El hecho se produjo sobre las 10.10 en la avenida Arias y Maestro Piccioli, donde la Zanella ZB 110cc., dominio A105WID, ocupada por las víctimas, se embistió con un camión de la firma Hormiwhite, al mando de Juan Alberto Araneda (41).

Los ocupantes de la moto, el conductor Joel Pablo Nicolás Núñez (21) y su acompañante, Graciela Mansilla (52), fueron trasladados al hospital Municipal con heridas.

En el lugar de la colisión trabajaron distintos referentes del sistema de emergencias, como personal policial de la comisaría Sexta, Defensa Civil y ambulancias del servicio Siempre.

En las últimas jornadas sumó una nueva condena, esta vez por participar de un intento de asalto a una mujer embarazada en la zona del macrocentro bahiense.

El juez del Tribunal en lo Criminal N° 1, Hugo Adrián De Rosa, le impuso la pena de seis años de cárcel como coautor de los delitos de robo agravado por el uso de armas de fuego cuya aptitud para el disparo no se pudo tener por acreditada en grado de tentativa y daño.

El magistrado también lo declaró reincidente por segunda vez.

Durante el debate quedó probado que el 18 de abril de 2025, poco antes de las 19 horas, el acusado y Agustín José Gastón Lemme (fue sentenciado a 3 años de cárcel en un debate abreviado) ingresaron a un edificio ubicado en la primera cuadra de calle Caronti, donde fueron atendidos por una mujer que cursaba un embarazo de siete meses de gestación.

Cuando ingresaron al ascensor, Longiarú extrajo un arma y le apuntó a la cabeza a la víctima, pidiéndole las llaves del departamento y el teléfono celular.

La damnificada comenzó a gritar pidiendo ayuda, por lo que el otro delincuente le tapó la boca y la hizo caer al suelo, donde le pegaron golpes de puño en el abdomen.

La chica logró salir del lugar y solicitar auxilio, lo que provocó que los sujetos escaparan rompiendo el vidrio de la puerta de ingreso al lugar y escaparan en un Peugeot 208 de color blanco.

Encuentro

La mujer dijo que se dedicaba al “cambio de divisas” y que había acordado recibir a una persona con la que ya había realizado negocios, por esa razón les permitió a los imputados el acceso al edificio.

Brindó detalles de lo ocurrido y señaló que uno de los ladrones abandonó en el sitio un morral que tenía un cuchillo en su interior.

Los policías que tomaron parte de la investigación sostuvieron que las cámaras del lugar y otras ubicadas en las inmediaciones fueron determinantes para llegar hasta los acusados.

Mencionaron que a partir de las filmaciones determinaron que el rodado utilizado por los ladrones tenía un guardabarros de color rojo, lo que les permitió, por ejemplo, ubicarlo en cercanías del barrio La Falda, donde en una grabación se observó a Longiarú descendiendo de la unidad.

También se logró individualizar a Lemme, quien durante el robo sufrió lesiones en una pierna por la rotura del vidrio del edificio.

Ambos fueron señalados por la víctima como los sujetos que la abordaron en el ascensor.

Su versión

Longiarú declaró y negó haber participado de un intento de robo.

Dijo que el padre de Lemme lo había contactado y el día del hecho le pidió que acompañe a su hijo a comprar droga.

Mencionó que llegaron al edificio y subieron al departamento de la mujer, donde la pareja de esta (se encontraba con arresto domiciliario) le ofrecía una cantidad menor de estupefacientes a la acordada.

Comentó que el hombre extrajo un arma, por lo que se produjo un forcejeo en el que la pistola cayó al piso.

Señaló que Lemme escapó por las escaleras y que él tomó el arma y también huyó.

Detalló que la puerta de acceso estaba cerrada, por esa razón la rompieron para poder salir.

El juez De Rosa sostuvo que las pruebas recolectadas reflejan “una preparación previa orientada a la comisión del ilícito investigado, resultando incompatibles con la versión defensiva que pretendió presentar el episodio como una frustrada compra de estupefacientes”.

Por todo ello, consideró probada la participación de Longiarú en el frustrado asalto.

Finalmente, al momento de establecer la pena, valoró como agravantes los antecedentes del sujeto, la violencia ejercida sobre la víctima, la intervención de dos personas y la utilización de un automóvil para facilitar la maniobra.

El procedimiento se originó en las primeras horas de la tarde del jueves, cuando la propietaria de la casa ubicada en Colón 222, una mujer de 67 años, se comunicó al 911 por el imprevisto hallazgo en el patio de su casa.

