Esta persona había sido vista por última vez en Inglaterra al 1.900, y fue encontrado hoy en buen estado de salud.

Según se indicó desde las fuerzas de seguridad, se encontraba en el barrio 5 de Abril, en el domicilio de amigos.

Por esta razón, fue finalizada su búsqueda.

El hecho ocurrió minutos antes de las 15.00, en un comercio ubicado en cercanías de la rotonda de la ruta nacional 3 y la avenida Colón.

En ese lugar fue aprehendido Hugo Zárate, de 20 años, quien previamente había escondido entre sus prendas dos salamines, un perfume de hombre, un fernet de primera marca y un trozo de queso port salut.

Esta mercadería sumaba $44.594,90.

Cuando cruzó la línea de caja sin abonar, fue interceptado por uno de los responsables de la firma.

En ese momento se pudo corroborar que Zárate poseía un dispositivo electrónico de monitoreo del Servicio Penitenciario Bonaerense colocado en su tobillo desde hacía menos de una semana.

“Debemos comenzar por señalar que el Supremo Tribunal de la Nación ha sostenido en reiteradas oportunidades que las leyes que han sido sancionadas de acuerdo a los mecanismos correspondientes, gozan de la presunción de legitimidad, que es lo que las hace operables. Sólo será procedente, eventualmente, su neutralización a través de una declaración de inconstitucionalidad, en un caso concreto”, explicaron los jueces en el fallo.

A su vez, remarcaron que “este Tribunal no minimiza la situación de los jóvenes que hoy se encuentran privados de la libertad en el marco de un proceso judicial en la Provincia de Buenos Aires, pero considera que ante una eventual situación que pudiera agravar sus condiciones de encierro, corresponderá al Juez a cuya disposición se encuentre el joven detenido, ordenar las medidas urgentes para remediar la situación y tomar las decisiones que crea conveniente dentro de las facultades y alternativas que tiene a su alcance”.

“Queda claro entonces que un Juez no puede suspender la aplicación de toda una ley, sancionada por el Congreso Nacional, a través de una medida cautelar -aún cuando lo haga de manera provisoria y por un plazo determinado-, sin lesionar gravemente el sistema republicano de gobierno”, apuntó el tribunal.

La magistrada Pascual había argumentado que la Provincia no tiene infraestructura ni recursos para absorber el ingreso de más adolescentes al sistema penal y advirtió que el encierro sin educación ni tratamiento no genera más seguridad.

En ese sentido, agregaron que “la resolución reseñada recibió los embates del apelante, quien básicamente sostuvo que la decisión de la Magistrada implica un avasallamiento de la labor propia de otro de los poderes del Estado, al suspender una ley que fue regularmente sancionada por el Congreso y promulgada por el poder Ejecutivo Nacional”.

A su vez, el Fiscal General Departamental afirmó que la suspensión general de la Ley 27.801 “fue dispuesta sobre la base de una hipótesis acerca de las consecuencias futuras que podría producir su implementación, sin que se hayan acreditado, con elementos objetivos y actuales, las circunstancias que permitirían tener por configurada una afectación concreta de derechos fundamentales”.

Y señaló: “Una cosa es ejercer el control judicial de constitucionalidad frente a una afectación concreta y otra sustancialmente diferente es disponer la suspensión general y preventiva de una ley nacional respecto de todas las personas comprendidas en su ámbito de aplicación, sobre la base de consecuencias que, al momento del dictado de la resolución, no aparecen suficientemente acreditadas”.

“Queda claro entonces que un Juez no puede suspender la aplicación de toda una ley, sancionada por el Congreso Nacional, a través de una medida cautelar -aún cuando lo haga de manera provisoria y por un plazo determinado-, sin lesionar gravemente el sistema republicano de gobierno”, apuntó el tribunal.

Los argumentos del fallo de la jueza Pascual

Luego de que entrara en vigencia, la jueza Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, decidió suspender por 60 días el nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires.

La medida cautelar se había dictado al hacer lugar a un hábeas corpus preventivo y colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, en representación de adolescentes privados de la libertad.

Al responder las críticas de su decisión, la magistrada aseguró: “Yo no romantizo a los chicos que salen con un arma, pero lo que creo que está pésimo es que hay como una sensación de que con esta ley le vamos a dar seguridad a la gente. Con esta ley no vamos a crear más seguridad”.

 La jueza Marta Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora.

Pascual aclaró que no está en desacuerdo con bajar la edad de imputabilidad, sino con aplicarla sin las condiciones necesarias. “Si no están los mecanismos para que se puedan dar todas estas medidas, esta ley no es más beneficiosa ni para la comunidad ni para los jóvenes”, destacó.

