La cifra continúa colocando a la región entre los índices más altos a lo largo del territorio provincial.

La cuestión cobra aún más relevancia si se toma en cuenta que gran parte de las víctimas de estos delitos resultan menores de edad.

También si se analizan las consecuencias que estos abusos dejan marcadas a fuego en quienes los sufrieron.

“Los efectos no son iguales en toda las personas, pero siempre el abuso tiene un efecto traumático”, afirmó la doctora en psicología Bettina Calvi.

La destacada profesional participó recientemente de una videoconferencia organizada por la ONG Creer, Sí.

Durante el encuentro, declarado de interés municipal, disertó sobre “Violencias sexuales contra niños, niñas y adolescentes”.

Calvi destacó que “hemos realizado con un equipo un observatorio de denuncias y en la mayoría de los casos el hecho se da en el ámbito intrafamiliar, lo que es mucho peor y los efectos son más graves aún”.

Comentó al respecto que “esta situación tiene que ver con que quien debe proteger a ese menor es quien lo agrede. El incesto es directamente arrasador para ese menor”.

“En mi tesis de doctorado hice la comparación que cuando un chico o chica sufre abuso intrafamiliar el efecto es comparable a lo que le pasa a un ciudadano frente a la caída de un estado de derecho. Quien te tiene que cuidar es quien te ataca, entonces no tenés a quién recurrir para defender tus derechos. Lo mismo sucede para un chico”.

Graves efectos

La psicóloga analizó también las derivaciones que estas acciones tienen en la vida de quienes las padecen.

“Lo que generalmente aparece como efecto es la alteración en la memoria, porque en el intento olvidar algo tan doloroso toda la memoria resulta afectada. La constitución de la propia identidad resulta comprometida, porque quien lo agrede está dentro del entorno familiar. Todas las legalidades de parentesco resultan afectadas”.

“Recuerdo que una paciente me dijo: 'qué le puedo contar a mis hijos de mi familia, si mi propio padre me hizo esto'. Se rompe la transmisión intergeneracional, el mito familiar queda totalmente afectado”.

También sostuvo que “a veces no es eso lo que se ve, sino que se manifiesta con alguna afección en el cuerpo o como enfermedad autoinmune o psicosomática”.

Acerca del pronóstico de evolución de las víctimas, Calvi manifestó que “sería deseable que con tratamiento la persona pueda resultar lo menos afectada posible con el transcurso de los años”.

“Desde la realidad de tantos años de trabajo, son marcas que quedan para siempre y afectan distintos sectores de la personalidad. En algunas personas interfiere en la constitución de los vínculos y en otras en su vida amorosa o sexual”.

La doctora también señaló que en muchos casos las víctimas logran romper el silencio luego de un tiempo prolongado.

“Hay casos de mujeres que con más de 60 años se atreven por fin a relatar un episodio de abuso acontecido en su infancia. Es un peso que cargaron toda su vida”, finalizó la especialista.

Caza de brujas

Calvi sostuvo que el proyecto de ley para agravar las penas por falsa denuncia en casos de violencia de género y delitos sexuales “es muy peligroso, porque promueve la persecución de las psicólogas que intervienen”.

“Esto es lo que llamo la nueva caza de brujas. Hay muchas situaciones que están colaborando con la invisibilización y el silenciamiento del abuso”, psiguió.

Indicó que los profesionales que evalúan a un chico o una chica que se sospecha que podría haber sido abusado “tienen la obligación ética, si hubiera marcas traumáticas compatibles, de informarlas. Cuando lo hacen, generalmente desde la defensa de los acusados se pone en marcha una persecución con denuncia penal hacia ese psicólogo, aprietes, escraches en las redes e insultos, entre otras cosas”.

“No se puede pensar que cuando la psicóloga está informando que observó indicadores que pueden ser compatibles con abuso lo esté inventando. Eso se hace desde herramientas profesionales, no son impresiones”.

Destacó finalmente que “la condena, si la hay, nunca es a partir de un informe psicológico. La decisión de condena la toma la Justicia”.

Necesidad de que les crean y las apoyen 

Situación. “Lejos de pensar que las madres tienen un 'furor denunciandis', lo que a veces nos cuesta es que la madre pueda creer. Esto es tan enloquecedor y siniestro, sobre cuando pasa en el interior de las familias, que en algunos casos las progenitoras se resisten a creerles”, dijo Calvi. 

Padecimiento. “Esto resulta doblemente doloroso para la víctima. Es muy diferente el pronóstico para una víctima de abuso si el entorno le cree, la sostiene y la acompaña, a cuando eso no ocurre”, agregó.

Protagonista. La profesionales mencionó que generalmente “en esos momentos aparece algo de afuera que puede ofrecer un espacio de escucha, como puede ser la escuela con la ESI”.

Opinión. “Se avanzó mucho en la capacitación de los profesionales, pero estamos en un momento de un intento feroz de volver a silenciar el abuso y de retroceso de los derechos conseguidos”.

El impacto de su rodilla izquierda con el piso le provocó rotura de meniscos y de ligamentos y motivó una intervención quirúrgica que incluyó la colocación de tres tornillos.

