Se trata de Beatriz Elizabeth Benítez, quien deberá responder no solo por la evasión de la seccional de Villa Mitre sino también por un delito de hurto por el cual había sido detenida el miércoles a la noche en la zona de Villa Harding Green.

"La captura se dio sobre las 10.15 en Rafael Obligado y Ángel della Valle, cuando caminaba por la vía pública", confirmó una fuente policial.

Benítez, quien cuenta con antecedentes y ya estuvo detenida en la cárcel de Saavedra, de donde había egresado la semana pasada, se encontraba esposada en una oficina, a la espera de ser trasladada hoy a la fiscalía, cuando sobre las 20.25 del jueves pudo zafar de los grilletes, en un descuido de quien debía vigilar el sector (imaginaria).

La oficial había ido hacia el sector de la guardia para buscar las llaves de las esposas para llevar a la sospechosa al baño y en esas circunstancias descubrió que Benítez había huido por los patios del fondo.

Autoridades policiales explicaron que la mujer no estaba en un calabozo porque dicha área de la comisaría Cuarta, ubicada en Garibaldi 262, está clausurada desde mayo último, por orden de la jueza en lo Correccional María Laura Pinto.

De hecho varias seccionales locales tienen calabozos clausurados -porque no están en condiciones de ocupación- y en el caso del cupo femenino, en general, se lo traslada a la seccional de Monte Hermoso.

La mujer fue conducida a la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 15, desde donde se definirá su traslado.

La medida se dio luego de la audiencia pública de ayer, en la que participaron las partes, y de la publicación de una nota de lanueva.com que daba cuenta de un incipiente escándalo por presuntas irregularidades en la detención del procesado.

De esta manera Durand había sido aprehendido a dos días del hecho -y al poco tiempo liberado- recapturado 48 horas después y ahora nuevamente excarcelado, aunque sigue imputado y bajo investigación por los delitos de abuso de armas y portación de arma de guerra.

Las dudas que beneficiaron al sospechoso tienen que ver con claras contradicciones entre lo que consta en el acta de procedimiento de la primera aprehensión policial y distintos videos que fueron incorporados por la defensa de Durand, a cargo del abogado Valentín Fernández, y de fuerzas federales de seguridad.

Las imágenes contradicen el documento incorporado a la causa en casi todos sus puntos: la hora de la detención, el lugar, la conducta del detenido (no se resistió, a diferencia de lo que consignaron los policías) y la vestimenta que tenía puesta, entre otras circunstancias.

Durand, en su indagatoria, declaró que lo habían parado caminando, alrededor de las 20, y que en la comisaría le cambiaron la ropa y lo fotografiaron. Y las filmaciones aportadas ratificarían esa versión.

Diferencias y careo

De hecho, a partir de esas contradicciones y versiones distintas entre los policías actuantes (dos de ellos fueron sometidos a un careo), la jueza Promé ordenó investigarlos por posibles delitos de acción pública. 

Luego de la exhibición de los videos, los sargentos Emanuel Salazar y Luis Ponce reconocieron haber sido ellos los filmados y ambos dijeron que llevaron a Durand a la comisaría por averiguación de identidad.

Sin embargo, se contradijeron en un punto medular: Salazar sostuvo que Durand no estaba en poder de una moto. Ponce afirmó que, más tarde, lo aprehendieron con el vehículo, y que Salazar también participó. En el careo mantuvieron sus posiciones. Y además Salazar admitió que firmó el acta sin leerla.

Los oficiales Ramiro Ferraro y Pablo Silva, por su parte, dijeron desconocer que Durand hubiera sido llevado antes a la dependencia. Y Silva agregó que la moto llegó en la caja de una camioneta, dato que el acta omite.

La jueza señaló “la mendacidad en distintas declaraciones” y concluyó que no podía sostenerse el grado de convicción necesario para mantener la medida de detención.

"Las claras contradicciones entre las declaraciones de los preventores policiales y asimismo la contraposición con lo volcado en el acta procedimental que diera cuenta de la aprehensión del imputado conduciendo el motovehículo reconocido por la víctima como el empleado por el autor del hecho, exponen la mendacidad en distintivas declaraciones aportadas por los funcionarios que han intervenido en la investigación, poniendo en crisis el real proceder policial", destacó Promé en el fallo.

