Fuentes judiciales informaron que los procedimientos, solicitados por el fiscal Rodolfo De Lucia, a cargo de la UFIJ N° 20, y ordenados por la Justicia de Garantías, se desarrollaron en viviendas ubicadas en la capital provincial y en las localidades de Ensenada, Tolosa y Lisandro Olmos.

En tanto, también se realizó un operativo en la Unidad Penal N° 9, situada en La Plata.

Los voceros señalaron que en las requisas no se produjeron detenciones y se efectuó el secuestro de seis teléfonos celulares que van a ser sometidos a pericias informáticas.

Detectan en Bahía nuevas modalidades de estafas virtuales 

Mencionaron que uno de los damnificados fue estafado luego de ser contactado por WhatsApp por una persona que simuló ser un amigo y le ofreció dólares a la venta.

En esas circunstancias, y sin sospechar que estaba siendo engañado, realizó una transferencia por unos 7 millones de pesos.

En el otro caso, la víctima fue contactada por un individuo que simuló pertenecer a una empresa de telefonía y logró convencerla para efectuar varias entregas de dinero por algo más de 2 millones de pesos.

"Las investigaciones permitieron establecer el movimiento del dinero a través de diversas cuentas e identificar a los titulares y sus domicilios", refirieron. 

Finalmente sostuvieron que se aguardan el análisis de los dispositivos incautadas para intentar avanzar en la identificación de los responsables.

El accidente ocurrió minutos antes de las 17.30 en la ruta provincial 85, a 500 metros de la intersección de la RP 67 y de uno de los accesos a Coronel Suárez.

Según se constató en los registros fílmicos, una Ford Eco Sport que se dirigía hacia Suárez intentó sobrepasar una Renault Traffic en una zona pintada con doble línea amarilla. Al hacerlo, se encontró con la camioneta Chevrolet C10 que circulaba en dirección contraria y la chocó de frente.

Producto del impacto, falleció Carlos Zarate, de 45 años y oriundo de Coronel Suárez. La Eco Sport estaba al mando de Nicolás Roth, también suarense.

La carátula es homicidio culposo.

El fallo fue dictado por el Tribunal en lo Criminal N° 3, integrado por los jueces Daniela Fabiana Castaño, Julián Saldías y Eduardo d´Empaire, que sentenció al sujeto -no se lo identifica para preservar a la víctima- por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal, ambos agravados por haber sido cometidos en perjuicio de una menor de edad y mediando una situación de convivencia.

Para los magistrados quedó probado que entre junio de 2016 y febrero de 2020, en nuestra ciudad y en el partido de Coronel Dorrego, el acusado sometió en forma reiterada a la chica a manoseos y otras prácticas sexuales.

La pequeña declaró mediante el sistema de Cámara Gesell y señaló que tenía 6 años cuando comenzaron los hechos.

Describió que los ultrajes ocurrieron en una vivienda del macrocentro, en dos cocheras ubicada en las inmediaciones y en la vía pública, en cercanías de Villa Mitre.

Los abusos continuaron en la zona de Coronel Dorrego, cuando la familia se mudó hacia ese lugar por cuestiones laborales.

El hecho salió a la luz luego de que la menor le contara a su madre lo que estaba ocurriendo, señalando que no lo había realizado antes por temor a romper la pareja y por lo que le pudiera ocurrir a su hermano más chico.

Describió también las consecuencias psicológicas (temores, fobias y autolesiones) que le provocó lo sucedido.

Durante el debate declararon familiares de la joven, psicólogos y un médico que la revisó.

El acusado, en tanto, brindó su versión y negó las acusaciones en su contra.

"La declaración del imputado no conmueve la solidez de la prueba", indicaron los jueces en el fallo.

Destacaron el persistente relato de la víctima durante el proceso, los dichos de dos testigos que manifestaron que el procesado les admitió los hechos y el informe del doctor que evaluó a la niña, entre otros indicios.

"Toda la prueba reunida no deja margen para la duda. No existe un elemento que me permita dudar", sentenció la jueza Castaño con el voto coincidente de sus colegas. 

La víctima fue identificada como José Daniel Salazar, oriundo de Saldungaray, quien falleció sobre el mediodía del lunes.

El hecho, que motivó la intervención de la Patrulla Rural y la Policía tornquistense, sucedió en el establecimiento Sauce Grande.

Se supo que Salazar cortaba árboles con una motosierra, como para extraer leña y, en esas circunstancias, un gajo de un árbol habría impactado en su cabeza.

Un camionero que pasaba por el sector fue quien trató de auxiliarlo y dio aviso a los servicios de emergencia.

