Los operadores dieron aviso de la situación a la Policía, por lo que efectivos del Comando de Patrulla concurrieron al sitio y sorprendieron a dos hombres y una mujer.

Los investigadores establecieron que se produjo la venta de marihuana y cocaína y que las sustancias fueron abonadas por transferencia electrónica desde billeteras virtuales.

En los últimos días, y en el marco de un debate abreviado, Mauro Fredi Rubini (32) fue sentenciado a la pena de 4 años de prisión por el hecho.

El fallo fue dictado por el juez del Tribunal en lo Criminal Nº 3, Eduardo d'Empaire, quien halló culpable al hombre del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y entrega de drogas a título oneroso.

Previamente, el fiscal Mauricio Del Cero y el defensor oficial Eduardo Zalba, con la aceptación del imputado, habían acordado la sanción y calificación legal del caso.

Encuentro y ventas

Para el juez quedó acreditado que el día del hecho, poco antes de las 5, el imputado se reunió con otras dos personas en Soler e Israel.

En esas circunstancias le entregó a una de ellas 0,8 gramos de marihuana a cambio de 25 mil pesos, que abonó la mujer que acompañaba al comprador mediante la utilización de la aplicación Cuenta DNI.

Las cámaras del municipio detectaron que Rubini, quien se movilizaba en una moto y vestía ropa de color celeste, se entrevistó con un hombre que tenía prendas de tono gris y estaba acompañado por una mujer.

La filmación registró cuando el imputado le entregó al otro individuo un envoltorio de nylon con una sustancia blanca en su interior.

También se observó en las imágenes la forma en que se abonó el estupefaciente, a través de una billetera virtual.

Los policías que llegaron al lugar secuestraron la sustancia en el interior del bolsillo derecho del pantalón del comprador.

En tanto, según mencionaron los uniformados, Rubini se descartó arrojando al suelo un envoltorio de color negro, mientras que en su poder hallaron dos teléfonos celulares y 44.600 pesos.

Personal de Drogas Ilícitas determinó que el elemento lanzado por el acusado contenía unos 2 gramos de cocaína, mientras que la “bochita” secuestrada en poder del hombre que adquirió el estupefaciente pesó 0,8.

Comunicación

El juez indicó en el fallo que en el teléfono del comprador se hallaron mensajes y llamadas al aparato que tenía en su poder el procesado.

Señaló que allí se “alude a la entrega del estupefaciente”.

“Apenas unos minutos antes de la observación de la maniobra por parte de los operadores de las cámaras del CeUM, se registró una comunicación entre los protagonistas, de una duración de 34 segundos, e incluso instantes antes, dos llamadas perdidas”, refirió el juez en la sentencia.

Por todo ello, el doctore d'Empaire consideró probada la responsabilidad de Rubini en los delitos.

El "amigo" y el pedido de "piedra"

Contacto. En análisis del teléfono celular perteneciente al comprador los investigadores hallaron mensajes que le envió a Rubini, a quien tenía identificado como "amigo" dentro de sus contactos.

Pedido. En la aplicación Telegram se advirtieron diálogos de esa madrugada en la que mencionaba: "asegurame que la traes en piedra y se puede probar. Yo te doy el celu, transferí vos y yo pruebo, como tiene que ser".

Ayuda. También descubrieron una comunicación en WhatsApp, en la que le pide a la mujer que lo acompañaba que le preste su celular para realizar la transferencia de dinero al acusado.

Consumidor. El hombre, de acuerdo al relevamiento del aparato, también le admitió a un conocido su adicción a las drogas y los problemas para poder controlarla. A otro de sus contactos le manifestó su necesidad de someterse a un tratamiento para rehabilitarse. 

Un reconocido médico hematólogo que hace casi tres años fue acusado de disparar un aire comprimido desde un edificio céntrico, cansado de los "ruidos molestos" en una cervercería, irá a juicio para responder por las lesiones que le ocasionó a un músico.

Se trata del doctor Santiago Boughen, a quien la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal le acaba de rechazar un recurso para evitar llegar a esa instancia.

Meses después del trascendente caso, que terminó con el cantante Agustín Rodríguez -del grupo Los brutos diamantes- herido, se había avanzado hacia una mediación alternativa, pero no prosperó porque la defensa del acusado aseguró que no había sido autor del delito.

Boughen está imputado de provocarle lesiones leves a la víctima.

El delito se concretó la noche del viernes 12 de mayo de 2023, cuando la agrupación musical brindaba un recital en la puerta de la cervecería Kluppelberg, que funcionaba en Lamadrid 261, y su vocalista sufrió el impacto de un balín en el tríceps de su brazo derecho.

