Es que el juez de Ejecución Penal del Tribunal Federal de Juicio de Bahía Blanca, Ernesto Sebastián, rechazó el pedido de exclusión de Suris del Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo (SIGPPLAR).

La resolución firmada ayer confirmó que el condenado deberá seguir alojado en la cárcel de Ezeiza, bajo las mismas condiciones de seguridad reforzada.

El pronunciamiento del magistrado incorporó extractos de los informes de las áreas del SPF, que sustentaron la decisión de mantener a Suris en el sistema previsto para delincuentes de alta peligrosidad.

El servicio penitenciario advirtió que "el interno pocas veces demuestra importancia para solucionar los problemas a través del diálogo", y que "puede intentar sacar ventaja del entorno cuando nota que no está siendo observado", concluyendo que su desempeño "evidencia desinterés en su evolución".

El informe también indicó que en su relato "no se evidencia una actitud reflexiva respecto de las consecuencias derivadas de su conducta delictiva".

El área de Psicología del organismo carcelario describió un "perfil actitudinal evasivo y distante", con "falta de implicación personal" que, a criterio de los profesionales evaluadores, "constituye un indicador de riesgo de continuidad en los patrones delictivos" y limita sus posibilidades de reinserción social.

Sebastián planteó que la conducción del régimen penitenciario es competencia administrativa y que ni la prueba ni los argumentos de la defensa de Suris demostraron una "vulneración de derechos".

El representante del Poder Judicial de la Nación además descartó que la medida fuera arbitraria y remarcó que el defensor particular no cuestionó la constitucionalidad de la resolución ministerial que creó el sistema.

Por lo tanto Sebastián resolvió rechazar el pedido de exclusión de Suris del SIGPPLAR, basándose en los artículos 4 y 5 de la ley 20.416 y en la resolución 35/2024 del ministerio de Seguridad de la Nación, que creó el sistema.

Después de una reevaluación de riesgo hecha en febrero pasado, el SPF decidió que Suris debía permanecer en el sistema, al considerar que persistían "los mismos riesgos que fundamentaron y motivaron" su incorporación.

La defensa del condenado impugnó esa decisión ante la justicia y pidió su revisión.

El defensor argumentó que la resolución administrativa se limitaba a "reiterar los mismos fundamentos" que dieron origen a la medida original, "apoyándose nuevamente en la naturaleza de los delitos por los cuales (Suris) fue condenado, en referencias genéricas a su perfil criminológico y en la reproducción de categorías abstractas de riesgo previamente asignadas".

A su entender, esas fundamentaciones no cumplen con el estándar de motivación exigible y convertía la permanencia en el régimen en "una suerte de pena accesoria encubierta".

También sostuvo que la medida vulnera el principio de progresividad de la ley 24.660, al impedirle a su defendido el acceso a educación formal, talleres y capacitación laboral.

Suris fue condenado el 23 de noviembre de 2023 como coautor del delito de asociación ilícita fiscal (emisión de facturas truchas), en carácter de jefe, a cinco años de prisión.

Esa sanción se unificó con otra dictada por tráfico de estupefacientes, lo que derivó en una pena única de ocho años de prisión de cumplimiento efectivo.

Según el cómputo practicado en su legajo, la condena vence el 5 de marzo de 2028.

En julio de 2024 Suris fue incluido en el SIGPPLAR, un régimen creado para detenidos con "altos o muy altos niveles de riesgo de fuga" o riesgo comunitario, entre otros supuestos.

Este mecanismo implica supervisión y control intensificados.

El detenido todavía tiene que ser juzgado en vinculación con el delito de lavado de activos.

El operativo se desarrolló en Ecuador al 2.200, donde reside Ramón Martínez, de 52 años.

Según indicaron las fuentes policiales, todo ocurrió a partir de que un joven realizara un viaje a través de la plataforma Uber y olvidara su teléfono celular en el vehículo de Martínez.

Al realizar el reclamo a la aplicación y al chofer, este último le negó tener el teléfono. Sin embargo, el damnificado radicó una denuncia penal y la policía pudo ubicar —a través de una aplicación de geolocalización— el dispositivo, que se encontraba activo en el domicilio del conductor.

Por ello, el Juzgado de Garantías N° 2 y la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 7 ordenaron el allanamiento, donde se encontró y secuestró el celular.