Fue cuando un operario de 29 años realizaba una excavación para retirar un árbol y, en esas circunstancias, encontró masas óseas, sin poder determinar si eran de humano o de animal.

Luego de concurrir al lugar personal policial, los peritos de la fuerza y el médico de Policía, se estableció que "los restos óseos no son humanos, siendo los mismos de animal".

De todas maneras se le dio intervención sumarial a la ayudantía fiscal de Patagones.

La causa se originó por la denuncia pública de los encargados de la tienda de indumentaria de hombre Ebenzer, ubicada en Dorrego 1050.

En el posteo se daba cuenta que un joven ingresó como cliente, se probó un pantalón (tipo rompeviento), le quitó el tag de seguridad y se lo llevó puesto, debajo de su pantalón original.

A partir del aporte de las cámaras de seguridad, los uniformados pudieron establecer la identidad del autor del hecho, siendo un menor de 16 años que vive en Pringles.

El hecho se configuró como robo y el Juzgado de Garantías del Joven Nº 1 del Departamento Judicial Bahía Blanca ordenó un allanamiento en su vivienda.

En ese contexto se pudo lograr el secuestro del pantalón marca ZG Sport (agencia Coronel Pringles).

Se trata de Alexis Omar Fariñes, de 32 años, a quien se capturó en la zona de El Caldén al 600, tras un seguimiento realizado por los operadores del Centro Único de Monitoreo (CeUM).

Todo comenzó cuando una vecina de Charcas al 2.800, en la zona del barrio Palos Verdes, escuchó ruidos en su propiedad y, al asomarse por una ventana, observó dos bicicletas tiradas en su vereda, una de su propiedad.

Tras llamar al 911 se pudo establecer que había sido Fariñes quien abandonó esos rodados en el lugar para darse a la fuga.

Al acusado le secuestraron las prendas de vestir y una mochila, en la cual contenía una bolsa con 9 gramos de marihuana, por lo que también se inició un sumario por infracción a la ley 23.737.

Ahora se procura determinar la procedencia de una de las bicicletas. 

Los efectivos secuestraron una motocicleta marca XR 125 L, la cual registraba pedido de secuestro activo, ya que había sido sustraída el pasado 20 de este mes en calle 25 de Mayo al 600.

La policía incluyó como dato relevante el uso de las cámaras de seguridad privadas y del sistema CeUM, lo que permitió establecer el presunto modus operandi, motivo por el cual no se descarta la participación del detenido en otros hechos similares ocurridos en la zona céntrica.

A cargo del operativo estuvo el Juzgado de Garantías N°1 e interviene la Fiscalía N°2 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

Según informaron fuentes policiales, el aprehendido cuenta con antecedentes por delitos contra la propiedad.

Se trata de Eduardo José Schiebelbein, de 52 años, quien tiempo atrás había sido beneficiado con la libertad condicional por parte del Juzgado de Ejecución Penal Nº 2, aunque posteriormente la medida fue apelada y revocada.

Efectivos policiales interceptaron al sujeto cuando caminaba por calle Belgrano, poniéndolo a disposición del juez Claudio Brun.

El hombre fue sentenciado a cinco años y 10 meses de prisión por el delito de tentativa de homicidio. La pena vencerá el 21 de julio de 2027.

El ataque

El 22 de septiembre de 2021, poco antes de las 19.30, Schiebelbein se presentó en la casa de Gonzalo Traverso, en San Juan al 600 de Algarrobo, y con la intención de causarle la muerte, o al menos debiéndose representar ese resultado, le efectuó múltiples disparos a la víctima.

La víctima, que en ese momento tenía 37 años, sufrió dos heridas penetrantes en el tórax, una herida en el abdomen y otra en el glúteo derecho, todas provocadas con la pistola calibre 22, sistema tiro a tiro y marca Tala, que portaba el acusado.

Una vez que intervinieron los servicios de emergencia se trasladó al agredido al hospital, donde fue intervenido de urgencia, y la Policía estableció que el agresor había sido el exmarido de su pareja.

Los operativos estuvieron a cargo del personal del Gabinete Técnico Operativo de la Estación Comunal de Carmen de Patagones, en cumplimiento a la orden dictada por el Juzgado de Garantías N° 3, en el marco de una causa reciente por hurto.

En el marco del procedimiento, fueron secuestradas tres bicicletas e indumentaria; elementos de prueba e interés para continuar con las tareas investigativas e imputación de un aprehendido días atrás.

Se trata de un hombre de 28 años, con antecedentes, que sustrajo una moto del frente de una vivienda en el barrio Villa Dolores del Pino y que hoy permanece detenido (agencia Carmen de Patagones).

