Los procedimientos fueron realizados junto a efectivos de la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL), el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y el Comando de Patrullas.

El primero de los allanamientos se concretó en una vivienda ubicada en José María Arango al 1900. Allí se secuestraron prendas de vestir y una motocicleta Honda XR 150, presuntamente utilizadas durante el hecho investigado. Además, los efectivos incautaron 9 gramos de cocaína, 254 gramos de marihuana y cuatro teléfonos celulares.

Como resultado del operativo fue aprehendido Adrián Facundo Arévalo, de 21 años, acusado por infracción a la Ley 23.737 y por el delito de abuso de armas. También fueron demoradas Ludmila Yamila Quesada, de 24 años, e Ivone Aparecida De Moraes, de 42.

En un segundo procedimiento realizado en Chubut al 2000, la Policía secuestró 68 gramos de marihuana y tres teléfonos celulares. En ese domicilio fueron demorados Rodrigo Sebastián Soto González, de 32 años, y Yeniffer Antonella Benítez, de 31.

Finalmente, en un tercer allanamiento, cuyo domicilio no fue informado, los uniformados incautaron 65 gramos de marihuana y prendas de vestir que serían de interés para la causa. Además, fue aprehendido un adolescente de 16 años, quien posteriormente fue entregado a su madre.

Las actuaciones quedaron a cargo de la UFI Nº 7, la UFI Nº 19 y la UFIJ del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 1.

Según informaron fuentes oficiales, las diligencias fueron solicitadas tras tareas investigativas y el análisis de cámaras de vigilancia, en relación con un episodio ocurrido el pasado 3 de junio en Martín Lutero al 1400.

De acuerdo con la investigación, dos hombres que se desplazaban en una motocicleta efectuaron disparos que impactaron en el pie de Gonzalo Ezequiel Suárez, de 18 años. No obstante, la víctima no habría instado la acción penal.

Durante el procedimiento fueron aprehendidos Susana Mariela Morón, de 50 años, y Nahuel Eloy Noel, de 21, ambos residentes en el domicilio allanado, ubicado en calle Simón Bolívar al 1800.

La orden estuvo a cargo del Juzgado de Garantías N°4, en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737.

Durante la requisa se hallaron 24 frascos con cogollos de marihuana, siete plantas de cannabis en macetas, un envoltorio con un gramo de cocaína, dos teléfonos celulares para peritajes, una vaina servida calibre 22 y diversos elementos utilizados para el cultivo bajo la modalidad indoor, entre ellos una cabina, iluminación especial, extractores de aire y fertilizantes.

La investigación se originó a partir de un hecho ocurrido el último miércoles en la intersección de Pampa Central y Manuel Ugarte, donde una mujer de 27 años denunció haber sido amenazada y agredida por Rubén Rodríguez, de 27 años, quien ya se encontraba aprehendido al momento del allanamiento.

En la causa intervienen las UFIJ N° 15 y 19 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.

El hecho ocurrió en un domicilio de Gossetti y Biga al 400 de la localidad.

En ese lugar encontraron fallecidos a Sergio Phillips, tirado en un pasillo, y a su madre Eva Kesler, acostada en una cama.

Las víctimas, que convivían en esa casa, no presentaban signos de violencia, como tampoco lo hacía la vivienda.

Además, personal policial y médico constaron que del único calefactor que había en el lugar se desprendía monóxido de carbono.

La chica, según el escrito, tomó un micro de la línea 319 en la parada de la primera cuadra de Estomba (frente a la plaza Rivadavia), sobre las 13.30, con intenciones de descender cerca de su domicilio en la zona de Grünbein.

Al llegar el ómnibus a Rafael Obligado y Fernando Fader, a pocos metros de su bajada, y cuando no quedaban otros pasajeros en el transporte -siempre según la denuncia-, el chofer habría frenado la marcha, se acercó a la joven y la habría manoseado por arriba de sus prendas de vestir.

La denunciante pudo escapar y dar aviso a su familia. Describió al autor como un hombre de cabellos rubios, de unos 40 años de edad, delgado y de entre 1.65 y 1.70 de estatura, con anteojos y campera negra de algodón.

Reacción

El caso no terminó allí porque familiares y allegados a la víctima, poco antes de las 23, se reunieron en el sector de Rafael Obligado y Soriano e interceptaron al micro que aparentemente conducía el chofer sospechado y lo increparon, aunque el transportista finalmente pudo seguir su recorrido.

