La captura se llevó a cabo en Güemes y Monseñor Angelelli.

En ese lugar se aprhendió a Rodrigo Muñoz, de 26 años. El hombre había intentado escapar de los policías, pero fue reducido tras oponer resistencia y forcejear con los agentes.

Se procura establecer su posible vinculación con otros hechos similares en el sector.

Intervienen en el caso la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 7 y el Juzgado de Garantías Nº 4 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.

Hace poco más de un mes, cuando pretendía ingresar al país por la Triple Frontera, procedente de Foz de Iguazú (Brasil), personal de la Dirección Nacional de Migraciones detectó que tenía un pedido de captura internacional y dio aviso a los efectivos de Gendarmería Nacional apostados en el lugar.

El sujeto, según describieron, atravesó el Puente Internacional Tancredo Neves y pretendía acceder a Misiones cuando fue interceptado y arrestado.

Damboriana fue puesto de inmediato a disposición de la UFIJ Nº 19, a cargo del fiscal Mauricio Del Cero, quien lo indagó mediante el sistema de videollamada (se negó a declarar) y ordenó el traslado hacia nuestra ciudad.

El pasado 15 de julio, la jueza de Garantías Nº 1, Claudia Olivera, decretó la prisión preventiva del acusado.

La medida fue apelada por la defensora oficial Luciana Juricich, aunque recientemente la Sala II de la Cámara Penal local, con los votos de los jueces Guillermo Petersen y Guillermo Emir Rodríguez, confirmó la decisión de que el imputado permanezca detenido al menos hasta el juicio oral y público.

Los hechos

La causa se puso en marcha en octubre de 2023, cuando efectivos de la Estación de Policía Comunal montehermoseña secuestraron en poder de Damboriana 2,7 gramos de cocaína fraccionada, una balanza y un teléfono celular.

"Del análisis del dispositivo se pudo determinar que presuntamente tenía la sustancia con fines de comercialización y que, junto a Alejandro Antonio La Rocca, habría vendido estupefacientes, particularmente cocaína, en Monte Hermoso y Sauce Grande, al menos entre junio y octubre de ese año", mencionaron.

El presunto cómplice fue sentenciado en abril de 2025 a 3 años de prisión de ejecución condicional, como participe secundario de comercialización de drogas.

Incluso, describieron que también se hallaron conversaciones del sospechoso con otro hombre que en 2025 fue condenado por el comercio de narcóticos al menudeo.

Charlas reveladoras

Al fundamentar la decisión, los camaristas destacaron que las conversaciones halladas en el análisis de los teléfonos celulares “dan cuenta de presuntos actos de comercialización de estupefacientes llevados a cabo en un determinado período, de la división de funciones y de los roles que habrían asumido ambos en el intercambio de las sustancias con terceros consumidores”.

Señalaron que en esos diálogos también se hallaron indicios del precio de la droga y del pago mediante transferencias bancarias.

Los jueces sostuvieron que con las pruebas recolectadas por los investigadores “basta para sostener que se ha arribado al grado de conocimiento necesario para el dictado de la medida de coerción impuesta”.

Describieron que, si bien de las transcripciones de las charlas “pudiera inferirse” que el acusado “eventualmente consumiría estupefacientes”, esa situación no excluye las conductas que le imputan.

Incluso, mencionaron que esa circunstancia fue introducida en la apelación solo por la defensa, ya que el sujeto no la refirió al declarar.

Por otra parte, coincidieron con la jueza de Garantías respecto a la presencia de peligros procesales, entre ellos el de fuga.

“Debe merituarse que estamos en presencia de hechos graves, así como la actitud procesal asumida por el procesado, en tanto el mismo permaneció sin poder ser hallado y con un pedido de captura”.

Del mismo modo, según señalaron en la resolución, tuvieron en cuenta los antecedentes penales computables del Damboriana.

Por todo ello, resolvieron rechazar el planteo de la abogada defensora y confirmar la medida que dispuso la prisión preventiva del hombre.

El 21 de octubre de 2023, cuando debían embarcar desde la ciudad dominicana hacia Buenos Aires y fueron al aeropuerto para retirar los pasajes físicos descubrieron que el vuelo AR 1325 de Aerolíneas Argentinas solo tenía tres asientos disponibles y no figuraba el del hombre, identificado con las iniciales D.N.M.

Pese a los insistentes y justificados reclamos, porque habían hecho el pago previo de los 4 lugares a través de la plataforma online Otium Internacional (el representante local JM Viajes fue quien extendió la factura), desde la firma de aeronavegación desistieron de subir al hombre al avión de vuelta.

D.N.M. entendió que había sido víctima de una práctica ilegal, conocida como overbooking, que consiste en la sobreventa de pasajes.

Debió quedarse en Punta Cana dos días más y recién el 23 pudo volar hacia nuestro país.