En un juicio abreviado, la jueza del Tribunal en lo Criminal Nº 2 bahiense, Claudia Fortunatti, condenó esta semana al acusado a tres años de prisión de ejecución condicional y le prohibió contactarse con la damnificada mediante cualquier medio.

La justicia declaró a Sergio Adrián Pozo (47) autor penalmente responsable del delito de abuso sexual simple doblemente agravado.

Durante el cumplimiento de la pena en suspenso, el mecánico con domicilio en General Cerri tampoco podrá acercarse a menos de 100 metros de la vivienda de la chica presuntamente abusada.

El hecho se cometió en febrero de 2014 cuando la víctima tenía ocho años y fue manoseada en sus genitales por el depravado, en un inmueble de Bahía Blanca.

Al momento de graduar la pena, Fortunatti valoró como agravantes la marcada diferencia de edad y de fuerza física entre el agresor y su víctima, entre otras.

La magistrada, en tanto, consideró como único atenuante la carencia de antecedentes penales computables del imputado.

La situación abusiva salió a la luz en abril de 2016, cuando la menor fue convocada por una profesora a raíz de su bajo rendimiento escolar.

En ese contexto la niña les contó lo sucedido a profesionales del equipo de orientación escolar, quienes radicaron la denuncia en la Comisaría de la Mujer.

Sin embargo, en aquel tiempo la madre de la víctima se negó a instar la acción penal y en mayo de 2018 la fiscalía archivó la causa.

A fines de diciembre de 2024, ya siendo mayor de edad, la damnificada requirió la reapertura de la investigación.

La chica expresó que en su momento no pudo continuar con la causa por el "miedo que le generaban las amenazas del acusado".

Según la representante del Poder Judicial provincial, el testimonio aportado por la chica el año pasado resultó determinante para fundamentar la sentencia.

La joven precisó las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho, en tanto que las declaraciones de su familia y de una amiga de la infancia corroboraron su versión de lo sucedido.

El peritaje psicológico concluyó que el relato de la víctima no presenta indicadores de fabulación ni evidencia presiones externas.

También estableció que los cambios de conducta que mostró en aquel momento (descenso del rendimiento escolar, conflictos con figuras masculinas, episodios de autolesiones e intentos de suicidio durante la adolescencia), eran compatibles con una "historia de abuso sexual infantil".

Por su parte, la defensa presentó un contrainforme pericial y testigos que cuestionaron la credibilidad de la denunciante.

Sin embargo, Fortunatti desestimó esas objeciones al considerar que el relato de la víctima reúne los tres requisitos que Casación exige en casos por delitos sexuales: ausencia de incredibilidad subjetiva, verosimilitud por corroboración periférica y persistencia en la incriminación.

Pozo también tiene la obligación de cumplir otras reglas de conducta como participar del programa Nuevas masculinidades del Patronato de Liberados o su equivalente a nivel municipal.

El fallo ordena además la inscripción del denunciado en el Registro de condenados por delitos contra la integridad sexual bonaerense (ley 13.869) y que se le extraiga una muestra genética, según establece la ley nacional 26.879.

En el trámite abreviado también intervinieron el fiscal de delitos sexuales, Marcelo Romero Jardín, y los abogados defensores del condenado, Ariel Alberto Zara y Juan Sebastián González.

Se trata de Cristian (31) y Karen Maulucci (21) y Daiana Torres (33), quienes están imputados de los delitos de privación ilegal de los libertad agravada, coacción agravada y robo calificado por el uso de armas. 

El Juzgado de Garantías interviniente, a partir de la solicitud del fiscal Eduardo Quirós, de la UFIJ Nº 9, decretó en las últimas horas la prisión preventiva de los sospechosos.

El hecho ocurrió el pasado martes 19 de mayo, durante una fiesta de cumpleaños a la que habían sido invitadas varias personas, cuando el denunciante —quien reconoce tener una problemática con el consumo de estupefacientes— se retiró del lugar llevándose un sobre con 10 gramos de cocaína, sin autorización, hacia la casa de una mujer en las cercanías.

Luego de consumir droga y dormirse, despertó con quien era el "dueño de la droga" encima suyo. Se encontraba atado de pies y manos y había sufrido cortes en toda la cara con una navaja y golpes. La violenta situación quedó registrada en un video —que circuló por todo Coronel Pringles— en el que se observa al agresor presionando la punta de una cuchilla en el rostro todo ensangrentado de la víctima.

