El fallo, que había sido dictado por el juez de Ejecución Penal Claudio Brun, fue confirmado en los últimos días por la Sala I de la Cámara Penal de Bahía Blanca. 

Esto quiere decir que Germán Ezequiel Ocampo, de 34 años, deberá continuar detenido en la cárcel de Saavedra. Está en esa condición desde el 6 de marzo del año pasado y la pena se le vence el 5 de marzo de 2027.

La acción delictiva de Ocampo se hizo viral a partir de la denuncia que hizo, mediante las redes sociales, la hija de su expareja (la víctima tenía 45 años en ese momento), que fue blanco del brutal suceso.

Luego de la difusión del caso a través de las distintas plataformas y los medios de comunicación, el caso llegó a la fiscalía y la Justicia ordenó un allanamiento en la casa de Ocampo, en Roca al 700, donde finalmente fue detenido y se secuestraron elementos de prueba. 

Además de los golpes que sufrió la mujer, que le provocaron traumatismos en el rostro y la rotura parcial de algunos dientes, se constató que fue blanco de una amenaza de muerte con una cuchilla que fue secuestrada durante el operativo.

La defensa de Ocampo apeló el rechazo de Brun a otorgarle la libertad condicional, al argumentar que la decisión "vulneraba los principios de legalidad, reserva y derecho penal de acto, al entender que la decisión se sustentó en valoraciones sobre su personalidad, y no en datos objetivos de su conducta".

Alegó arbitrariedad en la valoración de los informes técnicos y remarcó que el requisito temporal para el beneficio estaba cumplido y que, dada la corta duración de la pena, la permanencia en regimen cerrado de prisión "podría resultar contraproducente para su resocialización". 

Los camaristas Gustavo Barbieri y Christian Yesari rechazaron esos argumentos y decidieron que Ocampo continuara preso.

Opinión desfavorable

La Cámara sostuvo que para aplicar la libertad condicional se impone, entre otros requisitos, que el interno posea la opinión favorable de los equipos interdisciplinarios que intervienen en la evaluación y tratamiento de la ejecución de la pena.

Los jueces remarcaron que, más allá de que dichos informes "no son vinculantes", el juez puede apartarse o no de esas conclusiones.

Los peritos concluyeron que Ocampo refirió "haber mantenido una relación de pareja caracterizada por dinámicas de alta conflictividad", lo cual lo define como "una relación tóxica", con peleas que se resolvían mediante "episodios de violencia física y verbal".

"Manifiesta que dicha modalidad vincular se encuentra fuertemente arraigada en su historia y en su forma de concebir la
masculinidad, la cual reconoce haber construido a partir de patrones culturales tradicionales y mandatos asociados a la masculinidad hegemónica", agregaron.

Los mismos analistas observaron que presenta "dificultades en la regulación de impulsos y en la expresión simbólica de los afectos", con un modo de afrontar los conflictos centrado en "el control y la imposición".

En el contexto intramuros aclararon que mantiene una conducta adaptada y respetuosa de las normas, con predisposición a participar en las actividades tratamentales.

"Sin embargo, los procesos de elaboración subjetiva respecto de la violencia ejercida se encuentran en una etapa inicial, requiriendo intervenciones continúas orientadas a la responsabilización y al desarrollo de recursos de autocontrol y empatía", afirmaron los peritos. 

En ese sentido, sugirieron la inclusión del condenado en "dispositivos psicoterapéuticos individuales y grupales con eje en la revisión de los modelos de masculinidad, la gestión emocional y la deconstrucción de patrones de poder", así como en programas específicos de "abordaje de la violencia de género".

En definitiva, los jueces observaron reparos de orden psicológico en algunos aspectos de su personalidad y decidieron no otorgarle la libertad.

Antecedente condenatorio

Lesiones. Además de la agresión a su expareja, Germán Ezequiel Ocampo cuenta con otra sentencia condenatoria, por lesiones leves agravadas cometidas en abril de 2021 y por las cuales recibió pena de prisión en suspenso de parte del Juzgado en lo Correccional Nº 2.

Unificación. Con la última condena del Juzagado en lo Correccional Nº 4 -por los delitos de lesiones agravadas, amenazas agravadas y privación ilegítima de la libertad-, se le unificaron las penas y le quedó una sanción a dos años de prisión de cumplimiento efectivo, que actualmente purga en la Unidad Penal Nº 19 de Saavedra.

Firmeza. La sentencia unificada adquirió firmeza el 18 de junio del año pasado, con lo cual el hombre quedó a disposición de uno de los Juzgados de Ejecución Penal de nuestra ciudad.

Perfil. Ocampo tiene 34 años y su último domicilio figura en la calle Roca al 700 de nuestra ciudad. Según el expediente judicial, se dedica a la reparación de equipos de refrigeración.

