El atraco se produjo en un inmueble ubicado en Estomba al 2.100, en el que lo ladrones accedieron por el sector trasero y sorprendieron a las víctimas.

Los voceros mencionaron que los individuos, quienes actuaron encapuchados, redujeron a los dueños y los ataron, para luego apoderarse de dinero en efectivo y joyas.

Los sujetos escaparon del lugar llevándose una camioneta Toyots Hilux perteneciente a los damnificados, que poco después fue hallada abandonada en el sector de Fabián González al 800.

El hecho es investigado por personal de la comisaría Séptima y la UFIJ Nº 11.

Se trata de Gerardo Mario Minelli, de 23 años, quien manejaba una moto Rousser NS200 que había sido sustraída de 9 de Julio al 1.200.

Según indicaron desde la Comisaría local, fue el miércoles a la noche y a Minelli lo interceptaron en pasaje La Pampa al 200, a unas 6 cuadras del lugar del hecho.

Agregaron que a raíz del rápido despliegue de un operativo cerrojo y del seguimiento a través de las cámaras del Centro de Monitoreo, se logró detectar la circulación de la moto, concretar su recuperación y aprehender al sospechoso.

Minelli quedó alojado en la Comisaría de Punta Alta, a disposición de la Fiscalía Nº 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.
 

Se trata de Julián Agustín Pintos Parra, de 22 años, cuya situación procesal mejoró, porque para el fiscal Jorge Viego, a cargo de la causa, no se puede descartar que haya sido autor del homicidio de Juan Ignacio Sacur (23), pero con exceso en la legítima defensa.

Entendió Viego que Pintos Parra se defendió (aunque con exceso) de una agresión provocada por la víctima y por ese motivo anunció que no iba a pedir que se convirtiera en prisión preventiva su detención.

Para llegar a esa conclusión valoró principalmente la declaración de la novia del fallecido -y amiga del acusado-, el resultado de la autopsia (el fallecido solo tendría la herida mortal y lesiones en los nudillos) y la declaración del propio Pintos, según se informó.

Sacur, un exbasquetbolista muy querido en el club Estrella, y que vivía frente a esa institución del barrio San Martín, falleció en el hospital Penna un día después del ataque, tras sufrir una herida con un arma blanca en la zona inguinal izquierda, que le afectó la arteria femoral.

Trascendió que fue la víctima quien se dirigió a la casa de Pintos Parra, en Munilla al 900, para increparlo por alguna reacción (supuestamente un emoji de fuego y algún comentario) que éste habría tenido a un reel relacionado con la novia de Sacur.

Cuando Pintos Parra -oriundo de Villa Regina- llegaba a su vivienda luego de cursar la carrera de Profesorado de Educación Física, se topó con Sacur, quien supuestamente lo atacó a golpes.

En ese contexto el acusado, visiblemente conmocionado, declaró que se defendió y que para ello tomó uno de los cubiertos que guardaba en un recipiente plástico, tipo tupper, en el cual llevaba su almuerzo.

Si bien el joven ya recuperó la libertad desde la comisaría Cuarta, seguirá vinculado a la causa judicial que instruye el titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 5.

Se esperan nuevas medidas de prueba. La familia de la víctima habría formalizado la presentación de un abogado.

Según se indicó desde las fuerzas de seguridad a La Nueva., el vehículo fue encontrado en la intersección de Jujuy y Calvo, y ya fue entregada a su propietario

El robo se había producido en la madrugada del miércoles en la zona de calle Falcón al 1.000, donde autores desconocidos se apoderaron de un rodado marca Ford Ranger, de color gris.

"Por lo que pudimos ver en alguna cámara se la llevaron alrededor de las 4.45, aunque recién nos dimos cuenta a eso de las 9. Aparentemente la abrieron, empujaron un poco para sacarla del frente de la casa y finalmente la arrancaron y escaparon. Hicimos la denuncia, pero hasta el momento no tenemos novedades", contó Emanuel.

Agregó que "la camioneta la estaba usando mi hermano, que trabaja como camionero y la utilizaba todos los días para ir hasta su trabajo".

La aprehensión se desarrolló alrededor de las 18.30, en Posta Rolando y La Arcada.

En ese lugar fue capturado Abel Álvarez, de 29 años, por parte del personal de la Comisaría Primera.

