Tras la denuncia presentada por las autoridades de la entidad deportiva, personal del Gabinete de Investigaciones de la Comisaría Tercera inició tareas investigativas en coordinación con el Centro Único de Monitoreo (CEUM), donde se logró identificar a los sospechosos y seguir sus movimientos hasta el domicilio de uno de ellos.

Durante la mañana, parte del material robado fue encontrado oculto entre los pastizales ubicados detrás de la cancha de Huracán, en una zona cercana a la marea.

Posteriormente se realizó un allanamiento en una vivienda de calle Juan B. Justo al 2800, en Ingeniero White.

Como resultado del procedimiento fueron aprehendidos un menor de 15 años y Santiago Ezequiel Bentacourt, de 19.

Según informaron fuentes policiales, este último se encontraba cumpliendo arresto domiciliario por causas relacionadas con delitos contra la propiedad y abuso de arma.

Además, en la vivienda se secuestró parte del cableado sustraído, aunque una porción del material ya había sido combustionada.

El joven de 19 años quedó alojado en la Comisaría Tercera, mientras continúa la investigación para determinar la totalidad de las responsabilidades en el hecho.

Por este hecho, ayer ya habían sido capturadas una mujer y una menor de 17 años, quienes resultaron ser la pareja y la hija de este sujeto.

La aprehensión se llevó a cabo durante allanamientos llevados a cabo en dos viviendas ubicadas en Rufino Rojas al 500 y Pasteur al 1.500, y fueron dictaminados por el Juzgado de Garantías Nº 4.

En ellos se secuestraron dos carabinas y un arma de puño marca Bersa Thundar Calibre 22  y varias municiones, además de la captura del hombre.

A partir de la judicialización del hecho, se pudo determinar que esta persona había participado del delito, siendo quien empuñaba el arma de fuego secuestrada al momento del hecho.

El delincuente fue trasladado a la Comisaría Primera y puesto a disposición de la Fiscalía Nº 7. En ese sentido, se indicó que posee un amplio enlistado de antecedentes por delitos similares y contra la propiedad.

La convocatoria reunió a un nutrido grupo de personas que acompañó a la familia durante la jornada y se concentró frente al Palacio Municipal, donde se renovó el reclamo por avances en la investigación y respuestas concretas de las autoridades.

Con carteles, banderas y mensajes de apoyo, además de bocinazos y aplausos, los presentes expresaron su acompañamiento a la familia y reclamaron que el caso continúe teniendo visibilidad pública.

Además, insistieron en la necesidad de que hechos de violencia como el ocurrido no vuelvan a repetirse en Bahía Blanca.

Durante la movilización, la madre del adolescente, Aldana Vega, agradeció el acompañamiento de la comunidad y aseguró que continuará con el pedido de justicia hasta obtener respuestas.

La mujer destacó la evolución favorable de su hijo, aunque explicó que deberá someterse a una nueva cirugía para la colocación de una placa craneal y continuar con un proceso de rehabilitación.

Vega cuestionó que los presuntos responsables continúen en libertad y señaló que, a más de un mes del hecho, aún no habría un fiscal a cargo de la causa.

“No es justo que una mamá tenga que salir a la calle a pedir justicia. Si Thiago está vivo es porque su amiguito (Rodrigo) le salvó la vida y como madre me siento indefensa”, sostuvo.

También reclamó mayor presencia de las autoridades frente a la problemática de la inseguridad y el consumo de drogas en distintos sectores de la ciudad.

“Necesitamos ser escuchados como sociedad. Que esto no le pase a ninguna familia más”, expresó.

Por último, agradeció el respaldo de los vecinos, el acompañamiento de los medios de comunicación y la atención recibida por parte del personal del Hospital Municipal durante la internación de Thiago.

“Esta lucha es larga, pero no vamos a parar hasta que se haga la justicia que se tiene que hacer”, concluyó.