Martínez fue demorado por apropiación indebida del dispositivo y fue trasladado a la Comisaría Tercera de Ingeniero White.

El hecho ocurrió en Rubado y Avenente.

En ese lugar, personal policial del Comando Patrulla aprehendió a Franco Castillo en el momento en que sustraía cables subterráneos tripolares de media tensión, pertenecientes a la red de energía que conecta Puerto Galván con la subestación White.

Además, se secuestró una pala de mano que el delincuente utilizaba para el robo.

Se encuentra alojado en la comisaría de Ingeniero White a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 15. La carátula es robo en grado de tentativa.

También denominados Puntos Seguros cuentan con un botón que al presionarse pone a la persona en contacto con el servicio de emergencias 911, y además están equipados además de cámaras fijas y domos de 360°.

Por el momento se está llevando a cabo la fase de instalación y no hay una fecha cierta para su puesta en funcionamiento. Desde el municipio de Bahía Blanca indicaron a La Nueva. que antes de inaugurarlos se concluiría con su instalación y conexión, para recién después habilitarlos.

En la concepción de la idea, desde la comuna se había explicado que la intención es ubicarlos en veredas, paseos y espacios públicos como una herramienta más relacionada en la búsqueda de más seguridad. Sin ir más lejos, el que figura en la foto que ilustra la nota, se encuentra en el Paseo de las Esculturas.

Según se indicó, estas estructuras modulares combinan tecnología de vanguardia con características de seguridad avanzadas. Tienen una estética discreta, de modo que se integran de manera amable con entornos urbanos y suburbanos.

"Son herramientas de utilidad y necesarias para la seguridad, que fueron costeadas por el Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad que el gobernador estableció luego de que el gobierno central le quitara recursos que a los bonaerenses les corresponden por ley", aseguró Federico Montero, subsecretario de Fiscalización y Control Policial del Ministerio de Seguridad bonaerense.

"Surgió de un plan de seguridad que el municipio elaboró y el ministerio aprobó, al igual que las garitas de los ingresos", agregó.

Instalación y características

Según el pliego licitatorio, los tótems son de chapa 14  de 2 milímetros de espesor, y sus dimensiones habituales son de 30 centímetros x 30 centímetros de base y una altura de entre 3,5 y 3,90 metros. Para su colocación se construye una base de hormigón en la que se ubican los pernos con los cuales se fija el aparato.

Cada tótem posee un botón tipo antipático, que al ser presionado se pone en contacto directo con el Centro Único de Monitoreo (CEUM), siendo en pocos segundos atendido el llamado por un operador del 911.

En su parte superior tiene una baliza con luces LED azules, la cual puede ser activada desde el CEUM. También cuenta con una cámara-domo de 360º con gran definición de imágenes. En cuestiones tecnológicas más específicas, cada unidad está equipado con detección de intrusión, domo con memoria interna y salida de alarma y audio de dos vías.

Funcionalidad

• Sus cámaras de alta definición y sistemas de grabación permiten una vigilancia continua de las áreas circundantes. Esto proporciona una visión en tiempo real de la situación, permitiendo una respuesta rápida ante incidentes o actividades sospechosas.
   
• Están equipados con altavoces y micrófonos, lo que permite la comunicación entre las fuerzas policiales y las personas. Esto facilita la emisión de alertas, instrucciones o advertencias, mejorando la capacidad de disuasión y respuesta ante emergencias.
   
• Cuentan con luces LED de alta potencia, que pueden ser utilizadas para iluminar áreas oscuras o proporcionar señalización visual. Esto contribuye a crear entornos más seguros y disuadir actividades delictivas.
   
• El botón de emergencia es visible y accesible y permite solicitar ayuda inmediata. Al presionarlo se establece una conexión directa con el 911, que toma las medidas necesarias.
   
• Colocados en distintos espacios permiten dotar de mayor interacción a los vecinos, aumenta las chances de atrapar a los delincuentes y permite dar una contención en tiempo real a las víctimas.

Dos menores de 15 años, que en principio fueron acusados del delito de encubrimiento, fueron sorprendidos sobre las 10.30 cuando llevaban a tiro el vehículo.

Se pudo confirmar que se trataba de la moto, perteneciente a un joven de 21, que había desaparecido sobre la 1.30 de la zona de Pacífico al 2.600.