El fallo, resuelto en un debate abreviado por el juez del Tribunal en lo Criminal Nº 1, Hugo Adrián De Rosa, recayó en Gonzalo Gabriel Pereyra (23), quien fue hallado culpable de robo agravado de vehículo dejado en la vía pública.

A fines de 2022 el sujeto había sido sentenciado en otra causa, por lo que el magistrado determinó una pena única de cuatro años.

Quedó probado que el pasado 4 de abril, alrededor de las 22, Pereyra sustrajo un vehículo marca Zanella 110cc. que se encontraba estacionado en Moreno y Vieytes.

Para llevar adelante el robo “ejerció fuerza sobre la pechera del rodado y dañó los puntos de anclaje para acceder a los cables de arranque, los que finalmente peló para darle arranque”.

También violentó la traba del asiento y arrancó el guardabarros trasero y la patente.

El operativo que derivó en el arresto del sospechoso fue llevado adelante por efectivos de la Policía Local, quienes fueron advertidos por un operador del CeUM acerca de la presencia de una persona que estaba manipulando una moto estacionada en el sector del Instituto Avanza.

Señalaron que el sujeto se retiró llevando el vehículo a tiro y por calle Vieytes en sentido ascendente.

Mencionaron que posteriormente logró ponerla en marcha y los operadores fueron informando a los policías el camino realizado por el sospechoso hasta una vivienda de Río Atuel al 500, donde intentó ocultarse.

Los efectivos ingresaron al domicilio y redujeron al imputado en el patio, donde intentó resistirse al operativo y arrojó golpes a los uniformados.

“Adquieren especial relevancia las imágenes captadas por las cámaras del CEUM, de cuyo análisis surge que el imputado fue observado recorriendo la zona, manipulando puertas de vehículos estacionados y posteriormente apoderándose de la motocicleta sustraída, la cual primero llevó a tiro y luego logró poner en marcha para darse a la fuga”, señaló el juez en el fallo.

En la causa también declararon los policías que llevaron adelante el arresto y el dueño del rodado sustraído.

A fines de febrero, el Congreso de la Nación convirtió en ley el proyecto de Régimen Penal Juvenil que baja la edad de punibilidad de los 16 años a los 14. 

El nuevo sistema, según la norma, prevé su puesta en marcha a los 180 días de la publicación en el Boletín Oficial, que se concretó el 9 de marzo.

Quiere decir que deberá comenzar el sábado 5 de septiembre.

A poco más de 100 días de esa fecha, en Bahía la situación es de notable incertidumbre.

La jueza del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil bahiense, Natalia Giombi, sostuvo que desde la promulgación de la Ley 27.801 no recibieron precisiones de cómo ponerla en práctica. 

“Lo que pudimos tener son debates entre los operadores del fuero, a partir de dichas conversaciones con pares o la publicación de libros comentados sobre la ley”.

Baja en la edad de punibilidad: ¿Bahía está lista para una reforma?

Agregó que “tampoco se gestionaron o articularon a nivel nacional comisiones  de trabajo desde los demás poderes del Estado que tienen que ver con la implementación”.

Giombi describió que la puesta en marcha de la normativa implica la creación de determinadas estructuras  y órganos que dependen del poder ejecutivo”.

“Sabemos que en muchas provincias no cuentan con jueces, fiscales y defensores especializados o con todos los órganos requeridos para su implementación”.

“Se necesitan recursos humanos. El artículo 23 establece la figura del supervisor, que es el encargado de seguimiento, asistencia y control del imputado, por lo que se requiere de una persona que tenga conocimientos y formación académica en pedagogía infanto-juvenil, psicología, etc.

Por ahora no se sabe cómo las provincias van a instrumentar ese órgano”, continuó.

La jueza destacó también que “la ley está redactada sin considerar la perspectiva de género. Menos aún se cuenta con la infraestructura adecuada para esa situación”.

Mencionó que “desde el poder judicial, y quienes vamos a tener que aplicarla desde septiembre, en principio, no conocemos quién es la autoridad de aplicación de este régimen, tal como se establece en el artículo 50. No sabemos quién es el encargado del control de la implementación de la normativa”.

Agregó que la nueva ley va a determinar indefectiblemente un número considerablemente mayor de causas.

“No solo se baja la edad de punibilidad, sino que también se amplía el espectro de delitos por los cuales los adolescentes pueden resultar inmersos en un proceso penal. Cuando entre en vigencia, los menores de 14 años van a poder ser penados por cualquier hecho. En la actualidad, por ejemplo, un joven de 16 años que cometió un hurto o lesiones en una pelea no es punible por el tipo de delito. Esto va a cambiar”.

