En un documento interno que por ahora no habría sido elevado al máximo tribunal provincial, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires planteó que no sería necesario que el juez explique el funcionamiento técnico del algoritmo, sino los motivos por los que usa, descarta o modifica lo que sugiere la IA.

Esa exigencia debería ser mayor cuanto más impacto tenga la herramienta sobre los derechos de la víctima o el acusado de un delito.

Cuanto más pesa la decisión, más tiene que explicar el juzgador por qué decidió como decidió, pero siempre sobre su propio razonamiento.

Es la misma lógica que rige para cualquier otra fuente que un juez consulta.

Por ejemplo, si un perito le da un informe, el magistrado no debe explicar la metodología científica del peritaje, pero sí fundamentar por qué la valoró (o no) para su fallo.

Con la IA proponen aplicar el mismo principio.

Otro cambio sugerido por la comisión de innovación tecnológica del colegio es prohibir “inducir” a la IA, es decir sumar al artículo 26 del reglamento (deberes de los usuarios de IA) la prohibición expresa de dar instrucciones pensadas para forzar a la herramienta a adoptar una postura jurídica ya decidida de antemano.

En la jerga técnica esta acción se conoce en inglés como prompt injection (métodos de inducción de respuesta).

Los magistrados colegiados recomiendan además anonimizar solo la información sensible que consta en una causa, a diferencia de la proposición de la Corte que exige hacer anónimos los datos delicados cuando sea posible.

O sea, que el deber de eliminar datos personales en expedientes judiciales se limite a los datos sensibles que marca la ley 25.326 y a la protección de menores o personas vulnerables, sin exigir una depuración total.

Su argumento es que los modelos de lenguaje de la IA necesitan contexto, para no "alucinar", y una exigencia más estricta haría inviable su uso en fueros como Familia o de Responsabilidad Penal Juvenil.

La entidad provincial que nuclea al Colegio de Magistrados bahiense también propuso ajustar el artículo 29 de la reglamentación (informar a las partes del proceso sobre el uso de IA), para que puedan cuestionar los fundamentos de una resolución, pero no excusarse en la utilización de esta herramienta como argumento de impugnación de la sentencia.

La idea es que si una de las partes no está de acuerdo con un fallo, tiene que cuestionar el contenido de la decisión (los argumentos jurídicos, la interpretación de la ley y la valoración de la prueba), no el método que se usó para llegar a esa decisión.

Además, la comisión de innovación tecnológica se ofreció a colaborar con la Corte bonaerense en mesas de trabajo y guías de buenas prácticas.

Mientras no haya una versión definitiva, la reglamentación es orientadora y no obligatoria.

Entre el 8 de junio y ayer, el proyecto tuvo una etapa de consulta dirigida a diferentes actores de la Justicia, quienes pudieron proponer modificaciones y hacer observaciones al texto original.

Ahora, la Comisión de gobernanza y uso de IA de la Corte tiene hasta el lunes 31 para elevar al máximo tribunal bonaerense un informe con los cambios propuestos.

El reglamento que proyecta la Corte provincial, compuesto por 33 artículos, se basa en un principio que se repite en el documento: la IA puede ayudar, pero nunca reemplazar la decisión del juez.

La responsabilidad final siempre es del humano que la usó y, sobre esa base, organiza el uso de IA en tres niveles de riesgo.

El riesgo "bajo" hace referencia a tareas administrativas como armar expedientes y transcribir audiencias, que solo requieren una auditoría anual.

El riesgo "alto" alude a todo lo relacionado con la función jurisdiccional, como interpretar normas, valorar pruebas y redactar borradores de sentencias.

Para usarse es necesario cumplir con seis requisitos previos: estudio de impacto, aval de la comisión de gobernanza de la Corte y del propio máximo tribunal, supervisión humana real, forma de impugnar, registro público y un plan de monitoreo.

Por último, en su artículo 19, el reglamento hace alusión a los usos "prohibidos" o "restringidos".

Se trata de ocho prácticas vedadas, entre ellas automatizar decisiones judiciales, usar IA sin supervisión humana real, fabricar prueba sintética, o que un perito delegue su dictamen en la IA sin intervención propia.