La herida demandó su traslado al Hospital Privado del Sur, donde debieron intervenirlo quirúrgicamente.

Los investigadores pudieron establecer que el médico disparó desde el sexto piso de un edificio ubicado en las cercanías y que ya había dado muestras de estar indignado por el alto volumen de la música en dicho local. 

De hecho, una supuesta amenaza registrada una semana antes contra el dueño del bar habría permitido esclarecer el posterior ataque armado, al quedar registrado su teléfono y llamar desde el mismo número para disculparse por la agresión.

El abogado de Boughen, Juan Carnero, reclamó su sobreseimiento, pero en primer lugar la jueza de Garantías Marisa Promé se lo rechazó y, en los últimos días, la Cámara Penal ratificó esa decisión, con los votos de los jueces Christian Yesari y Gustavo Barbieri.

El argumento de la defensa es que no existen elementos objetivos de prueba para culpar al médico, que nunca se lo vio en la escena del delito, que no se secuestró el aire comprimido utilizado para el disparo y que el balín extraído a la víctima durante la operación hospitalaria fue descartado.

"Solo existen presunciones", dijo el abogado del médico Boughen.

"Probabilidad positiva"

Sin embargo, la Cámara Penal no le dio la razón, tras considerar en el fallo que "existen medios de convicción suficientes para arribar a dicho grado de probabilidad sobre la intervención del encartado en el hecho materia de acusación".

Se tuvo en cuenta, para ese fin, no solo la denuncia de Rodríguez y sus posteriores declaraciones sino también el testimonio del dueño del bar.

"Todo valorado en forma armónica permite alcanzar el grado de probabilidad positiva que requiere en esta instancia.

El rockero dijo que aquella noche, mientras tocaba con su banda en la parte exterior de la cervecería, sintió "como una descarga eléctrica" en el brazo derecho.

Detenido el recital, el dueño del pub manifestó: "Seguramente fue un vecino que la semana anterior lo había amenazado con disparar con un aire comprimido debido a los ruidos molestos".

Rodríguez fue trasladado al Hospital Privado del Sur y se confirmó que había sido impactado por un proyectil de aire comprimido, siendo operado para su extracción. 

Si bien el joven dijo no haber visto al tirador, denunció que al otro día recibió un llamado de alguien que le dijo sentirse arrepentido por lo sucedido y que su intención no era lastimar a nadie e incluso que él se podía hacer cargo del resarcimiento necesario para cubrir los gastos.

El número del interlocutor coincidía con el del vecino señalado por el dueño del bar como quien había emitido previamente la amenaza y, de esa manera, llegaron a Boughen.

Esa advertencia telefónica, registrada tres días antes, fue: "Bajá la música o los cago a tiros con el aire comprimido...", aclarando el llamante que vivía en un edificio de la misma cuadra.

La Cámara entendió que existen "una serie de plurales indicios y de contestes declaraciones testimoniales" para llevar la causa a juicio oral.

Negó ser el autor

Indagatoria. Al momento de ser indagado, el médico negó su participación en el hecho (a diferencia de lo que dijo la víctima) y que sí se comunicó con el herido para aclararle que él no había disparado y que se ponía a disposición para ayudarlo por su profesión.

Opinión. Los camaristas remarcaron que "tanto la víctima como el dueño del bar son contestes en señalar que Boughen se presentó asumiendo su participación. Los medios de convicción resultan suficientes y concordantes como para arribar al grado de conocimiento que la etapa requiere para elevar la causa a juicio oral y público".

Delito. Boughen está imputado del delito de lesiones leves. Según el artículo 89 del Código Penal, estipula penas de un mes a un año de prisión. De ser condenado, la sanción sería de ejecución condicional.

En uno de los operativosr ealizado en el Barrio Esperanza, este viernes por la tarde, fueron aprehendidos Ricardo Matías Martínez, de 38 años, y Joaquín Alberto Cabrera (22) a quienes se le secuestraron un revólver calibre 32 cargado, tres envoltorios de marihuana y una serie de objetos (entre ellos una soldadora, un compresor, cuchillas y una bicicleta) cuya procedencia no pudo ser justificada y es materia de investigación.

En otro episodio, el último miércoles, un hombre de 39 años fue detenido tras protagonizar una pelea con un vecino. Según se informó, se encontraba en estado de ebriedad y, al llegar la policía, extrajo un cuchillo adoptando una actitud amenazante hacia los efectivos.

Asimismo, el martes 7, una menor de 14 años fue demorada luego de sustraer un cigarrillo electrónico de un comercio. El mismo fue recuperado y la joven entregada a sus padres, con intervención de la Justicia de Menores.

