El artículo 14, inciso segundo, de la ley 23.737 actualmente tiene vigencia y prevé penas de un mes a dos años de prisión cuando, por su escasa cantidad y demás circunstancias, la tenencia del estupefaciente sea para la utilización individual.

El conocido “fallo Arriola”, dictado en 2009 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación,  marcó un precedente al declarar la inconstitucionalidad de la reglamentación cuando esa situación se produce en un ámbito privado.

Recientemente, la Sala I de la Cámara Penal bahiense, por mayoría de opiniones, revocó la condena a 6 meses de prisión en suspenso para un hombre que tuvo en su poder un envoltorio con cocaína cuando se encontraba en el interior de un auto en la vía pública del barrio Noroeste.

El caso dividió las opiniones entre quienes consideraron que, al estar abordo de un rodado detenido no implicaba un riesgo para otras personas, y aquellos que, pese a esta situación, analizaron la existencia de un potencial peligro.

Los jueces Christian Alberto Yesari y Luis Felipe Defelitto votaron por la absolución del procesado, mientras que Gustavo Barbieri -en minoría- opinó en sentido contrario.

Por mayoría, los magistrados hicieron lugar a la apelación del defensor Maximiliano De Mira, contra la decisión de la jueza subrogante del Juzgado en lo Correccional Nº 2, María Laura Pinto de Almeida Castro.

El letrado sostuvo que no se acreditó “la puesta en peligro a terceros” y que había existido una “violación al principio de reserva”.

Entre otras cosas, cuestionó la valoración de la prueba efectuada por la magistrada, cuando sostuvo que el acusado circuló bajo los efectos de estupefacientes y generó un claro riesgo para las personas y bienes que se encontraban en la vía pública. 

Procedimiento

El hecho analizado se desencadenó cuando la Policía identificó a tres personas que se encontraban en el interior de un auto estacionado en Chaco al 500.

Los efectivos declararon que estaban recorriendo la zona cuando advirtieron el rodado y que uno de los ocupantes descendió del vehículo y volvió a subir al observar la presencia policial.

El juez Yésari admitió que esa situación resultó suficiente para que los uniformados procedieran a identificarlos.

En esas circunstancias, y partir de la caída accidental del envoltorio, los efectivos detectaron que el acusado tuvo en su poder 0,49 gramos de cocaína.

Análisis

El camarista consideró que no se acreditó que el sujeto “haya circulado bajo los efectos de estupefacientes, creando así un riesgo para las personas y bienes que se encontraban en la vía pública”.

El propio sospechoso dijo que estacionó y que luego consumió droga.

“Ello impide sostener, sin otra prueba que respalde la hipótesis de la acusación, que se encuentre acreditada la puesta en peligro a terceras personas y/o bienes de terceros, en virtud de que el hecho de haber consumido estupefacientes dentro de un vehículo automotor estacionado (que no se encontraba circulando), resulta inidóneo para crear una situación riesgosa para terceros”. 

Yesari, al igual que Defelitto, consideró por último que la cantidad de sustancia incautada y las circunstancias del procedimiento permiten establecer que estaba destinada al consumo personal y se trató de una acción privada.

Disidencia

El juez Barbieri también sostuvo que el operativo policial resultó válido, aunque opinó diferente a sus dos colegas respecto de la trascendencia del estupefaciente que tuvo en su poder el individuo, a quien no se identifica porque finalmente fue absuelto.

Sostuvo que su conducta no puede ser calificada como una acción privada, ya que la tenencia que ejerció,  aún para su consumo, “trascendió de su esfera personal”.

Agregó Barbieri que el sujeto realizó “actos de exhibición y consumo frente a otras personas -una de ellas que no consumía ni sabía que el procesado llevaba el estupefaciente cuando subió a su auto-, mientras se encontraban en la vía pública dentro de un auto estacionado”.  

Dijo que el hombre era el conductor del rodado y que, pese a que estaba detenido, “constituye una pauta más que respalda la trascendencia que tuvieron las acciones hacia intereses de terceros y de la comunidad”. 

Por último, destacó que el imputado declaró que había consumido droga y que luego circuló con el vehículo, hasta que finalmente estacionó y volvió a utilizar estupefacientes.

Sobre 2005, "Jorge", un jubilado de las fuerzas armadas, se mudó a una casa lindera. No estaba solo, sino con más de 20 perros que ocupaban un patio trasero de apenas 10x10 metros.

Al principio la relación vecinal entre "Pedro" y "Jorge" -nombres ficticios de una historia real- fue cordial, con poco diálogo pero saludos amables y breves charlas al cruzarse en la vereda.

Sin embargo, la tensión fue escalando por los olores nauseabundos que provenían de la propiedad de "Jorge", además de los trastornos que generaban sus canes con los de los vecinos y la imposibilidad de muchos chicos del barrio de pasear en bicicleta por el sector, por el temor a que un animal se escapara y los mordiera.

