El hecho ocurrió el miércoles 10, entre dos personas que se encuentran en situación de calle. Ese día, el denunciante, de 23 años, señaló haber sido atacado y abusado sexualmente en la vía pública "por un conocido del sector".

Producto de investigaciones, análisis de cámaras de seguridad y testimonios, personal policial pudo identificar a Maximiliano Ortiz, de 29 años, como el autor de la agresión.

Por ello, luego de la orden del Juzgado de Garantías N° 3, el violador fue detenido en la primera cuadra de avenida Colón y fue trasladado a la sede de la DDI.

Interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 4. La carátula es abuso sexual con acceso carnal.

El paciente había sido hospitalizado el sábado a la mañana con pérdida de conocimiento a raíz de un traumatismo grave de cráneo, según se informó esta mañana desde el sanatorio comunal.

Actualmente, el joven recibe asistencia respiratoria mecánica.

Después de un aviso al 911 alrededor de las 7.30, efectivos policiales hallaron a la víctima inconsciente en la calle San Juan, a pocos metros de la avenida Alem, y con "signos de haber sido agredida".

Por este hecho, la Policía aprehendió a Brian Gabriel Mendieta Pereyra (20), que tenía manchas de sangre en el pantalón y las zapatillas.

Con el análisis de imágenes registradas por cámaras privadas y del Centro Único de Monitoreo, los investigadores establecieron que aproximadamente a las "6.40 de anteayer Mendieta Pereyra interceptó a la víctima y la agredió a golpes de puños y patadas, sin existir una pelea" entre ambos, indicó la Policía.

El nombrado quedó aprehendido por el delito de tentativa de homicidio, con intervención del fiscal Jorge Viego.

Mendieta Pereyra tiene numerosos antecedentes policiales por delitos contra la propiedad y las personas. De hecho, en los últimos dos años se lo arrestó ocho veces.

El procedimiento fue llevado a cabo por personal del Gabinete Investigativo de la Comisaría Primera, que detuvo a Luis Guiñez en la intersección de las calles Thompson y Estados Unidos, luego de una investigación iniciada a partir de la denuncia de una mujer de 74 años.

Según informaron fuentes policiales, la víctima recibió un llamado telefónico mediante el cual fue engañada. Poco después, un hombre se presentó en su domicilio y logró apoderarse de una importante suma de dinero en moneda extranjera -dólares y euros-, además de varias joyas, para luego darse a la fuga.

A partir del análisis de cámaras de seguridad particulares y del trabajo conjunto con el Centro Único de Monitoreo Municipal, los investigadores lograron identificar al presunto autor del hecho y reconstruir la maniobra utilizada para concretar la estafa.

Tras diversas tareas investigativas y de vigilancia, este lunes se concretó la aprehensión de Guiñez, quien quedó a disposición de la Fiscalía Nº 18 del Departamento Judicial Bahía Blanca, especializada en delitos complejos.

Según la información oficial, el detenido registra antecedentes penales por delitos de similares características, además de otros hechos contra la propiedad y robos a mano armada, por los que ya había cumplido una condena.

El procedimiento se dio sobre las 2 de hoy, cuando se tomó conocimiento sobre un hecho que aparentaba ser un conflicto de índole familiar en una vivienda del barrio Loteo Aire Puro, ubicado en el camino a Villa 7 de Marzo, a unos 5 kilómetros de la ciudad cabecera.

“Ya en el lugar se procedió a la detención de un hombre de 42 años, quien momentos antes habría amenazado de muerte a su concubina, intimidándola con un arma de fuego, tipo carabina calibre 22. Además se estableció que no poseía documentación del arma que acreditara propiedad, ni autorizara a su tenencia”, se informó.

En consecuencia se iniciaron actuaciones sumariales por amenazas agravadas e infracción al artículo 189 bis del Código penal.

Con droga

Por otra parte, alrededor de las 4, en medio de recorridas de prevención, la Policía identificó un sujeto de 26 años que, entre sus prendas, guardaba un envoltorio con cocaína.

De esa manera se iniciaron actuaciones por infracción a la ley 23.737.

Ambos detenidos fueron trasladados a la sede policial, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 15 y la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 19, ambas del Departamento Judicial de Bahía Blanca (agencia Carmen de Patagones).

El presidente de Bella Vista, Gustavo Vázquez, calificó como "una barbarie" los hechos de violencia ocurridos el sábado en las instalaciones de Rosario Puerto Belgrano, donde jugadores de la categoría 2009 del club bahiense fueron agredidos por adultos al finalizar un partido de fútbol de divisiones inferiores.

