La captura de Mariano Galván se efectivizó en Belisario Roldán al 1.400, luego de las 20 de ayer.

El delincuente fue identificado por las ropas que llevaba puestas, a partir de un llamado al teléfono de emergencias 911.

El hecho fue catalogado como hurto, y se encuentra en la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 15.

De movida su familia entendió que hubo una falla en la atención médica, porque ella volvió al menos dos veces, por dolores abdominales, antes de quedar nuevamente internada y sufrir una neumonía letal por virus intrahospitalario.

Y la presunción de sus allegados tiene sustento.

La Justicia acaba de rechazar el sobreseimiento de dos médicos y ordenó que vayan a juicio por homicidio culposo.

Se trata de Guido Potente y Luis Fernando Pérez, cuyos argumentos de defensa fueron rechazados por la Cámara Penal de Bahía.

El abogado de Potente, Germán Soria, consideró arbitraria la decisión judicial porque, a su criterio, no se había demostrado el nexo causal entre el fallecimiento de la víctima y la atención médica que le prestara su asistido.

También opinó que fue "deficitaria y parcializada" la investigación.

La defensa de Pérez, a cargo de Daniel González Stier, entendió que la prueba no era suficiente para disponer la elevación a juicio y que se trató de un "análisis de evidencias incompletas".

Sin embargo, la Sala I de la Cámara Penal de Bahía Blanca confirmó la decisión del juzgado de Garantías de Tres Arroyos y dispuso que la suerte de ambos se defina en un juicio.

Claras falencias

Los camaristas Gustavo Barbieri y Cristian Yesari consideraron que los argumentos de los imputados son insuficientes.

"En ambos recursos se observa, como punto común, que se han centrado en plantear que la investigación se presentaba como incompleta en lo que hace, principalmente, a la determinación de la fecha en que se originó la infección que motivara la complicaciones en el estado de salud de la víctima y en lo que se refiere a la actividades realizadas por otros profesionales en medicina que la atendieron desde la cesárea realizada hasta su fallecimiento. Entiendo, por distintas razones, que dicho argumento no resulta suficiente para justificar la revocación pretendida", sostuvo la Cámara.

En estado de puerperio, y con dificultades físicas, Gómez de Saravia fue atendida el 16 de abril de 2020 por Pérez y el 25 de abril (ya con estado febril y dolor abdominal), por Potente.

"El primero de ellos, ante esos síntomas, prescribió ibuprofeno y diclofenac, otorgándole el alta, y el segundo le recetó cefalexina, enviando a la paciente a su hogar. Ninguno dispuso otros estudios complementarios, ni efectuó una interconsulta con el servicio de ginecología", explicaron los jueces.

Un perito médico (Rodríguez Forgues) explicó en la causa que la fiebre en una paciente puérpera "puede ser una complicación", mientras que una auxiliar de enfermería del hospital, Elis Eladia Yema, refirió que "debería haberse dado aviso al sector de ginecología al ser una puérpera con 38 de fiebre".

Otro médico, Rubén Neme, de la Asesoría Pericial de La Plata, explicó que "la principal causa de infección puerperal es la endometritis, cuadro que aparece en los primeros 10 días del puerperio, como consecuencias de la infección posparto (o cesárea) del tejido endomitrial. La cesárea constituye el principal fatcor de riesgo de endometritis".

El mismo profesional remarcó que ante esos cuadros es necesario internar a la paciente de inmediato, a fin de "iniciar un tratamiento antibiótico endovenoso de manera precoz", ya que "es una patología potencialmente grave que, sin tratamiento adecuado y oportuno, puede evolucionar en un cuadro infeccioso más complicado: SRIS (Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica), sepsis, shock séptico, fallo multiorgánico e incluso la muerte".

Cuando la mujer llegó para su internación final, el 27 de abril de 2020, le refirió a la médica que la atendió que hacía una semana que no iba de cuerpo, que se sentía hinchada y con dolor abdominal, lo cual podía corresponderse con "un cuadro de infección intrabdominal, útero perforado o infección uterina".

Finalmente se estableció que la infección sufrida por Gómez de Saravia se había dado en el lecho placentario por endometritis.

El "nexo causal"

Conclusión. La Asesoría Pericial de La Plata concluyó que "el proceso infeccioso debió haber comenzado luego del alta de la cesárea y en días previos a su reinternación, con manifestaciones que no fueron jerarquizadas en las consultas por guardia referidas (lo cual hubiera permitido un diagnóstico precoz y tratamiento oportuno)".