En los fundamentos del fallo, la magistrada cuestionó si la Provincia cuenta con “las condiciones edilicias, institucionales y profesionales indispensables para albergar a esta población bajo los estándares que exigen los derechos humanos de la niñez”.

Además, sostuvo que la reforma provocará “un aumento considerable en la cantidad de personas menores de edad detenidas”, tanto por los nuevos ingresos como por una mayor permanencia en los centros de detención, y advirtió que el hacinamiento “inevitablemente incrementa los niveles de inseguridad y violencia” dentro de los propios establecimientos. (con información de TN)

Cabe recordar que por el hecho, ocurrido el último 1 de agosto en San Martín y Plunkett, se encuentra detenido Joaquín Eleazar Larraburu.

"El fiscal (Jorge Viego), en su teoría del delito, lo imputó (a Larraburu) de homicidio simple con agravantes, pero nosotros analizamos el expediente y consideramos que estamos ante un homicidio calificado. La expectativa nuestra es la de prisión perpetua", indicó el doctor Norberto Filippini en declaraciones al programa Panorama de LU2.

También se refirió a las consideraciones de Marcelo Vega, padre de la víctima, quien dijo estar convencido de que hay más responsables en el hecho.

"Hay un grupo de cuatro personas que ya tenemos identificados con nombre y apellido, y otras en las que estamos en ese proceso. Estamos analizando el rol que tiene cada uno. Algunos pueden ser coautores, otros cómplices primarios o secundarios o instigadores. En la causa hay indicios vehementes para que esas personas también puedan ser traídas al proceso", consideró.

El letrado agregó que también están analizando la situación de los responsables del local comercial en el que previo al crimen estuvieron el acusado y la víctima.

"Hay que ver la responsabilidad de los dueños del bar. Ese lugar, donde se iniciaron los hechos, no estaba habilitado como tal. Tenía una habilitación de restaurante y, por lo tanto, no tenía las medidas de seguridad correspondiente a la función que desarrollaba. Por otro lado, consideramos que no fue diligente el actuar que tuvieron los responsables. Entendemos que hay responsabilidades administrativas y también penales".

Agregó que "cuando uno está a cargo de un lugar tiene el deber de diligencias. Estas personas pudieron haber realizado distintas acciones que no hicieron, como por ejemplo, cuando temprano comenzaron los disturbios, podrían haber llamado a la policía o, si estuvieran habilitados como correspondía, hubieran tenido los medios de seguridad adecuados que hubieran impedido que esto escalara al nivel que escaló". 

"Esto figura dentro de las hipótesis que vamos a evaluar", cerró. 

El juez Eugenio Casas consideró a Carina Pilar Gottau (50) autora penalmente responsable del delito de extorsión (dos hechos).

Según consta en la causa a cargo del fiscal Rodolfo de Lucia, Gottau entablaba contacto con la víctima a través de Facebook y luego continuaba la conversación por WhatsApp, red social mediante la que le pedía a sus víctimas intercambiar fotografías privadas.

Una vez que tenía las imágenes en su poder, la condenada amenazaba a los hombres con publicarlas y les exigía transferencias de dinero, a cambio de no difundir las fotos.

El primero de los hechos ocurrió el 22 de diciembre de 2025, cuando el damnificado le hizo a la mujer diferentes transferencias electrónicas por un total de 255.500 pesos.

El otro ilícito se registró el 2 de mayo pasado, cuando la otra víctima le envió a Gottau 59.000 pesos luego de que la delincuente llevara a cabo la misma operatoria.

Durante su declaración, Gottau intentó desvincularse del delito por el que finalmente se la condenó.

La denunciada afirmó que no conocía el significado de la palabra "extorsión", que su intención era que las víctimas dejaran de enviarle material y que el dinero recibido correspondía a "préstamos".

En su fallo, el magistrado Casas rechazó de manera contundente esa versión.

"Basta ver los términos, las horas de las conversaciones y relacionarlos con las fechas y montos de las transferencias para poder afirmar que los denunciantes dicen la verdad y la señora Gottau miente", indicó el juez en la sentencia.

La imputada, identificada como Mary Del Carmen Martínez Wrobbel, fue arrestada por efectivos de Drogas Ilícitas por pedido del fiscal Mauricio Del Cero, de la UFIJ Nº 19, y orden del Juzgado de Garantías Nº 3.