​​​"No va a generar nada"

Para Agustín Saulnier, defensor público ante el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, si bien la fecha de inicio de la ley de punibilidad a los 14 años está prevista para poco más de 3 meses, desde una mirada perspectiva “estamos lejísimos”.

“Se va a necesitar más recurso humano. Y ni hablar la fiscalía y los juzgados de Garantías del Joven, que tienen más cúmulo de trabajo. Por el momento no tuvimos novedad en ese sentido, ni en partidas presupuestarias especiales ni capacitaciones, que cada uno las está haciendo por su cuenta”, sostuvo.

Saulnier coincidió con Giombi en que “el impacto va a ser fuerte” porque se va a duplicar la cantidad de causas y no solo por la ampliación de la brecha.

Además de la baja de la edad de punibilidad, con lo cual se duplica el grupo etario -hoy es de 16 y 17 años y en septiembre se incluirán los de 14 y 15- se aumenta la cantidad de delitos por los cuales los menores pueden ser pasibles de pena.

En la actualidad, los delitos con penas de menos de dos años de prisión no son penalizados, pero con la normativa votada, sí.

“Desde septiembre será materia de imputación penal para menores las lesiones, amenazas, resistencia a la autoridad, violación de domicilio y daño, por ejemplo. Son muchos delitos que se pueden dar comúnmente en la adolescencia, como las peleas en las escuelas secundarias. Todo eso, que hoy estaba afuera del sistema penal, se incorpora”, expresó.

Para el defensor existe riesgo de sobrepoblación en los apenas tres calabozos (con 6 plazas) con que cuenta el Centro de Recepción ubicado atrás del ex Instituto Valentín Vergara, donde se alojan a jóvenes en sus primeros días de detención, antes de resolver una eventual prisión preventiva.

“Durante mucho tiempo del año ese espacio no tiene chicos de Bahía sino de otras ciudades del interior o del conurbano”, aclaró.
Y también opinó que la medida de baja en la edad, pese al impacto mediático que tuvo, “no va a generar nada” en términos de seguridad urbana.

“Más allá de las ideologías, empíricamente no dio resultado en ningún lugar del mundo. Hay que discutir políticas públicas de inclusión, porque tenemos la mitad de adolescentes por debajo de la línea de la pobreza”, sentenció.

El abogado defensor consideró que la nueva ley seguramente “va a generar muchas más privaciones de la libertad de menores; eso se va a incrementar absolutamente, porque tiene una tendencia 'adultocéntrica'”, declaró.

Por último, dijo que en abril entró en vigencia la Ley de Ejecución Penal Juvenil que, de alguna manera, va a contramano de esta normativa.

“Se trata de una ley que reglamenta todo lo relacionado con la ejecución de la pena y medidas cautelares, muy acorde con los Derechos del Niño y distinta a la de septiembre, que tiende a la criminalización. Por esta ley que se puso en marcha en abril, recién este mes se está comenzando a capacitar en los institutos", cerró.

"Celebro la reforma"

La fiscal Betina Úngaro, por su lado, expresó que tener una nueva ley "era una deuda que teníamos" porque vienen trabajando con un decreto de la época de la Dictadura que, en la práctica, "está derogado en uno 80%".

"Era necesario desde ese punto de vista. Aunque hay distintas miradas políticas de esto, la ley abarcar mucho más que la edad de punibilidad. Y yo, pese a que eleva muchísimo el trabajo, prefiero tener una herramienta para actuar cuando cometen delitos graves los jóvenes de entre 14 y 16 años. Cuando esté vigente la ley, puedo pedir la detención, la prisión preventiva, penas. Hasta ahora no teníamos herramientas", dijo.

El Ministerio Público Fiscal en el fuero de Menores seguramente será el órganismo con más cúmulo de trabajo a partir de septiembre. 

"La diferencia es importante porque vamos a intervenir con jóvenes de 14 a 18 años y con todos los delitos. Hasta ahora hay un montón de delitos que comete un menor que quedan afuera del proceso penal, pero con la nueva ley cambiará. Y nosotros somos la puerta de entrada en el fuero y tenemos que intervenir en todo, analizar cada caso. La cantidad de personas aprehendidas va a ser mucho mayor y también la Policía tendrá más trabajo", sostuvo Úngaro.

Por otra parte, el tratamiento es multidisciplinario: "A diferencia de lo que pasa en adultos, nosotros hacemos un montón de estudios en cuanto a la personalidad del joven, porque el fin es que se conduzca en la vida de manera constructiva. Pericias psicológicas, informes socioambientales, con centros de referencia y con el Servicio Local".

Sí reconoció que en estos meses tanto Nación como Provincia deberán articular para definir, por ejemplo, lugares de eventual detención de menores, ya que en ese sentido Bahía tiene cupos muy limitados. 