El procedimiento tuvo lugar en Simón Bolívar al 1.800 y en esas circunstancias se pudo establecer que sobre la unidad pesaba un pedido de secuestro activo, con intervención de la UFIJ N° 2.

La Policía -colaboró la Local y el Comando de Patrullas- realizó un rastrillaje por el sector donde fueron interceptados los menores (cuadrante de Güiraldes/Sargento Iturra/Ricchieri/Fabián González).

De esa manera secuestraron algunas motopartes y la patente dominio 082LLC.

La comisaría Quinta le dio intervención a la fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

Si bien desde el sábado se inició el nuevo Sistema Penal Juvenil -que bajó el piso de punibilidad de 16 años a 14-, el fallo judicial de una jueza bonaerense congeló la medida por 60 días.

Trascendió que uno de los menores ya fue entregado a sus padres, mientras que resta definir la situación del otro, porque aparentemente se habría escapado de un instituto del conurbano, adonde cumplía internación por un hecho anterior, explicaron fuentes de la investigación.

Juan Manuel Ceferino Dho (24), alias "Bebo" y domiciliado en Formosa al 5.900, recibió 6 años de prisión por los delitos de robos agravados y tentativas de robos en despoblado, todo en concurso real.

Gonzalo Alejo Porter (25), afincado en Las Boyas 2.400, recibió 5 años y 11 meses de cárcel y a Ernesto Fabián Barrenechea (46), conocido como "Mosca", "Gordo" o "Gallina" y domiciliado en Remedios de Escalada al 3.900, le impusieron 3 años y 8 meses de prisión.

El fallo, tras un juicio abreviado, fue dictado por la jueza Claudia Fortunatti, del Tribunal en lo Criminal N° 2.

La magistrada, a su vez, ordenó disponer el decomiso de 8.930.000 depesos y 1.300 dólares que fueron secuestrados en uno de los allanamientos. 

Los delitos -que significaron un perjuicio para la empresa EDES- se sucedieron entre noviembre de 2024 y enero de 2025. 

Fueron al menos 5 episodios distintos que se dieron en establecimientos rurales ubicados entre los kilómetros 43 y 56 de la ruta 33, en jurisdicción de Tornquist.

La jueza Fortunatti, en mayo del año pasado, también había condenado a Ángel Gallardo (5 años) y al exsubcomisario Martín Ñancucheo (6 años y medio) por delitos similares que en ese caso reportaron el fallecimiento de 4 personas.

El fallo, resuelto por el juez del Tribunal en lo Criminal Nº 3, Eduardo d`Empaire, recayó en Nazareno Rafael Billagra, quien se encuentra detenido en la Unidad Penal Nº 4 de Villa Floresta y fue hallado culpable del delito de de robo agravado por escalamiento y por haberse cometido en poblado y en banda, en concurso ideal con privación ilegal de la libertad.

Para el magistrado quedó probado que la madrugada del pasado 6 de febrero, el procesado y otros dos sujetos que aún no fueron identificados escalaron una reja de casi dos metros de altura y levantaron una persiana de madera para ingresar a un domicilio ubicado en Zapiola al 1.100.

Una vez dentro de la casa, los ladrones ataron de pies y manos a la víctima, de 85 años de edad, con un cordón de zapatilla y una remera, para evitar que se movilizara.

En esas circunstancias se apoderaron de un alianza de oro, un celular, una caja de cigarrillos y 30 mil pesos en efectivo.

La mujer declaró y dijo que los sujetos la sujetaron de manera suave y que la tuvieron vigilada todo el tiempo, mientras revisaban el lugar.

Aclaró que no la lesionaron y que escaparon por la parte delantera de la propiedad.

La participación de Billagra quedó acreditada fundamentalmente a partir de los registros de cámaras de seguridad que obtuvo el personal policial, determinando que el día del hecho los ladrones partieron desde un domicilio ubicado en Nicaragua al 800, al que retornaron luego de cometer el robo.

Se estableció que el individuo residía en el lugar junto a su pareja y durante un allanamiento secuestraron prendas de vestir similares a las utilizadas por uno de los delincuentes.

Con estos elementos, y a partir de la sanción acordada previamente entre la fiscalía y la defensa, el juez impuso a Billagra la pena de prisión efectiva.

El caso llegó a la vía judicial el 30 de abril de 2025, cuando el demandante se presentó por derecho propio para iniciar la acción de filiación.