Los voceros señalaron que la acusada comenzó a ser investigada el 9 de abril pasado, a partir de un procedimiento puesto en marcha por la intervención de los operadores del Centro Único de Monitoreo (CeUM).

El hecho se produjo en el sector de Pacífico al 200, cuando personal de la UTOI fue alertado por un presunto "pasamanos" (entrega de drogas a cambio de dinero) en la vía pública.

Los policías interceptaron a Martínez Wrobbel y secuestraron en su poder 21,4 gramos de marihuana y un teléfono celular.

"Del análisis de su dispositivo celular se determinó la existencia de comunicaciones que acreditan la venta de estupefacientes", describieron.

La mujer está imputada de haber tenido en su poder marihuana con fines de comercialización y haber vendido marihuana y cocaína entre marzo y abril de este año.

Finalmente, las fuentes mencionaron que Martínez Wrobbel fue indagada en la fiscalía y se negó a declarar.

Según la investigación, los operativos fueron ordenados por la UFI N°10, a cargo de la fiscal Toscano, y tienen como objetivo el secuestro de armas de fuego. Las medidas se realizan a partir de una denuncia presentada el 29 de agosto por una mujer que aseguró haber recibido amenazas vinculadas con el desalojo de una vivienda que ocupa junto a su pareja.

De acuerdo con la denuncia, primero habría sido amenazada por un hombre apodado “El Oso”, señalado como tío de L-Gante, quien le habría reclamado que dejara la propiedad porque, según le manifestó, pertenecería al cantante. Días después, siempre según la presentación judicial, el referente de la Cumbia 420 habría llegado al lugar acompañado por otras personas, quienes habrían ingresado por la fuerza y reiterado las amenazas.

A partir de tareas de campo y del análisis de cámaras de seguridad, personal de la DDI habría identificado los vehículos y a algunas de las personas señaladas en la denuncia. Con esa información se solicitaron y obtuvieron las tres órdenes de allanamiento.

La causa está caratulada como Amenazas y, según informaron fuentes de la investigación, las autoridades evaluarán las próximas medidas de acuerdo con lo que encuentren durante los procedimientos. (con información de TN)

Se trata de Rubén Darío Ayanz, de 18 años, a quien en principio lo detuvieron formalmente por un intento de robo calificado cometido el 10 de abril último, en perjuicio de una joven de 24, en Vicente López al 3.500.

La víctima fue sorprendida por dos ladrones -entre ellos estaría Ayanz- quienes, usando un arma de utilería, intentaron robarle, pero no pudieron consumar el delito.

El joven cayó hoy cuando personal de la comisaría Séptima, en base a tareas investigativas, pudo determinar que se encontraba en la zona del barrio Maldonado. 

Al verse acorralado, según se informó, intentó huir por los patios de viviendas de Presbítero Biggio al 2.800, hasta que finalmente se lo capturó a varias cuadras, en Manzanas de Las Luces al 1.800 y con el apoyo de la Policía Local, la Motorizada y el Comando de Patrullas.

Desde la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 11, que había pedido la detención ahora dispuesta por el Juzgado de Garantías N° 4, se ordenaron distintas ruedas de reconocimiento para someter al sospechoso.

Es que, más allá del delito referido, podría tener relación con al menos 4 violentas entraderas cometidas en los últimos meses.

Se trata de los robos que se cometieron en Córdoba al 300 (con mucha violencia), Brasil al 600, Viamonte 1.500 y la avenida Arias al 2.000.

A Ayanz se lo vincula con otros sospechosos detenidos en los últimos tiempos en nuestra ciudad.

Según la causa, investigada por la UFIJ N° 14, a cargo del fiscal Marcelo Romero Jardín, los hechos sucedieron en un tiempo no precisado, pero comprendido dentro de enero de 2024, en un domicilio donde la niña de 9 años convivió con el acusado de manera temporaria.

La víctima fue sometida a tocamientos y a distintas situaciones abusivas que se repetían por las noches.

La denuncia fue realizada por la abuela de la niña y madre del acusado, quien afirmó que su hijo era muy violento y que observaba actitudes extrañas para con la pequeña.

El acusado fue condenado por los delitos de abuso sexual simple agravado, por ser cometido por un ascendiente y por la convivencia preexistente, reiterado.

Si bien el fiscal solicitó que se se haga efectiva su detención, el juez Eugenio Casas entendió que el acusado se sometió a la Justicia por lo que seguirá en libertad hasta que el fallo quede firme.

Sí le ordenó el cumplimento de reglas de conducta, como la prohibición de salida del país como medida cautelar y el impedimento de tomar contacto por cualquier medio con la víctima de los hechos.