El control del cumplimiento de estas condiciones queda a cargo de la comisión de gobernanza, que clasifica sistemas, aprueba o rechaza su uso y publica un informe anual.

Esta comisión es la autoridad de aplicación del reglamento.

Sobre las obligaciones concretas de jueces y empleados, la Corte bonaerense hace hincapié en no utilizar chatbots gratuitos para tareas judiciales, no basar una decisión solo en lo que dice la IA, no cargar datos de causas en herramientas comerciales que puedan reentrenarse con esa información, y verificar siempre las citas o jurisprudencia que genere.

En tanto, el artículo 29 de la reglamentación exige transparencia: si la IA participó en una decisión relevante, hay que dejar constancia de qué herramienta se usó, cuándo y para qué, el mismo punto que la comisión del Colegio de magistrados provincial pidió atenuar.

El abogado Ignacio Lerer, investigador independiente especializado en la aplicación de IA al ejercicio del Derecho, también participó en la consulta pública de la Suprema Corte e hizo aportes técnico-jurídicos al proyecto.

A diferencia del planteo del Colegio de Magistrados bonaerense, que sugiere flexibilizar la explicabilidad y la anonimización, el análisis del letrado graduado por la Universidad de Buenos Aires (UBA) pone el foco en reforzar los estándares de supervisión humana, porque el reglamento -afirma- no define operativamente cuándo esa supervisión es real, pese a exigirla como principio rector.

Respecto de los peritajes con IA, Lerer solicitó que la versión definitiva del inciso 7 del artículo 19 exija que el perito pueda exponer y defender el razonamiento técnico esencial de sus conclusiones sin asistencia del sistema durante el interrogatorio en audiencia.

Acerca de la implementación del reglamento, el profesional aconsejó incorporar una disposición "transitoria" con un plazo no menor a 6 meses desde la vigencia del texto definitivo, para que la comisión de gobernanza clasifique los sistemas de IA en uso y arme el catálogo de herramientas autorizadas.

El autor de la nota de opinión, publicada en la web abogados.com.ar, coincidió con el Colegio de Magistrados provincial en que la "arquitectura general" del proyecto es "acertada".

Sin embargo, Lerer discrepó en el énfasis: mientras el colegio requiere aliviar cargas para no trabar la operatividad del servicio de justicia, su análisis se enfoca en la precisión normativa para que la supervisión humana se materialice.

En una nota publicada por La Nueva., el juez Eduardo d'Empaire, presidente del Colegio de magistrados e integrante del Tribunal en lo Criminal Nº 3 bahienses, enfatizó que el uso de IA sin verificación humana vulnera el debido proceso, porque las decisiones -sostuvo- les corresponden a los jueces, no a la herramienta.

El juzgador coincidió con el artículo 29 del reglamento en cuanto a que debe quedar constancia en el expediente de cuándo se usó IA.

Agregó que la supervisión permanente que exige el proyecto no es solo un control externo, sino también un "reaseguro" para el propio juez en el ejercicio de su función.

El hecho ocurrió una vez finalizado el mismo, cuando el damnificado se dirigió a retirar su Ford Focus verde y, al llegar al lugar, constató que desconocidos habían provocado daños en los vidrios laterales del lado del conductor, las puertas delantera y trasera, la luneta y el parabrisas.

Las tareas investigativas desarrolladas por el Grupo Técnico Operativo (GTO), junto con el análisis de registros de cámaras de seguridad privadas, se logró identificar a cuatro presuntos autores, todos simpatizantes de Sporting.

La referencia es para Martín Melchor, de 18 años; Manuel Romero (21); Agustín Aranda (18); y Matías Nicolás Romero (23).

Con las pruebas reunidas, se solicitaron órdenes de allanamiento y registro para los domicilios de los investigados. Actuó el Juzgado de Garantías Nº 4 del DJBB.

Uno de los procedimientos se llevó adelante en un domicilio de Entre Ríos al 1400, donde se secuestró un pantalón de jean gris, un jogging negro, una camiseta roja y negra del Club Sporting con logos, una campera de la institución y un par de zapatillas Nike negras con vivos blancos.

