El procedimiento se realizó alrededor de la 1:30, luego de un alerta emitido por el CeUM. Personal del Comando de Patrullas interceptó en el sector a Marcelo Eduardo Alegre, señalado como el presunto autor de las agresiones.

De acuerdo con la información oficial, el acusado habría lesionado con un ladrillo en la zona de la oreja a un hombre de 36 años que se encontraba durmiendo en la vía pública. Ambos involucrados se hallaban en situación de calle.

La víctima también manifestó que horas antes, en el mismo lugar, Alegre le habría sustraído una mochila con pertenencias personales, luego de intimidarlo con un cuchillo, para posteriormente escapar.

Tras el operativo, el sospechoso fue trasladado junto con testigos y los elementos secuestrados a la comisaría Primera. En tanto, el damnificado recibió asistencia médica en el lugar..

La causa fue caratulada como “robo y lesiones leves” e interviene la UFIJ Nº 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

El procedimiento se inició alrededor de las 22:20, cuando el Centro de Monitoreo alertó sobre un sujeto que se encontraba pateando canastos de basura en la vía pública. A partir de esa situación, se comisionó un móvil de la Policía Local UPPL, integrado por dos efectivas femeninas.

Según informaron fuentes oficiales, al momento de intentar identificar al hombre, éste intentó evadir a las uniformadas y reaccionó de manera agresiva, intentando golpearlas. Ante esa situación, ambas policías lograron reducirlo sin sufrir lesiones.

Posteriormente, el individuo fue identificado como Abraham Enoc Celedón Echeverría, quien fue trasladado a la comisaría Primera.

En el hecho tomó intervención la UFIJ Nº15 del Departamento Judicial Bahía Blanca, que dispuso las actuaciones correspondientes.

Una pugna entre familias por la posesión de inmuebles, que se originó hace casi una década, derivó en los últimos días en el cierre de dos templos religiosos en nuestra ciudad y Punta Alta, hecho que afecta a más de mil fieles de una congregación.

En el marco del litigio, la justicia en lo Civil y Comercial bahiense ordenó la clausura momentánea de las iglesias ubicadas en Patricios al 300, de Bahía Blanca, y en 11 de Septiembre al 700, en la vecina localidad, vinculadas con la sociedad espírita Paz y elevación.

En medio de la contienda entre familiares de la difunta hermana fundadora, Teresa Bruno, los representantes de la obra espiritista mencionada fueron desalojados de ambos edificios por la fuerza pública.

La discusión entre la parte demandante y la demandada surge a raíz del destino de los Templos Hermana Teresa y los bienes afectados a este culto, de acuerdo con la “voluntad expresa” de Bruno, plasmada en escrituras públicas y actos jurídicos de naturaleza “extrapatrimonial”.

Según explicó Juan Carlos Rochón, nieto de Teresa y vicepresidente de Paz y elevación, los bienes en disputa “nunca integraron verdaderamente el acervo hereditario personal” de su abuela, porque -afirmó- se adquirieron gracias a “aportes, contribuciones y donaciones” de los fieles.

El destino de esos recursos económicos era la “continuidad de la obra espiritual, religiosa y asistencial desarrollada por Paz y elevación”.

Las escrituras públicas incorporadas al expediente avalarían que Bruno “no actuó en beneficio personal ni patrimonial, sino como continuadora y administradora de un legado espiritual colectivo”.

Los demandantes argumentan que en esos documentos se convino “a favor de terceros, identificándose como beneficiaria a nuestra institución”.

El reclamo de la sociedad espírita radica en que, al tratarse de una “estipulación extrapatrimonial” ligada al “sostenimiento permanente del culto y de una obra colectiva, jamás podría ser válidamente revocada por los herederos de Teresa Bruno”.

“En su momento, una hija de mi abuela Teresa, fundadora de nuestra sociedad civil, hizo firmar a mi madre y a mi tío (documentos en los que se acordaba) que los templos estaban dentro de un patrimonio, pero no es así”, remarcó Rochón.

“Después ellos fallecieron y empezó este litigio en el que mis primas y mi tía (ya extinta también) reclaman la posesión de estas propiedades. Mi tía había creado una fundación en paralelo a nuestra asociación y transfirió los bienes a esa institución que presidía”, agregó.

“Ellas hicieron una sucesión toda mal y ahora nos desalojaron por la fuerza pública. Si leen bien las escrituras, se van a dar cuenta de que por lo que estamos luchando hace 9 años no es patrimonio. El tema no pasa por las propiedades, sino por los fieles”, continuó Rochón.

Según el hombre, su tía “engañó” a su mamá y a su tío y no cumplió la voluntad de su abuela Teresa.

