El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 12 en una vivienda ubicada en la primera cuadra de calle Biggio, donde los efectivos arrestaron a Martín Alejandro Ferro, en cumplimiento de una resolución emitida por el Juzgado de Ejecución Penal N° 2 Departamental, a cargo de manera interina por Claudio Brun.

La medida judicial se originó a partir de una condena dictada por el Juzgado en lo Correccional N° 2, que le impuso a Ferro seis meses de prisión como autor penalmente responsable del delito de encubrimiento. Dicha sanción había sido convertida en 1.080 horas de trabajos comunitarios y presentaciones periódicas ante el Patronato de Liberados.

Sin embargo, tras agotarse los plazos legales e informes del órgano tutelar que acreditaron que el causante apenas completó 285 horas de las tareas fijadas —adeudando 795 horas—, la Sala I de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal dejó firme la revocación del beneficio de tareas comunitarias.

Ante este incumplimiento, la justicia ordenó su inmediata detención para que cumpla la pena impuesta.

El aprehendido fue trasladado a sede policial y puesto a disposición del magistrado interviniente para la continuidad de los trámites procesales.

De esta manera se confirma la sospecha que había desde los primeros días posteriores a la tragedia ocurrida el 16 de diciembre de 2023, al derrumbarse un paredón en el predio deportivo durante el violento temporal que arrasó Bahía.

Así lo indicó el abogado Sebastián Mazza, que está presentado en la causa como particular damnificado.

Según las pruebas incorporadas al expediente judicial, los peritos oficiales nombrados por la Fiscalía a pocas horas del hecho mantuvieron contactos prohibidos con dirigentes del club, a quienes además les entregaron el informe técnico antes de presentárselo al fiscal Cristian Aguilar, a cargo de la investigación.

"Esta gente tuvo antes el informe que debían presentarle al fiscal; esto surge de la causa y es realmente grave. Sabían lo que los peritos iban a informar antes que la propia Justicia", dijo Mazza.

Las pericias telefónicas ordenadas después del secuestro de los dispositivos en abril y procesadas preliminarmente en Bahía Blanca en junio, comienzan a echar luz sobre una presunta "cadena de favores y complicidades" entre los investigados.

El entramado de encubrimiento quedó al descubierto al comparar las actuaciones de la junta pericial designada por la Justicia.

Dos días después del desenlace fatal, los peritos firmaron un informe inicial que dejaba al descubierto los datos "duros" del colapso.

Sin embargo, entre 40 y 45 días después de ese primer dictamen, los mismos profesionales presentaron un segundo documento con conclusiones completamente opuestas, elaboradas para relativizar los hallazgos originales y frenar el inicio de una causa por el delito de estrago.

"Con un segundo informe que hubiese relativizado todo de forma ilegítima, ilegal y perversa, lo que pretendían era que esto no trascendiera y que no afectara los intereses ni del club ni de las personas involucradas. Estuvieron bastante cerca de conseguirlo", remarcó el letrado, que perdió a su mujer en el derrumbe.

La maniobra -agregó- no prosperó gracias a que el fiscal Aguilar detectó la "llamativa contradicción" entre las conclusiones del primer y el segundo informe, ordenando nuevas medidas de prueba e incorporando estudios de los peritos de la Corte bonaerense.

De acuerdo con la información brindada por Mazza, en las conversaciones telefónicas analizadas los peritos negociaban abiertamente el alcance de los informes para proteger la responsabilidad penal de los directivos de Bahiense del Norte.

"Hay diálogos que son increíbles, en los que un perito dice: 'No vamos a alivianarles toda la responsabilidad, pero por lo menos esto va a ayudar. Esto es fantástico para el club'. Esa no es la tarea de un perito y esto no puede quedar impune", enfatizó el representante legal de las familias de algunas de las víctimas fatales.

El entrevistado remarcó la gravedad "institucional y moral" del hecho, haciendo hincapié en el perfil socioeconómico y profesional de los acusados, quienes tienen títulos universitarios y una posición económica "elevada", lo que -explicó- agrava la responsabilidad de sus actos.

"Es bastante duro porque esta gente se había arrimado a los velatorios de las víctimas y ese mismo día, según surge después, estaban operando con todo este tipo de maquinaciones para ocultar absolutamente todo", aseguró el letrado al servicio informativo de LU2.

Mazza también se refirió a la lentitud en los avances judiciales y criticó que el complejo deportivo ubicado en Salta 28 no haya sido clausurado por las autoridades municipales.

"Sport Club (donde en junio pasado murió un hombre al caer del primer piso) estuvo clausurado, pero Bahiense del Norte nunca estuvo clausurado", comparó el informante.