Azzolin además coordina provisoriamente la Fiscalía de distrito Bahía Blanca, en el marco del sistema acusatorio vigente en la justicia federal bahiense, y está a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), con asiento en Capital.

El último fiscal general titular ante la Cámara bahiense fue Alejandro Salvador Cantaro, condenado el año pasado a 6 años de prisión como partícipe primario del delito de tráfico de droga.

Quienes aspiren al cargo tienen plazo hasta las 16 del próximo viernes 25 para inscribirse por medio del sistema informático de inscripción a concursos de magistradas/os, disponible en el portal del organismo ministerial.

La lista definitiva de inscriptos se conocerá el 19 de noviembre y el proceso continuará el 28 de diciembre con el sorteo público que definirá la integración del tribunal evaluador, a realizarse en la sede de la secretaría de concursos ubicada en Libertad 753, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los cuatro concursos abiertos por la Procuración General de la Nación incluyen fiscalías ante tribunales orales y cámaras federales de distintas jurisdicciones del país, además de cargos dentro del propio organismo.

El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, dispuso estas convocatorias en relación con el artículo 120 de la Constitución nacional y de la Ley orgánica del MPF de la Nación.

Para más información consultar el sitio web del ministerio, presentarse en la secretaría de concursos (de lunes a viernes, de 9 a 15), o escribir al mail concursos@mpf.gov.ar

Además de Mauricio Gastón Larriaga, la Prefectura Naval Argentina, en una serie de allanamientos que tuvieron lugar el pasado viernes, tanto en Bahía como Villarino, arrestó a Patricia Weinzettel -pareja del sospechoso y también con antecedentes- y a otras dos personas de apellidos Vitti y Correa.

En medio de los operativos, dispuestos por el Juzgado Federal Nº 2, se secuestraron poco más de un kilo de cocaína, más de 20 armas de fuego -muchas de grueso calibre, entre pistolas y rifles-, equipos de handy e inhibidores, una cantidad no informada de dólares y pesos, joyas y también no menos de cinco vehículos, entre motos y autos.

Los allanamientos -cinco en total- tuvieron lugar en Mendoza al 1.400 (foto), Villa Bordeu y Pedro Luro, entre otros lugares.

La audiencia de formalización -que reemplaza a la indagatoria en el nuevo sistema acusatorio federal- se dará hoy a las 14.30 en el Tribunal Federal de Juicio de Bahía Blanca, en Chiclana 402.

En ese diligencia, a cargo del juez Walter López Da Silva, como subrogante del Juzgado Federal Nº 2, estarán presentes representantes de la fiscalía, los defensores y los acusados, quienes escucharán los delitos que le imputan y tendrán el derecho de declarar o guardar silencio.

Larriaga está considerado como uno de los máximos proveedores de drogas de nuestra ciudad y la región y registra varias condenas por infracción a la ley 23.737.

Esta investigación, iniciada hace algunos meses, estaría justamente relacionada con la comercialización de estupefacientes.

La frase pertenece a Luciana Gutiérrez, vecina del barrio Moresino, donde aumenta la preocupación por la repetición de delitos de las últimas semanas.

En diálogo con LU2, Gutiérrez dijo que "uno hace las denuncias y la policía de la Comisaría Sexta está siempre respondiendo, hasta toma las declaraciones en los domicilios cuando hay vecinos con movilidad reducida. Les presentamos el material fílmico que hay de cada casa, pero bueno, tenemos esta cosa que desde fiscalía se los libera (a los delincuentes)".

Ante la consulta de si los robos son protagonizados por gente del mismo barrio y si se trata de menores de edad o mayores, el titular de la sociedad de fomento, Luis Torres, respondió:

"Son de todas las edades, tanto menores como mayores. El viernes agarraron a uno de los que andaba observando las casas del barrio, entrando a patios ajenos y lo agarraron con materiales de lo robado (ver video). Pero al otro día, el sábado, aparentemente lo liberaron. Esa es la inquietud de los vecinos".

Torres contó que jueves y viernes estuvo con las autoridades de la Comisaría y acordaron una reunión con los vecinos, con fecha a definir. Entre otras cosas, pedirán más patrullaje y la instalación de una casilla de policía en la plaza ubicada entre calles Juncal y French.

"La última vez, en la reunión de seguridad barrial que se efectuó en Spurr, que es vecino al barrio nuestro, se solicitó la garita, pero aparentemente son escasas las que tienen, por eso no han traído ninguna acá. Siempre está en CIC de calle Esmeralda", dijo.

