Se trata de Emiliano Fabián Correa (37), quien está detenido desde el pasado martes 16, cuando la Policía lo sorprendió en horas del mediodía en la zona de Brown al 2.700.

El planteo del fiscal Marcelo Romero Jardín, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 14, fue dirigido al Juzgado de Garantías Nº 3, a cargo del doctor Alberto Manzi, quien debe resolverlo en los próximos días.

De ser aceptado, Correa -quien se negó a declarar al ser indagado- llegará al debate detenido y afrontará cargos con penas que podrían llegar a los 15 años de prisión.

"Se pidió la prisión preventiva y la elevación a juicio de la causa de manera simultánea porque ya no hay más medidas de prueba para producir", explicó un investigador del caso.

Correa sería autor del abuso sexual gravemente ultrajante de la empleada de una verdulería que funcionaba en Misiones al 400, el sábado 1 de marzo de 2025.

El ataque se produjo sobre las 18, cuando el acusado ingresó en el comercio con supuestas intenciones de robo.

Luego obligó a la víctima a ingresar en el baño del local y allí la sometió, para luego escapar.

El relato de vecinos y las cámaras de seguridad fueron clave para identificar al sospechoso, quien no obstante escapó y se mantuvo prófugo durante más de un año.

Se cree que en los primeros días de fuga -poco antes de la trágica inundación que sufrió nuestra ciudad- Correa se había escapado hacia la zona de Pedro Luro.

La conclusión de la pericia, según aseguró la defensa del procesado, se opone diametralmente a las declaraciones de familiares de las víctimas, que habían dicho públicamente que bajo las uñas del hombre había ADN de ambas fallecidas.

El análisis estuvo a cargo del bioquímico Juan Pablo Ortiz, perito del servicio de Análisis Comparativo de ADN de la Asesoría Pericial La Plata y llegó a la fiscalía local durante el mes de abril pasado.

Según se desprende de sus conclusiones, "no es posible vincular" a Mariana Bustos y Myriam Velázquez "como individuo generador del material genético detectado en las muestras rotuladas 42882-1-HUI y 42882-1-HUD, correspondientes a hisopado ungueales (de uñas)".

En cuanto a la muestra de una lesión en el tórax del acusado (posible forcejeo con alguna de las víctimas), se aclaró que "no se obtuvo material genético apto para cotejo".

"No es una pericia a favor de la acusación, sino del imputado", expresó el abogado Valentín Fernández, tras dar a conocer una la copia del estudio pericial.

De hecho, ese fue uno de los argumentos del defensor para solicitar hace algunos meses a la Justicia de Garantías el arresto domiciliario del hombre, por presentar problemas de salud, aunque esa medida está pendiente de resolución.

Otras pruebas

De todas maneras, existen otras pruebas que la justicia de Garantías tuvo en cuenta para dictarle la prisión preventiva a Velázquez, por la cual actualmente permanece en la cárcel.

Los crímenes se registraron el 7 de octubre pasado, cuando el hombre habría ingresado al domicilio de la calle Santa Fe al 2.300, sobre las 18.40, para retirarse a las 23.30 aproximadamente, según los registros de distintas cámaras. Él dijo que sí estuvo en la vivienda pero que se retiró a las 19.30, pero esa circunstancia nunca se pudo acreditar.

Sí se pudo establecer que Mariana llegó a la casa de su madre después de las 20 y que Maximiliano Velázquez presentaba varias lesiones compatibles con rasguños (pecho, abdomen y rostro), que en el lugar encontraron un mechón de cabellos de la joven y que su madre (pese al estado del cuerpo quemado) no tenía ropa de la cintura hacia abajo.

Para la fiscalía también mintió porque en el supuesto recorrido que dijo haber hecho de vuelta a su domicilio, después de las 19.30, no se lo ve pasar por ninguna de las cámaras revisadas.

A su vez, al ser arrestado, la moto en la cual se movilizaba tenía calcos arrancados.

"Él nos explica que dos meses antes un hijo de él había arrancado un calco posterior, del lado izquierdo de la moto, y que como no podía seguir pagando la moto, la iba a devolver a sus garantes y por eso había sacado los calcos. Dice que los sacó el domingo anterior al hecho, pero revisando las cámaras, cuando la moto circula hacia el domicilio (el martes posterior), tenía todos los calcos colocados", había dicho el fiscal Jorge Viego.

En cuanto a las heridas, Velázquez argumentó que se las había hecho cuando ordenaba una estantería en su casa y se le cayó un artefacto, pero dicho aparato no se encontró en el allanamiento y su mujer tampoco dijo nada al respecto.

La moto que conducía fue embestida por un auto en Pampa Central y Chancay, pero el automovilista se desentendió de la víctima y huyó del lugar.