Según se indicó, el delincuente había sido grabado robando en una despensa ubicada en Maestro Piccioli al 500. En la filmación se lo ve sustrayendo mercadería entre sus ropas.

Luego de tareas investigativas, la policía logró establecer su ubicación y proceder a su detención, siendo puesto a disposición de la Fiscalía N° 7.

Álvarez ya había sido detenido el año pasado por ser el autor material de varios hechos contra la propiedad en el barrio San Carlos.

El operativo se llevó a cabo a partir de la decisión del Juzgado de Garantías N° 4 y la autoridad fiscal del distrito.

Según se indicó desde las fuerzas de seguridad, el allanamiento se llevó a cabo en el domicilio de la vecina Betiana Mastrangelo, por infracción a la Ley N° 14.346 de Malos Tratos y Actos de Crueldad a los Animales.

En el lugar se secuestraron un perro de pelaje amarillo, otro de pelaje negro, otro de pelaje blanco con manchas negras, otro de estatura mediana y un ovino.

Los animales quedaron a resguardo del personal de Zoonosis.

Participó del operativo personal de la Estación de Policía de Seguridad Villarino Segunda, juntamente con personal de Zoonosis municipal.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas para distintas zonas del país. Hay advertencias por tormentas en el sur y centro de Entre Ríos, por nevadas en la cordillera y por viento zonda en el noreste. En Santa Fe, el mal tiempo continuará durante la tarde.

En la ciudad santafesina de Las Rosas se registraron heridos y se encuentran trabajando el cuerpo de bomberos voluntarios y defensa civil. Actualmente, la tormenta está pasando por el sur y centro de Entre Ríos y hay reportes de granizo y viento en Rosario del Tala y cortes de luz en distintas localidades.

Las rutas más afectadas son la 178 y la 65, la segunda siendo una de las más importantes para la producción nacional. También rige una advertencia para las rutas 12 y 14.

Los daños provocados por la tormenta

Marcos Escajadillo, secretario de Protección Civil y Gestión de Riesgo de Santa Fe, describió cómo enfrentan los daños por la tormenta: “Hubo viento muy fuerte y hubo 15 voladuras de techo. No hay heridos de gravedad, pero aun así activamos protocolos y están participando en conjunto los municipios junto con los cuerpos de bomberos voluntarios”.

El funcionario afirmó que aún siguen discutiendo qué medidas tomar para las escuelas: “Estamos viendo qué hacemos respecto al dictado de clases; para eso evaluamos todos los edificios escolares, más que nada porque el viento tiró ramas, postes y cables”.

El viento Zonda provocó el vuelco de aproximadamente 10 camiones, a lo que siguen evaluando la magnitud de los daños provocados por el temporal: “Los camiones se quedaron al costado de la ruta porque el clima afectaba el tránsito; lo más afectado es el casco urbano”. (con información de TN)

El juez del Tribunal en lo Criminal N° 1, Ricardo Gutiérrez, le impuso la sanción a Emanuel Alejandro Colo, quien fue hallado culpable del delito de robo doblemente agravado por escalamiento y por lesiones graves, daño y privación ilegal de la libertad agravada.

Entre jueves y viernes próximos, en dependencias del Tribunal en lo Criminal Nº 1, se desarrollará el juicio oral y público para analizar la conducta de Emanuel Alejandro Colo, quien se encuentra detenido por un violento robo cometido en Punta Alta.

Para el magistrado quedó probado que el 16 de septiembre de 2024, alrededor de las 5, Colo y un cómplice aún no identificado escalaron un paredón de casi tres metros y accedieron a la parte trasera de una vivienda ubicada en Bernardo de Irigoyen al 1.100.

Los sujetos rompieron el vidrio de una ventana e ingresaron al inmueble, donde abordaron a una mujer de 71 años y le aplicaron patadas y golpes de puño en todo su cuerpo.

La víctima fue trasladada al living de la propiedad, donde uno de los sujetos la tomó del cuello mientras el otro revisaba el lugar en búsqueda de dinero y pertenencias.

En esas circunstancias los sujetos la ataron de pies y manos, la amenazaron de muerte exigiéndole la entrega de efectivo y finalmente se apoderaron de 3.400 dólares y unos 100 euros.

Los ladrones tomaron las llaves de la casa y escaparon dejando encerrada a la damnificada, quien pudo ser rescatada luego de unas tres horas.

