Se trata de Miguel Ángel Guayquipán, de 48 años, quien tiene domicilio en el barrio Autoconstrucción, diagonal 103, de aquella localidad del partido de Villarino.

Su familia denunció que el miércoles 30 del mes pasado, sobre las 7, partió desde Buratovich hacia la provincia norteña, pero con la idea de hacer una parada en la casa de unos amigos bahienses, en la calle Chaco al 500.

Desde ese domicilio se habría retirado el viernes 2 de este mes, momento en que se perdió todo tipo de contacto con el hombre.

Guayquipán mide 1.68 de estatura, es delgado, tiene cabellos cortos negros, tez trigueña y no presenta tatuajes ni piersing. Por última vez fue visto con una campera roja (la de la foto), buzo blanco de hilo y jean celeste. Se aclaró que el hombre es reincidente en este tipo de situaciones y que no tiene DNI.

Cualquier información al respecto deberá ser comunicada al 911 o al teléfono (0291) 4552984, de la seccional actuante. 

¿Puede una sentencia ser correcta desde el punto de vista jurídico y, al mismo tiempo, resultar incomprensible para quien debe cumplirla?

La pregunta atravesó durante dos jornadas la capital provincial, donde más de 1.200 personas participaron de la III Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible.

Jueces, funcionarios, académicos, especialistas y representantes de organismos públicos de distintos países debatieron sobre una cuestión que parece sencilla, pero que puede modificar profundamente la relación entre las instituciones y la ciudadanía: que la gente pueda entender lo que el Estado le dice.

El encuentro terminó con una decisión de alcance internacional.

El cierre de la convención estuvo marcado por la firma de la “Declaración de La Plata”, mediante la cual se creó la Red Iberoamericana de Lenguaje Claro y Accesible.

La nueva organización buscará reunir y coordinar a instituciones de países de habla española y portuguesa comprometidas con una misma idea: que el lenguaje claro no sea solamente una recomendación, sino una herramienta para garantizar derechos.

La firma estuvo encabezada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Sergio Gabriel Torres; el vicepresidente del tribunal, Daniel Fernando Soria; y el director de la Real Academia Española y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, Santiago Muñoz Machado.

También participó del cierre el procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte-Grand, quien había formado parte además de las actividades de apertura y de distintas exposiciones.

“Comprender es un derecho”

Una de las definiciones que quedó instalada durante la Convención fue pronunciada por Torres: comprender es un derecho fundamental.

La frase resume buena parte del espíritu del encuentro.

Porque cuando una persona recibe una resolución judicial, una notificación, una explicación administrativa o cualquier otra comunicación oficial, no alcanza con que el texto sea técnicamente correcto. También debe poder entender qué significa y qué consecuencias tiene.

Desde esa perspectiva, el lenguaje claro aparece como una herramienta vinculada directamente con el acceso a la Justicia.

Muñoz Machado, por su parte, puso el acento en la necesidad de construir una cultura de la transparencia y la claridad, acompañada por capacitación y educación.

La magnitud del encuentro quedó reflejada en sus números: 275 exposiciones y más de 1.200 asistentes.

Durante las jornadas se habló de comunicación judicial, derecho a comprender, accesibilidad cognitiva, lectura fácil, formación profesional y comunicación institucional.

Pero también hubo lugar para temas que ya están modificando la manera en que las personas se relacionan con las instituciones: inteligencia artificial, tecnologías del lenguaje y comunicación pública digital.

Representantes del Ministerio Público bonaerense expusieron además sobre procesos penales, atención a víctimas, juicio por jurados, comunicación institucional y herramientas para mejorar la comprensión de la información judicial.

El planteo de fondo es sencillo: si una persona no entiende lo que dice una institución, difícilmente pueda ejercer plenamente sus derechos.

El fallo, del Tribunal en lo Criminal Nº 1, fue producto de un acuerdo de juicio abreviado, en el cual la fiscalía, la defensa y el imputado brindaron su consentimiento.

La investigación, a cargo de la UFIJ Nº 19, a cargo del fiscal Mauricio Del Cero, comprobó que Uboldi comercializó cocaína y marihuana al menos desde octubre de 2024 hasta mayo último.

El condenado utilizaba cuentas virtuales a su nombre para recibir las transferencias de dinero y coordinaba los pedidos a través de WhatsApp, Instagram y Messenger. La entrega de la sustancia se realizaba bajo la modalidad de cadetería a domicilio o mediante encuentros pautados en la vía pública.

Denuncia anónima

La causa se inició tras una denuncia anónima a principios de año, lo que motivó tareas de vigilancia y filmaciones por parte de agentes de Prefectura Naval.

Los efectivos registraron maniobras compatibles con la venta de droga en la zona y reunieron el material probatorio suficiente para que la Fiscalía solicite la media a la Justicia de Garantías.

El arresto definitivo se registró a fines de mayo pasado cuando, luego de mantener una pelea con un hermano suyo, Emiliano Gabriel Uboldi. 

Al notar la llegada de los agentes a su domicilio, en Cramer al 300, Walter Uboldi intentó escapar e ingresó sin autorización al patio de la casa de un vecino.