El 21 de diciembre de 2017 todo explotó. "Jorge" le advirtió a "Pedro": "Voy a agarrar la 'máquina' y te voy a matar...".

La amenaza causó temor porque el exmilitar solía caminar con un arma en la cintura, según reconocieron otros pobladores del sector.

"Pedro" hizo la denuncia formal y ofreció prueba. De hecho, otros vecinos estaban al tanto de las discusiones recurrentes y hasta la Policía tuvo que acudir alguna vez para calmar los ánimos. 

Al iniciarse la causa (Investigación Penal Preparatoria 02-00-023657-17/00), la fiscalía dispuso un allanamiento en la casa de "Jorge" y encontró municiones, además de ordenar la prohibición de acercamiento a su vecino.

Furioso contragolpe

El exmilitar no se quedó conforme y redobló la apuesta. 

Al poco tiempo se presentó en la fiscalía ante la Cámara Federal y directamente denunció a su vecino, nada menos que de violencia de género y de abusar de una de sus dos hijas, que en ese momento tenía 16 años.

En el escrito detalló que había visto cuando "Pedro" tomaba del cuello a su esposa y también cómo manoseaba a su hija y que escuchó cuando la adolescente le decía "papá dejá de tocarme".

Está presentación finalmente fue archivada, pero en el marco de la investigación "Pedro" y el resto de la familia fueron citados a declarar y a ser sometidos a distintas pericias psicológicas.

Y no fue todo. Como "Jorge" tenía otras denuncias, intervino la Asesoría de Incapaces y el hombre estuvo un tiempo internado en una clínica psiquiátrica, aunque luego de un tiempo recibió el alta y volvió a la carga, evidentemente más indignado.

Pegó panfletos en las calles con la imagen de su vecino y la frase: "Denunciado. Abusador sexual en el barrio". 

Y además colgó una bandera casera en la medianera de ambos patios con la leyenda: "Mirá cómo me ponés", en referencia a una frase icónica del caso que condenó al actor Juan Darthés por la violación a Thelma Fardin, una causa con fuerte vigencia por aquella época.

"Se presentó en mi trabajo para desprestigiarme y mi hija tuvo que dar explicaciones a sus amistades. Fue todo una pesadilla. Es una aberración ser acusado de abusador de un hijo. Se obsesionó conmigo. Puso cámaras en su vivienda direccionadas a la mía, controlaba todos mis movimientos y hasta dejaba clavos detrás de mis vehículos", detalló "Pedro" en la demanda civil que presentó y hace algunos días salió a su favor.

Viaje a Europa

La Sala I de la Cámara en lo Civil y Comercial de Bahía Blanca acaba de ratificar la sentencia de primera instancia por el daño moral y los perjuicios.

Sin embargo, elevó claramente el monto previsto, que pasó de 2,6 millones de pesos e intereses a 15 millones de pesos, más el recargo desde la fecha de comisión del delito.

Esto se tuvo en cuenta  a partir de la apelación del abogado del demandante, que consideró que la cifra del resarcimiento no debía ser  calculada en función de un viaje familiar a Buzios, en Brasil (tal como había sostenido el juez de primera instancia) sino para visitar Europa.

Apelaron las dos partes

Recursos. "Pedro" consideró exiguo el monto del primer fallo, que se había calculado por una suma equivalente a un viaje familiar de 9 días a Buzios, Brasil. "Jorge", por su lado, cuestionó la sentencia de origen porque, según entendió, la denuncia de abuso había sido tomada como falsa cuando, en realidad, estaba archivada, lo cual no es lo mismo.

Independiente. Los jueces Fernando Kalemkerian, Marcelo Restivo y Patricio Lombardi, de la Cámara, explicaron que la responsabilidad que se discute en su ámbito es de tipo civil y que basta un obrar culpable que cause daño, sin que sea exigible la tipificación penal. "Pretender lo contrario implicaría introducir una prejudicialidad que la ley no contempla", explicaron.

Dolor espiritual. Sí aceptaron el planteo de "Pedro" por la particularidad del caso -"la imputación de un delito sexual incestuoso y aberrante respecto de la hija menor y su divulgación pública"— y el daño psicológico, que habilitan a suponer que "el dolor espiritual acreditado excede el estándar ponderado" por el juez de primera instancia.

Héctor Millán, de 38 años, fue arrestado en Blandengues al 2.000, donde la DDI montó una vigilancia encubierta hasta atraparlo.

También para esa fecha cayó Brandon Agustín Ruiz Moreno (23), en la zona de Chaco y Francia.

El primero de ellos había sido sentenciado por atentado y resistencia a la autoridad y lesiones, y el otro joven, por hurto agravado.