En tanto, en una vivienda de La Plata al 800, los efectivos incautaron una camiseta de Argentina con el escudo de Sporting, una gorra negra Nike con logo dorado, un pantalón cargo gris con roturas, zapatillas Adidas negras con vivos blancos, un jogging negro y un camperón de Sporting con logos y la numeración 14.

Los otros dos allanamientos, realizados en Barrio Luiggi 1 y en Tierra del Fuego al 700, domicilio donde reside Matías Nicolás Romero, arrojaron resultado negativo.

La investigación quedó a cargo de la UFIJ Nº12 del DJBB.

El episodio ocurrió este viernes alrededor de las 17 en un domicilio de Munilla al 900, donde personal de la Unidad de Prevención de Policía Local intervino tras una pelea entre dos jóvenes.

Según informó la Policía, Julián Agustín Pintos, de 22 años, habría sido confrontado por Juan Ignacio Sacur, de 23, quien le recriminó una cuestión sentimental relacionada con su novia.

Durante la discusión, Pintos habría utilizado una navaja y provocado una herida punzocortante en la zona inguinal izquierda de Sacur.

El herido fue trasladado en ambulancia al Hospital Penna, mientras que los efectivos preservaron el lugar del hecho y posteriormente secuestraron una navaja.

Interviene Policía Científica y la UFIJ N° 5 del DJBB.

Se lo identificó como Roberto Painefilo, quien tenía domicilio en la calle Liniers al 5.400, en la zona de Aldea Romana lindante con el sector donde finalmente fue encontrado.

En la mañana de hoy, desde el destacamento policial del barrio Patagonia, se había dado cuenta del pedido de paradero, tras la denuncia formulada por su familia, que lo había visto por última vez ayer sobre las 19.

La escena del hecho fue preservada y en el lugar actuó personal de la Policía Científica que -conjuntamente con el resultado de la autopsia- buscará determinar las causas del deceso del hombre.

En principio estaría descartada la intervención de otra persona en el hecho, con lo cual las hipótesis serían una muerte accidental o por voluntad propia. 

En el lugar trabajan personal policial y peritos de la Policía Científica, así como una dotación del Cuartel Central de Bomberos, que tiene por objetivo retirar el cadáver del curso de agua.

"Se encontró un cuerpo sumergido, no se puede decir más que eso. Está en una posición muy incómoda, se van a tener que meter y eso va a demorar", comentó una fuente policial.

La zona del hallazgo es cercana al Dow Center, según se informó.

NOTICIA EN DESARROLLO

El hecho se produjo anoche, en el marco de un operativo llevado adelante por personal de la comisaría Primera, con la presencia de efectivos de la UTOI e inspectores de Tránsito de la comuna, en la zona de Brown y Estados Unidos.

En esas circunstancias interceptaron a un hombre que se movilizaba al mando de un Toyota Corolla e intentó evadir el operativo, aunque a los pocos metros fue detenido.

Los voceros identificaron al conductor como Damián Eguren (43), quien, según detallaron, fue sometido a un control de drogas que arrojó resultados positivos para cocaína y marihuana.

Agregaron que el individuo era acompañado por una joven de 20 años, quien habría intentado entorpecer el procedimiento (también se le realizó un test que halló rastros de sustancias).

Detallaron que ambos fueron derivados a la seccional policial y resultaron aprehendidos.

El caso anterior

Eguren había sido noticia el 6 de diciembre del año pasado, tras una intensa persecución -que incluyó tiros- luego de que escapara de un control en el barrio Pedro Pico.

El sujeto evadió un operativo que personal del Comando de Patrulla desarrollaba en Montevideo y Misiones, por lo que comenzó a ser perseguido por varios móviles.

En esas circunstancias, según indicaron, impactó a uno de los vehículos de la fuerza de seguridad y siguió su marcha a toda velocidad.

Manifestaron que una sargento de la fuerza efectuó un disparo intimidatorio hacia el vehículo -dio en la parte baja del auto- y finalmente lograron interceptarlo en Almafuerte y la avenida Colón.