Según relató el dirigente, el episodio se inició cuando una mujer, madre de un futbolista de Rosario que había sido expulsado, esperó a los jugadores visitantes en el estacionamiento y atacó físicamente a un menor de Bella Vista. "Lo agarró de los pelos y empezó a pegarle cachetadas al chico sin ninguna razón. Eso fue lo que disparó todo el problema", sostuvo Vázquez en diálogo con Panorama, por LU2.

A partir de allí se generó un tumulto en el que intervinieron padres de ambos equipos y, de acuerdo con la denuncia del presidente albiverde, también integrantes de la barrabrava de Rosario Puerto Belgrano que se preparaba para viajar hacia Bahía Blanca.

"La barra estaba en el sector, cosa que no tenía que pasar, y se metió automáticamente a agredir a chicos menores de edad", afirmó.

Como consecuencia de los incidentes, varios de los futbolistas debieron ser asistidos en el Hospital Eva Perón de Punta Alta. Algunos sufrieron heridas que requirieron suturas, además de golpes en las costillas y lesiones en las manos.

"Estamos hablando de que fue una barbarie de gente adulta contra menores de edad", remarcó Vázquez, quien describió a los chicos y sus familias como "congojados" y "muy mal" por lo sucedido.

El dirigente indicó que tanto los padres como la institución realizaron las denuncias correspondientes y que ya mantuvieron conversaciones con la Liga del Sur, la Policía y los responsables de seguridad y Aprevide. "Esto no es un hecho menor y no podemos permitirlo. Ningún club de la Liga puede permitir esta cuestión", señaló.

Además, dejó entrever que no se trata de un episodio aislado. "Viene pasando que el comportamiento en Punta Alta se pone bastante agresivo. No quiero generalizar, porque no debe ser todo el mundo, pero si hay irracionales y gente que está loca, no tiene que estar ahí", expresó.

En ese contexto, Bella Vista solicitará a la Liga del Sur garantías de seguridad antes de volver a presentarse en la ciudad puntaltense con sus divisiones menores. "Hasta que no nos aseguren que esto no vuelva a pasar, nosotros en Punta Alta, por lo menos, a los chicos no los vamos a exponer", advirtió.

"Si había actividad de fútbol juvenil e infantil y estaba la barra, en algo fallamos también en la prevención. Tenemos que hacernos cargo de lo que nos toca a nosotros", concluyó.

Lo hizo a través de su abogado, Martiniano Greco, quien remarcó que la causa va demostrando "que esto no fue un accidente sino un claro homicidio".

"La familia me pidió algo concreto, que se aplique la máxima severidad y que todos los responsables sean acusados y juzgados por el delito que corresponde", sostuvo Greco, en diálogo con lanueva.com.

El expediente, a cargo del fiscal Cristian Aguilar, se encuentra en plena etapa investigativa. Si bien ya se realizaron distintas pericias y testimoniales, hay más prueba por rendir. 

De hecho, entre esta semana y próxima declararán otras dos testigos, clientas del gimnasio, quienes ratificarían que, desde la plataforma de donde se desplomó Cafasso -el sábado 6 de junio-, ya habían caído botellas y otros objetos y algunos de los administradores del establecimiento estaban al tanto del alerta.

Muerte en el gimnasio: quiénes son los responsables de la franquicia local

"Un accidente es un hecho fortuito e impredecible y acá estamos lejos de eso. Se trató, de mínima, de un lugar en el que había serias fallas de seguridad, con máquinas sin ningún tipo de contención ni barandas", agregó Greco.

La querella considera que "una multiplicidad de personas" contribuyeron para llegar a este resultado. 

"No hay un solo responsable y hay distintos tipo de responsabilidades. Desde funcionarios públicos, que habrían omitido las diligencias necesarias, y algunos administradores del gimnasio que tenían una representación del hecho y una aceptación o tolerancia del resultado y actuaron con desprecio", expresó el abogado, en este último caso al referirse a quienes serían penalmente responsables de homicidio simple con dolo eventual.

"No todos los administradores del gimnasio, pero una parte sí. Si te están informando que se caen objetos y no hiciste nada para arreglarlo y el gimnasio siguió funcionando, porque primó un criterio económico, no es que no la vieron venir ni que el cliente (Cafasso) asumió un riesgo en su acción", agregó.

Pericia de un ingeniero

Sobre la pericia que el fiscal Aguilar le pidió a un ingeniero de la UTN, Greco aclaró que se busca esclarecer la posible responsabilidad de los funcionarios públicos.

"Hay un proceso de habilitación y hay consecuencias jurídicas en caso de que esa habilitación esté vencida o si los planos estaban o no adulterados. Es necesario conocer si el proceso administrativo se hizo como correspondía", dijo.

Sobre el entrepiso desde donde cayó Cafasso al vacío (más de 3 metros de altura), el abogado consideró que "parece ser que el gimnasio les quedó chico y decidieron, sobre la marcha, ampliarlo con esta plataforma, donde ubicaron máquinas y ganaron espacio".