Ambos fueron detenidos para purgar las penas en un calabozo, porque incumplieron las tareas comunitarias que les habían impuesto, en “parte de pago”, por los delitos.

Esta situación, llamativa, es más común de lo que se puede creer.

Son cada vez más las personas a las que se les fijan tareas comunitarias no remunerables para no ir a la cárcel, pero no respetan el acuerdo y terminan entre los barrotes.

"Esto se da en penas de menor cuantía, de hasta 6 meses de prisión, y no podemos entender cómo hay gente que termina detenida pese a que se lo explicamos" confirmó el juez de Ejecución Penal Claudio Brun.  

"Se los trae a una primera audiencia, se les advierte de las consecuencias y ellos dicen que van a cumplir. Incluso, cuando hay informes desfavorables del Patronato de Liberados en el trayecto, los traemos de vuelta para pedirles explicaciones y algunos directamente reconocen que no tienen interés en hacerlo. 

"Terminan con revocatoria y son detenidos, pero recién ahí se sorprenden. 

"Nos llama la atención que en el último tiempo advertimos un gran número de personas que cae en la transgresión", agregó Brun.

En el monitoreo actúan los dos juzgados de Ejecución Penal de Bahía Blanca que, actualmente, están a cargo del citado juez.  

Hoy son más de 200 las personas con tareas comunitas bajo supervisión (93 de Ejecución Nº 1 y 120, del Nº 2).

"Cuando no hay voluntad de cumplir la medida alternativa, se revoca el beneficio y, una vez que queda firme la decisión, esa persona termina cumpliendo varios meses en la unidad. Y por delitos que muchas veces son una pavada", comentó otro operador tribunalicio. 

Nadie sabe cuál es la razón -y si hay una sola- de por qué menosprecian evitar la prisión.  

"Puede ser el 'a mi no ve a a tocar', como aquellos que toman bebidas alcohólicas y conducen porque creen que zafarán de los operativos de control", dijo.

Otra fuente judicial no descartó una hipótesis de tipo sociológica. 

"Se trata de gente que ya estuvo presa y, como vive en malas condiciones afuera, a veces prefiere volver a la cárcel 6 meses antes que hacer más de mil horas de trabajo comunitario", reconoció.

Lo que dice la ley

Las tareas comunitarias no remuneradas, a cambio de evitar la prisión efectiva, las otorga un juez para delitos que estipulen una pena que no supere los 6 meses de prisión y para personas que tengan antecedentes y ya no puedan recibir el beneficio de la suspensión de juicio a prueba.

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Están normadas por los artículos 35 y 50 de la ley de ejecución penal 24.660. Se computan 6 horas de trabajo para la comunidad por un día de prisión y el plazo máximo para el cumplimiento de la pena con esta modalidad de ejecución será de 18 meses.

Las instituciones de bien público (pueden ser hospitales, escuelas, Organizaciones No Gubernamentales u otras entidades) que reciban a los trabajadores comunitarios tendrán que informar de manera mensual al Patronato de Liberados sobre la marcha de la medida judicial.

Y desde el organismo de tutela están a cargo de dar aviso a los juzgados de Ejecución Penal en caso de observar incumplimientos en las probation.

Idea que no prosperó

El año pasado, en el Senado provincial, le habían dado media sanción a un proyecto de ley para obligar a los infractores de tránsito a hacer trabajos comunitarios.

Sin embargo, la iniciativa, perteneciente al exlegislador por Mar del Plata Ariel Martínez Bordaisco, perdió estado parlamentario porque finalmente no se votó en la Cámara de Diputados.

La idea estipulaba que quien cometía infracciones viales debía cumplir entre 2 y 20 horas de tareas comunitarias -según la gravedad del acto- y fuera del horario laboral y de las actividades habituales del infractor. 

"En reuniones con distintos jueces de faltas, me comentaban que en otros países, como por ejemplo España, se había demostrado estadísticamente que, ante una falta por infracciones de tránsito, tenía mucho más efecto, desde el punto de vista de la  rehabilitación o educativo para el que la cometía, las tareas comunitarias, más que la multa o la inhabilitación para conducir", explicó a La Nueva. el autor del proyecto, que pertenecía al bloque UCR-Cambio Federal.

"El que tiene plata paga la multa, pero el que no, deja 'colgado' al sistema. Y con la inhabilitación pasa que muchos conducen igualmente. Las sanciones no generan reeducación ni hacen comprender la peligrosidad de los hechos", explicó Martínez Bordaisco.

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"Lo que me decían muchos jueces de faltas es que las tareas comunitarias -sobre todo las que se hacían a favor de organizaciones o personas que habían sufrido incidentes de tránsito, que habían padecido alguna incapacidad por un choque o algo vinculado- generaban un gran poder de rehabilitación", agregó el ahora concejal radical en la ciudad de Mar del Plata. 

