmediaciones de Islas Malvinas al 1200. La construcción tenía sectores hechos con madera y nylon y parte de la estructura estaba incendiada.

En el lugar, los efectivos encontraron a un hombre, que posteriormente fue identificado como Alberto Luis Ávalos, tendido en el suelo e inconsciente. También hallaron a un bebé de seis meses en brazos de su abuela paterna; ambos estaban inconscientes y fueron trasladados en ambulancia al hospital local.

Dentro de la casa, los policías encontraron los cuerpos de cuatro personas. Dos menores estaban en un sector construido con madera y nylon, mientras que una mujer y una nena se encontraban en otra habitación. Un constató los fallecimientos en el lugar.

Las víctimas fueron identificadas como Rocío Aranda, de 22 años; su hijo Franco Aranda, de 4; y sus sobrinos Adriana Barrios, de 5, y Bruno Barrios, de 4. Los dos niños eran hijos de M.A., hermana de Rocío, quien vive a pocos metros de la vivienda.

El quinto menor involucrado era Bernardo Ávalos, de seis meses e hijo de Rocío. El bebé había sido llevado al hospital, pero ingresó sin signos vitales.

La investigación

De acuerdo con la información policial, Ávalos fue examinado por profesionales médicos, que le diagnosticaron un cuadro de psicosis aguda. El informe también consignó “signo de escoriación en forma de lazo en zona cervical, lesiones múltiples por agresión por contusión y signo de posible intoxicación con drogas”. Tras la atención, quedó bajo custodia policial.

Ante las circunstancias del caso, el fiscal subrogante de la Fiscalía N° 1 de Sáenz Peña, Gustavo Valero, dispuso la intervención del Gabinete Científico del Poder Judicial y del médico policial.

Los exámenes realizados a los cuerpos detectaron que los tres menores encontrados dentro de la vivienda presentaban cortes en el cuello y quemaduras en distintas partes del cuerpo. En el caso de Rocío Aranda, se constató una “escoriación en la región lumbar”, mientras que el bebé de seis meses tenía “livideces en las zonas del cuello y dorsal”. A partir de esos hallazgos, la Fiscalía ordenó autopsias para todas las víctimas.

Durante las pericias en la casa, los especialistas secuestraron tres celulares, un cuchillo tipo tramontina de 27 centímetros con manchas similares a sangre, un encendedor naranja, dos tramos de soga y un fragmento de sábana con manchas rojizas que también serían similares a sangre.

Personal de la División Bomberos de Sáenz Peña trabajó en el lugar y trasladó los cuerpos a la morgue judicial de esa ciudad.

Finalmente, el fiscal Valero ordenó la aprehensión del principal sospechoso señalado en la causa como presunto autor. La investigación fue caratulada inicialmente como supuesto homicidio y el detenido será alojado en la Comisaría de Machagai. (con información de TN)

Según se indicó, la iniciativa se desarrolló entre el viernes y el sábado en puntos neurálgicos de la ciudad, luego de que se tomara conocimiento —a través de las redes sociales— de que se iba a desarrollar una caravana especial por Halloween en las calles de la ciudad.

Las invitaciones se llevaban a cabo a través de posteos en Instagram, seguidos por mensajes privados. Había convocatorias para que los motoqueros se disfrazaran e, incluso, algunas de ellas exclusivas para mujeres.

Por esta razón, durante ambas jornadas se desarrolló un operativo conjunto del que tomó parte personal policial y de tránsito, conformado por unos 50 efectivos de distintas comisarías, UPPL, Comando de Patrullas y UTOI.

A esto se sumaron los recursos de monitoreo y cámaras en tiempo real.

Desde las fuerzas de seguridad se indicó que los puntos de concentración fueron los que normalmente se utilizan, como el interior del Parque de Mayo, distintos puntos de avenida Cabrera o las plazas Rivadavia y de Villa Mitre, por nombrar algunas.

En este marco, el sábado por la noche se secuestraron 44 vehículos: cinco por alcoholemia positiva, 40 motos, cuatro autos y siete caños de escape modificados, entre otras cuestiones.