El delito se originó anoche, en Simón Bolívar al 1.900. Personal del Comando de Patrullas intervino en la acción tras un llamado al 911 y aprehendió al adolescente, que no fue identificado por razones legales.

Le imputaron los delitos de violación de domicilio, lesiones leves y daño, porque provocó destrozos en la vivienda.

"El joven ingresó por una ventana, presuntamente con intenciones de confrontar a un adolescente de 14 años por una supuesta deuda de dinero", confirmó una fuente policial.

Según las actuaciones, el chico que vive en la casa observó la maniobra y dio aviso a su madre.

Ya en el interior de la vivienda, el mayor se enfrentó al otro joven y hasta extrajo una ganzúa de entre sus prendas, con intenciones de atacarlo. De hecho, le provocó al otro menor heridas en el torso.

Antes de intentar retirarse, el visitante ocasionó daños al golpear un televisor de 32 pulgadas. Finalmente, fue reducido por familiares del más chico y luego entregado a la Policía.

En el caso tomó intervención la UFIJ Nº 2 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil y el Juzgado dee Garantías del Joven Nº 1.

María Emilia Bianco, responsable de la ONG, describió que desconocidos violentaron candados de un contenedor y se apoderaron de 3 monturas especiales, cojinillos de cuerito natural color marrón, embocaduras (frenos, bridones partidos y bridones Pessoa), cabezadas, riendas y fustas.

"Creemos que también fueron sustraídos otros elementos. Sin embargo, al tratarse de materiales de uso cotidiano y almacenados junto a otros equipos, aún no hemos podido determinar con exactitud el total de lo robado. Es posible que, con el transcurso de los días, vayamos detectando nuevas faltantes a medida que necesitemos utilizarlos", señaló.

Explicó que el hecho fue denunciado en la comisaría Quinta y que decidieron la colocación de cámaras de vigilancia y un sistema de alarma perimetral.

"A pesar de este difícil momento, continuaremos trabajando con el mismo compromiso de siempre. Por ello, hemos decidido adelantar el lanzamiento de nuestro Bono Contribución Anual, cuyo sorteo, como cada año, se realizará el primer fin de semana de octubre, en el marco de la Exposición Rural de Bahía Blanca", indicó Bianco.

"Cada aporte, por pequeño que sea, nos ayudará a recuperar el equipamiento indispensable para que nuestros niños, jóvenes y adultos puedan continuar con sus tratamientos", siguió diciendo.

Aquellos que quieran colaborar con la entidad pueden hacerlo al alias huellas.equino.bahia, a nombre de Fundación Huellas Equinoterapia Bahía Blanca.

Los reiterados procedimientos de clausura y desalojo sobre los after vinculados a los hermanos Vidal Ríos volvieron a poner en agenda un problema que, pese a decenas de intervenciones oficiales, continúa repitiéndose fin de semana tras fin de semana.

El pasado fin de semana el local Judas, ubicado en Vieytes y Güiraldes, volvió a ser clausurado por funcionar sin habilitación municipal, luego de un operativo del área de Fiscalización y la Policía Bonaerense.

El subsecretario bonaerense de Fiscalización y Control Policial, Federico Montero, sostuvo que la situación ya excede el trabajo operativo de los inspectores y las fuerzas de seguridad y reclamó una intervención definitiva de los organismos competentes.

"Lo primero que buscamos cuando iniciamos este trabajo fue mantener una presencia permanente en estos afters, el de calle Manuel Molina y el de Vieytes y Güiraldes", dijo Montero, en diálogo con Panorama, por LU2.

Según explicó, ambos lugares acumulan cerca de 20 intervenciones por parte del personal de Fiscalización, que en cada procedimiento debe desalojar a los asistentes con apoyo policial.

"Cada uno de esos lugares acumula entre 18 y 20 intervenciones del personal de Fiscalización, que va, desaloja a la gente y trabaja con el acompañamiento de la Policía, que además debe contener cualquier tipo de situación. Obviamente, a nosotros esta situación también nos genera lo mismo que le debe generar a mucha gente", manifestó.

El antecedente más reciente ocurrió el domingo, cuando nuevamente fue desalojado el after de calle Vieytes donde había unas 40 personas y el establecimiento volvió a ser clausurado por carecer de habilitación municipal. Era la tercera intervención sobre ese mismo lugar en apenas ocho días.

Montero reveló que, tras los últimos episodios, el intendente Federico Susbielles se comunicó con él para impulsar una mesa de trabajo entre todos los organismos con competencia en el tema.

"El domingo, después de lo ocurrido con los Vidal Ríos, el intendente me llamó para reunir a las partes involucradas y que cada una se haga cargo de lo que le corresponde", explicó.