En ese momento también fue sometido a un control que determinó la presencia de cocaína y metanfetaminas en su organismo.

Según la causa, el 7 de octubre de 2025 el imputado habría ingresado al domicilio de Santa Fe al 2.300, provocando la muerte de las mujeres y en medio de la resistencia de una de las víctimas, el hombre resultó lesionado con escoriaciones múltiples provocadas por las uñas. Asimismo, en esa oportunidad causó un incendio del inmueble.

La fiscalía sostuvo que todas esas conductas fueron desplegadas en un contexto de violencia de género basado en una relación desigual de poder entre un hombre y una mujer.

Femicidios en el barrio Thompson: la defensa aclaró que el ADN no compromete al acusado

Además, se lo acusa de haber provocado el incendio de la casa mediante la aplicación de un líquido acelerante sobre textiles, originando dos focos ígneos en habitaciones distintas del inmueble, lo que generó que se propagara por el resto de la casa, poniendo en peligro la vida y los bienes de terceros por la cercanía del resto de las casas.

También, se le imputa que con anterioridad al 9 de octubre de 2025 tuvo -sin la debida autorización legal- un arma de fuego tipo carabina calibre 22, que fue encontrada en su domicilio en el marco de un allanamiento realizado durante la investigación por los crímenes de las mujeres.

Velázquez llega a juicio acusado de los delitos de doble homicidio agravado por mediar violencia de género, incendio con peligro común y tenencia ilegal de arma de fuego.

Por la decisión del acusado y su defensa, a cargo del abogado Valentín Fernández, el caso se resolverá a través de un juicio por jurados. 

La plataforma cordobesa Reclama conmigo lanzó en los últimos días Puteá tranquilo, una función que utiliza IA para convertir el enojo de damnificados en el marco de relaciones de consumo en, por ejemplo, cartas documento que se envían a las firmas demandadas.

Como primer paso del proceso, el reclamante debe ingresar en la web putea.com.ar y elegir de un listado la compañía con la que tuvo el problema.

Después el afectado describe lo que sucedió por escrito o con un audio de hasta 25 segundos, en los que se admiten insultos, y completa algunos datos puntuales del caso.

La IA analiza ese relato, descarta las expresiones que no aportan información útil al reclamo y lo vuelve a redactar con lenguaje formal, listo para remitir a la empresa.

La herramienta se originó a raíz de la experiencia de sus creadores (un equipo de abogados cordobeses, entre ellos Tomás Vega) con reclamos de pasajeros de la aerolínea Flybondi, que no conseguían respuesta ni siquiera después de un fallo judicial favorable.

Así surgió la frase que resume el proyecto: "cuando nada funciona, que funcione la puteada".

El lanzamiento de Puteá tranquilo coincide con el peor momento de la línea aérea de bajo costo, que acumula 700 despidos y un embargo judicial sobre sus cuentas bancarias por una deuda con el fisco de más de $1.500 millones.

Además lleva 12 días sin operar y sólo entre el jueves 6 y el lunes 10 de este mes, la aerolínea canceló 66 vuelos sin reembolsar el dinero de los tickets a sus pasajeros.

El primer caso de prueba de Puteá tranquilo es justamente el de una usuaria a quien Flybondi le canceló un vuelo y todavía no le devolvió el dinero, uno más entre numerosos reclamos de estas características.

Este recurso procura resolver conflictos de consumo frecuentes, con bancos, compañías de seguros, empresas de servicios y aerolíneas involucradas.

Los incumplimientos pueden consistir en seguros no contratados cuyos cargos aparecen en resúmenes de tarjetas de crédito, bajas de servicio mal gestionadas y demoras en devoluciones.

El uso de las funciones de IA es gratuito e ilimitado.

Sin embargo, la plataforma ofrece un servicio adicional pago a cargo de abogados especializados en derecho del consumidor, que brindan asistencia legal de manera personalizada.

Reclama Conmigo no forma parte de los organismos oficiales de defensa del consumidor ni los reemplaza, sino que funciona como un canal digital extra para iniciar el contacto con la empresa y, si es necesario, preparar la documentación para una instancia administrativa posterior.