Una vez en Bahía accionó contra Aerolíneas Argentinas y el caso fue analizado por la Justicia Federal.

Y en dos instancias ya obtuvo dictamen a favor. 

Tanto el Juzgado Federal N° 2 como, recientemente, la Cámara Federal de Apelaciones resolvieron aceptar la demanda por daños y perjuicios, aunque rechazaron el reclamo por daños punitivos.

En primera instancia, la jueza María Gabriela Marrón ordenó un pago de 2 millones de pesos más los intereses desde octubre de 2023 por el daño moral generado.

Entendió que la familia sufrió "disgusto, incomodidad e incertidumbre" al ser cancelado el pasaje del hombre.

"La desatención, al no haberle prestado el servicio contratado de manera regular, provocó afecciones en la esfera interna", dijo.

D.N.M. apeló al cuestionar el monto fijado y el rechazo al pedido por daño punitivo, al considerar que la empresa omitió las reglas de deber de información y trato digno que prevé la Ley de Defensa del Consumidor 24.240, ya que, en su criterio, intentó camuflar la sobreventa de pasajes con cuestiones operativas.

En cuanto al dinero dispuesto, entendió que "se decidió fijar un monto que apenas cubre la mitad de lo pedido y sin explicación alguna".

Abogada ganó una demanda millonaria por un vuelo cancelado en la pandemia

La aerolíneas, por su lado, rechazó la demanda tras explicar que la modificación se debió a un cambio de la aeronave originalmente programada para ese viaje por otra de igual modelo (Airbus A330), pero con menor capacidad (un asiento menos).

Y reconoció que el personal que atendió a la familia en preembarque usó el término overbooking pero no en sentido de sobreventa de pasajes, sino para indicar que la capacidad del avión no contaba con disponibilidad para todos los pasajeros.

A medias

La Cámara Federal confirmó el fallo de la jueza Marrón. Fijó el monto por daños y perjuicios y desestimó el pedido por daños punitivos.

El camarista Roberto  Amábile -con la adhesión de su colega Pablo Larriera- entendió que estaba bien calculado el monto.

Si bien existió una temporaria separación del grupo familiar, con las molestias, angustias y trastornos de esa situación, "no se verificó una frustración total del viaje ni secuelas de carácter permanente".

"Por ello, no resulta adecuado tomar como referencia una experiencia de alto costo o carácter suntuario –como sería la financiación de dos nuevos viajes internacionales para el grupo familiar al destino originalmente visitado–, pues ello desbordaría la función resarcitoria del instituto.

"En cambio, se estima razonable fijar una suma que permita a los actores acceder a una experiencia familiar de recreación o descanso de nivel medio, apta para mitigar las consecuencias disvaliosas del hecho, cumpliendo así con la finalidad compensatoria que informa el ordenamiento vigente", explicó.

En cuanto al daño punitivo, la Cámara explicó que se trata de una sanción "de carácter excepcional" que requiere la verificación de una conducta "particularmente grave por parte del proveedor, que exceda el mero incumplimiento de las obligaciones contractuales y evidencie un claro desinterés o menosprecio por los derechos del consumidor".

Le cubrieron los gastos en la emergencia

El daño punitivo fue rechazado porque no se observaron elementos suficientes para considerar que la situación fue de gravedad extrema.

De hecho, surge de la causa que la aerolínea "brindó asistencia al pasajero afectado", con la cobertura de los gastos de alojamiento extras, traslados y reprogramación del vuelo.

"Lo cual, si bien no neutraliza el incumplimiento verificado ni excluye la procedencia del resarcimiento por daño moral, resulta indicativo de una conducta que no puede ser calificada como de grave indiferencia o desaprensión hacia el consumidor", explicó la Cámara Federal bahiense.

El hecho de que la empresa no hay apodido probar de manera suficiente que se trató de un error técnico para justificar la reducción de capacidad del vuelo no deriva, por sí solo, en la existencia de un obrar doloso.

Sí se estableció a partir de los informes de la ANAC que el avión de reemplazo para la vuelta a Ezeiza tenía mayor cantidad de plazas disponibles que la unidad originaria, lo cual desestimó los descargos de AA para desligarse de la responsabilidad por el daño moral.

En la víspera el juez subrogante del Juzgado de Garantías N° 1, Guillermo Mércuri, rechazó el hábeas corpus formulado por la defensa de Del Valle.

El magistrado decidió mantenerlo privado de la libertad pero por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar.

En tanto, por el caso del grave ataque sexual, coincidió con su colega Claudia Olivera en cuanto a que la acción penal está extinguida y ordenó el sobreseimiento por los hechos de abuso sexual agravado y aborto en grado de tentativa. 