Por otra parte, el jueves 2 de abril, un hombre de 40 años fue detenido por desobedecer una medida judicial vigente que le prohibía acercarse a un domicilio en el marco de un caso de violencia de género.

Cabe destacar que también se realizaron allanamientos vinculados a una denuncia por agresión y amenazas con arma de fuego, donde se secuestraron municiones de distintos calibres y un arma de fabricación casera tipo “tumbera”.

Finalmente, el miércoles 1 de abril, un joven de 26 años fue aprehendido luego de amenazar de muerte a vecinos con un revólver.

El arma fue incautada y el acusado, que presentaba signos de haber participado en una pelea, fue asistido médicamente y luego trasladado a Bahía Blanca.

Todos los hechos se encuentran bajo investigación judicial, en tanto seguirán vigentes los operativos de prevención en distintos sectores de la ciudad.

A Bezos se le aplicó una sanción de 4 días de suspensión de empleo mientras que a Sandobal se lo infraccionó con 6 días.

En tanto, se le aplicó una sanción de 8 días de suspensión de empleo al subcomisario Pedro Jara, además de desplazarlo de su cargo de titular del Destacamento Patagonia, que tiene jurisdicción en la zona del paseo comercial.

Jara será trasladado para ocupar alguna función aún no especificada en la Departamental y su lugar en Patagonia lo ocupará el oficial principal Federico Martínez González.

Si bien aún no se confirmó oficialmente el motivo de las suspensiones, La Nueva. consultó distintas fuentes provinciales y locales y todas apuntaron a la falta de acción policial el pasado viernes, cuando un grupo de dirigentes de la Asociación Empleados de Comercio provocó incidentes en el shopping.

Esta mañana los tres funcionarios policiales mencionados se encuentran en La Plata, donde fueron citados para hacer sus descargos.

Por los actos violentos realizados por los gremialistas se inició una causa judicial que investiga los delitos de daños, amenazas y privación ilegítima de la libertad. Los principales apuntados son el secretario de Empleados de Comercio, Raúl Oviedo, y el secretario adjunto, Claudio Montiel, el hombre que intentó romper una puerta de vidrio con un cono de plástico.

A su vez, ayer el Concejo Deliberante aprobó de manera unánime una declaración de rechazo a los hechos de violencia acontecidos en el shopping.

Fuentes del Comando de Patrulla indicaron que el operativo se produjo alrededor de las 5:30, en el sector de la denominada Plaza del Sol, tras un llamado al teléfono de emergencias 911 alertando sobre la presencia de los sospechosos.

Los efectivos llegaron al sitio y observaron a los imputados, quienes circulaban al mando de un rodado marca Bajaj Dominar 250cc y lo abandonaron para escapar corriendo.

Poco después, con la colaboración de las cámaras del CeUM, los policías interceptaron a un de los acusados en Donado y Drago. 

El individuo, de 18 años y cuya identidad no fue informada, tenía en su poder herramientas.

El otro joven (de 17 años) fue arrestado en Darregueira y avenida Colón. Entre sus pertenencias hallaron 8 gramos de marihuana.

Los investigadores establecieron que la moto había sido sustraída horas antes en la vecina ciudad, donde se habían iniciado actuaciones por el delito de hurto.

El hombre, que está a la espera del juicio en el ámbito federal por el atentado al local de La Cámpora, también tendrá que ir a juicio, en los tribunales provinciales, por un brutal homicidio.

Es que la Cámara Penal bahiense rechazó la apelación de su abogado, Mariano Jara, y confirmó la decisión de la jueza de Garantías Claudia Olivera, quien había desestimado la oposición de la defensa a la requisitoria de elevación a juicio.

Dahua está acusado de dar muerte, luego de ejecutar no menos de 6 disparos, a Emanuel Alarcón (40), a quien acusaba de haber usurpado un terreno de su propiedad en la zona de Ángel Brunel al 3.700.

El crimen se produjo a mediados de septiembre de 2024, en presencia de las familias de ambas partes y otros testigos.

El abogado Jara consideraba que Dahua actuó en legítima defensa o con exceso en la misma y cuestionó las declaraciones de la familia de Alarcón, quienes supuestamente habrían amenazado a Dahua y luego a un testigo imparcial.

La Sala I de la Cámara Penal (votos de los jueces Gustavo Barbieri y Christian Yesari) descartó los planteos de la defensa y consideró que en el fallo que manda la causa a juicio no existe "arbitrariedad o irrazonabilidad".

Explicaron los jueces que, más allá de la versión del imputado, no se acreditó que Alarcón estuviera armado y varios testigos descartaron la legítima defensa.