La chica terminó con politraumatismos y un esguince en un tobillo. De milagro no tuvo consecuencias peores, aunque "está llena de moretones".

Familiares de Micaela se comunicaron con lanueva.com para dar a conocer la situación y pedir colaboración de eventuales testigos que puedan aportar datos sobre el conductor fugado.

"Se cree que el auto es un Volkswagen, puede ser un Gol o un Voyage, porque quedaron restos de una óptica y el paragolpes", comentó uno de ellos.

En el caso está actuando la comisaría Quinta, a cargo de la jurisdicción, bajo órdenes de la fiscalía.

Quienes puedan aportar datos de interés para identificar al vehículo se pueden comunicar 2914499232, 2914057891 o 2914747218.

De hecho, entre los múltiples acusados que en las últimas horas escucharon el alegato del fiscal general Alberto Gentili, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de San Martín, figuran quienes coordinaban la "iglesia" en Bahía Blanca.

Se imputa a los acusados que, durante casi 5 décadas, coptaron y sometieron a distintas personas vulnerables, entre ellos niños, a explotación laboral y vivir en condiciones de servidumbre.

En mayo de 2019, cuando la investigación tomó impulso y se registraron las distintas capturas y el rescate de 47 víctimas, se realizó un allanamiento en el templo local, que tenía asiento en la calle El Resero al 600 y se arrestaron a tres personas, además del secuestro de 200 mil pesos, documentación y teléfonos.

Para ese inmueble -así como otras 47 propiedades de las provincias de Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos, Salta, Córdoba y Río Negro, y de 16 vehículos- el fiscal solicitó a la Justicia su decomiso.

Se cree que en nuestro medio la congregación estaba a cargo de Alcides Mora Cáceres, quien se profugó poco antes de los operativos, y de María Luisa Alza y Griselda Noemí Lemos, para quienes el fiscal del conurbano pidió una pena de 18 de prisión.

Para la principal imputada, Eva Petrona Pereyra (82), el fiscal Gentili requirió la pena más alta, de 24 años de prisión.

Los delitos imputados son asociación ilícita, servidumbre y trata de personas con fines de explotación laboral agravada en concurso real, además de abusos sexuales a 4 víctimas

Desde 1972

Templo Filadelfia comenzó a funcionar en 1972 y lo hizo de manera estructurada hasta el 1 de diciembre de 2020. Tenía sede central en la localidad bonaerense de San Justo, partido de La Matanza, y anexos en distintos puntos del país (entre ellos el de Bahía), así como en Paraguay y Brasil.

Según la investigación, captaban a personas vulnerables bajo el pretexto de mejorar sus condiciones de vida, pero luego eran obligadas a trabajar y a entregar sus ingresos económicos. 

Las líderes de la organización se atribuían poderes divinos y ser "ungidas de Dios" y las victimas debían limpiar, cocinar y hasta dormir a sus pies. 

Imponían la formación de parejas y entre los métodos de castigo existían insultos, golpes, cortes de pelo y hasta aislamiento social.
Gentili, en su alegato, manifestó que el caso reúne manifestaciones de "criminalidad organizada, violencia contra la mujer y formas de violencia contra niños, niñas y adolescentes", con un "control absoluto sobre los cuerpos y las mentes".

El debate, que se inició el 23 de octubre de 2024 y demandó más de 200 testigos, continuará el lunes próximo con el alegato de una de las defensas (con información y fotos de Fiscales.gob.ar).

Fuentes judiciales explicaron que esta tarde el fiscal Mauricio Del Cero, a cargo de la UFIJ N° 19, pidió la medida a la Justicia de Garantías.

Previamente, el representante del Ministerio Público indagó a Fabián “El Mono” Samuel y Estefanía Suazo por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Los voceros señalaron que el hombre se negó a declarar, mientras que la mujer aseguró que es inocente y que no tenía conocimiento de la presencia de los estupefacientes.

Como se informara, efectivos de la comisaría Quinta registraron ayer una casa ubicada en Pacífico al 1.500 por una causa de hurto.

En el marco del procedimiento incautaron 14 envoltorios de nylon con 7,8 gramos de cocaína, un trozo compacto de la misma sustancia con un peso de 7,2 gramos, 3,8 gramos de cogollos de marihuana, un plantín, bolsas con sustancias de corte, envoltorios destinados al fraccionamiento y un teléfono celular.

Según informó la policía, en el inmueble estaría funcionando un almacén y los elementos utilizados para el fraccionamiento de la droga se encontraban a simple vista en una vitrina. Además, frente al domicilio se encuentra una escuela.

Si bien se trata del hombe que dio aviso de la situación, luego de la reconstrucción de los investigadores se pudo establecer que, en principio, sería quien efectivamente lo agredió, luego de toparse con él en el patio de su vivienda.