Según relató, había mantenido un vínculo informal con la madre de la niña y consideraba que de esa relación pudo producirse la concepción.

En su presentación argumentó que la falta de certezas sobre la paternidad "afecta su derecho a conocer si es padre y el derecho de la niña a conocer su identidad biológica".

Para evacuar esta duda se realizó un peritaje genético que confirmó que la probabilidad del vínculo biológico entre el demandante y la pequeña es superior al 99,99%.

Al no haber impugnaciones de las partes del proceso, el resultado científico adquirió fuerza probatoria plena para declarar la paternidad del actor.

Una vez acreditada la paternidad, se inició el debate sobre la identidad de la niña porque los progenitores mantenían posturas opuestas.

El progenitor pretendía que su apellido se adicionara en primer lugar, de modo que el nombre de la niña quedara conformado por el apellido paterno seguido del materno.

La madre rechazó de plano esa opción y solicitó que su hija portara únicamente el apellido materno.

Su reclamo se basó en que ella se ocupa "en forma exclusiva de la crianza y la manutención de su hija", que sufrió violencia por parte del progenitor y que mantener solo el apellido materno no afectaba el interés de la niña.

Este pedido contó también con el respaldo de la Defensora de menores e incapaces de la capital rionegrina.

Al no haber acuerdo entre los padres, la jueza viedmense Paula Fredes resolvió el conflicto mediante la aplicación del artículo 64 del Código Civil y Comercial de la Nación.

Ese artículo establece que, a falta de acuerdo de los progenitores, el juez debe disponer el orden de los apellidos basándose en el interés superior del niño.

La magistrada argumentó que la decisión debe tomarse "pensando en la niña y en la constitución de su identidad tanto estática como dinámica, separándome de los argumentos personales que han esgrimido sus progenitores".

"Ni las vivencias personales de las partes ni las que vivieron como pareja son fundamento suficiente para privar a la niña del derecho a la identificación, conforme su identidad biológica", sostuvo la representante del Poder Judicial.

A raíz de la corta edad de la menor y que "su identidad dinámica aún está en plena formación", Fredes determinó una solución equilibrada: la niña conservará el apellido materno en primer término (tal como fue inscripta originalmente) y se le adicionará el apellido paterno en segundo lugar.

Cuando la niña alcance la madurez suficiente -agregó-, podrá ejercer por sí misma la acción de modificar o suprimir su apellido si así lo deseara.

Con el fallo firme, se ordenó al Registro civil viedmense rectificar el acta de nacimiento original y adecuar el DNI de la menor bajo su nueva identidad legal.

Así lo resolvió la Cámara Penal de Bahía Blanca, al rechazar un pedido de sobreseimiento de la defensa, representada por el abogado Juan Ignacio Vitalini.

De esa manera se confirmó la decisión que había adoptado la jueza de Garantías, Claudia Olivera. 

El atraco a la firma Cuatro Afiles SRL, ubicada en Witcomb 38, se produjo sobre las 4 de la madrugada del 23 de enero último.

Robo en la financiera: "Sabían lo que hacían", dijo el dueño

La secuencia quedó filmada y se dio cuando un grupo de ladrones se apoderó de una caja fuerte de grandes dimensiones, que luego cargó en el baúl de una camioneta Jeep, con la cual escaparon, apoyados por otro vehículo (un Toyota Corolla).

Tali, con importantes antecedentes, fue capturado poco después del hecho, en la zona de Ingeniero White, cuando conducía la Jeep y chocó con un patrullero que lo perseguía.

La defensa del acusado argumentaba que Tali no había sido coautor del delito sino partícipe y que hubo una "ventana" de al menos 16 minutos en la que las cámaras del CEUM no observaron el recorrido de la Jeep, con lo cual no existían certezas en su contra.

Sin embargo, los camaristas Christian Yesari y Gustavo Barbieri confirmaron la elevación a juicio de la causa.

Consideraron que el fallo de la jueza Olivera no era infundado ni arbitrario y que existen elementos probatorios e indicios para relacionar al detenido con el delito.

En ese marco destacaron, incluso, su declaración indagatoria. Tali reconoció "haberse hecho cargo, con antelación y a cambio de una suma de dinero (500.000 pesos)" de la camioneta Jeep utilizada en el delito.

Y dijo que hubo una persona (a la que se negó a identificar) que fue "el trabajo" a su casa.