Sin embargo, el proyecto se cayó. 

"Lamentablemente perdió estado parlamentario el año pasado, porque no se votó en la Cámara de Diputados. 

Una pena porque, sobre la base de la experiencia, y con un montón de modificaciones que se habían realizado, incluso desde el Poder Ejecutivo, ya había obtenido la media sanción en el Senado", cerró Martínez Bordaisco.

Afectan al sistema penitenciario 

Inconveniente. El incumplimiento de las tareas comunitarias también afecta al sistema carcelario. 

Cupo."Genera molestias porque cada cupo carcelario que se debe ocupar con estas personas, sentenciadas por delitos menores, complica a la ya grave situación carcelaria, que debe desviar recursos cuando la atención principal debe estar centrada en las personas más peligrosas", explicó un vocero judicial.

Alternativas. Las tareas comunitarias las puede ordenar tanto el juez de primera instancia como el de ejecución (con la condena firme). Normalmente se da en la primera etapa.

Objetivo. El legislador buscó que quienes tuvieran conflicto con la ley, sin una "carrera delictiva", en vez de ir a prisión, a riesgo de "contaminarse" con el crimen organizado, cumplan la pena con una remuneración distinta hacia el Estado.

Se trata de Federico Sebastián Winder, de 32 años, a quien capturó personal del Comando de Patrullas en Nueva Provincia y Libertad, gracias a la intervención de los operadores del Centro Único de Monitoreo (CeUM), que advirtieron el delito.

El hecho se produjo en Emilio Rosas 2.444, donde se constató que un Fiat Duna, perteneciente a un vecino de 45 años, tenía daños en la parrilla delantera y el faltante del acumulador, de marca Lubeck, que fue secuestrado en poder de Winder.

En el caso, con intervención de la comisaría Sexta, tomó intervención la UFIJ Nº 15.

Entre otros elementos, sumó en las últimas horas un video particular donde se observa la secuencia protagonizada por una Ford F150 Raptor -cuyo conductor aparentemente iba alcoholizado-, que embistió a una Renault Duster y terminó sobre la vereda, con importantes daños.

El hecho se produjo sobre las 20, en la calle Dorrego, entre la avenida 25 de Mayo y Pellegrini, en cercanías de donde se había concentrado público para festejar el triunfo mundialista.

La Raptor estaba al mando de Pedro Joaquín Gotta (26), mientras que en el otro vehículo iban Maximiliano Erro Velázquez, su mujer y dos hijos, uno de los cuales terminó con algunos golpes y debió ser asistido.

El vehículo mayor terminó sobre una de las veredas, dañó un macetón, el frente de un comercio y también una columna de alumbrado público, que quedó inclinada y demandó la intervención de una cuadrilla de la Cooperativa Eléctrica para su reparación.

Personal policial debió acudir de emergencia para evitar que la situación se agravara porque algunos presentes increparon a Gotta y en el medio de la acción hubo golpes de puño.

Agentes de la Guardia Urbana realizaron el test de alcoholemia a ambos conductores. En el caso de Erro dio negativo, mientras que Gotta arrojó 1.04 gramos de alcohol en sangre y 1,17 en la contraprueba.

Un aprehendido

En el marco del operativo policial para preservar la escena del incidente vial, la Policía de Pringles arrestó a un joven que trató de entorpecer la acción.

Se lo identificó como Axel Claudio Fabián Santellán, de 24 años.

"Esta persona al momento que los efectivos policiales se encontraban abocados a tareas de preservación del lugar del accidente entorpeció el procedimiento realizando maniobras peligrosas con su motocicleta, haciendo caso omiso a las órdenes del personal de deponer su actitud", explicó una fuente policial.

A Santellán se le iniciaron actuaciones sumariales por desobediencia y resistencia a la autoridad y se le secuestró una moto Keller 110 cc., sin documentación (agencia Coronel Pringles).

El delito ocurrió el lunes pasado en un domicilio ubicado en Nicolás Levalle al 2.300, en Villa Rosas.

En ese lugar, en horas de la madrugada, dos desconocidos sustrajeron una bandera argentina de 8 por 10 metros que estaba colocada en la fachada de la vivienda.

A partir de la correspondiente denuncia y las filmaciones del CEUM, comenzó la búsqueda de los autores del hecho, que fueron encontrados en la vía pública mientras montaban la motocicleta utilizada al momento del robo.

Ambas personas cuentan con amplios antecedentes penales recientes.

Ocurrió alrededor de las 21, Irigoyen al 300, donde los efectivos intervinieron en una confrontación entre varias personas.

Según informaron desde la Comisaría local, un grupo de individuos agredió al personal e intentó impedir el accionar policial. Aclararon que los efectivos no sufrieron lesiones. 

Además, resultó dañada la vidriera de un local comercial ubicado en esa esquina de Irigoyen y Paso.