La jueza aclaró que la investigación continúa y que subsisten diligencias pendientes: informes de cámaras del CeUM, el rastreo satelital de los patrulleros y nuevas testimoniales.

Por esa razón rechazó, “por el momento”, la nulidad del acta y la exclusión probatoria que pedía la defensa, por considerarlas prematuras.

A su vez Promé, también a pedido de la defensa, ordenó la prohibición de acercamiento a menos de 100 metros del personal policial que cumple funciones en la comisaría Primera tanto con Durand, como su mujer y su hijo.

Se trata de Beatriz Elizabeth Benítez, quien cuenta con antecedentes y ya estuvo detenida en la cárcel de Saavedra, de donde había egresado la semana pasada.

Benítez se encontraba esposada en una oficina, a la espera de ser trasladada hoy a la fiscalía, cuando sobre las 20.25 del jueves pudo zafar de los grilletes, en un descuido de quien debía vigilar el sector (imaginaria).

La oficial había ido hacia el sector de la guardia para buscar las llaves de las esposas para llevar a la sospechosa al baño y en esas circunstancias descubrió que Benítez había huido por los patios del fondo.

Cerrados desde mayo

Autoridades policiales explicaron que la mujer no estaba en un calabozo porque dicha área de la comisaría Cuarta, ubicada en Garibaldi 262, está clausurada desde mayo último, por orden de la jueza en lo Correccional María Laura Pinto.

De hecho varias seccionales locales tienen calabozos clausurados -porque no están en condiciones de ocupación- y en el caso del cupo femenino, en general, se lo traslada a la seccional de Monte Hermoso.

La búsqueda de Benítez se centró anoche y en la madrugada de hoy en la zona de los barrios 9 de Noviembre y Stella Maris, ya que tiene domicilio en la calle Los Naranjos 2.200, pero el resultado fue negativo.

El hecho ocurrió alrededor de las 20.25 de este jueves, cuando la mujer aprovechó un descuido para quitarse las esposas y escapar por los patios de la dependencia policial.

Según informaron fuentes policiales, la fuga se produjo cuando la efectiva que cumplía funciones de imaginaria se trasladó hasta el sector de guardia para buscar las llaves de las esposas y acompañar a la aprehendida al baño. Al regresar, constató que Benítez ya no estaba y que había logrado evadirse.

La mujer había sido detenida el miércoles, alrededor de las 22, en un procedimiento realizado en un hotel de Green, por un hecho de hurto; y se encontraba a disposición de la UFIJ Nº 15.

De acuerdo con la información aportada, Benítez había estado alojada en la Unidad Penitenciaria Nº 19 desde el 7 de mayo de este año y había recuperado la libertad hacía aproximadamente una semana.

Tras constatarse la evasión, se dispuso la clausura de los calabozos por orden judicial.

La investigación busca establecer las circunstancias en las que se produjo la fuga y dar con el paradero de la mujer.

El procedimiento se inició alrededor de las 14.30, a raíz de un llamado al servicio de emergencias 911 que alertaba sobre una pelea en la intersección de Pacífico y Francia.

En forma simultánea, operadores del Centro Único de Monitoreo (CeUM) advirtieron la presencia de un hombre armado en el lugar, aportando características físicas y de vestimenta que permitieron orientar la intervención policial.

Al arribar, efectivos del Comando de Patrullas, con colaboración de personal del Grupo Táctico Operativo de la Comisaría Quinta, constataron que tres hombres mantenían una confrontación con un cuarto individuo, quien portaba un martillo, registrándose agresiones físicas que provocaron lesiones de carácter leve entre las partes.

Durante el procedimiento, los uniformados lograron controlar la situación y procedieron al secuestro de un revólver calibre .38, cargado con cinco cartuchos marca FM FLB SW del mismo calibre, cuya aptitud para el disparo fue informada en las actuaciones.

Como resultado de la intervención, se concretaron las aprehensiones de Cristian Rodrigo Durán (28 años), por tenencia ilegal de arma de fuego y amenazas agravadas; Ignacio Fernández (32), por lesiones; Sergio Ángel Méndez Uribe (34), por lesiones; y Damián Rodrigo Tartuferi Maldonado, por lesiones y amenazas agravadas por el uso de arma impropia.

Respecto de este último, se estableció que habría utilizado un martillo durante la confrontación, elemento que fue descartado y no pudo ser localizado por el personal policial.