El megaoperativo, que apunta a desbaratar redes de grooming, ciberpedofilia y abuso sexual infantil, puso especial foco en la región del sudoeste provincial. Las acciones en nuestra ciudad y Tres Arroyos fueron lideradas de manera directa por los fiscales Rodolfo De Lucía y Natalia Ramos, respectivamente.

Los procedimientos en Bahía formaron parte de una estrategia coordinada desde el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming de la Procuración General, conducida por el doctor Julio Conte-Grand.

Para desarticular las operaciones locales, los fiscales bahienses trabajaron en conjunto con ocho fiscalías especializadas que funcionaron como nodos de inteligencia en toda la provincia. El objetivo en la región no solo fue el secuestro de material de abuso sexual infantil (MASI), sino también detectar la posible producción local, la distribución y los casos de acoso virtual (grooming), delitos tipificados en los artículos 128 y 131 del Código Penal Argentino.

A nivel provincial, el impacto del operativo dejó estadísticas que encienden las alarmas de las autoridades:

• Objetivos e involucrados: De un total de 138 objetivos investigados, se concretaron 121 allanamientos. Se identificó a 111 personas (106 hombres y 5 mujeres).

• Menores implicados: Entre los investigados se detectaron dos menores de 18 años que compartían este material. El rango etario general de los sospechosos oscila entre los 15 y los 75 años.

• Entornos de riesgo: Preocupa de sobremanera que 6 de los investigados trabajan en contacto directo con niños y adolescentes. Además, se identificaron 37 menores de edad que convivían con los sospechosos y 4 posibles víctimas directas de abuso infantil.

• Allanamientos en cárceles: Los procedimientos incluyeron una unidad carcelaria donde se encontraban alojados presos que ya purgaban penas por abuso sexual.

Uno de los objetivos de la investigación se inició a raíz de un operativo previo por tenencia de material de abuso. Gracias al seguimiento, se logró detectar a una nueva imputada dedicada a la producción y distribución del material.

Tecnología incautada

El volumen de material digital secuestrado requerirá semanas de peritajes. En total, las fuerzas policiales de la provincia, federales y de la Ciudad de Buenos Aires incautaron:

• 165 teléfonos celulares.

• 160 dispositivos de almacenamiento (discos, pendrives).

• 80 computadoras.

• 2 armas de fuego.

Durante los mismos procedimientos, los especialistas informáticos ya lograron realizar 31 triajes y análisis rápidos (visus) sobre los dispositivos secuestrados para asegurar la prueba de manera inmediata.

Las autoridades destacaron la colaboración de la Dirección de Investigaciones en Cibercrimen de la Policía Bonaerense, la Policía Federal Argentina, la Policía de la Ciudad y Prefectura Naval, quienes actuaron en simultáneo para evitar el borrado de archivos y desmantelar los nodos desde la periferia bonaerense hasta Bahía Blanca.

La audiencia prevista en el artículo 308 del Código Procesal Penal estará a cargo de la fiscal Marina Lara y no se dio a conocer la fecha exacta de la misma por cuestiones de seguridad, a fin de evitar una eventual reacción de los grupos más radicalizados de proteccionistas de animales.

En las últimas horas, en el marco de la investigación, se incorporaron a la causa distintas declaraciones testimoniales, entre ellas de otros jóvenes que estuvieron presentes y vieron toda la secuencia.

Sus dichos sirven para determinar el grado de participación de ambos acusados, según se informó.

Por otra parte, el viernes se realizará el examen de visu de los celulares de Bravo y Santerre, secuestrados en el  marco de una serie de allanamientos realizados tanto en nuestra ciudad (donde los jóvenes estudiaban) como en la localidad de Huanguelén, de donde son oriundos.

"Tendremos que determinar si se pueden desbloquear los dos teléfonos. Son dos Iphone y las claves no fueron suministradas", explicó un investigador.

De no lograr la apertura en ese caso, se deberá realizar una pericia de mayor complejidad, que demandará más tiempo.