Por los daños y el lucro cesante, G.M.H. demandó "al Consorcio de Propietarios Alvarado 65/67".

En primera instancia, el juez en lo Civil y Comercial Nº 1, Juan Carlos Tufari rechazó sus argumentos al considerar que si bien la afectación física de la mujer estaba probada, no así la mecánica del hecho, siendo su declaración el único testimonio directo.

La defensa de G.M.H. apeló. Advirtió la existencia de prueba testimonial, un informe pericial y la historia clínica que corroboran lo sucedido, con lo cual consideró "arbitraria" la valoración del juez.

Y la Sala I de la Cámara en lo Civil y Comercial le dio la razón, modificó el fallo y condenó al consorcio a pagar más de 28 millones de pesos e intereses, con la sentencia firme.

Los jueces Patricio Lombardi, Marcelo Restivo y Fernando Kalemkerian coincidieron en que se debía revocar la resolución.

Explicaron que la ley prevé que las demandas de aquellas personas que reclaman por un hecho así y no logran acreditar la configuración del daño ni el nexo causal entre este último y la cosa riesgosa son desestimadas.

Pero este caso es distinto porque, a su criterio, las pruebas son claras.

En principio citaron la historia clínica de la paciente en el Hospital Regional Español, que confirmó que aquel día, después de las 19, la víctima ingresó a la guardia producto de un politraumatismo y que se le practicaron radiografías de codo, rodilla y tobillo izquierdos.

También se acreditó que la mujer tenía domicilio en el edificio y la declaración de una testigo que dijo que el ascensor "frecuentemente presentaba irregularidades en su funcionamiento" y que se trababa "cuando estaba en marcha o bien quedaba en desnivel estando detenido y con su puerta abierta".

Escaleras “peligrosas”: una demanda que finalmente se cayó

Por otro lado, en la copia del acta de la asamblea ordinaria realizada el 21 de septiembre de 2021 se dejó constancia del acto.

"Una inquilina del edificio sufrió un accidente al descender del ascensor" y que "consultando a la actual empresa encargada de realizar el mantenimiento (...) respecto al tema, ya que el ascensor frena en desnivel ocasionalmente, nos menciona que el motor tiene un sistema de frenado que tiende a realizar esas fallas ya que es antiguo, por lo que recomiendan cambiar el motor por un modelo más moderno".

El camarista Lombardi, con la adhesión de sus pares, consideró que en virtud de las pruebas reunidas se acreditó "el efectivo acaecimiento del evento dañoso denunciado por la accionante, así como la intervención causal del ascensor en su producción".

Consideró demostrada "la participación de la cosa riesgosa", sin eximentes.

Rubros indemnizados

La mujer acreditó que al momento del hecho era docente y que la situación le demandó una larga recuperación y le dejó una incapacidad del 8%, con inconvenientes físicos.

Este rubro, a criterio de los camaristas, correspondía cuantificarlo en 23.000.000 de pesos.

Otro aspecto aceptado es el de gastos médicos y farmacéuticos, al cual se le impuso 350.000 pesos.

Mientras que el daño moral se calculó en 5 millones de pesos, tras considerar el tipo de lesiones, la operación y las limitaciones funcionales que debió atravesar la mujer durante el prolongado tratamiento.

"No quedan dudas del impacto negativo que dichas circunstancias habrán tenido en su estado de ánimo", dijeron los jueces.

El cálculo del dinero, en este caso, se hizo para materializar una satisfacción compensatoria, como un viaje reparador dentro del país con un acompañante, según la información disponible en la página www.despegar.com.ar.

En definitiva, el monto que deberá pagar el consorcio, en caso de quedar firme este fallo, será de 28.380.000 de pesos, con más los intereses.

Se rechazó la "pérdida de chance"

Limitación. La mujer dijo que el hecho frustró su chance de acceder a cargos jerárquicos educativos para los cuales se postulaba. 

Exclusión. Fue excluida de los listados de ascenso, a partir del cambio de funciones dispuesto por su empleadora tras lesionarse.

Insuficiente. La Cámara rechazó el rubro porque la posibilidad de ascenso invocada "no aparece suficientemente fundada" como una chance indemnizable, sino que  se presentaba como "una expectativa meramente conjetural".

En el inicio del dispositivo estuvieron presentes el intendente Federico Susbielles y otros funcionarios provinciales y municipales del área de seguridad, como Federico Montero y Martín Pacheco.

Del procedimiento participaron agentes de Seguridad, DDI, Narcotráfico, GAD, UTOI, Infantería, Caballería, Planta Verificadora, Policía Vial y Policía Rural. Las tareas se desarrollaron en jurisdicciones correspondientes a las comisarías Primera, Segunda, Cuarta y Séptima.

Según se informó oficialmente, durante los controles se concretó la aprehensión de tres personas mayores de edad por delitos contra la propiedad y contra la autoridad. Además, fueron demoradas cuatro personas que registraban pedidos activos de averiguación de paradero.

En el marco de los controles vehiculares realizados junto a personal de Tránsito municipal, se retuvieron 23 vehículos, de los cuales 16 fueron motocicletas y siete automóviles. También se registraron dos test de detección de sustancias (Drager Test) con resultado positivo para marihuana.