El hombre tiene 75 años y fue visto por última vez en Liniers al 5.400 sobre las 19 del jueves.

Es de contextura delgada, mide 1.65, tiene tez blanca, cabellos canosos y, como seña particular, una cicatriz en la nariz y el pómulo derecho.

Al momento de ausentarse vestía (como en la foto) campera tipo rompevientos de color oscuro, jean azul y zapatillas negras. 

Cualquier información sobre su paradero deberá ser comunicada al servicio de emergencias 911 o a los teléfonos (0291) 4556482 (comisaría Primera) o 4551322 (destacamento Patagonia).

Fuentes judiciales señalaron que Carlos Fabián Sánchez, de 32 años de edad, hizo uso de su derecho y decidió guardar silencio ante el fiscal Diego Conti, a cargo de la UFIJ Nº 11.

El sujeto está imputado del delito de robo cuadruplemente agravado por el uso de armas, por haberse cometido por escalamiento, por haber causado lesiones graves y por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada.

El sospechoso fue arrestado tras un procedimiento realizado en Segunda España al 2.000, donde efectivos de la DDI secuestraron elementos denunciados como sustraídos en este hecho y prendas de vestir, entre otros objetos.

Sánchez había salido el pasado 4 de agosto de la Unidad Penal Nº 4 de Villa Floresta, donde purgó una condena por dos hechos de robo agravado.

El hecho investigado se produjo en una vivienda ubicada en Córdoba al 300, donde dos delincuentes ingresaron y redujeron a una jubilada de 71 años.

Durante más de una hora la sometieron a todo tipo de maltrato, hasta llevarse dinero (pesos y dólares), algunas joyas y relojes y tres armas que eran de su marido, fallecido hace algunos años.

"Llegó un momento que prefería que me mataran", señaló Elisa.

"Peso 45 kilos y no iba a oponer ninguna resistencia. Se ve que no les importa la vida de los demás. Todos me preguntaban si estaban drogados, pero no lo sé", agregó en diálogo con La Nueva.

La iniciativa tiene como objetivo resolver tres problemas críticos. En primer lugar, en la actualidad manejar borracho no es delito y sólo se pena con una multa de tránsito. Por ello, la propuesta del radicalismo, atendiendo la demanda de los familiares de las víctimas, impulsa la creación de un delito específico para castigar la conducción alcoholizada antes de que cause muerte o lesión.

“Procuramos que el derecho penal pueda intervenir antes de que el riesgo creado por una conducción altamente peligrosa se transforme en una tragedia. Al mismo tiempo, los umbrales previstos permiten mantener diferenciada la infracción administrativa de aquella conducta que, por la entidad del riesgo, merece una respuesta penal concreta", explicó la presidenta del bloque de Diputados de la UCR, Pamela Verasay, una de las autoras del proyecto.

En segundo término, el proyecto tiende a cambiar la normativa actual, que sostiene que quien mata al volante puede recibir condena condicional y no ir preso. En contraposición a esto, la propuesta radical obliga al cumplimiento efectivo de cárcel para el que cometa este tipo de delitos, aumentando también la inhabilitación para conducir como castigo.

“De esta manera -explicó la legisladora- actualizamos las penas para que las condenas reflejen la gravedad de los hechos y que no sea un delito fácilmente excarcelable. En pocas palabras, queremos que el Código Penal refleje la gravedad de manejar borracho, de fugarse sin atender a la víctima, de violar las velocidades máximas".

Actualmente, las condenas prescriben mientras se tramitan apelaciones en tribunales superiores. El proyecto de Verasay y Lisandro Nieri propone terminar con esto y que la sentencia que confirma la condena interrumpa la prescripción, es decir, que el caso no concluya mientras haya revisión judicial.