Se trata de Marina María Macarena Gauna, quien el 29 de abril de 2022 fue sentenciada por el Tribunal en lo Criminal Nº 2 a 6 años y medio de prisión por el delito de robo doblemente agravado.

La Sala II de la Cámara Penal local declaró inadmisible la apelación de la doctora María Florencia Martínez, integrante de la Secretaría de Género de la Defensoría General, confirmando la medida dictada por el juez de Ejecución Penal Nº 1, Claudio Brun.

El magistrado dispuso oportunamente revocar el beneficio que le habían otorgado a Gauna en la instancia anterior por cuestiones de salud, ya que padece lupus (una enfermedad autoinmunitaria crónica ).

La mujer permanece detenida en la Unidad Penal Nº 52 de Azul, aunque, según trascendió, solicitó su trasladado a la cárcel de Villa Floresta, en nuestra ciudad. La pena que recibió vencerá el 9 de septiembre de 2027.

Conducta sostenida

Los camaristas Guillermo Petersen y Guillermo Emir Rodríguez sostuvieron que el arresto domiciliario otorgado a la detenida lleva aparejado una serie de reglas que “no ha sabido o no ha podido ajustarse” a las mismas.

Destacaron que, pese a estas cuestiones, en cuatro oportunidades se mantuvo el beneficio y que, ante nuevos hechos y de mayor gravedad, “sus incumplimientos se erigen en una conducta repetitiva y sostenida que resulta de entidad suficiente para la revocación”.

Brun describió en su fallo “discordancias” en los motivos aludidos por Gauna para justificar salidas no autorizadas.

Señaló que esto se produjo el pasado 18 de enero y que se habría repetido el 31 de julio, cuando presentó “una constancia de atención médica presuntamente apócrifa”.

En tanto, detalló que el 28 de agosto aportó una constancia de atención médica que “data del día anterior”.

Del mismo modo, tuvo en cuenta los daños en la tobillera que le colocaron a la mujer y que en “reiteradas ocasiones” se le había recordado “la obligatoriedad de permanecer en su domicilio”.

Teniendo en cuenta su estado de salud, el juez pidió a la Dirección General de Salud Penitenciaria que, en forma conjunta con el área de Asistencia y Tramiento, se aconseje al establecimiento donde sea alojada la incorporación “en un tratamiento psicológico y/o psiquiátrico” y el seguimiento de la patología que padece.

No prosperó

Los camaristas Petersen y Rodríguez consideraron que los elementos reseñados por el juez de Ejecución  Penal no fueron cuestionados en la apelación de la defensa, la que “fue sustentada -en esencia- en el cuadro de salud que presenta Gauna y en el riesgo que implica su encierro carcelario en un penal superpoblado y sin atención médica oportuna”.

Describieron que también la letrada señaló que esa cuestión convertía a la pena “en un trato cruel, inhumano y degradante”, además de considerar “la existencia de medidas menos lesivas que entiende de obligatoria imposición”.

Los magistrados indicaron que al igual que en otras resoluciones, esos argumentos resultan insuficientes si se basa en “meras afirmaciones genéricas o reitera argumentos”.

El asalto

El 9 de marzo de 2021, Carlos Mariano Escalante fue abordado por dos ladrones en su almacén ubicado en Chaco al 200, de Punta Alta.

Los sujetos forcejearon con el dueño, quien recibió heridas cortantes en un brazo y un puntazo en el pecho.

Por el caso, la Policía detuvo a Gauna y a Ramiro Mieres, quien recibió la misma pena que la mujer.

La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial elevó de 10 millones de pesos a 30 millones la indemnización que una mujer deberá pagarle a su hermano por el daño moral derivado de una publicación que realizó en Facebook.

El 12 de diciembre de 2018, G.H.G. -en medio de la disputa económica que se originó tras la muerte de sus padres- hizo un posteo donde daba cuenta que, cuando tenía 11 años, había sido víctima de un abuso sexual por parte de su hermano, a quien se identifica como J.L.G.