La UFIJ Nº 4, a cargo del caso, ya tendría identificado al conductor -con nombre, documento y domicilio- aunque por el momento no se adoptó ninguna medida procesal.

"Desde hoy y hasta el lunes tendremos mucha prueba testimonial, más de 20 testigos en la fiscalía. En este caso son empleados que trabajan en el lugar. Una de las ideas es saber si hay antecedentes" de incidentes similares, aunque sin un final trágico como el de Juan Roberto Cafasso (69).

El fiscal Aguilar, en diálogo con LU2, confirmó que "estamos recopilando una gran cantidad de prueba y, a partir de esa recopilación, conducente para el esclarecimiento del hecho, vamos a establecer imputaciones".

"Evidentemente estamos frente a un delito, no cabe duda alguna: se investiga un homicidio culposo", ratificó Aguilar.

Muerte en el gimnasio: quiénes son los responsables de la franquicia local

El titular de la UFIJ Nº 1 ya cuenta con los expedientes administrativos de los departamentos de Obras Particulares y Habilitaciones del municipio, relacionados con el establecimiento -aún hoy clausurado- que está ubicado en la avenida Cabrera al 4.100. 

Entre la prueba a reunir también se espera una serie de estudios ordenados a la Asesoría Pericial de nuestra ciudad y también se pidió colaboración al Departamento de Ingeniería de la UNS.

"Se solicitó que se designe un ingeniero civil, con especialidad en la materia, para que vea los planos y el lugar y determine si debía existir una pared (en el lugar de la caída de Cafasso). En principio yo diría que sí, pero debemos certificarlo", declaró el fiscal.

"En los planos figura una pared, pero no soy experto en la materia, por eso voy a solicitar la colaboración de un profesional, lo que sucede es que si usted ingresa, hay un entrepiso y la pared llega hasta el entrepiso, no se prolonga hacia el techo", aclaró Aguilar. 

Consultado el fiscal acerca de si los dueños de la franquicia pudieron desconocer el faltante de la pared y atribuirlo a una cuestión técnica del responsable de obra, dijo que "es una cuestión muy notable, demasiado evidente. Lo que sucede acá es que una persona falleció por una falta de medida de seguridad evidente".

Cafasso cayó al trastabillarse desde un entrepiso de 3,54 metros de altura, que no cuenta con ninguna pared lateral.

"Allí hay colocadas máquinas para hacer bicicleta fijas y los elípticos, que están a 20 centímetros del filo del vacío. Donde debería haber una pared había báners. La peligrosidad es evidente. Si hubiera habido una persona o más abajo también podrían haber fallecido o sufrido graves lesiones", cerró Aguilar.

Tras la denuncia presentada por las autoridades de la entidad deportiva, personal del Gabinete de Investigaciones de la Comisaría Tercera inició tareas investigativas en coordinación con el Centro Único de Monitoreo (CEUM), donde se logró identificar a los sospechosos y seguir sus movimientos hasta el domicilio de uno de ellos.

Durante la mañana, parte del material robado fue encontrado oculto entre los pastizales ubicados detrás de la cancha de Huracán, en una zona cercana a la marea.

Posteriormente se realizó un allanamiento en una vivienda de calle Juan B. Justo al 2800, en Ingeniero White.

Como resultado del procedimiento fueron aprehendidos un menor de 15 años y Santiago Ezequiel Bentacourt, de 19.

Según informaron fuentes policiales, este último se encontraba cumpliendo arresto domiciliario por causas relacionadas con delitos contra la propiedad y abuso de arma.

Además, en la vivienda se secuestró parte del cableado sustraído, aunque una porción del material ya había sido combustionada.

El joven de 19 años quedó alojado en la Comisaría Tercera, mientras continúa la investigación para determinar la totalidad de las responsabilidades en el hecho.

Por este hecho, ayer ya habían sido capturadas una mujer y una menor de 17 años, quienes resultaron ser la pareja y la hija de este sujeto.

La aprehensión se llevó a cabo durante allanamientos llevados a cabo en dos viviendas ubicadas en Rufino Rojas al 500 y Pasteur al 1.500, y fueron dictaminados por el Juzgado de Garantías Nº 4.