Tras ser reducido, la Policía encontró dentro de su mochila seis envoltorios con cocaína, frascos con marihuana, una balanza digital de precisión, municiones, dinero en efectivo y un celular.

Ubodi fue condenado por tenencia y venta de estupefacientes en concurso con violación de domicilio. Asimismo, se dispuso el decomiso y la destrucción de la sustancia secuestrada, junto con el decomiso de los instrumentos y teléfonos utilizados para concretar el delito.

"Le sacaron el respirador, está haciéndolo por sus propios medios y se encuentra estable. No está fuera de peligro, porque aún tiene un drenaje pleural y eso hay que cuidarlo mucho, pero gracias a Dios, dentro de todo lo malo que pasó, está saliendo adelante", dijo Daiana, tía de Benjamín.

El joven permanece internado en el Hospital Penna, donde es asistido por las heridas sufridas durante el hecho que se produjo en la zona de James Harris al 300.

"Recibió cuatro puñaladas del lado izquierdo del cuerpo, entre la espalda, las costillas y en un brazo y una mano", describió la mujer en diálogo con el programa Panorama de LU2.

Por el caso fue arrestado Nazareno Ezequiel Fri (20), quien se encuentra imputado del delito de tentativa de homicidio agravado.

Voceros oficiales indicaron que el sujeto declaró y brindó su versión de lo sucedido. 

Tras la audiencia, los responsables de la UFIJ Nº 5, a cargo del doctor Jorge Viego, solicitaron a la Justicia de Garantías la conversión de la aprehensión en detención.

Acerca del incidente, la mujer mencionó que "los vecinos nos contaron que el chico tenía todo premeditado".

"Esperó para ingresar que los amigos de mi sobrino y de otros chicos que estaban ahí se vayan. Entró y empieza a decirle a una sobrina y a una chica que es su expareja `es él, es él´, creyendo que Benjamín tenía una relación con ella. Él (por la víctima) no lo conocía".

Describió que "lo sacaron de la casa y lo llevaron hasta la esquina, donde se pelea con mi sobrino, saca un cuchillo y lo apuñala. Andaba en moto y la dejó a la vuelta. Fue directamente a hacer daño".

Sobre el accionar del acusado, Daiana sostuvo que "me decían que estaba endemoniado. Mi sobrina me dijo que daba miedo verle la cara".

"Nosotros no queremos que esto quede así, queremos que se haga justicia. No lo mató porque mi sobrino es joven, porque le pone muchas ganas para recuperarse y porque los médicos del hospital son geniales".

La resolución judicial integró las sanciones relacionadas con tres causas tramitadas de forma independiente. El primero corresponde a un intento de homicidio con un arma de fuego cometido en noviembre de 2020.

Las otras dos responden a un robo agravado en la vía pública y a la tenencia de drogas fraccionadas para su comercialización, hechos que se registraron, de forma simultánea, en septiembre de 2025.

Durante el proceso, la fiscalía solicitó sumar cada una de las condenas de manera directa y estricta, amparándose en la reforma del Código Penal aprobada por la Ley 27.785.

Por su parte, la Defensoría Oficial cuestionó ese planteo y solicitó aplicar un criterio de composición graduado, fijando un monto total más adecuado y acorde con la ley vigente al momento del primer hecho.

La jueza le dio la razón a la defensa y rechazó la suma directa. En su fallo explicó que no se puede aplicar una regla más dura de forma retroactiva, ya que el primer delito ocurrió en 2020, cuando esa norma más estricta todavía no existía.

Con esta resolución firmada en el tribunal, el expediente quedó cerrado a la espera del trámite final. Una vez que la sentencia quede fija, un juez de ejecución penal se encargará de controlar que el detenido cumpla la totalidad de la condena en la cárcel.

El delito se cometió el pasado domingo, cuando un desconocido ingresó en el buffet-cantina de Once Corazones y se apoderó de packs de cervezas, vino, algunos comestibles, golosinas, algo de dinero y una cuchilla blanca.

La Policía logró avanzar con la investigación y relacionó a un joven de 22 años con el hecho. Con las pruebas reunidas obtuvo una orden judicial de allanamiento en una vivienda de Libertador 550, de Indio Rico.

En el patio de la vivienda, escondido debajo de unos arbustos, y dentro de un pozo en la tierra, los uniformados pudieron secuestrar parte del material sustraído.

Además se secuestró una bolsa con un remito de papel con la inscripción Once Corazones y una lista de precios y cupones de socios de la entidad.

A unos cinco metros del pozo, entre pastizales, se pudo recuperar la cuchilla, con hoja de 25 centímetros de largo.

En cuanto al presunto autor, la Policía lo identificó como Valentín Emiliano Monzón, quien había sido aprehendido en agosto pasado por la tenencia de un arma de fuego en su domicilio, que en ese caso había sido allanado por una causa de lesiones (agencia Coronel Pringles).

Según las primeras informaciones, el impacto afectó gran parte de la fachada y dejó la estructura frontal seriamente dañada.