El magistrado respondió al pedido de la Cámara Penal (había dejado en suspenso el sobreseimiento al pedir profundizar los informes de antecedentes para saber si no se había interrumpido la prescripción) y aclaró que, tras extraerse las huellas dactilares actualizadas del sospechoso, se confirmó que no existían condenadas en su contra durante el tiempo de la fuga.

"Seguimos firmes en que hay argumentos para darle continuidad a la acción penal y avanzar sobre los otros delitos", agregó la joven abogada y familiar de la víctima.

Violadores en la calle: la imperiosa necesidad de alcanzar una reforma legal

Segovia impulsa la acusación como particular damnificada junto a sus colegas Norberto Filippini y Leonel Báez.

Los voceros señalaron que el hecho se produjo alrededor de las 6, en el sector de Moreno y Terrada.

Tras un llamado al 911 acudieron al sitio efectivos del Comando de Patrulla, de la seccional Segunda y del servicio de emergencias Siempre.

A partir de algunos elementos recolectados la principal hipótesis que manejan los investigadores es que se trató de un suicidio.

Por el caso se iniciaron actuaciones con intervención de la fiscalía en turno.

Para recibir asistencia en materia de prevención de suicidios se pueden comunicar a la línea 135.

El hecho se produjo poco después de las 20.30, en la primera cuadra de calle Aguado, entre Ayacucho y Estomba.

Se trata de un rodado Honda XR 250cc., de color rojo, patente A049GNT.

"Me la robaron anoche del portón de mi casa. Según me dijeron los vecinos, se trata de un muchacho de alrededor de 1,70 metros de altura", describió Emiliano.

Explicó que "se la llevaron a tiro. Algunas cámaras de seguridad de los vecinos tomaron el momento en que escapaba con mi vehículo".

Finalmente señaló que la sustracción fue denunciada en la seccional Segunda.

El tiempo de "persecución" del Estado a un acusado vence según el tipo de delito (más pena, más tiempo) pero, salvo en los casos que prevén perpetua (tope de 15 años), no puede superar los 12 años.

Transcurrido el tiempo pautado, se extingue el derecho a la persecución penal. Los especialistas no lo consideran ni un beneficio para el imputado ni una injusticia para la víctima, sino una garantía constitucional que protege a todos frente a la incertidumbre de una persecución ilimitada.

Los denominados "tiempos de la Justicia" -sin dejar de tener en cuenta la falta de recursos y las vacancias- y las maniobras dilatorias o recursivas de las defensas atentan contra esos términos y dejan sin juzgamiento delitos de distinto tenor, no por una cuestión de fondo sino de forma.

Farándula y abusos: el dilema de la prescripción de las causas

Y lo que es gravemente dañino para la sociedad es que mantiene en la calle a peligrosos delincuentes o depredadores sexuales, quienes muchas veces no pasan ni un minuto en la cárcel pese a estar acreditada su relación con los ilícitos.

Esta problemática resonó con insistencia en los últimos días a partir del caso de Alberto Martín Del Valle (56), quien violó y embarazó a su hijastra de 11 años y se mantuvo prófugo casi 15, hasta que fue capturado, el fin de semana pasado, en Florencio Varela.

Del Valle hoy está detenido pero esa situación pende de un hilo. Se lo vincula con el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, como delito cometido durante su clandestinidad y que podría interrumpir el plazo de prescripción o bien tener peso propio para mantener la medida cautelar.

Sin embargo, dos jueces de Garantías ya dejaron en claro que los tiempos de persecución por el delito sexual se extinguieron y que debe ser sobreseído, tanto por la violación como por el intento de aborto que tuvo por víctima a la menor, durante 2009 en Puan.

La fuerte lucha que encabezó Yamila Segovia, hermana de la víctima y convertida en abogada para batallar contra la impunidad, parece no alcanzar.

Ni tampoco los esfuerzos de la Oficina de Búsqueda de Personas de la Fiscalía Bahía Blanca, que cuenta con apenas 3 agentes y en los últimos 4 meses se movilizó hasta dar con el hombre en el conurbano.

Faltan respuestas

Si bien desde ámbitos políticos se reclama una mayor sensibilidad a los jueces, lo que hay que tener en claro es que en estos casos los tribunales están "atados de manos" por la ley.

Y es hora de que esa sensibilidad la asuma el Poder Legislativo. Urge una reforma profunda para que no haya que asimilar más injusticias como la de Del Valle fuera de la cárcel.

Simples cambios en el Código Penal podrían descomprimir esa sensación que hoy gana en la sociedad: que el sistema está diagramado para la impunidad.

¿Por qué no extender el plazo de prescripción de la acción penal a 25, 30 o 35 años?, ¿quién no estaría de acuerdo con esa medida, salvo los delincuentes?