Si bien las principales pruebas constan en la causa desde enero, a raíz de la denuncia originaria del fiscal Aguilar, Mazza reclamó mayor celeridad en el proceso judicial para evitar que las "maniobras dilatorias" posibiliten la "impunidad" de los culpables.

El abogado Valentín Fernández, quien volvió a reclamar la libertad de su asistido, sostuvo en la audiencia que las imágenes contradicen el documento incorporado a la causa en casi todos sus puntos: hora, lugar, conducta del detenido y vestimenta.

Y personal de una fuerza federal, en tanto, incorporó registros de otras cámaras que corroborarían el contenido del citado video.  

Durand está sindicado como autor del disparo que hirió en una pierna a Luis Oscar Pérez, secretario general del Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento, la semana pasada, frente a la puerta de la casa del sindicalista, en Pedro Pico al 1.500.

El hombre en principio fue liberado, pero a las 48 horas se lo recapturó porque la fiscalía argumentó que sumó una pericia que demostraba que un plomo encontrado en la escena sería de un arma de guerra, situación que agravó la figura.

Sin embargo, el defensor de Durand aseguró que tal pericia no se hizo, sino que se trató de una consulta a un especialista a través de una videollamada por WhatsApp, el domingo a la mañana, horas antes de la nueva detención.

Pero además de cuestionar el agravamiento de la figura legal, Fernández redobló la apuesta y presentó una prueba que podría poner en riesgo casi todo lo actuado. 

Es que obtuvo un video de seguridad que marcaría que la primera detención de Durand se dio en circunstancias absolutamente distintas a las señaladas formalmente por la Policía en el acta que se incorporó a la causa.

Y esos registros habrían sido ratificados por otras imágenes dispuestas por el Ministerio de Seguridad. 

Lo que dice el acta

El acta policial, fechada el jueves 29 de octubre, señala que "a las 21.40 horas aproximadamente" tres sargentos recorrían la calle Elsegood, cerca de Daniel De Solier, abocados a “tareas investigativas, relevamiento de cámaras particulares y públicas”.

Desde un descampado vieron salir una moto 110, roja o bordó, sin pechera delantera, que apagó las luces. Su conductor llevaba casco negro y una campera celeste o gris con capucha, características que los efectivos “rápidamente logran reconocer” como las de los videos del hecho del miércoles 28 (ataque a Pérez).

Detallaron que le dieron la voz de alto y que el hombre aceleró por un camino irregular, perdió la estabilidad y huyó corriendo. Al ser alcanzado, habría arrojado golpes de puño y patadas hasta ser reducido en el piso y esposado.

El acta agregó que la moto es una Gilera Smash, dominio A168QWJ, que todo fue secuestrado y que Durand quedó aprehendido -además del ataque armado- por desobediencia y atentado y resistencia a la autoridad, una causa separada que tramita en la UFIJ Nº 15.

El acta también dejó constancia que el lugar tenía "tránsito nulo" de peatones y vehículos y que por ese motivo se prescindió de testigos hábiles para ratificar el procedimiento.

Lo que muestran los videos

La cámara de seguridad que aportó la defensa -así como las imágenes de la fuerza de seguridad- son de la zona Belgrano al 3.200, en Ingeniero White, a más de un kilómetro del lugar de detención que hizo constar la Policía.

Las imágenes muestran el arresto de quien sería Durand, minutos después de las 20 del día 29 -es decir una hora y media antes de lo consignado-, sin moto, con ropas distintas a las que se mencionaron en el acta y sin ningún tipo de forcejeo ni enfrentamiento con los agentes que arribaron en un patrullero.

Según la defensa, el hombre detenido en la zona urbana de White tiene zapatillas y remera claras y pantalón oscuro (sin campera ni capucha).

La defensa no solo cuestionó la hora, el lugar, las formas y el material secuestrado que constan en el acta, sino también marcó en el video la presencia de otras personas circulando por el sector, cuando los policías mencionaron en el acta que no pudieron sumar testigos hábiles al operativo por tratarse de una zona descampada.

Trascendió que personal de la Policía Federal -una fuerza ajena a la Bonaerense, que trabajó en las actuaciones- allanó un inmueble ayer a la tarde para secuestrar el DVR de la cámara aportada, con el fin de confirmar que las imágenes no están alteradas.

Careo y dudas

Dos de los tres policías que figuran en el acta de procedimiento fueron careados ayer en el ámbito de la UFIJ Nº 7, a cargo de la fiscal Marina Lara.

Ambos mantuvieron sus dichos entre los que surgen diferencias sobre cómo fue el operativo del día 29 de octubre.