El hombre sostuvo que la acusación era falsa y que había afectado su honor, su dignidad y su reputación.

Según expuso, él y su hermana habían mantenido una relación cercana y armoniosa durante muchos años, que se fue desgastando luego del deceso de sus padres, registrada en 2014.

Las diferencias se profundizaron por cuestiones vinculadas con la sucesión. 
 

Esperó 33 años para conocer su filiación y ahora su padre deberá pagarle 100 millones de pesos

El hombre le atribuyó a su hermana el manejo irregular de fondos de una cuenta bancaria de su padre y el retiro y posterior venta de bienes de la vivienda familiar. También recordó una fuerte discusión entre ambos en septiembre de 2018, en el marco del proceso sucesorio.

Meses después, la publicación en Facebook llevó el enfrentamiento familiar a los tribunales.

Al contestar la demanda, ella rechazó el reclamo y explicó que había reconstruido recuerdos de su infancia durante un proceso terapéutico.

Según afirmó, esas imágenes le permitieron recordar situaciones de índole sexual que involucraban a su hermano. También sostuvo que el temor a no ser creída y las consecuencias familiares y sociales habían influido en la demora en revelar lo sucedido.

Contraataque

La mujer manifestó que no se retractaba de sus dichos y cuestionó que su hermano reclamara una indemnización sin que, a su entender, se hubiera demostrado la falsedad de la acusación.

Además, presentó una reconvención y reclamó dos millones de pesos por considerar que las manifestaciones de su hermano sobre un supuesto desapoderamiento de bienes y fondos familiares habían afectado su honor. Ese planteo fue rechazado en primera instancia por falta de pruebas suficientes y porque las expresiones se habían formulado dentro del proceso judicial.

La sentencia de primera instancia había condenado a la mujer a pagar 10 millones de pesos a su hermano por el daño moral. 

Ambas partes apelaron: él pidió una suma mayor y ella cuestionó la atribución de responsabilidad, invocando la libertad de expresión y la necesidad de juzgar el caso con perspectiva de género.

Los camaristas Marcelo Restivo, Fernando Kalemkerian y Patricio Lombardi confirmaron la responsabilidad civil de la mujer. Consideraron que la publicación contenía una imputación grave contra un particular, difundida a través de una red social y con repercusión en su entorno familiar y social.

El tribunal aclaró que la perspectiva de género exige considerar las dificultades que pueden atravesar las personas para revelar situaciones de abuso, pero no elimina la obligación de ponderar los derechos de quien resulta señalado públicamente. 

Para elevar la reparación, los jueces valoraron testimonios que describieron un profundo cambio en el comportamiento del hombre después de la publicación. Según relataron, dejó de concurrir a reuniones y encuentros deportivos, evitaba salir y atravesó un período de abatimiento.

También ponderaron su trayectoria en el básquet local, donde se desempeñó como jugador, entrenador y dirigente.

Una pericia psicológica señaló un estado de ánimo apesadumbrado, un empobrecimiento de su imagen personal y sentimientos de indignidad. 

El profesional advirtió manifestaciones compatibles con un cuadro depresivo, aunque aclaró que no podía establecer un diagnóstico definitivo.

Viajar a ver la NBA

Deseo. El hombre explicó que quería utilizar la indemnización para viajar a los Estados Unidos, con su esposa e hijos, para asistir a un partido de la NBA, costo que la Justicia de segunda instancia consideró apropiado para reparar el daño.

Insuficiente. La Cámara entendió que eran insuficientes los $10 millones iniciales y triplicó la indemnización, tomando como referencia los costos de pasajes, alojamiento, visas, transporte y esparcimiento. 

Destino. Los jueces aclararon que no existe obligación de destinar el dinero a ese viaje.

Costas. El fallo de la Sala I, a su vez, confirmó los demás puntos de la sentencia y dispuso que la mujer pague también las costas de la apelación.

El procedimiento se produjo poco antes de la medianoche, en Córdoba y 12 de Octubre, cuando los efectivos de la Policía Local interceptaron un rodado Peugeot 206, en el que se movilizaban tres persones de entre 22 y 26 años.