Respecto de la cantidad de cámaras de vigilancia urbana e iluminación en Moresino, el fomentista explicó:

"Solamente tenemos una cámara en el puente de Esmeralda y Chile, pero internamente en el barrio no tenemos ninguna. Acerca de la iluminación, hay partes que han puesto luces LED de la Municipalidad, se alumbra bastante bien, pero hay otros sectores donde necesitaríamos más alumbrado por el tema de que hay gente que llega a la madrugada de trabajar y tiene que andar mirando para todos lados antes de entrar a la casa, para asegurarse que no ande nadie y ahí entrar enseguida. Es un barrio de gente trabajadora, gente que cumple distintos horarios de trabajo y es habitual que una persona, por ejemplo, llegue en horas de la noche".

La iluminación también sería importante, agregó, por las horas más oscuras de la mañana cuando los chicos van a la escuela.

El operativo se desarrolló en Laudelino Cruz al 1.800 y estuvo a cargo de personal del destacamento Palihue, junto a efectivos de Comisaría Segunda, del GAD, de la Motorizada UPPL, del Comando de Patrullas y de la UTOI.

En ese lugar fue capturado Armando Chamorro Urrutia, de 35 años, quien es considerado como el segundo autor y partícipe del hecho investigado. Durante el procedimiento se secuestraron prendas de vestir que habrían sido utilizadas al momento de cometer el ilícito.

Asimismo, el delincuente quedó vinculado a la sustracción de una bicicleta ocurrida el martes pasado. Se pudo constatar su participación a partir de registros fílmicos permitieron establecer que habría utilizado las mismas prendas posteriormente secuestradas.

En la causa intervienen la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 7 y el Juzgado de Garantías Nº 2.

El siniestro ocurrió cerca de las 18.15 y demandó la intervención de efectivos de la Policía Caminera, personal sanitario y autoridades judiciales. 

Una ambulancia de FeMeChaco llegó al lugar para asistir a los involucrados y, tras evaluar al legislador, los profesionales determinaron que no presentaba lesiones producto del choque.

Por disposición del Equipo Fiscal N° 15, tanto Leiva como el conductor del camión, identificado con las iniciales P. L. B., fueron sometidos a controles de alcoholemia.

Los análisis arrojaron 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre en ambos casos, por lo que la presencia de alcohol quedó descartada como un factor del accidente.

Mientras continúan las pericias para establecer cómo se produjo la colisión, el impacto generó un bloqueo parcial del carril descendente de la ruta nacional 11.

La Policía Caminera desplegó un operativo para ordenar la circulación y garantizar la seguridad en el sector hasta completar las tareas de asistencia, peritaje y retiro de los vehículos. (con información de NA)

El escrito advertía sobre una situación de extrema vulnerabilidad con una frase desgarradora: “Estoy embarazada, ayuda. Solo tengo 10 años, fue mi tío”, acompañada por la ilustración de un rostro con gesto de tristeza.

A pesar de que el mensaje fue suprimido de las paredes por directivas de la cartera educativa provincial —medida que generó cuestionamientos por la pérdida potencial de evidencia material—, la existencia del aviso pudo corroborarse mediante registros fotográficos y testimonios del personal. Al tomar conocimiento, la Dirección del colegio dio aviso inmediato a los tribunales.

Por disposición del fiscal Duilio Ejarque, a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación de Abusos y Violencia Intrafamiliar (UFI ANIVI), efectivos policiales y peritos judiciales se constituyeron en el predio escolar para relevar pruebas, entrevistar a directivos y docentes, y analizar las cámaras de seguridad del circuito cerrado con el propósito de dar con el autor o la víctima del hecho.

En rueda de prensa, la ministra de Educación provincial, Silvia Fuentes, llevó claridad sobre el avance de las averiguaciones y confirmó que la niña involucrada ya fue localizada. La funcionaria destacó el trabajo de los gabinetes técnicos zonales y ponderó la actuación de la fiscalía especializada como un soporte fundamental para los docentes ante problemáticas que exceden el ámbito pedagógico.

Asimismo, Fuentes indicó que equipos interdisciplinarios continúan interviniendo en la institución para brindar asistencia y contención tanto al alumnado como al entorno directo de la menor afectada, en el marco de los protocolos de detección temprana de delitos intrafamiliares. (con información de NA)

Ese tecnicismo, que es una especie de privilegio de actuar sin asumir ninguna responsabilidad legal, bien podría aplicarse a quienes piensan que por estar inscriptos en el Registro del Programa de Cannabis tienen indemnidad con el manejo de la droga.