Tras el hecho, se aguardaba la intervención de las autoridades correspondientes para evaluar el estado del edificio y determinar si existe algún riesgo para quienes concurren al establecimiento o circulan por el sector.

Hasta el momento no se informaron mayores detalles sobre las circunstancias en las que se produjo el choque ni sobre posibles personas heridas.

Los detenidos fueron Juan Salgado, de 36 años, y Darío Juan Ramírez (51), mientras que Nicolás Chamorro (29), fue aprehendido en otro procedimiento.

El operativo se llevó a cabo en distintos puntos de la ciudad, entre ellos la zona del macrocentro, en inmediaciones de Brown y Estados Unidos, y el barrio Villa Rosario Sur.

El despliegue estuvo a cargo del Gabinete Investigativo de Comisaría Primera, con la colaboración del Escuadrón de Caballería y efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI).

En uno de los procedimientos se concretó la detención de Juan Salgado, sobre quien pesaba un comparendo compulsivo solicitado por el Juzgado Correccional N° 2.

También fue detenido Darío Juan Ramírez, quien registraba un comparendo compulsivo activo solicitado por el Juzgado Correccional N° 3, en una causa por homicidio calificado en grado de tentativa. Ambos requerimientos corresponden al DJBB.

Por otra parte, en calle La Niña al 600, en Villa Rosario Sur, los efectivos aprehendieron a Nicolás Chamorro, en el marco de una causa por tenencia de estupefacientes.

Durante el procedimiento, los policías secuestraron aproximadamente 15 gramos de cannabis sativa (marihuana) que se encontraban en poder del sospechoso. Además, se constató que Chamorro registraba un pedido de paradero activo por el delito de encubrimiento.

En la tarde de este lunes el dirigente Pablo Such, presidente de la institución puntaltense, le confirmó a "La Nueva." que un camionero de Coronel Suárez encontró anoche mismo los bolsos al costado del camino, en la misma zona del paraje El Guanaco donde el equipo de rugby sufrió el robo.

"Aparecieron las cosas. Me las encontró un camionero anoche, dijo que estaban acomodadas así, como se ven en la foto, al costado de la ruta. Se ve que las habían dejado así para recogerlas luego pero pasó el camionero antes y las recuperó. Están en Coronel Suárez je, pero bueno. Aparentemente está todo", dijo Such.

El directivo del PARC contó que en la noche del domingo y de regreso luego de disputar una competencia deportiva en Santa Rosa, el colectivo que trasladaba al plantel había sufrido el robo casi imperceptible para los pasajeros y choferes.

"Están haciendo un tramo nuevo, entre la ruta acá que va para Ingeniero White y El Guanaco y está todo roto. La otra vez desbarrancó un camión en un terraplén. Hay que pasar despacio. Y se ve que cuando pasamos despacio, nos abrieron la baulera (del colectivo). Nos llevaron los dos bolsos de las camisetas de la Primera y de la Intermedia, el bolso de pelotas y un par de bolsos más de unos chicos", había dicho esta mañana.

El club también publicó un comunicado en sus redes sociales donde detalló lo ocurrido y el faltante.

"El hecho ocurrió sobre la Ruta Nacional 3, luego de pasar la rotonda de la Ruta 252, en las inmediaciones del puente ubicado sobre la Ruta 3, en sentido hacia la Planta de Tratamiento Cloacal de ABSA", indicaron.

"2 bolsos grandes que contenían camisetas oficiales del club, con aproximadamente 25 camisetas cada uno; 2 bolsos medianos, pertenecientes a los jugadores Leonel Barragán y Mauricio Mesa, con pertenencias personales y deportivas, incluyendo botines, ropa deportiva y toallones. En uno de ellos también se encontraba documentación y tarjetas personales", agregaron.

"1 bolso grande que contenía pelotas de rugby y otros elementos utilizados para las prácticas y 1 bolso con materiales de entrenamiento, entre ellos conos, vallas y botellas de agua", indicaron.

"Se solicita a quienes puedan aportar información sobre el hecho o hayan encontrado alguno de estos bolsos o elementos que se comuniquen con el Punta Alta Rugby Club. Toda información que permita recuperar las pertenencias será de gran ayuda para el club y sus jugadores", explicaron.

El hecho se registró alrededor de las 2.10, cuando efectivos policiales acudieron al lugar a raíz de un llamado al servicio de emergencias 911.

De acuerdo con el reporte policial, el imputado -identificado como Nazareno Ezequiel Fri, de 20 años- se habría presentado en el domicilio e increpado a su expareja. En esas circunstancias, un joven de 16 años, familiar de la joven, intervino en su defensa, iniciándose una confrontación física.

Durante el enfrentamiento, Fri habría utilizado un arma blanca para agredir al adolescente, provocándole un corte en el antebrazo izquierdo y una herida cortopunzante en la región lumbar, tras lo cual se retiró del lugar a bordo de una moto Zanella ZR 150 cc, en dirección a Ingeniero White.

La víctima fue asistida inicialmente por personal sanitario y trasladada en ambulancia al Hospital Penna para recibir atención médica.

Minutos después del hecho, Fri fue aprehendido por personal del Comando de Patrullas.