El Juzgado de Garantías Nº 4, a pedido de la fiscal Marina Lara, ordenó la medida y en la vivienda, ubicada en Colorado del Monte al 800, secuestraron dos trozos de un hierro y prendas de vestir con manchas que serían de sangre.

Por el momento no se dispuso ninguna medida restrictiva respecto de Sanabria -se trata de determinar la mecánica del hecho-, aunque podría ser acusado de intento de homicidio.

Franco Orlando Hermosilla (24), el joven golpeado, permanece internado en la terapia intensiva del hospital Municipal con pronóstico reservado a partir de un traumatismo de cráneo, heridas punzocortante en la cabeza y fractura de tabique nasal.

"De los testimonios que se reunieron, de vecinos del sector, este muchacho (por Hermosilla) caminó por la calle Bravard, en forma descendente y dobló en Colorado del Monte. Hasta ese momento los vecinos no lo ven golpeado", comentó un investigador.

Pese a que por el momento no hubo declaraciones formales de parte de la familia de Juan Roberto Cafasso (69) ni de su abogado, Martiniano Greco, trascendió que la representación de la víctima buscaría una estrategia para reconfigurar el delito de homicidio culposo a homicidio simple con dolo eventual, que prevé una pena de 8 a 25 años de prisión, mucho más alta que la del primer encuadre (de 1 a 5 años).

El dolo eventual se puede dar cuando una persona se representa la posibilidad de un hecho dañoso y aún así desprecia su resultado. Es común esta figura para los casos de incidentes viales, como cuando alguien maneja alcoholizado y/o atraviesa semáforos en rojo a 100 kilómetros por hora y atropella a una persona.

Si bien se trata de un extremo difícil de probar -y más para casos como el sucedido en el gym de la avenida Cabrera al 4.100- la querella cree que de la reciente prueba testimonial reunida surgiría elementos para, al menos, considerarlo en el caso de algunos de los responsables.

Tres socios presentes

Power Zone SRL, la sociedad a cargo de la franquicia, está integrada por Ariel Gustavo Vecchi (50) y Graciela Fernanda Vecchi (48) y Roberto Gastón Decker (43) y Ernesto Germán Decker (50), dos familias que vienen de los rubros del transporte, la logística y la venta de camiones.

La mayoría de la veintena de testigos que declaró en la fiscalía de Cristian Aguilar dejó en claro que de los 4 socios, al menos tres de ellos -los Vecchi y el mayor de los Decker- estaban presentes en el gimnasio, daban órdenes y asumían el control, así como Lucas Abraham, quien figuraba como gerente e impartía directivas de mantenimiento y supervisión.

"Varios testigos dieron cuenta de situaciones de riesgo en el entrepiso (de donde cayó Cafasso luego de bajar de una máquina elíptica), como caída de botellas y otros objetos, y los propios profesores lo manifestaron, así como los de recepción y hasta los clientes. Una testigo declaró que se lo comentó al gerente y que éste le dijo que iban a poner barandas, así como una de las dueñas había manifestado que iban a construir parantes para evitar la caída de objetos", comentó un allegado a la causa. 

"Pleno conocimiento"

Quiere decir que, a criterio de la querella, los titulares presenciales de la sociedad tenían "pleno conocimiento" del riesgo, del posible resultado y así y todo lo desestimaron, teniendo en cuenta que, seguramente por una razón económica, nunca cerraron el gimnasio para su ampliación, sino que se fue expandiendo en pleno funcionamiento.

En cambio Aguilar, titular de la UFIJ N° 1, considera en principio al hecho como un homicidio culposo, que sanciona a quien por "imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o inobservancia de los reglamentos o de los deberes a su cargo causare a otro la muerte".

En ese marco también podrían ser alcanzados penalmente el responsable de la obra (un arquitecto necochense identificado como Eber Panscin) y una licenciada en seguridad e higiene, cuyo nombre no trascendió.

El fiscal, en medio de distintas medidas de pruebas pendientes, pedirá la colaboración de un perito ingeniero universitario, a fin de determinar si en el plano presentado por los responsables del gimnasio en el municipio existe -como se cree- la proyección de una pared en el lugar por donde cayó Cafasso.

De todas maneras, está absolutamente claro para todas las partes acusatorias que eran evidentes las fallas de las medidas de seguridad dentro del salón.

El fiscal de delitos sexuales bahiense solicitó estas condenas para Alan Ezequiel Ábalos (26), Franco Fabián Apis (28), Erik Dalla Riva (27), Kevin Dalla Riva (29), Fernando Nicolás Queral Herrera (27), Alexis Gaspar Roa (28) y Enzo Gustavo Torres (27).