Incluso declararon que cuando vieron a Dahua armado le pidieron que guardara la pistola porque había menores presentes.

La víctima, según los dichos de los presentes, le habría advertido: "Querés que te rompa la gorra a fierrazos pedazo de gil...".

De esa frase no se puede concluir que estuviera armado, tal como afirma Dahua.

Por otro lado, las amenazas al testigo tendrían que ver con que fue quien le dio aviso a Dahua de la supuesta usurpación y no guardaría relación con su declaración por el crimen.

Lo vio tranquilo

Más allá de las dudas que la defensa quiere imponer sobre los testimionios del entorno de la víctima, existe la declaración de otro vecino -ajeno a ambas partes- que descartó la legítima defensa y que incluso trató de interceder.

Explicó que luego de los disparos, el acusado se subió a su auto y se fue tranquilo. No estaba nervioso ni alterado.

"A partir de la reconstrucción de los elementos de convicción incorporados a la causa se ha logrado establecer que, ante la noticia de que personas podían llegar a estar usurpando un inmueble de su propiedad, el encartado se presentó en el lugar armado, sin dar aviso a las autoridades ni convocar presencia policial. 

"Incluso, al arribar -y en esto han sido contestes todos los testigos- conversó en buenos términos con quienes habían accedido a su inmueble -particularmente con el hermano de la víctima- y es en esas circunstancias en que, ante el reclamo (de los presentes) de por qué -Dahua- se encontraba armado, disparó contra el cuerpo de la víctima en reiteradas oportunidades", completó la Cámara sobre la secuencia de los hechos.

En septiembre del año pasado, en tanto, se cerró la investigación por el atentado con explosivos al local político de La Cámpora, consumado el 25 de mayo de 2021, y también se mandó a Dahua a juicio, aunque ante la Justicia Federal.

En ese caso le imputan tres delitos: 1) explosión con peligro común para los bienes agravado por haber peligro de muerte para alguna persona, 2) fabricación o tenencia de materiales explosivos reiterado en dos oportunidades y 3) tomar parte de una asociación ilícita destinada a combatir ideologías por la fuerza o el temor.

La investigación por el homicidio, con allanamiento incluido en su casa de Mallea 1.275, permitió esclarecer los otros delitos.

Se trata de una Honda 125cc., que había sido robada de la vereda de un domicilio ubicado en Bolívar al 600.

A partir del análisis de las cámaras de seguridad y de distintas pruebas reunidas en la investigación, pudieron establecer hacia dónde había sido trasladado el vehículo, así como las características de los ladrones.

De esa manera se logró una orden judicial de allanamiento al domicilio de Pellegrini 2449, donde vive Ariel Alberto Laina, de 19 años.

En la vivienda se logró el secuestro del caño de escape del rodado, mientras que en un terreno cercano a la esquina de Alvear y Bahía Blanca se encontró la moto, oculta debajo de unas ramas y sin el caño de escape.

Los investigadores creen que el joven nombrado pudo actuar en el delito en compañía de un menor de 17, aunque por el momento no se tomó ninguna medida con ellos.

Los elementos secuestrados permanecen en la dependencia policial, a la espera de ser restituidos a su propietaria (agencia Coronel Pringles).

La División Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Policía de la Ciudad, con el aval de la UFIJ N°8 de Berazategui, a cargo del Fiscal Ernesto Daniel Ichazo y de Bianca Grivetto, concretó dos allanamientos en las unidades penitenciarias de Sierra Chica y Merlo, en el marco de una investigación por “sextorsión”.

La causa, según confirmaron, se inició tras varias denuncias de mujeres que fueron víctimas de estafas sexuales, por lo que se dio intervención a la Policía de la Ciudad para que, a través del análisis tecnológico, pudiera dar con los responsables de estos delitos.

Las víctimas, muchas de ellas menores, “eran contactadas por los delincuentes a través de redes sociales como Instagram o TikTok y recibían falsas propuestas de trabajo como modelos de ropa interior”.

Con la investigación se pudo determinar que uno de los reclusos se hacía pasar por productor de modas y les pedía a las mujeres que se sacaran fotos o se filmaran con la excusa de poder probar los talles. En algunos casos, les solicitaban dinero para poder generar “books” con las fotos para mostrar en otras productoras.

“Una vez que los estafadores se hacían del material fotográfico, obligaban a las víctimas a realizar videollamadas y practicar actos sexuales bajo la amenaza de enviar sus fotos íntimas a familiares o compañeros de colegio”, detallaron.

En otros casos se supo que, utilizando esas fotos, creaban falsos perfiles en redes sociales para atraer hombres a los que luego contactaban por teléfono simulando ser policías, acusándolos de haber mantenido conversaciones obscenas con menores de edad, y pidiéndoles dinero a cambio de no realizar las denuncias correspondientes.