Los cuatro aprehendidos fueron trasladados a la Comisaría Quinta, junto con el arma secuestrada, quedando a disposición de la UFIJ 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca bajo las carátulas de "Tenencia ilegal de arma de fuego, Amenazas agravadas y Lesiones recíprocas".

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 12 en una vivienda ubicada en la primera cuadra de calle Biggio, donde los efectivos arrestaron a Martín Alejandro Ferro, en cumplimiento de una resolución emitida por el Juzgado de Ejecución Penal N° 2 Departamental, a cargo de manera interina por Claudio Brun.

La medida judicial se originó a partir de una condena dictada por el Juzgado en lo Correccional N° 2, que le impuso a Ferro seis meses de prisión como autor penalmente responsable del delito de encubrimiento. Dicha sanción había sido convertida en 1.080 horas de trabajos comunitarios y presentaciones periódicas ante el Patronato de Liberados.

Sin embargo, tras agotarse los plazos legales e informes del órgano tutelar que acreditaron que el causante apenas completó 285 horas de las tareas fijadas —adeudando 795 horas—, la Sala I de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal dejó firme la revocación del beneficio de tareas comunitarias.

Ante este incumplimiento, la justicia ordenó su inmediata detención para que cumpla la pena impuesta.

El aprehendido fue trasladado a sede policial y puesto a disposición del magistrado interviniente para la continuidad de los trámites procesales.

De esta manera se confirma la sospecha que había desde los primeros días posteriores a la tragedia ocurrida el 16 de diciembre de 2023, al derrumbarse un paredón en el predio deportivo durante el violento temporal que arrasó Bahía.

Así lo indicó el abogado Sebastián Mazza, que está presentado en la causa como particular damnificado.

Según las pruebas incorporadas al expediente judicial, los peritos oficiales nombrados por la Fiscalía a pocas horas del hecho mantuvieron contactos prohibidos con dirigentes del club, a quienes además les entregaron el informe técnico antes de presentárselo al fiscal Cristian Aguilar, a cargo de la investigación.

"Esta gente tuvo antes el informe que debían presentarle al fiscal; esto surge de la causa y es realmente grave. Sabían lo que los peritos iban a informar antes que la propia Justicia", dijo Mazza.

Las pericias telefónicas ordenadas después del secuestro de los dispositivos en abril y procesadas preliminarmente en Bahía Blanca en junio, comienzan a echar luz sobre una presunta "cadena de favores y complicidades" entre los investigados.

El entramado de encubrimiento quedó al descubierto al comparar las actuaciones de la junta pericial designada por la Justicia.

Dos días después del desenlace fatal, los peritos firmaron un informe inicial que dejaba al descubierto los datos "duros" del colapso.

Sin embargo, entre 40 y 45 días después de ese primer dictamen, los mismos profesionales presentaron un segundo documento con conclusiones completamente opuestas, elaboradas para relativizar los hallazgos originales y frenar el inicio de una causa por el delito de estrago.

"Con un segundo informe que hubiese relativizado todo de forma ilegítima, ilegal y perversa, lo que pretendían era que esto no trascendiera y que no afectara los intereses ni del club ni de las personas involucradas. Estuvieron bastante cerca de conseguirlo", remarcó el letrado, que perdió a su mujer en el derrumbe.

La maniobra -agregó- no prosperó gracias a que el fiscal Aguilar detectó la "llamativa contradicción" entre las conclusiones del primer y el segundo informe, ordenando nuevas medidas de prueba e incorporando estudios de los peritos de la Corte bonaerense.

De acuerdo con la información brindada por Mazza, en las conversaciones telefónicas analizadas los peritos negociaban abiertamente el alcance de los informes para proteger la responsabilidad penal de los directivos de Bahiense del Norte.

"Hay diálogos que son increíbles, en los que un perito dice: 'No vamos a alivianarles toda la responsabilidad, pero por lo menos esto va a ayudar. Esto es fantástico para el club'. Esa no es la tarea de un perito y esto no puede quedar impune", enfatizó el representante legal de las familias de algunas de las víctimas fatales.

El entrevistado remarcó la gravedad "institucional y moral" del hecho, haciendo hincapié en el perfil socioeconómico y profesional de los acusados, quienes tienen títulos universitarios y una posición económica "elevada", lo que -explicó- agrava la responsabilidad de sus actos.