Sobre la indagatoria, se dijo que ambos deberán responder por infracción a la ley de maltrato animal, en concurso ideal con la falta a la ley de preservación de la fauna autóctona.

Esta última normativa prevé en caso de condena la inhabilitación, con lo cual ambos jóvenes deberían llegar a juicio oral y no podrían ser beneficiados por el "atajo" de la suspensión de juicio a prueba o probation.

Más allá de esta causa, tramita otra IPP ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 9, a cargo del fiscal Diego Conti, por las amenazas que supuestamente recibieron tanto Bravo como Santerre luego de la viralización del video.

El hecho tuvo lugar pasadas las 20 de ayer, cuando personal policial tomó conocimiento de que en la intersección de las calles Belgrano y Ramón Ocampo había un joven esgrimiendo un arma de fuego. 

Al llegar al lugar, los uniformados observaron a una persona con las características descriptas por el vecino que se comunicó telefónicamente y, ante la presencia policial, se dio a la fuga, descartando un elemento entre unos pastizales.

El joven finalmente fue alcanzado y reducido, constatándose que la pistola que había manipulado era de aire comprimido. 

Por este hecho, el menor -a quien no se identifica por razones legales- fue trasladado a la comisaría para luego ser entregado a sus padres.

En el caso tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 1 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Bahía Blanca (agencia Carmen de Patagones).

Se trata de Dylan Campos, quien había sido detenido en febrero cuando la Policía Bonaerense allanó su vivienda, en Patricios 2.149, y encontró no solo el arma de fuego que buscaba (por un incidente armado anterior), sino más de medio kilo de cocaína compactada dentro de una bolsa de residuos.

En esa casa de Patricios, el 7 de mayo último, Thiago, un chico de 14 años que había ido a buscar a su hermano, quedó en medio de una situación tan desesperante como inesperada.

Una persona que ingresó al lugar disparó un arma y la bala dio en la cabeza del joven, que salvó su vida de milagro, luego de ser operado en el hospital Municipal, donde estuvo 20 días internado.

A la condena de la Justicia Federal a Campos se llegó tras dos meses de investigación y un acuerdo entre la Unidad de Investigación y Litigio de Casos Sencillos, encabezada por la fiscal Elisa Trinchín y el auxiliar fiscal Facundo Ruiz Martínez, y la defensa particular del imputado.

La investigación se había originado en la Justicia ordinaria, tras un allanamiento ordenado por el Juzgado de Garantías Nº 3, en el marco de la causa que requería el secuestro de un arma de fuego, municiones y documentación vinculada a su tenencia y/o portación.

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En esas circunstancias se descubrió la importante cantidad de droga, indudablemente destinada a la comercialización. También incautaron dos teléfonos celulares y dos plantas de cannabis.

Tras ese resultado (el secuestro de 566 gramos de cocaína), el Juzgado de Garantías Nº 3 provincial giró actuaciones al fuero federal, donde se avanzó hacia la condena a Campos.

Doctrina plain view

La defensa técnica del imputado había promovido un planteo de nulidad contra el procedimiento que dio origen a las actuaciones, por entender que se había excedido el objeto de la orden de allanamiento impartida por el juez provincial.

Ante esta situación, la Justicia -compartiendo los fundamentos expuestos por la fiscalía- rechazó la nulidad, bajo el entendimiento que se trató de un descubrimiento inevitable (doctrina plain view) y que el hallazgo se produjo en la órbita del efectivo diligenciamiento de la orden de allanamiento.

En consecuencia, el juez de Garantías Federal, Walter López Da Silva, declaró la competencia y se avanzó con la causa.

Además de confirmarse que la droga secuestrada era clorhidrato de cocaína, del examen UFED practicado al teléfono de Campos se pudo determinar actividad compatible con el comercio de estupefacientes.