Uno dijo que fueron los tres agentes que primero identificaron al acusado y, más tarde, lo aprehendieron, pero el otro negó haber estado presente al momento de, supuestamente, interceptar a Durand con la moto en su poder.

Con este panorama, la defensa de Durand pidió la nulidad de todas las actuaciones a partir de lo que considera un acta de procedimiento que contiene falsedad ideológica, falso testimonio y hasta una posible privación ilegal de la libertad. 

Por otro lado, el abogado consideró que el único indicio que vincularía a Durand con el hecho es el uso de una moto de las características a las que usaba el autor del disparo, sin otra prueba de peso.

El hallazgo del cuerpo se produjo en el camino vecinal La Primavera, en el cruce con el de La Jacinta, punto ubicado a 15 kilómetros de Huanguelén y a 30 kilómetros de la ciudad cabecera. 

La víctima fue identificada como María Elina Cook.

Trascendió que el menor -no identificado por razones legales- le habría provocado la muerte a Cook golpeándola con un objeto contundente y arrojándola del rodado en el que se movilizaban. A continuación, tomando el volante del vehículo, decidió atropellarla y huir del lugar. 

Ya en su casa, el joven le habría comentado el fatal episodio a su hermano. Luego de esto y, tras protagonizar una colisión vial, terminó confesando el hecho de sangre ante la presencia de testigos y un ayudante de la fiscalía. 

Inicialmente, el ahora detenido habría tenido una pelea con el dueño del campo en el que trabajaba y luego decidió marcharse del lugar. 

Cuando iniciaba su regreso a pie, le pidió ayuda a Cook para que lo trasladara hasta la ruta así hacía dedo con destino a Coronel Suárez.

En la camioneta de la víctima se produjo una discusión -la versión policial es que el joven le recriminó que no le prestó el celular- y en esas circunstancias la atacó con un elemento contundente en la cabeza, la tiró del vehículo y la atropelló, para luego fugar.

La investigación, a cargo de la UFIJ N° 20, cuyo titular es el fiscal Rodolfo De Lucia, determinó que entre julio y el 4 de septiembre de 2023, el imputado, que entonces tenía 25 años, utilizó una cuenta de Instagram bajo el nombre falso de Ezequiel Hernández para entablar contacto con una niña de 14 años, a quien conocía previamente por desempeñarse como docente en el establecimiento educativo al que ella asistía.

A través de dicha aplicación, el condenado mantuvo diversas conversaciones con la menor con el propósito de atentar contra su integridad sexual, intentó generar un mayor vínculo, le envió mensajes de contenido sexual, le propuso un encuentro personal con fines sexuales y le solicitó imágenes de sus partes íntimas, las cuales la víctima le envió junto con las de una amiga.

La Justicia además acreditó que el 4 de septiembre de 2023 el hombre produjo imágenes con fines sexuales de la misma adolescente y de una amiga de 15 años. Aprovechándose de la relación previa, les solicitó mediante la misma red social que obtuvieran fotos sexuales y se las enviaran a cambio de la suma de 10.500 pesos, dinero que autorizó a retirar por cajero automático en dos operaciones realizadas esa misma tarde.

Como consecuencia de la modalidad de pena impuesta, la magistrada dispuso que el condenado cumpla durante el plazo de 3 años diversas reglas de conducta, entre las que se incluyen fijar residencia, someterse al cuidado del Patronato de Liberados, la prohibición absoluta de contacto y de acercamiento a menos de 100 metros de las víctimas y la realización de un tratamiento psicológico previa evaluación de su necesidad y eficacia.

La magistrada, que por ahora no definió el fondo de la cuestión, pidió informes previos al Estado antes de resolver la cautelar y el expediente avanza hacia un debate de fondo sobre el impacto tarifario en los bahienses.

La demanda había sido interpuesta de manera conjunta por el intendente municipal, Federico Susbielles (en su carácter de usuario afectado), la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores (ADDUC) y el Club Atlético Estrella, bajo el patrocinio letrado de los abogados Osvaldo Héctor Bassano y Luis Alberto Calderaro.

El núcleo del planteo radica en que la quita de los beneficios de la Zona Fría —régimen que se había incorporado a través de la Ley 27.637 en base a parámetros climáticos objetivos y técnicos— se realizó sin una justificación suficiente. 

Según advirtieron los impulsores de la acción, la medida se traduce en incrementos inmediatos de entre el 50% y el 100% en las facturas de gas para familias, comercios y entidades de bien público en una región marcada por fuertes necesidades de calefacción durante el invierno.

En su fallo, la jueza Marrón encuadró el reclamo dentro de los derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos (siguiendo la doctrina de la Corte Suprema en el célebre fallo “Halabi”). 