"Que la gente no crea que un joven de 14 años que roba una bicicleta va a quedar preso, existen alternativas previas, pero un joven que la vuelve a robar una y otra vez sí puede ser pasible de detención", cerró la fiscal.

De acuerdo con un informe presentado desde el área de Seguridad de la comuna, estos resultados representan un claro logro para la política de seguridad rural que se viene implementando desde hace algunos años, lo que se traduce en una caída de los casos de robo de animales.

Según los números oficiales, durante 2023 se habían registrado 28 animales sustraídos, número que descendió a 14 en 2024 y a 6 en 2025. En los primeros cinco meses de 2026, apenas se contabilizaron dos animales robados.

"Esta evolución implica una caída de 26 animales respecto del año base 2023, lo que se traduce en una disminución del 92,8%. Estos números reflejan el impacto positivo de las políticas de prevención, control territorial e investigación que la comuna de Villarino ha llevado adelante de manera articulada con la Policía Rural y la Fiscalía de Delitos Rurales", se explicó desde la comuna.

El informe también señala que, en un contexto económico nacional con dificultades estructurales, presión inflacionaria y aumento de los costos de producción, la baja del abigeato ha generado un ahorro económico estimado en 52.000.000 de pesos, considerando un valor promedio de $ 2.000.000 por animal.

"Este recurso permanece en manos de los productores locales, evitando pérdidas que en otros momentos afectaban gravemente la estabilidad del sector ganadero", se aclaró.

Desde la comuna se indicó que, además del impacto económico, la reducción del delito rural contribuyó a fortalecer la previsibilidad de la producción, a disminuir la incertidumbre entre los productores y a consolidar un entorno más seguro para el desarrollo de las tareas agropecuarias en Villarino.

"Estos resultados no responden a factores aislados o circunstanciales, sino a una estrategia planificada y sostenida en el tiempo, que incluyó avances judiciales relevantes, como condenas firmes contra personas históricamente vinculadas con hechos de abigeato en la zona de Villarino, lo que permitió debilitar estructuras delictivas consolidadas", se recordó.

En ese sentido, se destacó que estos resultados permiten mayor estabilidad para producir, más tranquilidad para trabajar en el campo y protección para las familias rurales.

"Estos resultados no responden a factores casuales o aislados, sino a un esquema planificado de persecución penal e investigación que ha dado frutos concretos también en el ámbito judicial —se explicó desde la comuna—. En paralelo al despliegue en el terreno, el trabajo conjunto con los órganos de justicia permitió alcanzar avances significativos en las causas vinculadas al delito rural, logrando dictar condenas firmes contra individuos históricamente asociados a estos ilícitos en la zona".

Así, se agregó, al desarticular y debilitar estas estructuras delictivas consolidadas, no solo se interrumpió el circuito del abigeato a corto plazo, sino que se sentaron las bases para un fortalecimiento concreto, profundo y duradero de la seguridad y la producción agropecuaria en todo el distrito.

El imputado es Nicolás Pinilla (35), a quien la Justicia investiga porque aparentemente integraba una banda que comercializaba estupefacientes en Bahía Blanca e Ingeniero White o, al menos, haber brindado protección a los narcotraficantes.

Al momento de su detención junto con otros sospechosos, en octubre del año pasado, el procesado prestaba servicio en la comisaría Quinta del barrio Noroeste.

Ahora la Cámara Federal de Casación Penal deberá resolver la situación procesal del efectivo policial, ya que su defensor interpuso recurso casatorio contra la confirmación del procesamiento de Pinilla y el rechazo, por parte del tribunal revisor bahiense, del planteo de nulidad presentado por la defensa.

El abogado Martiniano Greco, quien defiende a Pinilla, pidió anular las actuaciones iniciales hechas en la investigación basándose principalmente en la doctrina del "fruto del árbol venenoso".

Este principio jurídico considera nula cualquier prueba recabada ilegalmente o que viole derechos fundamentales, como también otra evidencia que derive de una probanza con origen defectuoso. 

En Derecho, la prueba original es el "árbol" y los hallazgos posteriores son sus "frutos".

La causa se inició el 4 de junio de 2024, tras la recepción en la Fiscalía Federal Nº 1 de un “sobre cerrado con tres hojas manuscritas” que, según la Sala II de la Cámara Federal bahiense, estaban “firmadas por una persona que se identificó como Hugo González”.

La nota se envió al juez federal Nº 1, Walter López da Silva, que ordenó la formación de una causa por separado y delegó la investigación en el Ministerio Público Fiscal.

El fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez dispuso tareas investigativas de campo, inteligencia, seguimientos y tomas fotográficas, entre otras, que “la propia Cámara menciona como parte del desarrollo de la pesquisa”.