"Podría estar relacionado con un hecho en Córdoba, se están recibiendo informes desde allá, se está tramitando en estos momentos, pero lo está haciendo el Juzgado de Garantìas", confirmó hoy por LU2 el fiscal Marcelo Romero Jardín, quien dijo no tener otras precisiones al respecto. 

El titular de la UFIJ Nº 14 indagó este mediodía a Correa y el acusado se negó a declarar.

Correa fue capturado por la Policía poco antes de mediodía de ayer, cuando fue visto en la vía pública y trató de ocultarse en una vivienda ajena, sobre la calle Brown al 2.700.

Además de responder por su presunta autoría en el delito sexual, afronta cargos por la violación de domicilio ante la UFIJ Nº 15.

"Estamos seguros"

Respecto del ataque que sufrió el 1 de marzo de 2025 la trabajadora en la verdulería de Misiones al 400, el fiscal confirmó que las pruebas contra el detenido son contundentes.

Además de la reconstrucción que se hizo con las cámaras de seguridad del CeUM y privadas y los testimonios, el 11 de septiembre de 2025 llegó el resultado de una pericia de ADN (comparado con una tarjeta con sangre del imputado) que arrojó resultado positivo.

"Estamos seguros de que se trata del abusador. Está totalmente acreditado", declaró Romero Jardín.

Sobre el día del hecho, el fiscal dijo que pudieron reconstruir que Correa estuvo poco antes en la verdulería, como cliente, e hizo una compra menor y después regresó.

"Ingresó diciendo que era un robo, pero luego cometió el abuso", agregó.

Romero Jardín destacó el trabajo de la comisaría Primera en los primeros tramos de la causa. 

"El hecho sucedió el 1 de marzo, un sábado, con poca gente en la calle, y el sujeto era un NN que había entrado en la verdulería y abusado de una empleada. Con las cámaras del CeUM y de vecinos,  así se pudo identificar a Correa", agregó.

También confirmó que pocos días después del hecho el acusado escapó hacia Pedro Luro, donde vivían sus padres y que en esa ciudad se hicieron allanamientos, con el secuestro de su moto y una mochila, pero que a él no se lo pudo atrapar porque escapó por los techos.

"El personal de la DDI debió regresar el día 6 (de marzo) por el alerta meteorológico (de la inundación que después azotó a Bahía). Gracias al temporal logró profugarse", explicó.

El hecho ocurrió en la tarde-noche del martes, alrededor de las 20, en Rawson al 500.

En ese lugar, personal del Gabinete Investigativo de la Comisaría Primera capturó a una mujer de 42 años y a su hija de 17, luego de que testigos presenciales señalaran que ambas habían apuñalado a un joven de 16 años para quitarle dos teléfonos celulares y una consola de videojuegos.

El joven atacado fue trasladado al Hospital Municipal sin riesgo de vida.

La investigación continúa, ya que no se descarta la participación de dos personas más, que serían familiares de ambas mujeres.

Las agresoras fueron trasladadas y puestas a disposición de la fiscalía en turno y de la Fiscalía del Joven. La causa está caratulada como robo agravado en poblado y en banda, agravado por la participación de un menor, y lesiones.

Se trata de Emiliano Fabián Correa, de 37 años, quien fue puesto a disposición del Juzgado de Garantías N° 3 y del fiscal Marcelo Romero Jardín, por el grave delito que sufrió una joven de 25, el 1 de marzo de 2025, en el local que funcionaba en Misiones al 400.

Personal del Comando de Patrullas y de la comisaría Primera llegó a la detención tras un aviso al 911 que daba cuenta de la presencia de este sospechoso en esa zona.

Se lo capturó cuando ingresaba a una vivienda de una chica de 22 años y también fue imputado de violación de domicilio.

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Correa está imputado del delito de abuso sexual con acceso carnal, en el marco de la IPP 4941-25.

El ataque se produjo un sábado sobre las 18, cuando el acusado ingresó en la verdulería con supuestas intenciones de robo.

Luego obligó a la víctima a ingresar en el baño del local y allí la sometió, para luego escapar.