El herido pudo zafar por la ayuda de algunos amigos y al otro día formuló una denuncia. 

El 31 de mayo pasado la policía llevó adelante allanamientos y efectivizó la detención de los procesados.

En los procedimientos incautaron un par de zapatillas de color azul, propiedad de la víctima, dos celulares, dos navajas, una gorra visera gris y 14 teléfonos en desuso.

Se trata de Emiliano Fabián Correa (37), quien está detenido desde el pasado martes 16, cuando la Policía lo sorprendió en horas del mediodía en la zona de Brown al 2.700.

El planteo del fiscal Marcelo Romero Jardín, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 14, fue dirigido al Juzgado de Garantías Nº 3, a cargo del doctor Alberto Manzi, quien debe resolverlo en los próximos días.

De ser aceptado, Correa -quien se negó a declarar al ser indagado- llegará al debate detenido y afrontará cargos con penas que podrían llegar a los 15 años de prisión.

"Se pidió la prisión preventiva y la elevación a juicio de la causa de manera simultánea porque ya no hay más medidas de prueba para producir", explicó un investigador del caso.

Correa sería autor del abuso sexual gravemente ultrajante de la empleada de una verdulería que funcionaba en Misiones al 400, el sábado 1 de marzo de 2025.

El ataque se produjo sobre las 18, cuando el acusado ingresó en el comercio con supuestas intenciones de robo.

Luego obligó a la víctima a ingresar en el baño del local y allí la sometió, para luego escapar.

El relato de vecinos y las cámaras de seguridad fueron clave para identificar al sospechoso, quien no obstante escapó y se mantuvo prófugo durante más de un año.

Se cree que en los primeros días de fuga -poco antes de la trágica inundación que sufrió nuestra ciudad- Correa se había escapado hacia la zona de Pedro Luro.

La conclusión de la pericia, según aseguró la defensa del procesado, se opone diametralmente a las declaraciones de familiares de las víctimas, que habían dicho públicamente que bajo las uñas del hombre había ADN de ambas fallecidas.

El análisis estuvo a cargo del bioquímico Juan Pablo Ortiz, perito del servicio de Análisis Comparativo de ADN de la Asesoría Pericial La Plata y llegó a la fiscalía local durante el mes de abril pasado.

Según se desprende de sus conclusiones, "no es posible vincular" a Mariana Bustos y Myriam Velázquez "como individuo generador del material genético detectado en las muestras rotuladas 42882-1-HUI y 42882-1-HUD, correspondientes a hisopado ungueales (de uñas)".

En cuanto a la muestra de una lesión en el tórax del acusado (posible forcejeo con alguna de las víctimas), se aclaró que "no se obtuvo material genético apto para cotejo".

"No es una pericia a favor de la acusación, sino del imputado", expresó el abogado Valentín Fernández, tras dar a conocer una la copia del estudio pericial.

De hecho, ese fue uno de los argumentos del defensor para solicitar hace algunos meses a la Justicia de Garantías el arresto domiciliario del hombre, por presentar problemas de salud, aunque esa medida está pendiente de resolución.

Otras pruebas

De todas maneras, existen otras pruebas que la justicia de Garantías tuvo en cuenta para dictarle la prisión preventiva a Velázquez, por la cual actualmente permanece en la cárcel.

Los crímenes se registraron el 7 de octubre pasado, cuando el hombre habría ingresado al domicilio de la calle Santa Fe al 2.300, sobre las 18.40, para retirarse a las 23.30 aproximadamente, según los registros de distintas cámaras. Él dijo que sí estuvo en la vivienda pero que se retiró a las 19.30, pero esa circunstancia nunca se pudo acreditar.

Sí se pudo establecer que Mariana llegó a la casa de su madre después de las 20 y que Maximiliano Velázquez presentaba varias lesiones compatibles con rasguños (pecho, abdomen y rostro), que en el lugar encontraron un mechón de cabellos de la joven y que su madre (pese al estado del cuerpo quemado) no tenía ropa de la cintura hacia abajo.

Para la fiscalía también mintió porque en el supuesto recorrido que dijo haber hecho de vuelta a su domicilio, después de las 19.30, no se lo ve pasar por ninguna de las cámaras revisadas.

A su vez, al ser arrestado, la moto en la cual se movilizaba tenía calcos arrancados.

"Él nos explica que dos meses antes un hijo de él había arrancado un calco posterior, del lado izquierdo de la moto, y que como no podía seguir pagando la moto, la iba a devolver a sus garantes y por eso había sacado los calcos. Dice que los sacó el domingo anterior al hecho, pero revisando las cámaras, cuando la moto circula hacia el domicilio (el martes posterior), tenía todos los calcos colocados", había dicho el fiscal Jorge Viego.