Producto del ataque la mujer sufrió politraumatismos, fracturas de varios arcos costales bilaterales, de tobillo derecho (requirió tratamiento quirúrgico) y hematomas en sus ojos.

De esa manera avaló la decisión que había adoptado su subordinado, el fiscal instructor Cristian Aguilar, y se manifestó en contrario a la postura que tiene la querella (representante legal de la familia de la víctima, Juan Roberto Cafasso), que pretendía mantener el cierre del local ante la eventualidad de una pericia ampliatoria o una inspección ocular.

"Entiendo que no corresponde hacer lugar a lo peticionado. Ello toda vez que la finalidad que sustentó la adopción de la medida se encuentra cumplida. En efecto, el señor agente fiscal actuante ya se ha expedido sobre el punto", dijo Fernández en un escrito firmado hoy.

Consideró que la decisión adoptada por Aguilar "resulta razonable", teniendo en cuenta que la eventual necesidad de requerir aclaraciones "no constituyen circunstancias que, por sí mismas, justifiquen la extensión en el tiempo de una medida de preservación cuya finalidad ya se encuentra cumplida". 

Esto determinaría el levantamiento de la clausura desde el punto de vista judicial y ahora seguramente se dará en el plano administrativo.

Sin embargo, la medida no significa que el gimnasio volverá a abrir sus puertas al público sino que sus dueños quedarían en condiciones de acceder para realizar las medidas de refacciones necesarias que les permitan la habilitación.

Una de ellas, que ya se había iniciado hace algunos meses, antes de la captura del sospechoso el pasado domingo en Florencio Varela, es la posible colaboración con Del Valle de un hermano que es policía.

Se trata de Sergio Martín Lescano, de unos 45 años, quien forma parte de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. 

Lescano se desempeña en el área de Investigaciones Orientadas en la Trata de Personas, según se supo.

La querella está convencida de que el uniformado auxilió a Del Valle mientras se mantuvo en la clandestinidad, tanto en el Gran Buenos Aires como antes en la ciudad de Mar de Ajó, donde tienen familiares. 

Los investigadores, a su vez, cuentan con información y testimonios que permiten inferir que podría haber brindado colaboración al hombre mientras estuvo en calidad de prófugo.

"Esas circunstancias fortalecen la hipótesis de que podría contar con conocimientos o herramientas que faciliten el ocultamiento del investigado o le permitan anticipar medidas judiciales o policiales", comentó una fuente. 

En junio pasado hubo allanamientos en distintos domicilios, tanto en Mar de Ajó como San Francisco Solano, y personal de la Policía Federal se entrevistó con Lescano, pero no pudo encontrar a Del Valle.

En distintos lugares

Se estableció que luego de irse de Puan, Del Valle llegó a CABA, donde tramitó su DNI con identidad falsa (Martín Lescano), luego vivió en la provincia de San Luis, en el partido de La Costa y, finalmente, en el conurbano.

Distintos testigos que fueron incorporados a la causa dieron cuenta que el abusador "se frecuentaba con su hermano".

Del Valle, según las declaraciones, muchas veces se mostraba con identidad falsa (como "Martín Lescano" o "Martín Morales") y se conocía por el apodo de "Jabalí", mientras que a su hermano lo conocían como "El Zorro".

Los abogados de la víctima de la violación, encabezados por Yamila Segovia, plantearon a su vez que buscan determinar un inventario patrimonial del hombre, teniendo en cuenta que habría incumplido su obligación alimentaria respecto de 4 hijos menores, entre ellos la niña que nació producto del abuso.
 

Cecil Luján Valcarcel, quien venía desempeñándose como administrador interino, fue reemplazado por el agente Luciano Schena, según la disposición 112/2026, que figura en el Boletín Oficial de la República Argentina publicado hoy.

Valcarcel, en tanto, fue trasladado a la Dirección General Aduanera de Río Colorado, en la provincia de Río Negro.

La medida, dispuesta por la Subdirección General de Operaciones Aduaneras del Interior, se dio al tiempo del avance en la causa que tiene como principal sospechoso al encargado del área de Investigaciones de la Aduana local, Federico Ezequiel Munafó, quien habría sido removido preventivamente del cargo en las últimas horas.

Se aclaró que la investigación, en el marco de la oficina local, por el momento solo abarca a Munafó, quien a su vez es vocal titular del Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina (SUPARA).

En los últimos días se allanó la oficina de Munafó, en el edificio central de San Martín 145, así como su vivienda y la casa de una expareja.