En ellos se secuestraron dos carabinas y un arma de puño marca Bersa Thundar Calibre 22  y varias municiones, además de la captura del hombre.

A partir de la judicialización del hecho, se pudo determinar que esta persona había participado del delito, siendo quien empuñaba el arma de fuego secuestrada al momento del hecho.

El delincuente fue trasladado a la Comisaría Primera y puesto a disposición de la Fiscalía Nº 7. En ese sentido, se indicó que posee un amplio enlistado de antecedentes por delitos similares y contra la propiedad.

La convocatoria reunió a un nutrido grupo de personas que acompañó a la familia durante la jornada y se concentró frente al Palacio Municipal, donde se renovó el reclamo por avances en la investigación y respuestas concretas de las autoridades.

Con carteles, banderas y mensajes de apoyo, además de bocinazos y aplausos, los presentes expresaron su acompañamiento a la familia y reclamaron que el caso continúe teniendo visibilidad pública.

Además, insistieron en la necesidad de que hechos de violencia como el ocurrido no vuelvan a repetirse en Bahía Blanca.

Durante la movilización, la madre del adolescente, Aldana Vega, agradeció el acompañamiento de la comunidad y aseguró que continuará con el pedido de justicia hasta obtener respuestas.

La mujer destacó la evolución favorable de su hijo, aunque explicó que deberá someterse a una nueva cirugía para la colocación de una placa craneal y continuar con un proceso de rehabilitación.

Vega cuestionó que los presuntos responsables continúen en libertad y señaló que, a más de un mes del hecho, aún no habría un fiscal a cargo de la causa.

“No es justo que una mamá tenga que salir a la calle a pedir justicia. Si Thiago está vivo es porque su amiguito (Rodrigo) le salvó la vida y como madre me siento indefensa”, sostuvo.

También reclamó mayor presencia de las autoridades frente a la problemática de la inseguridad y el consumo de drogas en distintos sectores de la ciudad.

“Necesitamos ser escuchados como sociedad. Que esto no le pase a ninguna familia más”, expresó.

Por último, agradeció el respaldo de los vecinos, el acompañamiento de los medios de comunicación y la atención recibida por parte del personal del Hospital Municipal durante la internación de Thiago.

“Esta lucha es larga, pero no vamos a parar hasta que se haga la justicia que se tiene que hacer”, concluyó.

El megaoperativo, que apunta a desbaratar redes de grooming, ciberpedofilia y abuso sexual infantil, puso especial foco en la región del sudoeste provincial. Las acciones en nuestra ciudad y Tres Arroyos fueron lideradas de manera directa por los fiscales Rodolfo De Lucía y Natalia Ramos, respectivamente.

Los procedimientos en Bahía formaron parte de una estrategia coordinada desde el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming de la Procuración General, conducida por el doctor Julio Conte-Grand.

Para desarticular las operaciones locales, los fiscales bahienses trabajaron en conjunto con ocho fiscalías especializadas que funcionaron como nodos de inteligencia en toda la provincia. El objetivo en la región no solo fue el secuestro de material de abuso sexual infantil (MASI), sino también detectar la posible producción local, la distribución y los casos de acoso virtual (grooming), delitos tipificados en los artículos 128 y 131 del Código Penal Argentino.

A nivel provincial, el impacto del operativo dejó estadísticas que encienden las alarmas de las autoridades:

• Objetivos e involucrados: De un total de 138 objetivos investigados, se concretaron 121 allanamientos. Se identificó a 111 personas (106 hombres y 5 mujeres).

• Menores implicados: Entre los investigados se detectaron dos menores de 18 años que compartían este material. El rango etario general de los sospechosos oscila entre los 15 y los 75 años.

• Entornos de riesgo: Preocupa de sobremanera que 6 de los investigados trabajan en contacto directo con niños y adolescentes. Además, se identificaron 37 menores de edad que convivían con los sospechosos y 4 posibles víctimas directas de abuso infantil.

• Allanamientos en cárceles: Los procedimientos incluyeron una unidad carcelaria donde se encontraban alojados presos que ya purgaban penas por abuso sexual.

Uno de los objetivos de la investigación se inició a raíz de un operativo previo por tenencia de material de abuso. Gracias al seguimiento, se logró detectar a una nueva imputada dedicada a la producción y distribución del material.