Desde la fuerza indicaron que este tipo de operativos continuarán desarrollándose en distintos puntos de la ciudad como parte de una planificación conjunta entre autoridades policiales, ministeriales y municipales vinculadas al área de Seguridad, con el objetivo de prevenir hechos delictivos y poner a disposición de la Justicia a personas involucradas en actividades ilícitas.

Por otra parte, se informó que, como resultado del trabajo coordinado entre las comisarías y las distintas fiscalías, se llevan adelante entre 60 y 80 allanamientos mensuales. En lo que va de junio se realizaron alrededor de 48 procedimientos de este tipo.

De acuerdo con los datos oficiales, estas diligencias permitieron la aprehensión de personas vinculadas a distintos delitos y el secuestro de elementos sustraídos, además de estupefacientes como cocaína y marihuana. Asimismo, señalaron que los allanamientos aportan pruebas para el esclarecimiento de investigaciones judiciales en curso.

Fuentes oficiales indicaron que el hecho habría ocurrido ayer, alrededor de las 15, en el inmueble ubicado en calle 548, entre 521 y 523, del barrio Atepam, donde fue hallada sin vida Delia Mercedes Romero de Sánchez.

El fiscal Walter Pierrestegui confirmó que por el hecho se inició una investigación caratulada como homicidio agravado por el vínculo y que, aunque se aguarda el informe autopsial, la víctima habría sufrido un golpe en la cabeza.

Los voceros judiciales también señalaron que por el hecho se produjo la aprehensión de Jorge Sánchez, de 56 años, hijo de la mujer y también futbolista de paso por Villa Mitre en 1992, cuando integró el plantel que salió campeón de la Liga del Sur.

Mencionaron que policías que arribaron al sitio tras un llamado al 911 constataron que el sospechoso presentaba manchas hemáticas en manos y el rostro, y ofreció resistencia ante el accionar de los efectivos del Comando de Patrullas.

El hombre fue arrestado y sería indagado hoy por el fiscal.

"Paquillo", ídolo de la entidad tricolor, a la que llegó a inicios de 1991, se encuentra radicado en nuestra ciudad y cumple funciones en la delegación local del PAMI.

También es reconocido por impulsar diferentes actividades solidarias en favor de distintas entidades bahienses. (Con información de Noticias de Necochea y Ecos Diarios)

Se trata de Mariela Agunin (32), cuyo caso generó en las últimas semanas cruces entre la fiscalía y su defensor.

Mientras que el doctor Mauricio Del Cero la imputó de llevar adelante el comercio de estupefacientes en reiteradas ocasiones, el letrado Carlos Carnevale sostuvo que está presa en vinculación con un único caso en el que la Policía secuestró 7 gramos de marihuana en la plaza Rivadavia.

En las últimas horas, la Sala I de la Cámara Penal local, con los votos de los magistrados Christian Yesari y Gustavo Barbieri, confirmó el fallo del Juez de Garantías N° 3, Alberto Manzi, quien el pasado 1 de mayo rechazó un pedido de nulidad de la pericia realizada al celular de Agunín, decretó la prisión preventiva de la procesada y mantuvo la calificación de comercialización de estupefacientes agravada por realizarse en un lugar de esparcimiento social.

Sobre el primer aspecto, Carnevale indicó que al momento de requerir el allanamiento a la casa de la acusada y su detención se analizaron comunicaciones que excedieron el lapso temporal de dos meses (del 9/11/24 al 9/1/25) que había dispuesto la Justicia de Garantías.

Frente a esto, Yesari manifestó que la acusación del fiscal se limita a ese plazo y que las medidas fueron dictadas antes de que se advirtiera el error, agregando que Manzi determinó correctamente que “la porción autorizada de la prueba era autosuficiente para fundar la medida cautelar”.

Comunicaciones

Al pedir la prisión preventiva, Del Cero imputó a la mujer del comercio de drogas, fundamentalmente marihuana, durante el período comprendido entre el 15 de noviembre de 2024 y el 9 de enero de 2025, en distintos puntos de Bahía Blanca y a través de entregas previamente acordadas.

“La totalidad de las conversaciones rescatadas de la pericia telefónica, que datan del período habilitado, apuntalan con claridad meridiana esta hipótesis”, indicó el camarista.

En el fallo el magistrado analizó cuatro de las comunicaciones halladas en el dispositivo, dos de ellas realizadas a principios del año pasado y que dieron origen al procedimiento en el centro bahiense, cuando cámaras del CeÚM registraron a Agunín suministrándole marihuana a una chica en Chiclana y Alsina.

“Queda más que prístinamente claro que la imputación y las consecuencias procesales derivadas de ella no se condice con la tenencia de 7,4 gramos de cannabis sativa, sino con la comercialización de estupefacientes”, sostuvo Yesari.

Agregó que, al menos en esta etapa procesal, las pericias determinaron "una pauta de conducta reiterada orientada a la venta de marihuana a distintos compradores".

Por último, los magistrados coincidieron con el análisis del Juez de Garantías sobre la presencia de peligros procesales, entre otras consideraciones, por la pena en expectativa de los delitos imputados (de 6 a 20 años de prisión).