Desde esa repartición indicaron que durante el procedimiento detectaron que llevaban entre sus pertenencias dos envoltorios conteniendo cogollo de marihuana y dos cigarrillos combustionados de la misma sustancia.

Frente a esta situación convocaron a personal municipal del área de Tránsito que le realizó al conductor de la unidad la prueba de drager test, que arrojó resultado positivo para marihuana y cocaína.

De esa forma, se produjo el secuestro de la unidad y se labró la infracción correspondiente con intervención del Juzgado de Faltas local.

Por otra parte, los uniformados notificaron a la UFIJ N° 19 sobre el hallazgo de los estupefacientes.

La aplicación Círculo Seguro, desarrollada por dos policías de Adolfo Gonzales Chaves, permite a las personas blanco de estafadores hacer una “pausa mental” antes de entrar en pánico y verificar el mensaje sospechoso recibido a través de una vía ajena a WhatsApp.

De esta manera se evita la transferencia de dinero a los delincuentes.

Si bien la app se diseñó con una interfaz simple y accesible para que los adultos mayores la puedan usar sin dificultad, es útil para toda la sociedad sobre todo teniendo en cuenta la alta tasa de fraudes electrónicos que se registra en la Argentina.

La ingeniería social hecha por timadores informáticos no hackea el teléfono celular de la víctima, sino sus emociones, y esta conducta es la que precisamente neutraliza el mecanismo inventado por el titular de la Policía Comunal de Gonzales Chaves, Luis Cristeche (46), y el jefe de Operaciones de la comisaría chavense, Gonzalo Molina (43).

La maniobra de engaño de los estafadores provoca una urgencia extrema para que las personas contactadas por ellos les transfieran dinero, sin llegar a suponer que se trata de un fraude virtual.

Muchas veces la víctima recibe un mensaje repentino, por ejemplo de su hijo, que desesperadamente le pide una suma a raíz de una supuesta emergencia.

“En nuestra profesión lidiamos con malas noticias y problemas, por eso no hay mayor satisfacción que la gente encuentre una respuesta", enfatizó el jefe policial.

El receptor ve la foto y el nombre de su hijo en el perfil de WhatsApp desde el cual se envió el mensaje, por eso en pleno estado de pánico es casi imposible detectar el engaño.

Círculo Seguro es una “barrera estructural” que fuerza una “pausa mental” antes de que las personas envíen plata a los hackers.

En vez de responder el chat fraudulento, la aplicación intercepta el impulso y desvía el pedido de dinero, abriendo una alerta dirigida a un contacto de confianza que la víctima tiene guardado en su celular.

Al trasladar la conversación a este canal secundario limpio, se rompe por completo la operatoria del delincuente.

La protección no se basa en espiar los mensajes del receptor, sino de coordinar la verificación humana sin prisas.

Al confirmar mediante ese canal seguro que la emergencia es falsa, la presión en la víctima desaparece rápidamente y el dinero queda a salvo en su cuenta bancaria.

La aplicación pretende obligar al receptor a comunicarse por fuera de la plataforma desde donde recibió el mensaje sospechoso, es decir mediante una llamada telefónica convencional, un mensaje de texto (SMS) o un correo electrónico.

Así, el sistema valida la autenticidad del pedido de auxilio económico.

En caso de no poder confirmar la llamada, la app despliega alertas preventivas con indicaciones claras como “No hagas transferencia”.

“El primer punto fuerte de esta aplicación es lograr que la gente tome consciencia y haga esa pausa necesaria para pensar y preguntarse: ‘¿el que me está contactando es mi hijo, mi tío, mi amigo?’”, explicó Cristeche.

Si la persona confirma que su cuenta de WhatsApp fue clonada o intervenida, puede alertar en simultáneo a todo su entorno.

“Aprieta el botón ‘me hackearon’ y automáticamente a todo su círculo le llega un mensaje de ventana emergente”, agregó el entrevistado, con 27 años en la fuerza policial.

La plataforma también tiene una función para notificar cuando la cuenta de la red social se restableció.