"Se está investigando si eso estaba autorizado. Se avizora que no estaba habilitado", remarcó.

Sport Club Bahía Blanca continúa con doble clausura, una dictada por la fiscalía, para que se avance con las pericias, y otra de corte administrativo, desde el municipio.

 "Por el momento va a seguir clausurado y entendemos que es lo que corresponde", sentenció Greco.

El fiscal de delitos sexuales, Marcelo Romero Jardín, había pedido 15 años de cárcel para el procesado, mientras que el defensor Sebastián Martínez había solicitado seis años de prisión para su cliente.

La fiscalía le imputó al acusado dos hechos de abuso sexual con acceso carnal, agravado por su convivencia con la víctima (penas de 8 a 20 años de prisión), pero el jurado optó por la figura del delito menor incluido y lo condenó por estupro agravado, que prevé penas menores.

Romero Jardín también le atribuyó al denunciado abuso sexual simple, porque en reiteradas ocasiones habría manoseado partes íntimas de la menor por arriba de su ropa y contra su voluntad.

En relación con estos tocamientos, la votación se estancó en 9 votos y para que no sea necesario hacer nuevamente el juicio completo, el fiscal desistió de acusar al procesado de abuso sexual simple y el jurado emitió veredicto de no culpabilidad.

En este caso el imputado fue declarado culpable (por mayoría, 10 votos de 12) de dos hechos de estupro agravado por la convivencia preexistente con un menor de 18 años, delito que prevé penas de 6 a 10 años de prisión, según el segundo párrafo del artículo 120 del Código Penal.

El delito de estupro consiste en acceso carnal a una menor de entre 13 y 15 años, por seducción y aprovechándose de la inmadurez sexual de la víctima.

Los abusos ocurrieron entre diciembre de 2021 y el 10 de septiembre de 2022, cuando la damnificada tenía entre 12 y 13 años, en el domicilio que compartían en el barrio Progreso de Bahía Blanca.

Claudia Fortunatti actuó como jueza técnica durante el debate popular, en representación del Tribunal en lo Criminal Nº 2 bahiense.

El detenido fue identificado como Claudio Matías Barrionuevo, quien al momento de ser requisado llevaba una mochila con dos notebooks, un teléfono celular, libros, un parlante portátil, auriculares, pendrives, juegos de llaves, cables, documentación personal, una billetera y otros objetos, además de $800.000 en efectivo.

A partir de las averiguaciones realizadas por los efectivos, se estableció que todos los elementos habían sido sustraídos de una vivienda ubicada en Santo Cicchinni al 2200. Según las actuaciones, el autor habría ingresado al inmueble sin ejercer violencia.

La totalidad del dinero y de los objetos fue recuperada y secuestrada durante el procedimiento, quedando a disposición de la Justicia.

Barrionuevo fue trasladado a la dependencia policial correspondiente y quedó a disposición de la UFIJ N° 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca, en una causa caratulada como "hurto".

El fallo, que confirmó la resolución de la jueza en lo Correccional Nº 3, Susana Amelia González La Riva, ratificó las sentencias al ingeniero Ricardo Raúl Trobiani Rognoni; al director de obra, David Humberto Silva Esparza y a la inspectora de seguridad e higiene Marcela Tourn.

Todos recibieron 1 año y 8 meses de prisión en suspenso -no irán a la cárcel salvo que incumplan distintas reglas de conducta- e inhabilitación especial por igual tiempo para desempeñarse en cada uno de las funciones que desarrollaban.

Rotura y milagro

El incidente en cuestión se produjo el 24 de julio de 2019, sobre las 9.30, en el edificio de 7 pisos -hoy ya terminado- que está ubicado en 19 de Mayo 67, propiedad del Fideicomiso San Antonio III.

Cuando se realizaban tareas de albañilería en general, el obrero Jhonny Alfredo Zambrano Calderón, mientras se encontraba en un montacargas ubicado en el quinto piso de la torre, ayudando en la carga y descarga del material de construcción, cayó en caída libre al romperse el sistema de frenos del ascensor y cuando tenía un pie dentro del mismo y no contaba con el arnés colocado.

Zambrano Calderón sufrió politraumatismos y la amputación de uno de sus brazos.

La jueza González La Riva confirmó que los tres fueron autores penalmente responsables del delito de lesiones culposas.

Los defensores particulares Hernán Pablo Silva (Trobiani Rognoni), Ornela Scarano y Carlos Carnevale (Silva Esparza) y Bárbara Sager (Tourn) apelaron la sanción.

Consideraron que los testimonios no fueron valorados adecuadamente, que la obra estaba en condiciones y los operarios habían sido capacitados y que la jueza no fue clara al considerar los fundamentos de la sentencia.