"Es bastante duro porque esta gente se había arrimado a los velatorios de las víctimas y ese mismo día, según surge después, estaban operando con todo este tipo de maquinaciones para ocultar absolutamente todo", aseguró el letrado al servicio informativo de LU2.

Mazza también se refirió a la lentitud en los avances judiciales y criticó que el complejo deportivo ubicado en Salta 28 no haya sido clausurado por las autoridades municipales.

"Sport Club (donde en junio pasado murió un hombre al caer del primer piso) estuvo clausurado, pero Bahiense del Norte nunca estuvo clausurado", comparó el informante.

Si bien las principales pruebas constan en la causa desde enero, a raíz de la denuncia originaria del fiscal Aguilar, Mazza reclamó mayor celeridad en el proceso judicial para evitar que las "maniobras dilatorias" posibiliten la "impunidad" de los culpables.

El abogado Valentín Fernández, quien volvió a reclamar la libertad de su asistido, sostuvo en la audiencia que las imágenes contradicen el documento incorporado a la causa en casi todos sus puntos: hora, lugar, conducta del detenido y vestimenta.

Y personal de una fuerza federal, en tanto, incorporó registros de otras cámaras que corroborarían el contenido del citado video.  

Durand está sindicado como autor del disparo que hirió en una pierna a Luis Oscar Pérez, secretario general del Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento, la semana pasada, frente a la puerta de la casa del sindicalista, en Pedro Pico al 1.500.

El hombre en principio fue liberado, pero a las 48 horas se lo recapturó porque la fiscalía argumentó que sumó una pericia que demostraba que un plomo encontrado en la escena sería de un arma de guerra, situación que agravó la figura.

Sin embargo, el defensor de Durand aseguró que tal pericia no se hizo, sino que se trató de una consulta a un especialista a través de una videollamada por WhatsApp, el domingo a la mañana, horas antes de la nueva detención.

Pero además de cuestionar el agravamiento de la figura legal, Fernández redobló la apuesta y presentó una prueba que podría poner en riesgo casi todo lo actuado. 

Es que obtuvo un video de seguridad que marcaría que la primera detención de Durand se dio en circunstancias absolutamente distintas a las señaladas formalmente por la Policía en el acta que se incorporó a la causa.

Y esos registros habrían sido ratificados por otras imágenes dispuestas por el Ministerio de Seguridad. 

Lo que dice el acta

El acta policial, fechada el jueves 29 de octubre, señala que "a las 21.40 horas aproximadamente" tres sargentos recorrían la calle Elsegood, cerca de Daniel De Solier, abocados a “tareas investigativas, relevamiento de cámaras particulares y públicas”.

Desde un descampado vieron salir una moto 110, roja o bordó, sin pechera delantera, que apagó las luces. Su conductor llevaba casco negro y una campera celeste o gris con capucha, características que los efectivos “rápidamente logran reconocer” como las de los videos del hecho del miércoles 28 (ataque a Pérez).

Detallaron que le dieron la voz de alto y que el hombre aceleró por un camino irregular, perdió la estabilidad y huyó corriendo. Al ser alcanzado, habría arrojado golpes de puño y patadas hasta ser reducido en el piso y esposado.

El acta agregó que la moto es una Gilera Smash, dominio A168QWJ, que todo fue secuestrado y que Durand quedó aprehendido -además del ataque armado- por desobediencia y atentado y resistencia a la autoridad, una causa separada que tramita en la UFIJ Nº 15.

El acta también dejó constancia que el lugar tenía "tránsito nulo" de peatones y vehículos y que por ese motivo se prescindió de testigos hábiles para ratificar el procedimiento.

Lo que muestran los videos

La cámara de seguridad que aportó la defensa -así como las imágenes de la fuerza de seguridad- son de la zona Belgrano al 3.200, en Ingeniero White, a más de un kilómetro del lugar de detención que hizo constar la Policía.

Las imágenes muestran el arresto de quien sería Durand, minutos después de las 20 del día 29 -es decir una hora y media antes de lo consignado-, sin moto, con ropas distintas a las que se mencionaron en el acta y sin ningún tipo de forcejeo ni enfrentamiento con los agentes que arribaron en un patrullero.

Según la defensa, el hombre detenido en la zona urbana de White tiene zapatillas y remera claras y pantalón oscuro (sin campera ni capucha).