Círculo Seguro estará disponible para descargar en Google Play (Android) entre mediados de noviembre y principios de diciembre, y posteriormente se adaptará para dispositivos iOS (Apple).

Los creadores de la app harán un streaming por el canal de YouTube del programa Perro Comunitario, conducido por Molina, para mostrar la interfaz en vivo y realizar pruebas de funcionamiento ante el público interesado. 

La aplicación incluirá un formato gratuito (con límite de hasta 5 contactos e integración de llamadas tradicionales) y opciones mediante licencias pagas para extender el número de allegados e incorporar servidores de mensajes SMS.

La empresa Google no les paga a Cristeche ni a Molina por las descargas de la app en su versión gratuita.

En base a las devoluciones de los potenciales usuarios, la aplicación se podría mejorar o adaptar.

“Como administradores de la app tenemos la opción de generar códigos de gentileza, porque no dejamos de ser habitantes de un pueblo chico y siempre está esa cuestión de la buena voluntad”, destacó la fuente consultada.

“Supongamos que conocemos a alguien que no puede pagar y que necesita tener más contactos o habilitar ciertas funcionalidades, entonces podemos generarle un código de cortesía gratuito”, acotó.

Por otra parte, el servicio pago está destinado a costear el desarrollo y la posible futura ampliación del emprendimiento.

“Con esos ingresos pagamos anualmente el dominio, los servidores que envían la mensajería SMS y la base de datos”, precisó Cristeche.

Después de investigar en reservorios digitales abiertos y constatar que no existe una herramienta equivalente en el ámbito informático, los desarrolladores catalogaron la aplicación como un recurso “inédito” y avanzaron en su etapa final de pruebas.

Además habilitaron la web circuloseguro.com.ar, en la que los usuarios pueden ver la interfaz virtual y acceder a guías de uso. También estará disponible el enlace oficial de descarga.

“En nuestra profesión siempre lidiamos con malas noticias y problemas, y no hay mayor satisfacción que la gente encuentre una buena noticia o una respuesta", enfatizó el jefe policial.

Ambos uniformados se ilusionan con que la herramienta se viralice y cause un “impacto tremendo”, permitiendo que la prevención llegue de forma masiva a todo el país.

Molina, con 21 años en la Policía, estudió desarrollo de aplicaciones y constantemente aporta ideas creativas relacionadas con la app, a tal punto que Cristeche lo describe como el “ideólogo” e “inspirador”.

En tanto que Luis, de formación autodidacta en informática y usuario de Inteligencia Artificial, se encargó de la materialización técnica del emprendimiento.

Hacía aproximadamente un año que conversaban acerca de la importancia de contar con un “círculo seguro” de contactos, por eso decidieron crear la app para sumar una herramienta práctica a las charlas que ofrecen.

“Buscamos equilibrar la balanza frente a quienes hacen un mal uso de las tecnologías, transformando la aplicación en un escudo defensivo eficaz para los usuarios”, resaltó Cristeche.

Círculo Seguro nació por medio de un proceso que combinó la experiencia en el terreno policial, la prevención comunitaria con charlas y el interés por la tecnología por parte de Cristeche y Molina.

Desde hace 3 años los desarrolladores dictan charlas en centros de jubilados y colegios de aquella ciudad, para concientizar sobre la importancia de prevenir este tipo de delito.

En ese contexto, los efectivos policiales notaron que a pesar de las recomendaciones que brindaban e informaban los medios de comunicación, las estafas -sobre todo vía WhatsApp- se reiteraban día por medio en Chaves, una localidad con entre 12.000 y 14.000 habitantes.

También advirtieron que la gente "baja la guardia" ante mensajes manipuladores que simulan urgencias o generan miedo.

Según un informe de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), en 2024 se registraron 4.637 casos de usurpación de identidad (phishing) en WhatsApp seguida del pedido de dinero a contactos, lo que representa el 84,2% del total de los hechos.

Asimismo, el organismo dependiente del Ministerio Público Fiscal de la Nación investigó 872 accesos ilegítimos a cuentas de dicha red social, sin que se concrete la ciberestafa.