Tecnología incautada

El volumen de material digital secuestrado requerirá semanas de peritajes. En total, las fuerzas policiales de la provincia, federales y de la Ciudad de Buenos Aires incautaron:

• 165 teléfonos celulares.

• 160 dispositivos de almacenamiento (discos, pendrives).

• 80 computadoras.

• 2 armas de fuego.

Durante los mismos procedimientos, los especialistas informáticos ya lograron realizar 31 triajes y análisis rápidos (visus) sobre los dispositivos secuestrados para asegurar la prueba de manera inmediata.

Las autoridades destacaron la colaboración de la Dirección de Investigaciones en Cibercrimen de la Policía Bonaerense, la Policía Federal Argentina, la Policía de la Ciudad y Prefectura Naval, quienes actuaron en simultáneo para evitar el borrado de archivos y desmantelar los nodos desde la periferia bonaerense hasta Bahía Blanca.

La audiencia prevista en el artículo 308 del Código Procesal Penal estará a cargo de la fiscal Marina Lara y no se dio a conocer la fecha exacta de la misma por cuestiones de seguridad, a fin de evitar una eventual reacción de los grupos más radicalizados de proteccionistas de animales.

En las últimas horas, en el marco de la investigación, se incorporaron a la causa distintas declaraciones testimoniales, entre ellas de otros jóvenes que estuvieron presentes y vieron toda la secuencia.

Sus dichos sirven para determinar el grado de participación de ambos acusados, según se informó.

Por otra parte, el viernes se realizará el examen de visu de los celulares de Bravo y Santerre, secuestrados en el  marco de una serie de allanamientos realizados tanto en nuestra ciudad (donde los jóvenes estudiaban) como en la localidad de Huanguelén, de donde son oriundos.

"Tendremos que determinar si se pueden desbloquear los dos teléfonos. Son dos Iphone y las claves no fueron suministradas", explicó un investigador.

De no lograr la apertura en ese caso, se deberá realizar una pericia de mayor complejidad, que demandará más tiempo.

Sobre la indagatoria, se dijo que ambos deberán responder por infracción a la ley de maltrato animal, en concurso ideal con la falta a la ley de preservación de la fauna autóctona.

Esta última normativa prevé en caso de condena la inhabilitación, con lo cual ambos jóvenes deberían llegar a juicio oral y no podrían ser beneficiados por el "atajo" de la suspensión de juicio a prueba o probation.

Más allá de esta causa, tramita otra IPP ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 9, a cargo del fiscal Diego Conti, por las amenazas que supuestamente recibieron tanto Bravo como Santerre luego de la viralización del video.

El hecho tuvo lugar pasadas las 20 de ayer, cuando personal policial tomó conocimiento de que en la intersección de las calles Belgrano y Ramón Ocampo había un joven esgrimiendo un arma de fuego. 

Al llegar al lugar, los uniformados observaron a una persona con las características descriptas por el vecino que se comunicó telefónicamente y, ante la presencia policial, se dio a la fuga, descartando un elemento entre unos pastizales.

El joven finalmente fue alcanzado y reducido, constatándose que la pistola que había manipulado era de aire comprimido. 

Por este hecho, el menor -a quien no se identifica por razones legales- fue trasladado a la comisaría para luego ser entregado a sus padres.

En el caso tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 1 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Bahía Blanca (agencia Carmen de Patagones).

Se trata de Dylan Campos, quien había sido detenido en febrero cuando la Policía Bonaerense allanó su vivienda, en Patricios 2.149, y encontró no solo el arma de fuego que buscaba (por un incidente armado anterior), sino más de medio kilo de cocaína compactada dentro de una bolsa de residuos.

En esa casa de Patricios, el 7 de mayo último, Thiago, un chico de 14 años que había ido a buscar a su hermano, quedó en medio de una situación tan desesperante como inesperada.

Una persona que ingresó al lugar disparó un arma y la bala dio en la cabeza del joven, que salvó su vida de milagro, luego de ser operado en el hospital Municipal, donde estuvo 20 días internado.

A la condena de la Justicia Federal a Campos se llegó tras dos meses de investigación y un acuerdo entre la Unidad de Investigación y Litigio de Casos Sencillos, encabezada por la fiscal Elisa Trinchín y el auxiliar fiscal Facundo Ruiz Martínez, y la defensa particular del imputado.