La Prefectura Naval Argentina logró el secuestro de celulares, computadoras y documentación que son analizados por los pesquisas.

La investigación se inició a fines del año pasado, luego de una batería de allanamientos, por infracción a la ley de marcas, que involucró a los locales de la firma X MENOS + PRENDAS, y que estuvieron a cargo de personal de la Policía Federal.

Se cree que Munafó -quien habría ingresado al organismo hace casi 20 años, de la mano del entonces jefe de la exAFIP, Ricardo Echegaray- habría filtrado información sensible relacionada con los allanamientos en esa causa y le habría ofrecido al comerciante los servicios de un estudio de abogados de la Capital.

El delito se cometió sobre las 22.50 en un mercado ubicado en la calle Siempre Verde al 6.600, en el sector cercano a Grünbein.

Dos encapuchados irrumpieron en el local y, mediante el uso de una arma tipo escopeta, intimidaron al comerciante y le sustrajeron dinero en efectivo, además de distintos productos que estaban a la venta.

Durante el hecho, uno de los autores agredió físicamente al damnificado mediante un golpe con la culata del arma en la región cefálica, provocándole una lesión cortante que no revestía gravedad.

 Antes de retirarse, los asaltantes sustrajeron un utilitario Renault Kangoo verde, a la cual le retiraron ambas chapas patentes antes de darse a la fuga.

Conocido el robo, se montó un amplio despliegue y personal del Comando, conjuntamente con la Policía Local y la comisaría Tercera -con el aporte clave de las cámaras del CeUM- dieron con el vehículo sustraído, sobre las 23.40, en Beruti al 4.000, del cual dos hombres descargaban mercadería.

Al advertir la presencia policial, ambos emprendieron la fuga, pero lograron la captura de García, mientras que su cómplice pudo fugar.

En el mismo procedimiento se secuestraron dos escopetas recortadas, una moto Mondial con pedido de secuestro activo, un televisor Noblex de 42 pulgadas, una balanza comercial, una freidora de aire, dos garrafas de 20 kilos y diversa mercadería, coincidentes con los denunciados como sustraídos.

Asimismo, se recuperó el vehículo utilizado durante la fuga, quedando la totalidad de los elementos secuestrados incorporados a la investigación.

García fue derivado a la comisaría whitense, mientras continúan las tareas tendientes a localizar al resto de los involucrados, con injerencia de la UFIJ Nº 11.

Se instruyen actuaciones bajo la carátula de robo agravado por el uso de arma de fuego y encubrimiento.

El operativo, inicialmente ordenado por una causa de amenazas, además, permitió decomisar un arma de aire comprimido y 36 gramos de cocaína.

Esto se había originado cuando un hombre de 38 años denunció que recibía amenazas de muerte vía telefónica. 

Luego de diversas tareas investigativas se pudo detener a Javier Molinari, de 53 años, durante el reciente procedimiento.

El accionar policial contó con el trabajo conjunto de fuerzas de Punta Alta, Bahía Blanca y la seccional Tercera, de Ingeniero White.

Toma intervención en la causa la Ayudantía Fiscal de Coronel Rosales y la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio número 19.

Del Valle estuvo prófugo casi 15 años y para la jueza Claudia Olivera debe ser sobreseído por prescripción de la acción penal, aunque la Cámara Penal (Sala I) revocó esa decisión (días antes de la captura del sospechoso en Florencio Varela) y pidió profundizar los informes de antecedentes ante la posibilidad de que haya cometido un nuevo delito en la clandestinidad.

La defensa oficial de Del Valle planteó un hábeas corpus por considerar arbitraria la detención del hombre, pero los jueces Manuel Bouchoux y Mario Eduardo Kohan, de la Sala V de Casación, rechazaron el planteo. 

Piden que se investigue el patrimonio del abusador Alberto Del Valle

"Es doctrina de este tribunal que la presentación directa del hábeas corpus ante esta sede es formalmente inadmisible, salvo supuestos de gravedad institucional o la existencia de cuestiones de carácter federal", explicaron en el fallo.

"Las cuestiones planteadas, así como los cuestionamientos al sistema judicial formulados por el peticionante, resultan evidentemente ajenos a la vía intentada, de modo que no podrían ingresar en ninguno de los supuestos en los que excepcionalmente se admite la presentación directa ante este tribunal", agregaron.