"Tampoco es exacto que la resolución apelada repose en un único indicio. A la conducción del rodado por parte de Tali en el tramo final de la persecución policial (documentada por el testimonio de cuatro policías) se adicionan, cuanto menos, su propia admisión de haberse comprometido, con antelación y a cambio de una contraprestación dineraria, a hacerse cargo del vehículo utilizado en el hecho.

"La circunstancia de que ese compromiso lo situó, según sus propios dichos, aguardando en la vía pública minutos antes de que se iniciara la ejecución del robo, la desobediencia a las voces de alto impartidas por el personal policial y la consiguiente fuga, indicio de la consciencia de la ilicitud de la situación en que se encontraba y, el hallazgo, en el interior del rodado, de una barreta de hierro, un martillo, cortavidrios y cortafierro, junto con prendas de vestir", también son elementos que lo comprometen, explicaron los jueces.

Por el mismo hecho, en marzo pasado, había sido capturado César Villacorta.

Los operativos, ordenados por la Justicia de Garantías, estuvieron a cargo de personal de la comisaría Sexta de Villa Rosas y también motivaron una aprehensión por encubrimiento.

Se allanaron dos viviendas ubicadas en Mapuche al 1.100 y Paunero al 1.600, como consecuencia de una sustracción cometida en Plunkett al 1.100.

En la primera casa secuestraron tarjetas de crédito y DNI a nombre del damnificado, así como prendas de vestir y perfumería que se habían comprado en locales céntricos con la tarjeta malhabida.

El segundo procedimiento, a su vez, permitió el secuestro de dos bicicletas que habían sido sustraídas de Paunero al 2.100 y el motor y partes de una moto Gilera 110, con pedido de secuestro. 

En este último lugar se aprehendió a Julio Ernesto Carrillo, de 44 años, imputado del delito de encubrimiento.

La captura se dio en Independencia al 2.300, pasadas las 20.00.

En ese lugar fueron atrapados Valentina López, de 22 años, y Kevin Carreras, de 28. Minutos antes, y mediante la exhibición de un arma de fuego, habían robado dinero en efectivo y dos botellas de fernet del comercio.

A partir de la descripción brindada por los comerciantes, se lograron las aprehensiones.

Además, a partir de un rastrillaje se secuestró el chaleco utilizado por el delincuente al momento del robo. En su poder, además, se incautaron $315.050 en efectivo, aunque no se halló el arma utilizada.

Según se informó, un efectivo policial resultó herido por un golpe durante el seguimiento de los malhechores.

Posteriormente, en la dependencia policial, a Carreras se le sumó una aprehensión por robos reiterados, debido a cinco hechos delictivos constatados de su autoría.

Tienen injerencia las Unidades Funcionales de Instrucción y Juicio N° 7 y N° 15.

La magistrada advirtió que la Provincia no cuenta actualmente con la infraestructura y los recursos necesarios para afrontar un eventual incremento de adolescentes privados de su libertad.

“Soy del Conurbano, y con esta ley no vamos a crear más seguridad”, sostuvo Pascual, quien remarcó que no desconoce la problemática de los delitos cometidos por menores.

En ese sentido, explicó que su preocupación está vinculada con las condiciones de alojamiento y las herramientas disponibles para quienes ingresen al sistema.

“Un chico encerrado sin educación, sin oficio, sin terapia, llega a los 18 años y lo podemos mandar a una unidad carcelaria que funciona como una escuela de delito”, señaló.

La jueza también rechazó las críticas que recibió por su resolución y aseguró que no se opone a que la edad de imputabilidad se reduzca a los 14 años. “Yo garantista soy de la ley y, además de la ley, quiero seguridad. Tengo hijos, camino todo el día por el Conurbano y quiero vivir tranquilamente”, respondió ante los cuestionamientos.

La suspensión fue dispuesta luego de un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo.

Para la magistrada, antes de ampliar el universo de adolescentes alcanzados por el régimen penal es necesario garantizar que existan establecimientos, personal especializado y recursos suficientes para aplicar las medidas previstas.

La decisión tiene carácter preventivo y se extenderá durante 60 días, período en el que la Justicia buscará que las autoridades bonaerenses informen cómo se implementará el nuevo régimen y con qué recursos contará. (con información de NA)

Diego Santilli, Patricia Bullrich y Luis Petri coincidieron en responsabilizar al Gobernador por el impacto del fallo y plantearon que la medida favorece a quienes cometen delitos. “En la provincia de Buenos Aires tenés a Kicillof, que se pone del lado de los delincuentes, mientras los bonaerenses viven enrejados, con miedo y sin que nadie les dé seguridad”, escribió Bullrich en X.

