La investigación se habría iniciado a partir de una denuncia presentada por un trabajador sexual. De acuerdo con su relato, el hombre habría sido contratado para concurrir al domicilio donde se encontraba Ghione y, durante el encuentro, habría permanecido retenido contra su voluntad.

A partir de esa presentación, el fiscal J. M. Puig, del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Sunchales, dispuso distintas medidas investigativas. Una de ellas fue el allanamiento realizado este martes en una vivienda ubicada en Lehmann.

Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron armas de fuego que serán incorporadas a la causa.

Ghione quedó a disposición de la Justicia y fue trasladado a Rafaela, mientras continúa la investigación para determinar qué ocurrió en el domicilio y cuál fue la participación que pudo haber tenido el actor en los hechos denunciados.

La causa contempla, por el momento, las hipótesis de privación ilegítima de la libertad y amenazas calificadas. También será objeto de análisis el material secuestrado durante el allanamiento y las circunstancias relatadas por el denunciante.

Quién es Maxi Ghione

Maximiliano Ghione nació en 1973 y desarrolló una extensa trayectoria como actor, director y docente. Trabajó en televisión, cine y teatro, con participaciones en ficciones como Montecristo, Casi Ángeles y La 1-5/18. También formó parte de películas como Aterrados, Roma y Cenizas del paraíso.

En los últimos años se alejó de Buenos Aires y se instaló en Lehmann, una localidad ubicada a pocos kilómetros de Rafaela. Allí comenzó una nueva etapa vinculada a la gastronomía y abrió un bodegón.

En una entrevista publicada por medios de la región, Ghione había contado que decidió mudarse al interior después de varias décadas de trabajo en Buenos Aires y que buscaba llevar una vida más tranquila. (con información de TN)

Fuentes oficiales indicaron que el subcomisario Luis Alberto Mendiondo (52) fue detenido por efectivos de la DDI bahiense en una vivienda ubicada en Mitre al 600 de la localidad de Médanos.

El 15 de septiembre de 2022, el Tribunal en lo Criminal N° 3, compuesto por los jueces Julián Saldías, Claudia Cecilia Fortunatti y Ricardo Gutiérrez, lo sentenció por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la utilización de arma de fuego.

En ese momento los magistrados no habían hecho lugar al pedido de la fiscal Marina Lara para que Mendiondo fuera privado de la libertad, resolviendo que esto se efectivizara recién cuando el fallo adquiriera firmeza.

El Tribunal consideró responsable al sujeto de los hechos ocurridos el 23 de abril de 2018, en horas de la tarde, en una vivienda de calle Alvarado al 1.200.

Al momento de los alegatos la representante del Ministerio Público había solicitado la pena de 17 años de cárcel para el uniformado, mientras que la defensa opinó que debía ser absuelto.

Ese fue el segundo debate que afrontó Mendiondo, ya que en octubre de 2020 la Sala II del Tribunal de Casación provincial revocó la absolución dictada un año antes y ordenó que sea juzgado nuevamente.

De esa manera, la titular del Juzgado de Garantías N° 4 dejó sin efecto el planteo que hizo días atrás el abogado Maximiliano De Mira, al presentarse como defensor particular del acusado.

A través de un escrito de cuatro páginas, que entregó en la fiscalía del doctor Diego Torres, a cargo de la investigación, De Mira consideraba prescripta la acción penal por el paso del tiempo, en una situación análoga a la de Alberto Martín Del Valle.

Caso Asensio: una imputación y varios testimonios de "respaldo"

Explicó, entre sus fundamentos, que para el propio fiscal Torres se trata de un delito continuado y no de un concurso real, "por lo tnato no distingue aconecimientos separables o hechos independientes, sino que imputa claramente un accionar abusivo iniciado desde los 13/14 años de la denunciante hasta los 17 años de la misma".

Sin embargo, la jueza Promé consideró que los plazos procesales no están vencidos y ordenó seguir adelante con la causa.

Asensio fue detenido hace una semana en Mar del Plata (actualmente era entrenador en un club de esa ciudad), imputado de un abuso sexual gravemente ultrajante y bajo sospecha de otras hechos, algunos de los cuales sí estarían prescriptos o bien las víctimas decidieron no instar la acción penal.

La detención se produjo en la vivienda del exfuncionario montehermoseño en Mar del Plata, en el bosque Peralta Ramos. Actualmente estaba dirigiendo a Sporting, en la ciudad balnearia.