La sumatoria de ambas operaciones ilegales (5.509 reportes) habla a las claras del creciente fenómeno de ataques contra cuentas de WhatsApp, ya sea como acceso ilegítimo únicamente o como medio comisivo del fraude.

Según detalló la policía, el siniestro involucró a una Toyota Hilux blanca, conducida por Rodrigo Sánchez, de 45 años, y un Renault Fluence gris, al mando de Rodrigo Brandán, también de 45 años.

En el automóvil viajaba como acompañante Verónica Díaz, de 48 años.

Tras el impacto, se hizo presente personal policial y una ambulancia del SAME, que asistió a los involucrados y trasladó al conductor de la camioneta y al conductor y acompañante del automóvil al Hospital Interzonal General de Agudos Dr. José Penna para su correspondiente evaluación médica.

El hecho fue caratulado como lesiones culposas y tomó intervención personal de la Subcomisaría de Harding Green.

La medida fue adoptada por la titular de la UFIJ Nº 7 y contempla, además, una prohibición de acercamiento a la víctima durante seis meses, ordenada por el Juzgado de Garantías Nº 4.

Se trata de Luciano Oscar Durán, de 50 años, domiciliado en Ingeniero White, quien había sido detenido el jueves alrededor de las 22, durante un operativo realizado en la intersección de De Solier y De la Soberanía.

Durante el procedimiento, personal policial secuestró una motocicleta, un casco y prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el ataque. Para identificar al sospechoso, los investigadores analizaron registros de más de veinte cámaras de seguridad privadas y del Centro Único de Monitoreo (CEUM).

El hecho ocurrió el miércoles, alrededor de las 9, cuando Pérez, de 68 años, salía de su vivienda ubicada en Pedro Pico al 1500. En esas circunstancias, un hombre que llevaba casco lo interceptó y le efectuó un disparo que impactó en su pierna izquierda. Luego escapó en una motocicleta.

La víctima es el secretario general local del Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento, quien tras el episodio manifestó públicamente que no existían internas dentro de la organización gremial.

En la causa intervienen las UFIJ Nº 7 y Nº 15, mientras el acusado recuperó la libertad, la investigación continúa para esclarecer las circunstancias del ataque.

Los sospechosos, identificados como Oscar Francisco Campos, de 56 años, y Jonathan Darío Silva (24), fueron interceptados en inmediaciones de 14 de Julio y Estación Algarrobo. Al requisar sus pertenencias, los uniformados encontraron numerosos elementos informáticos.

El procedimiento se inició alrededor de las 13.20, a partir de un llamado al servicio de emergencias 911 que alertaba sobre el ingreso de dos personas a uno de los depósitos de ABSA.

Tras recibir las indicaciones del sereno, efectivos de la Policía Local realizaron un rastrillaje por la zona.

Entre los objetos secuestrados había diez fuentes de alimentación, tres discos rígidos, cables, conectores y disipadores de aluminio, además de herramientas y otros elementos que corresponderían a la empresa.

Ambos hombres quedaron aprehendidos y a disposición de la justicia.

El abogado explicó que Fideisa -una sociedad de desarrollos inmobiliarios que funciona en las mismas oficinas de 19 de Mayo y la avenida Alem- vendió distintos lotes en Altos de Lorenzi (Guardia Vieja, Rawson, Indiada y Los Naranjos), que limitaban con terrenos que había expropiado el organismo nacional.

"Los mismos vecinos compradores con título fueron ocupando las tierras y dicha ocupación fue unilateral y totalmente ajena a los titulares originarios, a Fideisa y a la escribanía", sostuvo Scoccia. 

"Ante la denuncia de Vialidad por esa usurpación, se presentó la Policía Federal a requerir información de cómo había sido dispuesta la venta de esas tierras y, aclarado el proceso de venta, se retiraron sin llevarse nada porque la documentación que buscaban acá no existe", dijo.