Santilli también criticó que el mandatario provincial no se haya pronunciado aún sobre el fallo. “Aturde el silencio de Kicillof ante la suspensión del nuevo Régimen Penal Juvenil. En la provincia, si un delincuente de 14 años te mata para robarte, queda impune”, sostuvo. El jefe de Gabinete cerró con una acusación que coincidió con el tono de Bullrich: “Una vez más, el gobernador del lado del delincuente, nunca de la víctima”.

Petri llevó la misma discusión al mismo análisis, pero también acusó a la magistrada de haber frenado una reforma que el oficialismo considera central para endurecer la respuesta penal frente a los delitos cometidos por menores. “El nuevo Régimen Penal Juvenil duró dos días en la provincia de Buenos Aires porque una jueza kirchnerista hoy ya decidió suspenderlo”, escribió Petri, que defendió la ley debatida por el Congreso. “Aprobamos esta ley para terminar con la impunidad de quienes delinquen siendo menores; no hay excusa para no aplicarla”, agregó.

El Gobierno endureció las críticas a Kicillof

La ofensiva del oficialismo combinó el rechazo al fallo que frenó la baja de imputabilidad a chicos de 14 años con cuestionamientos a la gestión bonaerense en materia de seguridad. Bullrich sostuvo que existe “una Justicia provincial garantista que los deja libres para que sigan robando, asesinando y destruyendo familias” y describió una situación en la que, según afirmó, los bonaerenses viven con miedo. “Qué terror vivir en una provincia que ignora a los argentinos de bien, donde el delincuente tiene vía libre y, si las hace, no las paga”, afirmó.

Petri puso el foco en las víctimas y responsabilizó tanto a Kicillof como al Poder Judicial por la interrupción del nuevo régimen. “Las víctimas no pueden seguir pagando la improvisación y el abandono de Kicillof y la Justicia provincial. Hagan cumplir la ley”, reclamó.

La reforma tiene como antecedente el proyecto que Bullrich, cuando estaba al frente del Ministerio de Seguridad, y el entonces ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona enviaron al Congreso, aunque la iniciativa sufrió modificaciones clave durante el debate legislativo antes de convertirse en la Ley 27.801.

La norma entró en vigencia a nivel nacional el sábado pasado y este lunes fue reglamentada por el Gobierno. El nuevo régimen redujo de 16 a 14 años la edad de imputabilidad y reemplazó el sistema que regía desde 1980.

El argumento de la jueza para frenar la aplicación

La jueza Marta Elba Pascual hizo lugar a un hábeas corpus preventivo y colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en representación de adolescentes privados de libertad y puso bajo análisis las condiciones del sistema para recibir a los jóvenes de 14 y 15 años que quedarían alcanzados por la reforma.

La magistrada sostuvo que debe determinarse si existen “las condiciones edilicias, institucionales y profesionales indispensables para albergar a esta población bajo los estándares que exigen los derechos humanos de la niñez” y advirtió que la nueva legislación podría incrementar la cantidad de menores detenidos y la permanencia en los centros de alojamiento.

También convocó a una audiencia para el 16 de septiembre, en la que funcionarios bonaerenses deberán explicar qué medidas adoptaron para implementar el nuevo régimen y qué acciones tienen previstas. Hasta entonces, la aplicación de la ley permanecerá suspendida en la provincia. (con información de TN)

La aprehensión se desarrolló en General Paz y Lamadrid, durante un operativo de rutina.

Según se indicó desde las fuerzas de seguridad, el hombre quiso escapar de un retén policial y terminó siendo detenido. En ese momento se identificó como Matías Jesús Carrasco, de 25 años.

Sin embargo, posteriormente se constató que su nombre real era Agustín Calabrano, de 27 años. De este modo, se estableció que poseía un pedido de detención activo solicitado por el Juzgado de Ejecución Penal Nº 1 de La Plata de abril de este año, por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego y tenencia de arma de guerra.

Calabrano posee un importante prontuario delictivo en Bahía Blanca por delitos a mano armada y contra la propiedad.