El relato de vecinos y las cámaras de seguridad fueron clave para identificar al sospechoso, quien no obstante escapó y se mantuvo prófugo durante más de un año.

Se cree que en los primeros días de fuga -poco antes de la trágica inundación que sufrió nuestra ciudad- Correa se había escapado hacia la zona de Pedro Luro.

El fiscal Romero Jardín lo indagará mañana a las 10, según se informó.

El detenido, de quien no se dio a conocer su identidad, tiene 44 años y su arresto había sido solicitado desde la oficina judicial de Puerto Madryn.

Efectivos policiales de Carmen de Patagones, en tanto, aprehendieron a un joven que fue sorprendido in fraganti incumpliendo una medida cautelar ordenada por el juzgado de Paz de aquella ciudad.

El individuo de 28 años quedó aprehendido por "desobediencia".

Por otra parte, en cercanías a Villa Linch, uniformados maragatos arrestaron a dos varones de 27 y 29 años que tenían en su poder envoltorios con marihuana y cocaína.

Policías de Patagones aprehendieron a otro joven que ayer a la madrugada habría intentado sustraer una moto en la vía pública.

El acusado intentó darse a la fuga, pero los agentes de seguridad pudieron interceptarlo y reducirlo, quedando a disposición de la fiscalía de flagrancia de Bahía Blanca.

Además, oficiales de Policía aprehendieron a tres jóvenes (dos mujeres y un varón) que provocaron disturbios y trataron de agredir a los efectivos en un sector de Villalonga, también en el distrito de Patagones.

Quedaron imputados por atentado y resistencia a la autoridad.

El caso es llevado adelante por la UFIJ Nº 1, a cargo de Cristian Aguilar, quien requirió una serie de medidas de prueba.

Fuentes consultadas indicaron que desde el Ministerio Público se pidió la historia clínica del niño, solicitaron pericias médicas y se le tomará declaración testimonial a los facultativos que lo asistieron.

Al mismo tiempo, la fiscalía dio intervención a los organismos de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como al Juzgado de Familia correspondiente.

Los voceros mencionaron que en casos similares registrados anteriormente desde la fiscalía se imputó al padre o la madre de los niños por el delito de lesiones culposas y todas las investigaciones fueron elevadas a juicio.

Según se informó, el hecho se conoció a partir de una denuncia realizada por una médica. De acuerdo con las actuaciones, el bebé, que presentaba un cuadro respiratorio y fiebre, fue sometido a estudios de rutina en el marco de la atención recibida y uno de los análisis detectó la presencia de la sustancia.

Además, se conoció que existe un antecedente de características similares registrado en mayo de este año, ocasión en la intervino personal del Hospital Penna.

En tanto, desde el centro asistencial de la comuna describieron que el recién nacido continúa internado en el área de Pediatría y en condición "estable".

Fuentes oficiales señalaron que la UFIJ Nº 15 y el defensor oficial de los imputados delimitaron los alcances de un juicio abreviado que sería presentado la semana que viene durante la audiencia de finalización del procedimiento de flagrancia ante la Justicia de Garantías. 

Se trata de Leonel Antonio Villa Villa, de 42 años, Pablo Andrés Castillo Antipe (44) y Camilo Germán Pardo Villarroel (33), quienes están imputados del delito de robo doblemente agravado por efracción y por cometerse en poblado y en banda.

Todos ellos fueron indagados oportunamente por la fiscal Claudia Lorenzo y decidieron negarse a declarar.

Los voceros mencionaron también que, pese a lo que especuló inicialmente, los procesados no cuentan con antecedentes penales computables tanto en nuestro país como en Chile.

Como se informara, los individuos fueron arrestados por efectivos policiales en la terminal de ómnibus San Francisco de Asís, cuando procuraban abordar un colectivo con destino a Mar del Plata.