También utilizaban las imágenes para ofrecer a estas mujeres en forma fraudulenta, como supuestas prostitutas.

Los procedimientos se centraron en el líder de la banda, quien se encuentra alojado en la cárcel de Sierra Chica, y en su cómplice, quien cumple condena en la Unidad Penitenciaria de Merlo.

Este es el segundo golpe contra el jefe de dicha organización, quien ya contaba con antecedentes por este tipo de delitos intramuros mientras se encontraba preso en la Unidad Penitenciaria N°1 de Lisandro Olmos.

“En dicha oportunidad, la red criminal contaba con la complicidad exterior de sus parejas, quienes eran las encargadas de poner a disposición sus cuentas bancarias para cobrar las extorsiones y luego las transferían a una cuenta a nombre del principal implicado”, describieron las autoridades. (NA)

Así lo confirmó la Jefatura de Policía de Seguridad Comunal de Patagones, a partir del reporte del personal del destacamento policial de aquel medio.

Por orden del Juzgado de Garantías Nº 1 se allanó una vivienda y se procedió al secuestro de dos pinzas, conectores macho y hembra, retazos de cables y una remera, todos elementos de interés en la investigación de dicha causa.

Los elementos secuestrados fueron puestos a disposición del magistrado actuante. 

No hubo detenidos y no se dieron otros detalles del procedimiento (agencia Carmen de Patagones).

Se trata de Julián Canaviri (20), quien quedó acusado de robo y hurto, a disposición de la Fiscalía Nº 12.

Según indicaron desde la Comisaría local, el sospechoso se encontraba en la vía pública y tenía en su poder un pendrive, una mancuerna, un billete de un dólar y un sobre de gelatina, denunciados como robados entre otros elementos.

Además, tras rastrillajes en las inmediaciones de los domicilios damnificados, lograron recuperar parte del botín sustraído: una computadora de mesa con CPU y un parlante con caja de madera marca, elementos que fueron reconocidos por una de las víctimas.

En el mismo procedimiento, se procedió al secuestro de una bicicleta rodado 26, la cual había sido sustraída en un hecho de hurto a una vecina del lugar, también reconocida por otra víctima.

Y tras un allanamiento en el domicilio del aprehendido, la policía secuestro el resto de los elementos denunciados como robados: un televisor Smart TV de 32 pulgadas, un secador de pelo, una aspiradora inteligente, una impresora, herramientas, alimentos, bebidas y artículos de perfumería, entre otros elementos.

Agregaron desde la Comisaría que el esclarecimiento de los hechos fue posible "gracias al rápido accionar de personal de la Policía Comunal, Gabinete Técnico Operativo de Punta Alta, Fuerza Barrial de Aproximación y la Fiscalía interviniente.

Fuentes oficiales indicaron que en las últimas horas, por orden del Juzgado de Garantías Nº 3, efectivos policiales registraron dos propiedades de esa ciudad.

Uno de los procedimientos se llevó adelante en una casa situada en calle Alem, donde los uniformados incautaron balanzas de precisión, dinero en efectivo, un teléfono celular, envoltorios conteniendo 21,44 gramos de cocaína, marihuana y plantas de cannabis sativa.

Allí se produjo el arresto de una mujer de 33 años -no se informó la identidad- que quedó a disposición de la UFIJ Nº 19 de estupefacientes.

En tanto, en un domicilio de calle Namuncurá, la policía secuestró un cuchillo y aprehendió a un hombre de 37 años imputado en la causa por amenazas agravadas, llevada adelante por la UFIJ Nº 12.

El siniestro vial, según confirmaron hoy fuentes policiales, se produjo sobre las 2.35 del pasado sábado, a metros del Hospital Regional Español.

Uno de los vehículos involucrados es el Volkswagen Polo oficial (móvil 2), patente AH863ZG, que iba al mando del inspector de tránsito Jonatan Emanuel Sanguinetti, de 40 años, acompañado por sus colegas Sergio Gonzalo Rodríguez (55) y Walter Alfredo Sotelo (47).

El otro rodado involucrado es el Fiat Cronos, dominio AF897BO, conducido por Walter Daniel Dimes (52), chofer de la plataforma Uber, quien viajaba con una pasajera de 28 años.

Al lugar de la emergencia concurrieron un móvil de Defensa Civil y personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, quien realizó control de alcoholemia a los dos conductores, arrojando resultado negativo.

Personal de la comisaría Segunda inició actuaciones sumariales, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 1.