Delimitación

De este modo, delimitó formalmente el colectivo afectado: quedó circunscrito exclusivamente a los usuarios residenciales y entidades de bien público (amparados por la Ley 27.218) cuyos suministros se encuentren dentro de los límites territoriales del Partido de Bahía Blanca, respaldándose en las características bioambientales y la marcada estacionalidad térmica de la zona.

Si bien la presentación inicial incluía un pedido urgente de medida precautelar para frenar los efectos de la ley de inmediato y evitar cortes en el suministro por falta de pago, la magistrada adoptó un temperamento prudente enmarcado en la Ley 26.854 (reguladora de medidas cautelares contra el Estado).

En este sentido, Marrón resolvió requerir al Estado Nacional y al ENReGE el informe previo por el plazo de tres días (más la ampliación por razón de la distancia), a los fines de evaluar el interés público comprometido antes de expedirse sobre la suspensión solicitada. Asimismo, anticipó el rechazo de la medida interina (precautelar) que buscaba obviar este paso procesal, y ordenó consultar al Registro Nacional de Procesos Colectivos para verificar si existen causas idénticas en trámite.

Con este paso formal cumplido, la causa entra ahora en una etapa de debate crucial donde el Gobierno nacional deberá justificar las razones técnicas y presupuestarias de la exclusión bahiense, mientras la comunidad aguarda una definición judicial que frene el fuerte impacto tarifario en las boletas de gas.

Fue anoche, en el local conocido como Vito Corleone, ubicado en la avenida Colón 72, donde un hombre que habría sido empleado del lugar, fue a hacer el reclamo por dinero adeudado, pero todo terminó de la peor manera.

César Oscar Obregón, de 35 años, fue aprehendido por la Policía Local y el Cuerpo Motorizado, luego de que supuestamente agrediera a una mujer de 42 años (sufrió lesiones leves en un brazo) y amenazara con matar al dueño del comercio, de 45, y con prender fuego el establecimiento.

"El conflicto se habría originado a raíz de un reclamo por una presunta deuda de haberes, ya que el aprehendido habría sido empleado del comercio", confirmó una fuente policial.

La captura de Obregón, que fue puesto a disposición de la UFIJ Nº 15, se dio en la esquina de Villarino y Darregueira.

Por el hecho policías de la comisaría Cuarta bahiense aprehendieron a Juan Manuel Valenzuela (26), que está siendo investigado en relación con el delito de hurto.

El procedimiento se llevó a cabo en la casa 44 del barrio Luigi, en Punta Alta, donde los efectivos secuestraron los productos sustraídos aparentemente por Valenzuela, valuados en 1.000.000 de pesos.

Los agentes de seguridad incautaron 38 bolsas de café, 100 vasos descartables con sus correspondientes tapas, seis botellas de líquido de coco y 14 botellas de fusión pistacho.

La persona damnificada denunció lo sucedido el jueves pasado, cuando pidió un viaje a la plataforma de transporte desde Parera al 300, en Villa Mitre.

El denunciante manifestó que una vez efectuada la carga de su mercadería en el rodado, el chofer escapó del lugar con los bienes.

Personal de la sede policial villamitrense reunió testimonios "clave" y analizó imágenes de cámaras de seguridad de ese sector.

Con estos elementos probatorios, la jueza de Garantías Nº 4 bahiense, Marisa Promé, autorizó el allanamiento solicitado por la fiscal Marina Lara, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 7.

Se trata de la causa que investiga el disparo en una pierna que sufrió hace una semana el secretario general del Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento, Luis Oscar Pérez, cuando salía de su casa, en Pedro Pico al 1.500.

El descargo de la defensa expone lo que considera severas desprolijidades de la investigación penal, apuntando tanto contra el viraje de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 7, como contra el accionar de los funcionarios policiales.

Al día siguiente de la agresión, Durand -tras el análisis de distintas cámaras sobre el aspecto físico del ejecutante, la moto que ocupaba y la dirección de fuga- fue arrestado en Ingeniero White.

Exigen en Fiscalía el avance de la causa por el ataque a tiros contra un dirigente gremial

Sin embargo, poco después la fiscal Marina Lara dispuso su libertad, al considerar que no existían riesgos procesales, aunque le fijó una medida perimetral respecto de Pérez.

Pero apenas 48 horas más tarde, la misma fiscal cambió su postura -según declaró, sumó nueva prueba pericial de importancia- y agravó la calificación legal como abuso de armas en concurso ideal con portación ilegal de arma de guerra sin autorización legal y ordenó detener nuevamente al estibador portuario, medida que se concretó el domingo a la tarde.

