El hecho se conoció cerca de las 6, cuando la Policía llegó a una vivienda situada en inmediaciones de Islas Malvinas al 1200. La construcción tenía sectores hechos con madera y nylon y parte de la estructura estaba incendiada.

En el lugar, los efectivos encontraron a un hombre, que posteriormente fue identificado como Alberto Luis Ávalos, tendido en el suelo e inconsciente. También hallaron a un bebé de seis meses en brazos de su abuela paterna; ambos estaban inconscientes y fueron trasladados en ambulancia al hospital local.

Dentro de la casa, los policías encontraron los cuerpos de cuatro personas. Dos menores estaban en un sector construido con madera y nylon, mientras que una mujer y una nena se encontraban en otra habitación. Un constató los fallecimientos en el lugar.

Las víctimas fueron identificadas como Rocío Aranda, de 22 años; su hijo Franco Aranda, de 4; y sus sobrinos Adriana Barrios, de 5, y Bruno Barrios, de 4. Los dos niños eran hijos de M.A., hermana de Rocío, quien vive a pocos metros de la vivienda.

El quinto menor involucrado era Bernardo Ávalos, de seis meses e hijo de Rocío. El bebé había sido llevado al hospital, pero ingresó sin signos vitales.

La investigación

De acuerdo con la información policial, Ávalos fue examinado por profesionales médicos, que le diagnosticaron un cuadro de psicosis aguda. El informe también consignó “signo de escoriación en forma de lazo en zona cervical, lesiones múltiples por agresión por contusión y signo de posible intoxicación con drogas”. Tras la atención, quedó bajo custodia policial.

Ante las circunstancias del caso, el fiscal subrogante de la Fiscalía N° 1 de Sáenz Peña, Gustavo Valero, dispuso la intervención del Gabinete Científico del Poder Judicial y del médico policial.

Los exámenes realizados a los cuerpos detectaron que los tres menores encontrados dentro de la vivienda presentaban cortes en el cuello y quemaduras en distintas partes del cuerpo. En el caso de Rocío Aranda, se constató una “escoriación en la región lumbar”, mientras que el bebé de seis meses tenía “livideces en las zonas del cuello y dorsal”. A partir de esos hallazgos, la Fiscalía ordenó autopsias para todas las víctimas.

Durante las pericias en la casa, los especialistas secuestraron tres celulares, un cuchillo tipo tramontina de 27 centímetros con manchas similares a sangre, un encendedor naranja, dos tramos de soga y un fragmento de sábana con manchas rojizas que también serían similares a sangre.

Personal de la División Bomberos de Sáenz Peña trabajó en el lugar y trasladó los cuerpos a la morgue judicial de esa ciudad.

Finalmente, el fiscal Valero ordenó la aprehensión del principal sospechoso señalado en la causa como presunto autor. La investigación fue caratulada inicialmente como supuesto homicidio y el detenido será alojado en la Comisaría de Machagai. (con información de TN)

Según se indicó, la iniciativa se desarrolló entre el viernes y el sábado en puntos neurálgicos de la ciudad, luego de que se tomara conocimiento —a través de las redes sociales— de que se iba a desarrollar una caravana especial por Halloween en las calles de la ciudad.

Las invitaciones se llevaban a cabo a través de posteos en Instagram, seguidos por mensajes privados. Había convocatorias para que los motoqueros se disfrazaran e, incluso, algunas de ellas exclusivas para mujeres.

Por esta razón, durante ambas jornadas se desarrolló un operativo conjunto del que tomó parte personal policial y de tránsito, conformado por unos 50 efectivos de distintas comisarías, UPPL, Comando de Patrullas y UTOI.

A esto se sumaron los recursos de monitoreo y cámaras en tiempo real.

Desde las fuerzas de seguridad se indicó que los puntos de concentración fueron los que normalmente se utilizan, como el interior del Parque de Mayo, distintos puntos de avenida Cabrera o las plazas Rivadavia y de Villa Mitre, por nombrar algunas.

En este marco, el sábado por la noche se secuestraron 44 vehículos: cinco por alcoholemia positiva, 40 motos, cuatro autos y siete caños de escape modificados, entre otras cuestiones.

Se trata de Marina María Macarena Gauna, quien el 29 de abril de 2022 fue sentenciada por el Tribunal en lo Criminal Nº 2 a 6 años y medio de prisión por el delito de robo doblemente agravado.

La Sala II de la Cámara Penal local declaró inadmisible la apelación de la doctora María Florencia Martínez, integrante de la Secretaría de Género de la Defensoría General, confirmando la medida dictada por el juez de Ejecución Penal Nº 1, Claudio Brun.

El magistrado dispuso oportunamente revocar el beneficio que le habían otorgado a Gauna en la instancia anterior por cuestiones de salud, ya que padece lupus (una enfermedad autoinmunitaria crónica ).