El funcionario remarcó que el esquema actual resulta insuficiente: "Vamos, clausuramos y al fin de semana siguiente vuelven a abrir. Entonces tenemos que ir otra vez y ocurre lo mismo. A eso hay que ponerle un límite y un fin".

En ese sentido, señaló que el objetivo es identificar en qué instancia administrativa o judicial se demora la resolución de estos expedientes. "Ya sea la Justicia Contravencional, la Correccional, la Justicia de Faltas o el organismo que corresponda, hay que reunir a todos los actores involucrados, junto con la Policía y el área de Fiscalización, para hacer lo que hay que hacer", sostuvo.

Montero explicó que cada procedimiento realizado por los inspectores municipales sigue un circuito administrativo específico: "Cuando un inspector de Fiscalización labra un acta de desalojo, de clausura o de otra infracción, esa actuación se remite al Tribunal de Faltas. A partir de ahí, ese organismo puede dictar una sentencia o, según el caso, elevar las actuaciones a la Justicia ordinaria".

En ese sentido, consideró que la clave para frenar la reapertura de estos espacios es que exista una resolución firme que habilite una intervención penal en caso de reincidencia.

"Lo que tiene que suceder es que haya una clausura definitiva y una sentencia firme. Si eso ocurre, cuando la Policía intervenga en el lugar podrá detener a estas personas por desobediencia, y ya estaremos hablando de otra cosa", concluyó.

Según Guillermo Petersen y Guillermo Emir Rodríguez, jueces camaristas de la Sala II, las afecciones de salud que presenta el abusador pueden tratarse en una cárcel, por lo que debería seguir cumpliendo la condena en una unidad penitenciaria.

Sin embargo, Sebeca continuará con el beneficio de la prisión domiciliaria hasta que el Tribunal de Casación Penal bonaerense resuelva al respecto.

El depravado tiene glaucoma (con una disminución severa de la visión) y problemas auditivos graves, incluyendo la pérdida total de audición en el oído derecho.

Basándose en estas condiciones, el juez de Ejecución Penal Claudio Brun le había permitido a Sebeca cumplir la pena en su domicilio.

Pero el fiscal de delitos sexuales, Marcelo Romero Jardín, apeló la resolución al argumentar que no se cumplen los requisitos legales para mantener el beneficio y la Cámara Penal revocó el fallo de Brun.

Para expedirse sobre la cuestión, Petersen y Rodríguez tuvieron en cuenta los informes elaborados por el área de Sanidad de la Unidad Penal Nº 4, de Villa Floresta.

Los profesionales de la salud sostienen que las afecciones de Sebeca pueden atenderse "en contexto de encierro", mediante el tratamiento farmacológico y los controles médicos correspondientes.

En mayo del año pasado, el Tribunal en lo Criminal Nº 3 de esta ciudad había condenado a Sebeca por considerarlo autor penalmente responsable de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual gravemente ultrajante (hecho 1).

También lo penó por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante (hecho 2), abuso sexual simple (hecho 3), abuso sexual gravemente ultrajante (hecho 4), abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual gravemente ultrajante (hecho 5) y abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por encontrarse la víctima bajo su guarda (hecho 6).

Se trata de Omar Augusto Candia Flores, cuya sanción pasó de 9 años de prisión a 8 años y medio.

Para ello los jueces Víctor Horacio Violini, Ricardo Borinsky y Daniel Carral tuvieron en cuenta -parcialmente- el reclamo de la defensa del hombre, a cargo de la abogada Bárbara Sager.

El intento de femicidio se produjo el 7 de septiembre de 2023, en horas de mediodía, en el patio delantero de la vivienda familiar ubicada en Monseñor Jaime Francisco de Nevares al 2.200, en el barrio Stella Maris.

Fue cuando el hombre -en ese momento de 60 años de edad- atacó con un machete de 51 centímetros de largo a su mujer (de 50) y, en presencia de sus hijos, le provocó lesiones de consideración (con fracturas), especialmente en las extremidades superiores.

A Candia Flores lo declaró culpable un jurado popular. Diez de 12 personas consideraron que había sido autor del ataque, pero que había actuado en estado de emoción violenta.

El juez Christian Yésari, en ese momento integrante del Tribunal en lo Criminal Nº 1, le había impuesto 9 años de prisión.

La defensa cuestionó que no se haya tenido en cuenta, como atenuante, la falta de ancedentes de Candia Flores.

Exceso de restricción

Y Casación aceptó el pedido y redujo en 6 meses la sentencia, al considerar "excesivamente restrictiva" la postura del juez local.

"Asiste razón a la defensa en cuanto postula que la carencia de antecedentes penales del imputado debió ser computada como circunstancia atenuante. Dicha pauta fue expresamente invocada tanto por el Ministerio Público Fiscal como por la defensa, sin oposición de la acusación particular, por lo que existía consenso", explicaron los magistrados platenses.