¿Por qué no modificar el artículo 67 del Código Penal y que la prescripción no solo se interrumpa con la sentencia no firme sino con sus confirmatorias (fallo Farina de la Corte)?

¿Por qué no limitar la posibilidad de apelaciones que tienen los defensores para no dilatar los procesos?

¿Por qué no interrumpir el plazo de prescripción para aquellos acusados que se fugan?

Este último punto movilizó a Segovia a presentar un proyecto (conocido como Ley Segovia), que justamente persigue evitar que haya nuevos "Del Valle".

"Estamos trabajando para que esta lucha no quede en una acción individual y se pueda extender a una situación colectiva”, dijo la abogada.

"La denominada 'Ley Segovia' persigue reformar el artículo 67 del Código Penal y que la fuga comience a ser un acto que interrumpa la prescripción".

Para Segovia, la estrategia de los abusadores como Del Valle es "cometer los delitos, arruinar las infancias y volver años después para pedir el sobreseimiento". "Tenemos que entender que estas causas deben ser imprescriptibles", sentenció.

La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti impulsa el proyecto de Segovia en la Cámara Alta y el diputado Pablo Juliano, en la Baja.

Distintos tribunales, como la Cámara Penal de Bahía Blanca, ya han girado fallos al Congreso de la Nación para que tomen en cuenta este tipo de situaciones que ahora parecen tener mayor visibilidad.

De hecho, la propia jueza que hace unos meses dispuso el sobreseimiento de Del Valle, Claudia Noemí Olivera, consideró en la resolución que son "atendibles" los argumentos de la abogada Segovia para debatir la necesidad de suspender los plazos de prescripción por fuga de un acusado.

Un fallo judicial abre las puertas a otra versión del polémico “2x1”

"Siendo necesario su análisis por parte del Poder Legislativo a fin de discutir si, compartiendo los fundamentos de la doctora Segovia, corresponde modificar el artículo 67 del Código Penal e incorporar como causal de suspensión de la acción penal la declaración de rebeldía y la orden de captura del imputado", sostuvo la jueza.

En consecuencia, también dispuso "elevar un oficio a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación a fin de poner en conocimiento el presente caso y poner a consideración su tratamiento para una eventual modificación del artículo 67 del Código Penal en los términos indicados".

Otra historia indignante

En la Provincia de Buenos Aires existen casos graves, como homicidios calificados, que terminaron con la extinción de la acción penal y los acusados en libertad.

Y también en Bahía tenemos antecedentes para la indignación.

En 2008, Walter Dagoberto Matus fue condenado a 12 años de cárcel por abusar de una niña, pero huyó durante el juicio (había llegado en libertad), se radicó en Córdoba con nombre falso y lo capturaron en 2021, cuando la causa había prescripto. No pasó ni un minuto en prisión.

Pese a no estar a la hora del fallo, el Tribunal en lo Criminal Nº 3 de Bahía Blanca lo encontró autor penalmente responsable de abuso sexual con acceso carnal agravado y corrupción de menores.

La víctima tenía 6 o 7 años de edad cuando el depravado comenzó a manosearla en sus partes íntimas en reiteradas ocasiones y posteriormente esos tocamientos se transformaron en violaciones hasta los 10 u 11 años de la menor.

Nada se supo de Matus hasta principios de 2021, cuando la Policía lo detuvo en Córdoba, pero a los pocos minutos lo tuvo que liberar porque la Justicia le informó que la acción penal había prescripto.

Sus mentiras no tenían límite. A los allegados en Córdoba les contó que su mujer y sus dos hijos habían fallecido como consecuencia de un siniestro vial, dato que no era verdad.

Esto lo reconoció Elena, dueña de un restaurante ubicado en el barrio Jardín, cerca del local gastronómico donde Matus, quien actuaba bajo la falsa identificación de "Marcelo Tévez", era cocinero.

Quien descubrió su mentira fue una familia con quien había trabado amistad y le había prestado hospedaje, justamente por sentir "lástima" a partir de su presunta historia de vida fatal.

Fue cuando un cartero llegó para entregar la renovación del DNI, pero presentó el sobre con el apellido de Matus (y no Tevez) pese a que la foto en el documento le correspondía.

Ante la desconfianza, el dueño de casa "Googleó" su identidad y quedó azorado al encontrar publicaciones de lanueva.com sobre los delitos que le imputaban en Bahía y su posterior condena.

Fue ese vecino quien denunció a la Policía la farsa del "huésped" y así se produjo la detención que, lamentablemente, fue brevísima.

Cambios en materia de delitos sexuales

Hasta 2011, en el caso de los abusos sexuales, la prescripción por extinción de la acción penal comenzaba a correr al momento en que se había cometido el hecho, con lo cual muchos delitos quedaban impunes porque las víctimas no podían confesar, lo hacían tarde (hablan cuando pueden) o mantenían silencio por estar bajo amenazas de sus victimarios.