De acuerdo con la impugnación del abogado Greco, recién en octubre de aquel año se remitió a la fiscalía una “declaración prestada en otra causa por un testigo de identidad reservada, a la que la sentencia luego atribuye carácter de ‘fuente independiente’”.

Para la defensa, la denuncia inicial es “inválida porque, al desconocerse por completo la identidad del denunciante, se habría afectado el derecho de defensa y el debido proceso”.

Esta situación “impedía verificar eventuales prohibiciones para denunciar, explorar posibles vínculos, intereses espurios o conflictos con Pinilla, y realizar cualquier control sobre la fiabilidad, credibilidad o motivaciones del anoticiador, frustrándose incluso la posibilidad futura de interrogarlo o impugnar sus dichos”.

El letrado argumentó que “el manuscrito (entregado por el denunciante) fue el puntapié causal de la investigación, habilitando medidas intensamente intrusivas (intervención telefónica y allanamientos) que afectaron la intimidad de su asistido, sin que el origen satisficiera los requisitos legales mínimos de autenticidad”.

Asimismo requirió que se anulen los allanamientos como consecuencia de la “falta de competencia y potestad” del fiscal Martínez y del auxiliar fiscal Justo Sebastián, para intervenir en el caso.

Es que los representantes del Ministerio Público Fiscal de la Nación “dispusieron las órdenes de secuestros”, a pesar de que para ese entonces López da Silva ya había “reasumido la instrucción” de la causa al ordenar los allanamientos, según el análisis de Greco.

La defensa reclamó también la exclusión de toda la prueba derivada y la nulidad parcial de los secuestros “cuestionados por ausencia de control jurisdiccional previo suficiente”.

Además pretende, una vez excluido el material “viciado y sus derivaciones”, el sobreseimiento total y definitivo de Pinilla o, paralelamente, la falta de mérito o el reenvío de la causa al juzgado de origen para un nuevo pronunciamiento “ajustado a derecho”.

Ahora, la Cámara Federal de Casación Penal deberá expedirse respecto de los planteos del defensor particular Greco.

El efectivo policial Pinilla permanece detenido en la delegación local de la Policía Federal Argentina, ubicada en Rondeau 139.

La Cámara de Apelaciones bahiense ratificó además los procesamientos dictados por López da Silva en relación con Juan David Morales, Carlos Alberto Della Rina y Pablo Daniel Leiva, quienes al parecer formaron parte de la agrupación narcocriminal.

Al menos en un principio también estaban siendo investigados, por infracción a la ley de drogas, Morena Della Rina, Luis Alberto Arcuri y Edgardo Alberto Velazco.

A la supuesta asociación ilícita le imputaban la venta de cocaína y marihuana.

En torno de la investigación, el 8 de octubre de 2025 Prefectura Naval allanó siete inmuebles en Bahía y White, donde secuestró droga, armas, dinero y dispositivos electrónicos, así como detuvo a Pinilla y a cuatro civiles.

Uno de los allanamientos se hizo en la seccional Quinta, en Don Bosco al 1800, y otro en el domicilio particular del uniformado, en Balboa al 2500, como también los prefectos registraron una propiedad en Sargento Cabral y Guillermo Torres, de White.

En el marco de la pesquisa también se autorizaron intervenciones telefónicas.

El expediente principal tiene 13 cuerpos y más de 2.400 fojas.

Los investigadores pudieron determinar que Héctor Omar Díaz Otazu, de 74 años, era incapaz de valerse por sí mismo, compartía el domicilio con el acusado y fue encontrado sin vida el miércoles pasado, con signos de desnutrición crónica.

El hombre, de acuerdo a la autopsia, habría fallecido en el período comprendido entre el 1 y el 12 de este mes, como consecuencia de un fallo multiorgánico de causa probable por tromboembolia pulmonar.

En el acto previsto en el artículo 308 del Código Procesal Penal bonaerense, a Díaz Otazu hijo se le hicieron conocer los hechos que se le imputan, decidió no prestar declaración y quedó acusado del delito de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo.

La causa está a cargo de la UFIJ N° 5 y se informó que, al menos hasta esta tarde, el acusado se mantenía en calidad de aprehendido.

El fallo fue impuesto por el Tribunal en lo Criminal N° 3 y recayó en un sujeto -no se lo identifica para preservar a la menor- que fue hallado culpable del delito de abuso sexual con acceso carnal reiterado.

Según la investigación el procesado sometió a la pequeña entre 2018 y febrero de 2022, comenzando los ultrajes cuando la víctima tenía 8 años.

El acusado aprovechó la circunstancia de convivir con la niña en la zona de Villa Harding Green y la sometía cuando quedaba a su cuidado.