En cuanto a las heridas, Velázquez argumentó que se las había hecho cuando ordenaba una estantería en su casa y se le cayó un artefacto, pero dicho aparato no se encontró en el allanamiento y su mujer tampoco dijo nada al respecto.

La moto que conducía fue embestida por un auto en Pampa Central y Chancay, pero el automovilista se desentendió de la víctima y huyó del lugar.

La chica terminó con politraumatismos y un esguince en un tobillo. De milagro no tuvo consecuencias peores, aunque "está llena de moretones".

Familiares de Micaela se comunicaron con lanueva.com para dar a conocer la situación y pedir colaboración de eventuales testigos que puedan aportar datos sobre el conductor fugado.

"Se cree que el auto es un Volkswagen, puede ser un Gol o un Voyage, porque quedaron restos de una óptica y el paragolpes", comentó uno de ellos.

En el caso está actuando la comisaría Quinta, a cargo de la jurisdicción, bajo órdenes de la fiscalía.

Quienes puedan aportar datos de interés para identificar al vehículo se pueden comunicar 2914499232, 2914057891 o 2914747218.

De hecho, entre los múltiples acusados que en las últimas horas escucharon el alegato del fiscal general Alberto Gentili, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de San Martín, figuran quienes coordinaban la "iglesia" en Bahía Blanca.

Se imputa a los acusados que, durante casi 5 décadas, coptaron y sometieron a distintas personas vulnerables, entre ellos niños, a explotación laboral y vivir en condiciones de servidumbre.

En mayo de 2019, cuando la investigación tomó impulso y se registraron las distintas capturas y el rescate de 47 víctimas, se realizó un allanamiento en el templo local, que tenía asiento en la calle El Resero al 600 y se arrestaron a tres personas, además del secuestro de 200 mil pesos, documentación y teléfonos.

Para ese inmueble -así como otras 47 propiedades de las provincias de Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos, Salta, Córdoba y Río Negro, y de 16 vehículos- el fiscal solicitó a la Justicia su decomiso.

Se cree que en nuestro medio la congregación estaba a cargo de Alcides Mora Cáceres, quien se profugó poco antes de los operativos, y de María Luisa Alza y Griselda Noemí Lemos, para quienes el fiscal del conurbano pidió una pena de 18 de prisión.

Para la principal imputada, Eva Petrona Pereyra (82), el fiscal Gentili requirió la pena más alta, de 24 años de prisión.

Los delitos imputados son asociación ilícita, servidumbre y trata de personas con fines de explotación laboral agravada en concurso real, además de abusos sexuales a 4 víctimas

Desde 1972

Templo Filadelfia comenzó a funcionar en 1972 y lo hizo de manera estructurada hasta el 1 de diciembre de 2020. Tenía sede central en la localidad bonaerense de San Justo, partido de La Matanza, y anexos en distintos puntos del país (entre ellos el de Bahía), así como en Paraguay y Brasil.

Según la investigación, captaban a personas vulnerables bajo el pretexto de mejorar sus condiciones de vida, pero luego eran obligadas a trabajar y a entregar sus ingresos económicos. 

Las líderes de la organización se atribuían poderes divinos y ser "ungidas de Dios" y las victimas debían limpiar, cocinar y hasta dormir a sus pies. 

Imponían la formación de parejas y entre los métodos de castigo existían insultos, golpes, cortes de pelo y hasta aislamiento social.
Gentili, en su alegato, manifestó que el caso reúne manifestaciones de "criminalidad organizada, violencia contra la mujer y formas de violencia contra niños, niñas y adolescentes", con un "control absoluto sobre los cuerpos y las mentes".

El debate, que se inició el 23 de octubre de 2024 y demandó más de 200 testigos, continuará el lunes próximo con el alegato de una de las defensas (con información y fotos de Fiscales.gob.ar).

Fuentes judiciales explicaron que esta tarde el fiscal Mauricio Del Cero, a cargo de la UFIJ N° 19, pidió la medida a la Justicia de Garantías.

Previamente, el representante del Ministerio Público indagó a Fabián “El Mono” Samuel y Estefanía Suazo por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Los voceros señalaron que el hombre se negó a declarar, mientras que la mujer aseguró que es inocente y que no tenía conocimiento de la presencia de los estupefacientes.

Como se informara, efectivos de la comisaría Quinta registraron ayer una casa ubicada en Pacífico al 1.500 por una causa de hurto.