Para el abogado Fernández, este cambio es "contradictorio" y carece de nuevos fundamentos reales.

Pericia por videollamada

Según la defensa de Durand, el agravamiento de la calificación a "arma de guerra" se basó exclusivamente en la declaración realizada el domingo, por videollamada de WhatsApp, del comisario Cristian Alberto Rasmussen, experto en balística (analizó un plomo deformado hallado en la escena del hecho), que ni siquiera se encontraba en la ciudad, ni firmó el acta.

La opinión del perito, acerca de que el fragmento podría ser de un calibre 38 o 357 (armas de guerra), "se construyó sobre imágenes de un pesaje realizado con una balanza portátil apoyada sobre el asfalto de la calzada y sobre la medición de un objeto que él mismo describe como completamente deformado".

"Ese acto no es una pericia, ni puede suplirla", expresó el letrado en el escrito, para remarcar que el arma utilizada hasta ahora no se secuestró.

También dijo la defensa que no hay elementos de prueba para sindicar a Durand como autor del hecho.

Argumentó que la propia víctima en su indagatoria dijo que, si bien trabaja como estibador en el puerto, no conoce a Pérez y que aquella mañana, a la hora del disparo (poco antes de las 9), estaba en su casa junto a su hijo.

Además marcó que las descripciones físicas del agresor, aportadas por el gremialista, variaron drásticamente en sus tres declaraciones y que la figura del atacante no coincide con la contextura de un hombre de 50 años.

Durand, en su indagatoria, aseguró que cuando lo llevaron a la comisaría le quitaron el pantalón y luego se lo devolvieron roto a la altura de la rodilla, que lo obligaron a vestirse con una campera gris para fotografiarlo y que habrían secuestrado prendas de vestir de su casa antes del allanamiento judicial.

Sin riesgo procesal

El abogado, por otra parte, le aseguró a la jueza Marisa Promé que no existen riesgos procesales para mantener en libertad durante el proceso a Durand, porque no tiene antecedentes y durante las 48 horas que pasaron desde la primera aprehensión a la segunda, no se alejó de los lugares que frecuenta.

También dijo que tiene arraigo familiar, domicilio fijo en Ingeniero White y trabajo estable.

Fernández pidió que se declare su libertad bajo caución juratoria y, a modo subsidiario, ofreció una restricción de acercamiento absoluta a la víctima, a su hogar y a la sede del sindicato.

Durante el procedimiento, los efectivos policiales secuestraron dosis de cocaína, teléfonos celulares y dinero en efectivo, elementos que quedaron incorporados a la investigación judicial.

Como consecuencia del operativo, se procedió a la aprehensión de una mujer, identificada como Yanira de los Ángeles Armans, quien en las próximas horas será indagada en la fiscalía interviniente.

La causa continúa bajo la órbita de la Justicia, que buscará determinar las circunstancias y posibles responsabilidades vinculadas a la actividad investigada.

Interviene el Juzgado de Garantías Nº 3 y la UFIJ Nº 19.

El procedimiento tuvo su origen a partir de una intervención de emergencia realizada el 1 de julio pasado, en un inmueble ubicado en la calle 1810 al 300 de Bahía Blanca.

En el lugar, personal policial constató la existencia de un cultivo de cannabis bajo entorno controlado que arrojó un total de 18 plantas con un pesaje global de 4.300 gramos.

Tras la constatación de la sustancia ilícita por parte de los efectivos, la fiscalía temática (UFIJ Nº 19) requirió las medidas cautelares correspondientes. Asimismo, el Juzgado de Garantías Nº 2 ratificó el secuestro de los elementos dispuesto en el acta de inicio.

El pasado 3 de julio, el juez actuante ordenó formalmente la detención de Notti Araneda por su presunta autoría en el delito de tenencia simple de estupefacientes.

Tras mantenerse prófugo, la medida fue efectivizada por personal de la DDI en las últimas horas y está previsto que hoy se le reciba declaración en los términos del artículo 308 del Código Procesal Penal.

El paciente tiene heridas en el brazo izquierdo, en la zona del omóplato izquierdo y en la región sacra izquierda, en la parte baja de la espalda.

A raíz de los puntazos, el joven también resultó con un neumotórax, es decir aire acumulado en el espacio pleural (hueco entre el pulmón y la pared del tórax) que dificulta su respiración.

Apenas Silva ingresó en el servicio de emergencias, poco antes de las 18 de ayer, el equipo médico inició la reanimación hemodinámica y suturó las heridas cortantes en el sector de Cirugía.

El ataque se produjo en inmediaciones de Pacífico y Patricios, durante una discusión familiar.