“Gracias a Dios que mi madre, antes de fallecer, pudo firmar como arrepentida de haberle firmado a mi tía. Entonces, más que un lío familiar, es una estafa a una entidad de hace muchos años. Mis primas van por las propiedades, porque de la gente de nuestra sociedad no les importa nada”, manifestó.

Por otra parte, Rochón repudió el cierre y la suspensión total de actividades en ambos templos cristianos.

“Estamos cerrados y esta situación genera un perjuicio social. La Justicia se desentiende de los fieles a los que ayudamos, porque esto podría haber tenido otro trámite. La gente no tiene donde ir a rezar”, enfatizó.

Paz y elevación se fundó en 1959 y el Jardín de la fe, uno de sus espacios, reúne a niñas, niños y adolescentes.

“Mi abuela, con un grupo de hermanos, compró los terrenos y edificó las iglesias”, finalizó Rochón.

En 2023, un juzgado en lo Civil y Comercial de primera instancia había dictado un fallo en consonancia con la postura de esta parte procesal, al reconocer que “el conflicto no podía ser analizado bajo una lógica meramente patrimonial o sucesoria”.

El juez entendió que las propiedades en cuestión no constituyen “bienes personales ordinarios” de Bruno, sino que están afectados a una “finalidad espiritual y comunitaria vinculada directamente a la continuidad del culto y de la obra espiritista Paz y elevación”.

“Esa misma línea argumental también fue receptada inicialmente al admitirse la medida cautelar de no innovar, destinada a preservar los templos y evitar alteraciones irreversibles mientras la cuestión de fondo continuaba sometida a revisión judicial”, señalaron los integrantes de la sociedad.

Sin embargo, tiempo después se revirtió la resolución en instancias superiores y se dispuso el desalojo de ambos templos.

Pese a que la cuestión judicial de fondo está pendiente de resolución, ya que existe una queja presentada ante la Corte provincial, Rochón y sus allegados temen por el avance material sobre los bienes y el cierre definitivo del espacio espiritual (reconocido oficialmente por el Estado), ya que se les negó toda posibilidad de participación y control.

Legajo. El exministerio de Culto autorizó y reconoció la continuidad institucional de “Paz y elevación Sociedad Espiritista” manteniendo vigente el legajo 612, lo que “acredita el reconocimiento estatal de nuestra continuidad jurídica, espiritual e institucional”.

Reunión. Rochón tenía previsto reunirse con autoridades de la dirección de Culto municipal para abordar la problemática.

Avance. El abogado de Rochón, Ricardo Tapia (trabaja con su colega Federica González Estévez) aclaró que “mientras tanto, la fundación favorecida por la sentencia continúa avanzando materialmente sobre los templos, promoviendo desalojos, cierres y desplazamientos de las actividades espirituales históricas de Paz y elevación”.

Fondo. Advirtió el letrado que todo esto sucede al tiempo que “la cuestión de fondo aún no cuenta con resolución definitiva de la Suprema Corte de Justicia”.

El hecho ocurrió alrededor de las 14.30 del domingo, en Juan B. Justo y De Solier, luego de que el sistema de monitoreo CeUM observara a dos personas provocando daños mediante patadas en el ingreso al establecimiento educativo.

Posteriormente se procedió a la aprehensión de Leonel Marzoli Álvarez, de 20 años, y de un menor de edad. En las ropas del primero se encontró una sustancia verdosa similar a la marihuana, con un peso aproximado de 2 gramos.

Según se indicó, en el jardín de infantes no se registró faltante de elementos. Los daños solo se produjeron en la puerta de chapa.

La carátula es tentativa de robo agravado por participación de un menor e infracción a la Ley 23.737.

Intervienen la UFIJ N° 15, la UFIJ del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N° 3 y la UFIJ N° 19 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

La captura ocurrió minutos antes de las 9, en Santa Cruz y Junín.

En ese lugar, personal policial observó a dos hombres circular en una moto sin patente y con faltante de plásticos. Cuando se trató de detener el vehículo, los sujetos emprendieron la fuga, iniciándose una persecución por distintas arterias, la cual culminó cuando los mismos perdieron el control del rodado y cayeron en un descampado, resistiéndose posteriormente al accionar policial.

Así fue que se procedió a la aprehensión de Nicolás Ibáñez Moro, de 19 años, quien conducía el rodado, y de Juan Gabriel Galiano, de la misma edad, quien viajaba como acompañante. Además, se constató que esa moto presentaba el tambor de ignición dañado y carecía de dominio colocado.

Posteriormente, mediante análisis de cámaras del CeUM, se estableció que ambos sujetos habían sustraído momentos antes otra motocicleta que se encontraba estacionada en inmediaciones de Belgrano y Soler, rodado que fue hallado posteriormente abandonado y con daños en el tambor de arranque.

