El Tribunal en lo Criminal Nº 3 bahiense dictó ayer el fallo condenatorio contra el acusado G.F.J., al considerarlo autor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción de menores, agravados por la convivencia con una menor de 18 años y por el vínculo.

Además los jueces Julián Saldías, Daniela Castaño y Eduardo d’Empaire rechazaron el planteo formulado por la defensa de anular la acusación y absolver al procesado.

Según los hechos que el tribunal dio por probados, los abusos ocurrieron entre 2011 y 2017, cuando la víctima tenía entre 8 y 14 años.

Las violaciones y otras agresiones sexuales contra la menor se cometieron en una casa en Pedro Luro, en el establecimiento rural La legua (donde el condenado trabajaba), y en el balneario de Fortín Mercedes, todos ubicados en el partido de Villarino.

El defensor oficial Pablo Radivoy requirió la nulidad de la imputación contra su defendido y, subsidiariamente, su absolución.

La defensa afirmó que no había pruebas objetivas y que todo se limitaba a los dichos de la joven contra los del acusado.

El imputado, por su parte, negó los hechos.

Los magistrados del Criminal 3 desestimaron ambos planteos defensistas y, sobre la nulidad, Saldías fue tajante: “Sin rodeos concluyo que de ninguna manera se ha violentado la congruencia que el letrado de la defensa denuncia”.

Acerca de la prueba, el voto al que adhirieron sus colegas sostuvo que “la tesis de la defensa se desmorona ante el pétreo y robusto plexo probatorio reunido por la acusación”.

“Es la coherencia, solidez y persistencia durante todo el proceso de una declaración, junto con la consistencia que brindan los testigos a quienes la víctima pudo contarles lo sucedido y las pericias pertinentes, las que conforman un concierto para dar por verosímil el relato”, señala la sentencia.

Saldías valoró el testimonio de la chica en el debate.

“No deja margen de duda que la joven no pudo inventar o diagramar la escena de los hechos sin que fuera una situación plenamente vivida”.

La decisión judicial explica también por qué la versión de la damnificada tiene un peso central en este tipo de delitos contra la integridad sexual.

“En estos casos la declaración de la niña -hoy joven- se vuelve un medio de convicción de singular importancia, en particular en esta clase de delitos que ocurren dentro del seno familiar, entre las ‘cuatro paredes’”, agrega el documento.

Según el tribunal, ese relato se vio respaldado por las personas más cercanas a la joven, a quienes ella se lo contó; por la pericia psicológica oficial, que no advirtió “la presencia de presiones externas” ni fabulación; y por la documentación incorporada durante el juicio.

Uno de los ejes del fallo unánime es la consideración del contexto de violencia de género como agravante de la pena, postura que la defensa había cuestionado desde lo procesal.

El juez Saldías explicó que el Código Penal no lo contempla de forma expresa en este tipo penal, pero que puede valorarse según los artículos 40 y 41.

“Resulta indudable la asimetría del género y el contexto de violencia de género propio de una agresión sexual del imputado hacia (la víctima), ya que se valió de esa asimetría estructural, de la cosificación de la víctima y de la posición de dominio que detentaba, para imponer unilateralmente actos de contenido sexual no consentidos”, indica el fallo.

En este sentido, el representante del Poder Judicial bonaerense acotó que esta situación “revela un plus de culpabilidad autónomo y un mayor contenido de injusto”.

La imputación fue sostenida por la fiscal de delitos sexuales bahiense, Agustina Olguín, quien había solicitado 30 años de prisión para el acusado.

El procedimiento se dio en D'Orbigny al 1.700 y la causa se originó hace más de 3 años, en el marco de un operativo federal de lucha contra este delito.

Cartés Molina, de 57 años, había sido "detectado" a partir de un reporte de la herramienta internacional ICACCOPS (Internet Crimes Against Children-Child On-line Protection System), utilizada para detectar actividad de carga y descarga de material de abuso sexual infantil a través de redes P2P (peer to peer). A partir de dicho sistema, se detectó el número de identificación único correspondiente a la computadora del sospechoso.