El hombre, de 38 años y a quien se identificó como Luciano Sebastián Aymes, fue trasladado a Santa Rosa y ya quedó con prisión preventiva dictada por el juez federal de esa capital, Juan José Baric, con intervención de la fiscalía federal santarroseña.

Sí se informó que el detenido -conocido como "Kiko" y con antecedentes por delitos contra la propiedad- estaba a cargo de una carnicería en el supermercado Argenchino ubicado en Brasil y Jujuy. Y que tiene domicilio en las cercanías, sobre la calle Brasil. 

"Cuando fueron a detenerlo en el autoservicio, rompió el celular que tenía encima. Igualmente se secuestraron otros teléfonos", comentó a lanueva.com una fuente policial pampeana.

El procedimiento en la ciudad estuvo a cargo del Área de Coordinación Operativa de Lucha Contra el Narcotráfico de Santa Rosa. 

En junio pasado, una investigación iniciada en Guatraché sirvió para detener a dos pobladores de esa localidad y secuestrar unos 790 gramos de cocaína y más de 700 gramos de marihuana, además de dinero en efectivo y un revólver con municiones.

A partir del análisis de la evidencia digital, las comunicaciones (tras el secuestro de teléfonos celulares) y distintas tareas investigativas, la Policía pampeana pudo avanzar en la cadena de abastecimiento de drogas y así identificó al supuesto proveedor mayorista como un hombre de nuestra ciudad.

Se cree que Aymes no solo suministraría drogas a quienes vendían al menudeo en Guatraché sino también en otras poblaciones del sureste pampeano.

Además del hombre, su pareja también quedó formalmente notificada e imputada -aunque en libertad- por presunta participación en la logística.

En vinculación con lo ocurrido están bajo sospecha Eduardo Jesús González (18), Gustavo Axel Ariel Molina (21), Joselin Abril Quiroga (21) y un menor de 16 años.

La sustracción se cometió el domingo en un domicilio ubicado en Alem al 500 de Pringles, en donde los ladrones ingresaron después de forzar una abertura trasera y se apoderaron de muebles, electrodomésticos, vajilla, una máquina de escribir y una bicicleta, entre otros bienes.

Una mujer que está al cuidado del inmueble desvalijado constató el robo y radicó la denuncia en la comisaría.

Por el hecho efectivos policiales pringlenses allanaron ayer el domicilio de Alem 556, donde incautaron los artículos sustraídos.

Un adolescente de 15 años fue aprehendido luego de aparentemente acceder a la casa de una residente de Coronel Pringles, donde sustrajo un televisor y un convertidor smart TV.

Víctima del hurto resultó Susana Eulogio, con domicilio en la calle Euskadi, entre Pellegrini y 25 de Mayo.

Una vecina de la damnificada dio aviso del ilícito a la Policía y aportó información que permitió aprehender al menor de edad, además de recuperar los dispositivos electrónicos.

Intervino el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial Bahía Blanca, que ordenó la restitución del joven a su madre.

"La acusación formal, por el momento, es solo respecto de una victima", confirmó una fuente allegada a la causa que tramita el fiscal Diego Torres.

"Hay otras chicas (al menos cinco) que declararon haber sido víctimas de situaciones de abuso, pero algunos casos están prescriptos y en otros decidieron no instar la acción penal", explicó el vocero.

En los delitos sexuales, el Estado no puede actuar de oficio si la persona afectada (salvo que sea menor) no realiza la denuncia formal o expresa su voluntad de instar la acción penal.

Si bien esas declaraciones testimoniales no serían una carga procesal independiente para Asensio, sí servirían para retroalimentar la versión de la víctima del caso principal, aclaró un investigador.

Mientras se diligencian distintas pruebas, más allá de las testimoniales, la jueza de Garantías Marisa Promé debe resolver un planteo del abogado Maximiliano De Mira, abogado de Asensio, quien pidió su sobreseimiento y libertad. 

De Mira consideró que la acción penal también está prescripta en la causa que mantiene al entrenador detenido, en una situación similar a la que se vive con Alberto Martín Del Valle, otro hombre acusado de un delito sexual.

Asensio fue detenido hace una semana en Mar del Plata (actualmente era entrenador en un club de esa ciudad), vinculado a entre dos y tres abusos sexuales a jugadoras menores de hockey en Monte Hermoso, hechos que se habrían registrado hace más de una década.

La detención se produjo en la vivienda del exfuncionario montehermoseño en Mar del Plata, en el bosque Peralta Ramos. Actualmente estaba dirigiendo a Sporting, en la ciudad balnearia.

Si bien la fiscalía se opone al pedido, el mismo fue girado a la jueza Promé para que resuelva.