El abogado Mauro de Mira, que asesora a la víctima, requirió 12 años de cárcel para los causantes y los defensores Álvaro Coleffi y Marcelo Ciccola reclamaron la absolución de sus clientes.

En su alegato de cierre del juicio oral dirigido por el Tribunal en lo Criminal Nº 1, el fiscal Romero Jardín sostuvo que los imputados son "coautores funcionales" del delito de abuso sexual con acceso carnal o, alternativamente, de abuso sexual gravemente ultrajante.

La fiscalía plantea que si bien dos de los procesados habrían violado a la joven que en ese momento tenía 17 años, "todos" los enjuiciados contribuyeron para que el abuso sexual se materialice.

Según el representante del Ministerio Público Fiscal, la totalidad de los acusados además actuó con "violencia o mediante intimidación" al encerrar a la damnificada en una habitación oscura, rodearla y amenazarla.

"Todos los imputados eran conscientes de lo que sucedía en ese cuarto y pretendían el resultado buscado y planificado antes", indicó el titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 14.

"El accionar iba a seguir, pero fue interrumpido por la otra chica que golpeaba la puerta y les decía (a los agresores) que iba a llamar a la Policía", agregó.

"La exigencia para que dejaran ir a la víctima iba dirigida a todos los varones que actuaron, por eso planteé, de manera subsidiaria, el gravemente ultrajante porque en esa figura el acceso carnal no es necesario", continuó el acusador.

Romero Jardín no pudo determinar quiénes accedieron carnalmente a la menor, porque los abusadores apagaron la luz de la habitación donde atacaron sexualmente a la joven, durante un cumpleaños celebrado en una quinta.

Por este motivo el fiscal postuló la figura de coautoría funcional, que prevé penas de entre 6 y 15 años de cárcel, y descartó complicidad.

Por el grave incidente ocurrido en la madrugada del 30 de noviembre de 2017, también se imputó a tres menores que serán juzgados en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

Durante el debate que terminó hoy declararon testigos ofrecidos por la fiscalía, la defensa y el abogado de la víctima, presentada en la causa como particular damnificado.

El tribunal dará a conocer el fallo el próximo martes.

La confirmación de la pena la dio en las últimas horas la Cámara Penal de Bahía Blanca, al desestimar una apelación del defensor Valentín Fernández y ratificar el fallo de la jueza en lo Correccional Nº 4, María Laura Pinto.

Beliú fue acusado de 7 hechos por los delitos de uso de documento falso y defraudación en su modalidad de estelionato (vender un bien que no es propio), en concurso real de delitos.

La Justicia determinó que "adquiría autos de procedencia ilícita como actividad habitual y lucrativa, utilizaba documentación falsa, supresión de numeraciones registrales y patentes irregulares" para luego comercializarlos.

Argumentos insuficientes

Pese a que a la condena se había llegado mediante juicio abreviado y acuerdo entre las partes, su defensor pretendía disminuir la sanción al considerar errónea la valoración de atenuantes y agravantes, teniendo en cuenta que el hombre siempre colaboró con la Justicia y no tiene antecedentes.

"El novedoso argumento que trae aquí el recurrente, en cuanto sostiene que se ha realizado una errónea valoración de dichas pautas mensurativas a tenor de los principios de proporcionalidad y culpabilidad, además de resultar insuficiente por su generalidad y sin descender al caso en concreto, se desentiende de la valoración efectuada por la sentenciante y de la multiplicidad de hechos relacionados todos ellos con la receptación y comercialización de automotores sustraídos", explicó el camarista Guillermo Petersen, con la adhesión de su colega Guillermo Emir Rodríguez.

"Por lo demás, si el imputado y la defensa pactaron el juicio abreviado con el Ministerio Público Fiscal, tal circunstancia y el debido ejercicio de los respectivos ministerios llevaría de plano a descartar lo que ahora se pretende, esto es que se haya aplicado una pena por fuera de toda consideración al caso concreto y al sujeto que habrá de sufrirla", agregó.

Delito en auge

Beliú fue detenido en medio de un fuerte crecimiento de secuestros de vehículos robados -tanto en Mar del Plata como el conurbano- que se encontraban en circulación en nuestra ciudad y la región.

Entre principios de 2024 y mediados del año pasado se habían recuperado en nuestra jurisdicción unos 100 vehículos en esa condición, con pedido de secuestro.

Beliú no cuenta con antecedentes penales y hasta antes de su arresto tenía como actividad formal el desempeño en barcos dedicados a la búsqueda y rescate en el extremo sur del país, con ingresos que, según sus propios dichos, rondaban los 350 dólares diarios.

Así describe la abogada Yamila Segovia la búsqueda de un sujeto que desde hace más de una década elude a la Justicia, acusado de violar en Puan a una nena de 11 años que quedó embarazada como consecuencia de la agresión sexual.