Trascendió que, en principio, el auto de la Guardia Urbana habría pasado con el semáforo en rojo, hecho que motivó, a su vez, el inicio de un sumario administrativo en el ámbito municipal.

De esta novedad se puede concluir que quien o quienes se llevaron las ampollas del poderoso anestésico la semana pasada habrían vaciado/utilizado su contenido -con un fin ignorado-, para luego devolver los pequeños recipientes vacíos.

Otro punto coincidente, además del número de lote, es que se trata de la misma cantidad: 25 ampollas, según ratificaron desde la Fiscalía.

Y que los envases vacíos, por otra parte, aparecieron en el mismo sector donde se detectó el faltante. Se trata de una sala cercana a la sala de quirófano, que no es un lugar absolutamente restringido ni tampoco público.

"Es una oficina próxima al quirófano a la cual tienen acceso entre 10 y 12 personas, entre ellos médicos, que utilizan no solo las ampollas de fentanilo sino otros insumos", amplió un investigador.

El director del Municipal, Gustavo Carestía, había aclarado luego de la primera novedad que el fentanilo "está bajo llave, en una habitación que también está bajo llave, de manera que es inhabitual que el contacto sea permanente con este tipo de medicamentos".

Se sospecha, sin pruebas contundentes, que la desaparición del fármaco no tendría que ver con su venta en el mercado negro para fines medicinales, porque cada ampolla (en este caso fueron solo 25) tiene un costo que ronda los 1.000 pesos en el circuito legal, aunque no son de venta libre.

Y no se descarta, teniendo en cuenta los recientes antecedentes en la Ciudad de Buenos Aires, que pueda ser utilizado en "fiestas sexuales o de consumo", con el peligro que esa situación conlleva.

El procedimiento se inició a partir de la recepción de declaraciones testimoniales que permitieron identificar al sospechoso, Julián Canaviri.

El mismo fue interceptado en la vía pública con diversos elementos sustraídos, entre ellos un pendrive, una mancuerna, un billete de un dólar y un sobre de gelatina.

Además, se realizaron rastrillajes en cercanías de los domicilios afectados, logrando recuperar una computadora de escritorio y un parlante, que fueron reconocidos por una de las víctimas.

Durante el operativo también se secuestró una bicicleta rodado 26 que había sido denunciada como robada por una vecina del lugar.

Con las pruebas reunidas se solicitó una orden de allanamiento en el domicilio del acusado, que arrojó resultado positivo, y se incautó gran parte de los objetos denunciados, incluyendo un televisor Smart TV de 32 pulgadas, alimentos, bebidas, artículos de perfumería, un secador de pelo, una aspiradora, una impresora y herramientas.

Interviene la UFIJ N°12 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

Según la causa, investigada por la UFIJ N° 4, a cargo del fiscal Diego Torres, el hecho sucedió el 24 de agosto de 2019, en la vereda de la intersección de las calles Panamá y Primera Junta, cuando el hombre tomó a la víctima -en contra de su voluntad- para someterla sexualmente.

Durante el debate oral se escucharon testigos de las partes y, en base a ello, el juez Hugo De Rosa entendió que se dio por acreditado el delito y la autoría del acusado.

Además, se computó como agravante el daño psicológico que lo sucedido le causó a la joven, quien presentó distintas complicaciones de salud que la llevaron a realizar un tratamiento extendido en el tiempo.

El acusado -a quien no se identificó para preservar a la víctima- fue condenado por el delito de abuso sexual con acceso carnal.

Autoridades del centro asistencial confirmaron la novedad y manifestaron que de inmediato dieron aviso a la fiscalía para que adopte medidas.

"Aparecieron envases vacíos en el mismo lugar y ahora está en manos de la justicia el tema. Informaron a la fiscalía para que continúe con la investigación. Aún no se pudo determinar si corresponden al mismo lote que desapareció anteriormente. Esto también lo van a determinar quienes llevan adelante la causa", señalaron los voceros.

La novedad también fue ratificada por fuentes judiciales.

En este sentido, trascendió que personal de Policía Científica concurrió al hospital para llevar adelante tareas periciales y de levantamiento de rastros.

Como se informara, el miércoles de la semana pasada se denunció el faltante de las ampollas del sector del Quirófano Central.

Faltante de fentanilo: analizan cámaras del hospital y testimonios

"Este tipo de medicamentos está bajo llave en una habitación que también está bajo llave, de manera que es inhabitual que el contacto sea permanente con este tipo de medicamentos", señaló en ese momento el director del Hospital Municipal, Gustavo Carestía.

Agregó que "es un medicamento que se utiliza habitualmente para la carga anestésica en distintas situaciones o posibilidades de medicación", y remarcó que su valor económico “vendida como corresponde a las instituciones, no llega a los 1000 pesos. Pero en el mercado negro seguramente se vende muchísimo más caro".