Scoccia remarcó que "Fideisa vendió terrenos ajenos a Vialidad" y que luego hubo gente (algunos serían los mismos compradores) que extendieron sus lotes hacia los fondos y habrían terminado cometiendo la usurpación.

 "Al propio fiscal se le explicó con los planos lo que había pasado", informó.

La historia

Ese macizo, originariamente, era un loteo titularidad de una sucesión Lorenzi, que fue adquirido y escriturado por tres particulares en la totalidad de sus parcelas, indicó el abogado.

Al medio del loteo existían algunas parcelas que en 1960 fueron expropiadas por parte de Vialidad Nacional, con destino a una futura calle que nunca se hizo.

Posteriormente, esos dueños originarios vendieron lotes a terceros, con sus respectivas escrituras, salvo las expropiadas, ya que no eran de su titularidad. 

"Esa expropiación estaba siendo usurpada por terceros ajenos al loteo y estaban generando riesgo y robos a las construcciones que se estaban haciendo en el sector y, asimismo, esa expropiación había quedado desafectada al uso de calle originariamente previsto, según averiguaciones de los titulares en Vialidad", explicó Scoccia.

"De hecho gran parte de la continuidad de esa supuesta calle hacia los barrios que dan para atrás del loteo se encuentra totalmente usurpada hace muchos años. Ante el riesgo de que dicha usurpación continuara creciendo por ajenos a ese barrio, y por los robos que se estaban generando, los mismos vecinos compradores con título fueron ocupándolas", detalló Scoccia.

El hecho se produjo anoche, alrededor de las 21 horas, en la zona de Castelli y Gorriti, cuando el damnificado dejó el rodado y se ausentó algunos minutos.

Cuando regresó advirtió el faltante de dinero en efectivo, documentación, tarjetas y hasta un par de anteojos recetados.

Los robos con inhibidores de alarmas constituyen una modalidad delictiva en la que los delincuentes bloquean la señal de radiofrecuencia del control remoto del vehículo, impidiendo que este se cierre correctamente.

Aguardan que los damnificados se alejen del lugar para abrir las puertas y apoderarse de los objetos que encuentren.

Las autoridades aconsejan comprobar manualmente el cierre del rodado luego de activar el sistema y no dejar objetos de valor a la vista.

Trascendió que los uniformados realizan los operativos en una escribanía y varias inmobiliarias.

La primera de las oficinas pertenece a la firma Scoccia, que también cuenta con estudio jurídico y está ubicada en 19 de Mayo y la avenida Alem.

Los otros operativos son en al menos cinco inmobiliarias de nuestra ciudad, aunque por el momento no se dieron a conocer los domicilios.

"Solo puedo confirmar los allanamientos y que la investigación es por posibles irregularidades en la venta de terrenos de un predio de la Dirección Nacional de Vialidad", informó un investigador. 

La causa tramita ante el área de Transición de la Unidad Fiscal Bahía Blanca, con injerencia del fiscal Santiago Ulpiano Martínez y el Juzgado Federal Nº 1.

Al intervenir Transición, se infiere que la investigación es anterior a septiembre de 2025, cuando se puso en marcha el sistema acusatorio en el ámbito federal. 

El predio en cuestión es conocido como Altos de Lorenzi y está ubicado entre las calles Guardia Vieja, Rawson, Indiada y Los Naranjos.

El pedido lleva las firmas del presidente de la Nación, Javier Milei, y de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

Para que el cambio se efectivice, la Cámara de Senadores nacional deberá dar su acuerdo y recién después el Poder Ejecutivo podrá formalizar el nombramiento.

Desde 2003 al frente de la fiscalía general, Fernández coordina las fiscalías que investigan delitos en Bahía Blanca y en los otros distritos de este departamento judicial.

Si su designación se concreta, Fernández pasaría de la Justicia provincial a la federal.

No es la primera vez que el nombre del jefe del Ministerio Público Fiscal bahiense llega al Senado.

En mayo de 2023, durante la presidencia de Alberto Fernández, el Ejecutivo ya había propuesto su candidatura para el mismo tribunal, pero el trámite no prosperó.