Se trata de Belén Morena Prado, de 23 años, quien recibió la medida de parte del Juzgado de Garantías Nº 2, tras el pedido del fiscal Mauricio Del Cero, a cargo de la investigación.

Prado está acusada de comercializar estupefacientes, particularmente cocaína y marihuana, al menos entre el 26 agosto de 2023 y el 7 de mayo de 2026, en la vecina ciudad.

Qué dicen las escuchas del posible "amparo" policial

Además, en el marco de la presente investigación, el martes pasado se realizó un allanamiento en su domicilio de Formosa al 200, en Punta Alta, donde se encontró cocaína, marihuana, dinero en efectivo, tres teléfonos celulares, recortes de nylon y cortes en una bolsa negra.

El juez Guillermo Mércuri sostuvo que “existen elementos que determinan la existencia de los hechos y materialidad ilícita”, a partir de las pruebas incorporadas al expediente, por lo que ordenó la medida cautelar privativa de libertad de Prado y su inmediato ingreso al Servicio Penitenciario Bonaerense.

La investigación, que se inició en diciembre pasado, tomó estado público la semana última, cuando se realizaron al menos 5 allanamientos, que incluyeron la comisaría rosaleña y una celda de la cárcel de Villa Floresta, por un preso que estaría vinculado al mismo delito.

El procedimiento se dio anoche, sobre las 23.10, en Sebastián Costa al 900 de aquella ciudad.

Fue cuando personal de la comisaría Primera interceptó un automóvil Volkswagen Bora, en cuyo interior secuestraron un frasco con 11,8 gramos de marihuana (el test fue realizado por personal de subdelegación de Trafico de Drogas Ilícitas).

En consecuencia, el joven -no identificado- fue puesto a disposición del fiscal Facundo Lemble -luego de las primeras notificaciones recuperó la libertad pero sigue ligado al proceso- y el vehículo fue secuestrado, con intervención del juzgado de faltas municipal.

La resolución dio en el marco de un juicio abreviado, tras una investigación realizada por la UFIJ Nº 19, a cargo del fiscal Mauricio Del Cero.

Según la investigación, Ruggeri, de 19 años, vendió cocaína y marihuana entre el 12 de octubre de 2023 y el 5 de abril de 2024, en distintos puntos de la nuestro medio, aunque concentrando su actividad en la Plaza Rivadavia.

Las pruebas claves surgieron del análisis de los teléfonos secuestrados, donde se hallaron conversaciones e imágenes que daban cuenta de las transacciones, la fijación de precios y la coordinación de los puntos de encuentro.

Su aprehensión ocurrió el 5 de abril de 2024, tras ser detectado por las cámaras del Centro Único de Monitoreo (CeUM) realizando maniobras de venta en O'Higgins al 200.

Personal del Comando de Patrullas lo interceptó en la esquina de la avenida Alem y 19 de Mayo, incautándole tres envoltorios de nylon con marihuana guardados entre sus ropas, además de un cigarrillo de la misma sustancia.

El juez Hugo De Rosa lo condenó con el agravante del uso de un espacio público para el delito, en consonancia con lo sostenido por la fiscalía en la elevación a juicio.

En el fallo, el magistrado remarcó que “la elección de la plaza no constituyó una mera coincidencia espacial”, señalando que el imputado aprovechó la accesibilidad, ubicación céntrica y concurrencia del lugar para facilitar las operaciones.

Ruggeri fue hallado autor penalmente responsable de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y comercialización propiamente dicha, agravada por desarrollarse en una plaza pública.

El siniestro ocurrió alrededor de las 15, a pocos kilómetros al este de Carmen de Patagones, en dirección a la Villa 7 de Marzo.

El auto, con dos hombres en su interior, se dirigía a la villa turística y por causas que se investigan comenzó a incendiarse.

A pesar del rápido llamado a los bomberos, las llamas lo consumieron en su totalidad, sin que se registraran heridos.

En el lugar trabajó una dotación de los bomberos maragatos, Defensa Civil y Policía Comunal. (Agencia Carmen de Patagones y Mapuchito Noticias)

El hecho ocurrió este domingo en un domicilio ubicado en Charcas Bis al 1.400.

En ese lugar, luego de un llamado al teléfono de emergencias 911, la Policía capturó a Guillermo García, quien momentos antes había golpeado con una silla a su pareja, una mujer de 19 años, provocándole una contusión y un hematoma en el ojo izquierdo.

García se encuentra con prisión domiciliaria por un robo, a disposición del Juzgado de Ejecución Penal N° 2.

Interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 6.

El hecho ocurrió a la altura de las canchas de sóftbol, alrededor de las 14.30.

En ese lugar fue aprehendido Gerardo Davicino, de 43 años, quien circulaba en un Renault Logan cuyas numeraciones alfanuméricas de motor y chasis no coincidían con los registros informáticos. Además, contaba con documentación y dominios apócrifos.

Lo destacable del hecho es que Davicino es funcionario del Servicio Penitenciario y actualmente cumple funciones en la Unidad Penitenciaria Nº 4 de Villa Floresta.

Posteriormente, se comprobó que el auto posee un pedido de secuestro activo desde junio de 2024, solicitado por la Comisaría 10ª de Lanús.

Interviene la Unidad Fiscal Federal de Bahía Blanca.

La Justicia bahiense resolvió rechazar un pedido de libertad asistida por agotamiento de pena que solicitó tiempo atrás Cristina del Carmen Henríquez.

La Sala II de la Cámara Penal local desestimó el planteo del defensor particular Maximiliano De Mira y ratificó la decisión en primera instancia del juez de Ejecución Penal Nº 1, Claudio Brun.

El fallo fue dictado por los jueces Guillermo Petersen y Guillermo Emir Rodríguez 

Henríquez se encuentra detenida en la Unidad Penal Nº 52 de Azul y la sanción que cumple finalizará el 10 de abril del año que viene.

Los camaristas sostuvieron que si bien la mujer está en condiciones temporales de acceder al beneficio, no se presentan los requerimientos de las normas de ejecución penal.

Destacaron que el informe positivo de las autoridades carcelarias es una exigencia para conceder una petición de estas características, aunque “puede ser dejado de lado” a partir de la opinión del Departamento Técnico Criminológico.

“No es posible omitir el análisis y la valoración de la opinión vertida por los profesionales y demás funcionarios a cargo de las distintas áreas del establecimiento carcelario en la cual la penada ha permanecido privada de su libertad”, consideraron.

Agregaron que “con los elementos objetivos de la temporalidad del encierro y la conducta del sujeto, no alcanza para formar el juicio de valor acerca de si se ha cumplido con los parámetros que lo habilitan a acceder al beneficio”.

No lo admite

En este caso, los camaristas consideraron que el consejo de conceder el beneficio a la detenida no encuentra sustento en otras constancias de su legajo.

Señalaron que el informe psicológico mencionó “reservas de tenor cautelar” que no fueron tomadas en cuenta.

El profesional que la evaluó refirió que en el hecho por el que fue sentenciada la mujer actuó junto a una expareja, por lo que en la entrevista esgrimió “argumentos exculpatorios, tendiendo a ubicar y proyectar en el otro la responsabilidad”.

Agregó que Henríquez no logra “problematizar aspectos de sus conductas transgresoras”.

Destacó que la evaluación se produjo en un contexto de encierro, por lo que la conducta demostrada dentro del establecimiento penitenciario “se haga extensiva en un medio social amplio”.

También aconsejó la continuidad de la atención psicológica para actuar “como sostén y acompañamiento para procesar aspectos subjetivos de relevancia”.

Incluso, los propios directivos de la cárcel de Azul habían aconsejado, en caso de que se le otorgara la libertad asistida, que sea acompañada por personal del Patronato de Liberados y que se le coloque un dispositivo electrónico (tobillera).

Mencionaron además que esas reservas “adquieren especial trascendencia si se tiene en consideración que ha sido condenada como coautora del delito de robo agravado por el uso de armas de fuego cuya aptitud para el disparo no se pudo tener por acreditada y por su comisión en poblado y en banda”.

Por todo ello, los jueces de la Sala II consideraron que Henríquez “no ha logrado en su lugar de encierro internalizar lo reprochable de su accionar” y que “no están dados los requisitos para que pueda acceder al beneficio solicitado”.

La pena

El 27 de marzo de 2023, el Tribunal en lo Criminal Nº 1 le impuso a la mujer una condena a 5 años de cárcel. En tanto, Jonatan Leandro Contreras Moncada recibió una pena de 7 y medio.

El fallo fue apelado y el Tribunal de Casación redujo la sentencia de la imputada a 4 años y 9 meses.

Según la investigación, el 18 de diciembre de 2017, los acusados y un cómplice que no pudo ser detenido llegaron a una vivienda ubicada en la primera cuadra de la calle Corrientes.

Henríquez trabajaba en el lugar como cuidadora de las víctimas y facilitó el ingreso de los otros dos sujetos. Finalmente los delincuentes escaparon con unos 7 mil pesos en efectivo.