“Estamos trabajando arduamente para poder dar con esta persona, que está prófuga desde hace mucho tiempo por cometer un delito”, resume.

La víctima es familiar de Yamila, quien decidió estudiar Derecho para ponerse la causa “al hombro” y evitar que quede impune.

“Esto comenzó en 2009. En su momento la llevó adelante una fiscalía, pero finalmente terminó recayendo en la UFIJ N° 12, de la doctora Leila Scavarda. En 2012 se ordenó su detención”.

“El caso se denunció, comenzaron a investigar y rápidamente se determinó que esta persona era culpable del delito, porque esta niña, con solo 11 años, quedó embarazada y producto de esto nació una criatura de otra criatura”, señala.

Agregó que la prueba de ADN “fue suficiente para determinar que Alberto Martín Del Valle era responsable”.

La joven describe que el imputado “detentaba una postura de autoridad ante la niña, porque era su padrastro. Cuando se descubrió el embarazo la situación salió a la luz, se denunció y se comprobó”.

Asegura también que el acusado “se benefició de una Justicia que claramente no trabajó como corresponde, porque no lo pudieron encontrar. La causa quedó juntando polvo en una fiscalía”.

Involucrarse

Segovia afirma que “fui creciendo en esta situación y es algo que genera mucho dolor en la familia. Decidí a estudiar derecho, entre otras cosas, para adquirir herramientas y conocimiento. Cuando logré matricularme lo primero que hice fue solicitar la vista de la causa y posteriormente me presenté como particular damnificada”.

“Con el tiempo fue entendiendo que durante muchos años no hicieron nada, entonces, con los colegas que me ayudan, comenzamos a impulsarla de nuevo”.

Destaca la tarea que viene llevando adelante la Oficina Técnica de Identificación de Procesados (OTIP), en la persona de Celeste Peralta, y el compromiso del Fiscal General de Bahía Blanca, Juan Pablo Fernández.

“Muchos abusadores se benefician de que si se mantienen prófugos la causa pueda llegar a prescribir (se encuentra apelada ante la Cámara Penal una decisión en ese sentido de la Justicia de Garantías). Más allá de que pueda ser culpable o no, si la persona buscada no aparece, lamentablemente, terminamos todos perjudicados”.

Búsqueda

Relata que en 2015, apenas con una computadora que le habían facilitado en la escuela, comenzó a buscar al sujeto.

“Me puse a preguntar y logré dar con el dato de que estaba viviendo en Capital Federal. Avisé a la comisaría y cuando fueron se determinó que le habían advertido de la situación y se había ido”.

También sabe que “rearmó su vida, se puso en pareja nuevamente y hasta tuvo una hija. Utilizó otros nombres como Martín Lezcano o Martín Morales”.

Del Valle fue buscado en el conurbano bonaerense (Florencia Varela, Bosques y Quilmes) y en la localidad balnearia de Mar de Ajó, aunque en todos los casos los intentos de detenerlo arrojaron resultados negativos.

“Estuvo en un lugar donde funcionaba un comedor con un montón de niños y luego también anduvo ligado a una iglesia en la que había un merendero para chicos vulnerables. A este tipo le encanta andar donde hay menores, entonces es un llamado a la comunidad de manera urgente para que, entre todos, podamos encontrarlo”.

Para ello, según indica, crearon la cuenta de Instagram @alerta_busqueda_activa donde hay información del caso.

Según habían confirmado más temprano fuentes confiables del área de Seguridad, en el lugar fue encontrado un feto de varios meses de gestación.

En el lugar se encuentra trabajando personal del Comando de Patrulla y de la Comisaría Tercera. También representantes de la Policía Científica.

El hallazgo, según informó la Policía, fue llevado a cabo por dos trabajadores informales que se hallaban en un sector donde los camiones recolectores depositan basura reciente

"Allí hallaron un feto con meses de gestación, el cual se encontraba sin ropas y el cordón umbilical a la vista", se explicó.

En ese sentido, desde el área de Recolección de Residuos se indicó que en el sector donde fue hallado el feto se depositaron los residuos de aproximadamente las últimas 24 horas, una parte del relleno en altura que las máquinas habían comenzado a compactar.

Según se explicó, durante este martes al lugar ya habían ingresado unos 20 camiones.

La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 7, que ya dictaminó la correspondiente realización de la autopsia, el peritaje de las cámaras del lugar y el recorrido de los camiones recolectores.

El sospechoso es hermano de Luis Eduardo "Paquillo" Sánchez, un futbolista que es gloria del club Villa Mitre y que actualmente vive en nuestra ciudad.

Jorge Sánchez (56) fue indagado en las últimas horas por el citado fiscal, bajo los cargos de homicidio agravado por el vínculo, y se negó a declarar, asesorado por el defensor oficial de Necochea, Agustín Dómina.