En abril de 2023, la Policía secuestró en la casa de Cartés Molina un teléfono celular, diversos discos rígidos y tarjetas de memoria.

El análisis forense de dichos soportes digitales permitió hallar miles de archivos audiovisuales que registran a niñas y mujeres adultas -cuyas partes genitales fueron filmadas mediante cámaras ocultas instaladas en espacios públicos y privados-, lográndose identificar a algunas de las víctimas en el transcurso de la instrucción.

Según la investigación, el imputado trabajó en el área de maestranza del natatorio de un club, entre 2012 y 2014, aunque no se confirmó si en esas circunstancias cometió los delitos.

Sí existen pruebas que el hombre aparentemente colocó cámaras simuladas en algunos domicilios particulares y que también tenía filmaciones con celulares en la vía pública, enfocado a las partes íntimas de las víctimas.  

En la actualidad tenía un local comercial dedicado a la venta y reparación de computadoras y periféricos y también ejercía como chofer de la aplicación Uber.

Cartés Molina será indagado hoy por el fiscal Rodolfo De Lucia. En principio fue acusado de 13 hechos concretos, dentro de los cuales un episodio se logró encuadrar legalmente como abuso sexual.

El gremialista de 68 años, según informó la Policía, fue agredido por un desconocido cuando retiraba el auto de su garaje, en Pedro Pico al 1.500, poco antes de las 9.

La persona que lo atacó se movilizaba en una moto roja, de 110cc. Era alto, tenía casco y campera, según trascendió.

"Le dijo algo, no se sabe bien qué, y le disparó en la rodilla. Luego se escapó por Pedro Pico hacia la avenida Arias", comentó un investigador.

Esa versión fue confirmada por un familiar del sindicalista, quien le comentó a lanueva.com que Pérez "iba a trabajar, como todos los días, se le acercó alguien cuando cerraba el portón, le dijo algo que él no entendió y le disparó".

La familia tiene cámaras de seguridad, pero en las imágenes no se alcanza a distinguir el rostro del agresor.

Al lugar, además del Comando de Patrullas, llegó también una ambulancia que asistió al paciente que, en principio, tenía una herida que no revestía gravedad, aunque fue trasladado a un hospital.

Si bien la investigación es incipiente, se cree que la agresión podría tener que ver con una cuestión personal o bien relacionada con la actividad gremial de la víctima.

Desde la Policía Local indicaron que el incidente se produjo ayer, poco antes de las 20, en la intersección de esa calle y Chile, cuando se produjo un enfrentamiento entre sujetos que se ubican en ese lugar y limpian los vidrios de los vehículos que por allí transitan.

Los voceros indicaron que por cuestiones que se tratan de establecer se produjo un enfrentamiento en el que Agustín Herse, de 49 años, recibió golpes que le produjeron lesiones en el cuero cabelludo y le hicieron perder el conocimiento.

La víctima fue asistida por un médico del servicio de emergencias Siempre y trasladada a un hospital para recibir curaciones y ser sometido a estudios.

Por el hecho fueron arrestados en las inmediaciones David Emanuel (37) y José Samuel Figueroa (33), quienes fueron imputados del delito de lesiones y puestos a disposición de la fiscalía de flagrancia.

El procedimiento, ordenado por el juez de Garantías Nº 3, Alberto Manzi, a pedido del fiscal Rodolfo De Lucia, titular de la UFIJ Nº 20, tuvo lugar anoche en una vivienda de D'Orbigny al 1.700, entre Remedios de Escalada y Parera.

Actuaron en el lugar efectivos de la delegación de Bahía Blanca de la Dirección de Cibercrimen de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, junto con el GAD y Delitos Complejos.

Ese inmueble ya había sido allanado a fines de abril de 2023 (en ese caso se secuestró material informático que fue peritado y analizado), en medio de una batería de más de 20 operativos dispuestos en el marco de la Operación Red Federal en Alerta II.

"En principio se lo investigaba por tenencia de material de abuso infantil, pero luego se amplió la sospecha a la producción. Y también tendría archivos de imágenes de cámaras ocultas con contenido sexual", comentó una fuente allegada al caso.