"Amenazaba a la víctima con matar a su madre si contaba lo sucedido, infundiendo temor en la menor, obligándola así a que no cuente nada, propiciando el silencio y con eso su impunidad", señalaron fuentes judiciales.

Trascendió que luego de tres años de sufrir los ataques la víctima pudo contarle lo ocurrido a su madre, quien denunció los abusos ante la justicia.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguna víctima, llamá al 144: es gratis y atiende las 24 horas.

Luis D'Amico y Alberto D'Amico sufrieron lesiones que, en principio, no revestirían gravedad, aunque se dispuso el inmediato traslado de ambos en ambulancia al hospital local, para recibir atención médica.

El incidente vial se registró en horas de la mañana de hoy, cuando el utilitario en el que viajaban los dos ocupantes chocó contra el lateral de un camión en el acceso de la ruta 51 y Boulevard 40.

El rodado menor circulaba por el citado boulevard, mientras que el camión viajaba en sentido Pringles-Bahía Blanca. El conductor del rodado mayor, no identificado, resultó ileso.

En el lugar trabajaron personal policial, de la Guardia Urbana Municipal y bomberos voluntarios (agencia Coronel Pringles).

El menor, que hace dos semanas ingresó en el Municipal al borde de la muerte, ya no está conectado a un respirador artificial aunque tiene problemas para conciliar el sueño.

Los médicos del joven evalúan su respuesta neurológica, pero los resultados pueden demorar un tiempo porque el paciente "no está durmiendo bien", según se informó desde el Hospital Interzonal General de Agudos "Doctor Leónidas Lucero".

"Permanece despierto la mayor parte del tiempo y sólo dice algunas palabras", agregó la fuente consultada.

Por ahora no está previsto que se le practique una segunda intervención quirúrgica al adolescente.

El hecho se produjo el jueves 7 de este mes, en Patricios al 2100, en medio de circunstancias al parecer vinculadas con la droga.

Desde allí la madre del herido de bala trasladó a su hijo al centro asistencial comunal.

La Policía estableció que el violento incidente había ocurrido en un inmueble del sector mencionado y, cuando los agentes de seguridad llegaron al lugar, fueron recibidos con disparos.

Luego de una persuasión verbal, los policías pudieron acceder a la propiedad donde aprehendieron a cuatro menores de entre 15 y 17 años de edad.

También secuestraron dos armas de fuego y cocaína y marihuana fraccionada.

Posteriormente los aprehendidos fueron liberados y desvinculados del ataque contra el chico de 14 años, pero siguen ligados a una investigación por intentar repeler a balazos la actuación policial, además de tener estupefacientes en su poder.

El fiscal Diego Torres, titular de la UFIJ Nº 4, solicitó la pena de 8 años de prisión para el acusado, mientras que la abogada representante de la víctima, Viviana Lozano, pidió que le impongan 15 años de prisión.

En el marco de los alegatos, la defensa de Umaño, a su turno, solicitó su absolución.

Según la causa, entre 2019 y 2021, Umaño aprovechó diversas situaciones dentro de la dependencia ubicada en Castelli al 400 para abrazar, tocar y besar a la mujer en contra de su voluntad.

Todas estas situaciones abusivas se repetían de manera cotidiana durante la jornada laboral, aprovechando el hombre su superioridad jerárquica.

Umaño llegó a juicio acusado de abuso sexual simple reiterado, agravado por haber sido cometido por personal de las fuerzas de seguridad en ejercicio de sus funciones.

El fallo del Tribunal Oral Criminal Nº 1 se conocerá el próximo miércoles, en horas del mediodía.

Se trata de Juan Pablo Rama Reyes, quien fue capturado en el marco de un allanamiento llevado a cabo por personal de la Estación de Policía de Seguridad Comunal del balneario.

Según se indicó, esta persona posee múltiples antecedentes por infracción a la Ley de Violencia de Género, cometidos entre 2021 y 2026 en forma consecutiva, con intervención de distintos juzgados y fiscalías.

En ese sentido, se explicó que en los sistemas policiales figuran 13 pedidos activos (alertas) que tenían la finalidad de notificarlo sobre perímetros de restricción, dar con su paradero, e incluso una captura por desobediencia, medidas de las cuales tenía conocimiento pero que no fue legalmente notificado.

A raíz de la detención, Rama Reyes será alojado en una dependencia fuera de la ciudad de Monte Hermoso hasta tanto se resuelva su situación procesal o sea remitido a una unidad penal dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense.

La investigación se tramita en la Unidad Fiscal Santa Fe y está vinculada a una presunta sustracción, retención y ocultamiento de la menor, luego de una denuncia presentada por el padre de la niña en la capital santafesina.