Sin embargo, al confirmar el rechazo también ordenaron que el Juzgado de Garantías N° 1 (hoy no está a cargo de Olivera, sino de su colega Guillermo Mércuri) que resuelva la situación procesal del imputado "con la mayor celeridad posible".

El magistrado local, en consecuencia, tendrá que definir si mantiene entre rejas a Del Valle o le otorga la libertad por la prescripción del plazo para juzgar la violación.

Desde la acusación consideran que cometió otros delitos estando prófugo, que interrumpirían dicho término, como el incumplimiento de las obligaciones alimentarias en favor de 4 hijos menores, entre ellos la pequeña que nació producto del abuso sexual.

El hecho se produjo esta mañana, sobre las 9, en Sixto Laspiur al 800, casi al llegar a la esquina de Bravard.

Fue protagonizado por el conductor de una camioneta Ford Ranger DC 4x2, patente LZP 683, modelo 2012.

El hombre fue identificado por la Policía como Enzo Darío Errea.

Al dar aviso al 911, efectivos de la Policía Local, así como personal de Defensa Civil y una ambulancia del servicio Siempre, se presentaron en el lugar y confirmaron que dentro del habitáculo el chofer estaba desvanecido.

Para retirar al hombre en principio debieron romper la ventanilla del acompañante y luego confirmaron su fallecimiento.

El operativo en el lugar se extendió por varias horas, incluso hasta pasado el mediodía.

Desde la comisaría Primera señalaron que el procedimiento se produjo alrededor de las 10, en Alsina y Chiclana, donde los efectivos interceptaron a Franco Javier Martínez, apodado "Ticky", de 34 años.

Los voceros mencionaron que desde hace un mes se encontraba prófugo en el marco de una causa por robo agravado por el uso de arma de fuego y por ser cometido en poblado y en banda.

El hecho, según indicaron, ocurrió el pasado 31 de octubre de 2025, en Punta Alta, donde delincuentes armados sustrajeron un automóvil.

Mencionaron que Martínez había sido aprehendido por el hecho y luego fue excarcelado, aunque continuó ligado a la investigación.

Además, refirieron que cuenta con antecedentes vinculados a delitos contra la propiedad e infracción a la ley de drogas.

La abogada Yamila Segovia, hermana de la víctima, una pequeña de 11 años que fue abusada durante 2009 en Puan, presentó en la fiscalía una serie de medidas que buscan reconstruir el patrimonio de Del Valle durante los casi 15 años que estuvo prófugo.

Esto tiene que ver con que supuestamente incumplió las obligaciones alimentarias con 4 hijos, incluida la pequeña que nació como resultado de la violación.

El artículo 2 bis de la Ley 13.944 prevé penas de 1 a 6 años de prisión a quien, con la finalidad de eludir el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias, "maliciosamente destruyere, inutilizare, dañare, ocultare, o hiciere desaparecer bienes de su patrimonio o fraudulentamente disminuyere su valor".

Segovia, junto con su colega Norberto Filippini, formalizó un escrito mediante el cual pide impulsar la investigación en este marco.

Creen que Del Valle ocultó bienes mediante personas interpuestas (posibles testaferros) para sustraerse de sus deberes legales. 

Explicaron que mientras estuvo prófugo residió o dispuso de un inmueble que no estaba a su nombre, así como vehículos y propiedades de alquiler. 

"Esa circunstancia reviste importancia porque permite formular la hipótesis que distintos bienes de los que disponía se mantuvieron deliberadamente fuera de su patrimonio registral", sostuvieron.

Piden que se determine qué bienes integraron el patrimonio del imputado, qué bienes fueron adquiridos, cuáles fueron transferidos o registrados a nombres de terceros, quién ejerció materialmente su posesión y administración, quién afrontó gastos ordinarios y cuál era la capacidad económica real del imputado.

Entre las medidas de prueba solicitaron informes al Registro de la Propiedad Inmueble, al Registro de la Propiedad Automotor y a organismos fiscales, así como información financiera y bancaria, documentación contractural y notarial y prueba testimonial.

Mientras tanto, el acusado de haber violado a una niña de 11 años durante 2009 en Puan, que fue capturado el fin de semana en Florencio Varela después de estar casi 15 años prófugo, permanece detenido en una comisaría de nuestra región. 