Según la Policía y los testimonios recogidos en el lugar, el agresor sería su primo, Facundo Axel Silva (19), quien huyó en una moto.

Horas después fue aprehendido en Holdich al 1800, donde efectivos policiales secuestraron un par de zapatillas con aparentes manchas de sangre.

Además incautaron un arma blanca que habría sido utilizada durante el hecho y que descartaron en el lugar de la pelea.

Las primeras averiguaciones indican que el enfrentamiento se habría originado por problemas personales entre ambos adolescentes.

El intento de asesinato está siendo investigado por el fiscal de homicidios, Jorge Viego, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 5 bahiense.

La aprehendida fue identificada como Leonel Beatriz Carrasco, quien se había presentado alrededor de las 19:30 en un inmueble ubicado en Fragata Sarmiento al 7100, del barrio Portal del Este, con la intención de buscar a su hija de 17 años, que se encontraba en el domicilio de un familiar.

Carrasco, según detalla el informe policial, habría ingresado a la propiedad sin el consentimiento de la ocupante, una mujer de 35 años, y ocasionado daños en la puerta de entrada.

Ante esta situación, efectivos del Comando de Patrullas de Bahía Blanca acudieron al lugar y, tras constatar las circunstancias denunciadas, procedieron a su aprehensión.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría Tercera e interviene la UFIJ Nº 15 del DJBB.

La causa fue caratulada como daño y violación de domicilio.

El joven fue atacado con un arma blanca durante una discusión con su primo y, según el informe de la policía, personal del Comando de Patrullas acudió al lugar tras recibir un llamado que alertaba sobre una confrontación entre familiares. Al arribar encontraron a Agustín Silva, de 19 años, con tres heridas de arma blanca en el brazo y el torso, además de una importante pérdida de sangre.

De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, el presunto autor del ataque sería su primo, Facundo Axel Silva, también de 19 años, quien habría escapado en una motocicleta luego de la agresión.

Tras un operativo policial, el sospechoso fue localizado y aprehendido en Holdich al 1800. Durante el procedimiento, se secuestraron un par de zapatillas que presentaban aparentes manchas hemáticas. También incautaron un arma blanca que habría sido descartada en el lugar del enfrentamiento.

En tanto, la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Municipal, donde debió ser intervenida quirúrgicamente debido a la gravedad de las lesiones. Al momento de las actuaciones, permanecía internada bajo atención médica.

Las primeras averiguaciones indican que la pelea se habría originado por problemas de índole personal entre ambos familiares.

El aprehendido quedó alojado en una dependencia policial e interviene la UFIJ N° 5.

Pérez, secretario general del Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento local, expresó su indignación al enterarse de que el viernes Luciano Oscar Durand, imputado de dispararle y herirlo, había sido liberado por falta de pruebas.

"Llamó mucho la atención porque yo estuve en mi casa encerrado bajo cuatro llaves y este individuo (por Durand) en la casa tomando mate. Me parece que la justicia está fallando ahí", se quejó la víctima.

El dirigente gremial indicó que la Policía había recolectado elementos de prueba clave luego del ataque.

"Sentí bronca porque la Policía vino a mi casa y me dijo 'quédese tranquilo; ya lo encontramos y lo agarramos'. Las cámaras de mi domicilio lo enfocaron y las cámaras de la ciudad lo siguieron hasta la puerta de la casa. La moto la tiró al piso cuando me baleó, dejó pedazos de la moto y la Policía los recogió", declaró el baleado en una rodilla.

Pérez cuestionó con dureza el argumento de la fiscal de la causa, Marina Lara, para liberar inicialmente a Durand.

"La fiscal lo liberó por falta de evidencia. ¿Qué quería, que me matara para que hubiera evidencia?. Me parece que en este caso la Justicia se equivocó", opinó.

Durante su presencia en Fiscalía, Pérez comparó el trato recibido por los dirigentes gremiales con la impunidad inicial de su agresor.

"Parece que nos están persiguiendo a los gremialistas y nos están baleando. Lo que hicieron no tiene punto de comparación porque yo estaba declarando en fiscalía cuando este hombre estaba suelto. Y a un compañero de Empleados de Comercio (por Claudio Montiel), porque llegó con un cono, lo metieron un mes en la cárcel".

Frente a esta aparente disparidad de criterios, el dirigente sintetizó: "En Bahía Blanca, la Justicia está trabajando mal", sostuvo Pérez.

Raúl Oviedo, secretario general de la delegación bahiense de la Confederación General del Trabajo (CGT), aclaró que el reclamo de hoy apuntó al desempeño de los funcionarios a cargo de la causa.