Desde esa fecha, con la llamada "Ley Piazza" -la 26.705, impulsada por el modisto- se tomó como punto de inicio cuando la persona afectada cumplía los 18 años.

Y en 2015 se volvió a modificar la normativa (ley 27.206) y se dispuso que el plazo de prescripción comenzara a correr recién cuando la persona afectada (víctima como menor de un delito sexual) denunciara, independientemente de su edad.

Esto quiere decir que alguien que hoy tiene 40 años puede denunciar un hecho sufrido a los 15, sin ningún impedimento legal.

Desde esa fecha en adelante todo está más que claro, aunque las reacciones de rechazo surgen con casos como el de Del Valle, que sucedieron cuando la ley, que no es retroactiva, era más laxa.

Allí se procedió al secuestro de un artículos personales y prendas de vestir, elementos que guardarían relación con hechos investigados.

Su aprehensión se produjo en el marco del operativo Zonas Calientes y corrió por cuenta de efectivos de la comisaría Segunda junto con la Unidad de Policía de Prevención Local motorizada. 

La medida fue dispuesta por el Juzgado de Garantías número 4 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

Uno de los ilícitos ocurrió el pasado 21 de agosto, en Agustín Álvarez y Guatemala. Previo dañar el parante de la puerta de un Renault 19, sustrajeron diversos elementos, entre ellos un bolso matero de color negro. El hecho quedó registrado mediante cámaras de seguridad.

También se estableció la participación del ahora aprehendido en un hurto ocurrido el 27 de agosto, en La Plata al 800. En ese luegar fue sustraída una caja de herramientas del interior de una camioneta estacionada, quedando también la maniobra registrada por video.

Un tercer episodio ocurrió en Eduardo Gutiérrez y Panamá, donde funciona una panadería, de donde sustrajeron aproximadamente $80.000 de la caja registradora. La denunciante aportó registros de las cámaras de seguridad, en los cuales quedó registrado el autor.

La pena es de cumplimiento condicional, por lo que la influencer no irá a la cárcel. Sin embargo, deberá cumplir una serie de reglas de conducta durante el período establecido.

Entre las condiciones impuestas figura la obligación de fijar residencia e informar cualquier cambio de domicilio, además de entregar 10 kilos de carne por mes, durante cuatro meses, al merendero Agrupación Movimiento por los Niños, ubicado en Bicentenario 2052.

La resolución también establece una medida directamente relacionada con la actividad de Ramos en redes sociales. Deberá realizar tres videos o reels, uno por mes durante tres meses consecutivos, en sus cuentas de Instagram y Facebook.

El objetivo de esa campaña será advertir a sus clientes y al público en general sobre los riesgos de consumir productos prohibidos por las autoridades sanitarias o que no cuenten con los registros correspondientes.

Cabe resaltar que la causa se originó a partir de una denuncia presentada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ante la División Delitos contra la Salud Pública de la Policía Federal Argentina.

La investigación estuvo vinculada con la comercialización del suplemento dietario en comprimidos presentado como quemador de grasas y ofrecido bajo el nombre “Quemador Natural Viking's Natural Gym”.

Según los análisis técnicos incorporados a la causa, el producto contenía sustancias peligrosas para la salud. Además, los envases llevaban un sello que simulaba acreditar una autorización de la ANMAT, aunque se determinó que era falsificado.

El expediente también había involucrado a otra mujer, acusada de participar en la comercialización del producto. Durante la investigación fueron entrevistadas personas que habían adquirido los comprimidos y que manifestaron haber sufrido distintos efectos adversos después de consumirlos, entre ellos mareos, migrañas intensas, taquicardia, desvanecimientos, retención de líquidos y constipación.

Los compradores también entregaron los envases, en los que figuraba la inscripción “Producto autorizado por ANMAT”.

La investigación tuvo como antecedente la disposición 6132/2025 del organismo sanitario nacional, mediante la cual se había prohibido en todo el país el uso, distribución y comercialización del producto.

Ahora, con la homologación del acuerdo, Ramos quedó condenada a tres años de prisión en suspenso. Como parte de las condiciones, deberá convertir sus propias redes sociales -el espacio desde el cual se promocionaba el producto- en el canal para realizar una campaña pública de concientización sobre los riesgos de consumir suplementos que no cuentan con autorización sanitaria.

Así lo dispuso esta tarde el juez de Garantías Guillermo Mércuri, quien rechazó el hábeas corpus formulado por la defensa de Del Valle.

Si bien la discusión estaba centrada en si la causa por el delito sexual está prescripta o no (una jueza de Garantías ya había dispuesto su sobreseimiento), el juez Mércuri decidió mantenerlo privado de la libertad pero por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar.