Algunos vecinos del sector que se comunicaron con lanueva.com informaron que el hombre detenido se dedicaría al arreglo de celulares y computadoras y también sería chofer de aplicación.

La Operación Red Federal en Alerta II buscó desbaratar redes de transmisión y producción de material de abuso sexual infantil que se encuentran operando en todo el mundo.

Además del allanamiento en la casa del detenido, en 2023 se requisaron otros inmuebles en la provincia de Buenos Aires, CABA, Chubut, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, Córdoba, Formosa, Misiones, Salta, San Luis, Jujuy, Mendoza y San Juan.

A través de la utilización del sistema de investigación digital se verificó el tráfico de material de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en plataformas de intercambio Peer to Peer (P2P), agentes especializados verificaron el material y se procedió a individualizar los domicilios.

El acusado del ilícito es Iván Barbado, de 28 años, con domicilio en Carhué.

Según los registros fílmicos y las filmaciones de las cámaras de seguridad, días atrás esta persona forzó la puerta trasera de la institución para luego sustraer bebidas alcohólicas, un caloventor a gas, una garrafa de gas de 10 kilos, así como llaves térmicas y cableado eléctrico exterior.

Luego de las tareas investigativas y a partir de la orden de allanamiento emitida por el Juzgado de Garantías N° 4 de Bahía Blanca, se llevó a cabo el operativo en el cual Barbado resultó capturado.

Según se indicó, el delincuente posee antecedentes por venta de estupefacientes.

El operativo se inició alrededor de las 16, luego de que un llamado al servicio de emergencias 911 alertara sobre dos hombres que circulaban a bordo de un Fiat Uno de color azul, desde el cual se habían efectuado disparos de arma de fuego.

A partir de la información recibida y con la colaboración de operadores del Centro Único de Monitoreo (CeUM), efectivos del Comando de Patrullas lograron localizar a los involucrados en inmediaciones de Brickman y Combate de Montevideo.

Al advertir la presencia policial, Daniel Elías Cádiz habría descartado una pistola semiautomática Bersa Thunder calibre .380, junto con su cargador, procediéndose a su inmediata aprehensión y al secuestro del arma.

Por otra parte, se procedió a la detención de Manuel Enrique Cádiz Vidal, quien viajaba como acompañante en el automóvil y llevaba entre sus prendas una cuchilla de aproximadamente 25 centímetros, con mango de madera.

Durante la requisa del Fiat Uno, los efectivos también encontraron y secuestraron cuatro municiones calibre .380.

Ambos involucrados fueron trasladados a dependencias de la Comisaría Primera, quedando a disposición de las autoridades judiciales competentes. Intervienen la UFIJ N.° 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca y el Juzgado Correccional en turno.

El procedimiento se inició alrededor de las 15, luego de que un llamado al servicio de emergencias 911 alertara sobre la presencia de un joven en Federico Baeza al 1400, a bordo de una motocicleta Bajaj Rouser de color negro, presuntamente sustraída.

Ante esta situación, efectivos del Comando de Patrullas implementaron un operativo cerrojo, contando con la colaboración de operadores del Centro Único de Monitoreo (CeUM), quienes realizaron el seguimiento del desplazamiento del rodado y aportaron información sobre su dirección de fuga.

Como resultado del trabajo coordinado, el motociclista fue interceptado en la intersección de Italia y Chubut, donde se procedió a su identificación y a la verificación de los datos del vehículo.

Mediante la consulta a los sistemas informáticos policiales, se estableció que la motocicleta Bajaj Rouser de 200 cc registraba un pedido de secuestro activo desde este lunes, en el marco de una causa por hurto de motovehículo, con intervención de la UFIJ N.° 2 y el Juzgado de Garantías N.° 4 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

En consecuencia, se procedió a la aprehensión del adolescente y al secuestro preventivo de la motocicleta, quedando ambos a disposición de las autoridades judiciales competentes.

Las actuaciones fueron labradas por la Comisaría Primera, con intervención del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil y la fiscalía de turno.