Sin embargo, la Sala II de la Cámara Penal, con los votos de los jueces Guillermo Emir Rodriguez y Guillermo Federico Petersen, entendió que la sentencia cuestionada "resulta derivación razonada del derecho vigente".

Entre el cúmulo probatorio se tuvieron en cuenta la declaración de al menos cinco testigos que trabajaban en la obra, un ingeniero de la ART, el encargado de mantenimiento de ascensores y grúas, un perito ingeniero oficial y otro de parte y los dichos de los propios imputados y la víctima.

Lo dicho por Zambrano y sus colegas es que mientras movilizaba bolsas de cal para llevarlas del quinto piso al séptimo y tanto Silva Esparza como la víctima y un ceramista comenzaron a subirlas al montacargas.

Cuando en el habitáculo ya había 6 bolsas de 40 kilos cada una, y en circunstancias que Zambrano cargaba la séptima, el zuncho (freno) se cortó y el montacargas cayó junto con el operario.

El perito oficial desestimó que la caída de la plataforma haya tenido que ver con que el obrero apoyara el pie o una sobrecarga, sino que el freno se cortó "por fatiga del material".

"Si bien contaba con dos zapatas que colaboraban en el frenado por sí mismo no frenaban. De allí que roto el zuncho no había ningún otro mecanismo que lo detuviera", declaró el especialista.

"Estándar probatorio"

Según la Cámara, a partir de la normativa vigente y las pruebas acumuladas, "es dable extraer razonablemente, y con la suficiencia del estándar probatorio exigido para arribar a una sentencia de condena (certeza positiva)" que los tres fueron autores del delito.

"Ricardo Raúl Trobiani Rognoni, en su rol de director de obra; David Humberto Silva Esparza, en su carácter de empleador y dueño del montacargas; y Marcela Elba Tourn, en su condición de responsable de seguridad e higiene, incumplieron con los deberes de cuidado atinentes a sus funciones al no adoptar y controlar la ejecución de todas las medidas de seguridad adecuadas para evitar la caída de personas", concluyeron.

En este último sentido, los jueces remarcaron la falta de mantenimiento periódico (mensual) por parte de profesionales idóneos del montacargas siniestrado.

"Soy de opinión que los recurrentes no han logrado evidenciar el absurdo valorativo que predican". remarcó el camarista Rodríguez, con la adhesión de su colega Petersen.

En cuanto al rechazo a los argumentos de Trobiani, la Cámara Penal sostuvo que entre sus responsabilidades, como ingeniero civil, estaba "claramente" la de "hacer cumplir las normas de seguridad.

Sobre la inspectora de seguridad e higiene, en tanto, se aclaró que en el caso de Bahía Blanca la normativa regula el control de frenos de este tipo de vehículos "de manera mensual" y que en su caso existió una violación del deber de cuidado.

Finalmente, respecto de Silva Esparza se lo señaló como empleador de la víctima y dueño del montacargas.

Un adelanto indebido en la ruta, una “picada” en una calle céntrica o una persona alcoholizada frente al volante son potenciales riesgos para quien lleva adelante esa conducta y aquellos que están a su alrededor.

En muchas ocasiones estas situaciones son filmadas y se viralizan en las redes sociales, provocando la indignación masiva y el repudio, pero sin mayores consecuencias para los protagonistas.

Recientemente, la Agencia Nacional de Seguridad Vial avanzó en este sentido, lanzando un programa denominado “Reporte Vial Ciudadano”.

Se trata de una herramienta digital para que cualquier persona pueda reportar hechos de violencia vial y conductas peligrosas en la vía pública, a través de WhatsApp.

“Se trata de una medida que incorpora tecnología y participación ciudadana para fortalecer los controles viales en todo el país y generar nuevas herramientas de fiscalización y prevención”, informaron  desde el organismo.

De esta manera, quienes presencien maniobras temerarias o infracciones graves podrán enviar material audiovisual y datos del hecho a la línea 11-2787-0000.

“Los reportes serán evaluados por la ANSV y, según la gravedad del caso y la evidencia presentada, podrán derivar en sanciones, como la suspensión o inhabilitación de la licencia de conducir”, agregaron.

Buen inicio

Fuentes oficiales indicaron a La Nueva. que en los primeros cinco días de la puesta en marcha del sistema se recepcionaron casi mil casos de violencia vial.

Mencionaron también que la mayor cantidad de situaciones reportadas tenían que ver con adulteración u ocultamiento de patentes, sobrepasos prohibidos, discusiones entre conductores y excesos de velocidad.

“El nuevo sistema busca complementar los controles presenciales y ampliar la capacidad de detección de conductas peligrosas mediante evidencia digital aportada por ciudadanos”, explicaron.