Es que Del Valle, durante la larga clandestinidad, no cumplió con su obligación de asistir alimentariamente a sus 4 hijos menores. 

En el caso del grave ataque sexual, Mércuri coincidió con su colega Claudia Olivera en cuanto a que la acción penal está extinguida y ordenó el sobreseimiento de Del Valle por abuso sexual agravado y aborto en grado de tentativa. 

El magistrado respondió al pedido de la Cámara Penal (había dejado en suspenso el sobreseimiento al pedir profundizar los informes de antecedentes para saber si no se había interrumpido la prescripción) y aclaró que, tras extraerse las huellas dactilares actualizadas del sospechoso, se confirmó que no existían condenadas en su contra durante el tiempo de la fuga.

Fuera de término

El juez de Garantías aclaró que la denuncia por el incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar se radicó el 20 de mayo de este año, fuera del plazo de prescripción de 12 años, que venció el 31 de octubre de 2021, con respecto al delito sexual.

De esa manera descartó los pedidos de la fiscal Leila Scavarda y la abogada querellante Yamila Segovia, quienes consideraban que esos delitos habían interrumpido el plazo de prescripción.

Mércuri aclaró, además, que se requiere para ello que por el delito interruptor exista una sentencia firme, que lógicamente acá no había porque la denuncia se realizó recién en mayo último.

"Sin perjuicio de lo dispuesto, y pese en punto a los delitos referidos cesa el estado de detención del imputado, el presente pronunciamiento no determinará la libertad de Alberto Martín Del Valle, por cuanto continúa detenido en orden a los delitos referidos de incumplimiento de deberes de asistencia familiar en cuatro hechos", explicó Mércuri.

En caso de llegar a juicio y sostenerse el concurso real de delitos por el incumplimiento de deberes familiares (tal como cree el juez Mércuri), Del Valle podría recibir una pena importante.

El concurso real de delitos se da cuando concurren de modo simultáneo o sucesivo varios hechos delictivos de un modo independiente y realizados por la misma persona.

De la misma manera, la potencial sanción contra el hombre puede llegar a ser alta si se comprueba que ocultó o cambió de nombre sus bienes para eludir esa responsabilidad, tal como sostiene la querella, encabezada por la abogada Yamila Segovia, hermana de la víctima del abuso.

El atraco se produjo en un inmueble ubicado en Estomba al 2.100, en el que lo ladrones accedieron por el sector trasero y sorprendieron a las víctimas.

Los voceros mencionaron que los individuos, quienes actuaron encapuchados, redujeron a los dueños y los ataron, para luego apoderarse de dinero en efectivo y joyas.

Los sujetos escaparon del lugar llevándose una camioneta Toyots Hilux perteneciente a los damnificados, que poco después fue hallada abandonada en el sector de Fabián González al 800.

El hecho es investigado por personal de la comisaría Séptima y la UFIJ Nº 11.

Se trata de Gerardo Mario Minelli, de 23 años, quien manejaba una moto Rousser NS200 que había sido sustraída de 9 de Julio al 1.200.

Según indicaron desde la Comisaría local, fue el miércoles a la noche y a Minelli lo interceptaron en pasaje La Pampa al 200, a unas 6 cuadras del lugar del hecho.

Agregaron que a raíz del rápido despliegue de un operativo cerrojo y del seguimiento a través de las cámaras del Centro de Monitoreo, se logró detectar la circulación de la moto, concretar su recuperación y aprehender al sospechoso.

Minelli quedó alojado en la Comisaría de Punta Alta, a disposición de la Fiscalía Nº 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.
 

Se trata de Julián Agustín Pintos Parra, de 22 años, cuya situación procesal mejoró, porque para el fiscal Jorge Viego, a cargo de la causa, no se puede descartar que haya sido autor del homicidio de Juan Ignacio Sacur (23), pero con exceso en la legítima defensa.

Entendió Viego que Pintos Parra se defendió (aunque con exceso) de una agresión provocada por la víctima y por ese motivo anunció que no iba a pedir que se convirtiera en prisión preventiva su detención.

Para llegar a esa conclusión valoró principalmente la declaración de la novia del fallecido -y amiga del acusado-, el resultado de la autopsia (el fallecido solo tendría la herida mortal y lesiones en los nudillos) y la declaración del propio Pintos, según se informó.

Sacur, un exbasquetbolista muy querido en el club Estrella, y que vivía frente a esa institución del barrio San Martín, falleció en el hospital Penna un día después del ataque, tras sufrir una herida con un arma blanca en la zona inguinal izquierda, que le afectó la arteria femoral.

Trascendió que fue la víctima quien se dirigió a la casa de Pintos Parra, en Munilla al 900, para increparlo por alguna reacción (supuestamente un emoji de fuego y algún comentario) que éste habría tenido a un reel relacionado con la novia de Sacur.