Luego fue conducido a la sede de la DDI de Necochea, donde permanece detenido.

El conmocionante matricidio se registró el viernes en el interior de la vivienda ubicada en la calle 548 al 1000, del barrio Atepam, en Quequén.

Con la pericia para conocer el estado psicofísico del también exfutbolista -de paso fugaz por la institución tricolor bahiense- se procura determinar fehacientemente si pudo comprender la criminalidad de sus actos y dirigir sus acciones, tal como se consideró desde un primer momento.

El estudio estará a cargo de la Asesoría Pericial, con intervención de especialistas en neurología y otras disciplinas (con información y fotos de Ecos Diarios y Noticias de Necochea).

Si bien en febrero del año pasado la jueza Daniela Castaño, del Tribunal en lo Criminal N° 3 de nuestra ciudad, lo había condenado a 4 años y medio de prisión, como cooperador penalmente responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante reiterado, ese fallo fue revocado.

Meses después, la Sala IV del Tribunal de Casación Penal bonaerense absolvió a Pinta, al entender que no se pudo acreditar el delito que supuestamente se cometió cuando las alumnas y presuntas víctimas iban a merendar a su casa.

"Aparecen las situaciones fácticas anunciadas pero la cooperación del aquí enjuiciado sólo se configura como una posibilidad de ocurrencia, pero luego de la evaluación del material probatorio, sólo surgen sospechas, hipótesis o posibilidades, más no la certeza convictiva necesaria para imponer una sentencia condenatoria", explicó el juez de Casación Carlos Ángel Natiello, con la adhesión de su par Mario Eduardo Kohan.

Y luego el mismo tribunal platense rechazó un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por dos de las particulares damnificadas. 

Las mismas mujeres fueron en queja a la Corte provincial, al entender que el fallo absolutorio de Casación valoró de manera sesgada la prueba y reprodujo "estereotipos de género contrarios a los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino".

Sin embargo, la Corte -votos de los jueces Fernando Mancini, Hilda Kogan, Sergio Torres y Daniel Soria- entendió en los últimos días que la vía intentada era inadmisible, porque las apelantes no presentaron la documentación requerida para tal fin.
 

Se trata de Claudia Ayelén y Jonatan Aburto, quienes fueron arrestados por efectivos de Policía Federal en una vivienda de calle Esmeralda al 600, donde incautaron 157 gramos de cocaína fraccionada y dos envoltorios con trozos compactos de la misma sustancia, elementos para estiramiento, dos balanzas y recortes de nylon.

El procedimiento fue solicitado por el fiscal Mauricio Del Cero, a cargo de la UFIJ Nº 19, y autorizado por la Justicia de Garantías.

Los imputados fueron indagados y se negaron a declarar.

"El secuestro es más que importante. En los allanamientos por comercio al menudeo es difícil encontrar grandes cantidades, pero acá estamos hablando de 52 envoltorios de cocaína listos para la venta", dijo Del Cero en declaraciones al programa de Panorama.

Agregó que "estamos esperando las pericias telefónicas, que para nosotros van a resultar clave. Uno de los celulares secuestrados tiene la etiqueta del Servicio Penitenciario Bonaerense, como teléfono registrado dentro de un penal. Justamente, el hombre (Jonatan Aburto) investigado había dejado la cárcel en agosto del año pasado".

Precisamente, beneficiado por una resolución del por entonces Juez de Ejecución Penal Nº 2, Onildo Stemphelet,  el sujeto egresó de la Unidad Penal Nº 4, donde estaba cumpliendo una pena de 4 años y dos meses de prisión por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

El representante del Ministerio Público sostuvo que la investigación se puso en marcha a principios de este año a partir de una denuncia anónima a la aplicación del Ministerio de Seguridad bonaerense.

"Durante las tareas de vigilancia se observaron maniobras muy claras. Se lo ve al propio Jonatan Aburto interviniendo en los pasamanos y entregando droga. No se la observa a su madre, pero al momento del allanamiento una persona que había concurrido a comprar sustancias dijo que era la persona que le había entregado la sustancia".

Mencionó que en el domicilio hallaron "sustancias de corte para estirar la cocaína".

Al respecto, trascendió que se trataría de bicarbonato de sodio, aunque se aguardan las pericias químicas para confirmarlo.

"El precio de venta era del orden, según las comunicaciones en la causa, de entre 15 y 16 mil pesos. Esto nos lleva a suponer que era una droga de baja calidad la que se comercializaba, porque el valor de mercado es del doble", finalizó Del Cero.