Su último antecedente importante es el robo a mano armada junto a un cómplice en el supermercado chino ubicado en calle Nicolás Lavalle al 1.700 en septiembre del año pasado. Finalmente terminó aprehendido.

La aprehensión se efectivizó este lunes durante un allanamiento desarrollado en Los Naranjos al 2.200.

En ese lugar, personal policial capturó a Karen Moro, de 47 años. La mujer había sido filmada cuando sustrajo una bebida alcohólica de un comercio de Sarmiento al 400. Además, ya había sido aprehendida por otros hechos similares en el sector.

También se investiga si participó de otros delitos en el centro bahiense.

El operativo arrojó resultado positivo, ya que se secuestraron prendas que la mujer habría usado durante el hurto cometido en el centro bahiense.

Intervienen la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 7 y el Juzgado de Garantías N° 2 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

La Ley 27.801 había entrado en vigencia nacional el 5 de septiembre y este lunes fue reglamentada por el Gobierno. La norma reemplazó el régimen penal juvenil vigente desde 1980, al bajar la edad mínima de imputabilidad de 16 a 14 años.

En los fundamentos del fallo, la magistrada cuestionó si la Provincia cuenta con “las condiciones edilicias, institucionales y profesionales indispensables para albergar a esta población bajo los estándares que exigen los derechos humanos de la niñez”. Pascual sostuvo que la reforma provocará “un aumento considerable en la cantidad de personas menores de edad detenidas”, tanto por los nuevos ingresos como por una mayor permanencia en los centros de detención, y advirtió que el hacinamiento “inevitablemente incrementa los niveles de inseguridad y violencia” dentro de los propios establecimientos.

La jueza convocó a una audiencia para el próximo 16 de septiembre, a las 10, en la que deberán presentarse funcionarios del Poder Ejecutivo provincial responsables de la implementación de la norma para explicar qué medidas adoptaron, cuáles proyectan y en qué plazos. El Ministerio de Seguridad, el organismo provincial de Niñez y el Ministerio de Justicia bonaerenses quedaron a cargo de garantizar el cumplimiento de la suspensión mientras dure la medida.

La Ley 27.801, publicada en el Boletín Oficial en marzo de este año, establece un máximo de 15 años de privación de la libertad —incluso en casos de concurso de delitos—, prohíbe las penas perpetuas, permite el cumplimiento de dos tercios de la condena bajo detención y el resto bajo otras sanciones, e incorpora el monitoreo electrónico como sanción autónoma. Para delitos con penas de hasta tres años, prevé sanciones alternativas como prohibiciones de acercamiento, tareas comunitarias, reparación del daño y amonestación formal.

El fallo generó una rápida reacción política. La senadora libertaria y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuestionó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, a través de la red social X: “En la Provincia de Buenos Aires tenés a Kicillof, que se pone del lado de los delincuentes, mientras los bonaerenses viven enrejados, con miedo y sin que nadie les dé seguridad. Y también tienen una Justicia provincial garantista que los deja libres para que sigan robando, asesinando y destruyendo familias. Qué terror vivir en una provincia que ignora a los argentinos de bien, donde el delincuente tiene vía libre y, si las hace, no las paga”, escribió. (TN)

Los hechos, según la causa investigada por la UFIJ N° 3, a cargo de la fiscal Agustina Olguín, sucedieron entre 2017 y 2021, momentos en que el hombre -pareja de la madre- sometió a la víctima a distintas situaciones abusivas, desde que la menor tenía 13 años.

La fiscal, durante los alegatos, había pedido 35 años de cárcel para el acusado, a quien no se identifica para preservar a la damnificada. 

Las agresiones fueron reiteradas. Se daban generalmente cuando el hombre se quedaba al cuidado de la niña, en el domicilio en el que convivían, ubicado en la vecina ciudad.

Producto de esos abusos, además, la víctima quedó embarazada y tuvo un hijo, hecho que para la fiscalía representó un grave daño a su salud.

El hombre fue condenado por el delito de abuso sexual con acceso carnal, agravado por el aprovechamiento de la convivencia preexistente con una menor de 18 años.

También se le imputó abuso sexual con acceso carnal reiterado, doblemente agravado por ese aprovechamiento y por haber causado grave daño en la salud de la víctima.