Los aprehendidos y elementos secuestrados fueron trasladados a sede policial.

Sobre el mediodía se acercó otra persona a sede policial, denunciando que habían intentado sustraer su motocicleta estacionada en Lavalle al 300, dañando el trabamanubrio, las cachas y el cableado de ignición. Al chequear las cámaras particulares del lugar, se establece que se trataba de los mismos aprehendidos que habían intentado la sustracción minutos antes de haber robado la cual conducían. 

La carátula es robo agravado de vehículo dejado en la vía pública, tentativa de robo, resistencia a la autoridad y desobediencia.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 20:50 del sábado, tras un llamado al servicio de emergencias 911.

Los uniformados acudieron a Moreno al 800, donde interceptaron a Jonatan Roberto Ulloa, señalado como el presunto autor del hecho. Según se informó oficialmente, minutos antes había robado una Zanella ZB en la esquina de O'Higgins y Brown, luego de violentar el trabavolante.

Tras la detención, el imputado y el vehículo recuperado fueron trasladados a la comisaría Primera, donde se realizaron las actuaciones de rigor.

La causa fue caratulada como robo agravado de motovehículo estacionado en la vía pública, con intervención de la UFIJ Nº 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

En los últimos días, la jueza federal Nº 2, María Gabriela Marrón, condenó a la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires y a la Prefectura Naval Argentina (fuerza a la que pertenecía el padre del joven tirador) a pagar 5,4 millones a otra compañera de "Junior" y 3,3 millones a su madre, más intereses, por daño moral y psíquico. 

Pero más allá de la sentencia, es conmovedor saber de qué manera las consecuencias psicológicas perduran, a más de 20 años, en los jóvenes -hoy adultos- que, por fortuna, zafaron del imprevisto ataque que dejó tres alumnos fallecidos y cinco lesionados.

E.E.U., una de las jóvenes sobrevivientes, todavía tiene fortísimos escollos internos para reinsertarse en la vida social, pese a no ser una de las víctimas directas alcanzadas por las balas. 

Esa mañana, esa escuela, esos chicos

Ella compartía con "Junior" el 1° B del Polimodal Islas Malvinas, pero esa mañana, después de la entrada, dejó su carpeta y útiles en el aula (donde no había ningún adulto responsable a cargo) y se dirigió a la preceptoría, desde donde la horrorizaron los ruidos de los disparos y los gritos.

Cuando volvió sobre sus pasos encontró a compañeros huyendo, en medio de gritos desoladores, llanto y sangre. 
Todos corrían hacia la sala de video, cuando "Junior" realizó el último disparo, sin impactar a nadie más. Sin embargo, en el aula quedaron los signos de la barbarie.

Huellas indelebles

La Licenciada Verónica Noemí Fernández fue la psicóloga que entrevistó a la joven en el marco de la demanda que acaba de ganar.

La víctima confesó en ese encuentro que al día de hoy le escapa a "las multitudes" y que, en general, prefiere no asistir a eventos.

Recién en los últimos años pudo concurrir a una fiesta del pueblo donde refirió "haberse sentido tranquila" al observar seguridad en el lugar y estar acompañada por su grupo familiar.

La paciente le dijo a la psicóloga que se siente "una complicación" para el resto de las personas, lo que la lleva a "evaluar" muchos aspectos antes de acercarse a una persona o un lugar. "Si no se siente cómoda o cree que no se sentirá a gusto con alguna situación prefiere no ir", explicó la profesional que entrevistó a la víctima. 

En la misma línea concluyó que es "muy desconfiada" a la hora de hacer nuevas amistades y fue "todo un desafío" volver a compartir un aula con gente que no conoce, incluso en la universidad, al punto que necesita sentarse en un banco cercano a la puerta de salida.

Al día de hoy le cuesta pasar por la puerta de la escuela Islas Malvinas, que queda de paso entre su vivienda y la de su madre, y prefiere tomar otra calle y recorrer más trayecto para evitar esa situación.

"No tengo pesadillas ni recuerdos que vengan de la nada, pero cuando llega un aniversario (del hecho) se me pone la piel de gallina, es algo inexplicable", sostuvo la víctima.

Desde aquella mañana tuvo que dormir con la luz prendida -mucho tiempo junto a su madre- y no logra acostumbrarse a los ruidos fuertes. 

"Me paralizan y me descolocan, incluso cuando hay partidos de fútbol y tiran cohetes", relató.

La jueza Marrón, luego de analizar todas las pruebas reunidas, y tal como resolvió en otros casos, entendió que tanto la Provincia de Buenos Aires -a cuya administración corresponde la escuela donde se registró la masacre- como la Prefectura Naval y el padre de "Junior" -integrante de esa fuerza de seguridad- deben responder por haber actuado con negligencia e imprudencia, sin evitar los hechos.