El sentimiento que aflora en la víctima de un delito cuando descubre que el autor del hecho no cumple la pena impuesta por la Justicia es indescriptible.

Esa situación debió soportar, el mes pasado cuando paseaba por el Bahía Blanca Plaza Shopping, el hijo de una pareja que perdió su vida en 2015 durante un incidente vial registrado en el acceso a Monte Hermoso. 

El choque fue provocado por la camioneta Toyota que manejaba Christian Enrique Crocetti, a quien le impusieron una pena de 3 años de prisión en suspenso y 10 de inhabilitación para conducir, medida que debe expirar el 3 de octubre de 2028.

Sin embargo, Crocetti fue visto y filmado por el hijo de Luis Pistocchi y Carmen Martínez, las víctimas del siniestro, cuando conducía un auto en la salida del paseo público.

"Escuchame, ¿vos podés manejar? ¿vos tenés carnet?...sos un delincuente", se le escuchó decir al damnificado en medio del breve video que se viralizó.

La inhabilitación es una pena accesoria que se impone a quienes cometen delitos de tipo culposo, que no solo incluye a los conductores de vehículos sino también a profesionales -como médicos o ingenieros- y hasta funcionarios públicos que causan acciones imprudentes o negligentes.

En Bahía Blanca y la región hay casi 300 personas que actualmente, además de estar condenadas a prisión de ejecución condicional (siguen en libertad), están inhabilitadas. 

El 90% de esas medidas restrictivas tiene que ver con la prohibición para manejar automotores, porque la mayoría de los delitos culposos se relaciona con el tránsito.

Sin embargo, la pregunta del millón es quién controla a los que están en falta, como el caso de Christian Crocetti.

Los Juzgados de Ejecución Penal Nº 1 y 2 de Bahía -hoy a cargo solo de un juez, el doctor Claudio Brun- se encargan de comunicar las inhabilitaciones para conducir, con el envío de oficios a tres organismos estatales.

Se trata de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (Nación), la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial (Provincia) y la Dirección de Tránsito (Municipal).

"Además, una vez al año se mandan oficios a los distintos organismos para ver si hay algún tipo de situación a tener en cuenta, alguna anormalidad, y cuatro meses antes de que se agote la pena de inhabilitación se piden informes a los registros para saber si hubo algún incumplimiento, ya que muy pocos organismos lo informan", explicó un vocero judicial. 

Sin embargo, el sistema evidencia fallas.

Por ejemplo, en mayo de 2024 el abogado de Crocetti pidió levantar la inhabilitación para conducir de su defendido, pero la Justicia se lo rechazó porque al pedir informes "saltó" que tenía una multa por exceso de velocidad cometida en abril de 2020.

Tanto por aquella multa como por su conducción en el Shopping, la Justicia giró actuaciones a la fiscalía en turno para iniciarle sendos sumarios por el delito de desobediencia, que actualmente están en trámite.

Qué dice el Código

El artículo 239 del Código Penal (desobediencia) establece una pena de prisión de 15 días a un año para quien resista o desobedezca a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le preste asistencia a su requerimiento o en virtud de una obligación legal.

Sin embargo hay otros operadores del sistema judicial que creen que esta situación se enmarca en el artículo 281 bis del CP (quebrantamiento de pena), que prevé  una sanción mayor, de dos meses a dos años de cárcel, para quien "quebrantare una inhabilitación judicialmente impuesta".

Pero más allá del caso Crocetti se dieron otras situaciones graves. 

Por ejemplo automovilistas con penas de inhabilitación para manejar que lograron renovar la licencia de conducir en medio de la sanción. Existe más de un caso en Bahía. 

Uno de ellos es el de Pablo Martín Ismael, condenado en 2019, por homicidio culposo, a dos años de prisión en suspenso y 5 años de inhabilitación para la conducción de vehículos.  

En el legajo de seguimiento de la pena accesoria a Ismael, se descubrió que durante el citado periodo el automovilista no solo cometió diversas infracciones de tránsito sino que -y lo más llamativo del caso-, el 29 de diciembre de 2022, se le renovó la licencia de conducir en las oficinas municipales mientras la citada inhabilitación aún estaba vigente.

Ismael, así como Crocetti, está siendo sometido a una nueva causa judicial por el incumplimiento detectado.

Si la Justicia, como se dijo, notifica regularmente a distintos organismos sobre este tipo de sanciones, algo falla en la cadena de control para permitir que el Ministerio de Transporte de la Nación otorgue las renovaciones de conducir a quienes, justamente, purgan una pena de inhabilitación para manejar automotores. 

"Eso es grave, porque alguien renueva el carnet estando inhabilitado para conducir. Evidentemente hay una falla en ese tramo", comentó otra fuente tribunalicia.

Contoles de tránsito

¿Y qué pasa en los controles de tránsito? Desde la Policía de nuestra ciudad se informó que la sanción de impedimento para conducir debe verificarse a través del sistema informático que se utiliza, por caso, para detectar a las personas que tienen pedido de captura y/o averiguación de paradero.

Sin embargo, no es sencillo de individualizar por otros factores.