La concejala Romina Rozas explicó que la propuesta surgió a partir de reclamos de vecinos preocupados por la utilización de estos elementos, especialmente entre niños y jóvenes, en plazas y otros lugares de concurrencia pública.

Según los fundamentos del proyecto, estas prácticas representan un riesgo para quienes las realizan y para el resto de la comunidad. Entre sus consecuencias se mencionan la muerte de aves, daños en espacios públicos y luminarias, lesiones a mascotas y heridas a personas.

Durante su intervención, Rozas recordó un episodio ocurrido recientemente en la ciudad cabecera, donde un niño de siete años resultó herido con un arma de aire comprimido. La concejala señaló que el hecho provocó angustia en la familia y preocupación entre los vecinos, y consideró necesario avanzar en una normativa que contribuya a prevenir situaciones similares.

Qué establece el proyecto

La iniciativa propone facultar al Departamento Ejecutivo para retener los dispositivos cuando se compruebe su utilización en espacios públicos. Para recuperarlos, sus propietarios deberán presentar la factura de compra correspondiente a un comercio habilitado.

También contempla la incorporación de sanciones a la ordenanza 3596/16, con multas equivalentes a 10 litros de combustible por el uso de gomeras, hondas o resorteras, y de 40 litros para quienes utilicen rifles de aire comprimido u otros dispositivos similares.

En caso de reincidencia, las multas se duplicarían. Cuando la infracción sea cometida por una persona menor de 18 años, la responsabilidad económica recaería sobre el adulto responsable.

Otro de los artículos establece un período de difusión de tres meses desde la promulgación de la ordenanza. Durante ese plazo no se aplicarían sanciones, aunque se advertiría a los infractores sobre la nueva normativa.

Rozas aclaró que la intención no es impulsar una medida exclusivamente punitiva ni recaudatoria, sino promover la responsabilidad de los adultos y modificar determinadas conductas.

“Entendemos que es un cambio cultural que tenemos que hacer entre todos”, expresó.

También manifestó su conformidad con el pase a comisiones, al considerar que permitirá introducir modificaciones y mejorar el proyecto antes de su eventual aprobación.

Acompañamiento de los otros bloques

La concejala Rosana Cabarcos, de La Libertad Avanza, acompañó el pase a comisiones y destacó que la propuesta apunta a mejorar la seguridad y el bienestar de la población.

Reconoció que en Dorrego existe la costumbre de que muchos chicos salgan a cazar pájaros y coincidió en que la implementación de una normativa de estas características representaría un cambio importante.

“Creo que entre todos los bloques, trabajando en conjunto, puede salir una ordenanza muy interesante”, sostuvo.

Por su parte, Mercedes Gagna (Fuerza Patria) también expresó el acompañamiento de su bloque al espíritu de la iniciativa, aunque planteó la necesidad de profundizar el análisis de algunos aspectos legislativos para evitar errores en su aplicación.

La edil coincidió en que existen prácticas socialmente aceptadas durante mucho tiempo cuyos riesgos no siempre fueron debidamente considerados.

“Hay cuestiones de usos y costumbres que antes nos parecían que era lo normal y por ahí no dimensionamos la peligrosidad que eso conlleva”, señaló. (con información de La Dorrego)

El juez Eugenio Casas dictó el veredicto absolutorio en favor de Sergio Esteban Castillo Sánchez, de 37 años; su hermano, Horacio Noel Castillo Sánchez (49) y Agustín Andrés Vidal Bastías (38), quienes habían sido acusados de intentar sustraer cables el 17 de marzo de 2024, en un tendido eléctrico entre Bahía Blanca y Tornquist.

Durante la investigación se analizaron registros telefónicos, mensajes de WhatsApp e informes médicos que confirmaron que Sergio Castillo había ingresado al hospital Penna con quemaduras por electrocución. Las conversaciones entre los involucrados también contenían referencias a un supuesto intento de robo y al accidente sufrido por uno de ellos.

Sin embargo, Casas entendió que esos elementos no alcanzaron para acreditar su autoría en el hecho, al menos con el grado de certeza necesario para una condena.