Alcohol al volante, picadas ilegales, menores conduciendo, uso de celulares al conducir son otras conductas indebidas que pueden ser puestas en conocimiento de las autoridades.

“La medida apunta a generar un mecanismo ágil y federal de recepción de denuncias, incorporando herramientas tecnológicas que permitan actuar frente a hechos que muchas veces ocurren fuera de operativos de control tradicionales”.

“Además de permitir la aplicación de sanciones, el sistema brindará información relevante para mejorar la fiscalización, identificar patrones de riesgo y fortalecer campañas de prevención y concientización vial”, añadieron.

Cómo funciona

Para realizar un reporte se debe enviar un mensaje con videos o fotos del hecho, siendo necesario que se pueda observar la patente del vehículo involucrado.

Es prioritario que el denunciante aporte también el lugar donde se produjo la situación, además de la fecha y hora del evento.

Finalmente debe completar un formulario para cumplimentar el envío.

Parte del asunto

“Esta iniciativa es novedosa y positiva. Creo que la ANSV ha pensado estratégicamente en incluir al ciudadano en la prevención vial, no solo como actor responsable de la conducción sino también como colaborador que denuncia y previene sobre conductores peligrosos”, opinó Romina Villarreal, integrante de la ONG bahiense Estrellas Amarillas.

Valoró también que la información aportada tiene llegada directa al organismo.

“Las familias que estamos de este lado de la vida siempre esperamos que haya algo, de todo lo que existe en cuanto a prevención vial, que resulte un fenómeno que dé resultados positivos.

Esperemos que todos las y los conductores sepan que ahora tenemos la posibilidad de mostrar lo que hacen mal mientras conducen, aunque también sabemos que a muchos esto no les importa”.

Agregó que “el hecho de que cualquier ciudadano pueda hacer una denuncia con foto y/o video de la falta de tránsito, no solo los expone sin posibilidad de mentir, sino que los perjudica porque van a tener una sanción y ya no van a poder hacer lo que quieran sin que nadie lo sepa. La exposición los avergüenza y a muchas familias les preocupa más esto último que la falta de tránsito grave que pueda cometer su hijo o marido”.

¿Qué pasa en Bahía?

Villarreal sostuvo que “en nuestra ciudad la imprudencia al volante está a la orden del día. Exceden las velocidades en el macro y microcentro como si corrieran carreras”.

Describió que Vieytes, las avenidas Alem y Colón, Sarmiento, Zelarrayán, Alvarado y Urquiza “son calles temibles”. 

“Vienen del shopping, por ejemplo, y les cuesta comprender (a los conductores) que entraron a la ciudad y hay que desacelerar”, amplió.

“Bahía es la ciudad donde sus conductores cuando ven el amarillo aceleran para pasar antes de que cambie a rojo. Y ahí se produce la colisión. Es demencial lo que están haciendo. Es absolutamente irresponsable y de una conducta homicida”, opinó.

“Cuando el semáforo de verde pasa a amarillo, hay que empezar a frenar. Me pregunto si esto hay que explicárselo a la gente adulta o a los jóvenes que andan en motos con el celular en la mano y el casco en el codo o de sombrero. Lamentablemente sí, hay que explicar, repetir y difundir”.

Justamente, el uso del teléfono al volante es otra cuestión importante.

“El celular lamentablemente se nos escapa de las manos en algún punto, porque vivimos en un sistema tan virtualmente perverso que lleva a incumplir la prohibición de uso. ¿Cómo le decimos a la gente que no lo use cuando conduce, si la mitad está trabajando en plataformas para sobrevivir? Vivimos bajo un sistema cómplice de la siniestralidad”.

De todas maneras, Villarreal consideró que esta iniciativa, por sí sola, no va a incidir en una disminución estadística.

 “Ese es un tema mucho más complejo que incluye temas muy oscuros y profundos, los cuales no están acompañados por tratamientos y sanciones adecuadas. Al menos a mí no me parece que las sanciones actuales den resultado”.

Agregó que si no se trabaja en este sentido “seguirán los siniestros viales, las muertes y familias devastadas sufriendo una pérdida irreversible”.

La mujer, madre de una víctima del tránsito en nuestra ciudad, también señaló al sistema judicial.

“La lentitud, el silencio, la indiferencia y la falta de respuesta para los familiares de víctimas que esperamos hace años repuestas de la justicia, es de un nivel de crueldad que no tiene calificativo”.

Finalmente consideró que bajar la siniestralidad vial “sigue siendo una materia pendiente en todo el país. El gobierno nacional, que nos desgobierna, no colabora para nada".