El fallo de la Sala I ratificó que Mauricio Ariel Monduzzi y Marcos Ariel Zaragoci, enfermeros de la división Medicina Industrial Sanidad del Arsenal Aeronaval Comandante Espora, abusaron sexualmente de una compañera de trabajo entre 2017 y 2022, aprovechando el ámbito laboral compartido.

Los jueces Diego Barroetaveña, Alejandro Slokar y Daniel Petrone afirmaron que el testimonio de la víctima fue “veraz, circunstanciado y coherente”, y que estuvo respaldado por prueba directa e indirecta: las declaraciones de dos compañeras que dijeron haber presenciado parte de las conductas y haber recibido el relato de la abusada en tiempo real.

La sentencia también destacó el aporte de las profesionales de salud mental que atendieron a la damnificada, cuyos diagnósticos de “estrés postraumático, depresión y ansiedad” fueron considerados “coherentes” con el relato sobre los hechos.

Además se desestimó la hipótesis de la defensa sobre las prácticas de enfermería, al señalar que las revisaciones cuestionadas excedieron los procedimientos habituales corroborados por otros testigos.

Casación, en tanto, encuadró su análisis bajo el estándar de amplitud probatoria previsto en la ley 26.485 para casos de violencia de género, al citar jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la dificultad de contar con prueba directa en delitos cometidos sin testigos.

La Cámara aclaró que la condena fue dictada en relación con el delito de abuso sexual simple, y no por una figura agravada, motivo por el cual -opinó- no hay afectación al principio acusatorio.

En definitiva, Casación resolvió, por unanimidad, rechazar el recurso presentado por el defensor de ambos procesados, Facundo Sandoval.

Con este pronunciamiento dejó firmes las condenas del tribunal bahiense, aunque habilitó la reserva del caso federal, que le permite a la defensa intentar una eventual apelación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Según el fiscal, los acusados manoseaban a la víctima y le pegaban "cachetazos" en sus zonas íntimas.

El abogado defensor había apelado el fallo del órgano de juicio de Bahía al argumentar que la valoración de la prueba fue “arbitraria”, y que no se respetó la presunción de inocencia.

Sandoval acotó que las conductas atribuidas a Zaragoci en episodios con otras testigos correspondían a prácticas “propias de la enfermería”, como controles sanitarios amparados en normativa provincial y en la ley 24.004 de ejercicio de esta profesión.

El patrocinante legal de los condenados fundamentó asimismo que el trato cotidiano entre la víctima y los imputados era “cordial” y que la incorporación de una agravante vinculada con la violencia había vulnerado el principio acusatorio.

Por estas razones, la defensa había solicitado la absolución.

El 24 de septiembre de 2025, el Tribunal Federal de Juicio bahiense condenó a Monduzzi a dos años y tres meses de prisión de ejecución condicional, como autor de abuso sexual simple reiterado en al menos seis hechos contra la víctima.

Y a Zaragoci le impuso dos años de prisión en suspenso en vinculación con, al menos, tres hechos de las mismas características.

Ambas penas fueron dictadas por mayoría del tribunal local, en consonancia con los montos pedidos por el fiscal general Gabriel González da Silva.

Los jueces Sebastián Foglia, José Asís y Ernesto Sebastián también dispusieron que los condenados cumplan reglas de conducta, como la prohibición de contacto y acercamiento a menos de 200 metros de la víctima y de las otras denunciantes.

Además deberán completar 12 horas mensuales de tareas comunitarias no remuneradas en una institución de bien público aprobada por el juez de Ejecución Penal y realizar un taller sobre perspectiva de género y violencia.

Los juzgadores ordenaron la extracción de sangre a los condenados para incorporarlas al Registro nacional de datos genéticos de delitos sexuales.

En el juicio, el fiscal federal González da Silva alegó que las agresiones no constituyeron episodios aislados.

“Fue una conducta que se mantuvo en el tiempo ante la más absoluta indiferencia de las autoridades militares”, dijo el fiscal.

El impacto sobre la salud mental y física de la víctima principal derivó en un tratamiento médico continuo con "antidepresivos, ansiolíticos y antipsicóticos".

La evolución clínica de la damnificada se calificó como “tórpida, con momentos de mejoría y retrocesos”, condicionada por un cuadro de "estrés postraumático y trastorno ansioso-depresivo".

El caso incluyó testimonios de otras trabajadoras que sufrieron situaciones de hostigamiento.