"La persona que está inhabilitada y sigue conduciendo, si se la detiene en un operativo de tránsito, seguramente no tendrá la licencia, con lo cual el vehículo se puede retener por esa infracción. El problema surge si a esa persona le permitieron renovar la licencia y aparece 'en regla'", explicó una autoridad.

Retención de licencia

Control. Algunos juzgados de nuestra ciudad que analizan en juicio distintos hechos de tránsito comenzaron a retener la licencia de conducir al momento de dictar sentencia por delitos culposos, con inhabilitación para manejar para los que son considerados autores penalmente responsables del delito.

Reaseguro. Esa medida, si bien puede actuar como un reaseguro, solo llegaría a ser efectiva en la medida que el infractor condenado no se arriesgue a manejar sin licencia o la pueda renovar, tal como ha sucedido.

Casi 300. En Bahía Blanca y la región que compone su departamento judicial hay, en la actualidad, 284 personas con inhabilitación dictada por la Justicia, la mayoría para conducir. Son 133 que están a disposición del Juzgado de Ejecución Penal Nº 1 y 151, del Juzgado de Ejecución Penal Nº 2.

El procedimiento se desarrolló alrededor de las 19, en el marco de los operativos denominados "Zonas Calientes", llevados adelante por personal de la Comisaría Segunda con apoyo de efectivos del Comando de Prevención Rural (CPR) y de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI).

Según informaron fuentes policiales, Leonel Emiliano Santechia circulaba a bordo de una motocicleta Motomel Skua 250 cc cuando desobedeció la orden de detenerse para ser identificado. En su intento de fuga aceleró el vehículo y embistió a un efectivo de la UTOI, provocándole lesiones.

Tras el hecho, el motociclista continuó ofreciendo resistencia, aunque finalmente fue reducido y aprehendido por los uniformados.

El policía herido fue trasladado al Hospital Español para recibir atención médica y se encuentra fuera de peligro.

Interviene la UFIJ N°15, que inició actuaciones por los delitos de desobediencia, resistencia a la autoridad y lesiones.

El juicio oral está a cargo del Tribunal en lo Criminal Nº 1 y se prevé que se extienda hasta el próximo miércoles.

El presunto ataque sexual "en manada" contra una chica que en ese momento tenía 17 años, se habría cometido en 2017 en una quinta de aquel pueblo ubicado en el partido de Villarino.

Según el fiscal Marcelo Romero Jardín, todos los imputados en esta causa son coautores funcionales de abuso sexual con acceso carnal o, alternativamente, de abuso sexual gravemente ultrajante.

Porque la agresión sexual -agregó- es una figura integrada por dos elementos típicos: el acto de carácter sexual y el empleo de violencia o intimidación.

La totalidad de los enjuiciados actuó con "violencia o mediante intimidación al encerrar a la víctima en una habitación oscura, rodearla y amenazarla de manera coactiva", de acuerdo con el análisis del fiscal de delitos sexuales.

Si bien sólo dos de los acusados, al parecer, abusaron sexualmente de la chica, "todos eran conscientes de lo que sucedía en ese cuarto y pretendían el resultado buscado y planificado antes".

Los procesados podrían recibir penas de entre 6 y 15 años de cárcel, contempladas por el artículo 119 del Código Penal.

Esta es la primera vez que Romero Jardín plantea la coautoría funcional en un debate por delitos contra la integridad sexual.

El delito, conocido hoy, se produjo en la madrugada del jueves en Alsina 111, un local dedicado a la venta de jeans, abrigos y prendas masculinas, que está sobre uno de los accesos a la galería Florida.

El solitario ladrón, que quedó registrado por una cámara interna de la galería, actuó sobre las 4.25 de ayer. Se observa cómo utilizó un elemento contundente para romper una vidriera del negocio (es un ventanal interno de la galería, no da a la calle) y sustrajo algunas prendas que cargó en una bolsa de consorcio.

El dueño del comercio decidió no hacer la denuncia ni llamar al 911, con lo cual la Policía tomó conocimiento del ilícito recién hoy, pero al presentarse los uniformados en el local mantuvieron la postura de no denunciar.

De todas maneras, las autoridades están obligadas a iniciar actuaciones de oficio por el tipo de delito. 

Así pudieron establecer que la galería permanece cerrada durante las noches/madrugadas pero ese día hubo algún descuido y una de las puertas quedó abierta, lo cual facilitó la acción del ladrón.

También se estableció que la vidriera del negocio afectado no tenía sensores de alarma, lo cual facilitó la fuga del desconocido.

Los procedimientos fueron realizados junto a efectivos de la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL), el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y el Comando de Patrullas.

El primero de los allanamientos se concretó en una vivienda ubicada en José María Arango al 1900. Allí se secuestraron prendas de vestir y una motocicleta Honda XR 150, presuntamente utilizadas durante el hecho investigado. Además, los efectivos incautaron 9 gramos de cocaína, 254 gramos de marihuana y cuatro teléfonos celulares.

Como resultado del operativo fue aprehendido Adrián Facundo Arévalo, de 21 años, acusado por infracción a la Ley 23.737 y por el delito de abuso de armas. También fueron demoradas Ludmila Yamila Quesada, de 24 años, e Ivone Aparecida De Moraes, de 42.