Sin detenidos por el momento, se trata de una investigación por comercialización de cigarrillos electrónicos y otros productos extranjeros obtenidos por contrabando iniciada en julio del año pasado, a partir de tareas de inteligencia, seguimientos y explotación de fuentes abiertas en redes sociales.

De esa manera se identificaron comercios y perfiles digitales utilizados para la venta de la mercadería sin la documentación aduanera y sanitaria correspondiente, en infracción a la Ley 22.415 y a la normativa vigente de la ANMAT y del Ministerio de Salud, que aún no establece mecanismos ni disposiciones que permitan la importación de estos productos.

Quieren prohibir la venta y el uso de vapeadores en Bahía

Los vapeadores son dispositivos alimentados a batería que reemplazan a los cigarrillos tradicionales.

Pese a que muchas veces se promocionan como inofensivos, calientan un líquido que genera un vapor inhalante que puede contener sustancias nocivas.

Además de lo mencionado se secuestraron unidades de perfumería y una importante cantidad de productos electrónicos importados, dinero en efectivo, celulares y documentación. El aforo total de la mercadería secuestrada supera los 107 millones de pesos.

En el caso de la Policía Federal trabajó la División Unidad Operativa Federal Bahía Blanca, bajo supervisión del Juzgado Federal de Garantías N° 1, a cargo del juez Walter López Da Silva y el fiscal del área de Transición, Santiago Ulpiano Martínez.

Para la ejecución de los allanamientos -cuyos domicilios no se dieron a conocer- se desplegaron seis brigadas de la división local, con el apoyo de efectivos de Necochea y la Unidad de Búsqueda de Evidencias del Gabinete Científico de Bahía Blanca.

Entre la droga ilegal incautada se encontró cristal de metanfetamina fraccionado, "tusi" y marihuana en floración y cogollos, todo por más de 1,2 millones de pesos.

El fallo, dictado en un debate abreviado por la jueza del Tribunal en lo Criminal Nº 3, Daniela Fabiana Castaño, recayó en Martín Eduardo Molina Benegas, quien fue hallado culpable del delito de abuso sexual con acceso carnal reiterado (3 hechos).

El sujeto fue detenido a fines del año pasado y permanece alojado en la Unidad Penal Nº 19 de Saavedra.

Para la magistrada quedó probado que el 12 de septiembre de 2025, en un departamento de calle Urquiza al 100, de la vecina ciudad, el sujeto tomó por la fuerza a la víctima y en contra de su voluntad la abusó.

La mujer declaró que poco después de ser destinada al Destacamento Flota de Mar conoció al imputado y que luego de una charla acordaron encontrarse para tomar algo en la casa del hombre, ya que ella vivía con compañeras.

Dijo que ese día la pasó a buscar y que notó que el sujeto tenía aliento etílico.

Describió que al llegar el hombre apagó las luces, puso el volumen alto del televisor y le ofreció Vodka.

Manifestó que rechazó la bebida y que el individuo, en medio de una charla con referencias sexuales, intentó besarla.

Sostuvo que luego se le abalanzó, la tomó por la fuerza y la sometió.

Agregó que poco después concurrió al lugar una expareja del acusado, por lo que aprovechó para retirarse del sitio con ella.

La joven concurrió posteriormente al Hospital Naval de Puerto Belgrano, donde fue asistida y le comentó lo ocurrido a una médica.

Ante la fiscalía también declararon amigas de la chica, una psicóloga y una doctora de la Policía Científica, entre otros testigos.

Por su parte, el imputado brindó su versión de los hechos y sostuvo que las relaciones sexuales fueron consentidas.

Al analizar la totalidad de la causa, la magistrada sostuvo que el acusado "pretendió armar una escena amorosa que no se condice con la prueba".

"Tengo para mí que los hechos sucedieron como los relató la víctima, y que sus dichos fueron fuertemente respaldados", agregó.

Por todo ello, consideró probada la responsabilidad del sujeto y le impuso la pena de prisión efectiva. 

El visu realizado por peritos a los celulares de Juan Bautista Bravo e Imanol Santerre permitieron recuperar el video completo y original del ataque animal, registrado a principio del mes pasado, cuyos fragmentos se habían viralizado y desembocaron en la investigación penal.

"El video completo se encontró en el teléfono de Bravo. Y sirve para corroborar toda la información que teníamos y garantizar su incorporación probatoria sin posibilidad de cuestionamiento por parte de la defensa", confirmó el vocero.

Lo que no se pudo identificar en ninguno de los dispositivos son supuestos mensajes de los acusados hacia una tercera persona que podría tener una intervención como encubridor, al ser quien supuestamente se llevó el coipo fallecido desde el escenario del hecho hacia otro lugar.

En ese caso, según se informó, se apelará a un estudio técnico más profundo.