En el Reprocann figuran las personas que están habilitadas para un cultivo controlado del cannabis, con fines medicinales, terapéutico y/o paliativo del dolor.

El bahiense Aníbal Alexis González es uno de ellos, aunque igualmente recibió una condena por tenencia de estupefacientes (había indicios de venta pero no alcanzaron para formar convicción), en los términos de la ley 23.737.

El Tribunal Federal de Juicio de nuestra ciudad, en juicio abreviado, le impuso 3 años de prisión de ejecución condicional, es decir que no irá a la cárcel salvo que incumpla distintas reglas de conducta

"En Bahía y la zona, el 90 % de los que venden marihuana tiene Reprocann"

Durante un allanamiento en su vivienda de la primera cuadra de la calle Gutiérrez, se secuestraron casi 4 kilos de cannabis sativa en frascos, cajas y otros recipientes. 

Más allá del acuerdo previo, la defensa de González, a cargo del abogado Joaquín Maldonado Santi, igualmente apeló la resolución judicial.

"Menor culpabilidad"

Entre los argumentos que presentó ante la Cámara Federal de Casación Penal figuran que González tenía autorización estatal para el cultivo controlado y transporte de cannabis, expedido por el Reprocann, circunstancia que, a su criterio, "revela una menor culpabilidad subjetiva".

Sin embargo, el juez Guillermo Yacobucci, de la Sala II del cuerpo judicial porteño, rechazó el recurso.

En principio aclaró el juez que el registro estaba vencido al momento del procedimiento, ya que el mismo caducaba el 28 de marzo de 2024 y el allanamiento se dio el 8 de mayo del mismo año.

Pero aún en caso de haber estado vigente, "dicho permiso legal no tiene la virtualidad de justificar -en tanto 'ejercicio legítimo de un derecho'- cualquier conducta típica vinculada a la tenencia de estupefacientes", explicó Yacobucci. 

"En efecto, dada su finalidad medicinal, esta concreta causa de justificación solo puede ser razonablemente aplicada al tipo de tenencia de estupefacientes para consumo personal", agregó.

Incluso remarcó que la "considerable cantidad" de marihuana incautada en su casa "es un indicador suficiente" para excluir la aplicación de dicha figura.

Más de 5 mil cigarrillos

La pericia química determinó un material suficiente para preparar 5.144 cigarrillos.

El juez detalló que en la vivienda se secuestraron 3.857,98 gramos de marihuana en distintas habitaciones y más de 260 cigarrillos semicombustionados de la misma droga, distintos frascos y una balanza de precisión.

Destacó, a su vez, el análisis del contenido del teléfono celular de González, de donde surgen indicios directos relacionados con la actividad de siembra, cultivo y consumo de marihuana.

Se explicó que algunos mensajes, incluso, dan cuenta de la posible existencia de comercialización de drogas, aunque para la acusación no se sumaron elementos de prueba suficientes para agravar la calificación legal.

"En definitiva, ante tamaña cantidad, luce acertado el encuadre típico escogido por el Ministerio Público Fiscal en la figura de tenencia simple y, con ello, también se ha de descartar la eventual justificación de la conducta al amparo del permiso otorgado por el Reprocann", remarcó Yacobucci.

Por otra parte, la Sala II de Casación tuvo en cuenta que el acuerdo de juicio abreviado "fue ratificado libre y voluntariamente" por el acusado y que existen fallos de la Corte que marcan que "nadie puede ponerse en contradicción con sus porpios actos, ejerciendo una conducta incompabitle con otra anterior, deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz".

Programa vital para los pacientes

Registro. El Registro del Programa Cannabis identifica al imputado, con sus datos de identidad y domicilio, como paciente autorizado para el cultivo controlado y transporte de la sustancia estupefaciente. 

Alcance. La autorización estatal se extendía a la tenencia de 9 plantas florecidas y al transporte de hasta 40 gramos de flores o seis frascos de 30 ml. 

Exceso. La autoridad judicial remarcó que, más allá de establecerse que el permiso estaba vencido, la cantidad de droga secuestrada alcanzaba para 5.144 cigarrillos de marihuana.

Prescripción. Pueden incorporarse al Reprocann quienes cuenten con indicación médica y consentimiento informado y declaración jurada correspondiente. 

Pacientes. Los interesados son quienes inician el trámite en el aplicativo web y el profesional de salud prescriptor debe adjuntar la declaración jurada y el consentimiento informado (ambos documentos en formato PDF) y vincular al paciente, tercero u ONG con el cultivo.