La defensa no solo cuestionó la hora, el lugar, las formas y el material secuestrado que constan en el acta, sino también marcó en el video la presencia de otras personas circulando por el sector, cuando los policías mencionaron en el acta que no pudieron sumar testigos hábiles al operativo por tratarse de una zona descampada.

Trascendió que personal de la Policía Federal -una fuerza ajena a la Bonaerense, que trabajó en las actuaciones- allanó un inmueble ayer a la tarde para secuestrar el DVR de la cámara aportada, con el fin de confirmar que las imágenes no están alteradas.

Careo y dudas

Dos de los tres policías que figuran en el acta de procedimiento fueron careados ayer en el ámbito de la UFIJ Nº 7, a cargo de la fiscal Marina Lara.

Ambos mantuvieron sus dichos entre los que surgen diferencias sobre cómo fue el operativo del día 29 de octubre.

Uno dijo que fueron los tres agentes que primero identificaron al acusado y, más tarde, lo aprehendieron, pero el otro negó haber estado presente al momento de, supuestamente, interceptar a Durand con la moto en su poder.

Con este panorama, la defensa de Durand pidió la nulidad de todas las actuaciones a partir de lo que considera un acta de procedimiento que contiene falsedad ideológica, falso testimonio y hasta una posible privación ilegal de la libertad. 

Por otro lado, el abogado consideró que el único indicio que vincularía a Durand con el hecho es el uso de una moto de las características a las que usaba el autor del disparo, sin otra prueba de peso.

El hallazgo del cuerpo se produjo en el camino vecinal La Primavera, en el cruce con el de La Jacinta, punto ubicado a 15 kilómetros de Huanguelén y a 30 kilómetros de la ciudad cabecera. 

La víctima fue identificada como María Elina Cook.

Trascendió que el menor -no identificado por razones legales- le habría provocado la muerte a Cook golpeándola con un objeto contundente y arrojándola del rodado en el que se movilizaban. A continuación, tomando el volante del vehículo, decidió atropellarla y huir del lugar. 

Ya en su casa, el joven le habría comentado el fatal episodio a su hermano. Luego de esto y, tras protagonizar una colisión vial, terminó confesando el hecho de sangre ante la presencia de testigos y un ayudante de la fiscalía. 

Inicialmente, el ahora detenido habría tenido una pelea con el dueño del campo en el que trabajaba y luego decidió marcharse del lugar. 

Cuando iniciaba su regreso a pie, le pidió ayuda a Cook para que lo trasladara hasta la ruta así hacía dedo con destino a Coronel Suárez.

En la camioneta de la víctima se produjo una discusión -la versión policial es que el joven le recriminó que no le prestó el celular- y en esas circunstancias la atacó con un elemento contundente en la cabeza, la tiró del vehículo y la atropelló, para luego fugar.

La investigación, a cargo de la UFIJ N° 20, cuyo titular es el fiscal Rodolfo De Lucia, determinó que entre julio y el 4 de septiembre de 2023, el imputado, que entonces tenía 25 años, utilizó una cuenta de Instagram bajo el nombre falso de Ezequiel Hernández para entablar contacto con una niña de 14 años, a quien conocía previamente por desempeñarse como docente en el establecimiento educativo al que ella asistía.

A través de dicha aplicación, el condenado mantuvo diversas conversaciones con la menor con el propósito de atentar contra su integridad sexual, intentó generar un mayor vínculo, le envió mensajes de contenido sexual, le propuso un encuentro personal con fines sexuales y le solicitó imágenes de sus partes íntimas, las cuales la víctima le envió junto con las de una amiga.

La Justicia además acreditó que el 4 de septiembre de 2023 el hombre produjo imágenes con fines sexuales de la misma adolescente y de una amiga de 15 años. Aprovechándose de la relación previa, les solicitó mediante la misma red social que obtuvieran fotos sexuales y se las enviaran a cambio de la suma de 10.500 pesos, dinero que autorizó a retirar por cajero automático en dos operaciones realizadas esa misma tarde.

Como consecuencia de la modalidad de pena impuesta, la magistrada dispuso que el condenado cumpla durante el plazo de 3 años diversas reglas de conducta, entre las que se incluyen fijar residencia, someterse al cuidado del Patronato de Liberados, la prohibición absoluta de contacto y de acercamiento a menos de 100 metros de las víctimas y la realización de un tratamiento psicológico previa evaluación de su necesidad y eficacia.