"No resulta razonable que el tiempo que demanda el control judicial de una sentencia condenatoria pueda consumir íntegramente el plazo de prescripción mientras esa condena continúa sometida a revisión por tribunales superiores. Cuando una conducta vial especialmente grave deja como consecuencia una muerte o una lesión irreversible, el ordenamiento debe contar con una respuesta penal adecuada", señaló Verasay. (con información de NA)

El fallo del juez del Tribunal en lo Criminal N° 1, Hugo Adrián De Rosa, recayó en Gustavo Daniel Fieres, quien fue hallado responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante reiterado, abuso sexual con acceso carnal reiterado y promoción de la corrupción de menores agravada por tratarse de una víctima menor de 13 años de edad.

El magistrado encontró probado que entre octubre de 2011 y 2014, Fieres (se encuentra detenido) ultrajo a una pequeña que al inicio de los hechos tenía 10 años, sometiéndola a distintas prácticas sexuales de manera reiterada.

También se acreditó que en esas circunstancias le exhibió material pornográfico, "con el propósito de que la víctima tuviera conocimiento de prácticas sexuales en forma prematura y de acelerar el desarrollo de su sexualidad".

En tanto, entre 2012 y 2014, en varias oportunidades, abusó de otra menor, hermana de la anterior, que por entonces tenía 8 años.

Se determinó que los episodios habrían ocurrido mientras el acusado quedaba al cuidado de las niñas, ya que sus padres estaban trabajando.

El juez tuvo en cuenta las declaraciones de las jóvenes, quienes describieron los abusos sufridos y las circunstancias en que se produjeron.

Del mismo modo, comentaron que por temor y cuestiones personales dudaron en realizar la denuncia, razón por la cual esto se produjo unos diez años después.

También brindaron su testimonio familiares de las chicas y profesionales que las evaluaron psicológicamente.

Por todo ello, De Rosa consideró a Fieres como autor de los delitos y le impuso la pena de prisión efectiva.

Desde la comisaría Sexta indicaron que el procedimiento, solicitado por la fiscalía y autorizado por la Justicia de Garantías, se desarrolló en Tierra del Fuego al 2.300.

En el sitio incautaron una bicicleta, herramientas eléctricas y manuales, una computadora y una riñonera, entre otros objetos.

"Como resultado de la diligencia se esclarecieron al menos dos hechos de robo", sostuvieron.

Los voceros mencionaron que el procedimiento está relacionado con los hechos ocurridos en Maestro Piccioli al 1.800 y Nueva Provincia y 1810.

También refirieron que las cosas fueron reconocidas por los damnificados.

En el inmueble allanado se produjo la aprehensión de Alejandro Tinervia (41), Lucas Guerrero (18) y un menor de 16 años por los delitos de resistencia a la autoridad, robo y encubrimiento.

Según la causa, investigada por la UFIJ Nº 11, a cargo del fiscal Diego Conti, el hecho se registró el 23 de septiembre de 2025 cuando la víctima se hizo presente en el domicilio de la calle Brandsen al 100 de aquella ciudad, para dialogar respecto de un conflicto que se había generado por la venta de una moto.

En el interior del departamento, la víctima se encontró con Alex Rodrigo Carrizo, quien sacó un arma de fuego y le apuntó en la cabeza, mientras le decía que se tire al piso, que lo iba a matar y le exigía dinero.

Ianina Carrizo también estaba dentro de la vivienda, lo apuntaba con un arma y le decía que haga caso. En esas circunstancias, llegó Justo Tomás Gómez Corro, a quien Alex Carrizo le dio el arma con la cual lo mantenía apuntado.

Carrizo ingresó al auto de la víctima para sustraerle el celular y el hombre, luego de unos 30 minutos, pudo salir del lugar tras saltar desde un primer piso, dirigirse a la comisaría y denunciar lo sucedido.

Ianina Carrizo fue condenada por los delitos de privación ilegal de la libertad y robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo comprobarse y por su comisión en poblado y en banda.

Además, se le impusieron reglas de conducta que deberá cumplir por el término de 2 años como fijar domicilio y abstenerse de mantener todo tipo de contacto con la víctima.

Gómez Corro, en tanto, ya había sido condenado, en juicio abreviado, a la pena de 3 años de prisión en suspenso, mientras que Alex Carrizo se encuentra prófugo.