Por el hecho, quedaron aprehendidos un varón de 22 años y dos mujeres de 23. También se estableció la participación de una cuarta persona que escapó al advertir la presencia policial.

Quedaron acusados de atentado y resistencia a la autoridad, a disposición de la fiscalía N° 15, mientras se procura 0identificar al cuarto sospechoso.

Fuentes de la comisaría Primera señalaron que en el marco del operativo los efectivos intervinieron rápidamente y controlaron dos peleas que se produjeron en inmediaciones del Teatro Municipal.

Mencionaron que el operativo fue coordinado por la citada dependencia en conjunto con la Jefatura Departamental y la secretaría de Seguridad del municipio.

Indicaron que en avenida Alem y Alsina aprehendieron a Rodrigo Arce (24) y Joaquín Papin (21), quienes protagonizaron una gresca con otros sujetos.

En esas circunstancias, según refirieron, los policías redujeron y secuestraron en poder del primero un "cuchillo tipo carnicero".

En el mismo sector arrestaron a Nicolás Valetti (33), acusado de amenazar también con un arma blanca a un menor de edad.

En tanto, otros cuatro individuos fueron demorados por encontrarse en estado de ebriedad en la vía pública.

En pleno centro, sobre las 20 del miércoles, chocaron dos camionetas y una de ellas, al mando de un hombre alcoholizado, terminó sobre una vereda.

No hubo heridos de casualidad, aunque sí importantes destrozos, tanto en la vía pública como en un comercio e incidentes entre los presentes y el conductor que habría provocado el incidente vial.

Todo sucedió sobre las 20, en la calle Dorrego, en la avenida 25 de Mayo y Pellegrini.

Fue cuando una Ford F150 Raptor, dominio AG084ZA, al mando de Pedro Joaquín Gotta, embistió el lateral derecho de una Renault Duster, que conducía Maximiliano Erro Velázquez e iba en el mismo sentido, acompañado por su mujer y sus dos hijos menores.

La Raptor terminó sobre una de las veredas, dañó un macetón, el frente de un comercio y también una columna de alumbrado público, que quedó inclinada y demandó la intervención de una cuadrilla de la Cooperativa Eléctrica para su reparación.

Personal policial debió acudir de emergencia para evitar que la situación se agravara porque algunos presentes increparon a Gotta y en el medio de la acción hubo golpes de puño.

Agentes de la Guardia Urbana realizaron el test de alcoholemia a ambos conductores. En el caso de Erro dio negativo, mientras que Gotta arrojó 1.04 gramos de alcohol en sangre y 1,17 en la contraprueba.

En este caso se le labró una infracción de tránsito y se le retuvo la licencia de conducir. Ambos vehículos quedaron secuestrados preventivamente.

Fuentes oficiales indicaron que el menor ingresó alrededor de las 22.30 de la víspera en la guardia del Hospital Municipal, manifestando haber sufrido una lesión de arma de fuego en la extremidad derecha.

Voceros consultados señalaron que la herida tenía orificio de entrada y salida, y que el joven quedó algunas horas en observación tras recibir atención médica.

También mencionaron que, de acuerdo a la opinión de los profesionales, "la lesión sería compatible con un perdigón o un arma de aire comprimido".

Explicaron además que efectivos policiales de la seccional Quinta se entrevistaron con allegados al joven y no brindaron mayores detalles de lo sucedido.

Fuentes judiciales informaron que los procedimientos, solicitados por el fiscal Rodolfo De Lucia, a cargo de la UFIJ N° 20, y ordenados por la Justicia de Garantías, se desarrollaron en viviendas ubicadas en la capital provincial y en las localidades de Ensenada, Tolosa y Lisandro Olmos.

En tanto, también se realizó un operativo en la Unidad Penal N° 9, situada en La Plata.

Los voceros señalaron que en las requisas no se produjeron detenciones y se efectuó el secuestro de seis teléfonos celulares que van a ser sometidos a pericias informáticas.

Detectan en Bahía nuevas modalidades de estafas virtuales 

Mencionaron que uno de los damnificados fue estafado luego de ser contactado por WhatsApp por una persona que simuló ser un amigo y le ofreció dólares a la venta.

En esas circunstancias, y sin sospechar que estaba siendo engañado, realizó una transferencia por unos 7 millones de pesos.

En el otro caso, la víctima fue contactada por un individuo que simuló pertenecer a una empresa de telefonía y logró convencerla para efectuar varias entregas de dinero por algo más de 2 millones de pesos.

"Las investigaciones permitieron establecer el movimiento del dinero a través de diversas cuentas e identificar a los titulares y sus domicilios", refirieron. 

Finalmente sostuvieron que se aguardan el análisis de los dispositivos incautadas para intentar avanzar en la identificación de los responsables.