"No vamos a cuestionar a la Justicia porque estamos bajo sus órdenes, pero cuestionamos el accionar de quienes deben impartir Justicia porque evidentemente es una cuestión de ideología o de mala praxis, siempre en contra de los trabajadores", reflexionó Oviedo.

Agregó que el anuncio de la movilización fue determinante para que posteriormente la Fiscalía dejara sin efecto la liberación de Durand.

"Era de manual que cuando empezamos a transmitir que íbamos a hacer la marcha, rápidamente salieron a recapturar al agresor del compañero Pérez", señaló el dirigente sindical.

Oviedo advirtió sobre la importancia de la respuesta gremial frente a este tipo de resoluciones.

"Sin duda que si no hacíamos nada, esto iba a ser quizás un efecto dominó. Este movimiento que está ahora del pueblo trabajador es justamente por esa mala praxis judicial", finalizó el entrevistado durante la manifestación de esta mañana.

La manifestación, prevista para las 10 y en la que estuvo presente la víctima, también reunió a miembros de la Confederación General del Trabajo (CGT) y del gremio Asociación Empleados de Comercio bahienses.

Los sindicalistas piden que "avance" la causa a cargo de la fiscal Marina Lara, "que se esclarezcan los hechos y que se llegue hasta los responsables materiales e intelectuales" del grave incidente.

Por el hecho la Policía aprehendió el jueves a Luciano Oscar Durand, quien le habría efectuado el disparo que hirió a Pérez en una de sus rodillas.

Sin embargo al día siguiente el sospechoso quedó libre, pero ayer lo volvieron a arrestar, en vinculación con los delitos de portación de arma de guerra sin la debida autorización legal y abuso de armas.

El baleado es el secretario general de la filial local del Sipedyb.

"No podemos permanecer indiferentes ante semejante situación. Exigimos que la investigación avance, que se esclarezcan los hechos y que se llegue hasta los responsables materiales e intelectuales de este ataque", señala el folleto de la convocatoria.

"No queremos mirar para otro lado. Queremos justicia y garantías para Luis y su familia", se indicó.

El caso está siendo investigado por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 7, dirigida por Lara.

Después de que Durand quedara en libertad, la CGT exigió el viernes la intervención del fiscal general Juan Pablo Fernández.

"Hace poco más de 24 horas repudiábamos un hecho gravísimo de agresión con arma de fuego a un dirigente sindical, un hecho de violencia extrema que nos preocupa a todos. Pocas horas después recibimos la importante noticia de que la policía había realizado un gran trabajo y con gran celeridad detuvo a quien habría cometido el atentado", expresa el comunicado de la confederación.

"Desde la CGT Delegación Regional Bahía Blanca destacamos y agradecemos la eficiente tarea de los efectivos de la Policía. Lamentablemente, a las pocas horas de la detención, nos anoticiamos de que el delincuente fue liberado, imponiéndole una restricción de acercamiento a la víctima por seis meses".

"Habida cuenta de lo sucedido, quedamos a la espera de que intervenga de oficio el jefe de los fiscales, tal como lo hizo con un dirigente (Claudio Montiel, secretario adjunto de Empleados de Comercio) por haber golpeado una puerta con un cono de plástico en ocasión de una protesta, para que detengan nuevamente al delincuente y lo trasladen a un penal", continúa el escrito.

"Confiando en que la Justicia actúa por igual con todos, mantenemos las expectativas por el pronto esclarecimiento sobre quién o quiénes son los autores intelectuales (si es que realmente hay un mensaje mafioso o amenaza por encargo), y la detención inmediata y traslado a un penal del autor material".

"Anhelamos todos que la Justicia brinde la tranquilidad a la víctima y su familia que les brindó la Policía", concluye el documento.

El descargo de la fiscalía se dio en medio de ciertas suspicacias que partieron de sectores gremiales, al entender que la detención del acusado, a dos días de su libertad, tenía que ver con mitigar los efectos de la movilización prevista para hoy. 

"Como la investigación es fluctuante, no nos quedamos con la prueba que había el viernes, se obtuvieron más medidas de prueba y se pudo determinar algo que fue determinante para la detención: que en el lugar del hecho se halló un fragmento de proyectil deformado, no era el proyectil entero, por eso la dificultad para hacer la pericia que, a opinión de un especialista en balística, correspondía a un proyectil de arma de guerra", explicó la titular de la UFIJ Nº 7.

Lara explicó que la portación de arma de guerra es un delito detenible y, en función de eso, "es una prueba que se produce el fin de semana. Se le solicitó ayer a la jueza de Garantías el pedido de detención y la jueza ordenó la detención".