El informe de EDES confirmó que aquella noche se produjo una interrupción del suministro eléctrico que se restableció automáticamente a los 40 segundos, pero no permitió determinar el lugar exacto de la falla ni establecer que hubiera sido provocada por personas.

El juez destacó que ese tipo de desconexiones también puede originarse por causas naturales, como el contacto de ramas o aves con los cables.

La fiscalía -por el delito de intento de robo agravado por su comisión en despoblado y en banda- había solicitado penas de 6 años de prisión para Sergio Castillo, 5 para su hermano y 4 para Vidal, aunque el pedido no prosperó.

Insuficiencia de pruebas

El juez, ante lo que consideró una insuficiencia probatoria, adhirió a la postura del abogado Valentín Fernández, defensor particular de los imputados, y resolvió absolver a los tres acusados.

"Tenemos sí demostradas las lesiones sufridas por Sergio Castillo que estarían vinculadas a un evento de electrocución. Los diálogos observados en el celular, que darían cuenta de un intento de robo de cables y el incidente de electrocución posiblemente padecido por Castillo. Pero esta información, solamente apuntalada con lo que surge del posicionamiento de los teléfonos celulares en las antenas de las empresas telefónicas, resultan insuficientes para tener por probado el hecho imputado", expresó Casas en el fallo.

Y destacó que uno de los investigadores, en su testimonio, reconoció que "podría haber pasado que estas personas hubiesen ido efectivamente hacia el sector correspondiente a algún tramo de esta línea, se hubiesen encontrado en el lugar con otra de las 'bandas' que se dedicaban a este tipo de hechos y se hubiesen dirigido hacia otro sector, otra línea u otro lugar donde existe electricidad (y los posibles sitios son varios), en la cual pudieron haber intentado la maniobra que derivó en las lesiones de Sergio Castillo", agregó.

Se trata de Hugo Gabriel Basualdo, a quien, según informó la Superintendencia Región Sur de la Policía, lo habían arrestado el pasado domingo por última vez, pero ayer recuperó la libertad, tras ser puesto a disposición de la UFIJ Nº 15.

Esa aprehensión sería la segunda en menos de un mes, porque a fines de septiembre había caído por otro delito contra la propiedad.

El hecho del domingo sucedió en Villarino y Teniente Farías, donde el acusado, al parecer, sustrajo elementos de un auto estacionado, tras romper una ventanilla.

El dueño del vehículo descubrió el robo en progreso y trató de capturar a Basualdo, quien fugó en una moto pero chocó contra un auto estacionado y fue reducido por civiles, hasta la llegada del primer patrullero.

Aprehenden a un motochorro con amplio prontuario delictivo en el macrocentro bahiense

Si bien en principio fue imputado de tentativa de robo y daño, en la víspera recuperó la libertad.

Basualdo es el mismo que el 29 de septiembre último fue arrestado por el Comando de Patrullas en Roca y Ricchieri, tras indicaciones del Centro Único de Monitoreo (CeUM). 

En ese caso se habría podido reconstruir que, poco antes, había robado pertenencias de un auto estacionado en Holdich al 800.

Junto con él, como presunto cómplice, cayó un menor de 17 años que tenía en su poder un bolso con una pistola Bersa 9mm (sustraída días antes del interior del auto de un policía, en Viamonte al 1.800), 61 envoltorios de cocaína y 420.000 pesos.

Dos días después de ese delito Basualdo fue liberado, pese a que, según la Policía, tendría vinculación con otros dos robos mediante la misma modalidad (vehículos estacionados en la vía pública), con intervención de la UFIJ Nº 7.

El fallo del juez del Tribunal en lo Criminal Nº 2, Eugenio Casas, resuelto en un debate abreviado, recayó en Leandro Fabián Pérez.

Para el magistrado quedó probado que el 23 de julio pasado, cuando efectivos de la comisaría Quinta se aprestaban a allanar un inmueble ubicado en Ricchieri al 500, el acusado fue sorprendido con 26 envoltorios de cocaína que arrojaron un pesaje de 15 gramos.

Al momento de ser arrestado también tenía en su cintura un revólver calibre 32 largo, con 6 municiones, y en uno de los bolsillo de la campera un arma calibre 38, que presentaba la numeración suprimida y 5 proyectiles.