Con la llegada de Milei a la Casa Rosada, el nuevo Gobierno retiró varios pliegos judiciales que estaban pendientes, entre ellos el del fiscal Fernández.

Con esta nueva presentación, el candidato de Bahía vuelve a estar en carrera, aunque su pliego todavía debe ser analizado en el Senado.

Su eventual designación para el tribunal federal abriría una vacante en la fiscalía general bahiense, pero aún no hay certezas sobre quién lo reemplazaría en el cargo.

De concretarse su traspaso, Fernández se convertiría en el tercer juez titular del Tribunal Federal de Juicio, junto con Sebastián Foglia y Ernesto Sebastián.

El procedimiento se realizó alrededor de las 22, en la intersección de las calles De Solier y De la Soberanía, luego de una serie de tareas investigativas llevadas adelante por personal del Grupo Técnico Operativo (GTO) de la comisaría Primera, con la colaboración de efectivos de la seccional Tercera.

Según informaron fuentes oficiales, los investigadores analizaron registros de más de veinte cámaras de seguridad privadas y del Centro Único de Monitoreo (CEUM), a partir de los cuales lograron identificar al sospechoso como Luciano Durán, de 50 años, domiciliado en la localidad de Ingeniero White.

Durante el operativo también secuestraron una motocicleta, un casco y prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el ataque.

La investigación se inició el miércoles, alrededor de las 9, cuando la víctima, de 68 años, salía de su domicilio ubicado en Pedro Pico al 1500. En esas circunstancias, fue interceptada por un hombre que llevaba casco y que le efectuó un disparo con un arma de fuego, provocándole una herida en la pierna izquierda. Tras la agresión, el atacante escapó del lugar a bordo de una motocicleta.

El hombre baleado es el secretario general a nivel local del Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento.

En la causa intervienen las UFIJ Nº 7 y Nº 15. Según se informó, se procura obtener una orden de allanamiento y se solicitaron las diligencias judiciales correspondientes.

El aprehendido quedó a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación para esclarecer las circunstancias del ataque.

Luis Pérez, secretario general del Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento de nuestra ciudad, dio su versión de los hechos que lo tuvieron por víctima ayer a la mañana, cuando un hombre encapuchado lo baleó en una pierna mientras salía de su casa, en Pedro Pico al 1.500.

"No tengo problemas (en el gremio). Fui elegido este año nuevamente, fue única lista y no tuve oposición. Me quise retirar y los mismos compañeros me dijeron que me quedara 4 años más, para que les enseñe antes de dejar. Además, soy de ir al diálogo siempre, no soy agresivo", remarcó Pérez.

Video: cómo fue el ataque armado al líder gremialista en el barrio San Martín

El hecho, según quedó registrado por las cámaras de su vivienda, se registró minutos antes de las 9, cuando el sindicalista de 68 años sacaba el auto de su garaje y se disponía a cerrar una reja.

"Algo dijo pero no le pude entender"

"Salía para el gremio y vi que una moto se paró en la vereda, vi que la quiso parar y no la podía dejar parada y la dejó en el piso, pero pensé que se le había roto la moto o iba a hablar por el celular. Después vi que extrajo de la cintura un revólver y le digo "qué hacés hijo de puta...", relató.

El atacante, con su rostro cubierto, "algo dijo pero no le pude entender. Me disparó, dio media vuelta y se fue".

La bala dio en el costado de una rodilla, con orificios de entrada y salida, con lo cual en principio zafó de la cirugía.

"Tengo que curar la herida dos veces al día, pero fui a ver un médico particular, para tener más seguridad y me dijo que no me había tocado ningún tendón ni nervio, pero sí están afectados los músculos porque, al ingresar la bala, te quema, sentís como un ardor", explicó. 

Pérez informó que con algunos otros gremios puede tener alguna discusión puntual, "pero algo normal; tenemos buena relación".

Sobre un posible intento de robo, algo que está virtualmente descartado por los investigadores, el sindicalista respondió: "No me manoteó la billetera o bien se asustó porque lo puteé dos veces".