Más de 50 impactos

Terror. Según el Juzgado de Menores N° 1 de Bahía Blanca, a cargo de la jueza Alicia Ramallo, los peritos determinaron que hubo 54 impactos de bala, sumando rebotes de los proyectiles disparados por Solich.

Presencia. Al momento de los disparos había en el aula 22 de los 27 alumnos del 1° B del Polimodal Islas Malvinas. 

Deceso. La jueza aceptó la demanda de parte de la joven y su madre, aunque rechazó el reclamo por daño moral de parte de su padre, hoy fallecido. La familia fue asesorada por los abogados Manuel Maza y Leandro Sferco.

Víctimas. "Junior" (como se lo conoce públicamente a partir de su segundo nombre, Juniors) mató a sus compañeros Federico Ponce, Evangelina Miranda y Sandra Núñez. Y en la misma acción hirió de gravedad a Pablo Saldías Kloster, Rodrigo Torres, Nicolás Leonardi, Cintia Casasola y Natalia Salomón.

El siniestro se produjo poco antes de las 22, en un inmueble situado en calle Querandíes al 100, propiedad de Carolina Piñarreta.

Los voceros señalaron que el fuego comenzó en un altillo y se habría desencadenado a raíz del recalentamiento o falla en el caño de una estufa a leña.

Mencionaron también que no se produjeron lesionados y que el trabajo de los servidores públicos evitó que el daño estructural fuera mayor. (Noticias Radio Reflejos).

Fuentes oficiales indicaron que unos 110 efectivos de distintas áreas de la fuerza bonaerense, con el apoyo de personal municipal, estuvieron involucrados en el procedimiento denominado "Zonas Calientes".

La tarea de los uniformados fue coordinada por el Superintendente, comisario general Gonzalo Bezos; el Jefe de la Policía Departamental, comisario mayor Gonzalo Sandobal, y los responsables de las comisarías bahienses.

También participaron el subsecretario de Fiscalización y Control Policial del Ministerio de Seguridad, Federico Montero, y el Director de la Agencia de Seguridad local, Martin Pacheco.

El trabajo, que finalizó alrededor de las 21 horas, se desarrolló por ejemplo en el sector de los barrios Luján, Pacífico, Villa Rosario, Palos Verdes, Villa Talleres, Ingeniero White, Saladero, Vista Alegre , Maldonado, Mariano Moreno y Harding Green, entre otros.

Los voceros mencionaron que cuatro personas fueron arrestadas vinculadas al robo de motocicletas (se recuperó una que había sido sustraída recientemente) y otras tantas fueron halladas con estupefacientes en su poder (incautaron 38 gramos de cocaína)

En tanto, seis individuos fueron detenidos luego de que se determinara que eran buscados por la justicia.

Durante los controles se identificaron a más de 400 personas e interceptaron casi 300 vehículos.

En esas circunstancias resultaron secuestrados dos automóviles y 11 motocicletas.

Osvaldo Germán Muzi y Héctor Raúl Minghetti lograron mantenerse prófugos el tiempo necesario para que las penas se extinguieran y puedieran volver a caminar por la calle sin temor a la aparición de un patrullero o la interceptación en algún operativo.

Respecto de Muzi, el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca, compuesto por los jueces Sebastián Foglia, Ernesto Sebastián y José Fabián Asís, declaró días atrás la prescripción de la sanción a diez años de prisión que recibió en 2016.

Del mismo modo, los magistrados establecieron dejar sin efecto la rebeldía y la orden de captura que pesaba sobre su persona.

Idas y vueltas

El camino de Muzi en la Justicia tuvo decisiones que lo alegraron, pero también de las otras.

Junto a Minghetti y Juan Pablo Ibáñez fueron imputados por el secuestro extorsivo de Omar Héctor Resola, cometido el 23 de enero de 2004 en la zona de la avenida Alem al 1300.

A Resola, sobre quien existía una orden de captura y fue interceptado por los tres policías, lo redujeron y obligaron a subir a un Peugeot 504 blanco. 

Recién fue liberado cuando la esposa pagó su rescate.

A la mujer le habían pedido 25 mil pesos, aunque finalmente pudo reunir y abonar 14 mil.

Eso le permitió a Resola seguir en libertad, aunque su familia, al poco tiempo, presentó una denuncia para dar a conocer el grave hecho.

En julio de ese año, por orden de la Justicia Federal, Muzi e Ibáñez fueron detenidos y alojados en la Unidad Penal Nº 37 de Barker. 

El 24 de noviembre de 2005, el Tribunal Oral Federal local los absolvió y dispuso que recuperaran la libertad bajo caución juratoria.