El fallecido prestaba servicio en la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de esta ciudad, y fue hallado sin vida por su madre.

De acuerdo con la información inicial, antes de tomar la drástica decisión el joven de 20 años al parecer envió mensajes por medio de WhatsApp para despedirse de su familia y amigos.

Una gran cantidad de compañeros de la fuerza participó esta mañana del velatorio del oficial en la funeraria Ferrandi, y a las 11.30 se realizará la inhumación en el cementerio municipal.

A fines de febrero, otro efectivo policial, de 26 años, se suicidó y su cuerpo fue encontrado en El Pinar.

Esta problemática afecta no sólo a las instituciones de seguridad provinciales, sino también a las federales y a las Fuerzas Armadas.

De hecho, recientemente también se quitó la vida un uniformado de la Policía Federal en cercanías de la terminal de colectivos de Merlo.

El hombre, de 44 años de edad, aparentemente tenía dificultades económicas y se lo había comentado a sus colegas.

A mediados de diciembre pasado se produjo el mismo desenlace con el soldado Rodrigo Gómez (21), quien cumplía tareas de custodia presidencial en la quinta de Olivos.

La Justicia estableció que el militar era víctima de una red extorsiva que operaba a través de una aplicación de citas.

Según consta en la causa, los extorsionadores usaban perfiles falsos incluso desde cárceles bonaerenses y le exigían al joven la entrega de dinero bajo amenazas.

En la esquela que dejó, el integrante del Ejército argentino manifiesta: “Quién diría que entrar a una app de citas me traería muchos problemas. A partir de esa app estoy con problemas legales y muchas deudas”.

“Lamento, mamá, por esta estúpida decisión. Pero no quiero ser más una carga para todos y no te quiero dar problemas nunca más. Te quiero mucho. A ambos”, agrega la nota.

Ante situaciones de emergencia, comunicarse con la línea de salud 107.

En prevención y atención trabajan la Unidad Operativa de Consultas en Salud Mental y el equipo Red de Vidas (4551159 - 2914261642).

Desde todo el país podés contactarte con el Centro de Asistencia al Suicida: 0800-345-1435 o 135.

Stemphelet estaba acusado de incumplir los deberes y realizar actos incompatibles con la dignidad, porque supuestamente vulneró los derechos de una trabajadora sexual con la cual había mantenido un encuentro íntimo previo, en mayo de 2019, en un departamento de Rivadavia 2.200 de nuestra ciudad.

También se le imputó haber ordenado una especie de requisa en el lugar, sin autorización, porque supuestamente había sufrido un robo.

Sin embargo, el jury no alcanzó los votos para removerlo y en agosto de 2023 fue reincorporado a su cargo, hasta que a fines del año pasado anunció que se acogía al beneficio de la jubilación, aunque esa medida está en trámite y pendiente de aceptación por parte del gobernador Axel Kicillof, con lo cual podría ser sometido a un nuevo debate y eventualmente perder el privilegio.

A partir de un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la Procuración, la Corte votó en mayoría (4 votos contra 3) la anulación del jury que lo había asbuelto.

Fallo arbitrario

El fallo, de 18 fojas y al cual tuvo acceso La Nueva., fue firmado por los jueces Daniel Alfredo Carral, Daniel Fernando Soria, Hilda Kogan, Carlos Ángel Natiello, Fenando Luis María Mancini Hebeca, Ricardo Ramón Maidana y Mario Eduardo Kohan.

Soria -en primer término-, Maidana, Mancini y Mario Kohan votaron por la anulación del jury, mientras que Hilda Kogan, Carral y Natielo, lo hicieron en contra.

En los fundamentos, Soria dijo que al menos en el voto a favor de Stemphelet del doctor Agustín Grillo Ciochini en el primer jury, quedó demostrado que "ha tergiversado lo efectivamente declarado por la testigo víctima sobre algunas manifestaciones de relevancia".

Por caso, dijo que omitió referirse a la exhibición por parte del juez de la credencial del magistrado, hecho suficiente como para intimidar a la víctima, a la cual amenazó con "poder enviarla presa", y que permitió el "allanamiento" ilegal.

"Lo que se lleva dicho es suficiente para que pueda descalificarse por arbitrariedad la parcela del pronunciamiento puesto en entredicho. En tanto no aparece lo concluido como una derivación lógica y coherente con las constancias comprobadas del caso", sostuvo Soria en el voto mayoritario.

Quienes votaron en contra de revocar el primer resultado -la minoría- afirmaron que el recurso presentado por la Procuración "es insuficiente para revertir la decisión del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios".