Cuando Pintos Parra -oriundo de Villa Regina- llegaba a su vivienda luego de cursar la carrera de Profesorado de Educación Física, se topó con Sacur, quien supuestamente lo atacó a golpes.

En ese contexto el acusado, visiblemente conmocionado, declaró que se defendió y que para ello tomó una navaja que llevaba en su mochila.

Si bien el joven ya recuperó la libertad desde la comisaría Cuarta, seguirá vinculado a la causa judicial que instruye el titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 5.

Se esperan nuevas medidas de prueba. La familia de la víctima habría formalizado la presentación de un abogado.

Según se indicó desde las fuerzas de seguridad a La Nueva., el vehículo fue encontrado en la intersección de Jujuy y Calvo, y ya fue entregada a su propietario

El robo se había producido en la madrugada del miércoles en la zona de calle Falcón al 1.000, donde autores desconocidos se apoderaron de un rodado marca Ford Ranger, de color gris.

"Por lo que pudimos ver en alguna cámara se la llevaron alrededor de las 4.45, aunque recién nos dimos cuenta a eso de las 9. Aparentemente la abrieron, empujaron un poco para sacarla del frente de la casa y finalmente la arrancaron y escaparon. Hicimos la denuncia, pero hasta el momento no tenemos novedades", contó Emanuel.

Agregó que "la camioneta la estaba usando mi hermano, que trabaja como camionero y la utilizaba todos los días para ir hasta su trabajo".

La aprehensión se desarrolló alrededor de las 18.30, en Posta Rolando y La Arcada.

En ese lugar fue capturado Abel Álvarez, de 29 años, por parte del personal de la Comisaría Primera.

Según se indicó, el delincuente había sido grabado robando en una despensa ubicada en Maestro Piccioli al 500. En la filmación se lo ve sustrayendo mercadería entre sus ropas.

Luego de tareas investigativas, la policía logró establecer su ubicación y proceder a su detención, siendo puesto a disposición de la Fiscalía N° 7.

Álvarez ya había sido detenido el año pasado por ser el autor material de varios hechos contra la propiedad en el barrio San Carlos.

El operativo se llevó a cabo a partir de la decisión del Juzgado de Garantías N° 4 y la autoridad fiscal del distrito.

Según se indicó desde las fuerzas de seguridad, el allanamiento se llevó a cabo en el domicilio de la vecina Betiana Mastrangelo, por infracción a la Ley N° 14.346 de Malos Tratos y Actos de Crueldad a los Animales.

En el lugar se secuestraron un perro de pelaje amarillo, otro de pelaje negro, otro de pelaje blanco con manchas negras, otro de estatura mediana y un ovino.

Los animales quedaron a resguardo del personal de Zoonosis.

Participó del operativo personal de la Estación de Policía de Seguridad Villarino Segunda, juntamente con personal de Zoonosis municipal.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas para distintas zonas del país. Hay advertencias por tormentas en el sur y centro de Entre Ríos, por nevadas en la cordillera y por viento zonda en el noreste. En Santa Fe, el mal tiempo continuará durante la tarde.

En la ciudad santafesina de Las Rosas se registraron heridos y se encuentran trabajando el cuerpo de bomberos voluntarios y defensa civil. Actualmente, la tormenta está pasando por el sur y centro de Entre Ríos y hay reportes de granizo y viento en Rosario del Tala y cortes de luz en distintas localidades.

Las rutas más afectadas son la 178 y la 65, la segunda siendo una de las más importantes para la producción nacional. También rige una advertencia para las rutas 12 y 14.

Los daños provocados por la tormenta

Marcos Escajadillo, secretario de Protección Civil y Gestión de Riesgo de Santa Fe, describió cómo enfrentan los daños por la tormenta: “Hubo viento muy fuerte y hubo 15 voladuras de techo. No hay heridos de gravedad, pero aun así activamos protocolos y están participando en conjunto los municipios junto con los cuerpos de bomberos voluntarios”.

El funcionario afirmó que aún siguen discutiendo qué medidas tomar para las escuelas: “Estamos viendo qué hacemos respecto al dictado de clases; para eso evaluamos todos los edificios escolares, más que nada porque el viento tiró ramas, postes y cables”.

El viento Zonda provocó el vuelco de aproximadamente 10 camiones, a lo que siguen evaluando la magnitud de los daños provocados por el temporal: “Los camiones se quedaron al costado de la ruta porque el clima afectaba el tránsito; lo más afectado es el casco urbano”. (con información de TN)

El juez del Tribunal en lo Criminal N° 1, Ricardo Gutiérrez, le impuso la sanción a Emanuel Alejandro Colo, quien fue hallado culpable del delito de robo doblemente agravado por escalamiento y por lesiones graves, daño y privación ilegal de la libertad agravada.