La investigación se había originado en la Justicia ordinaria, tras un allanamiento ordenado por el Juzgado de Garantías Nº 3, en el marco de la causa que requería el secuestro de un arma de fuego, municiones y documentación vinculada a su tenencia y/o portación.

Crimen organizado: llega un sistema judicial para dar respuesta más rápida

En esas circunstancias se descubrió la importante cantidad de droga, indudablemente destinada a la comercialización. También incautaron dos teléfonos celulares y dos plantas de cannabis.

Tras ese resultado (el secuestro de 566 gramos de cocaína), el Juzgado de Garantías Nº 3 provincial giró actuaciones al fuero federal, donde se avanzó hacia la condena a Campos.

Doctrina plain view

La defensa técnica del imputado había promovido un planteo de nulidad contra el procedimiento que dio origen a las actuaciones, por entender que se había excedido el objeto de la orden de allanamiento impartida por el juez provincial.

Ante esta situación, la Justicia -compartiendo los fundamentos expuestos por la fiscalía- rechazó la nulidad, bajo el entendimiento que se trató de un descubrimiento inevitable (doctrina plain view) y que el hallazgo se produjo en la órbita del efectivo diligenciamiento de la orden de allanamiento.

En consecuencia, el juez de Garantías Federal, Walter López Da Silva, declaró la competencia y se avanzó con la causa.

Además de confirmarse que la droga secuestrada era clorhidrato de cocaína, del examen UFED practicado al teléfono de Campos se pudo determinar actividad compatible con el comercio de estupefacientes.

"Podría estar relacionado con un hecho en Córdoba, se están recibiendo informes desde allá, se está tramitando en estos momentos, pero lo está haciendo el Juzgado de Garantìas", confirmó hoy por LU2 el fiscal Marcelo Romero Jardín, quien dijo no tener otras precisiones al respecto. 

El titular de la UFIJ Nº 14 indagó este mediodía a Correa y el acusado se negó a declarar.

Correa fue capturado por la Policía poco antes de mediodía de ayer, cuando fue visto en la vía pública y trató de ocultarse en una vivienda ajena, sobre la calle Brown al 2.700.

Además de responder por su presunta autoría en el delito sexual, afronta cargos por la violación de domicilio ante la UFIJ Nº 15.

"Estamos seguros"

Respecto del ataque que sufrió el 1 de marzo de 2025 la trabajadora en la verdulería de Misiones al 400, el fiscal confirmó que las pruebas contra el detenido son contundentes.

Además de la reconstrucción que se hizo con las cámaras de seguridad del CeUM y privadas y los testimonios, el 11 de septiembre de 2025 llegó el resultado de una pericia de ADN (comparado con una tarjeta con sangre del imputado) que arrojó resultado positivo.

"Estamos seguros de que se trata del abusador. Está totalmente acreditado", declaró Romero Jardín.

Sobre el día del hecho, el fiscal dijo que pudieron reconstruir que Correa estuvo poco antes en la verdulería, como cliente, e hizo una compra menor y después regresó.

"Ingresó diciendo que era un robo, pero luego cometió el abuso", agregó.

Romero Jardín destacó el trabajo de la comisaría Primera en los primeros tramos de la causa. 

"El hecho sucedió el 1 de marzo, un sábado, con poca gente en la calle, y el sujeto era un NN que había entrado en la verdulería y abusado de una empleada. Con las cámaras del CeUM y de vecinos,  así se pudo identificar a Correa", agregó.

También confirmó que pocos días después del hecho el acusado escapó hacia Pedro Luro, donde vivían sus padres y que en esa ciudad se hicieron allanamientos, con el secuestro de su moto y una mochila, pero que a él no se lo pudo atrapar porque escapó por los techos.

"El personal de la DDI debió regresar el día 6 (de marzo) por el alerta meteorológico (de la inundación que después azotó a Bahía). Gracias al temporal logró profugarse", explicó.

El hecho ocurrió en la tarde-noche del martes, alrededor de las 20, en Rawson al 500.

En ese lugar, personal del Gabinete Investigativo de la Comisaría Primera capturó a una mujer de 42 años y a su hija de 17, luego de que testigos presenciales señalaran que ambas habían apuñalado a un joven de 16 años para quitarle dos teléfonos celulares y una consola de videojuegos.

El joven atacado fue trasladado al Hospital Municipal sin riesgo de vida.

La investigación continúa, ya que no se descarta la participación de dos personas más, que serían familiares de ambas mujeres.