En el marco del procedimiento incautaron 14 envoltorios de nylon con 7,8 gramos de cocaína, un trozo compacto de la misma sustancia con un peso de 7,2 gramos, 3,8 gramos de cogollos de marihuana, un plantín, bolsas con sustancias de corte, envoltorios destinados al fraccionamiento y un teléfono celular.

Según informó la policía, en el inmueble estaría funcionando un almacén y los elementos utilizados para el fraccionamiento de la droga se encontraban a simple vista en una vitrina. Además, frente al domicilio se encuentra una escuela.

Si bien se trata del hombe que dio aviso de la situación, luego de la reconstrucción de los investigadores se pudo establecer que, en principio, sería quien efectivamente lo agredió, luego de toparse con él en el patio de su vivienda.

El Juzgado de Garantías Nº 4, a pedido de la fiscal Marina Lara, ordenó la medida y en la vivienda, ubicada en Colorado del Monte al 800, secuestraron dos trozos de un hierro y prendas de vestir con manchas que serían de sangre.

Por el momento no se dispuso ninguna medida restrictiva respecto de Sanabria -se trata de determinar la mecánica del hecho-, aunque podría ser acusado de intento de homicidio.

Franco Orlando Hermosilla (24), el joven golpeado, permanece internado en la terapia intensiva del hospital Municipal con pronóstico reservado a partir de un traumatismo de cráneo, heridas punzocortante en la cabeza y fractura de tabique nasal.

"De los testimonios que se reunieron, de vecinos del sector, este muchacho (por Hermosilla) caminó por la calle Bravard, en forma descendente y dobló en Colorado del Monte. Hasta ese momento los vecinos no lo ven golpeado", comentó un investigador.

Pese a que por el momento no hubo declaraciones formales de parte de la familia de Juan Roberto Cafasso (69) ni de su abogado, Martiniano Greco, trascendió que la representación de la víctima buscaría una estrategia para reconfigurar el delito de homicidio culposo a homicidio simple con dolo eventual, que prevé una pena de 8 a 25 años de prisión, mucho más alta que la del primer encuadre (de 1 a 5 años).

El dolo eventual se puede dar cuando una persona se representa la posibilidad de un hecho dañoso y aún así desprecia su resultado. Es común esta figura para los casos de incidentes viales, como cuando alguien maneja alcoholizado y/o atraviesa semáforos en rojo a 100 kilómetros por hora y atropella a una persona.

Si bien se trata de un extremo difícil de probar -y más para casos como el sucedido en el gym de la avenida Cabrera al 4.100- la querella cree que de la reciente prueba testimonial reunida surgiría elementos para, al menos, considerarlo en el caso de algunos de los responsables.

Tres socios presentes

Power Zone SRL, la sociedad a cargo de la franquicia, está integrada por Ariel Gustavo Vecchi (50) y Graciela Fernanda Vecchi (48) y Roberto Gastón Decker (43) y Ernesto Germán Decker (50), dos familias que vienen de los rubros del transporte, la logística y la venta de camiones.

La mayoría de la veintena de testigos que declaró en la fiscalía de Cristian Aguilar dejó en claro que de los 4 socios, al menos tres de ellos -los Vecchi y el mayor de los Decker- estaban presentes en el gimnasio, daban órdenes y asumían el control, así como Lucas Abraham, quien figuraba como gerente e impartía directivas de mantenimiento y supervisión.

"Varios testigos dieron cuenta de situaciones de riesgo en el entrepiso (de donde cayó Cafasso luego de bajar de una máquina elíptica), como caída de botellas y otros objetos, y los propios profesores lo manifestaron, así como los de recepción y hasta los clientes. Una testigo declaró que se lo comentó al gerente y que éste le dijo que iban a poner barandas, así como una de las dueñas había manifestado que iban a construir parantes para evitar la caída de objetos", comentó un allegado a la causa. 

"Pleno conocimiento"

Quiere decir que, a criterio de la querella, los titulares presenciales de la sociedad tenían "pleno conocimiento" del riesgo, del posible resultado y así y todo lo desestimaron, teniendo en cuenta que, seguramente por una razón económica, nunca cerraron el gimnasio para su ampliación, sino que se fue expandiendo en pleno funcionamiento.

En cambio Aguilar, titular de la UFIJ N° 1, considera en principio al hecho como un homicidio culposo, que sanciona a quien por "imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o inobservancia de los reglamentos o de los deberes a su cargo causare a otro la muerte".