Las declaraciones -presenciadas por abogados de la familia de la víctima- "no tuvieron un aporte sustancial" para el eje central de la investigación, que es determinar quiénes son los eventuales responsables del posible delito de homicidio culposo de Juan Roberto Cafasso, según confirmaron fuentes de la causa que tramita ante el fiscal Cristian Aguilar.

Ninguno de los citados, por caso, hizo alusión a un supuesto antecedente de una caída no fatal desde el mismo sector, tal como se había dado a conocer un forista en los comentarios de una nota de lanueva.com

Muerte en el gimnasio: quiénes son los responsables de la franquicia local

"Tampoco nadie dijo nada sobre la falsa pared, porque los empleados no tenían la obligación de exponer sobre ese tema. Para eso hablan los planos", comentó el mismo investigador.

En la documentación secuestrada por Aguilar existe un croquis elaborado por el responsable de la obra en el cual se observa el dibujo de lo que sería una pared que, en realidad, no existía y solo contaba con báners que actuaron como una trampa mortal.

El próximo paso del fiscal Aguilar es solicitar la intervención de un perito ingeniero universitario para que defina si lo que se observa en dicho plano es la proyección de una pared que nunca se concretó.

Aguilar ya había asegurado públicamente que en el lugar había "un faltante evidente de medidas de seguridad".

La franquicia local de Sport Club, ubicada en la avenida Cabrera al 4.100, permanece clausurada luego del luctuoso desenlace y es un enigma si tendrá una reapertura.

El gimnasio era muy concurrido -había iniciado actividades en octubre pasado y contaba con más de 4 mil socios- y sus titulares tenían intenciones de desarrollo, incluso con la proyección de una pileta de natación.

Al momento del fallecimiento de Cafasso el local estaba con la habilitación provisoria municipal vencida.

El operativo se dio sobre las 21, en medio de un control de motos que los uniformados realizaban en la calle 25 de Mayo al 300 de esa localidad.

En ese contexto observaron la actitud sospechosa de dos personas que intentaron evadir el control, aunque fueron inteceptados.

Uno de ellos, igualmente, pudo darse a la fuga, pero su acompañante quedó aprehendido y se lo identificó como Leonardo Gabriel Zapata, de 30 años.

Se estableció que poco antes ambos habrían sustraído, de una vivienda ubicada en Moreno al 200, de Cerri, una hidrolavadora, una tijera de podar, un taladro y un cable de extensión. En ese caso resultó damnificado un vecino de 60 años.

Los elementos, recuperados, habían sido descartados por los sospechoso en el intento de fuga.

Tomó intervención en el caso la UFIJ Nº 15.

El hecho ocurrió en la esquina de Dorrego y Alsina, a pocos metros del Teatro Municipal, cuando el Ford Ka negro, ocupado por dos mujeres, circulaba por la primera de estas arterias y llegando a la bocacalle se prendió fuego.

Por el momento no se han conocido los detalles del hecho, ni qué puede haber ocasionado el siniestro. Testigos indicaron a La Nueva. que el siniestro se habría originado en la zona del motor y se habría extendido al resto del vehículo.

El fuego fue controlado por personal de Bomberos de la Policía Federal.

Según personas que estaban en el lugar, al menos una de las ocupantes fue atendida por personal de salud. Las mujeres no sufrieron heridas, aunque sí se encontraban en shock por lo ocurrido.

Trabajaron en el lugar, además, representantes de la Guardia Urbana y de Defensa Civil.

Se trata de Mónica Farías, de 49 años.

Según se informó, en la mañana del viernes, esta persona agredió a una mujer de 44 años en su domicilio, utilizando un elemento punzocortante para causarle lesiones a la altura del cuello, poniendo en riesgo su vida, y luego se retiró del lugar.

Sin embargo, gracias al accionar de terceros que socorrieron a la víctima, esta fue trasladada al Hospital de Darregueira, donde recibió atención por sus heridas.

En este marco, el sábado se llevó a cabo el allanamiento en la vivienda de Farías y su detención. Además, se secuestró la cuchilla de tipo carnicero utilizada en la agresión.

La carátula es tentativa de homicidio.

El hecho ocurrió alrededor de las 3 del domingo, en San Martín y Avellaneda.

En ese lugar chocaron una moto Corven Triax, al mando de un joven de 21 años acompañado por la muchacha de 20, y un Toyota Etios conducido por un menor de 17 años.

Como consecuencia de los golpes, la mujer fue derivada al Hospital Naval Puerto Belgrano, donde se encuentra internada en estado reservado.

Intervienen la Ayudantía Fiscal de Coronel Rosales y la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1. La carátula es lesiones culposas.

La cifra continúa colocando a la región entre los índices más altos a lo largo del territorio provincial.

La cuestión cobra aún más relevancia si se toma en cuenta que gran parte de las víctimas de estos delitos resultan menores de edad.