Las agresoras fueron trasladadas y puestas a disposición de la fiscalía en turno y de la Fiscalía del Joven. La causa está caratulada como robo agravado en poblado y en banda, agravado por la participación de un menor, y lesiones.

Se trata de Emiliano Fabián Correa, de 37 años, quien fue puesto a disposición del Juzgado de Garantías N° 3 y del fiscal Marcelo Romero Jardín, por el grave delito que sufrió una joven de 25, el 1 de marzo de 2025, en el local que funcionaba en Misiones al 400.

Personal del Comando de Patrullas y de la comisaría Primera llegó a la detención tras un aviso al 911 que daba cuenta de la presencia de este sospechoso en esa zona.

Se lo capturó cuando ingresaba a una vivienda de una chica de 22 años y también fue imputado de violación de domicilio.

Ordenan la captura internacional para el violador del barrio Pedro Pico

Correa está imputado del delito de abuso sexual con acceso carnal, en el marco de la IPP 4941-25.

El ataque se produjo un sábado sobre las 18, cuando el acusado ingresó en la verdulería con supuestas intenciones de robo.

Luego obligó a la víctima a ingresar en el baño del local y allí la sometió, para luego escapar.

El relato de vecinos y las cámaras de seguridad fueron clave para identificar al sospechoso, quien no obstante escapó y se mantuvo prófugo durante más de un año.

Se cree que en los primeros días de fuga -poco antes de la trágica inundación que sufrió nuestra ciudad- Correa se había escapado hacia la zona de Pedro Luro.

El fiscal Romero Jardín lo indagará mañana a las 10, según se informó.

El detenido, de quien no se dio a conocer su identidad, tiene 44 años y su arresto había sido solicitado desde la oficina judicial de Puerto Madryn.

Efectivos policiales de Carmen de Patagones, en tanto, aprehendieron a un joven que fue sorprendido in fraganti incumpliendo una medida cautelar ordenada por el juzgado de Paz de aquella ciudad.

El individuo de 28 años quedó aprehendido por "desobediencia".

Por otra parte, en cercanías a Villa Linch, uniformados maragatos arrestaron a dos varones de 27 y 29 años que tenían en su poder envoltorios con marihuana y cocaína.

Policías de Patagones aprehendieron a otro joven que ayer a la madrugada habría intentado sustraer una moto en la vía pública.

El acusado intentó darse a la fuga, pero los agentes de seguridad pudieron interceptarlo y reducirlo, quedando a disposición de la fiscalía de flagrancia de Bahía Blanca.

Además, oficiales de Policía aprehendieron a tres jóvenes (dos mujeres y un varón) que provocaron disturbios y trataron de agredir a los efectivos en un sector de Villalonga, también en el distrito de Patagones.

Quedaron imputados por atentado y resistencia a la autoridad.

El caso es llevado adelante por la UFIJ Nº 1, a cargo de Cristian Aguilar, quien requirió una serie de medidas de prueba.

Fuentes consultadas indicaron que desde el Ministerio Público se pidió la historia clínica del niño, solicitaron pericias médicas y se le tomará declaración testimonial a los facultativos que lo asistieron.

Al mismo tiempo, la fiscalía dio intervención a los organismos de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como al Juzgado de Familia correspondiente.

Los voceros mencionaron que en casos similares registrados anteriormente desde la fiscalía se imputó al padre o la madre de los niños por el delito de lesiones culposas y todas las investigaciones fueron elevadas a juicio.

Según se informó, el hecho se conoció a partir de una denuncia realizada por una médica. De acuerdo con las actuaciones, el bebé, que presentaba un cuadro respiratorio y fiebre, fue sometido a estudios de rutina en el marco de la atención recibida y uno de los análisis detectó la presencia de la sustancia.

Además, se conoció que existe un antecedente de características similares registrado en mayo de este año, ocasión en la intervino personal del Hospital Penna.

En tanto, desde el centro asistencial de la comuna describieron que el recién nacido continúa internado en el área de Pediatría y en condición "estable".

Fuentes oficiales señalaron que la UFIJ Nº 15 y el defensor oficial de los imputados delimitaron los alcances de un juicio abreviado que sería presentado la semana que viene durante la audiencia de finalización del procedimiento de flagrancia ante la Justicia de Garantías. 