La mujer permanece detenida en la Unidad Penal Nº 52 de Azul, aunque, según trascendió, solicitó su trasladado a la cárcel de Villa Floresta, en nuestra ciudad. La pena que recibió vencerá el 9 de septiembre de 2027.

Conducta sostenida

Los camaristas Guillermo Petersen y Guillermo Emir Rodríguez sostuvieron que el arresto domiciliario otorgado a la detenida lleva aparejado una serie de reglas que “no ha sabido o no ha podido ajustarse” a las mismas.

Destacaron que, pese a estas cuestiones, en cuatro oportunidades se mantuvo el beneficio y que, ante nuevos hechos y de mayor gravedad, “sus incumplimientos se erigen en una conducta repetitiva y sostenida que resulta de entidad suficiente para la revocación”.

Brun describió en su fallo “discordancias” en los motivos aludidos por Gauna para justificar salidas no autorizadas.

Señaló que esto se produjo el pasado 18 de enero y que se habría repetido el 31 de julio, cuando presentó “una constancia de atención médica presuntamente apócrifa”.

En tanto, detalló que el 28 de agosto aportó una constancia de atención médica que “data del día anterior”.

Del mismo modo, tuvo en cuenta los daños en la tobillera que le colocaron a la mujer y que en “reiteradas ocasiones” se le había recordado “la obligatoriedad de permanecer en su domicilio”.

Teniendo en cuenta su estado de salud, el juez pidió a la Dirección General de Salud Penitenciaria que, en forma conjunta con el área de Asistencia y Tramiento, se aconseje al establecimiento donde sea alojada la incorporación “en un tratamiento psicológico y/o psiquiátrico” y el seguimiento de la patología que padece.

No prosperó

Los camaristas Petersen y Rodríguez consideraron que los elementos reseñados por el juez de Ejecución  Penal no fueron cuestionados en la apelación de la defensa, la que “fue sustentada -en esencia- en el cuadro de salud que presenta Gauna y en el riesgo que implica su encierro carcelario en un penal superpoblado y sin atención médica oportuna”.

Describieron que también la letrada señaló que esa cuestión convertía a la pena “en un trato cruel, inhumano y degradante”, además de considerar “la existencia de medidas menos lesivas que entiende de obligatoria imposición”.

Los magistrados indicaron que al igual que en otras resoluciones, esos argumentos resultan insuficientes si se basa en “meras afirmaciones genéricas o reitera argumentos”.

El asalto

El 9 de marzo de 2021, Carlos Mariano Escalante fue abordado por dos ladrones en su almacén ubicado en Chaco al 200, de Punta Alta.

Los sujetos forcejearon con el dueño, quien recibió heridas cortantes en un brazo y un puntazo en el pecho.

Por el caso, la Policía detuvo a Gauna y a Ramiro Mieres, quien recibió la misma pena que la mujer.

La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial elevó de 10 millones de pesos a 30 millones la indemnización que una mujer deberá pagarle a su hermano por el daño moral derivado de una publicación que realizó en Facebook.

El 12 de diciembre de 2018, G.H.G. -en medio de la disputa económica que se originó tras la muerte de sus padres- hizo un posteo donde daba cuenta que, cuando tenía 11 años, había sido víctima de un abuso sexual por parte de su hermano, a quien se identifica como J.L.G.

El hombre sostuvo que la acusación era falsa y que había afectado su honor, su dignidad y su reputación.

Según expuso, él y su hermana habían mantenido una relación cercana y armoniosa durante muchos años, que se fue desgastando luego del deceso de sus padres, registrada en 2014.

Las diferencias se profundizaron por cuestiones vinculadas con la sucesión. 
 

Esperó 33 años para conocer su filiación y ahora su padre deberá pagarle 100 millones de pesos

El hombre le atribuyó a su hermana el manejo irregular de fondos de una cuenta bancaria de su padre y el retiro y posterior venta de bienes de la vivienda familiar. También recordó una fuerte discusión entre ambos en septiembre de 2018, en el marco del proceso sucesorio.

Meses después, la publicación en Facebook llevó el enfrentamiento familiar a los tribunales.

Al contestar la demanda, ella rechazó el reclamo y explicó que había reconstruido recuerdos de su infancia durante un proceso terapéutico.

Según afirmó, esas imágenes le permitieron recordar situaciones de índole sexual que involucraban a su hermano. También sostuvo que el temor a no ser creída y las consecuencias familiares y sociales habían influido en la demora en revelar lo sucedido.

Contraataque

La mujer manifestó que no se retractaba de sus dichos y cuestionó que su hermano reclamara una indemnización sin que, a su entender, se hubiera demostrado la falsedad de la acusación.