"En este caso lo que determinó que llegue detenido es la magnitud de la pena en expectativa. Con la prueba producida el fin de semana se pudo determinar que portó un arma de guerra, que es un delito que tiene una expectativa alta, de hasta 8 años y 6 meses de prisión, por esa magnitud de pena es un delito detenible.

"Al principio no había elementos para disponer una aprehensión y por el delito que se investigaba hasta ese momento era abuso de arma, pero no se sabía que era un arma de guerra. El tipo de arma se obtuvo el sábado", remarcó.

La fiscal explicó que el móvil del ataque todavía sigue siendo materia de investigación y que hay dos teléfonos celulares secuestrados cuyo contenido se analiza.

"La única vinculación es que esta persona, el detenido, hace tareas de changas como estibador en el puerto" y que Pérez es secretario gremial del Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento. 

Negó los cargos

Durand fue indagado ayer, tras ser detenido, y negó los cargos en su contra, según confirmó Lara.

"Declaró, dijo que no era y dio algunas precisiones", aclaró.

Las citas que aportó el sospechoso -que no tiene antecedentes penales- tendrán que ser evacuadas para saber si dice la verdad o miente. 

"La investigación está recién iniciando, vamos obteniendo nuevos elementos de prueba y pueden llevar a que, eventualmente, haya nuevas personas implicadas", dijo.

En cuanto al testimonio de la víctima, la fiscal confirmó que Pérez no conocía a Durand y que nunca había recibido amenazas ni había tenido problemas en virtud de su cargo.

Lara, por último, rechazó las críticas desde los sectores gremiales referidas a que este caso se midió con distinta vara al que tuvo como imputado a Claudio Montiel, gremialista de Empleados de Comercio que fue acusado de causar desmanes en el Bahía Blanca Plaza Shopping.

"No hay ningún encono de mi parte ni de la fiscalía con los sindicalistas, las cuestiones son diametralmente opuestas. La situación de Montiel era que, prima facie, teníamos prueba para tener por configurado delitos gravísimos, como coacción agravada, privación de la libertad y daños reiterados, por eso fue detenido", explicó.

Según se informó, uno de ellos, Agustín Alejandro Medici (19), al ser identificado descartó un revólver calibre .32 largo, con dos municiones intactas en el tambor, y una navaja.

En tanto, los otros tres jóvenes, Jeremías Agustín Vega (19), Leandro Abel Banegas (28) y Daniel Exequiel Hermosilla (26), se negaron a identificarse y opusieron resistencia al accionar policial.

El arma y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia. Intervienen la UFIJ N.º 15 y el Juzgado Correccional en turno. Las actuaciones se llevan adelante en la Comisaría Quinta.

La detención se llevó a cabo por pedido de la Fiscalía y orden de la Justicia. Actualmente se encuentra en la comisaría Primera.

El procedimiento se llevó adelante en el domicilio de Durand, ubicado en Carrega al 3.300 de Ingeniero White, donde además se procedió al secuestro de dos dispositivos telefónicos.

Los investigadores establecieron con el correr de las horas que el ataque se produjo a través de la portación, sin la debida autorización legal, de un arma de fuego calibre 38 o 357, consideradas armas de guerra, circunstancia que agravó la figura.

Durand, de 50 años, domiciliado en Ingeniero White, había sido detenido el jueves alrededor de las 22, durante un operativo realizado en la intersección de De Solier y De la Soberanía. Luego, al día siguiente, había sido liberado por decisión de la UFIJ Nº 7. También se le fijó una prohibición de acercamiento a la víctima durante seis meses, ordenada por el Juzgado de Garantías Nº 4.

Durante el procedimiento, personal policial secuestró una motocicleta, un casco y prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el ataque. Para identificar al sospechoso, los investigadores analizaron registros de más de 20 cámaras de seguridad privadas y del Centro Único de Monitoreo (CEUM).

La agresión ocurrió el miércoles, alrededor de las 9, cuando Pérez, de 68 años, salía de su vivienda ubicada en Pedro Pico al 1500. En esas circunstancias, un hombre que llevaba casco lo interceptó y le efectuó un disparo que impactó en su pierna izquierda. Luego escapó en una motocicleta.

La víctima es el secretario general local del Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento, quien tras el episodio manifestó públicamente que no existían internas dentro de la organización gremial.

Marcha

Afiliados al Sindicato de Dragado y Balizamiento llevarán a cabo este lunes, desde las 10, una movilización a Fiscalía, en reclamo de "que la investigación avance, que se esclarezcan los hechos y que se llegue hasta los responsables materiales e intelectuales" del ataque.

"No queremos mirar para otro lado. Queremos justicia y garantías para Luis y su familia", se indicó.