Las actuaciones fueron iniciadas en primera instancia bajo la calificación de lesiones agravadas por el uso de arma blanca.

Posteriormente, a partir de la evaluación de la entidad y gravedad de las lesiones constatadas, la causa fue recaratulada como homicidio en grado de tentativa, quedando la investigación bajo intervención de la UFIJ N.° 5 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

El debate se extenderá hasta este viernes y como juez técnico actúa Hugo de Rosa, en representación del Tribunal en lo Criminal Nº 1.

El hecho de sangre se cometió entre el 8 y el 9 de octubre de 2024, en un campo de Hilario Ascasubi, en el partido de Villarino.

Según la investigación a cargo del fiscal de homicidios bahiense, Jorge Viego, los acusados ingresaron en el establecimiento Buena Ventura y atacaron brutalmente a Rodas Ortiz, que era de nacionalidad boliviana.

Los asaltantes golpearon al hombre y le provocaron heridas cortantes profundas en el tórax, que afectaron el pulmón y el corazón y le causaron la muerte.

Poco antes Rodas Ortiz había cobrado una suma millonaria por la venta de cebolla, que los delincuentes habrían sustraído.

El cuerpo sin vida del agricultor fue hallado por otro productor rural, que llegó al lugar y dio aviso a la Policía.

La fiscalía sostiene que la víctima había vendido cebolla y tenía el dinero en efectivo de esa operación.

En base a tareas investigativas posteriores, el fiscal Viego pudo vincular a los tres procesados con el hecho.

El juicio se desarrolla en el quinto piso de Tribunales, en Estomba 34.

El fallo, del Tribunal en lo Criminal Nº 2, fue resuelto en el marco de un proceso de juicio abreviado.

Se le impuso la pena de 6 años de prisión a Raúl Marcelo Morales, al considerarlo autor penalmente responsable de dos tentativas de homicidio, agravadas por el uso de arma de fuego.

Por su parte, a Gustavo Heriberto Vera se le aplicó la pena de 3 años y 2 meses de prisión, tras ser hallado partícipe secundario de los dos intentos de homicidio agravados.

El hecho, investigado por la UFIJ Nº 5, a cargo del fiscal Jorge Viego, se registró el 24 de mayo del año pasado, en las inmediaciones de las calles Euzkadi y Chancay, en Pringles.

Hasta allí arribaron Morales y Vera, a bordo de un automóvil Chevrolet Aveo de color azul oscuro.

En medio de una discusión previa con las víctimas, identificadas como Domingo Emanuel Ferreyra y Matías Javier Trejo, Morales se dirigió al vehículo, tomó una escopeta y disparó a corta distancia contra ambos con la clara intención de provocarles la muerte.

Como consecuencia del ataque, Ferreyra sufrió lesiones múltiples en el tórax, abdomen, brazos y muslos. La gravedad de sus heridas puso en riesgo su vida y requirió intervención quirúrgica con pronóstico reservado.

Tras la agresión, Morales corrió hacia el vehículo donde Vera lo aguardaba con el motor encendido para concretar la fuga hacia la calle Tierra del Fuego.

En ese instante, Trejo intentó perseguir el automóvil, momento en el que Morales volvió a efectuar un disparo desde el interior del rodado en movimiento. A raíz de este segundo ataque, la víctima sufrió heridas por perdigones en su mano derecha y en la pierna derecha.

En el fallo, el juez Eugenio Casas, valoró la gravedad del ilícito, el disvalor tanto de la acción como del resultado y la mecánica llevada a cabo, ya que efectuaron los disparos en la vía pública, poniendo en riesgo la vida de terceros.

El hecho ocurrió alrededor de las 15 en Drago al 2100.

Durante el procedimiento, personal de la Policía Local aprehendió a Dante René Riquelme, quien momentos antes había proferido amenazas contra la otra persona involucrada.

Según se indicó, tras el hecho el arma fue descartada y, posteriormente, el personal interviniente realizó un rastrillaje en la zona. Como resultado del operativo, encontró en la primera cuadra de calle Sosa un revólver marca Galand calibre 22 con dos municiones intactas en sus alveolos.

El aprehendido, el arma secuestrada, el damnificado y los testigos fueron trasladados a la comisaría Cuarta. 

La causa fue establecida como amenazas agravadas e infracción al artículo 189 bis del Código Penal. La intervención judicial quedó a cargo de la UFIJ N.º 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

Después del despiste, el auto fue hacia la banquina, chocó contra un árbol, volcó y terminó nuevamente en la ruta 72, pero a unos 80 metros de donde se produjo el violento choque.

La investigación determinó que Rafael Pozos estaba alcoholizado y circulaba a elevada velocidad al momento de la colisión.

A fines de 2024, el juez en lo Correccional de Tres Arroyos, Gabriel Giuliani, sentenció a Pozos 6 años de cárcel, por los delitos de homicidio culposo agravado y lesiones culposas leves agravadas.

También le impuso una prohibición para conducir vehículos por una década.

La defensa del joven apeló el fallo, aunque la Sala I de la Cámara Penal bahiense solo atendió algunas cuestiones y ratificó el veredicto condenatorio, determinando una reducción de seis meses en la sanción privativa de la libertad.