La magistrada, que por ahora no definió el fondo de la cuestión, pidió informes previos al Estado antes de resolver la cautelar y el expediente avanza hacia un debate de fondo sobre el impacto tarifario en los bahienses.

La demanda había sido interpuesta de manera conjunta por el intendente municipal, Federico Susbielles (en su carácter de usuario afectado), la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores (ADDUC) y el Club Atlético Estrella, bajo el patrocinio letrado de los abogados Osvaldo Héctor Bassano y Luis Alberto Calderaro.

El núcleo del planteo radica en que la quita de los beneficios de la Zona Fría —régimen que se había incorporado a través de la Ley 27.637 en base a parámetros climáticos objetivos y técnicos— se realizó sin una justificación suficiente. 

Según advirtieron los impulsores de la acción, la medida se traduce en incrementos inmediatos de entre el 50% y el 100% en las facturas de gas para familias, comercios y entidades de bien público en una región marcada por fuertes necesidades de calefacción durante el invierno.

En su fallo, la jueza Marrón encuadró el reclamo dentro de los derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos (siguiendo la doctrina de la Corte Suprema en el célebre fallo “Halabi”). 

Delimitación

De este modo, delimitó formalmente el colectivo afectado: quedó circunscrito exclusivamente a los usuarios residenciales y entidades de bien público (amparados por la Ley 27.218) cuyos suministros se encuentren dentro de los límites territoriales del Partido de Bahía Blanca, respaldándose en las características bioambientales y la marcada estacionalidad térmica de la zona.

Si bien la presentación inicial incluía un pedido urgente de medida precautelar para frenar los efectos de la ley de inmediato y evitar cortes en el suministro por falta de pago, la magistrada adoptó un temperamento prudente enmarcado en la Ley 26.854 (reguladora de medidas cautelares contra el Estado).

En este sentido, Marrón resolvió requerir al Estado Nacional y al ENReGE el informe previo por el plazo de tres días (más la ampliación por razón de la distancia), a los fines de evaluar el interés público comprometido antes de expedirse sobre la suspensión solicitada. Asimismo, anticipó el rechazo de la medida interina (precautelar) que buscaba obviar este paso procesal, y ordenó consultar al Registro Nacional de Procesos Colectivos para verificar si existen causas idénticas en trámite.

Con este paso formal cumplido, la causa entra ahora en una etapa de debate crucial donde el Gobierno nacional deberá justificar las razones técnicas y presupuestarias de la exclusión bahiense, mientras la comunidad aguarda una definición judicial que frene el fuerte impacto tarifario en las boletas de gas.

Fue anoche, en el local conocido como Vito Corleone, ubicado en la avenida Colón 72, donde un hombre que habría sido empleado del lugar, fue a hacer el reclamo por dinero adeudado, pero todo terminó de la peor manera.

César Oscar Obregón, de 35 años, fue aprehendido por la Policía Local y el Cuerpo Motorizado, luego de que supuestamente agrediera a una mujer de 42 años (sufrió lesiones leves en un brazo) y amenazara con matar al dueño del comercio, de 45, y con prender fuego el establecimiento.

"El conflicto se habría originado a raíz de un reclamo por una presunta deuda de haberes, ya que el aprehendido habría sido empleado del comercio", confirmó una fuente policial.

La captura de Obregón, que fue puesto a disposición de la UFIJ Nº 15, se dio en la esquina de Villarino y Darregueira.

Por el hecho policías de la comisaría Cuarta bahiense aprehendieron a Juan Manuel Valenzuela (26), que está siendo investigado en relación con el delito de hurto.

El procedimiento se llevó a cabo en la casa 44 del barrio Luigi, en Punta Alta, donde los efectivos secuestraron los productos sustraídos aparentemente por Valenzuela, valuados en 1.000.000 de pesos.

Los agentes de seguridad incautaron 38 bolsas de café, 100 vasos descartables con sus correspondientes tapas, seis botellas de líquido de coco y 14 botellas de fusión pistacho.

La persona damnificada denunció lo sucedido el jueves pasado, cuando pidió un viaje a la plataforma de transporte desde Parera al 300, en Villa Mitre.

El denunciante manifestó que una vez efectuada la carga de su mercadería en el rodado, el chofer escapó del lugar con los bienes.