El accidente ocurrió minutos antes de las 17.30 en la ruta provincial 85, a 500 metros de la intersección de la RP 67 y de uno de los accesos a Coronel Suárez.

Según se constató en los registros fílmicos, una Ford Eco Sport que se dirigía hacia Suárez intentó sobrepasar una Renault Traffic en una zona pintada con doble línea amarilla. Al hacerlo, se encontró con la camioneta Chevrolet C10 que circulaba en dirección contraria y la chocó de frente.

Producto del impacto, falleció Carlos Zarate, de 45 años y oriundo de Coronel Suárez. La Eco Sport estaba al mando de Nicolás Roth, también suarense.

La carátula es homicidio culposo.

El fallo fue dictado por el Tribunal en lo Criminal N° 3, integrado por los jueces Daniela Fabiana Castaño, Julián Saldías y Eduardo d´Empaire, que sentenció al sujeto -no se lo identifica para preservar a la víctima- por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal, ambos agravados por haber sido cometidos en perjuicio de una menor de edad y mediando una situación de convivencia.

Para los magistrados quedó probado que entre junio de 2016 y febrero de 2020, en nuestra ciudad y en el partido de Coronel Dorrego, el acusado sometió en forma reiterada a la chica a manoseos y otras prácticas sexuales.

La pequeña declaró mediante el sistema de Cámara Gesell y señaló que tenía 6 años cuando comenzaron los hechos.

Describió que los ultrajes ocurrieron en una vivienda del macrocentro, en dos cocheras ubicada en las inmediaciones y en la vía pública, en cercanías de Villa Mitre.

Los abusos continuaron en la zona de Coronel Dorrego, cuando la familia se mudó hacia ese lugar por cuestiones laborales.

El hecho salió a la luz luego de que la menor le contara a su madre lo que estaba ocurriendo, señalando que no lo había realizado antes por temor a romper la pareja y por lo que le pudiera ocurrir a su hermano más chico.

Describió también las consecuencias psicológicas (temores, fobias y autolesiones) que le provocó lo sucedido.

Durante el debate declararon familiares de la joven, psicólogos y un médico que la revisó.

El acusado, en tanto, brindó su versión y negó las acusaciones en su contra.

"La declaración del imputado no conmueve la solidez de la prueba", indicaron los jueces en el fallo.

Destacaron el persistente relato de la víctima durante el proceso, los dichos de dos testigos que manifestaron que el procesado les admitió los hechos y el informe del doctor que evaluó a la niña, entre otros indicios.

"Toda la prueba reunida no deja margen para la duda. No existe un elemento que me permita dudar", sentenció la jueza Castaño con el voto coincidente de sus colegas. 

La víctima fue identificada como José Daniel Salazar, oriundo de Saldungaray, quien falleció sobre el mediodía del lunes.

El hecho, que motivó la intervención de la Patrulla Rural y la Policía tornquistense, sucedió en el establecimiento Sauce Grande.

Se supo que Salazar cortaba árboles con una motosierra, como para extraer leña y, en esas circunstancias, un gajo de un árbol habría impactado en su cabeza.

Un camionero que pasaba por el sector fue quien trató de auxiliarlo y dio aviso a los servicios de emergencia.

El delito se originó anoche, en Simón Bolívar al 1.900. Personal del Comando de Patrullas intervino en la acción tras un llamado al 911 y aprehendió al adolescente, que no fue identificado por razones legales.

Le imputaron los delitos de violación de domicilio, lesiones leves y daño, porque provocó destrozos en la vivienda.

"El joven ingresó por una ventana, presuntamente con intenciones de confrontar a un adolescente de 14 años por una supuesta deuda de dinero", confirmó una fuente policial.

Según las actuaciones, el chico que vive en la casa observó la maniobra y dio aviso a su madre.

Ya en el interior de la vivienda, el mayor se enfrentó al otro joven y hasta extrajo una ganzúa de entre sus prendas, con intenciones de atacarlo. De hecho, le provocó al otro menor heridas en el torso.

Antes de intentar retirarse, el visitante ocasionó daños al golpear un televisor de 32 pulgadas. Finalmente, fue reducido por familiares del más chico y luego entregado a la Policía.

En el caso tomó intervención la UFIJ Nº 2 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil y el Juzgado dee Garantías del Joven Nº 1.

María Emilia Bianco, responsable de la ONG, describió que desconocidos violentaron candados de un contenedor y se apoderaron de 3 monturas especiales, cojinillos de cuerito natural color marrón, embocaduras (frenos, bridones partidos y bridones Pessoa), cabezadas, riendas y fustas.

"Creemos que también fueron sustraídos otros elementos. Sin embargo, al tratarse de materiales de uso cotidiano y almacenados junto a otros equipos, aún no hemos podido determinar con exactitud el total de lo robado. Es posible que, con el transcurso de los días, vayamos detectando nuevas faltantes a medida que necesitemos utilizarlos", señaló.