El procedimiento, ordenado por el juez de Garantías Nº 2, Guillermo Mércuri, estaba vinculado a una causa por la presunta comercialización de estupefacientes al menudeo.

Los uniformados sostuvieron que al momento de realizar la requisa observaron a Pérez caminando de un lado al otro de la vereda del domicilio.

Agregaron además que al advertir la presencia policial intentó retirarse, aunque rápidamente fue interceptado y reducido.

En su poder incautaron la droga, las armas, dinero en efectivo (algo más de 20 mil pesos) y dos teléfonos celulares.

Por todo ello, el individuo fue sentenciado por los delitos de tenencia de estupefacientes, portación de arma de fuego de guerra y de uso civil sin autorización legal.

Se trata de un joven de 17 años que no fue identificado por razones legales, a quien se le imputó el delito de tenencia ilegal de arma de fuego e infracción al artículo 289 del Código Penal.

El procedimiento se dio sobre la 1, en la esquina de Fournier y Francisco Abel.

Cuando los uniformados identificaron al joven detectaron que, entre sus prendas de vestir (guardada en su pantalón) llevaba un revólver calibre 22 corto, marca Italo Gra, con varios proyectiles intactos y una vaina servida cargados en su tambor.

Los peritos, una vez trasladado el menor a la seccional (luego fue entregado a su padre), descubrieron que el arma era apta para el disparo.

La causa tramita ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 3 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Bahía Blanca.

Efectivos policiales pringlenses allanaron ayer una vivienda donde aprehendieron al sospechoso Horacio Ariel Cerdán, de 25 años de edad.

Cerdán al parecer es empleado de un campo cercano al lugar donde se consumó el robo de hacienda.

En el inmueble registrado los uniformados secuestraron dos cueros de oveja recién faenados, numerosos cortes de carne ovina recién despostada, la ropa que el cuatrero habría usado durante el hecho y el teléfono celular de Cerdán.

Los cortes cárnicos estaban en una heladera y también colgados en un galpón y en una planta, oreándose.

Según se informó oficialmente, el viernes un productor agropecuario de esa zona denunció haber visto a un individuo sustraer corderos del interior de su campo.

Posteriormente los investigadores del caso establecieron que el autor del hecho sería empleado de un establecimiento vecino, y la justicia de Garantías de Bahía Blanca ordenó el allanamiento.

Al joven se lo acusa de abigeato, por eso la causa está a cargo del equipo de delitos rurales de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 20 bahiense.

Se trata de Axel Barroso, de 25 años, quien fue atrapado en su vivienda de la calle Pigüé 2880 cuando intervinieron efectivos del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la citada seccional.

Durante la diligencia ordenada por la Justicia, además, se secuestró un televisor led, que es propiedad de la víctima del hecho investigado, cometido el sábado pasado en Roberto Arlt al 2.000.

En la vivienda también se incautaron distintas prendas de vestir como las que llevaba puestas el autor del delito.

Barroso cuenta con fuertes antecedentes delictivos y se encontraba bajo la lupa de los investigadores al estar presuntamente vinculado a múltiples delitos contra la propiedad cometidos en esa zona de la ciudad.

Fuentes judiciales informaron que la víctima presentaba lesiones defensivas leves en las muñecas.

En este sentido, los voceros vinculados a la investigación señalaron que los peritos extrajeron muestras para los estudios toxicológicos, histopatológicos y complementarios de rigor.

La causa fue reasumida por el juez Guillermo Rongo, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 22 de la Ciudad de Buenos Aires, quien en las próximas horas le tomará declaración indagatoria a Renato Iván Tabella, de 28 años, acusado también por el femicidio de Daniela Villalba, ocurrido en la provincia de Córdoba.

Las primeras tareas investigativas fueron encabezadas por el fiscal Matías Di Lello, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 53.

El arresto de Itabella se concretó luego de un operativo conjunto entre la Policía de la Ciudad y la Policía de Córdoba. Personal de la Brigada 5 de la División Homicidios, en cumplimiento de la orden de allanamiento, detención y secuestro librada por el magistrado interviniente.