Una enfermera denunciante refirió que los comentarios de Zaragoci se intensificaron después de dar a luz, lo que le generó un cuadro de estrés durante la lactancia que derivó en una mastitis.

Además, las declaraciones incorporadas a la causa pusieron en evidencia las dinámicas internas de la dependencia militar.

“Nos alertó de que casos como este abundan en la base aeronaval, pero cuando son denunciados no hay consecuencias reales para los autores, sino para las víctimas, quienes son catalogadas de locas o problemáticas”, advirtió una de las denunciantes.

El fiscal coincidió con esta lectura al señalar que la "tranquilidad" con la que actuaron los acusados respondía al “contexto machista que se vive en el arsenal, donde es muy difícil que a las mujeres les crean cuando denuncian un hecho de abuso o de acoso laboral”.

El fallo, resuelto en un juicio abreviado, fue dictado por el juez del Tribunal en lo Criminal N° 2, Eugenio Casas, y recayó en Sebastián Agustín Artola.

El procesado se encuentra detenido desde el pasado 8 de junio, cuando, por orden del Juzgado de Garantías N° 3, fue interceptado en la primera cuadra de calle Las Heras por efectivos de la DDI local.

El magistrado halló probado que, de acuerdo a la investigación del fiscal Mauricio del Cero, el imputado comercializó estupefacientes, particularmente cocaína, al menos entre el 12 de octubre de 2024 y el 15 de diciembre de 2025, bajo la modalidad de delivery y en su domicilio de Undiano al 100.

La causa comenzó hace dos años, cuando personal de Drogas Ilícitas llevó adelante tareas de vigilancia encubierta y establecieron movimientos compatibles con la venta de drogas.

Incluso, detectaron la presencia en la vivienda del sospechoso de un sujeto que estaba siendo investigado en otro caso.

El 13 de febrero de 2025 los policías allanaron el inmueble y secuestraron estupefacientes, recortes de nylon, sustancias de corte, una balanza y un teléfono celular.

"Del informe (del dispositivo) surgen numerosa cantidad de diálogos, con distintos contactos, en los que se puede advertir, por su contenido, palabras utilizadas, formas de expresión, duración de los mensajes, horarios, y contexto, que se trata de conversaciones relacionadas con la compra-venta de sustancia estupefaciente", indicó el juez.

Mencionó además que en algunos casos el sujeto proporcionaba un alias para que los presuntos compradores realizaran transferencias.

Por todo ello, finalmente el magistrado sostuvo que "tengo por debidamente probada la intervención atribuida al imputado en el hecho".

Los voceros señalaron que el procedimiento se puso en marcha cuando los operadores del CeUM observaron a los adolescentes en la zona de Maipú y Necochea, cuando se movilizaban en un rodado marca Zanella ZB.

También detectaron que en determinado momento los jóvenes de 16 y 17 años abandonaron el vehículo, aunque a los pocos metros fueron interceptados por efectivos del Comando de Patrulla.

Poco después, los policías establecieron que la moto presentaba un pedido de secuestro elevado el pasado 19 de septiembre, cuando fue sustraída en la zona de Fitz Roy y Chile.

Por el caso se iniciaron actuaciones por el delito de encubrimiento, con intervención de la seccional Primera.

Personal de la Policía Federal, bajo órdenes del Juzgado Federal N° 1 de este medio, revisó las oficinas de White Gulf, ubicadas en el muelle Ministro Carranza de la terminal local, el domicilio del dueño de la firma, Yi Sun, un lujoso piso en la segunda cuadra de Hipólito Yrigoyen, y otras viviendas de directivos de la empresa.

La lupa de la entonces AFIP -a través de la Dirección General de Aduanas- se había posado en dos asiáticos: además de Yi Sun figuraba Rong Ding, su principal accionista.

Y también se investigaba a un despachante de aduana y a una contadora, a partir de la denuncia, formulada en octubre de 2021, que daba cuenta de posibles maniobras de contrabando, una millonaria evasión tributaria y, presuntamente, hasta lavado de activos.

La principal hipótesis apuntaba a que, para la venta de productos al exterior -especialmente merluza-, se valían de una triangulación que permitía evadir impuestos y sacar ganancias a cuentas de afuera por más de 100 millones de dólares.

En los allanamientos se secuestraron varias computadoras, notebooks, pendrives y celulares, además de casi 30 cajas con archivos de documentos que motivaron un minucioso y prolongado análisis por parte de peritos. 

El paso del tiempo, como sucede con cualquier caso que en un principio concita interés público, le quitó cartelera a la noticia. 