En ese marco también podrían ser alcanzados penalmente el responsable de la obra (un arquitecto necochense identificado como Eber Panscin) y una licenciada en seguridad e higiene, cuyo nombre no trascendió.

El fiscal, en medio de distintas medidas de pruebas pendientes, pedirá la colaboración de un perito ingeniero universitario, a fin de determinar si en el plano presentado por los responsables del gimnasio en el municipio existe -como se cree- la proyección de una pared en el lugar por donde cayó Cafasso.

De todas maneras, está absolutamente claro para todas las partes acusatorias que eran evidentes las fallas de las medidas de seguridad dentro del salón.

El fiscal de delitos sexuales bahiense solicitó estas condenas para Alan Ezequiel Ábalos (26), Franco Fabián Apis (28), Erik Dalla Riva (27), Kevin Dalla Riva (29), Fernando Nicolás Queral Herrera (27), Alexis Gaspar Roa (28) y Enzo Gustavo Torres (27).

El abogado Mauro de Mira, que asesora a la víctima, requirió 12 años de cárcel para los causantes y los defensores Álvaro Coleffi y Marcelo Ciccola reclamaron la absolución de sus clientes.

En su alegato de cierre del juicio oral dirigido por el Tribunal en lo Criminal Nº 1, el fiscal Romero Jardín sostuvo que los imputados son "coautores funcionales" del delito de abuso sexual con acceso carnal o, alternativamente, de abuso sexual gravemente ultrajante.

La fiscalía plantea que si bien dos de los procesados habrían violado a la joven que en ese momento tenía 17 años, "todos" los enjuiciados contribuyeron para que el abuso sexual se materialice.

Según el representante del Ministerio Público Fiscal, la totalidad de los acusados además actuó con "violencia o mediante intimidación" al encerrar a la damnificada en una habitación oscura, rodearla y amenazarla.

"Todos los imputados eran conscientes de lo que sucedía en ese cuarto y pretendían el resultado buscado y planificado antes", indicó el titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 14.

"El accionar iba a seguir, pero fue interrumpido por la otra chica que golpeaba la puerta y les decía (a los agresores) que iba a llamar a la Policía", agregó.

"La exigencia para que dejaran ir a la víctima iba dirigida a todos los varones que actuaron, por eso planteé, de manera subsidiaria, el gravemente ultrajante porque en esa figura el acceso carnal no es necesario", continuó el acusador.

Romero Jardín no pudo determinar quiénes accedieron carnalmente a la menor, porque los abusadores apagaron la luz de la habitación donde atacaron sexualmente a la joven, durante un cumpleaños celebrado en una quinta.

Por este motivo el fiscal postuló la figura de coautoría funcional, que prevé penas de entre 6 y 15 años de cárcel, y descartó complicidad.

Por el grave incidente ocurrido en la madrugada del 30 de noviembre de 2017, también se imputó a tres menores que serán juzgados en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

Durante el debate que terminó hoy declararon testigos ofrecidos por la fiscalía, la defensa y el abogado de la víctima, presentada en la causa como particular damnificado.

El tribunal dará a conocer el fallo el próximo martes.

La confirmación de la pena la dio en las últimas horas la Cámara Penal de Bahía Blanca, al desestimar una apelación del defensor Valentín Fernández y ratificar el fallo de la jueza en lo Correccional Nº 4, María Laura Pinto.

Beliú fue acusado de 7 hechos por los delitos de uso de documento falso y defraudación en su modalidad de estelionato (vender un bien que no es propio), en concurso real de delitos.

La Justicia determinó que "adquiría autos de procedencia ilícita como actividad habitual y lucrativa, utilizaba documentación falsa, supresión de numeraciones registrales y patentes irregulares" para luego comercializarlos.

Argumentos insuficientes

Pese a que a la condena se había llegado mediante juicio abreviado y acuerdo entre las partes, su defensor pretendía disminuir la sanción al considerar errónea la valoración de atenuantes y agravantes, teniendo en cuenta que el hombre siempre colaboró con la Justicia y no tiene antecedentes.

"El novedoso argumento que trae aquí el recurrente, en cuanto sostiene que se ha realizado una errónea valoración de dichas pautas mensurativas a tenor de los principios de proporcionalidad y culpabilidad, además de resultar insuficiente por su generalidad y sin descender al caso en concreto, se desentiende de la valoración efectuada por la sentenciante y de la multiplicidad de hechos relacionados todos ellos con la receptación y comercialización de automotores sustraídos", explicó el camarista Guillermo Petersen, con la adhesión de su colega Guillermo Emir Rodríguez.