Yésari había descartado esa valoración, favorable a Candia Flores, al entender que se podía tomar como "derecho penal de autor", esto es valorar al sujeto como "bueno" por no haber cometido delitos anteriormente.

"La carencia de antecedentes no implica premiar al imputado por 'ser bueno', sino reconocer que el hecho juzgado se presenta como un episodio aislado en el marco de una trayectoria vital desvinculada del delito.

"La ausencia de condenas anteriores no solo constituye un dato objetivo y comprobado, sino que además aparece reforzada en el caso por otras circunstancias personales favorables valoradas por el propio sentenciante, tales como el buen concepto vecinal y la baja peligrosidad individual del encausado", explicó Casación.

También le dieron la razón a la defensora en su intención de quitar el agravante de "peligro del bien jurídico vida" porque, tratándose de un homicidio en grado de tentativa "el riesgo para la vida de la víctima constituye un elemento ya contenido" en el delito para establecer la escala penal.

"La puesta en peligro de la vida ajena es precisamente aquello que caracteriza a toda tentativa de homicidio", remarcó Casación.

La captura se llevó a cabo en un camino vecinal de este distrito, luego de una denuncia telefónica.

El hombre, de 48 años, se encontraba en el sector cazando, con una decena de perros sueltos en la caja de la camioneta Chevrolet, normalmente utilizada para hacer fletes.

Durante la requisa correspondiente, personal del Comando de Patrulla Rural de Patagones encontró un jabalí muerto bajo el capot del vehículo.

El cadáver del animal fue decomisado y desnaturalizado, tal como lo establece el protocolo. No se indicó si el cazador poseía el permiso correspondiente. (agencia Carmen de Patagones)

Los jueces Eugenio Casas, Claudia Fortunatti y María Mercedes Rico consideraron al condenado autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal.

Ambas calificaciones legales son doblemente agravadas por "el vínculo y por el aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente con una menor de 18 años".

Los hechos al parecer se produjeron entre 2011 y 2022, en el domicilio que compartían en aquella localidad del partido de Coronel Rosales.

El fiscal de delitos sexuales, Marcelo Romero Jardín, había pedido 40 años de cárcel para el imputado, mientras que el defensor oficial Eduardo Zalba había solicitado al tribunal la absolución de su asistido.

En su alegato el acusador planteó una "triple condición de vulnerabilidad" de la damnificada, al ser "menor de edad, mujer y víctima de violencia sexual".

El acusado había llegado al juicio oral privado de la libertad y actualmente está alojado en la Unidad Penitenciaria Nº 19, de Saavedra.

La víctima fue identificada como Camila Brizuela, quien viajaba como acompañante en una moto Rouser, de 150cc., patente A286ZNK, que conducía Ramiro Gaitán (24).

El hecho se produjo el sábado pasado, sobre las 20.30, en la esquina de El Resero y Santa Juana de Lestonacc, un sector de crecimiento urbano ubicado detrás de Bosque Alto y a corta distancia de la autovía de circunvalación Atilio Fruet.

Tras un llamado al 911, la Policía y una ambulancia concurrieron de emergencia al lugar del incidente fatal y pudieron determinar que, en principio, ningún otro vehículo habría tenido intervención en el acto.

Una médica constató el fallecimiento de la joven en el lugar. Se informó que la chica tenía el casco colocado.

Mientras tanto, el test de alcoholemia al conductor de la moto dio negativo.

En la fiscalía del doctor Cristian Aguilar analizan el caso, que está encuadrado como homicidio culposo, con injerencia de la comisaría Séptima, por razones de jurisdicción.

El ataque ocurrió cerca de las 2.10 de la madrugada de este domingo, en la intersección de 25 de Mayo y Libertador Norte, frente al Centro Cívico.

Según testigos, el agresor disparó a quemarropa y escapó entre la gente que se había reunido para celebrar el pase de la “Albiceleste” a la semifinal de la Copa del Mundo.

El hecho se produjo cuando había familias enteras en la calle. “En un momento la gente empezó a correr y gritar cuando escuchó los disparos, que fueron a corta distancia. Por eso, la Justicia sostiene que fue un crimen puntual. No hubo otros heridos”, se indicó.

Fuentes de la investigación confirmaron que el joven asesinado tenía antecedentes penales y había recuperado la libertad el 3 de julio, apenas días antes del crimen. Al momento del ataque, cumplía libertad condicional, un dato que la Justicia considera clave para reconstruir el contexto del homicidio.