En un segundo procedimiento realizado en Chubut al 2000, la Policía secuestró 68 gramos de marihuana y tres teléfonos celulares. En ese domicilio fueron demorados Rodrigo Sebastián Soto González, de 32 años, y Yeniffer Antonella Benítez, de 31.

Finalmente, en un tercer allanamiento, cuyo domicilio no fue informado, los uniformados incautaron 65 gramos de marihuana y prendas de vestir que serían de interés para la causa. Además, fue aprehendido un adolescente de 16 años, quien posteriormente fue entregado a su madre.

Las actuaciones quedaron a cargo de la UFI Nº 7, la UFI Nº 19 y la UFIJ del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 1.

Según informaron fuentes oficiales, las diligencias fueron solicitadas tras tareas investigativas y el análisis de cámaras de vigilancia, en relación con un episodio ocurrido el pasado 3 de junio en Martín Lutero al 1400.

De acuerdo con la investigación, dos hombres que se desplazaban en una motocicleta efectuaron disparos que impactaron en el pie de Gonzalo Ezequiel Suárez, de 18 años. No obstante, la víctima no habría instado la acción penal.

Durante el procedimiento fueron aprehendidos Susana Mariela Morón, de 50 años, y Nahuel Eloy Noel, de 21, ambos residentes en el domicilio allanado, ubicado en calle Simón Bolívar al 1800.

La orden estuvo a cargo del Juzgado de Garantías N°4, en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737.

Durante la requisa se hallaron 24 frascos con cogollos de marihuana, siete plantas de cannabis en macetas, un envoltorio con un gramo de cocaína, dos teléfonos celulares para peritajes, una vaina servida calibre 22 y diversos elementos utilizados para el cultivo bajo la modalidad indoor, entre ellos una cabina, iluminación especial, extractores de aire y fertilizantes.

La investigación se originó a partir de un hecho ocurrido el último miércoles en la intersección de Pampa Central y Manuel Ugarte, donde una mujer de 27 años denunció haber sido amenazada y agredida por Rubén Rodríguez, de 27 años, quien ya se encontraba aprehendido al momento del allanamiento.

En la causa intervienen las UFIJ N° 15 y 19 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.

El hecho ocurrió en un domicilio de Gossetti y Biga al 400 de la localidad.

En ese lugar encontraron fallecidos a Sergio Phillips, tirado en un pasillo, y a su madre Eva Kesler, acostada en una cama.

Las víctimas, que convivían en esa casa, no presentaban signos de violencia, como tampoco lo hacía la vivienda.

Además, personal policial y médico constaron que del único calefactor que había en el lugar se desprendía monóxido de carbono.

La chica, según el escrito, tomó un micro de la línea 319 en la parada de la primera cuadra de Estomba (frente a la plaza Rivadavia), sobre las 13.30, con intenciones de descender cerca de su domicilio en la zona de Grünbein.

Al llegar el ómnibus a Rafael Obligado y Fernando Fader, a pocos metros de su bajada, y cuando no quedaban otros pasajeros en el transporte -siempre según la denuncia-, el chofer habría frenado la marcha, se acercó a la joven y la habría manoseado por arriba de sus prendas de vestir.

La denunciante pudo escapar y dar aviso a su familia. Describió al autor como un hombre de cabellos rubios, de unos 40 años de edad, delgado y de entre 1.65 y 1.70 de estatura, con anteojos y campera negra de algodón.

Reacción

El caso no terminó allí porque familiares y allegados a la víctima, poco antes de las 23, se reunieron en el sector de Rafael Obligado y Soriano e interceptaron al micro que aparentemente conducía el chofer sospechado y lo increparon, aunque el transportista finalmente pudo seguir su recorrido.

La UFIJ Nº 4, a cargo del caso, ya tendría identificado al conductor -con nombre, documento y domicilio- aunque por el momento no se adoptó ninguna medida procesal.

"Desde hoy y hasta el lunes tendremos mucha prueba testimonial, más de 20 testigos en la fiscalía. En este caso son empleados que trabajan en el lugar. Una de las ideas es saber si hay antecedentes" de incidentes similares, aunque sin un final trágico como el de Juan Roberto Cafasso (69).

El fiscal Aguilar, en diálogo con LU2, confirmó que "estamos recopilando una gran cantidad de prueba y, a partir de esa recopilación, conducente para el esclarecimiento del hecho, vamos a establecer imputaciones".

"Evidentemente estamos frente a un delito, no cabe duda alguna: se investiga un homicidio culposo", ratificó Aguilar.

Muerte en el gimnasio: quiénes son los responsables de la franquicia local

El titular de la UFIJ Nº 1 ya cuenta con los expedientes administrativos de los departamentos de Obras Particulares y Habilitaciones del municipio, relacionados con el establecimiento -aún hoy clausurado- que está ubicado en la avenida Cabrera al 4.100. 

Entre la prueba a reunir también se espera una serie de estudios ordenados a la Asesoría Pericial de nuestra ciudad y también se pidió colaboración al Departamento de Ingeniería de la UNS.