Se trata de 333 Bar, cuyo frente, tras el crimen del joven de 19 años, se convirtió en una especie de santuario con la colocación de velas, fotos y pancartas en reclamo de justicia. 

El anuncio lo realizaron a través de la cuenta del bar en la red social Instagram.

"Ante los lamentables hechos ocurridos recientemente y la situación generada posteriormente, queremos informar que hemos tomado la decisión de dar por finalizada nuestra actividad comercial en el establecimiento.

"El inmueble ha sido restituido a su propietario, sr. Abel Quevedo.

"Esta decisión fue tomada priorizando la tranquilidad, la seguridad y el bienestar de todas las personas involucradas y de nuestra comunidad.

"Agradecemos profundamente a nuestros clientes amigos y a todas las personas que nos acompañaron durante un tiempo.

"Lamentamos sinceramente los hechos ocurridos y esperamos que la situación pueda encaminarse de la mejor manera para toda la comunidad", cerró el comunicado.

Por el crimen de Santiago -con un disparo a quemarropa- el único detenido es Joaquín Eleazar Larraburu (25), quien escapó del lugar del hecho aunque chocó la rotonda de la ruta 3 y Pedro Pico y fue reducido.

Se investiga si otras personas que acompañaban a Larraburu tuvieron algún grado de responsabilidad en el hecho, ya sea como eventuales partícipes o encubridores. 

El hecho en cuestión, caratulado como lesiones graves, se había dado en horas de la madrugada, en la calle Urquiza, entre Pasteur y Namuncurá de la vecina ciudad.

En ese momento, la víctima, Darío Gabriel Carrizo, había sido interceptado por una camioneta Volkswagen Amarok. Según surge de la investigación, el imputado, Matteo Martinoya, había descendido del vehículo y agredido físicamente a Carrizo, quien cayó al suelo y recibió posteriormente una patada en la zona de la cabeza, sufriendo un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento.

En ese momento, la víctima fue trasladada al Hospital Municipal de Pigüé, donde recibió asistencia médica, estableciéndose que las lesiones revestían carácter grave.

A partir de las tareas investigativas y la recolección de elementos probatorios, se solicitó la correspondiente medida, siendo autorizada por el Juzgado de Garantías N° 4 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

En este marco, este miércoles se llevó a cabo un allanamiento en el domicilio del imputado, procediéndose a su detención y al secuestro de su teléfono celular, quedando a disposición de la autoridad judicial interviniente.

Personal de la Comisaría Primera señala que la víctima, también menor de edad, había pactado a través de una red social un encuentro para intercambiar prendas. Al llegar al lugar, dos hombres lo habrían sorprendido aprovechando la oscuridad del sector y, mediante amenazas con un arma de fuego, le sustrajeron varias prendas y un teléfono celular.

A partir de la denuncia, se inició una serie de tareas que incluyeron la toma de testimonios y el análisis de cámaras de seguridad privadas para establecer la identidad de los presuntos autores.

Así se concretó un allanamiento en una vivienda ubicada en Ángel Brunel al 2000, donde fueron recuperadas todas las prendas y el teléfono celular pertenecientes a la víctima. Además, los efectivos secuestraron un revólver calibre 32.

Por el hecho fue aprehendido el adolescente de 16 años, acusado de robo agravado y tenencia de arma de fuego.

También fue detenido Diego Metz, de 18 años, imputado por encubrimiento agravado, ya que habría intentado ocultar los elementos sustraídos al momento de la llegada de los uniformados.

En las últimas horas había hecho un pedido similar la institución Estrellas Amarillas, desde donde se había indicado que "tendría que haber más presencia del Municipio” para evitar estas situaciones. Además, se había indicado que los problemas de seguridad vial responden  a la negligencia de los conductores y a la falta de infraestructura.

En el CD, en tanto, se solicitó la implementación de un programa integral y permanente de prevención y control que, además de alcoholemia y documentación, incorpore otras cuestiones como "controles de velocidad máxima, semáforos en rojo, utilización de teléfonos celulares, escapes antirreglamentarios, conducción temeraria, picadas y maniobras peligrosas efectuadas con motocicletas".