"En 15 días vamos a someter a los teléfonos a los equipos al UFED (Universal Forensic Extraction Device), que permiten determinar si hay contenido borrado de los mismos", explicó Garrido.

Bravo y Santerre son los estudiantes de Huanguelén que se filmaron y se viralizaron en nuestra ciudad cuando atacaban a golpes y patadas a una indefensa nutria, hecho que primero motivó una fuerte reacción a través de las redes y luego la investigación de rigor.

El fallo fue dictado por el juez federal N° 1 de Bahía Blanca, Walter López Da Silva, a partir del pedido de la defensa de Peretto, encabezada por su par Valentín Fernández, y del propio acusador, fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez. 

Herrero, perito presentado por la querella, fue condenado por falso testimonio reiterado (7 hechos), tras ser acusado de adulterar pruebas en la búsqueda de Astudillo Castro. 

El hombre buscó vincular a 4 policías con la desaparición de Facundo, registrada a mediados de 2020, pese a que forenses y peritos de distintos organismos y fuerzas de seguridad consideraron disparatadas sus conclusiones.

Y los estudios posteriores a los restos del joven -hallados meses después en la costa de Villarino Viejo- determinaron que no había elementos para sospechar de un crimen sino que se habría tratado de una muerte accidental.

A Peretto se le imputaba haber colaborado con Herrero en 2 de esos 7 hechos de falso testimonio. 

Uno, sucedido el 18 de septiembre de 2020, cuando en la sede local de la Gendarmería habría reconocido ante la madre del fallecido los objetos supuestamente hallados por Herrero dentro de un patrullero inspeccionado.

El otro, del 18 de febrero de 2021, en el tercer allanamiento al puesto de vigilancia policial de Teniente Origone, al interrumpir la lectura del acta para asegurar que no era cierto que el resultado del operativo había sido negativo, porque el perro de Herrero había encontrado una piedra turmalina que sería de Facundo.

Ambas situaciones, según quedó demostrado, eran falsas.

Peretto fue indagado y dio su versión de los hechos y una pericia de la Prefectura sobre su teléfono concluyó que su descargo era "real y auténtico" en cuanto a las afirmaciones.

En septiembre pasado el juez López Da Silva dispuso la falta de mérito (punto intermedio entre el sobreseimiento y el procesamiento) y, al no surgir nueva prueba desde esa fecha en su contra, finalmente, esta semana decidió desvincularlo definitivamente de la acusación penal.
 

Se lo identificó como Walter Andrés Demesio, de 44 años, a quien personal de la comisaría Quinta arrestó en un domicilio de Maldonado al 2.200, donde también fueron identificadas otras dos personas, un hombre y una mujer.

En el lugar secuestraron dos termos marca M&R y Lustar, dos vasos térmicos marca Patrich y Vacuum, un juego de 6 tazas/platos de cerámica marca SP, un masajeador Megastar, un soporte de tv Spica, un set condimentero, red para cabellost y dos alfombras simil peluche azul y roja.

Todos esos productos, según se pudo determinar, habrían sido sustraídos del comercio Casa Click, ubicado en Don Bosco 1.474, dedicado al rubro bazar y blanquería.

Se estableció que los días 12 y 16 de junio, mediante una modalidad similar, un desconocido dañó una vidriera y sustrajo la mercadería.

Para ello fue clave no solo las cámaras de seguridad del negocio sino también las del Centro Único de Monitoreo (CeUM), que permitieron establecer la dirección de fuga del ladrón.

"Se trabajó con mucho análisis fílmico para determinar dónde estaban los elementos. Ambos delitos fueron cometidos por la misma persona, sobre las 5.50 de cada día, teniendo en cuenta que la dueña del bazar vive en un sector trasero del comercio", explicó un investigador.

"No se le puede imputar el hecho porque no hay imágenes claras de su rostro, aunque tenemos certeza de que fue él. Por eso solo está imputado de encubrimiento", agregó.

Además de la fiscalía que investiga los robos, se le dio intervención a la UFIJ Nº 19 porque en el domicilio allanado encontraron 26,4 gramos de marihuana y 0,7 gramos de cocaína, una balanza de precisión, además de tres teléfonos celulares que serán peritados.

El fallo de la jueza del Tribunal en lo Criminal Nº 3, Daniela Fabián Castaño, fue resuelto en un debate abreviado y recayó en Luis Edgardo Oyón Bouchet.

Para la magistrada quedó probado que el 6 de noviembre del año pasado, poco antes de la 1, efectivos de la delegación Viedma de la Policía Federal Argentina allanaron una vivienda ubicada en Lavalle al 300, de la localidad maragata.

Durante el procedimiento los uniformados incautaron 28,14 gramos de cocaína, una balanza de precisión, pastillas y teléfonos celulares.