Personal de la sede policial villamitrense reunió testimonios "clave" y analizó imágenes de cámaras de seguridad de ese sector.

Con estos elementos probatorios, la jueza de Garantías Nº 4 bahiense, Marisa Promé, autorizó el allanamiento solicitado por la fiscal Marina Lara, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 7.

Se trata de la causa que investiga el disparo en una pierna que sufrió hace una semana el secretario general del Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento, Luis Oscar Pérez, cuando salía de su casa, en Pedro Pico al 1.500.

El descargo de la defensa expone lo que considera severas desprolijidades de la investigación penal, apuntando tanto contra el viraje de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 7, como contra el accionar de los funcionarios policiales.

Al día siguiente de la agresión, Durand -tras el análisis de distintas cámaras sobre el aspecto físico del ejecutante, la moto que ocupaba y la dirección de fuga- fue arrestado en Ingeniero White.

Exigen en Fiscalía el avance de la causa por el ataque a tiros contra un dirigente gremial

Sin embargo, poco después la fiscal Marina Lara dispuso su libertad, al considerar que no existían riesgos procesales, aunque le fijó una medida perimetral respecto de Pérez.

Pero apenas 48 horas más tarde, la misma fiscal cambió su postura -según declaró, sumó nueva prueba pericial de importancia- y agravó la calificación legal como abuso de armas en concurso ideal con portación ilegal de arma de guerra sin autorización legal y ordenó detener nuevamente al estibador portuario, medida que se concretó el domingo a la tarde.

Para el abogado Fernández, este cambio es "contradictorio" y carece de nuevos fundamentos reales.

Pericia por videollamada

Según la defensa de Durand, el agravamiento de la calificación a "arma de guerra" se basó exclusivamente en la declaración realizada el domingo, por videollamada de WhatsApp, del comisario Cristian Alberto Rasmussen, experto en balística (analizó un plomo deformado hallado en la escena del hecho), que ni siquiera se encontraba en la ciudad, ni firmó el acta.

La opinión del perito, acerca de que el fragmento podría ser de un calibre 38 o 357 (armas de guerra), "se construyó sobre imágenes de un pesaje realizado con una balanza portátil apoyada sobre el asfalto de la calzada y sobre la medición de un objeto que él mismo describe como completamente deformado".

"Ese acto no es una pericia, ni puede suplirla", expresó el letrado en el escrito, para remarcar que el arma utilizada hasta ahora no se secuestró.

También dijo la defensa que no hay elementos de prueba para sindicar a Durand como autor del hecho.

Argumentó que la propia víctima en su indagatoria dijo que, si bien trabaja como estibador en el puerto, no conoce a Pérez y que aquella mañana, a la hora del disparo (poco antes de las 9), estaba en su casa junto a su hijo.

Además marcó que las descripciones físicas del agresor, aportadas por el gremialista, variaron drásticamente en sus tres declaraciones y que la figura del atacante no coincide con la contextura de un hombre de 50 años.

Durand, en su indagatoria, aseguró que cuando lo llevaron a la comisaría le quitaron el pantalón y luego se lo devolvieron roto a la altura de la rodilla, que lo obligaron a vestirse con una campera gris para fotografiarlo y que habrían secuestrado prendas de vestir de su casa antes del allanamiento judicial.

Sin riesgo procesal

El abogado, por otra parte, le aseguró a la jueza Marisa Promé que no existen riesgos procesales para mantener en libertad durante el proceso a Durand, porque no tiene antecedentes y durante las 48 horas que pasaron desde la primera aprehensión a la segunda, no se alejó de los lugares que frecuenta.

También dijo que tiene arraigo familiar, domicilio fijo en Ingeniero White y trabajo estable.

Fernández pidió que se declare su libertad bajo caución juratoria y, a modo subsidiario, ofreció una restricción de acercamiento absoluta a la víctima, a su hogar y a la sede del sindicato.

Durante el procedimiento, los efectivos policiales secuestraron dosis de cocaína, teléfonos celulares y dinero en efectivo, elementos que quedaron incorporados a la investigación judicial.

Como consecuencia del operativo, se procedió a la aprehensión de una mujer, identificada como Yanira de los Ángeles Armans, quien en las próximas horas será indagada en la fiscalía interviniente.

La causa continúa bajo la órbita de la Justicia, que buscará determinar las circunstancias y posibles responsabilidades vinculadas a la actividad investigada.