También si se analizan las consecuencias que estos abusos dejan marcadas a fuego en quienes los sufrieron.

“Los efectos no son iguales en toda las personas, pero siempre el abuso tiene un efecto traumático”, afirmó la doctora en psicología Bettina Calvi.

La destacada profesional participó recientemente de una videoconferencia organizada por la ONG Creer, Sí.

Durante el encuentro, declarado de interés municipal, disertó sobre “Violencias sexuales contra niños, niñas y adolescentes”.

Calvi destacó que “hemos realizado con un equipo un observatorio de denuncias y en la mayoría de los casos el hecho se da en el ámbito intrafamiliar, lo que es mucho peor y los efectos son más graves aún”.

Comentó al respecto que “esta situación tiene que ver con que quien debe proteger a ese menor es quien lo agrede. El incesto es directamente arrasador para ese menor”.

“En mi tesis de doctorado hice la comparación que cuando un chico o chica sufre abuso intrafamiliar el efecto es comparable a lo que le pasa a un ciudadano frente a la caída de un estado de derecho. Quien te tiene que cuidar es quien te ataca, entonces no tenés a quién recurrir para defender tus derechos. Lo mismo sucede para un chico”.

Graves efectos

La psicóloga analizó también las derivaciones que estas acciones tienen en la vida de quienes las padecen.

“Lo que generalmente aparece como efecto es la alteración en la memoria, porque en el intento olvidar algo tan doloroso toda la memoria resulta afectada. La constitución de la propia identidad resulta comprometida, porque quien lo agrede está dentro del entorno familiar. Todas las legalidades de parentesco resultan afectadas”.

“Recuerdo que una paciente me dijo: 'qué le puedo contar a mis hijos de mi familia, si mi propio padre me hizo esto'. Se rompe la transmisión intergeneracional, el mito familiar queda totalmente afectado”.

También sostuvo que “a veces no es eso lo que se ve, sino que se manifiesta con alguna afección en el cuerpo o como enfermedad autoinmune o psicosomática”.

Acerca del pronóstico de evolución de las víctimas, Calvi manifestó que “sería deseable que con tratamiento la persona pueda resultar lo menos afectada posible con el transcurso de los años”.

“Desde la realidad de tantos años de trabajo, son marcas que quedan para siempre y afectan distintos sectores de la personalidad. En algunas personas interfiere en la constitución de los vínculos y en otras en su vida amorosa o sexual”.

La doctora también señaló que en muchos casos las víctimas logran romper el silencio luego de un tiempo prolongado.

“Hay casos de mujeres que con más de 60 años se atreven por fin a relatar un episodio de abuso acontecido en su infancia. Es un peso que cargaron toda su vida”, finalizó la especialista.

Caza de brujas

Calvi sostuvo que el proyecto de ley para agravar las penas por falsa denuncia en casos de violencia de género y delitos sexuales “es muy peligroso, porque promueve la persecución de las psicólogas que intervienen”.

“Esto es lo que llamo la nueva caza de brujas. Hay muchas situaciones que están colaborando con la invisibilización y el silenciamiento del abuso”, psiguió.

Indicó que los profesionales que evalúan a un chico o una chica que se sospecha que podría haber sido abusado “tienen la obligación ética, si hubiera marcas traumáticas compatibles, de informarlas. Cuando lo hacen, generalmente desde la defensa de los acusados se pone en marcha una persecución con denuncia penal hacia ese psicólogo, aprietes, escraches en las redes e insultos, entre otras cosas”.

“No se puede pensar que cuando la psicóloga está informando que observó indicadores que pueden ser compatibles con abuso lo esté inventando. Eso se hace desde herramientas profesionales, no son impresiones”.

Destacó finalmente que “la condena, si la hay, nunca es a partir de un informe psicológico. La decisión de condena la toma la Justicia”.

Necesidad de que les crean y las apoyen 

Situación. “Lejos de pensar que las madres tienen un 'furor denunciandis', lo que a veces nos cuesta es que la madre pueda creer. Esto es tan enloquecedor y siniestro, sobre cuando pasa en el interior de las familias, que en algunos casos las progenitoras se resisten a creerles”, dijo Calvi. 

Padecimiento. “Esto resulta doblemente doloroso para la víctima. Es muy diferente el pronóstico para una víctima de abuso si el entorno le cree, la sostiene y la acompaña, a cuando eso no ocurre”, agregó.

Protagonista. La profesionales mencionó que generalmente “en esos momentos aparece algo de afuera que puede ofrecer un espacio de escucha, como puede ser la escuela con la ESI”.

Opinión. “Se avanzó mucho en la capacitación de los profesionales, pero estamos en un momento de un intento feroz de volver a silenciar el abuso y de retroceso de los derechos conseguidos”.