Además, presentó una reconvención y reclamó dos millones de pesos por considerar que las manifestaciones de su hermano sobre un supuesto desapoderamiento de bienes y fondos familiares habían afectado su honor. Ese planteo fue rechazado en primera instancia por falta de pruebas suficientes y porque las expresiones se habían formulado dentro del proceso judicial.

La sentencia de primera instancia había condenado a la mujer a pagar 10 millones de pesos a su hermano por el daño moral. 

Ambas partes apelaron: él pidió una suma mayor y ella cuestionó la atribución de responsabilidad, invocando la libertad de expresión y la necesidad de juzgar el caso con perspectiva de género.

Los camaristas Marcelo Restivo, Fernando Kalemkerian y Patricio Lombardi confirmaron la responsabilidad civil de la mujer. Consideraron que la publicación contenía una imputación grave contra un particular, difundida a través de una red social y con repercusión en su entorno familiar y social.

El tribunal aclaró que la perspectiva de género exige considerar las dificultades que pueden atravesar las personas para revelar situaciones de abuso, pero no elimina la obligación de ponderar los derechos de quien resulta señalado públicamente. 

Para elevar la reparación, los jueces valoraron testimonios que describieron un profundo cambio en el comportamiento del hombre después de la publicación. Según relataron, dejó de concurrir a reuniones y encuentros deportivos, evitaba salir y atravesó un período de abatimiento.

También ponderaron su trayectoria en el básquet local, donde se desempeñó como jugador, entrenador y dirigente.

Una pericia psicológica señaló un estado de ánimo apesadumbrado, un empobrecimiento de su imagen personal y sentimientos de indignidad. 

El profesional advirtió manifestaciones compatibles con un cuadro depresivo, aunque aclaró que no podía establecer un diagnóstico definitivo.

Viajar a ver la NBA

Deseo. El hombre explicó que quería utilizar la indemnización para viajar a los Estados Unidos, con su esposa e hijos, para asistir a un partido de la NBA, costo que la Justicia de segunda instancia consideró apropiado para reparar el daño.

Insuficiente. La Cámara entendió que eran insuficientes los $10 millones iniciales y triplicó la indemnización, tomando como referencia los costos de pasajes, alojamiento, visas, transporte y esparcimiento. 

Destino. Los jueces aclararon que no existe obligación de destinar el dinero a ese viaje.

Costas. El fallo de la Sala I, a su vez, confirmó los demás puntos de la sentencia y dispuso que la mujer pague también las costas de la apelación.

El procedimiento se produjo poco antes de la medianoche, en Córdoba y 12 de Octubre, cuando los efectivos de la Policía Local interceptaron un rodado Peugeot 206, en el que se movilizaban tres persones de entre 22 y 26 años.

Desde esa repartición indicaron que durante el procedimiento detectaron que llevaban entre sus pertenencias dos envoltorios conteniendo cogollo de marihuana y dos cigarrillos combustionados de la misma sustancia.

Frente a esta situación convocaron a personal municipal del área de Tránsito que le realizó al conductor de la unidad la prueba de drager test, que arrojó resultado positivo para marihuana y cocaína.

De esa forma, se produjo el secuestro de la unidad y se labró la infracción correspondiente con intervención del Juzgado de Faltas local.

Por otra parte, los uniformados notificaron a la UFIJ N° 19 sobre el hallazgo de los estupefacientes.

La aplicación Círculo Seguro, desarrollada por dos policías de Adolfo Gonzales Chaves, permite a las personas blanco de estafadores hacer una “pausa mental” antes de entrar en pánico y verificar el mensaje sospechoso recibido a través de una vía ajena a WhatsApp.

De esta manera se evita la transferencia de dinero a los delincuentes.

Si bien la app se diseñó con una interfaz simple y accesible para que los adultos mayores la puedan usar sin dificultad, es útil para toda la sociedad sobre todo teniendo en cuenta la alta tasa de fraudes electrónicos que se registra en la Argentina.

La ingeniería social hecha por timadores informáticos no hackea el teléfono celular de la víctima, sino sus emociones, y esta conducta es la que precisamente neutraliza el mecanismo inventado por el titular de la Policía Comunal de Gonzales Chaves, Luis Cristeche (46), y el jefe de Operaciones de la comisaría chavense, Gonzalo Molina (43).

La maniobra de engaño de los estafadores provoca una urgencia extrema para que las personas contactadas por ellos les transfieran dinero, sin llegar a suponer que se trata de un fraude virtual.

Muchas veces la víctima recibe un mensaje repentino, por ejemplo de su hijo, que desesperadamente le pide una suma a raíz de una supuesta emergencia.

“En nuestra profesión lidiamos con malas noticias y problemas, por eso no hay mayor satisfacción que la gente encuentre una respuesta", enfatizó el jefe policial.

El receptor ve la foto y el nombre de su hijo en el perfil de WhatsApp desde el cual se envió el mensaje, por eso en pleno estado de pánico es casi imposible detectar el engaño.