Un año después, la Cámara Federal de Casación Penal anuló la decisión y ordenó llevar adelante un nuevo debate.

El 7 de diciembre de 2007, con la integración de nuevos jueces, ambos sujetos fueron sentenciados a 5 años de prisión y una inhabilitación especial por diez para ejercer un empleo o cargo público como cómplices secundarios de secuestro extorsivo agravado.

Ese fallo fue apelado por ambas partes (fiscalía y defensas) y el 25 de agosto de 2008 intervino nuevamente Casación, determinando una sanción de 11 años de cárcel para los procesados y la inhabilitación por el mismo tiempo, considerándolos coautores del delito imputado.

Pero el recorrido no terminó allí, porque el 5 de febrero de 2013, la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a un recurso de queja y dejó sin efecto la sentencia.

Por último, Casación volvió a modificar la pena y la redujo a 10 años.

Esa resolución quedó firme el 16 de febrero de 2016, cuando la Corte desestimó un último recurso intentado por el defensor y dispuso la detención de Muzi.

Ausencia

El expolicía no pudo ser hallado, por lo que la Justicia lo declaró en rebeldía y elevó la orden de captura.

Pese a esto, el sujeto logró mantenerse prófugo a lo largo de una década y evitar regresar a la cárcel.

Por último,  el Registro Nacional de Reincidencia le informó al Tribunal bahiense que el individuo no cuenta con antecedentes posteriores a la condena, por lo que no se produjeron circunstancias que evitaran la prescripción y la dejaran sin efecto.

En ese conglomerado habitacional ubicado cerca del Riachuelo vive un bahiense que hace algunos días fue condenado por transporte de estupefacientes, pero en Río Negro.

Se trata de Jorge Enrique Cruz, quien hace 53 años nació en nuestra ciudad, pero actualmente vive en Santo Domingo y Zabaleta, barrio Loma Alegre, Manzana 1, Villa 21-24. 

Cruz, con antecedentes, recibió 4 años de prisión efectiva, mientras que un paraguayo coprocesado, Abundio Bogarín Sotelo (53), fue sentenciado a 4 años y 3 meses de cárcel, al ser tildado de reincidente.

Bahía: una de las rutas de la cocaína nacía en una peligrosa villa porteña

El fallo fue dictado por el juez Marcos Javier Aguerrido, del Tribunal Oral Federal de la ciudad rionegrina de General Roca.

Ese organismo intervino porque el delito fue descubierto durante un control policial de rutina en el denominado Puente Viejo de la ciudad de Viedma.

Sucedió el 26 de febrero de 2022, sobre las 8, cuando los uniformados detuvieron la marcha del Renault Scenic, patente DYP 275, en el cual se movilizaban el bahiense y el extranjero.

Mediante el empleo de "Charly", un perro detector, descubrieron que debajo de las alfombras del habitáculo trasladaban un ladrillo de casi 1,1 kilo de clorhidrato de cocaína, dinero y celulares.

Juicio abreviado 

A la condena de ambos se llegó mediante juicio abreviado, con intervención del auxiliar de la Fiscalía Federal, Diego Martín Paolini, y la defensora pública, Gabriela Labat, imputándoseles el delito de transporte de estupefacientes en calidad de coautores, según lo normado por el artículo 5, inciso C, de la Ley 23.737.

Bogarín Sotelo fue considerado reincidente porque registraba una condena previa, del 27 de noviembre de 2018, dictada por el Tribunal Oral Federal Nº 4 de CABA, a 3 años y medio de prisión, también por comercialización de drogas y tenencia de arma de fuego.

El bahiense Cruz, en tanto, también cuenta con una sentencia condenatoria previa, pero que se dictó el 9 de marzo de 2022 (del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata), es decir que fue después del operativo que determinó su última captura, con lo cual técnicamente no fue declarado reincidente.

Por qué les dieron domiciliaria

Pedido. El juez aceptó el pedido para otorgarle la prisión domiciliaria a ambos, fundado en la extrema vulnerabilidad familiar y el interés de los niños a cargo.

Sostén. Bogarín Sotelo es sostén de sus hijos mellizos de 16 años, ya que su expareja tiene intenciones de emigrar a España en busca de trabajo, con lo cual enviarlo a la cárcel dejaría a los jóvenes en desamparo.

Nietos. Cruz está a cargo de tres nietos (de 8, 11 y 14 años) cuya madre vive en Paraguay. Los dos niños mayores padecen complejidades de salud (cardiopatías y respiratorias) y él mismo tiene apnea, hipertensión y diabetes. "Es el único miembro de la familia con capacidad de asistir a los niños al colegio y a los centros asistenciales", sostuvo la defensa.