La principal hipótesis apunta a un ajuste de cuentes, aunque los investigadores siguen reuniendo pruebas para determinar el móvil y dar con el autor de los disparos.

La fiscalía interviniente ordenó distintas medidas para esclarecer el crimen, que conmocionó a toda la ciudad en una noche que debía ser de festejo.

Hasta el momento, no hay detenidos, pero el autor del ataque estaría identificado, según fuentes vinculadas a la causa. El caso sigue bajo investigación y la Justicia busca avanzar en la detención del responsable. (con información de TN)

El operativo se llevó a cabo sobre las 8.45. En el lugar había unas 40 personas.

El cierre se llevó a cabo en el marco del Operativo Nocturnidad. Ayer y la semana pasada ese mismo lugar ya había sido desalojado.

Según se indicó, al momento de la llegada de los representantes del área de seguridad, quienes estaban dentro del local se retiraron y su dueño cerró las puertas del mismo, sin colaborar con el personal de Fiscalización presente.

Por esta razón, el after fue clausurado y desalojado por carecer de habilitación municipal.

Sin embargo, la empresa, que por entonces pertenecía a la familia Cirigliano, comenzó a evidenciar graves problemas de funcionamiento, mantenimiento y frecuencias, así como reiterados incumplimientos contractuales (más de 5 mil multas).

Esta grave situación llegó a su punto culminante en marzo de 2012, cuando el entonces intendente Gustavo Bevilacqua decidió la caducidad del contrato y el transporte público local volvió a reconfigurarse en nuestra ciudad, ya sin Plaza.

Sin embargo, y más allá de la desaparición de la escena urbana de los colectivos rojos, su "legado" sigue vigente.

A la par de la batalla judicial que enfrentó al municipio y a la firma (argumentaba que el deterioro de los coches tenía que ver con el recorrido por varias calles de tierra), existen otras causas que aún al día de hoy siguen abiertas.

Explosión y caos

Por ejemplo, la demanda de dos pasajeras que en 2010 terminaron heridas por la explosión de un neumático de una unidad de Plaza cuando estaba en servicio por el barrio Patagonia.

En los últimos días, la Sala I de la Cámara en lo Civil y Comercial de nuestra ciudad confirmó la sentencia dictada por la jueza en lo Civil y Comercial Nº 2, María Selva Fortunato.

Ese fallo ordenó pagar a la demandada -y en garantía a Protección Mutual de Seguros del Transporte Público de Pasajeros- un resarcimiento a dos víctimas, ambas empleadas domésticas. Una de ellas (identificada por las iniciales M.0.C.) deberá recibir 1.293.600,50 pesos, más los cuantiosos intereses desde la fecha del hecho, y la otra mujer (L.C.G.U.), 9.680.000 pesos e intereses.

La diferencia entre ambas se debió al grado de las heridas, la demanda de atención médica, la pérdida de chance y el lucro cesante.

El incidente que motivó la acción judicial se produjo el 5 de febrero de 2010, cuando las mujeres viajaban en el interno 1453 de la línea 519A, perteneciente a Plaza.

Cuando la unidad circulaba por la avenida Amancay, entre Cumeruca y Chequén, del barrio Patagonia, se produjo un gran estruendo y una nube de tierra invadió el interior del ómnibus.

Una de las víctimas sintió un fuerte golpe en su pierna izquierda, con intenso dolor y ardor.

Luego se estableció que el estallido de uno de los neumáticos del vehículo había generado daños desde abajo hacia arriba, con roturas en el piso del colectivo.

La otra víctima, que estaba sentada al lado, salió despedida hacia arriba y golpeó con los asientos de adelante y terminó con quemaduras en su pierna izquierda, que le demandaron cirugías reconstructivas y más de 5 meses de recuperación.

Una de ellas quedó con una incapacidad del orden del 19%, mientras que en el caso de la otra fue superior al 12%.

Una obligación

La jueza de primera instancia -en postura que ratificó la Cámara- encontró justificada la demanda a partir de la reconstrucción del hecho, con testimonios y otras pruebas de rigor. 

"El transportista asume una obligación de resultado que consiste en trasladar al pasajero de un lugar a otro sano y salvo, y no se libera de su responsabilidad haciendo sólo lo conducente si no se obtiene el resultado buscado", explicaron los jueces. 

"De manera que si la persona transportada sufre algún daño durante el viaje se configura en principio el incumplimiento de la obligación de seguridad a cargo del empresario, salvo que éste demuestre que el accidente provino de fuerza mayor o sucedió por culpa de la víctima o de un tercero por quien la empresa no sea civilmente responsable", agregaron.

En función del deber de seguridad que asume el transportista (ejercicio de control sobre las personas y cosas susceptibles de provocar daño coporal), la valoración de los eximentes se debe hacer "con criterio restrictivo", con circunstancias "inequívocamente acreditadas".