En este marco, se secuestraron dos celulares; dinero en efectivo; cuatro tarjetas con chips de telefonía celular, dos de ellos en el envoltorio sin abrir y dos abiertos; documentación personal y prendas varias de vestir.

El hombre también es señalado por el crimen de Daniela Villalba en la provincia de Córdoba. Su cuerpo fue hallado hace menos de una semana en una vivienda ubicada sobre el bulevar Las Heras al 200, frente al Parque Las Heras. Según las primeras informaciones, presentaba heridas en el cuello y cortes en los brazos, y estaba acostada en una cama, cubierta con sábanas.

La investigación inició el pasado martes 20 de octubre, cuando recolectores de residuos encontraron una valija con manchas de sangre y una peluca en un contenedor ubicado en la esquina de La Rioja y Sucre. En el equipaje había un nombre que coincidía con el de una mujer cuya desaparición había sido denunciada por una amiga.

Fuentes del caso le confirmaron a este medio que ambas víctimas serían supuestas trabajadoras sexuales y que detrás de ambas muertes está Tavella, por lo que el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Giménez, y su par de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, brindan hoy una conferencia de prensa.

El hallazgo del cuerpo de Fernández ocurrió este domingo a las 8.40 cuando una amiga, preocupada porque no respondía los mensajes, llamó a un cerrajero para ingresar al lugar, ya que estaba cerrado con llave y allí la encontró muerta.

El hecho se produjo en un domicilio situado en la calle Libertad al 1.200, frente al edificio de la SIDE, donde se encontró a la joven sin vida, al costado de la cama y tapada con una sábana.

Según los primeros datos, la mujer había acordado una cita la noche anterior con un hombre identificado como Iván, a quien conoció a través de una aplicación. (con información de NA)

La captura se llevó a cabo en la vía pública, sobre las 20, luego de tareas encubiertas de vigilancia.

Según se informó desde las fuerzas de seguridad, en este marco fue detenido Mariano Puccinelli, de 40 años, quien a fin de agosto había ingresado ilegalmente a una vivienda ubicada en inmediaciones de Villa Talleres II, donde había robado distintos elementos entre los que se encontraba la tarjeta de crédito.

Posteriormente, el delincuente hizo compras con ella en locales del centro bahiense, por un monto aproximado de 2,5 millones de pesos.

De esta manera, Puccinelli pudo ser identificado y posteriormente detenido, a partir de una orden de allanamiento librada por el Juzgado de Garantías Nº 2 a requerimiento de la UFIJ Nº 7, a cargo de la doctora Marina Lara. 

Este hombre  es sospechado de varios hechos ocurridos bajo el mismo modus operandi.

La conductora del Citroën C4 Cactus, identificada como Antonela Galesio, de 31 años, resultó herida luego de que el vehículo que conducía impactara desde atrás contra una camioneta Fiat Toro, al mando de Luciano Baraldi, de 47 años.

La mujer fue asistida y trasladada al Hospital Municipal, donde ingresó con politraumatismos varios aunque, según el informe oficial, sus lesiones no revestían riesgo de vida.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de Tránsito, Defensa Civil y una ambulancia del servicio de emergencias. 

Interviene la UFIJ N° 1 del DJBB, bajo la carátula de lesiones culposas.

Según la investigación, el imputado sometió sexualmente a una de las niñas entre el 12 de octubre de 2011 y noviembre de 2019 en el interior de un automóvil, en dos viviendas de aquella ciudad y en un hotel alojamiento de Bahía Blanca, cuando la víctima tenía entre 8 y 16 años.

Asimismo, la pesquisa determinó que el condenado perpetró reiterados y diversos actos abusivos en perjuicio de la hermana de la niña -quien tenía entre 13 y 23 años-, en hechos que se repitieron hasta 2020 en dos inmuebles y un hotel de la ciudad rosaleña.

Del mismo modo, la Justicia lo encontró responsable de exhibirle material pornográfico a una de las víctimas con el propósito de generarle conocimientos sexuales prematuros y acelerar su desarrollo psicosexual.