Círculo Seguro es una “barrera estructural” que fuerza una “pausa mental” antes de que las personas envíen plata a los hackers.

En vez de responder el chat fraudulento, la aplicación intercepta el impulso y desvía el pedido de dinero, abriendo una alerta dirigida a un contacto de confianza que la víctima tiene guardado en su celular.

Al trasladar la conversación a este canal secundario limpio, se rompe por completo la operatoria del delincuente.

La protección no se basa en espiar los mensajes del receptor, sino de coordinar la verificación humana sin prisas.

Al confirmar mediante ese canal seguro que la emergencia es falsa, la presión en la víctima desaparece rápidamente y el dinero queda a salvo en su cuenta bancaria.

La aplicación pretende obligar al receptor a comunicarse por fuera de la plataforma desde donde recibió el mensaje sospechoso, es decir mediante una llamada telefónica convencional, un mensaje de texto (SMS) o un correo electrónico.

Así, el sistema valida la autenticidad del pedido de auxilio económico.

En caso de no poder confirmar la llamada, la app despliega alertas preventivas con indicaciones claras como “No hagas transferencia”.

“El primer punto fuerte de esta aplicación es lograr que la gente tome consciencia y haga esa pausa necesaria para pensar y preguntarse: ‘¿el que me está contactando es mi hijo, mi tío, mi amigo?’”, explicó Cristeche.

Si la persona confirma que su cuenta de WhatsApp fue clonada o intervenida, puede alertar en simultáneo a todo su entorno.

“Aprieta el botón ‘me hackearon’ y automáticamente a todo su círculo le llega un mensaje de ventana emergente”, agregó el entrevistado, con 27 años en la fuerza policial.

La plataforma también tiene una función para notificar cuando la cuenta de la red social se restableció.

Círculo Seguro estará disponible para descargar en Google Play (Android) entre mediados de noviembre y principios de diciembre, y posteriormente se adaptará para dispositivos iOS (Apple).

Los creadores de la app harán un streaming por el canal de YouTube del programa Perro Comunitario, conducido por Molina, para mostrar la interfaz en vivo y realizar pruebas de funcionamiento ante el público interesado. 

La aplicación incluirá un formato gratuito (con límite de hasta 5 contactos e integración de llamadas tradicionales) y opciones mediante licencias pagas para extender el número de allegados e incorporar servidores de mensajes SMS.

La empresa Google no les paga a Cristeche ni a Molina por las descargas de la app en su versión gratuita.

En base a las devoluciones de los potenciales usuarios, la aplicación se podría mejorar o adaptar.

“Como administradores de la app tenemos la opción de generar códigos de gentileza, porque no dejamos de ser habitantes de un pueblo chico y siempre está esa cuestión de la buena voluntad”, destacó la fuente consultada.

“Supongamos que conocemos a alguien que no puede pagar y que necesita tener más contactos o habilitar ciertas funcionalidades, entonces podemos generarle un código de cortesía gratuito”, acotó.

Por otra parte, el servicio pago está destinado a costear el desarrollo y la posible futura ampliación del emprendimiento.

“Con esos ingresos pagamos anualmente el dominio, los servidores que envían la mensajería SMS y la base de datos”, precisó Cristeche.

Después de investigar en reservorios digitales abiertos y constatar que no existe una herramienta equivalente en el ámbito informático, los desarrolladores catalogaron la aplicación como un recurso “inédito” y avanzaron en su etapa final de pruebas.

Además habilitaron la web circuloseguro.com.ar, en la que los usuarios pueden ver la interfaz virtual y acceder a guías de uso. También estará disponible el enlace oficial de descarga.

“En nuestra profesión siempre lidiamos con malas noticias y problemas, y no hay mayor satisfacción que la gente encuentre una buena noticia o una respuesta", enfatizó el jefe policial.

Ambos uniformados se ilusionan con que la herramienta se viralice y cause un “impacto tremendo”, permitiendo que la prevención llegue de forma masiva a todo el país.

Molina, con 21 años en la Policía, estudió desarrollo de aplicaciones y constantemente aporta ideas creativas relacionadas con la app, a tal punto que Cristeche lo describe como el “ideólogo” e “inspirador”.

En tanto que Luis, de formación autodidacta en informática y usuario de Inteligencia Artificial, se encargó de la materialización técnica del emprendimiento.

Hacía aproximadamente un año que conversaban acerca de la importancia de contar con un “círculo seguro” de contactos, por eso decidieron crear la app para sumar una herramienta práctica a las charlas que ofrecen.

“Buscamos equilibrar la balanza frente a quienes hacen un mal uso de las tecnologías, transformando la aplicación en un escudo defensivo eficaz para los usuarios”, resaltó Cristeche.

Círculo Seguro nació por medio de un proceso que combinó la experiencia en el terreno policial, la prevención comunitaria con charlas y el interés por la tecnología por parte de Cristeche y Molina.