Cómo la hipótesis judicial indica, Fiorella Abigail Salteño habría trasladado a su hija fuera del país sin autorización paterna y sin registros migratorios oficiales, al menos desde el 23 de agosto de 2023.

La pesquisa incorporó análisis de redes sociales, declaraciones testimoniales y pedidos de información a organismos nacionales e internacionales para intentar reconstruir el recorrido de la menor.

La causa tomó dimensión internacional luego de que se detectaran accesos y registros vinculados a distintos países de la región, entre ellos Venezuela, Colombia, Brasil, Ecuador y Bolivia.

Los investigadores sospechan especialmente que la niña podría encontrarse en Venezuela por presuntos vínculos familiares de la pareja de la madre, Pedro Luis Sáez Castillo, con la ciudad de Barinas.

En ese marco, Interpol emitió una notificación amarilla para la localización de Mía Guadalupe Salteño Altamirano, medida que se implementa cuando se trata de personas desaparecidas, especialmente menores de edad, y se activaron mecanismos de cooperación internacional con autoridades venezolanas y brasileñas.

La fiscalía pidió que cualquier persona que tenga información sobre el paradero de la niña se comunique con las autoridades competentes o con la Unidad Fiscal Santa Fe al WhatsApp +54 9 3416 38-5788 o al correo electrónico atencioninicial-sfe@mpf.gov.ar. (con información de NA)

El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada en calle Reconquista al 1250, donde tras la denuncia de una vecina fue aprehendida Fernanda Romina Medici, propietaria del domicilio, acusada de ofrecer a la venta en redes sociales elementos que habían sido sustraídos días atrás.

La víctima circulaba por el sector conocido como “El Guanaco”, en la intersección de Ruta 3 y Reconquista, cuando dos hombres se colgaron de su camioneta en movimiento y le robaron un bolso con elementos de pesca.

Mediante tareas investigativas y el monitoreo de redes sociales, la policía detectó la publicación de los elementos robados, lo que permitió avanzar con el allanamiento.

Se recuperó un bolso con cuatro reels de pesca -Colony Strong Blue 6000, Qunhai ST 7000, Okuma Ignite y Marine Sports Elite 6000- y una caja de pesca color negra.

Se sospecha que los autores materiales del robo serían familiares de la mujer aprehendida.

Interviene la UFIJ N° 7 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

Según se indicó, fue hallado en Francia al 300.

El 22 de abril, personal de la comisaría Quinta, en Charlone y Pacífico, interceptó una moto ocupada por Diego Armando Bertolini (36) y Néstor Gabriel Ramos (25), quienes aparentemente intentaron fugar pero luego de una breve persecución se los redujo.

En su poder encontraron algunos gramos de marihuana y cocaína y tres celulares.

La investigación avanzó y se pudo determinar que ambos no serían ajenos al delito con infracción en la Ley 23.737.

Es por ese motivo que el Juzgado de Garantías N° 2 autorizó cuatro allanamientos, que realizó personal de la seccional del barrio Noroeste, en forma conjunta con la delegación de Drogas Ilícitas, Policía Local, Infantería, Caballería, GAD y personal de las restantes seis comisarías locales.

En el primero de los domicilios, ubicado en Ricchieri 500 del barrio Caracol, se arrestó a Bertolini y se secuestraron 10,4 gramos de cocaína, una balanza de precisión y telefonía celular.

El objetivo dos, en Patricios al 2.000, dio resultado negativo, mientras que en el tercer inmueble requisado, en Santa Cruz al 600, se detuvo a Ramos y se secuestraron más teléfonos, una balanza y dinero.

Finalmente, en Pampa Central al 300 hubo secuestro de otros elementos de interés para la causa, que tramita ante la UFIJ N° 19 del fiscal Mauricio Del Cero.

Así lo confirmaron desde una de las fiscalías que investigan el hecho, originado hace poco más de 10 días al parecer en un departamento del macrocentro.

Mediante entrevistas hechas por psicólogas a la damnificada, los investigadores intentan establecer qué sucedió en el lugar y si el relato de la niña coincide con la prueba recolectada hasta ahora.

Personal del servicio de emergencias 911 retiró del inmueble a la niña drogada, ante la presencia de cuatro hombres adultos y otras dos chicas que serían menores.

La causa está siendo investigada por la fiscal de delitos sexuales, Agustina Olguín, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 3 bahiense.

"Estamos tomando declaraciones testimoniales y requiriendo informes a los organismos que intervienen, como el Servicio Local y el Hospital Municipal", informaron desde el Ministerio Público Fiscal.

También intervienen agentes de la fiscalía especializada en materia de estupefacientes.

El médico pediatra que inicialmente examinó a la víctima en el centro médico de la comuna, radicó la denuncia correspondiente por la posible comisión de un delito.