Daño. "La concesión de la domiciliaria se sustenta en que el encarcelamiento no solo frustraría los objetivos de resocialización sino que causaría un daño desproporcionado a terceros inocentes (niños y adolescentes), provocando el colapso económico y emocional de sus núcleos familiares", afirmó el juez al otorgar el beneficio.

La diligencia fue autorizada por el Juzgado de Garantías número 4, a raíz de un episodio de "amenazas con arma de fuego", y llevada a cabo por personal de la comisaría Cuarta y de la Subcomisaría de Harding Green.

En el lugar pudieron encontrar una motocicleta de gran cilindrada Bajaj Dominar 400 cc., qué había sido sustraída el jueves de la vereda de un domicilio de calle Balboa al 2900.

La aprehensión de los jóvenes de 15 años se produjo luego de constatar que sus características físicas eran coincidentes con los protagonistas del delito, que quedaron registrados en las cámaras del Centro Único de Monitoreo Municipal.

Durante el allanamiento, además, se aprehendió por el delito de "encubrimiento" al propietario de la vivienda, Kevin Gómez, de 20 años. Del mismo modo también secuestraron una chapa patente perteneciente a otra moto robada en abril y una llave tipo ganzúa.

Toma intervención en la causa la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio número 7 y la número 1, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

La medida, solicitada por la titular de la UFIJ Nº 3, Agustina Olguïn, fue dispuesta por el Juez de Garantías Nº 2 , Guillermo Mércuri.

El magistrado estableció la prohibición de acercamiento a menos de 100 metros del hombre hacia la chica, quien aún permanece internada en el centro asistencial de la comuna.

Respecto de esto último, desde el hospital indicaron que "ya cuenta con el alta clínica y que en el transcurso del día, tras la aceptación judicial, dejaría las instalaciones".

Mércuri detalló que "corresponde otorgar esas medidas para salvaguardar la integridad física y psíquica de la menor".

La decisión también se extiende al hermano de la nena, "en función de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra".

Cabe recordar que en las últimas horas la directora de la escuela especial a la que concurre el niño informó que hallaron entre sus elementos una cuchara que tenía restos de cocaína.

"La prohibición abarca a los domicilios donde residen los menores, los establecimientos educativos y todos los lugares donde concurren de manera habitual, el contacto telefónico, por redes sociales o cualquier otro tipo de comunicación", señala la resolución.

También se ordenó la intervención formal del Servicio Local dependiente del municipio, quienes ya estaban trabajando en el caso, y la comunicación al Juzgado de Familia para abordar la problemática familiar.

Finalmente, los voceros mencionaron que las fiscalías (3 y 19) que intervienen en las actuaciones iniciadas por los hechos se encuentran trabajando en "la recolección de elementos probatorios".

La fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Betina Úngaro, explicó en el programa Allica y Prieta que si bien esa misma noche se aprehendió a 4 menores de entre 15 y 17 años, "luego surgieron numerosas pruebas que nos llevarían para otra vía investigativa".

 

 

 

 

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Úngaro se excusó de dar más detalles debido a la reserva que necesita la causa, aunque sí aclaró que los menores mencionados de todos modos seguirán ligados a una investigación por intentar repeler a balazos la actuación de la Policía, además de poseer drogas.

La fiscal aclaró que este caso no se desarrolla bajo la reforma de la ley Penal Juvenil aprobada por el Congreso en marzo, ya que la misma entrará en vigencia en septiembre. Entre otros puntos, esa ley baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

Igualmente, indicó que con la actual normativa "más allá de que 3 de los jóvenes son menores inimputables, en casos de extrema gravedad igual se pide una medida de seguridad y quedan privados de la libertad. Sin embargo, tenemos numerosas pruebas que nos llevarían para otra vía investigativa".

Respecto de la situación general de los menores involucrados en delitos en Bahía Blanca, señaló: "Lamentablemente, estos hechos donde hay situaciones de consumo problemático de estupefacientes los vemos a diario y desde muy temprana edad, lo que lleva a los jóvenes a iniciarse en el delito".

En medio del debate que generó el caso, organizaciones sociales como Los Pibes de Don Bosco advirtieron sobre el crecimiento de los "soldaditos" de la droga y el reclutamiento de chicos cada vez más jóvenes en los barrios.

Dijo Úngaro: "Coincido con los chicos del Don Bosco sobre su reclamo. Me parece que hay que hacerlo oír y que hay que trabajar fuertemente en esto. Y no dudo que se está trabajando, pero claramente no alcanza"

Remarcó que el rol de la Justicia aparece cuando el delito está consumado y pidió que existan mayores instancias de prevención para evitar este auge delictivo.

Acerca de la salud del adolescente de 14 años baleado, permanece en terapia intensiva del Hospital Municipal, con evolución favorable pero muy paulatina.