Desde hace 3 años los desarrolladores dictan charlas en centros de jubilados y colegios de aquella ciudad, para concientizar sobre la importancia de prevenir este tipo de delito.

En ese contexto, los efectivos policiales notaron que a pesar de las recomendaciones que brindaban e informaban los medios de comunicación, las estafas -sobre todo vía WhatsApp- se reiteraban día por medio en Chaves, una localidad con entre 12.000 y 14.000 habitantes.

También advirtieron que la gente "baja la guardia" ante mensajes manipuladores que simulan urgencias o generan miedo.

Según un informe de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), en 2024 se registraron 4.637 casos de usurpación de identidad (phishing) en WhatsApp seguida del pedido de dinero a contactos, lo que representa el 84,2% del total de los hechos.

Asimismo, el organismo dependiente del Ministerio Público Fiscal de la Nación investigó 872 accesos ilegítimos a cuentas de dicha red social, sin que se concrete la ciberestafa.

La sumatoria de ambas operaciones ilegales (5.509 reportes) habla a las claras del creciente fenómeno de ataques contra cuentas de WhatsApp, ya sea como acceso ilegítimo únicamente o como medio comisivo del fraude.

Según detalló la policía, el siniestro involucró a una Toyota Hilux blanca, conducida por Rodrigo Sánchez, de 45 años, y un Renault Fluence gris, al mando de Rodrigo Brandán, también de 45 años.

En el automóvil viajaba como acompañante Verónica Díaz, de 48 años.

Tras el impacto, se hizo presente personal policial y una ambulancia del SAME, que asistió a los involucrados y trasladó al conductor de la camioneta y al conductor y acompañante del automóvil al Hospital Interzonal General de Agudos Dr. José Penna para su correspondiente evaluación médica.

El hecho fue caratulado como lesiones culposas y tomó intervención personal de la Subcomisaría de Harding Green.

La medida fue adoptada por la titular de la UFIJ Nº 7 y contempla, además, una prohibición de acercamiento a la víctima durante seis meses, ordenada por el Juzgado de Garantías Nº 4.

Se trata de Luciano Oscar Durán, de 50 años, domiciliado en Ingeniero White, quien había sido detenido el jueves alrededor de las 22, durante un operativo realizado en la intersección de De Solier y De la Soberanía.

Durante el procedimiento, personal policial secuestró una motocicleta, un casco y prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el ataque. Para identificar al sospechoso, los investigadores analizaron registros de más de veinte cámaras de seguridad privadas y del Centro Único de Monitoreo (CEUM).

El hecho ocurrió el miércoles, alrededor de las 9, cuando Pérez, de 68 años, salía de su vivienda ubicada en Pedro Pico al 1500. En esas circunstancias, un hombre que llevaba casco lo interceptó y le efectuó un disparo que impactó en su pierna izquierda. Luego escapó en una motocicleta.

La víctima es el secretario general local del Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento, quien tras el episodio manifestó públicamente que no existían internas dentro de la organización gremial.

En la causa intervienen las UFIJ Nº 7 y Nº 15, mientras el acusado recuperó la libertad, la investigación continúa para esclarecer las circunstancias del ataque.

Los sospechosos, identificados como Oscar Francisco Campos, de 56 años, y Jonathan Darío Silva (24), fueron interceptados en inmediaciones de 14 de Julio y Estación Algarrobo. Al requisar sus pertenencias, los uniformados encontraron numerosos elementos informáticos.

El procedimiento se inició alrededor de las 13.20, a partir de un llamado al servicio de emergencias 911 que alertaba sobre el ingreso de dos personas a uno de los depósitos de ABSA.

Tras recibir las indicaciones del sereno, efectivos de la Policía Local realizaron un rastrillaje por la zona.

Entre los objetos secuestrados había diez fuentes de alimentación, tres discos rígidos, cables, conectores y disipadores de aluminio, además de herramientas y otros elementos que corresponderían a la empresa.

Ambos hombres quedaron aprehendidos y a disposición de la justicia.

El abogado explicó que Fideisa -una sociedad de desarrollos inmobiliarios que funciona en las mismas oficinas de 19 de Mayo y la avenida Alem- vendió distintos lotes en Altos de Lorenzi (Guardia Vieja, Rawson, Indiada y Los Naranjos), que limitaban con terrenos que había expropiado el organismo nacional.

"Los mismos vecinos compradores con título fueron ocupando las tierras y dicha ocupación fue unilateral y totalmente ajena a los titulares originarios, a Fideisa y a la escribanía", sostuvo Scoccia. 

"Ante la denuncia de Vialidad por esa usurpación, se presentó la Policía Federal a requerir información de cómo había sido dispuesta la venta de esas tierras y, aclarado el proceso de venta, se retiraron sin llevarse nada porque la documentación que buscaban acá no existe", dijo.