Explicó que el hecho fue denunciado en la comisaría Quinta y que decidieron la colocación de cámaras de vigilancia y un sistema de alarma perimetral.

"A pesar de este difícil momento, continuaremos trabajando con el mismo compromiso de siempre. Por ello, hemos decidido adelantar el lanzamiento de nuestro Bono Contribución Anual, cuyo sorteo, como cada año, se realizará el primer fin de semana de octubre, en el marco de la Exposición Rural de Bahía Blanca", indicó Bianco.

"Cada aporte, por pequeño que sea, nos ayudará a recuperar el equipamiento indispensable para que nuestros niños, jóvenes y adultos puedan continuar con sus tratamientos", siguió diciendo.

Aquellos que quieran colaborar con la entidad pueden hacerlo al alias huellas.equino.bahia, a nombre de Fundación Huellas Equinoterapia Bahía Blanca.

Los reiterados procedimientos de clausura y desalojo sobre los after vinculados a los hermanos Vidal Ríos volvieron a poner en agenda un problema que, pese a decenas de intervenciones oficiales, continúa repitiéndose fin de semana tras fin de semana.

El pasado fin de semana el local Judas, ubicado en Vieytes y Güiraldes, volvió a ser clausurado por funcionar sin habilitación municipal, luego de un operativo del área de Fiscalización y la Policía Bonaerense.

El subsecretario bonaerense de Fiscalización y Control Policial, Federico Montero, sostuvo que la situación ya excede el trabajo operativo de los inspectores y las fuerzas de seguridad y reclamó una intervención definitiva de los organismos competentes.

"Lo primero que buscamos cuando iniciamos este trabajo fue mantener una presencia permanente en estos afters, el de calle Manuel Molina y el de Vieytes y Güiraldes", dijo Montero, en diálogo con Panorama, por LU2.

Según explicó, ambos lugares acumulan cerca de 20 intervenciones por parte del personal de Fiscalización, que en cada procedimiento debe desalojar a los asistentes con apoyo policial.

"Cada uno de esos lugares acumula entre 18 y 20 intervenciones del personal de Fiscalización, que va, desaloja a la gente y trabaja con el acompañamiento de la Policía, que además debe contener cualquier tipo de situación. Obviamente, a nosotros esta situación también nos genera lo mismo que le debe generar a mucha gente", manifestó.

El antecedente más reciente ocurrió el domingo, cuando nuevamente fue desalojado el after de calle Vieytes donde había unas 40 personas y el establecimiento volvió a ser clausurado por carecer de habilitación municipal. Era la tercera intervención sobre ese mismo lugar en apenas ocho días.

Montero reveló que, tras los últimos episodios, el intendente Federico Susbielles se comunicó con él para impulsar una mesa de trabajo entre todos los organismos con competencia en el tema.

"El domingo, después de lo ocurrido con los Vidal Ríos, el intendente me llamó para reunir a las partes involucradas y que cada una se haga cargo de lo que le corresponde", explicó.

El funcionario remarcó que el esquema actual resulta insuficiente: "Vamos, clausuramos y al fin de semana siguiente vuelven a abrir. Entonces tenemos que ir otra vez y ocurre lo mismo. A eso hay que ponerle un límite y un fin".

En ese sentido, señaló que el objetivo es identificar en qué instancia administrativa o judicial se demora la resolución de estos expedientes. "Ya sea la Justicia Contravencional, la Correccional, la Justicia de Faltas o el organismo que corresponda, hay que reunir a todos los actores involucrados, junto con la Policía y el área de Fiscalización, para hacer lo que hay que hacer", sostuvo.

Montero explicó que cada procedimiento realizado por los inspectores municipales sigue un circuito administrativo específico: "Cuando un inspector de Fiscalización labra un acta de desalojo, de clausura o de otra infracción, esa actuación se remite al Tribunal de Faltas. A partir de ahí, ese organismo puede dictar una sentencia o, según el caso, elevar las actuaciones a la Justicia ordinaria".

En ese sentido, consideró que la clave para frenar la reapertura de estos espacios es que exista una resolución firme que habilite una intervención penal en caso de reincidencia.

"Lo que tiene que suceder es que haya una clausura definitiva y una sentencia firme. Si eso ocurre, cuando la Policía intervenga en el lugar podrá detener a estas personas por desobediencia, y ya estaremos hablando de otra cosa", concluyó.

Según Guillermo Petersen y Guillermo Emir Rodríguez, jueces camaristas de la Sala II, las afecciones de salud que presenta el abusador pueden tratarse en una cárcel, por lo que debería seguir cumpliendo la condena en una unidad penitenciaria.

Sin embargo, Sebeca continuará con el beneficio de la prisión domiciliaria hasta que el Tribunal de Casación Penal bonaerense resuelva al respecto.