"Frente a este factor de atribución nada ha demostrado la demandada que opere como causa eximente de su responsabilidad. Su oposición se limitó a desconocer lisa y llanamente que el hecho sucediera, manifestando -llamativamente- no tener constancia del acaecimiento del siniestro", sostuvieron los camaristas.

Qué pasó con la empresa de los Cirigliano

Hacia 2018, los hermanos Claudio y Mario Cirigliano se desprendieron de su nave insignia: el grupo Plaza.

La empresa, según los reportes de esa fecha del diario La Nación, pasó a manos Marcelo Zbikoski, hermano de Javier y Eduardo, dos empresarios que son dueños de La Nueva Metropol, entre otras líneas. 

Sin embargo, aclararon en esa familia que el comprador de Plaza no tendría relación con dicho grupo, integrado por 21 líneas del Área Metropolitana y que también explotaba la Nueva Chevallier.

La empresa de los Cirigliano comenzó a desmoronarse después de la tragedia de Once, cuando el gobierno de entonces le rescindió la concesión a Trenes de Buenos Aires (TBA), la firma que tenía a su cargo la explotación del ramal Sarmiento. 

Y la decisión de desprenderse de Plaza se habría acelerado tras el fallo del Tribunal Oral Federal Nº 2, que condenó a Claudio Cirigliano a la pena de 9 años de prisión por el delito de estrago culposo agravado y coautor de defraudación a la administración pública, por su responsabilidad en aquel drama ferroviario de 2012, que dejó 52 muertos y 789 heridos.

Fuentes oficiales indicaron que al momento del procedimiento había unas 50 personas en el lugar, las que fueron desalojadas para luego volver a sellar el acceso con una faja colocada por los inspectores del área de Fiscalización de la comuna.

Los voceros mencionaron que se confeccionaron dos actas: una de ellas por la violación de la clausura que pesaba sobre el establecimiento y la restante por la infracción constatada durante el procedimiento (falta de habilitación).

Las actuaciones quedaron a cargo de las áreas municipales competentes.

Se trata de Martín Alejandro Sosa (18) y Stella Maris Acoria (20), quienes fueron indagados por el fiscal Mauricio Del Cero y decidieron hacer uso de su derecho a guardar silencio.

Tras la audiencia, el titular de la UFIJ N° 19 solicitó a la Justicia de Garantías la conversión de la aprehensión en detención para ambos.

Como se informara, el miércoles pasado personal policial que estaba realizando recorridas preventivas detectó un "pasamano" (venta de droga al menudeo) en la zona de Pasaje Rosa Maier y San Luis, en Pueblo Santa Trinidad.

En esas circunstancias interceptó a las dos personas observadas y arrestó a Sosa, quien le habría entregado una "bocha" de cocaína al otro individuo.

En poder del sospechoso incautaron 30 mil pesos y una pistola de aire comprimido.

Por orden del fiscal los efectivos allanaron poco después la vivienda del hombre, situada en Luis de Bernardi y Combatientes de Malvinas, a unos 50 metros del sitio donde se produjo el arresto.

Previo a la diligencia, y mientras vigilaban el lugar, los uniformados interceptaron a Acoria (pareja de Sosa) cuando salió del inmueble transportando una caja de cartón, en cuyo interior hallaron 321 gramos de cocaína, 25 de cannabis sativa, una balanza de precisión, recortes de nylon, 71 mil pesos y dos celulares.

Con el convencimiento de que en las sentencias debe primar el razonamiento humano y no el de una IA, el máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires abrió una consulta para que magistrados y funcionarios propongan posibles cambios al reglamento.

Según el juez bahiense Eduardo d'Empaire, el uso de IA sin control ni responsabilidad humana vulnera las garantías del debido proceso, por eso -agregó- este recurso digital procura acelerar las gestiones previas a los fallos sin reemplazar la función jurisdiccional del juzgador.

En este sentido la postura del entrevistado es que la IA "nunca podría utilizarse para el proceso de toma de decisiones".

El reglamento publicado por la Corte prohíbe expresamente la automatización de las sentencias, y así garantiza que la resolución de conflictos esté a cargo de seres humanos y no de una máquina.

"Las decisiones las tienen que tomar las personas que están designadas por la Constitución para tal fin, o sea los jueces", explicó d'Empaire, presidente del Colegio de Magistrados de Bahía Blanca.

"La Inteligencia Artificial es una herramienta valiosa para mejorar la administración de justicia, pero nunca podrá suplir la decisión del juez", enfatizó.

El plan de la Corte tiene como ejes la transparencia y la auditoría de la labor de los operadores judiciales que emplean la tecnología.