Scoccia remarcó que "Fideisa vendió terrenos ajenos a Vialidad" y que luego hubo gente (algunos serían los mismos compradores) que extendieron sus lotes hacia los fondos y habrían terminado cometiendo la usurpación.

 "Al propio fiscal se le explicó con los planos lo que había pasado", informó.

La historia

Ese macizo, originariamente, era un loteo titularidad de una sucesión Lorenzi, que fue adquirido y escriturado por tres particulares en la totalidad de sus parcelas, indicó el abogado.

Al medio del loteo existían algunas parcelas que en 1960 fueron expropiadas por parte de Vialidad Nacional, con destino a una futura calle que nunca se hizo.

Posteriormente, esos dueños originarios vendieron lotes a terceros, con sus respectivas escrituras, salvo las expropiadas, ya que no eran de su titularidad. 

"Esa expropiación estaba siendo usurpada por terceros ajenos al loteo y estaban generando riesgo y robos a las construcciones que se estaban haciendo en el sector y, asimismo, esa expropiación había quedado desafectada al uso de calle originariamente previsto, según averiguaciones de los titulares en Vialidad", explicó Scoccia.

"De hecho gran parte de la continuidad de esa supuesta calle hacia los barrios que dan para atrás del loteo se encuentra totalmente usurpada hace muchos años. Ante el riesgo de que dicha usurpación continuara creciendo por ajenos a ese barrio, y por los robos que se estaban generando, los mismos vecinos compradores con título fueron ocupándolas", detalló Scoccia.

El hecho se produjo anoche, alrededor de las 21 horas, en la zona de Castelli y Gorriti, cuando el damnificado dejó el rodado y se ausentó algunos minutos.

Cuando regresó advirtió el faltante de dinero en efectivo, documentación, tarjetas y hasta un par de anteojos recetados.

Los robos con inhibidores de alarmas constituyen una modalidad delictiva en la que los delincuentes bloquean la señal de radiofrecuencia del control remoto del vehículo, impidiendo que este se cierre correctamente.

Aguardan que los damnificados se alejen del lugar para abrir las puertas y apoderarse de los objetos que encuentren.

Las autoridades aconsejan comprobar manualmente el cierre del rodado luego de activar el sistema y no dejar objetos de valor a la vista.

Trascendió que los uniformados realizan los operativos en una escribanía y varias inmobiliarias.

La primera de las oficinas pertenece a la firma Scoccia, que también cuenta con estudio jurídico y está ubicada en 19 de Mayo y la avenida Alem.

Los otros operativos son en al menos cinco inmobiliarias de nuestra ciudad, aunque por el momento no se dieron a conocer los domicilios.

"Solo puedo confirmar los allanamientos y que la investigación es por posibles irregularidades en la venta de terrenos de un predio de la Dirección Nacional de Vialidad", informó un investigador. 

La causa tramita ante el área de Transición de la Unidad Fiscal Bahía Blanca, con injerencia del fiscal Santiago Ulpiano Martínez y el Juzgado Federal Nº 1.

Al intervenir Transición, se infiere que la investigación es anterior a septiembre de 2025, cuando se puso en marcha el sistema acusatorio en el ámbito federal. 

El predio en cuestión es conocido como Altos de Lorenzi y está ubicado entre las calles Guardia Vieja, Rawson, Indiada y Los Naranjos.

El pedido lleva las firmas del presidente de la Nación, Javier Milei, y de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

Para que el cambio se efectivice, la Cámara de Senadores nacional deberá dar su acuerdo y recién después el Poder Ejecutivo podrá formalizar el nombramiento.

Desde 2003 al frente de la fiscalía general, Fernández coordina las fiscalías que investigan delitos en Bahía Blanca y en los otros distritos de este departamento judicial.

Si su designación se concreta, Fernández pasaría de la Justicia provincial a la federal.

No es la primera vez que el nombre del jefe del Ministerio Público Fiscal bahiense llega al Senado.

En mayo de 2023, durante la presidencia de Alberto Fernández, el Ejecutivo ya había propuesto su candidatura para el mismo tribunal, pero el trámite no prosperó.

Con la llegada de Milei a la Casa Rosada, el nuevo Gobierno retiró varios pliegos judiciales que estaban pendientes, entre ellos el del fiscal Fernández.

Con esta nueva presentación, el candidato de Bahía vuelve a estar en carrera, aunque su pliego todavía debe ser analizado en el Senado.

Su eventual designación para el tribunal federal abriría una vacante en la fiscalía general bahiense, pero aún no hay certezas sobre quién lo reemplazaría en el cargo.

De concretarse su traspaso, Fernández se convertiría en el tercer juez titular del Tribunal Federal de Juicio, junto con Sebastián Foglia y Ernesto Sebastián.