Entre jueves y viernes próximos, en dependencias del Tribunal en lo Criminal Nº 1, se desarrollará el juicio oral y público para analizar la conducta de Emanuel Alejandro Colo, quien se encuentra detenido por un violento robo cometido en Punta Alta.

Para el magistrado quedó probado que el 16 de septiembre de 2024, alrededor de las 5, Colo y un cómplice aún no identificado escalaron un paredón de casi tres metros y accedieron a la parte trasera de una vivienda ubicada en Bernardo de Irigoyen al 1.100.

Los sujetos rompieron el vidrio de una ventana e ingresaron al inmueble, donde abordaron a una mujer de 71 años y le aplicaron patadas y golpes de puño en todo su cuerpo.

La víctima fue trasladada al living de la propiedad, donde uno de los sujetos la tomó del cuello mientras el otro revisaba el lugar en búsqueda de dinero y pertenencias.

En esas circunstancias los sujetos la ataron de pies y manos, la amenazaron de muerte exigiéndole la entrega de efectivo y finalmente se apoderaron de 3.400 dólares y unos 100 euros.

Los ladrones tomaron las llaves de la casa y escaparon dejando encerrada a la damnificada, quien pudo ser rescatada luego de unas tres horas.

Producto del ataque la mujer sufrió politraumatismos, fracturas de varios arcos costales bilaterales, de tobillo derecho (requirió tratamiento quirúrgico) y hematomas en sus ojos.

De esa manera avaló la decisión que había adoptado su subordinado, el fiscal instructor Cristian Aguilar, y se manifestó en contrario a la postura que tiene la querella (representante legal de la familia de la víctima, Juan Roberto Cafasso), que pretendía mantener el cierre del local ante la eventualidad de una pericia ampliatoria o una inspección ocular.

"Entiendo que no corresponde hacer lugar a lo peticionado. Ello toda vez que la finalidad que sustentó la adopción de la medida se encuentra cumplida. En efecto, el señor agente fiscal actuante ya se ha expedido sobre el punto", dijo Fernández en un escrito firmado hoy.

Consideró que la decisión adoptada por Aguilar "resulta razonable", teniendo en cuenta que la eventual necesidad de requerir aclaraciones "no constituyen circunstancias que, por sí mismas, justifiquen la extensión en el tiempo de una medida de preservación cuya finalidad ya se encuentra cumplida". 

Esto determinaría el levantamiento de la clausura desde el punto de vista judicial y ahora seguramente se dará en el plano administrativo.

Sin embargo, la medida no significa que el gimnasio volverá a abrir sus puertas al público sino que sus dueños quedarían en condiciones de acceder para realizar las medidas de refacciones necesarias que les permitan la habilitación.

Una de ellas, que ya se había iniciado hace algunos meses, antes de la captura del sospechoso el pasado domingo en Florencio Varela, es la posible colaboración con Del Valle de un hermano que es policía.

Se trata de Sergio Martín Lescano, de unos 45 años, quien forma parte de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. 

Lescano se desempeña en el área de Investigaciones Orientadas en la Trata de Personas, según se supo.

La querella está convencida de que el uniformado auxilió a Del Valle mientras se mantuvo en la clandestinidad, tanto en el Gran Buenos Aires como antes en la ciudad de Mar de Ajó, donde tienen familiares. 

Los investigadores, a su vez, cuentan con información y testimonios que permiten inferir que podría haber brindado colaboración al hombre mientras estuvo en calidad de prófugo.

"Esas circunstancias fortalecen la hipótesis de que podría contar con conocimientos o herramientas que faciliten el ocultamiento del investigado o le permitan anticipar medidas judiciales o policiales", comentó una fuente. 

En junio pasado hubo allanamientos en distintos domicilios, tanto en Mar de Ajó como San Francisco Solano, y personal de la Policía Federal se entrevistó con Lescano, pero no pudo encontrar a Del Valle.

En distintos lugares

Se estableció que luego de irse de Puan, Del Valle llegó a CABA, donde tramitó su DNI con identidad falsa (Martín Lescano), luego vivió en la provincia de San Luis, en el partido de La Costa y, finalmente, en el conurbano.

Distintos testigos que fueron incorporados a la causa dieron cuenta que el abusador "se frecuentaba con su hermano".

Del Valle, según las declaraciones, muchas veces se mostraba con identidad falsa (como "Martín Lescano" o "Martín Morales") y se conocía por el apodo de "Jabalí", mientras que a su hermano lo conocían como "El Zorro".

Los abogados de la víctima de la violación, encabezados por Yamila Segovia, plantearon a su vez que buscan determinar un inventario patrimonial del hombre, teniendo en cuenta que habría incumplido su obligación alimentaria respecto de 4 hijos menores, entre ellos la niña que nació producto del abuso.