En ese sentido, fuentes judiciales mencionaron que el 29 de diciembre de 2025, el automovilista fue excarcelado en los términos de la libertad asistida. 

En la presentación, el abogado del imputado atacó la acreditación del estado de alcoholemia del procesado y los protocolos que se utilizaron.

El camarista Gustavo Barbieri describió que las muestras de sangre y orina obtenidas pocas horas después del siniestro arrojaron la presencia de un “nivel de alcoholemia y alcoholuria de 2.1 gramos por litro de sangre y 3.4 gramos por litro de orina” en el organismo de Pozos.

Agregó que las enfermeras de la Unidad Sanitaria de Oriente describieron la forma en que llevaron adelante el proceso y consideró que no se evidenció “algún tipo de irregularidad que pudiera afectar la calidad las muestras y la fiabilidad del resultado”.

Del mismo modo, detalló que algunos testigos manifestaron que el individuo “no caminaba bien”, que “se encontraba borracho” y “casi no podía hablar”.

Más adelante se refirió a las condiciones climáticas existentes al momento del impacto, coincidiendo con Giuliani que estaba lloviendo cuando se produjo la fatal colisión que le costó la vida a Iván Carrizo (41), Ángel Javier Román (16), Jeremías García (16) y Ceferino Palmas (22).

Alta velocidad

Un aspecto cuestionado por la defensa fue la velocidad a la que circulaba la camioneta.

Barbieri mencionó que otros conductores dijeron haber sido sobrepasados por Pozos, señalando que “nos pasó rápido” o “nos pasó muchísimo más ligero”.

En tanto, un perito estimó que el vehículo se movilizaba a unos 130 kilómetros por hora, mientras que la computadora del rodado estableció que lo hacía a 124, previo al impacto.

Señaló que, a partir de lo planteado en el recurso, no existen evidencias de que el auto habría estado detenido sobre la cinta asfáltica.

De la misma forma, se descartó que el daño que presentaba uno de los neumáticos del Laguna se habría registrado previo al impacto.

“Tampoco asiste razón respecto de la entidad determinante que se asigna a la falta de utilización del cinturón de seguridad por parte de los ocupantes del automóvil impactado, respecto de la producción de los resultados fatales”, agregó el magistrado.

En resumen, estimó que “atento la dimensión de los daños que se han observado en los rodados, la excesiva velocidad de circulación de la camioneta al momento del impacto, considero que la hipótesis defensista no alcanza para desplazar la interpretación de los hechos del veredicto".

Descartaron agravantes de la sanción

Pedido. La defensa del imputado, entre otras consideraciones, rechazó las agravantes contempladas por el juez en lo Correccional, Gabriel Giuliani, para determinar el monto de la pena.

Decisión. El camarista Gustavo Barbieri admitió parcialmente los fundamentos y resolvió reducir en seis meses la sanción.

Aceptación. Barbieri consideró acertado tener en cuenta la pluralidad de víctimas registradas como consecuencia del choque.

Rechazo. Sin embargo,  descartó como agravante la "insensibilidad e indiferencia del imputado ante el siniestro protagonizado inmediatamente luego de acaecido". De la misma forma, estimó que tampoco corresponde valorar la condición de estudiante de Derecho del procesado.

Acompañante. Finalmente, el camarista indicó que lo mismo sucede respecto de la extensión del daño padecido por la joven que circulaba como acompañante en la camioneta y que resultó con lesiones leves.

Se trata de Emiliano Hernando Gaztañaga, de 37 años, despachante de aduana y con último domicilio en Lavalle 457 de nuestro medio.

El nombre de Gaztañaga ocupó todos los portales de información en abril de 2018, cuando en principio fue detenida su entonces novia colombiana, Lina Alejandra Gómez Canchila, en el aeropuerto de Ezeiza, cuando portaba en una valija un cargamento de cocaína, trasladado en planchuelas, que fue detectado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Días después, en Alvarado al 400, fue capturado el hombre, quien en ese momento trabajaba en una droguería de nuestra ciudad y era amigo o conocido de Juan Ignacio Suris.

Años después, el Tribunal Oral Penal Económico Nº 1 de la Ciudad de Buenos Aires condenó a la pareja por el intento de contrabando de drogas, en infracción al Código Aduanero.

La extranjera recibió 3 años de prisión en suspenso (porque colaboró con la investigación), mientras que a Gaztañaga le impusieron 4 años y medio de cárcel, que purgó en el Complejo Penitenciario Federal Nº 2 de Marcos Paz hasta octubre de 2022.

A menos de un año de su libertad, Gaztañaga volvió a caer detenido.

Esta vez fue en la medianoche del 1 de agosto de 2023, durante un operativo de control de la Gendarmería en la ruta nacional 3, kilómetro 294, en jurisdicción del partido de Azul.

En principio los uniformados habrían detectado una infracción de tránsito del vehículo Hyundai Génesis cupé 2.0 T, que conducía el bahiense desde nuestra ciudad a Buenos Aires.