El procedimiento se realizó alrededor de las 22, en la intersección de las calles De Solier y De la Soberanía, luego de una serie de tareas investigativas llevadas adelante por personal del Grupo Técnico Operativo (GTO) de la comisaría Primera, con la colaboración de efectivos de la seccional Tercera.

Según informaron fuentes oficiales, los investigadores analizaron registros de más de veinte cámaras de seguridad privadas y del Centro Único de Monitoreo (CEUM), a partir de los cuales lograron identificar al sospechoso como Luciano Durán, de 50 años, domiciliado en la localidad de Ingeniero White.

Durante el operativo también secuestraron una motocicleta, un casco y prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el ataque.

La investigación se inició el miércoles, alrededor de las 9, cuando la víctima, de 68 años, salía de su domicilio ubicado en Pedro Pico al 1500. En esas circunstancias, fue interceptada por un hombre que llevaba casco y que le efectuó un disparo con un arma de fuego, provocándole una herida en la pierna izquierda. Tras la agresión, el atacante escapó del lugar a bordo de una motocicleta.

El hombre baleado es el secretario general a nivel local del Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento.

En la causa intervienen las UFIJ Nº 7 y Nº 15. Según se informó, se procura obtener una orden de allanamiento y se solicitaron las diligencias judiciales correspondientes.

El aprehendido quedó a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación para esclarecer las circunstancias del ataque.

Luis Pérez, secretario general del Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento de nuestra ciudad, dio su versión de los hechos que lo tuvieron por víctima ayer a la mañana, cuando un hombre encapuchado lo baleó en una pierna mientras salía de su casa, en Pedro Pico al 1.500.

"No tengo problemas (en el gremio). Fui elegido este año nuevamente, fue única lista y no tuve oposición. Me quise retirar y los mismos compañeros me dijeron que me quedara 4 años más, para que les enseñe antes de dejar. Además, soy de ir al diálogo siempre, no soy agresivo", remarcó Pérez.

Video: cómo fue el ataque armado al líder gremialista en el barrio San Martín

El hecho, según quedó registrado por las cámaras de su vivienda, se registró minutos antes de las 9, cuando el sindicalista de 68 años sacaba el auto de su garaje y se disponía a cerrar una reja.

"Algo dijo pero no le pude entender"

"Salía para el gremio y vi que una moto se paró en la vereda, vi que la quiso parar y no la podía dejar parada y la dejó en el piso, pero pensé que se le había roto la moto o iba a hablar por el celular. Después vi que extrajo de la cintura un revólver y le digo "qué hacés hijo de puta...", relató.

El atacante, con su rostro cubierto, "algo dijo pero no le pude entender. Me disparó, dio media vuelta y se fue".

La bala dio en el costado de una rodilla, con orificios de entrada y salida, con lo cual en principio zafó de la cirugía.

"Tengo que curar la herida dos veces al día, pero fui a ver un médico particular, para tener más seguridad y me dijo que no me había tocado ningún tendón ni nervio, pero sí están afectados los músculos porque, al ingresar la bala, te quema, sentís como un ardor", explicó. 

Pérez informó que con algunos otros gremios puede tener alguna discusión puntual, "pero algo normal; tenemos buena relación".

Sobre un posible intento de robo, algo que está virtualmente descartado por los investigadores, el sindicalista respondió: "No me manoteó la billetera o bien se asustó porque lo puteé dos veces".

Así lo reconoció hoy el fiscal Rodolfo De Lucia, quien impulsa la investigación en su contra por 13 delitos, 12 relacionados con tenencia, distribución y/o producción de material de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales y un caso de abuso sexual.

"Los delitos de producción y distribución prevén de 4 a 8 años de prisión, con el abuso sexual se agrava y, como son varios hechos en concurso, la mínima es de 4 años pero los máximos se suman, con lo cual la escala penal es muy alta, puede superar los 30 años", explicó De Lucia, en diálogo con LU2.

El fiscal confirmó que durante el allanamiento realizado en 2023 a la casa de Cartés Molina, en D'Orbigny al 1.700, se secuestraron unos 10.000 archivos, la mayoría clasificados por categorías, que fueron analizados e incorporados como medio probatorio en su contra.

"Cuando se produjo el allanamiento,se secuestraron varios discos rígidos y encontramos una gran cantidad de archivos y una especie de cámara oculta que nos daba la idea que había material producido en baños de dos o tres viviendas, tal vez su propia vivienda o de personas con quienes tenía vínculo", explicó.

En consecuencia el delito principal no se limitó a la tenencia y/o distribución del material sino que se incorporó la producción.

Identificaron a varias víctimas

"Varias de las víctimas (que aparecían en esas imágenes y eran menores) fueron identificadas y se pudo hacer una imputación concreta al hombre", sostuvo De Lucia.