"Se solicita especialmente la incorporación y/o utilización de cinemómetros, radares móviles y demás dispositivos homologados para el control de velocidad, estableciendo controles rotativos en avenidas, accesos y arterias determinadas estadísticamente como de mayor riesgo", señala el texto.

También se reclaman informes sobre los accidentes ocurridos en los últimos meses, el número de fallecidos y heridos, además de una serie de estadísticas entre las que se encuentran la cantidad de distintos controles llevados a cabo e infracciones labradas, discriminando cada uno de ellos.

Asimismo, se solicita saber cuáles son los criterios "utilizados para determinar los lugares y horarios donde se desarrollan los controles".

El proyecto aclara que "los controles de tránsito no deben tener una finalidad meramente sancionatoria ni recaudatoria", sino "evitar el accidente antes de que ocurra".

"La eficiencia de una política de seguridad vial no debería medirse solamente por la cantidad de actas confeccionadas, vehículos secuestrados o dinero recaudado mediante multas, sino fundamentalmente por un indicador mucho más importante: cuántos accidentes, heridos y muertos logramos evitar", explica.

El domingo, el fallecimiento de dos motociclistas golpeó fuertemente el atardecer de la ciudad: en La Carrindanga había fallecido el motociclista Ángel Buiani, de 28 años, y su acompañante había sido trasladada en grave estado al Hospital Municipal; a las pocas horas, Antonio Origuela, de 26 años, murió luego de chocar con otra moto en la ruta nacional 3, a la altura del puente sobre el Canal Maldonado.

Incremento

Según el proyecto presentado por el concejal libertario Carlos Alonso, el año pasado se registraron 2.555 intervenciones por siniestros viales, frente a 2.169 registradas durante 2024, lo que representa un incremento del 17,8%.

"En 2025 se contabilizaron 17 personas fallecidas, considerando tanto las víctimas que perdieron la vida en el lugar como aquellas que fallecieron posteriormente en establecimientos hospitalarios como consecuencia de las lesiones sufridas", se indicó.

Esta situación, continúa el texto, se mantiene en 2026, ya que hasta el 10 de junio se habían registrado 1.029 siniestros viales, lo que representa un promedio de aproximadamente seis hechos diarios desde el comienzo del año.

El sujeto arribó en libertad al debate y permanecerá en esa condición hasta que quede firme el fallo del Tribunal en lo Criminal Nº 1.

No obstante, la justicia determinó la prohibición de acercamiento a la víctima y una serie de reglas de conducta que deberá obedecer.

De acuerdo con la causa, los hechos ocurrieron entre 2020 y marzo de 2022, cuando la víctima –de entre 11 y 12 años- se quedaba a dormir en la casa de su tía y el hombre aprovechaba esas situaciones para someterla a tocamientos en sus partes íntimas.

"Esos actos se repitieron de manera constante en el tiempo, en el domicilio donde vivía el hombre con su pareja -hermana del padre de la niña- y en la habitación de una iglesia a la que habían concurrido y en la cual se quedaron a dormir", señalaron desde el Ministerio Público.

La denuncia fue radicada por la madre de la menor, luego de que la niña le confesara a una amiga lo que venía padeciendo.

La sanción, resueslta en un debate abreviado por el Tribunal en lo Criminal Nº 1, recayó en Facundo David Bustamante.

Según la causa, investigada por el fiscal Diego Conti, el pasado 11 de abril el imputado ingresó al local ubicado en Don Bosco al 1.400 y amenazó con una pistola a dos trabajadores,exigiendo la entrega del dinero de la caja registradora.

El delincuente se apoderó de un millón de pesos y escapó por calle Martín Rodríguez en sentido ascendente.

Las cámaras de seguridad del comercio pudieron registrar el accionar del hombre, así como las prendas de vestir que llevaba colocadas.

Esta situación permitió que sea localizado por la policía y aprehendido en inmediaciones de Inglaterra al 1.900.

El imputado fue condenado por el delito de robo agravado por el uso de armas de fuego cuya aptitud para el disparo no se pudo tener por acreditada.