Sin motor, ni ruedas, ni cachas, ni luces, recibió apenas el cuadro del vehículo de parte de la Policía, 20 días después del delito.

"Desde el día 1 que todo se hizo mal, y no meto a todos en la misma bolsa pero la mayoría están con un oficio por un sueldo, cero responsabilidad con el ciudadano" declaró Vanesa Ferreyra, la vecina damnificada, sobre el robo de la moto que pertenecía a su hijo Alejo.

"Hoy como mamá decir que me duele el alma es poco al ver lo que me devolvieron de la moto de mi hijo. No tuvimos la suerte que tienen otros de recuperar sus cosas enteras" agregó , acompañando el texto con la foto de la moto recuperada, visiblemente desmantelada.

"¿Por qué se manejó todo con tanta demora? No puedo entender que una orden de allanamiento tarde 48 horas en pedirse. ¿O tenés que tener plata para que al rato encuentren todo? Solo le pido a Dios que los que estuvieron metidos para entorpecer el procedimiento paguen por lo que hicieron, que se hagan cargo. No voy a parar hasta tener una respuesta", afirmó.

Vanesa había denunciado que el hecho sucedió el 26 de abril, en horas de la noche. Sin embargo lamentó que hayan pasado varios días hasta que se otorguen las órdenes de allanamiento.

"Esa noche, hasta las 23, la moto estaba. Vieron que el portón estaba abierto, como estaba tan feo y había mucho viento supusieron que era por eso, fueron y lo cerraron. Pero al otro día a la mañana mi hijo se levanta a trabajar y le faltaba la moto", explicó.

En las cámaras de seguridad se pudo ver a los dos delincuentes que robaron la moto en el barrio Roca. Hasta ahora no se informó sobre ninguna detención por el delito (agencia Coronel Pringles).

El hecho se produjo en la zona de Patagones al 200, donde los ladrones forzaron una puerta y accedieron a la propiedad de María del Carmen Corvalán.

"Entraron a robar mientras estábamos durmiendo, creemos que fue después de las 4 de la mañana. En cierta forma nos salvó mi nieta, porque a eso de las 5 se levantó y ahí creo que se fueron", dijo la mujer en declaraciones al programa Panorama de LU2.

Agregó que "nos sacaron dos bicicletas (Cool y Olmo) y también abrieron el auto, de donde sacaron mi billetera con documentación personal y tarjetas. Incluso, mi marido se dio cuenta que habían abierto el freezer. Cuando se fueron cerraron con llave y se la llevaron, por lo que pensamos que quizás tenían intenciones de volver para llevarse otras cosas".

"Una puerta que da al comedor la solemos dejar con llave, porque después de la inundación le cuesta cerrar. Si hubiera estado abierta nos llevaban otras cosas más", añadió.

La mujer sostuvo que los sujetos "sabían que estábamos en la casa, pero son atrevidos. Creo que son del barrio, de por acá nomás".

"A mi hijo en abril del año pasado le habían robado la bicicleta afuera del gimnasio de Tiro Federal. En mayo le compré otra y un año después lo vuelven a dejar sin nada. La otra era mía y me la regalaron para el Día de la Madre. Le había comprado un candado grande para que no me la llevaran cuando estaba en la calle, no de adentro de mi casa".

María del Carmen pidió que la gente reflexione y no compre elementos sustraídos.

"Es feo lo que me pasó y no quiero que a nadie le suceda. La gente sabe cuando compra cosas que pueden ser robadas. Si eso no existiera, no seguiría pasando estas cosas. Roban muchas bicicletas y una se pregunta dónde terminan...evidentemente alguien las compra".

Manifestó que existen cámaras de seguridad sobre la calle Caseros, pero que no tienen vista a otras arterias del barrio.

"Uno trabaja todo el día y ahora no podés ni descansar tranquilo en tu casa".

Finalmente, pidió ayuda para recuperar la documentación que le sustrajeron.

Quien los encuentra o pueda colaborar debe comunicarse al teléfon (291) 15-64-38308.

Se trata de Rodrigo Oscar Boelter, quien a su vez fuera presidente del Consejo Escolar de Carmen de Patagones por Cambiemos, función de la que fue destituido en marzo de 2017.

Según la causa, investigada por la UFIJ N°10, a cargo del fiscal Gustavo Zorzano, el delito se habría cometido entre el 22 de enero de 2016 y el 21 de septiembre del mismo año, cuando el acusado se desempeñaba como responsable de la escuela de nivel medio.

En el marco del Plan Mejora Institucional de Nivel Secundario, financiado por el Ministerio de Educación de la Nación y articulado con la Provincia de Buenos Aires, se acreditaban sumas de dinero en una Tarjeta Ticket Nación, a nombre del acusado, para realizar distintas obras.