En medio de la instrucción sumarial, los empresarios decidieron acogerse a un regimen de regularización de deudas, habilitado por la Ley 27.743. 

Más allá de tratar de saldar la deuda, el objetivo de la defensa de los asiáticos era otro: lograr la suspensión y la extinción de la acción penal. 

Sin embargo, los jueces de instancias inferiores -tanto Walter López Da Silva como la Cámara Federal de Apelaciones de nuestra ciudad- rechazaron sucesivamente la pretensión defensista, bajo el argumento que se debía profundizar la investigación.

Es decir que no descartaban la posible existencia de una asociación ilícita y maniobras de lavado de activos, sugeridas por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Proselac).

De todas maneras, el caso llegó a la Cámara Federal de Casación Penal y en los últimos días ese cuerpo modificó la postura judicial, anuló los fallos previos  y, por mayoría de opiniones, le "bajó línea" a los jueces preliminares para suspender y extinguir la acción penal contra los imputados.

Defensa y acusación

La defensa de los extranjeros argumentó que la empresa había cancelado íntegramente la deuda correspondiente al Impuesto a las Ganancias del periodo fiscal 2017 y que se encontraba en un plan vigente de regularización respecto de la aduanera, con lo cual correspondía disponer la extinción de la acción penal.

También advirtió que la decisión de los primeros fallos se fundó en un informe de la Proselac y en hipótesis delictivas que no fueron expuestas a la defensa para  controvertirlas u ofrecer pruebas. 

Por el otro lado, la acusación fiscal y la representación de ARCA-DGA solicitó la confirmación de los fallos al entender la operatoria investigada excedería una mera infracción tributaria o aduanera y revelaría un accionar coordinado, sostenido en el tiempo y con intervención de varias personas, susceptible de ser examinado bajo la figura de asociación ilícita, y que la investigación comprendería otros bienes jurídicos. 

"La hipótesis del caso ya no se limitaría a los delitos de contrabando y evasión tributaria, sino que comprendería una única maniobra pluriofensiva, susceptible de involucrar también los delitos de asociación ilícita y lavado de activos", explicaron.

Sin fundamentos

"El pronunciamiento impugnado presenta una fundamentación tan solo aparente, equiparable a la ausencia de fundamentación, lo que configura un supuesto de arbitrariedad de sentencia", explicaron los jueces Mariano Hernán Borinsky y Javier Carbajo, mientras que Gustavo Hornos votó en sentido contrario.

La mayoría entendió que la posibilidad de profundizar la investigación penal contra White Gulf, al menos de momento, se basaba en "hipótesis meramente eventuales", con lo cual "se afectaban garantías constitucionales".

Y remarcó que el régimen de la Ley 27.743, así como su decreto reglamentario, establece con claridad los efectos suspensivos y extintivos ante la cancelación o regularización de las obligaciones tributarias y aduaneras.

"El rechazo del beneficio se sustentó en un escenario futuro e incierto vinculado a otras figuras penales que aún no formaban parte de un auto de mérito formal en la causa, apartándose de las constancias comprobadas del expediente y del dictamen del Ministerio Público Fiscal", agregó Casación.

De perfil bajo

El presidente de White Gulf es el chino Yi Sun, cuyo domicilio, en un edificio de la segunda cuadra de Hipólito Yrigoyen, también fue allanado, tiene una historia muy particular.

Yi Sun es un empresario de perfil bajo, que hace mucho tiempo vive en Bahía Blanca.

Está casado (con una mujer también de nacionalidad china) y tiene hijos. Hace varios años que se asentó en Bahía Blanca, donde socialmente se lo conoce por jugar al golf de manera habitual.

Dicen que llegó a nuestro país hace más de 30 años, en un pesquero que arribó al puerto de Mar del Plata y que luego se trasladó a nuestra zona para avanzar con la empresa del rubro.

Además de Yi Sun, el otro empresario de origen oriental que estaba bajo la lupa es Rong Ding, cuyo departamento, de la primera cuadra de la calle Terrada, también fue requisado.

Y en su caso, a su vez, requisaron un domicilio en la avenida Libertador 4040, piso 6, La Lucila, partido de Vicente López.

Los operativos de 2022 también incluyeron en la investigación a la firma Cominter, dedicada al asesoramiento logístico y el despacho de aduana, siendo allanadas oficinas de Vieytes al 700; Roca al 600; la vivienda de su director, en Garay al 4.700 y un piso de Portugal al 500.

Finalmente, en el barrio Patagonia (en la primera cuadra de la calle Michai), se allanó la vivienda de una contadora.