Respecto de la posibilidad de que Cartés Molina haya tomado imágenes de niños en baños de un club, el fiscal remarcó que sí trabajó en esa institución hace más de 10 años, pero que no hay registro de material fílmico en baños de ese lugar.

"Sí hay alguna filmación común y corriente con un celular, pero como una conducta que hacía habitualmente en lugares públicos, en playas, en comercios, en la vía pública y, tal vez, en un club, pero son imágenes que, en sí mismas, no constituyen delito", remarcó.

En cuanto al delito de abuso sexual, el fiscal aclaró que la acción también surgiría de un video y que la víctima ya fue entrevistada. 

"No puedo dar detalles, para preservar la identidad de la víctima, pero, en el medio de todas las imágenes, pudimos detectar alguna que para nosotros configura un abuso sexual", dijo.

Por último, De Lucia informó que Cartés Molina sigue detenido tras negarse a declarar y que seguramente en los próximos días pedirá a la Justicia de Garantías su prisión preventiva. 

El fallo del Tribunal en lo Criminal Nº 2, resuelto en un debate abreviado, recayó en Carlos Fernando Morales, quien fue imputado del delito de robo agravado por el uso de arma.

El hecho se produjo el 7 de julio de 2018, cuando Morales y otra persona que no pudo ser identificada ingresaron a una casa ubicada en César Fournier al 500, de la localidad maragata, y amenazaron con un cuchillo a la víctima.

Los sujetos redujeron al damnificado, le taparon la boca y lo ataron de pies y manos, para finalmente apoderarse de ropa, una mochila, dinero, un celular y una moto, entre otros elementos.

Fuentes del Ministerio Público indicaron que el imputado registra condenas previas y se encontraba cumpliendo una pena anterior, por lo que se formará un incidente para dictar una pena única.

El atacante de Luis Pérez, secretario general del Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento, bajó de su moto, llegó hasta el portón que cerraba la víctima, en Pedro Pico al 1.500 y, sin mediar otra acción, le disparó y se retiró rápidamente.

Las imágenes, a las que tuvo acceso lanueva.com, también demuestran que el agresor solo tuvo intenciones de provocarle una herida a Pérez, porque le disparó en dirección a una rodilla y luego se retiró sin ninguna intención de agravar la acción.

La Policía continúa investigando el hecho aunque por el momento no surgieron novedades sobre el autor del delito.

Pérez, en tanto, fue asistido en el hospital Municipal, desde donde ya recibió el alta médica. Se informó que el disparo, con orificio de entrada y salida, no le provocó lesiones de consideración.

Luego del ataque, algunos frentes gremiales manifestaron su repudio por la situación y pidieron el pronto esclarecimiento de la misma.

Para los investigadores, a diferencia de lo que creen los sindicalistas, el atentado tendría relación con la actividad de la víctima.

Personal del Comando de Prevención Rural Coronel Pringles intervino tras el llamado telefónico de un hombre que dijo estar siguiendo a una moto que supuestamente había salido de las inmediaciones de su campo.

Ante esta situación se desplegaron dos dotaciones policiales que, tras realizar un rastrillaje por el sector de Boulevard 40 y las vías férreas, localizaron el rodado en un zanjón, lindante al camino, con su motor aún en marcha.

Durante la intervención, los efectivos constataron la presencia de mochilas de fabricación casera que contenían cortes cárnicos de jabalí, además de diversos elementos compatibles con tareas de faena.

Trasladados todos los elementos a la comisaría, se determinó a través del sistema informático que el vehículo tenía prohibición de circular desde el 29 de octubre de 2025.

Se iniciaron actuaciones por “hallazgo e infracción a la Ley 22.421”, con intervención de las autoridades competentes, a los fines de establecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder. 

Según la denuncia, el hecho ocurrió este miércoles, entre las 16:40 y las 17, en un comercio ubicado sobre la calle Pellegrini, donde fueron adquiridas una motoguadaña y una máquina para cortar césped por un valor total de $1.350.000. El pago se habría realizado mediante un cheque presuntamente falso.

Los investigadores establecieron que el sospechoso habría utilizado a otra persona como intermediaria para concretar la operación y entregar el cheque. 

Mediante la recolección de testimonios, se lograró identificar al presunto autor y se realizó un allanamiento que permitió recuperar las dos herramientas denunciadas y secuestrar otros elementos.

Durante el procedimiento, la Policía incautó además $950.000 en efectivo, una camioneta Chevrolet S-10 que habría sido utilizada en el hecho y un teléfono celular.

También fueron secuestradas cuatro armas de fuego; tres escopetas y una carabina calibre 22 con mira telescópica. A ello se sumaron cartuchos y municiones de distintos calibres.

El hombre aprehendido quedó a disposición de la justicia, con intervención de la UFIJ N° 13 de Tres Arroyos, la Ayudantía Fiscal de Adolfo Gonzales Chaves y el Juzgado de Garantías en turno.