Interviene el Juzgado de Garantías Nº 3 y la UFIJ Nº 19.

El procedimiento tuvo su origen a partir de una intervención de emergencia realizada el 1 de julio pasado, en un inmueble ubicado en la calle 1810 al 300 de Bahía Blanca.

En el lugar, personal policial constató la existencia de un cultivo de cannabis bajo entorno controlado que arrojó un total de 18 plantas con un pesaje global de 4.300 gramos.

Tras la constatación de la sustancia ilícita por parte de los efectivos, la fiscalía temática (UFIJ Nº 19) requirió las medidas cautelares correspondientes. Asimismo, el Juzgado de Garantías Nº 2 ratificó el secuestro de los elementos dispuesto en el acta de inicio.

El pasado 3 de julio, el juez actuante ordenó formalmente la detención de Notti Araneda por su presunta autoría en el delito de tenencia simple de estupefacientes.

Tras mantenerse prófugo, la medida fue efectivizada por personal de la DDI en las últimas horas y está previsto que hoy se le reciba declaración en los términos del artículo 308 del Código Procesal Penal.

El paciente tiene heridas en el brazo izquierdo, en la zona del omóplato izquierdo y en la región sacra izquierda, en la parte baja de la espalda.

A raíz de los puntazos, el joven también resultó con un neumotórax, es decir aire acumulado en el espacio pleural (hueco entre el pulmón y la pared del tórax) que dificulta su respiración.

Apenas Silva ingresó en el servicio de emergencias, poco antes de las 18 de ayer, el equipo médico inició la reanimación hemodinámica y suturó las heridas cortantes en el sector de Cirugía.

El ataque se produjo en inmediaciones de Pacífico y Patricios, durante una discusión familiar.

Según la Policía y los testimonios recogidos en el lugar, el agresor sería su primo, Facundo Axel Silva (19), quien huyó en una moto.

Horas después fue aprehendido en Holdich al 1800, donde efectivos policiales secuestraron un par de zapatillas con aparentes manchas de sangre.

Además incautaron un arma blanca que habría sido utilizada durante el hecho y que descartaron en el lugar de la pelea.

Las primeras averiguaciones indican que el enfrentamiento se habría originado por problemas personales entre ambos adolescentes.

El intento de asesinato está siendo investigado por el fiscal de homicidios, Jorge Viego, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 5 bahiense.

La aprehendida fue identificada como Leonel Beatriz Carrasco, quien se había presentado alrededor de las 19:30 en un inmueble ubicado en Fragata Sarmiento al 7100, del barrio Portal del Este, con la intención de buscar a su hija de 17 años, que se encontraba en el domicilio de un familiar.

Carrasco, según detalla el informe policial, habría ingresado a la propiedad sin el consentimiento de la ocupante, una mujer de 35 años, y ocasionado daños en la puerta de entrada.

Ante esta situación, efectivos del Comando de Patrullas de Bahía Blanca acudieron al lugar y, tras constatar las circunstancias denunciadas, procedieron a su aprehensión.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría Tercera e interviene la UFIJ Nº 15 del DJBB.

La causa fue caratulada como daño y violación de domicilio.

El joven fue atacado con un arma blanca durante una discusión con su primo y, según el informe de la policía, personal del Comando de Patrullas acudió al lugar tras recibir un llamado que alertaba sobre una confrontación entre familiares. Al arribar encontraron a Agustín Silva, de 19 años, con tres heridas de arma blanca en el brazo y el torso, además de una importante pérdida de sangre.

De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, el presunto autor del ataque sería su primo, Facundo Axel Silva, también de 19 años, quien habría escapado en una motocicleta luego de la agresión.

Tras un operativo policial, el sospechoso fue localizado y aprehendido en Holdich al 1800. Durante el procedimiento, se secuestraron un par de zapatillas que presentaban aparentes manchas hemáticas. También incautaron un arma blanca que habría sido descartada en el lugar del enfrentamiento.

En tanto, la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Municipal, donde debió ser intervenida quirúrgicamente debido a la gravedad de las lesiones. Al momento de las actuaciones, permanecía internada bajo atención médica.

Las primeras averiguaciones indican que la pelea se habría originado por problemas de índole personal entre ambos familiares.

El aprehendido quedó alojado en una dependencia policial e interviene la UFIJ N° 5.