Sin embargo, al solicitarle la documentación al conductor, detectaron que debajo de su butaca transportaba un revólver calibre 22 largo Tala, con 6 municiones en su tambor, mientras que en el compartimiento central (porta objetos) tenía una pistola 9mm, con cargador colocado y tres municiones y una vaina.

A su vez, en una mochila gris llevaba 33 municiones y dos vainas servidas de calibre 22 y 4 balas  9mm.

En juicio abreviado, el Tribunal en lo Criminal Nº 1 de Azul le impuso 4 años de prisión, por los delitos de portación ilegal de arma de fuego de uso civil y portación ilegal de arma de guerra sin la debida autorización, en concurso real.

Pidió nulidad

La defensa particular de Gaztañaga, a cargo de la abogada María Lara Sinigaglia, apeló el fallo y la novedad es que en los últimos días, la Sala V de Casación provincial confirmó la decisión, con los votos de los doctores Manuel Alberto Bouchoux y Mario Eduardo Kohan.

La defensora cuestionó la validez del operativo que permitió el secuestro de las armas, al considerar que se dio sin la orden judicial correspondiente y sin que se hubieran verificado circunstancias que habilitaran a prescindir de ella.

La potencial infracción de tránsito, basada en la documentación presentada, no justificaba la actuación policial, según la abogada.

"Ninguna persona a la madrugada, en un operativo de tránsito supuesto, deja de mostrarse nervioso", afirmó, para luego plantear la nulidad del operativo.

Sin embargo, Casación rechazó los argumentos y confirmó la sanción condenatoria contra Emiliano Gaztañaga.

Planteo que "deviene tardío"

Los jueces de Casación consideraron que el planteo nulificante realizado por la defensa del bahiense llegó fuera de término.

"No puede soslayarse que, habiéndose clausurado la instancia investigativa con la elevación a juicio y la posterior suscripción del acuerdo de juicio abreviado entre las partes, el planteo nulificante deviene tardío y, por lo tanto, no activa el control casatorio", dijeron.

"Si lo que persigue la defensa es cuestionar la legitimidad del 'estado de sospecha' invocado por el personal de Gendarmería, al proceder a inquirir sobre el vehículo a partir de las razones expuestas en el acta inicial -esencialmente la actitud del imputado, que se mostraba inquieto por su 'estado de nerviosismo'-, tales reparos debieron ser formulados en la etapa procesal oportuna", agregaron.

Al mismo tiempo confirmaron que las armas eran aptas para disparar y estaban cargadas, con lo cual no se podría atenuar la calificación legal.
"La portación implica la facultad de trasladar el arma de un lugar a otro, circunstancia que se verifica en el caso de armas de fuego que se trasladan dentro de un vehículo", informaron los jueces.

Planchuelas con cocaína

Arribo. El 14 de abril de 2018, Lina Gómez Canchila llegó a Ezeiza en un vuelo de Copa Airlines proveniente de Cali. Afuera del aeropuerto la esperaba su novio, Emiliano Gaztañaga.

Scanner. Cuando traspasó por el scanner su equipaje (un bolso negro), se observaron "imágenes dudosas", compatibles con la existencia de "sustancia orgánica". 

Planchuelas. Con la presencia de testigos hábiles, la PSA abrió el bolso, realizó un corte en un lateral y detectó planchuelas de poliuretano, cuyo contenido dio positivo de cocaína tras ser sometidas a reactivos.

Vínculo. Al quedar detenida, la joven maquilladora nacida en Bucaramanga y madre de un hijo, confesó que en Colombia había iniciado su noviazgo con Gaztañaga y que él la iba a esperar en el aeropuerto para viajar juntos a Bahía.

Captura. Sin novedades de su novia (no se enteró de la detención), el hombre se retiró de Ezeiza pero fue capturado, diez días después, en nuestra ciudad.

Se trata de Axel Espinosa, de 20 años, quien iba acompañado por Santiago Sosa, de 19. Ambos fueron trasladados el Hospital Naval Puerto Belgrano con algunos traumatismo de carácter leve.

Según indicaron desde la Comisaría local, Espinosa contó que el vehículo se quedó sin frenos y no pudo maniobrarlo.
 

Un punto de debate es el acceso progresivo a las distintas prácticas -previsto por ley- desde el momento que las personas firman su adhesión a la prestataria. 

Sin embargo, no todo es blanco o negro. Existen matices que se deben evaluar a la hora de aceptar o rechazar un tratamiento o una medicación. Por ejemplo, en el caso de un niño con discapacidad.

Así lo tuvo en cuenta la Cámara Federal de Bahía Blanca, al confirmar un fallo de la jueza federal N° 2, María Gabriela Marrón, que ordenó a la obra social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas (OSDEPYM) la cobertura íntegra de M.V.M., según la presentación de su madre, con asesoramiento del abogado Juan De Lasa.

El niño, de 6 años, presenta un Certificado Único de Discapacidad con diagnóstico de trastornos generalizados del desarrollo, trastornos específicos del desarrollo de habla y del lenguaje, anormalidades de la marcha y de la movilidad y también padece retraso madurativo y autismo con epilepsia.