La joven presentaba un cuadro de intoxicación por presunto consumo de cocaína, marihuana y bebidas alcohólicas, que le provocó convulsiones.

Paralelamente, hace una semana se encontraron restos de cocaína entre las pertenencias de un hermano de la niña, de 7 años de edad.

El juez de Garantías Nº 2, Guillermo Mércuri, dispuso la prohibición de acercamiento del padre a sus dos hijos menores durante los próximos cuatro meses.

Las autoridades tomaron conocimiento del caso ayer, alrededor de las 18, cuando se presentaron en Soler 671 y descubrieron el cuerpo de Héctor Omar Díaz Otazu.

Los voceros mencionaron que el inmueble se encontraba cerrado desde afuera con candado y que el cadáver presentaba un avanzado estado de descomposición. En el sitio también advirtieron suciedad y desorden.

A partir de averiguaciones y filmaciones de cámaras de seguridad los investigadores establecieron que el hijo de la víctima, identificado como Diego Díaz Otazu (43), solía frecuentar la casa.

Los testigos señalaron haberlo visto en los últimos días y que incluso le habría referido a otras personas que su padre estaba internado en el Hospital Penna.

El sujeto fue interceptado por la policía en la zona de avenida Cerri al 600 y, según trascendió, habría manifestado inicialmente que hacía varios meses que no veía a su padre, aunque después habría cambiado la versión y hasta mencionado que vivía en situación de calle. 

Al ser requisado, los efectivos hallaron en su poder una llave del candado que estaba colocado en la puerta de la vivienda y una tarjeta de cobro a nombre de su progenitor.

Por todo ello, se dispuso la aprehensión del individuo por los delitos de abandono de persona seguido de muerte y privación ilegal de la libertad, siendo puesto a disposición de la UFIJ Nº 5, a cargo del doctor Jorge Viego.

Según se informó oficialmente, el hecho ocurrió alrededor de la 1:30 en un complejo de departamentos ubicado en Fuerte Argentino al 500.

Allí, los adolescentes habrían ingresado al patio interno y provocado daños en el tambor de arranque de una motocicleta Honda XR250 Tornado con aparentes fines de robo.

El propietario del rodado advirtió la situación y logró sorprender a los sospechosos, quienes escaparon del lugar. Minutos después, ambos fueron interceptados por efectivos policiales.

Durante el procedimiento también se secuestró una bicicleta marca Alpina rodado 29, abandonada en el lugar, por lo que se iniciaron actuaciones para establecer su procedencia.

Los menores fueron trasladados al Destacamento Palihue y posteriormente entregados a sus progenitores. Intervienen en la causa la UFIJ N°3 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, el Juzgado de Garantías del Joven N°1 y la Defensoría del Joven N°2.

La causa fue caratulada como "robo en grado de tentativa y averiguación de procedencia".

Fuentes indicaron además que ambos adolescentes ya habían sido aprehendidos el pasado 13 de mayo, acusados de haber ingresado con fines de robo a un complejo de departamentos ubicado en Alberti al 700. Asimismo, señalaron que en lo que va del año sus domicilios fueron allanados en distintas investigaciones vinculadas a delitos contra la propiedad y sustracción de motocicletas y bicicletas.

El operativo se llevó a cabo en la tarde del miércoles en 25 de Mayo al 500 de la vecina localidad.

En ese lugar fue capturado Federico Winder, de 32 años, quien en la jornada del martes había sustraído la batería de un Fiat Spazio estacionado en Castelli al 300 y había sido filmado por la damnificada mientras llevaba a cabo el ilícito.

Intervienen la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 7 y el Juzgado de Garantías N° 1.

Los jueces del Tribunal en lo Criminal N° 2 lo hallaron culpable del homicidio simple de Máximo Jorge Boccio (75) y de las lesiones graves sufridas por Elsa Elena Benedetti (76).

La sanción determinada por los magistrados coincide con la reclamada por el fiscal Jorge Viego durante los alegatos del debate oral.

El hecho se produjo el 11 de octubre de 2024, en Mendoza al 1.200, cuando Arroyo llegó hasta el lugar en un auto rojo y golpeó al hombre causando su deceso.

Además, en las mismas circunstancias, el imputado agredió a Elsa Elena Benedetti, produciéndole lesiones graves como hematomas múltiples en el rostro y fractura del hueso maxilar.

Las tareas investigativas y pruebas recolectadas durante la instrucción -entre ellas las imágenes de cámaras de seguridad- lograron vincular a Arroyo -inquilino de un departamento propiedad de las víctimas- como el presunto autor del hecho.

El procesado fue detenido por la policía en cercanías del puesto Fitosanitario del kilómetro 711 de la ruta nacional 3, cuando intentaba escapar hacia Caleta Olivia a bordo de un transporte público.