Se trata de Leonel Antonio Villa Villa, de 42 años, Pablo Andrés Castillo Antipe (44) y Camilo Germán Pardo Villarroel (33), quienes están imputados del delito de robo doblemente agravado por efracción y por cometerse en poblado y en banda.

Todos ellos fueron indagados oportunamente por la fiscal Claudia Lorenzo y decidieron negarse a declarar.

Los voceros mencionaron también que, pese a lo que especuló inicialmente, los procesados no cuentan con antecedentes penales computables tanto en nuestro país como en Chile.

Como se informara, los individuos fueron arrestados por efectivos policiales en la terminal de ómnibus San Francisco de Asís, cuando procuraban abordar un colectivo con destino a Mar del Plata.

En poder de los sospechosos incautaron herramientas, un handy (inhibidor) y fajos de dinero en efectivo por un total de 35.995.730 pesos de moneda nacional, dinero que fue reconcido por las autoridades de la firma damnificada a partir de algunas inscripciones en los fajos.

Cabe recordar que el pasado 4 de junio los propietarios de la Distribuidora Santarossa advirtieron que delincuentes habían ingresado por los techos del edificio ubicado en Brandsen al 700.

Los ladrones, con evidente conocimiento del lugar, realizaron un boquete en la oficina del dueño y desde allí se dirigieron a otra oficina para apoderarse de una gran cantidad de dinero en efectivo que estaba destinada al pago de sueldos y proveedores. 

El incidente, de acuerdo con la comunicación de la fuerza de seguridad, se originó sobre las 18, cuando un joven de 19 años denunció la sustracción de una campera por parte de un grupo integrado por dos mayores y dos menores.

La situación derivó en una pelea generalizada entre los involucrados: por un lado "trapitos" (entre quienes estaría la víctima dela sustracción) y por otro, gitanos, todos conocidos entre sí.

En medio del enfrentamiento, uno de los jóvenes terminó con una herida punzante.

Con la intervención de la Policía, los cuatro gitanos quedaron aprehendidos y se iniciaron actuaciones, en principio por robo agravado por haberse cometido en poblado y en banda, con participación de menores.

La víctima fue identificada como Cristian Zacarías Martínez, mientras que los aprehendidos son Nicolás Ezequiel Monje Vince (18), Matías Ezequiel Díaz Iancovich (20) y dos menores de 15 y 16.

Se trata de determinar si en el plano presentado por los dueños del local ubicado en la avenida Cabrera al 4.100 -tenía la habilitación provisoria vencida- se proyectaba una pared donde estaban las gigantografías que se transformaron en una trampa mortal para Juan Roberto Cafasso (69) cuando se trastabilló en la zona de los elípticos.

En ese marco, el fiscal pedirá que para dicho análisis se sumen expertos del Colegio de Ingenieros de Bahía Blanca o de la Universidad Nacional del Sur. 

Esa conclusión podría llegar a comprometer en mayor medida a los titulares del establecimiento, así como al responsable de obra del mismo, que sería un profesional con domicilio en Necochea.

Muerte en el gimnasio: quiénes son los responsables de la franquicia local

Personal de la Asesoría Pericial acompañó a Aguilar durante el allanamiento e inspección que realizó días atrás en el gimnasio, aunque en ese caso fue para llevar a cabo otro tipo de estudios relacionados con la causa.

Otras de las medidas de prueba que sumará la UFIJ Nº 1 será una ronda de testimoniales, aunque en este sentido no trascendieron detalles.

A la par de la investigación judicial, los titulares de la franquicia deben presentarse hoy ante el Tribunal Municipal de Faltas para hacer un descargo por el acta de constatación comunal (la Nº 26.121) que firmaron los inspectores el 10 de abril último a las 11.20.

En ese documento -donde figuran las razones sociales Rudda Coffe Club y Power Zone SRL- se intimó al cese de la actividad comercial por persistir en el comercio la habilitación provisoria vencida desde fines de enero.

El Tribunal Municipal de Faltas formó causa a fines de abril y en mayo citó a la audiencia de hoy. En el medio de ese trámite, se produjo el imprevisto deceso de Cafasso.

Unos días antes del acta del 10 de abril, los responsables del gimnasio habían presentado el plano de la planta superior -que en principio estaba prevista para depósito/archivo- a fin de destinarlo al uso público de los clientes, a partir del crecimiento en la cantidad de abonados.