La planta de White Gulf, en el puerto bahiense, volvió a ser noticia a poco más de un año de los allanamientos, cuando se produjo un incendio de grandes dimensiones, que dejó importantes daños materiales pero, por fortuna, fue sin heridos.

Los bomberos -tanto oficiales como voluntarios- y el personal de Defensa Civil actuaron rápidamente, en principio para evacuar a los trabajadores presentes, ante el temor de que se produjeran detonaciones en los tanques de amoníaco de la empresa.

Para ese entonces la firma tenía unos 120 operarios, aunque no todos estaban presentes esa mañana, que fue la del sábado 30 de diciembre de 2023.

El procedimiento fue pedido por el fiscal Rodolfo De Lucia, de la UFIJ N° 20 y ordenado por el Juzgado de Garantías N° 1,

La causa se inició en agosto último, tras una serie de reportes de NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children) respecto de una misma persona que fueron enviados al Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming dependiente de la Procuración de la provincia de Buenos Aires.

En esos informes se daba cuenta de la existencia de más de 100 videos y fotos con contenido de abuso sexual infantil. Algunos enviados por Instagram y otros detectados a través de Google fotos.

Las tareas investigativas permitieron identificar al responsable de esas cuentas y su lugar de residencia, por lo que se solicitó un allanamiento para obtener más pruebas para la investigación.

En el domicilio, el personal de Cibercrimen Región Interior Sur logró secuestrar el teléfono celular de la persona investigada -no fue identificada por el momento- que será peritado para determinar la existencia del material ilícito.

La resolución consideró que estarían acreditados 4 hechos (por la misma cantidad de hijos, entre ellos el que nació fruto de una violación y por la cual se discute si la causa está prescripta) todo en concurso real y bajo los artículos 1 de la Ley 13.944, pero también el 2 bis, que agrava la figura por ocultamiento malicioso de bienes del patrimonio con la finalidad de eludir el cumplimiento de las obligaciones alimentarias. 

La jueza destacó que la investigación de la fiscalía reunió testimonios e informes  (como de bancos y Mercado Libre) que indicarían que Del Valle desarrolló durante años actividades remuneradas -principalmente trabajos de albañilería, construcción y mantenimiento-, pero habría canalizado cobros mediante cuentas de terceras personas, entre ellas las de su madre y su pareja, además de recibir pagos en efectivo y utilizar bienes que no figuraban registrados a su nombre.

Puan: tras el caso Del Valle, impulsan la búsqueda de otro presunto abusador

El fallo también tuvo especialmente en cuenta la situación atravesada por sus hijos. Un informe de Promoción Social de la Municipalidad de Puan señaló que, desde fines de 2009, el grupo familiar quedó a cargo de la madre y requirió durante años asistencia estatal para cubrir alimentación, salud, servicios y necesidades habitacionales.

Para disponer la prisión preventiva, la Justicia valoró además la existencia de riesgos procesales, particularmente el peligro de fuga, teniendo en cuenta que Del Valle permaneció sustraído del proceso durante un extenso período. También se ponderaron elementos vinculados con un eventual entorpecimiento de la investigación.

La prisión prevetiva dictada no implica una condena definitiva, sino una medida cautelar adoptada mientras continúa el proceso judicial. La decisión puede ser recurrida por la defensa.

El planteo lo realizó formalmente hoy el abogado Maximiliano De Mira, al presentarse como defensor particular del acusado.

A través de un escrito de cuatro páginas, que entregó en la fiscalía del doctor Diego Torres, a cargo de la investigación, De Mira consideró prescripta la acción penal por el paso del tiempo, en una situación análoga a la de Alberto Martín Del Valle.

De esa manera solicitó su inmediata libertad.

Explicó, entre sus fundamentos, que para el propio fiscal Torres se trata de un delito continuado y no de un concurso real, "por lo tnato no distingue aconecimientos separables o hechos independientes, sino que imputa claramente un accionar abusivo iniciado desde los 13/14 años de la denunciante hasta los 17 años de la misma".

Asensio fue detenido hace una semana en Mar del Plata (actualmente era entrenador en un club de esa ciudad), vinculado a entre dos y tres abusos sexuales a jugadoras menores de hockey en Monte Hermoso, hechos que se habrían registrado hace más de una década.

La detención se produjo en la vivienda del exfuncionario montehermoseño en Mar del Plata, en el bosque Peralta Ramos. Actualmente estaba dirigiendo a Sporting, en la ciudad balnearia.

Si bien la fiscalía se opone al pedido, el mismo fue girado a la jueza Promé para que resuelva.