"Se solicitó que se designe un ingeniero civil, con especialidad en la materia, para que vea los planos y el lugar y determine si debía existir una pared (en el lugar de la caída de Cafasso). En principio yo diría que sí, pero debemos certificarlo", declaró el fiscal.

"En los planos figura una pared, pero no soy experto en la materia, por eso voy a solicitar la colaboración de un profesional, lo que sucede es que si usted ingresa, hay un entrepiso y la pared llega hasta el entrepiso, no se prolonga hacia el techo", aclaró Aguilar. 

Consultado el fiscal acerca de si los dueños de la franquicia pudieron desconocer el faltante de la pared y atribuirlo a una cuestión técnica del responsable de obra, dijo que "es una cuestión muy notable, demasiado evidente. Lo que sucede acá es que una persona falleció por una falta de medida de seguridad evidente".

Cafasso cayó al trastabillarse desde un entrepiso de 3,54 metros de altura, que no cuenta con ninguna pared lateral.

"Allí hay colocadas máquinas para hacer bicicleta fijas y los elípticos, que están a 20 centímetros del filo del vacío. Donde debería haber una pared había báners. La peligrosidad es evidente. Si hubiera habido una persona o más abajo también podrían haber fallecido o sufrido graves lesiones", cerró Aguilar.

Tras la denuncia presentada por las autoridades de la entidad deportiva, personal del Gabinete de Investigaciones de la Comisaría Tercera inició tareas investigativas en coordinación con el Centro Único de Monitoreo (CEUM), donde se logró identificar a los sospechosos y seguir sus movimientos hasta el domicilio de uno de ellos.

Durante la mañana, parte del material robado fue encontrado oculto entre los pastizales ubicados detrás de la cancha de Huracán, en una zona cercana a la marea.

Posteriormente se realizó un allanamiento en una vivienda de calle Juan B. Justo al 2800, en Ingeniero White.

Como resultado del procedimiento fueron aprehendidos un menor de 15 años y Santiago Ezequiel Bentacourt, de 19.

Según informaron fuentes policiales, este último se encontraba cumpliendo arresto domiciliario por causas relacionadas con delitos contra la propiedad y abuso de arma.

Además, en la vivienda se secuestró parte del cableado sustraído, aunque una porción del material ya había sido combustionada.

El joven de 19 años quedó alojado en la Comisaría Tercera, mientras continúa la investigación para determinar la totalidad de las responsabilidades en el hecho.

Por este hecho, ayer ya habían sido capturadas una mujer y una menor de 17 años, quienes resultaron ser la pareja y la hija de este sujeto.

La aprehensión se llevó a cabo durante allanamientos llevados a cabo en dos viviendas ubicadas en Rufino Rojas al 500 y Pasteur al 1.500, y fueron dictaminados por el Juzgado de Garantías Nº 4.

En ellos se secuestraron dos carabinas y un arma de puño marca Bersa Thundar Calibre 22  y varias municiones, además de la captura del hombre.

A partir de la judicialización del hecho, se pudo determinar que esta persona había participado del delito, siendo quien empuñaba el arma de fuego secuestrada al momento del hecho.

El delincuente fue trasladado a la Comisaría Primera y puesto a disposición de la Fiscalía Nº 7. En ese sentido, se indicó que posee un amplio enlistado de antecedentes por delitos similares y contra la propiedad.

La convocatoria reunió a un nutrido grupo de personas que acompañó a la familia durante la jornada y se concentró frente al Palacio Municipal, donde se renovó el reclamo por avances en la investigación y respuestas concretas de las autoridades.

Con carteles, banderas y mensajes de apoyo, además de bocinazos y aplausos, los presentes expresaron su acompañamiento a la familia y reclamaron que el caso continúe teniendo visibilidad pública.

Además, insistieron en la necesidad de que hechos de violencia como el ocurrido no vuelvan a repetirse en Bahía Blanca.

Durante la movilización, la madre del adolescente, Aldana Vega, agradeció el acompañamiento de la comunidad y aseguró que continuará con el pedido de justicia hasta obtener respuestas.

La mujer destacó la evolución favorable de su hijo, aunque explicó que deberá someterse a una nueva cirugía para la colocación de una placa craneal y continuar con un proceso de rehabilitación.

Vega cuestionó que los presuntos responsables continúen en libertad y señaló que, a más de un mes del hecho, aún no habría un fiscal a cargo de la causa.

“No es justo que una mamá tenga que salir a la calle a pedir justicia. Si Thiago está vivo es porque su amiguito (Rodrigo) le salvó la vida y como madre me siento indefensa”, sostuvo.

También reclamó mayor presencia de las autoridades frente a la problemática de la inseguridad y el consumo de drogas en distintos sectores de la ciudad.

“Necesitamos ser escuchados como sociedad. Que esto no le pase a ninguna familia más”, expresó.

Por último, agradeció el respaldo de los vecinos, el acompañamiento de los medios de comunicación y la atención recibida por parte del personal del Hospital Municipal durante la internación de Thiago.

“Esta lucha es larga, pero no vamos a parar hasta que se haga la justicia que se tiene que hacer”, concluyó.