La fiabilidad que se logra gracias a la "supervisión permanente" de las tareas hechas con IA "es un reaseguro para el juez en el ejercicio de su función".

En el marco de este proyecto, el operador del servicio de justicia es siempre responsable de los resultados finales, independientemente de que la información aportada por la IA y utilizada en una resolución sea potencialmente errónea o inexacta.

Por otra parte, el representante del Poder Judicial está de acuerdo con la obligación de informar en el expediente cuándo y cómo se usó una IA, tal como prevé el borrador presentado por la Corte.

El proyecto prevé la creación de una comisión de gobernanza que definirá y dictará las capacitaciones obligatorias a magistrados, funcionarios y agentes judiciales.

Para d'Empaire, la formación constante es una "obligación ética de quienes integramos el Poder Judicial", más allá de lo que establece este reglamento.

"Este proceso de innovación debe estar centrado en las personas que interactúan en el ámbito de la función judicial. Hoy por hoy se están utilizando herramientas de IA aplicadas a procesos de gestión que facilitan el trabajo diario y el acceso a la justicia. Hay iniciativas particulares creadas por distintos operadores", dijo el juez. 

"Ahora aparece la necesidad de este reglamento para el desarrollo y uso responsable de la IA; es necesario establecer reglas que determinen su ámbito de aplicación. Los jueces saben que deben tomar las decisiones por ellos mismos y que siempre tienen que rendir cuentas", continuó el profesional del Derecho.

En la medida en que la IA no se use para la toma de decisiones -acotó-, "cualquier error" en su utilización implica "cuestiones de gestión que pueden reconducirse, como hacemos a diario".

"Cuando la IA se usa para facilitar el trabajo, como la búsqueda de jurisprudencia o la sistematización de fuentes, el operador judicial es quien lo chequea", indicó el juez del Tribunal en lo Criminal Nº 3.

La comisión estará integrada por las secretarías de Planificación, Tecnología informática y Servicios jurisdiccionales, que actuará como autoridad de aplicación.

Entre otras funciones, deberá autorizar sistemas de alto riesgo, ordenar auditorías periódicas (semestrales para alto riesgo y anuales para bajo riesgo) y publicar un informe anual.

Desde la pandemia se implementa una política de innovación tecnológica en el trabajo del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires.

A entender de  D'Empaire, la IA es una herramienta más de este proceso de modernización.

"Actualmente trabajamos con actuaciones digitales; las presentaciones de los abogados son electrónicas y las notificaciones también, lo que redunda en una mayor celeridad", señaló el vocero.

"En este contexto la aparición de herramientas como la IA es un desafío en el proceso permanente de innovación que propone el presidente de la Corte, Sergio Torres".

De hecho, ya se ven avances tecnológicos en las tareas diarias de los actores de la justicia.

Por ejemplo, en el juzgado Civil y Comercial Nº 2 bahiense, a cargo de la jueza María Selva Fortunato, se creó una aplicación para hacer "determinados cálculos" correspondientes a procesos de sucesiones.

En el fuero penal de Bahía también se emplea IA para investigar, por caso, delitos cometidos con criptoactivos.

Según d'Empaire, las instrucciones (prompts) que el usuario le da a la IA permiten obtener resultados "más precisos y rápidos" para sistematizar fuentes o buscar jurisprudencia.

El Colegio de Magistrados local estudia el reglamento para hacer aportes que aseguren un "debido proceso",  que respete la "imparcialidad y el derecho de las partes a ser oídas".

El proceso de regulación del uso de IA permanecerá en etapa de consulta hasta el 7 de agosto. El formulario está dirigido también a instituciones académicas, colegios profesionales y "demás interesados".

La resolución de la Corte provincial estipula que la función jurisdiccional es "indelegable e insustituible".

"Bajo ninguna circunstancia se puede delegar en una IA la toma de decisiones judiciales que impliquen la resolución del proceso o procedimiento administrativo, la valoración de pruebas o la construcción del razonamiento jurídico que fundamenta una resolución o sentencia", advierte la disposición.

"El uso de herramientas de IA no exime de su plena responsabilidad al operador judicial, por el contenido, validez y legalidad de los actos en los que aquellas hubieren intervenido, debiendo en todos los casos ejercer un control sustantivo, efectivo y documentado sobre los resultados producidos por dichos sistemas, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiere corresponder al proveedor de la herramienta", sigue el documento.

El tratamiento de datos personales mediante sistemas de IA debe ajustarse a lo dispuesto por la Ley de protección de los datos personales, asegurando la "confidencialidad, integridad y seguridad" de la información.