Se trata de una causa que investigó el fiscal Mauricio Del Cero, de la UFIJ N° 19, a partir de un operativo que se originó el 16 de marzo de 2023, cuando personal del Comando de Patrullas de Bahía Blanca, en la avenida Pringles y Humboldt, interceptó a Aguilera con marihuana dentro de la mochila que llevaba puesta.

En esas circunstancias se secuestró su teléfono celular y del análisis surgió que Aguilera comercializó estupefacientes -particularmente marihuana y cocaína- durante el período comprendido, al menos, entre el 6 de enero de 2023 y el día de su detención, mediante la modalidad de encuentros en lugares previamente acordados o delivery.

En esas conversaciones entre Aguilera y distintos interlocutores, se logró determinar que dialogaba respecto de las cantidades de droga, de valores y del lugar de intercambio.

El imputado fue condenado como autor penalmente responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Se trata de Axel Emanuel Santa Cruz, quien fue prendido fuego en un presunto ajuste de cuentas registrado el pasado sábado, a la 1.30, en una vivienda de Cabo Farina y Segunda Ángel Brunel.

Por el hecho fueron aprehendidos Joaquín San Martín Araujo (29) y Roberto Alejandro Maiques (20), quienes están imputados de homicidio en grado de tentativa y quedaron a disposición del fiscal Jorge Viego.

En la mañana de hoy fueron trasladados a la Oficina Técnica de Identificación de Personas (OTIP), a fin de registrar sus huellas y luego serán indagados.

Santa Cruz, en tanto, permanece internado en la terapia intermedia del Penna, en condición estable, siendo evaluado por las quemaduras que sufrió en distintas partes de su cuerpo.

"El paciente presenta quemaduras de tipo AB que afectan aproximadamente el 5% de la superficie corporal, localizadas en el cuello y el rostro. Se encuentra sin riesgo de vida y permanece internado para control de su evolución y realización de curaciones", explicó un vocero del centro asistencial.

"Te llegó la hora..."

El joven fue atacado al grito de "Te llegó la hora...", según confirmaron fuentes policiales. 

La recepción de testimonios de personas que acompañaban a Santa Cruz esa madrugada fue clave para esclarecer el delito y lograr la captura de los sospechosos, ambos con antecedentes por delitos contra la propiedad y tenencia de drogas.

También la víctima tendría antecedentes por infracción a la ley 23.737. 

La principal hipótesis que manejan los investigadores es que el hecho tendría relación con una deuda por drogas. 

"Es como cuando vas al almacén a sacar fiado y después no pagás", graficó un investigador.

Otra versión tiene que ver con la comisión de un robo, aunque no sería la principal.

Con esta decisión, el máximo tribunal provincial determinó que la causa continuará abierta y ordenó que se dicten nuevos pronunciamientos sobre planteos pendientes.

El expediente se inició a fines de 2016 a raíz de una denuncia anónima que investigaba una supuesta red para lucrar con casos de la Defensoría Oficial (supuesta connivencia con abogados particulares) y maniobras con viáticos irregulares. 

Con los años, el foco de la investigación se redujo a la presunta falsificación de solicitudes de reembolso y fraude en perjuicio de la administración pública.

En julio de 2025, la Sala I de Casación había sobreseído de manera definitiva a Cortázar, argumentando que no había pruebas para configurar el delito y descartando una conducta sistemática.

Sin embargo, la Fiscalía General fue en queja a la Corte, luego de que Casación le rechazara un recurso extraordinario que consideraba al sobreseimiento como prematuro y sin la certeza negativa que se exige para el cierre de un proceso penal.

Y los cortesanos (votos de los jueces Daniel Soria, Hilda Kogan, Sergio Torres, Mario Kohan y Víctor Violini) le dieron la razón al Ministerio Público Fiscal, al considerar arbitraria la medida de Casación.

En su resolución, los magistrados advirtieron que el sobreseimiento se dictó antes de tiempo y que los hechos denunciados -relacionados con el cobro indebido de viáticos- deben ser analizados en profundidad en las etapas procesales correspondientes, como el juicio oral, y no descartados de antemano mediante interpretaciones restrictivas.

De esta manera, el fallo quedó sin efecto y el expediente fue devuelto para que otra sala de Casación resuelva las cuestiones en pugna, como la recusación de la fiscal Marina Lara, a cargo de la causa, y la posible prescripción por los plazos temporales, con lo cual quedó abierta la posibilidad de que Cortázar vaya a juicio.