En poder de los sospechosos incautaron herramientas, un handy (inhibidor) y fajos de dinero en efectivo por un total de 35.995.730 pesos de moneda nacional, dinero que fue reconcido por las autoridades de la firma damnificada a partir de algunas inscripciones en los fajos.

Cabe recordar que el pasado 4 de junio los propietarios de la Distribuidora Santarossa advirtieron que delincuentes habían ingresado por los techos del edificio ubicado en Brandsen al 700.

Los ladrones, con evidente conocimiento del lugar, realizaron un boquete en la oficina del dueño y desde allí se dirigieron a otra oficina para apoderarse de una gran cantidad de dinero en efectivo que estaba destinada al pago de sueldos y proveedores. 

El incidente, de acuerdo con la comunicación de la fuerza de seguridad, se originó sobre las 18, cuando un joven de 19 años denunció la sustracción de una campera por parte de un grupo integrado por dos mayores y dos menores.

La situación derivó en una pelea generalizada entre los involucrados: por un lado "trapitos" (entre quienes estaría la víctima dela sustracción) y por otro, gitanos, todos conocidos entre sí.

En medio del enfrentamiento, uno de los jóvenes terminó con una herida punzante.

Con la intervención de la Policía, los cuatro gitanos quedaron aprehendidos y se iniciaron actuaciones, en principio por robo agravado por haberse cometido en poblado y en banda, con participación de menores.

La víctima fue identificada como Cristian Zacarías Martínez, mientras que los aprehendidos son Nicolás Ezequiel Monje Vince (18), Matías Ezequiel Díaz Iancovich (20) y dos menores de 15 y 16.

Se trata de determinar si en el plano presentado por los dueños del local ubicado en la avenida Cabrera al 4.100 -tenía la habilitación provisoria vencida- se proyectaba una pared donde estaban las gigantografías que se transformaron en una trampa mortal para Juan Roberto Cafasso (69) cuando se trastabilló en la zona de los elípticos.

En ese marco, el fiscal pedirá que para dicho análisis se sumen expertos del Colegio de Ingenieros de Bahía Blanca o de la Universidad Nacional del Sur. 

Esa conclusión podría llegar a comprometer en mayor medida a los titulares del establecimiento, así como al responsable de obra del mismo, que sería un profesional con domicilio en Necochea.

Muerte en el gimnasio: quiénes son los responsables de la franquicia local

Personal de la Asesoría Pericial acompañó a Aguilar durante el allanamiento e inspección que realizó días atrás en el gimnasio, aunque en ese caso fue para llevar a cabo otro tipo de estudios relacionados con la causa.

Otras de las medidas de prueba que sumará la UFIJ Nº 1 será una ronda de testimoniales, aunque en este sentido no trascendieron detalles.

A la par de la investigación judicial, los titulares de la franquicia deben presentarse hoy ante el Tribunal Municipal de Faltas para hacer un descargo por el acta de constatación comunal (la Nº 26.121) que firmaron los inspectores el 10 de abril último a las 11.20.

En ese documento -donde figuran las razones sociales Rudda Coffe Club y Power Zone SRL- se intimó al cese de la actividad comercial por persistir en el comercio la habilitación provisoria vencida desde fines de enero.

El Tribunal Municipal de Faltas formó causa a fines de abril y en mayo citó a la audiencia de hoy. En el medio de ese trámite, se produjo el imprevisto deceso de Cafasso.

Unos días antes del acta del 10 de abril, los responsables del gimnasio habían presentado el plano de la planta superior -que en principio estaba prevista para depósito/archivo- a fin de destinarlo al uso público de los clientes, a partir del crecimiento en la cantidad de abonados.

El hecho se registró en un comercio de calle Tierra del Fuego al 3500, donde personal policial acudió tras un llamado al número de emergencias que alertaba sobre un robo.

En el lugar, los efectivos se entrevistaron con la propietaria del local, quien manifestó que un hombre ingresó al comercio y, mediante amenazas, le sustrajo alrededor de $300.000 de la recaudación.