La incorporación de IA a la resolución de disputas y al apoyo de decisiones judiciales conlleva "riesgos estructurales" inevitables.

"Lejos de ser neutrales u objetivos, los sistemas de IA pueden reproducir -e incluso amplificar- sesgos, errores y patrones discriminatorios presentes en los datos con los que fueron entrenados", se aclara en el reglamento.

También pueden "debilitar el juicio crítico" de los operadores por medio del "sesgo de automatización, que lleva a otorgar confianza excesiva a las recomendaciones algorítmicas".

"Estas circunstancias exigen una estratificación clara de los usos según su nivel de afectación potencial a los derechos fundamentales, aplicando criterios de proporcionalidad en la gestión", acota la resolución.

La Corte clasificó tres categorías de sistemas de IA según su nivel de riesgo.

Uno de bajo riesgo para la gestión administrativa, que prevé tareas como la organización de expedientes, transcripción de audiencias, traducción, chatbots de información general y la corrección de textos, entre otras. Su uso está permitido y no tiene mayores restricciones.

Otro de los sistemas se considera de alto riesgo y se lo vincula con labores de la función jurisdiccional, como análisis de jurisprudencia, valoración de pruebas y propuestas de sentencia.

Este tipo de herramientas requiere autorización expresa de la Corte, análisis de impacto previo, supervisión humana y mecanismos de impugnación para las partes.

Por otra parte, se prohíben la automatización total de decisiones judiciales con IA, los sistemas sin supervisión humana efectiva y el uso de esta herramienta para producir prueba pericial sin participación activa del perito, entre otras restricciones.

El proyecto contempla además la creación de un "repositorio público" con información sobre cada sistema de IA en uso, como proveedor, propósito, datos de entrenamiento y resultados de auditorías.

Los operadores judiciales estarán obligados a informar expresamente cuándo usaron IA generativa en una decisión, identificando la herramienta y el modo de uso.

Hasta que se apruebe su versión definitiva, el reglamento tiene carácter "orientador y no vinculante".

Una fuerte controversia se generó el año pasado en la justicia de Chubut, donde un juez olvidó eliminar de su sentencia una cita textual suministrada por la IA.

Por tal motivo, con un fallo inédito, la Cámara Penal de Esquel anuló el decisorio del magistrado de primera instancia que había sido confeccionado, al menos parcialmente, mediante el uso de un asistente de IA generativa, y ordenó la realización de un nuevo juicio.

El órgano revisor entendió que el juez vulneró los principios de "fundamentación, control humano y transparencia en la elaboración de su fallo", al incorporar "textualmente" una respuesta del sistema "sin supervisión adecuada ni comunicación a las partes".

Sin embargo, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut revocó el fallo de la Cámara al argumentar que "el proceso penal no controla los métodos que utiliza un juez para elaborar su razonamiento, sino el contenido final de la sentencia y la solidez de sus fundamentos".

El máximo tribunal chubutense planteó además que el uso de estas herramientas "no invalida por sí mismo una sentencia si no se demuestra un perjuicio concreto en la decisión".

El expediente se había originado a raíz de una condena dictada el 4 de junio de 2025, cuando el juzgador le impuso al acusado la pena de dos años y medio de prisión efectiva por un robo.

Inicialmente, las diligencias se ordenaron por el robo de una cámara de seguridad ubicada en la intersección de las calles Cesar Fournier y Domingo de Oro ocurrido durante el martes.

En este contexto, en el reciente procedimiento se pudo recuperar el artículo sustraído en el delito que, además, había quedado registrado a través de imágenes del Centro de Monitoreo de la Municipalidad de Patagones.

Además, se incautó marihuana y cocaína fraccionadas, listas para su posible comercialización. También dos balanzas de precisión, recortes de nylon, dinero en efectivo, y diez teléfonos celulares.

Se trata de Miqueas Andrés Vázquez (21 años) y Alexis Nahuel Ide (25), quienes al momento de solicitarles la documentación correspondiente adoptaron una actitud hostil, se negaron a identificarse y opusieron resistencia durante el procedimiento, incluso cuando eran trasladados a la dependencia policial.

Actuó personal de la Comisaría Segunda, con apoyo del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), la Unidad Motorizada Local y agentes de Tránsito Municipal, en el marco del denominado "Operativo Modalidad Motochorros".

Como parte de los controles, personal de Tránsito Municipal secuestró un automóvil Chevrolet Corsa, dominio GBI026, por carecer del seguro obligatorio.

Asimismo, fue secuestrada una motocicleta Guerrero G110 Trip, dominio 070EZU, por falta de documentación, siendo trasladada al corralón municipal.

La causa quedó caratulada como resistencia a la autoridad, con intervención de la UFIJ N.º 15 del DJBB.