La causa se puso en marcha cuando la policía tomó conocimiento de la supuesta venta de drogas en el sitio, por lo que se implementaron tareas de vigilancia.

Los investigadores destacaron que durante el mes de octubre de 2025 pudieron documentar varias ocasiones en las que el imputado fue observado realizando “pasamanos”.

En tanto, el análisis de los celulares determinaron el hallazgo de llamadas y mensajes relacionados con el delito investigado.

“Hay otras comunicaciones con distintos contactos, donde le solicitan estupefacientes y luego le envían comprobante de transferencia”, indicó la jueza en el fallo.
También sostuvo que “no tengo duda alguna de que la sustancia cocaína fraccionada en distintos envoltorios, hallada en poder del imputado en su domicilio particular, sumado a las comunicaciones con distintos contactos extraídas del celular secuestrado, acreditan la materialidad ilícita de los hechos imputados”.

Finalmente, al momento de establecer la pena valoró como atenuante la ausencia de antecedentes y como agravante el múltiple fraccionamiento de la sustancia, que se encontraba acondicionada para su comercialización inmediata.

Se la identificó como Melisa Anahí Cáceres, de 27 años, con domicilio en Cipolletti al 300 de nuestro medio, quien fue puesta a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 19.

Luego de la requisa del Servicio Penitenciario Bonaerense y el descubrimiento de la droga (entre la ropa interior), se comprobó que, en total, la mujer llevaba 95,4 gramos de marihuana fraccionada.

Fuentes judiciales señalaron que el procedimiento, solicitado por el fiscal Mauricio Del Cero y autorizado por el Juzgado de Garantías Nº 3, se desarrolló en Federico Leloir al 1.100.

Los policías que tomaron parte del operativo incautaron unos 30 envoltorios con cocaína, marihuana, recortes de nylon, dinero, una balanza de precisión y teléfonos celulares.

En el sitio arrestaron a Juan David y Luis Ezequiel Morales, quienes fueron puestos a disposición de la UFIJ Nº 19 y serán indagados en las próximas horas.

Voceros oficiales indicaron que efectivos de la seccional Cuarta comenzaron a investigar el caso en el mes de abril y que a partir de tareas de vigilancia encubierta se observaron movimientos compatibles con la venta de estupefacientes al menudeo.

La captura se llevó a cabo en Bravard y Güemes, mientras que el ilícito se quiso llevar a cabo en una estación de servicio ubicada en Don Bosco y 17 de Mayo.

En ese lugar se capturó a Luis Ejea, de 61 años, quien momentos antes había abonado una compra con una tarjeta de débito ajena y posteriormente se retiró del lugar a bordo de un Chevrolet Corsa.

Gracias al seguimiento realizado por el Centro Único de Monitoreo, el vehículo fue interceptado y se concretó la aprehensión del sospechoso.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron una tarjeta de débito y documentación personal perteneciente a una mujer que había denunciado su sustracción días atrás, además de documentación privada y tarjetas bancarias a nombre de otras personas, cuya procedencia es materia de investigación.

Asimismo, en el interior del vehículo se incautó un envoltorio con 0,3 gramos de una sustancia compatible con clorhidrato de cocaína, por lo que se iniciaron las actuaciones correspondientes por infracción a la Ley 23.737.

El aprehendido fue trasladado a la Comisaría Quinta, quedando a disposición de la UFIJ en turno y de la UFIJ N° 19 del Departamento Judicial Bahía Blanca. Las carátulas son defraudación mediante el uso de tarjeta de débito ajena, infracción a la Ley 23.737 y averiguación de procedencia.

La medida fue decretada por el juez de Garantías Nº 2, Guillermo Mércuri, tres años después de que la fiscal Marina Lara decidiera archivar la causa por falta de pruebas contra el acusado.

Francisco Favrat, abogado defensor de Cantanhede Ferreira, presentó el pedido de sobreseimiento de su cliente en más de una ocasión, pero anteriormente la fiscalía y la justicia de Garantías se habían opuesto.

Sin embargo, esta vez el Ministerio Público Fiscal no se opuso y el particular damnificado no contestó el pedido de sobreseimiento hecho por la defensa.

El Código Procesal Penal bonaerense prevé que, cuando una causa con autor determinado está archivada, la defensa puede solicitar el sobreseimiento definitivo del imputado si transcurrieron tres años desde el archivo de la investigación, en casos de delitos penales.

La denuncia fue radicada por una feligresa de la parroquia San Roque, quien declaró que el sacerdote le pidió fotografías suyas de índole sexual, y que él le mandó fotos de bailarinas desnudas.

La chica relató además que el párroco le confesó que “se masturbaba con ese tipo de imágenes” y que luego le pidió que le “practicara sexo oral y hubo cosas que no fueron consentidas”, según relató la denunciante.