Antes de que la Justicia bahiense lo procesara con prisión preventiva, Rojas había recibido el beneficio del arresto domiciliario y tenía previsto instalarse en la vivienda de un tío en Bahía Blanca, para continuar con su emprendimiento de lavadero de autos, pero esa medida finalmente no prosperó.

El Juzgado de Garantías Nº 3 había convertido en preventiva la detención del presunto abusador, apodado "Cayu", y esa resolución fue confirmada posteriormente por la Sala II de la Cámara Penal. 

A raíz de ese revés judicial para el imputado, Sebastián Cuevas, su abogado defensor, llevó el caso al Tribunal de Casación Penal bonaerense, pero el recurso fue rechazado.

Por eso la defensa insistió con un "recurso de queja", el paso siguiente para lograr que el tribunal tratara el planteo.

Casación desestimó la queja por unanimidad, aunque está pendiente la reserva del caso federal, un trámite que preserva la posibilidad de recurrir en el futuro ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Los planteos de Cuevas se centraron en que no hay pruebas suficientes para sostener la calificación de abuso sexual gravemente ultrajante y que correspondería recaratularla como "abuso sexual simple", al considerar que los hechos fueron descriptos de manera "imprecisa".

Sobre la prisión preventiva que cumple su cliente, el defensor particular sostuvo que mantener detenido a Rojas viola el principio de inocencia, porque la medida se apoya solo en la pena en expectativa y en sus antecedentes, sin acreditar un riesgo concreto de fuga o de entorpecimiento de la investigación.

Con estos argumentos, Cuevas solicitó la libertad de Rojas, pedido respecto de que el fiscal adjunto ante la Casación, Fernando Galán, se había pronunciado en contra.

A Rojas se le atribuyen cuatro hechos de abuso sexual simple y uno de abuso sexual gravemente ultrajante, en concurso real de delitos.

La pena en expectativa de los delitos que la fiscalía le imputa al exedil justicialista, oscila entre los 4 y 26 años de prisión.

Las supuestas agresiones a las menores de edad tomaron estado público el año pasado, aunque las conductas que se le endilgan a Rojas (básicamente tocamientos, excepto un hecho de mayor gravedad) se habrían producido entre diciembre de 2021 y mediados de 2025, tanto en su vivienda como en su vehículo, en perjuicio de niñas de entre 8 y 12 años.

Los abusos, al parecer, se cometieron en la localidad de Saldungaray, ubicada en el distrito de Tornquist, de donde son oriundos tanto el procesado como las supuestas víctimas.

En su defensa, el exintegrante del Concejo Deliberante tornquistense manifestó que, de haber existido tocamientos impúdicos a las niñas, no tuvieron una connotación sexual sino que fueron "muestras de cariño", ya que se trataba de menores pertenecientes a familias que él conoce.

Los peritajes descartaron que las madres de las damnificadas indujeran a sus hijas a denunciar a Rojas.

En vinculación con algunas de las situaciones abusivas por las que se lo acusa, Rojas además hizo referencia a un supuesto complot de índole político en su contra.

Los jueces de la Sala V del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, Manuel Alberto Bouchoux y Ricardo Ramón Maidana, ni siquiera llegaron a revisar si la medida privativa de libertad contra Rojas estaba bien fundada.

Los magistrados rechazaron el planteo defensista como consecuencia de una razón procesal previa.

En este sentido, Bouchoux y Maidana fundamentaron que cuando una Cámara confirma una prisión preventiva ya dictada en primera instancia, esa resolución no es "definitiva" en los términos que exige el Código Procesal Penal bonaerense para ser analizada por Casación.

El caso es distinto, aclararon, cuando es la Cámara la que revoca lo resuelto en primera instancia y ordena por primera vez la prisión preventiva.

Bajo esas circunstancias sí correspondería que Casación intervenga para garantizar al imputado una segunda revisión judicial, conocida como "doble conforme".

Pero no fue lo que pasó en este caso, en el cual la Cámara solo ratificó una medida que ya existía.

Por lo tanto el resultado es que el Tribunal denegó la queja por unanimidad.

Postergación. El juicio oral estaba previsto entre el lunes 28 y el miércoles 30 de este mes, pero se postergó por inconvenientes de agenda del fiscal de delitos sexuales, Marcelo Romero Jardín, a cargo de la investigación.

Agenda. Como Romero Jardín ya tenía otros dos debates correspondientes al fuero Correccional agendados justo en esas fechas, esa superposición hizo imposible sostener el juicio de Rojas, tal como estaba programado para fines de este mes.