En la denuncia, realizada por un grupo de consejeros escolares de Patagones, se aseguró que Boelter realizó una serie de extracciones cuando ya no ejercía ese cargo, ya que se encontraba en uso de licencia desde el 10 de diciembre de 2015, porque había asumido en el Consejo Escolar. 

Eran unos 50.000 pesos que, a valor de hoy, superarían los 5 millones de pesos.

Durante la investigación se lograron corroborar dichas afirmaciones y se recolectó material probatorio que permitió elevar la causa a juicio para su análisis en debate oral.

El exdirector educativo llega a juicio imputado de peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Durante un debate oral, el Tribunal Federal de Juicio bahiense condenó a Sebastián Moreno (43) al considerarlo autor penalmente responsable del delito de encubrimiento agravado.

Los jueces Sebastián Foglia, Ernesto Sebastián y José Asís también inhabilitaron al imputado por 10 años para ejercer cargos públicos.

Según los magistrados, el encubrimiento se cometió mediante la modalidad de "favorecimiento personal por omisión de denuncia".

Además sostuvieron que el ilícito encubierto es "especialmente grave" y se consumó en Bahía Blanca desde el 6 de septiembre de 2019 hasta el 17 de junio de 2022.

El fiscal Gabriel González da Silva pidió la revocación del arresto domiciliario que cumple Moreno, pero el tribunal rechazó la solicitud y el condenado continuará privado de la libertad bajo esa modalidad.

"Pedimos que lo trasladen a un penal común y (los jueces) nos dijeron que no. Estudiaremos si recurriremos eso, una vez que se emita el fallo", dijo González da Silva después de conocerse el veredicto.

El fiscal general ante el tribunal había solicitado para el procesado bahiense la pena de 5 años y 6 meses de cárcel, además de 10 años de inhabilitación.

Por su parte los abogados defensores Leonardo Gómez Talamoni y Bárbara Sager habían pedido la absolución de su cliente Moreno.

Los fundamentos de la sentencia (aún no está firme) se leerán el próximo jueves, a las 9.30.

La causa deriva de otra investigación por abuso sexual, a raíz de la cual en junio de 2022 la Policía allanó el domicilio de Héctor Leonardo Diez en esta ciudad.

Pese a que el objetivo del procedimiento era otro, en esa propiedad se secuestró cocaína, marihuana, elementos de corte, una balanza de precisión digital, recortes de nylon y el teléfono celular de Diez.

Mediante el análisis del dispositivo móvil se detectaron diálogos que vinculaban a Diez con la venta de droga.

Sin bien ese caso se truncó por la muerte de Diez, la pesquisa continuó gracias al hallazgo de otras conversaciones que llevaron a descubrir la complicidad y el encubrimiento de Moreno.

El prefecto, quien cumplió funciones en Bahía durante varios años, fue detenido en Rawson a principios de septiembre de 2024.

La camioneta era conducida por Nicolás Zoppi, de 27 años, mientras que el auto estaba al mando de Franco Di Santi (41).

Como consecuencia del impacto, Zoppi, cuyo vehículo volcó, debió ser trasladado en una ambulancia al Hospital Municipal con politraumatismos, aunque sin riesgo de vida al momento de la intervención policial.

En el lugar trabajó personal del Comando de Patrullas y del destacamento Palihue, que preservó la escena hasta la llegada de la Policía Científica para realizar las pericias correspondientes.

La causa quedó en manos de la UFIJ Nº 1 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

Di Santi integra la ONG “Bahía Contra la Trata” y, según se informó, justamente hoy había jurado como secretario para una fiscalía provincial de delitos sexuales en la cual venía desempeñándose.

La directora de una escuela especial de nuestra ciudad, según confirmaron fuentes policiales, se presentó en la comisaría Primera para dar cuenta que un alumno de 7 años tenía restos de cocaína entre sus pertenencias. 

El dato saliente es que el pequeño es hermano de la chica que permanece internada en el hospital Municipal.

"Ayer fue el llamado y hoy se hicieron las actuaciones correspondientes. Descubrieron que en una cuchara de la vianda que lleva había restos de un polvo blanco y, con el resultado pericial, se determinó que era cocaína", confirmó un vocero de la fuerza.

Esta situación, de inmediato, se comunicó a la fiscalía, que atiende en dos frentes la causa de la menor.

Por un lado actúa la fiscal Agustina Olguín, encargada de la UFIJ N° 3, especializada en delitos sexuales, que procura determinar si la niña fue abusada entre la noche del sábado y la madrugada del domingo y, por otro, el fiscal Mauricio Del Cero, por la presencia de drogas prohibidas en el organismo de la menor.