Fallo sin precedentes en Bahía: reanudan el tratamiento transgénero a un menor

Su madre, monotributista, se afilió a OSDEPYM el 1 de septiembre del año pasado y entre octubre y noviembre comenzó a solicitar la cobertura de diversas prestaciones vinculadas al tratamiento de discapacidad del menor.

Sin respuestas satisfactorias a sus reclamos ni a una carta documento, la mujer recurrió a la Justicia y fallaron a su favor.

Hicieron lugar a la acción de amparo y dispusieron la cobertura al 100% de las siguientes prestaciones: terapia ocupacional (3 sesiones semanales); kinesiología (3 sesiones semanales); fonoaudiología (3 sesiones semanales); acompañante terapéutico de lunes a viernes (doble jornada en escuela especial, desde marzo a diciembre); ácido valproico 120 ml., 4 envases mensuales (16 ml./diarios); levetiracetam 100 ml. 3 envases mensuales (10ml./diarios) y pañales Adult Care medianos (5 diarios/ 150 mensuales).

Todo según la prescripción del médico tratante del niño, doctor Guillermo Di Carli.

OSDEPYM apeló y pidió la revocatoria porque consideraba arbitraria y errónea la decisión, al desconocer el "sistema de acceso progresivo" para determinadas prácticas de salud de quienes se incorporan a una obra social a través del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (monotributo).

La demandada explicó, además, que el ingreso paulatino de un afiliado determina sumar coberturas recién después de los 3 y 6 meses (en un primer momento se trata de un plan básico) y que en este caso no estaba cumplido el plazo previsto por la normativa vigente.

No debe ser obstáculo

La Cámara Federal, con los votos de los jueces Silvia Fariña y Roberto Amábile, confirmó el fallo de primera instancia y ordenó la cobertura integral a favor del menor.

En principio evaluaron el caso en el contexto del derecho a la preservación de la salud (derecho humano fundamental) y la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, además de la ley 25.404, que establece medidas especiales de protección para las personas con epilepsia.

"La controversia se centra, principalmente, en determinar si la demandada se encuentra legalmente obligada a cubrir tales prestaciones desde el inicio de la afiliación, o si, por el contrario, resulta aplicable el período de carencia previsto para quienes acceden al sistema mediante el régimen de monotributo", explicó la doctora Fariña.

En ese sentido reconoció que según "el juego armónico" de distintas leyes y decretos, el acceso a la salud es de carácter progresivo.

Sin embargo, afirmó que pese a estar el niño dentro del "periodo de carencia" invocado por la obra social, y que gran parte de las prestaciones pedidas estaban incluidas en la cobertura inicial, el regimen "no puede erigirse en un obstáculo para el acceso efectivo a prestaciones indispensables cuando se trata de un menor con discapacidad".

"Una interpretación en sentido contrario importaría desconocer lo previsto en las leyes 22.431 y 24.901 -que consagran la protección integral de las personas con discapacidad-, así como también lo dispuesto por la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, y por la ley 25.404 de Medidas de Protección para las Personas que padecen Epilepsia", remarcó.

En consecuencia, la camarista consideró que la negativa de la obra social configuró "una omisión arbitraria" que lesiona gravemente "el derecho a la salud y una adecuada calidad de vida del menor involucrado".

Una vez conocido el fallo, el abogado De Lasa remarcó que "es un tema interesante, del cual poco se sabe".

"Hay muchísima gente con discapacidad (o con hijos que sufren tal condición) que se adhiere al monotributo y deriva aportes a la obra social elegida y la misma le impone la cobertura progresiva de 3 o 6 meses. No estaba del todo claro si podían exigirse tiempos de espera para acceder a las prestaciones por discapacidad", sostuvo.

En el caso puntual, el abogado confirmó que el niño ya está recibiendo la cobertura completa luego de la medida cautelar dispuesta por la Justicia.

Alcances del decreto 955/2024

Acceso. Los monotributistas pueden elegir su agente de salud inscripto, según lo regulado a partir del decreto 955/2024, cuya letra actualizó la reglamentación al derecho a la libre elección y se creó un Registro de Agentes de Seguro de Salud para la cobertura Médico Asistencial de monotributistas. 

Fecha. La aplicación de esta medida es exclusivamente para las situaciones y relaciones jurídicas que se configuren con posterioridad a su entrada en vigencia (el año 2024), no modificando, alterando ni afectando los derechos y obligaciones que ya se habían consolidado.  

Niveles. El titular y su grupo familiar adherido tendrán la cobertura prevista en el Programa Médico Obligatorio de Emergencia, en cuanto a lo básico de la atención. Y podrán acceder a niveles adicionales a los 6 meses de la afiliación.

La sentencia fue dictada por el Tribunal en lo Criminal Nº 2 en el marco de un juicio abreviado.

El sujeto, a quien no se identifica para preservar a las víctimas, se encuentra detenido en la Unidad Penal Nª 19 de Saavedra.

La investigación judicial, llevada adelante por la UFIJ Nº 4, a cargo del fiscal Diego Torres, logró acreditar que los hechos de violencia e impunidad se extendieron durante casi una década en distintas viviendas de la ciudad.