Diciembre. Al reordenar, se tuvo en cuenta la disponibilidad de las partes, de la sala de debates y, sobre todo, que Rojas sigue privado de su libertad, lo que exige no demorar el juicio más de lo necesario. Con este criterio se fijó como fechas más próximas posibles el 14, 15 y 16 de diciembre. El debate será dirigido por el Tribunal en lo Criminal Nº 1 bahiense.

Letrado. El abogado Valentín Fernández patrocina a las mamás de las niñas.

Tras un llamado al 911, personal del Comando de Patrullas y UPPL pudo arrestar a Ortega quien, según testigos, al observar la presencia de Britos le habría dicho "te encontré" antes de efectuarle los disparos, para luego darse a la fuga a pie.

El acusado fue finalmente interceptado en Paunero y Estados Unidos, a unas 10 cuadras del lugar del hecho, y ahora se encuentra a disposición de la UFIJ 5 bajo la carátula de homicidio en grado de tentativa.

Britos presenta heridas en un brazo y omóplato, por lo cual debió ser intervenido quirúrgicamente. No se informó si corre riesgo de vida.

El juez del Tribunal en lo Criminal N° 1, Hugo Adrián De Rosa, le impuso a Jonatan Abel Briones la pena de tres años y un mes de prisión.

En el marco de un juicio abreviado lo halló culpable de los delitos de robo agravada por escalamiento y robo.

Para el magistrado quedó probado que el 25 de enero pasado, poco antes de las 20, el acusado escaló un paredón de unos 2 metros de altura, dobló una malla de alambre e ingresó a una propiedad ubicada en Belgrano al 700 de aquella ciudad.

Para acceder violentó una puerta balcón y posteriormente la abertura de una habitación, para finalmente apoderarse de un colgante y unos 50 mil pesos en efectivo.

La víctima declaró que estaba de vacaciones en Monte Hermoso y recibió un alerta del sistema de seguridad de su domicilio, en el que las cámaras de seguridad mostraban la presencia de un desconocido en la propiedad.

Familiares de la mujer se dirigieron al sitio y confirmaron lo ocurrido, por lo que realizaron la denuncia policial y aportaron las filmaciones.

Uno de los policías que intervino en la investigación reconoció a Briones en las imágenes, por lo que solicitaron un allanamiento para la vivienda del sospechoso.

Durante la requisa los uniformados hallaron el colgante robado y secuestraron prendas de vestir similares a las que tenía colocadas el sujeto que fue grabado por las cámaras.

En tanto, un conocido del procesado, quien se enteró de su detención por los medios de comunicación, se presentó ante la policía y entregó una gorra y una remera que el sujeto había dejado en su casa un día después del hecho investigado.

También sostuvo que el imputado llevó cervezas que poco antes había sustraído de un domicilio situado en Vicente López al 700.

Por todos estos elementos el juez De Rosa halló probada la responsabilidad del imputado.

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Al momento de imponer la sanción, y tal como acordaron la fiscalía y la defensa, se valoraron sus antecedentes penales.

Según se indicó en la sentencia, el informe del Registro Nacional de Reincidencia destacó “la existencia de cinco sentencias condenatorias anteriores”.

Por ejemplo, el 23 de diciembre de 2024 recibió una pena única de 3 años y 11 meses, comprensiva de dos condenas por robo con escalamiento y hurto dictadas por el Tribunal en lo Criminal N° 3 y el Juzgado Correccional N° 3.

Finalmente, teniendo en cuenta estas circunstancias, el magistrado bahiense determinó una nueva declaración de reincidencia del sujeto.

Los voceros señalaron que los efectivos interceptaron un rodado Citroen C4, conducido por Ismael Nicolás Tello (39), quien estaba acompañado por Luxas Ezequiel Venegas (28).

Los efectivos registraron la unidad y hallaron en el baúl un maletín con herramientas y un juego de tubos que fueron reconocidos por el propietario de una vivienda ubicada en La Falda al 300, donde el jueves pasado ingresaron ladrones y sustrajeron varios elementos.

En tanto, mencionaron que en poder de Tello -quien arrojó resultado positivo en el control de alcoholemia que le realizaron los inspectores municipales incautaron- 17,4 gramos de cocaína.

Desde la seccional Segunda indicaron que Venegas quedó imputado por el robo ocurrido en la vivienda.

Refirieron que fue identificado a partir de las cámaras de seguridad y que llevaba colocadas las mismas prendas utilizadas al momento del hecho.

Por el caso se le dio intervención a las UFIJ N° 7 y 19.