El primero, empate

El primer jury había estado integrado por el titular de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, doctor Sergio Gabriel Torres, como presidente del cuerpo (votó a favor de la destitución pero no prosperó su posición); los conjueces Gabriela Demaría y María Lorena Mandagarán y los conjueces abogados Aníbal Juan Mathis, Pablo Agustín Grillo Ciocchini, Jorge Pablo Martínez, Julián Alberto Oliva y Pedro Arbini Trujillo.

La votación terminó en un empate (4 a 4), pero se necesitaban 6 votos para remover del cargo al juez bahiense.

El jury de enjuiciamiento es un organismo de naturaleza política cuyo accionar se limita a determinar si el juez o funcionario denunciado debe -o no- continuar en el ejercicio de su cargo, verificando si subsiste la 'buena conducta' que la citada Carta Magna local.

Al margen de su desempeño personal, Stemphelet recibió muchos cuestionamientos por fallos controvertidos y de orden "garantista", como otorgar polémicas libertades a presos acusados de delitos graves, medidas que en su mayoría eran revocadas en instancias superiores.

El Tribunal en lo Criminal Nº 3 le impuso esa pena a Kevin Ezequiel Morel, quien fue hallado culpable los delitos de tenencia y comercialización de estupefacientes. 

Según la causa, investigada por el fiscal Mauricio Del Cero, a cargo de la UFIJ Nº 19, el procesado tuvo en su poder, con fines de venta, dosis fraccionadas de marihuana para potenciales consumidores.

Esa droga fue secuestrada por personal del Destacamento Policial de Ciudad Atlántida en un procedimiento que realizó el 8 de febrero del año pasado en Rio Negro al 500, tras una persecución que comenzó en Boulogne Sur Mer y Santa Cruz.

"El material estupefaciente fue encontrado dentro de un estuche de anteojos, que estaba en el interior de una riñonera", señalaron desde el Ministerio Público.

Agregaron que el análisis del teléfono celular incautado al acusado arrojó información de interés para la causa.

"En el caso de la aplicación Telegram, surgieron conversaciones de apenas una hora antes de ser interceptado, donde claramente se observa que estaba comercializando estupefacientes", indicaron.

El fallo fue dictado por la Sala I de la Cámara Penal, que ya había desestimado una apelación del político frente a la sentencia de la jueza Correccional subrogante N° 2, María Laura Pinto, que fijó una sanción de 145.440 pesos más la prohibición de conducir vehículos automotores durante 6 meses.

El procedimiento que terminó con la infracción de Ferrández se produjo el 25 de diciembre de 2022 (tres años antes de que asumiera como edil), en la calle Hugo Acuña y Casanova, cerca del Paso Vanoli.

Fue cuando el hombre conducía una Renault Kangoo, patente AC393BU, y se negó a ser sometido al control del alcoholímetro, conducta que, según el artículo 73 de la Ley de Tránsito 24.449, constituye una falta (presunción positiva).

Además, algunas versiones conocidas en ese entonces aludían a que directamente había abandonado el vehículo en el lugar y se había retirado. 

En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, Ferrández -asesorado por el abogado Francisco Cantalejos- hizo un planteo de nulidad por considerar afectado su derecho a defensa, por omisión de testigos en el acta administrativa, así como una redacción errónea de la misma.

"Criterio discrepante"

Sin embargo, los camaristas Christian Yesari y Gustavo Barbieri lo dejaron sin efecto por inadmisible.

La vía recursiva procede solo para sentencias definitivas, entre otros supuestos que no se dan en este caso.

Consideró la Cámara que sus argumentos "son una reiteración" de los planteos anteriores, que ya recibieron respuesta en instancias previas.

En esa línea, los jueces explicaron que no existe omisión de tratamiento sino una disconformidad con el razonamiento efectuado por la jueza.

"Solo se trata de su propio criterio discrepante", agregaron.

En consecuencia, la Cámara rechazó el recurso de Ferrández, que quedó más cerca de tener que afrontar la sanción.

"Tendría la opción de presentar una queja ante la Suprema Corte, que no suspendería la ejecución de la sanción, aunque esa medida depende del criterio del juez de faltas", comentó una fuente judicial.

De todas maneras, desde el Tribunal de Faltas Municipal se aclaró que ellos recién podrían actuar una vez que el fallo quede firme y reciban el expediente, que hoy está en manos de la Justicia ordinaria.

Y también se dijo que la causa tramita ante el Juzgado de Faltas Nº 2 y que la multa ya fue abonada por el ahora edil, con lo cual está pendiente de resolución su inhabilitación para conducir.