Según su testimonio, un segundo individuo lo aguardaba en el exterior a bordo de una motocicleta para facilitar la fuga.

A partir de un operativo en la zona, el personal policial logró la aprehensión de uno de los sospechosos, identificado como Maximiliano Agustín Martínez, de 24 años, quien quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°15.

La investigación continúa para dar con el segundo implicado en el hecho.

El procedimiento se inició cuando efectivos del Comando de Patrullas intentaron identificar al conductor de una motocicleta tipo enduro en inmediaciones de Tierra del Fuego y Piccioli. Sin embargo, lejos de acatar las órdenes impartidas por el personal policial, el motociclista aceleró y emprendió la fuga a gran velocidad, dando inicio a un seguimiento por diversas arterias.

La persecución finalizó en Harris al 1400, donde el conductor, identificado como Axel Patricio Solano, ingresó de manera brusca al patio delantero de su domicilio. En esa maniobra impactó la motocicleta contra una reja y fue finalmente reducido y aprehendido por los uniformados.

Durante el procedimiento también se dispuso el secuestro de la motocicleta Corven Triax 200, al constatarse que el rodado carecía de la documentación correspondiente.

El joven fue trasladado a la comisaría Sexta, mientras que la investigación quedó a cargo de la UFIJ Nº 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca. La causa fue caratulada como desobediencia.

Según informaron fuentes oficiales, todo comenzó cuando el conductor de una Ford Ecosport, identificado como Miguel Ángel Babler (54), fue advertido por personal del Comando de Patrullas que no podía circular por el lugar debido a trabajos de reparación del pavimento que se desarrollaban en la zona.

Lejos de acatar las indicaciones, el hombre adoptó una actitud hostil, profirió insultos contra los uniformados y posteriormente arremetió físicamente contra uno de los efectivos. Aunque el ataque no provocó lesiones, también habría lanzado reiteradas amenazas de muerte hacia el personal policial.

Mientras se aguardaba la llegada de refuerzos, familiares del aprehendido intentaron interferir en el procedimiento y agredieron a los agentes. De manera simultánea, varias personas comenzaron a congregarse en las inmediaciones y arrojaron piedras contra los uniformados, generando una situación de tensión.

En medio del tumulto, Jessica Elizabeth Babler (34) ingresó a la camioneta con intenciones de retirarse del lugar. Sin embargo, fue finalmente reducida por los efectivos tras un intenso forcejeo que se produjo dentro del habitáculo del vehículo.

Como resultado del operativo, la policía concretó el secuestro de la Ford Ecosport involucrada y el traslado de ambos aprehendidos a la dependencia correspondiente para el cumplimiento de las actuaciones judiciales.

La causa quedó en manos de la UFIJ Nº 15 de Flagrancia del Departamento Judicial Bahía Blanca, bajo la carátula de atentado y resistencia a la autoridad, amenazas y desobediencia.

Según informaron fuentes oficiales, en el lugar fueron encontradas 65 personas, por lo que se dispuso el desalojo de los asistentes y una nueva clausura del inmueble. El domicilio está vinculado a Walter Tartuferi y ya registra numerosos antecedentes por situaciones similares.

El procedimiento se produjo apenas un día después de otro operativo realizado en el mismo sitio. Este sábado, efectivos policiales y personal municipal habían desalojado a unas 80 personas que participaban de un evento similar y procedieron también a la clausura de la vivienda.

La propiedad ubicada en el sector de Manuel Molina al 1.700 ha sido escenario de reiteradas intervenciones en los últimos meses. Entre los antecedentes más recientes figura el operativo realizado el 24 de mayo, cuando fueron halladas 117 personas y una de ellas debió ser asistida por personal médico tras quedar inconsciente en la vereda.

Hace pocas semanas una vivienda en Las Heras al 600 se incendió a raíz de la sustracción de dicho caño de cobre (que conecta el medidor con la instalación interna del inmueble) y, paralelamente, la Justicia bahiense condenó, por otro hecho, a un acusado, teniendo en cuenta la "extensión del daño causado" como agravante.