Al analizar la extensión del pedido de pena, se computó la diferencia de edad entre las víctimas y el imputado, fundamentando que existió un aprovechamiento de su superioridad física y se remarcó la interseccionalidad de la vulnerabilidad de las víctimas por su condición de mujeres y menores de edad.

Entre los parámetros valorados para medir la extensión del daño causado se computó el prolongado período en que se extendieron los abusos -unos 9 años- y la diversidad de ámbitos donde fueron ejecutados, entre los que se incluyeron albergues transitorios, domicilios particulares y el propio automóvil del encausado.

El hombre fue condenado como autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual gravemente ultrajante agravado por haber sido cometido con aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente con una menor de 18 años y corrupción de menores, todos en concurso real de delitos.

Las jornadas, que tendrán lugar jueves y viernes próximos en Sierra de la Ventana, serán abiertas con una disertación del presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, doctor Sergio Gabriel Torres, quien además encabezará distintas actividades en Bahía y la región desde mañana. 

A lo largo de los dos días de debate, los jueces y funcionarios asistentes abordarán problemáticas actuales de alta sensibilidad comunitaria. 

Entre los ejes temáticos previstos se destacan:

- Inteligencia Artificial: se debatirá sobre su uso diario y aplicación en el acontecer cotidiano del Poder Judicial.

- Gestión y cercanía: desafíos para la Justicia de Paz contemporánea y las herramientas tecnológicas concretas aplicadas al fuero.

- Medios y redes: los nuevos desafíos en la comunicación, diagnósticos y posibles cursos de acción.

- Conflictos de familia y niñez: disertaciones enfocadas en la responsabilidad parental, cuidado de los hijos y el abordaje de las infancias, juventudes y género.

- Argumentación y procesos: Técnicas sobre cómo argumentar sentencias en casos complejos y análisis comparativos de reformas procesales civiles.

Para comprender la magnitud del encuentro es necesario destacar el rol que cumplen los juzgados de paz en el tejido social que son, por definición, de proximidad y cercanía inmediata con el ciudadano.

A diferencia de los grandes tribunales concentrados en las cabeceras departamentales, los juzgados de paz se ubican en cada uno de los municipios del interior provincial. 

Su función es resolver los conflictos cotidianos y urgentes de los vecinos en sus propios lugares de residencia, abarcando desde problemáticas familiares y de violencia doméstica hasta cuestiones de menor cuantía, faltas locales y certificaciones de trámites esenciales. 

De este modo, los jueces de paz se transforman en la cara visible y más accesible del Poder Judicial para las comunidades más pequeñas y alejadas de los grandes centros urbanos.

Conferencia sobre la ESMA

Como antesala a las jornadas en la comarca serrana, el doctor Torres realizará mañana una actividad académica abierta al público en Bahía Blanca. 

Bajo el título "ESMA, la investigación judicial", el cortesano dictará una conferencia y debate en el auditorio Héctor Furlong del Colegio de Abogados de Bahía Blanca, Sarmiento 54, primer piso.

La actividad presencial es libre y gratuita, pero bajo inscripción a través de iej.scba.gov.ar o cabb.org.ar.

Torres, como juez federal, fue quien condujo la investigación de la emblemática megacausa de la Escuela de Mecánica de la Armada (que se inició en 2003 y se prolongó por 16 años), por crímenes de lesa humanidad cometidos en ese centro clandestino -por el cual pasaron más de 5 mil víctimas del terrorismo de Estado- durante la última dictadura cívico-militar, entre 1976 y 1983.

El caso terminó con decenas de condenas, varias a prisión perpetua, por lo que se consideró parte de un planificado y sistemático genocidio que incluyó los llamados "vuelos de la muerte", un macabro método de exterminio que consistía en arrojar a personas vivas al Río de la Plata desde un avión.

Previo a la conferencia del martes, ese mismo día el presidente de la Corte tiene previsto visitar los juzgados de paz de Villarino y Carmen de Patagones, mientras que el miércoles hará lo propio con el de Tornquist y algunas recorridas por organismos de nuestra ciudad.