El depravado tiene glaucoma (con una disminución severa de la visión) y problemas auditivos graves, incluyendo la pérdida total de audición en el oído derecho.

Basándose en estas condiciones, el juez de Ejecución Penal Claudio Brun le había permitido a Sebeca cumplir la pena en su domicilio.

Pero el fiscal de delitos sexuales, Marcelo Romero Jardín, apeló la resolución al argumentar que no se cumplen los requisitos legales para mantener el beneficio y la Cámara Penal revocó el fallo de Brun.

Para expedirse sobre la cuestión, Petersen y Rodríguez tuvieron en cuenta los informes elaborados por el área de Sanidad de la Unidad Penal Nº 4, de Villa Floresta.

Los profesionales de la salud sostienen que las afecciones de Sebeca pueden atenderse "en contexto de encierro", mediante el tratamiento farmacológico y los controles médicos correspondientes.

En mayo del año pasado, el Tribunal en lo Criminal Nº 3 de esta ciudad había condenado a Sebeca por considerarlo autor penalmente responsable de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual gravemente ultrajante (hecho 1).

También lo penó por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante (hecho 2), abuso sexual simple (hecho 3), abuso sexual gravemente ultrajante (hecho 4), abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual gravemente ultrajante (hecho 5) y abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por encontrarse la víctima bajo su guarda (hecho 6).

Se trata de Omar Augusto Candia Flores, cuya sanción pasó de 9 años de prisión a 8 años y medio.

Para ello los jueces Víctor Horacio Violini, Ricardo Borinsky y Daniel Carral tuvieron en cuenta -parcialmente- el reclamo de la defensa del hombre, a cargo de la abogada Bárbara Sager.

El intento de femicidio se produjo el 7 de septiembre de 2023, en horas de mediodía, en el patio delantero de la vivienda familiar ubicada en Monseñor Jaime Francisco de Nevares al 2.200, en el barrio Stella Maris.

Fue cuando el hombre -en ese momento de 60 años de edad- atacó con un machete de 51 centímetros de largo a su mujer (de 50) y, en presencia de sus hijos, le provocó lesiones de consideración (con fracturas), especialmente en las extremidades superiores.

A Candia Flores lo declaró culpable un jurado popular. Diez de 12 personas consideraron que había sido autor del ataque, pero que había actuado en estado de emoción violenta.

El juez Christian Yésari, en ese momento integrante del Tribunal en lo Criminal Nº 1, le había impuesto 9 años de prisión.

La defensa cuestionó que no se haya tenido en cuenta, como atenuante, la falta de ancedentes de Candia Flores.

Exceso de restricción

Y Casación aceptó el pedido y redujo en 6 meses la sentencia, al considerar "excesivamente restrictiva" la postura del juez local.

"Asiste razón a la defensa en cuanto postula que la carencia de antecedentes penales del imputado debió ser computada como circunstancia atenuante. Dicha pauta fue expresamente invocada tanto por el Ministerio Público Fiscal como por la defensa, sin oposición de la acusación particular, por lo que existía consenso", explicaron los magistrados platenses.

Yésari había descartado esa valoración, favorable a Candia Flores, al entender que se podía tomar como "derecho penal de autor", esto es valorar al sujeto como "bueno" por no haber cometido delitos anteriormente.

"La carencia de antecedentes no implica premiar al imputado por 'ser bueno', sino reconocer que el hecho juzgado se presenta como un episodio aislado en el marco de una trayectoria vital desvinculada del delito.

"La ausencia de condenas anteriores no solo constituye un dato objetivo y comprobado, sino que además aparece reforzada en el caso por otras circunstancias personales favorables valoradas por el propio sentenciante, tales como el buen concepto vecinal y la baja peligrosidad individual del encausado", explicó Casación.

También le dieron la razón a la defensora en su intención de quitar el agravante de "peligro del bien jurídico vida" porque, tratándose de un homicidio en grado de tentativa "el riesgo para la vida de la víctima constituye un elemento ya contenido" en el delito para establecer la escala penal.

"La puesta en peligro de la vida ajena es precisamente aquello que caracteriza a toda tentativa de homicidio", remarcó Casación.

La captura se llevó a cabo en un camino vecinal de este distrito, luego de una denuncia telefónica.

El hombre, de 48 años, se encontraba en el sector cazando, con una decena de perros sueltos en la caja de la camioneta Chevrolet, normalmente utilizada para hacer fletes.

Durante la requisa correspondiente, personal del Comando de Patrulla Rural de Patagones encontró un jabalí muerto bajo el capot del vehículo.

El cadáver del animal fue decomisado y desnaturalizado, tal como lo establece el protocolo. No se indicó si el cazador poseía el permiso correspondiente. (agencia Carmen de Patagones)