Según consta en el expediente, uno de los hechos ocurrió entre 2014 y junio de 2020, en el domicilio del acusado.

Durante ese período, según el fallo, sometió a su hijo a reiteradas situaciones abusivas desde que el niño tenía apenas 4 años.

Por otra parte, fue acusado de someter a su otra hija entre 2012 y 2020, en dos viviendas de la ciudad.

"La cadena de agresiones hacia la niña comenzó cuando ella tenía 4 años y continuó hasta los 12. Para garantizar el silencio de las víctimas, el imputado ejercía amedrentamientos constantes como amenazar a la niña con golpearla y castigar a su madre si revelaba lo sucedido", indicaron desde el Ministerio Público.

El procesado fue condenado como autor de los delitos de "abuso sexual con acceso carnal, agravado por el vínculo y por encontrarse la víctima bajo la guarda del imputado; abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por el vínculo y por haber sido cometido mediante el aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente con una menor de 18 años de edad; y abuso sexual con acceso carnal, agravado por el vínculo y por la guarda".

Se trata de Fernando Juárez, de 31 años y Erika Amaya, de 35 años, aprehendidos y trasladados a la Comisaría de Punta Alta a disposición de la disposición de la UFIJ Nº 15.

El hecho que originó la investigación ocurrió el 29 de septiembre pasado, cuando un hombre de 45 años denunció que al regresar a su casa Almafuerte al 600 (barrio Nueva Bahía Blanca), constató el faltante de su instrumento.

A partir de la denuncia, personal del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de Punta Alta realizó distintas tareas investigativas, entre ellas la recepción de declaraciones testimoniales y otras diligencias. Los elementos reunidos permitieron solicitar una orden de allanamiento.

La medida se concretó ayer, alrededor de las 13, en una casa ubicada en Balcarce al 700, a pocos metros del lugar del robo.

El procedimiento contó con la participación de efectivos del GTO y de la Estación de Policía Comunal Punta Alta, ordenado por el Juzgado de Garantías Nº 1.

El allanamiento resultó negativo respecto de los elementos que se buscaban secuestrar. Sin embargo, durante el procedimiento, Juárez arremetió contra los efectivos y los golpeó con puños y patadas. Uno de los policías sufrió lesiones en ambos antebrazos.

En tanto, Amaya intentó entorpecer el procedimiento. Según informaron desde la Comisaría local, arrojó golpes de puño contra lso agentes y lanzó un ladrillo, que provocó una lesión en la muñeca derecha de otro efectivo.

De acuerdo con lo informado por la Policía, las lesiones sufridas por los uniformados fueron leves.

Según la jueza de Garantías Nº 1, Claudia Noemí Olivera, no hay pruebas para que el herrero Rubén Damián Trobiani (36) continúe vinculado con la causa penal a cargo de la fiscal Marina Lara.

La titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 7 le había imputado al ahora sobreseído el delito de robo doblemente agravado, por haber sido cometido en poblado y en banda y con escalamiento.

El sobreseimiento está firme y, en la misma resolución, la magistrada Olivera dispuso que la fiscalía le restituya a Trobiani su auto y los otros elementos secuestrados durante el allanamiento en su domicilio.

La jueza Olivera entendió que la versión de Trobiani tenía "soporte objetivo" a raíz de las fotos y videos que él aportó.

En esas imágenes se lo ve en el salón de fiestas Sueños, en el mismo horario en que boqueteros robaron dinero de dos cajas fuertes en el local de artículos del hogar ubicado en Zelarrayán al 2900.

De acuerdo con el informe de la empresa Movistar, la señal del celular de Trobiani se captó a las 2.20 del 27 de julio, en una celda (área geográfica que cubre una antena de telefonía) ubicada exactamente en ese salón de fiestas y en plena franja horaria del hecho delictivo.

El siguiente registro, a las 3.45, lo localizó en una celda de la calle Vicente López al 1.300, a cuatro cuadras de su vivienda. Ese era el recorrido que había declarado.

Por otra parte, la Policía no halló elementos vinculados con el delito cuando allanó la casa de Trobiani, y la inspección de su celular tampoco permitió recabar datos y/o conversaciones relevantes para la investigación.

La fiscalía había planteado que el pedido de sobreseimiento era "prematuro" porque faltaba este último peritaje.

A raíz de que el análisis al teléfono no tuvo resultados positivos, la jueza Olivera opinó que no existen fundamentos para que Trobiani siga ligado al proceso.

La resolución judicial rechazó el planteo de nulidad que había presentado el defensor Tomás Oraindi contra la orden de allanamiento y secuestro, que se hizo efectiva el 30 de julio.

Es decir, la medida se consideró válida aunque no aportó pruebas.

La fiscal Lara confirmó que no apelará el sobreseimiento de Trobiani porque -afirmó- "no es el autor del hecho".

"Se buscó a Trobiani porque tenía un auto parecido al que utilizaron para cometer el hecho", explicó la representante del Ministerio Público Fiscal.

La causa sigue en etapa de investigación y por el robo, hasta el momento, no hay detenidos.