La jueza de Garantías Nº 4, Marisa Promé, le impuso a Jonatan Salas (39) la pena de dos meses de prisión de cumplimiento efectivo (modalidad poco habitual para estos casos), después de un juicio abreviado en el que también se analizó la conducta del acusado en relación con otros ilícitos, por los cuales tenía una condena previa.

A mediados de abril, la Policía había aprehendido a Salas mientras intentaba robar elementos del medidor de un domicilio en Entre Ríos al 800.

Preocupa la continuidad del delito. En abril del año pasado, en apenas una semana, se registraron más de 40 casos.

Y en vinculación con algunos robos en 2025 se arrestó a Javier Claudio Sebastián Espil (19).

Virginia Ferrer, encargada de relaciones institucionales de Camuzzi Gas Pampeana, empresa prestadora del servicio, confirmó que Bahía Blanca es una de las ciudades más afectadas por este accionar delictivo en la provincia de Buenos Aires.

"Desconocemos el motivo por el cual se incrementaron, pero la realidad es que detrás del robo individual de flexibles hay una cadena comercial de chatarra, entonces hay que ir a esa fuente para entender el incremento", dijo Ferrer.

La mayoría de estas sustracciones se produce en el territorio bonaerense y con más frecuencia en algunas localidades específicas como Bahía Blanca, según afirmó la entrevistada.

Este año los robos de flexibles ya suman más de 70 en la ciudad.

"Por eso también decidimos comunicarlo para prevenir a los usuarios que podrían ser afectados y desalentar esta modalidad delictiva", destacó.

"No sé qué valor tiene en el mercado ilegal el cobre de los flexibles que sustraen y después venden como chatarra", agregó.

Con 20 caños para el suministro de gas se obtiene aproximadamente un kilo de cobre.

Esta problemática es una "emergencia y tiene que ser tratada como tal", de acuerdo con el análisis de la informante.

"Cuando recibimos una llamada de este tipo en nuestra línea de emergencias, acudimos de inmediato por tratarse de una situación de peligro porque casi siempre queda venteando gas natural, a raíz de que los ladrones de flexibles no saben manipular los medidores", acotó.

"Conocemos las consecuencias de este accionar y, de hecho, hace aproximadamente un mes se incendió una casa en Las Heras al 600 producto del robo de un flexible. Este hecho nos sirve para recordar que el riesgo es real y concreto", continuó Ferrer.

La "ola de robos" de flexibles se consumó generalmente en horas nocturnas, cuando la oscuridad les permite a los delincuentes "actuar más libremente" y evitar ser atrapados.

Las sustracciones se registraron individualmente en viviendas particulares, como también en inmuebles ubicados en una misma cuadra o sector de Bahía, perjudicando a numerosos vecinos al mismo tiempo.

"Los flexibles de cobre que se utilizan en los medidores no se pueden reemplazar por insumos alternativos, porque toda la operación en la distribución de gas está normada por los entes correspondientes", manifestó Ferrer.

Desde la compañía proveedora del servicio se hace hincapié en que la sustracción de estas piezas constituye "una práctica delictiva que, además de estar penada por la ley, implica un altísimo riesgo para la seguridad de las personas".

Por tal motivo, las autoridades de Camuzzi Gas Pampeana remarcan la necesidad de "denunciar cualquier situación extraña" en relación con los medidores.

Damnificados. Como consecuencia del incendio originado en el domicilio de Las Heras al 600, producto del robo del flexible del medidor de gas, dos de sus habitantes inhalaron humo y la propietaria del lugar pudo salir de allí gracias a la ayuda de un vecino, resultando ilesa.

Contacto. Ante la falta de suministro por robo de flexibles o cualquier situación anómala vinculada con la red de gas, comunicarse con las líneas de emergencias 0800-666-0810 / 0810-666-0810.