"Por lo demás, si el imputado y la defensa pactaron el juicio abreviado con el Ministerio Público Fiscal, tal circunstancia y el debido ejercicio de los respectivos ministerios llevaría de plano a descartar lo que ahora se pretende, esto es que se haya aplicado una pena por fuera de toda consideración al caso concreto y al sujeto que habrá de sufrirla", agregó.

Delito en auge

Beliú fue detenido en medio de un fuerte crecimiento de secuestros de vehículos robados -tanto en Mar del Plata como el conurbano- que se encontraban en circulación en nuestra ciudad y la región.

Entre principios de 2024 y mediados del año pasado se habían recuperado en nuestra jurisdicción unos 100 vehículos en esa condición, con pedido de secuestro.

Beliú no cuenta con antecedentes penales y hasta antes de su arresto tenía como actividad formal el desempeño en barcos dedicados a la búsqueda y rescate en el extremo sur del país, con ingresos que, según sus propios dichos, rondaban los 350 dólares diarios.

Así describe la abogada Yamila Segovia la búsqueda de un sujeto que desde hace más de una década elude a la Justicia, acusado de violar en Puan a una nena de 11 años que quedó embarazada como consecuencia de la agresión sexual.

“Estamos trabajando arduamente para poder dar con esta persona, que está prófuga desde hace mucho tiempo por cometer un delito”, resume.

La víctima es familiar de Yamila, quien decidió estudiar Derecho para ponerse la causa “al hombro” y evitar que quede impune.

“Esto comenzó en 2009. En su momento la llevó adelante una fiscalía, pero finalmente terminó recayendo en la UFIJ N° 12, de la doctora Leila Scavarda. En 2012 se ordenó su detención”.

“El caso se denunció, comenzaron a investigar y rápidamente se determinó que esta persona era culpable del delito, porque esta niña, con solo 11 años, quedó embarazada y producto de esto nació una criatura de otra criatura”, señala.

Agregó que la prueba de ADN “fue suficiente para determinar que Alberto Martín Del Valle era responsable”.

La joven describe que el imputado “detentaba una postura de autoridad ante la niña, porque era su padrastro. Cuando se descubrió el embarazo la situación salió a la luz, se denunció y se comprobó”.

Asegura también que el acusado “se benefició de una Justicia que claramente no trabajó como corresponde, porque no lo pudieron encontrar. La causa quedó juntando polvo en una fiscalía”.

Involucrarse

Segovia afirma que “fui creciendo en esta situación y es algo que genera mucho dolor en la familia. Decidí a estudiar derecho, entre otras cosas, para adquirir herramientas y conocimiento. Cuando logré matricularme lo primero que hice fue solicitar la vista de la causa y posteriormente me presenté como particular damnificada”.

“Con el tiempo fue entendiendo que durante muchos años no hicieron nada, entonces, con los colegas que me ayudan, comenzamos a impulsarla de nuevo”.

Destaca la tarea que viene llevando adelante la Oficina Técnica de Identificación de Procesados (OTIP), en la persona de Celeste Peralta, y el compromiso del Fiscal General de Bahía Blanca, Juan Pablo Fernández.

“Muchos abusadores se benefician de que si se mantienen prófugos la causa pueda llegar a prescribir (se encuentra apelada ante la Cámara Penal una decisión en ese sentido de la Justicia de Garantías). Más allá de que pueda ser culpable o no, si la persona buscada no aparece, lamentablemente, terminamos todos perjudicados”.

Búsqueda

Relata que en 2015, apenas con una computadora que le habían facilitado en la escuela, comenzó a buscar al sujeto.

“Me puse a preguntar y logré dar con el dato de que estaba viviendo en Capital Federal. Avisé a la comisaría y cuando fueron se determinó que le habían advertido de la situación y se había ido”.

También sabe que “rearmó su vida, se puso en pareja nuevamente y hasta tuvo una hija. Utilizó otros nombres como Martín Lezcano o Martín Morales”.

Del Valle fue buscado en el conurbano bonaerense (Florencia Varela, Bosques y Quilmes) y en la localidad balnearia de Mar de Ajó, aunque en todos los casos los intentos de detenerlo arrojaron resultados negativos.

“Estuvo en un lugar donde funcionaba un comedor con un montón de niños y luego también anduvo ligado a una iglesia en la que había un merendero para chicos vulnerables. A este tipo le encanta andar donde hay menores, entonces es un llamado a la comunidad de manera urgente para que, entre todos, podamos encontrarlo”.

Para ello, según indica, crearon la cuenta de Instagram @alerta_busqueda_activa donde hay información del caso.