A través de la Defensoría Oficial (Unidad de Defensa Nº 5), Del Valle solicitó que, en caso de no ser puesto en libertad y que se lo derive a una cárcel, sea trasladado a un establecimiento del conurbano, por cercanía de su familia de origen.

En consecuencia, se solicitó que, de ser encarcelado, se pida cupo a las unidades penales Nº 23, 24, 42 o 31 de Florencio Varela.

La situación procesal del acusado -está acreditado por el ADN que fue autor del delito sexual- es un enigma.

El plazo de prescripción de la acción penal (12 años) se venció, lo cual motivó el dictado de sobreseimiento por parte de la jueza de Garantías Claudia Olivera.

Sin embargo, la Cámara Penal le puso un freno a esa decisión al solicitar informes complementarios de sus antecedentes (las fichas dactilares) a fin de determinar si no cometió otros delitos, que interrumpieran la prescripción, durante su clandestinidad.

En ese marco, Casación tendrá que definir si acepta o no el hábeas corpuso firmado por el defensor oficial Pablo Radivoy.

El abogado consideró que la detención de Del Valle es "ilegítima y arbitraria".

"Toda restricción a la libertad ambulatoria o medida cautelar vinculada a una acción penal legalmente extinguida configura una arbitrariedad", remarcó.

Se trata de Darío José Roth (48), que ayer fue detenido en un inmueble ubicado en Suiza al 2100 del barrio Tierras Argentinas, por orden del juez de Garantías Nº 3, Alberto Manzi.

La medida se dispuso a raíz de un procedimiento hecho el 14 de julio del año pasado, en Río Atuel al 2100, donde la Policía aprehendió al sospechoso con cocaína y marihuana en su poder.

Roth tenía tres envoltorios que contenían un total de "6,8 gramos de cocaína y 4,5 gramos de marihuana".

Durante el operativo, personal de la DDI también secuestró el celular del imputado.

La fiscalía acreditó la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización entre "noviembre de 2024 y julio de 2025", gracias al peritaje practicado al teléfono móvil del investigado.

La DDI capturó además a Adolfo José Gutiérrez Mansilla (38) por incumplir las tareas comunitarias que le había impuesto la Justicia, después de ser condenado en vinculación con los delitos de violación de domicilio y hurto.

La orden de captura había sido emitida hace una semana por el juez de Ejecución Penal Nº 1, Claudio Brun, y la detención de Gutiérrez Mansilla se concretó ayer, en Chile al 2200.

Los hechos delictivos que se le atribuyen al detenido se cometieron el 14 de marzo de 2024, en una vivienda de calle Maestro Piccioli al 2400, de donde el nombrado y un cómplice sustrajeron elementos.

El dueño de la propiedad vio a los ladrones escapar del lugar con el botín a bordo de una moto, los persiguió y dio aviso al 911.

La Policía interceptó a los delincuentes en Esmeralda al 300, donde los aprehendió e incautó los bienes sustraídos.

La investigación se inició a fines del año pasado, luego de una batería de allanamientos, por infracción a la ley de marcas, que involucró a los locales de la firma X MENOS + PRENDAS, y que estuvieron a cargo de personal de la Policía Federal.

"Se cree que este empleado filtró información antes de los allanamientos e incluso se habría comunicado con las personas que iban a ser allanadas para ofrecer servicios de un estudio de abogados porteño", comentó un investigador.

Ayer la Prefectura Naval Argentina realizó tres allanamientos -uno en la oficina de Munafó, ubicada en el sexto piso de San Martín 145, y los otros en su vivienda y en la casa de su expareja- y se secuestraron su celular, computadoras y documentación que están siendo evaluados por el fiscal Santiago Ulpiano Martínez.

Mientras tanto, todavía no se fijó fecha para la audiencia de formalización de imputación (un acto del nuevo sistema acusatorio federal que reemplaza a la indagatoria), de la cual participan el juez, el fiscal, la defensa y el imputado, a quien ponen al tanto de los cargos y tiene la posibilidad de declarar.

Munafó habría ingresado en la ex AFIP hace 19 años, de la mano de Ricardo Echegaray (serían parientes), extitular del organismo que fue condenado por administración fraudulenta y hace algunos meses fue echado del ente por parte del gobierno actual.

El sospechoso, a su vez, forma parte de la central del Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina (SUPARA), en función de vocal titular.

Los investigadores creen que la supuesta filtración de datos no sería un hecho aislado y no descartan la existencia de una estructura de corrupción, con otros actores.