El megaoperativo, que apunta a desbaratar redes de grooming, ciberpedofilia y abuso sexual infantil, puso especial foco en la región del sudoeste provincial. Las acciones en nuestra ciudad y Tres Arroyos fueron lideradas de manera directa por los fiscales Rodolfo De Lucía y Natalia Ramos, respectivamente.

Los procedimientos en Bahía formaron parte de una estrategia coordinada desde el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming de la Procuración General, conducida por el doctor Julio Conte-Grand.

Para desarticular las operaciones locales, los fiscales bahienses trabajaron en conjunto con ocho fiscalías especializadas que funcionaron como nodos de inteligencia en toda la provincia. El objetivo en la región no solo fue el secuestro de material de abuso sexual infantil (MASI), sino también detectar la posible producción local, la distribución y los casos de acoso virtual (grooming), delitos tipificados en los artículos 128 y 131 del Código Penal Argentino.

A nivel provincial, el impacto del operativo dejó estadísticas que encienden las alarmas de las autoridades:

• Objetivos e involucrados: De un total de 138 objetivos investigados, se concretaron 121 allanamientos. Se identificó a 111 personas (106 hombres y 5 mujeres).

• Menores implicados: Entre los investigados se detectaron dos menores de 18 años que compartían este material. El rango etario general de los sospechosos oscila entre los 15 y los 75 años.

• Entornos de riesgo: Preocupa de sobremanera que 6 de los investigados trabajan en contacto directo con niños y adolescentes. Además, se identificaron 37 menores de edad que convivían con los sospechosos y 4 posibles víctimas directas de abuso infantil.

• Allanamientos en cárceles: Los procedimientos incluyeron una unidad carcelaria donde se encontraban alojados presos que ya purgaban penas por abuso sexual.

Uno de los objetivos de la investigación se inició a raíz de un operativo previo por tenencia de material de abuso. Gracias al seguimiento, se logró detectar a una nueva imputada dedicada a la producción y distribución del material.

Tecnología incautada

El volumen de material digital secuestrado requerirá semanas de peritajes. En total, las fuerzas policiales de la provincia, federales y de la Ciudad de Buenos Aires incautaron:

• 165 teléfonos celulares.

• 160 dispositivos de almacenamiento (discos, pendrives).

• 80 computadoras.

• 2 armas de fuego.

Durante los mismos procedimientos, los especialistas informáticos ya lograron realizar 31 triajes y análisis rápidos (visus) sobre los dispositivos secuestrados para asegurar la prueba de manera inmediata.

Las autoridades destacaron la colaboración de la Dirección de Investigaciones en Cibercrimen de la Policía Bonaerense, la Policía Federal Argentina, la Policía de la Ciudad y Prefectura Naval, quienes actuaron en simultáneo para evitar el borrado de archivos y desmantelar los nodos desde la periferia bonaerense hasta Bahía Blanca.

La audiencia prevista en el artículo 308 del Código Procesal Penal estará a cargo de la fiscal Marina Lara y no se dio a conocer la fecha exacta de la misma por cuestiones de seguridad, a fin de evitar una eventual reacción de los grupos más radicalizados de proteccionistas de animales.

En las últimas horas, en el marco de la investigación, se incorporaron a la causa distintas declaraciones testimoniales, entre ellas de otros jóvenes que estuvieron presentes y vieron toda la secuencia.

Sus dichos sirven para determinar el grado de participación de ambos acusados, según se informó.

Por otra parte, el viernes se realizará el examen de visu de los celulares de Bravo y Santerre, secuestrados en el  marco de una serie de allanamientos realizados tanto en nuestra ciudad (donde los jóvenes estudiaban) como en la localidad de Huanguelén, de donde son oriundos.

"Tendremos que determinar si se pueden desbloquear los dos teléfonos. Son dos Iphone y las claves no fueron suministradas", explicó un investigador.

De no lograr la apertura en ese caso, se deberá realizar una pericia de mayor complejidad, que demandará más tiempo.

Sobre la indagatoria, se dijo que ambos deberán responder por infracción a la ley de maltrato animal, en concurso ideal con la falta a la ley de preservación de la fauna autóctona.

Esta última normativa prevé en caso de condena la inhabilitación, con lo cual ambos jóvenes deberían llegar a juicio oral y no podrían ser beneficiados por el "atajo" de la suspensión de juicio a prueba o probation.

Más allá de esta causa, tramita otra IPP ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 9, a cargo del fiscal Diego Conti, por las amenazas que supuestamente recibieron tanto Bravo como Santerre luego de la viralización del video.

El hecho tuvo lugar pasadas las 20 de ayer, cuando personal policial tomó conocimiento de que en la intersección de las calles Belgrano y Ramón Ocampo había un joven esgrimiendo un arma de fuego. 

Al llegar al lugar, los uniformados observaron a una persona con las características descriptas por el vecino que se comunicó telefónicamente y, ante la presencia policial, se dio a la fuga, descartando un elemento entre unos pastizales.

El joven finalmente fue alcanzado y reducido, constatándose que la pistola que había manipulado era de aire comprimido. 

Por este hecho, el menor -a quien no se identifica por razones legales- fue trasladado a la comisaría para luego ser entregado a sus padres.

En el caso tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 1 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Bahía Blanca (agencia Carmen de Patagones).