Relación. Para la Justicia, de la prueba surge "vinculación causal" entre las cesáreas y el riesgo de producción de infecciones (endometritis y sepsis puerperal).

Omisión. En ese sentido, consideraron acreditado que los dos médicos omitieron el adecuado diagnóstico y control de la situación de salud de la víctima y no realizaron medidas complementarias, estudios y laboratorios o interconsulta con Ginecología.

Cuidado. "Han constituido conductas violatorias de los deberes de cuidado que les eran exigidos por su función como médicos de guardia hospitalaria y que han resultado causalmente determinantes del resultado", concluyeron los jueces de la Cámara.

Es que antes de ser degollada en 2009, en vinculación con un presunto ajuste de cuentas por otro asesinato, Celia Delfina Curuil (62) había denunciado reiteradamente intimidaciones contra ella por parte de su homicida, Adrián Andrés Gon (41).

Entre octubre de 2007 y abril de 2008 se radicaron cinco denuncias, cuatro presentadas por la propia Curuil y la restante, por su hijo Néstor Leiva.

En tres de esas denuncias, al parecer, se puso de manifiesto el "temor" de la mujer y su familia a raíz de las amenazas concretadas por Gon.

En 2017, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata ratificó la condena resarcitoria contra el Estado provincial impuesta por el juzgado de primera instancia en lo Contencioso Administrativo bahiense.

Aquel tribunal de alzada planteó que las autoridades evidenciaron "inercia" y "desoyeron" las señales de alerta de la víctima.

"Se desinteresó de la suerte de una mujer atemorizada que en varias oportunidades incitó la intervención pública frente a un cuadro de agresión palpable, con claros visos de espiralizar en gravedad y daño", indicó la sentencia de la Cámara marplatense.

"Los escasos movimientos que experimentaran las  IPP (investigaciones penales preparatorias) iniciadas antes del homicidio, su tratamiento compartimentado, su parálisis por largo tiempo y, finalmente, el inmediato archivo luego de constatada la muerte de Curuil, son una prueba cabal del desdén estatal que rodeó este caso", agregó.

Según los camaristas, "no beneficia al Estado provincial que mediara un interregno temporal de varios meses entre la última presentación que hiciera la víctima" y el posterior ataque mortal de Gon.

Por el hecho, el asesino recibió una pena de 10 años y medio de prisión.

De acuerdo con testimonios, la "ausencia de todo accionar estatal frente a las denuncias efectuadas contra Gon bien pudo convencer a Curuil y a sus seres cercanos de haber sido abandonada a su suerte, al punto tal de recurrir a sus vecinos y clientes de su almacén en procura de acompañamiento y protección frente a la constante conducta intimidatoria" de su victimario.

La "parálisis burocrática" contribuyó al "fatal desenlace que aquí se examina a los fines reparatorios", según los jueces marplatenses.

"El homicida pudo materializar el publicitado móvil de su prolongada acechanza, esto es, vengar la muerte de su hermano ultimando a la madre de quien lo asesinara, y lo hizo sin encontrar resistencia oportuna de la autoridad pública, pese a que ella fue debidamente alertada, temprana y reiteradamente, de su delictual objetivo".

En todas las instancias del proceso, la Provincia argumentó que las denuncias fueron tramitadas "correctamente" por la fiscalía y que no hay "vínculo causal directo entre su actuación y el homicidio".

Esa postura fue desestimada por el juzgado de Bahía, la Cámara marplatense y la Corte provincial, que en 2022 rechazó por mayoría el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.

El Estado bonaerense fue en queja a la Corte de Nación, pero la semana pasada los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti declararon inadmisible el recurso por unanimidad.

Así, el máximo tribunal del país dejó firme la condena que obliga a la provincia de Buenos Aires a indemnizar a la familia de Curuil.

El 2 de marzo de 2009 Gon le cortó el cuello a la mujer, apodada 'Peti', aparentemente en venganza por la muerte de su hermano José Feliciano (17), quien un año y medio antes había fallecido por un disparo accidental causado por Pablo Daniel Leiva, hijo de Curuil.

Ambos hechos de sangre sucedieron en una casa ubicada en Pacífico al 1300.

La investigación por el asesinato de Curuil estuvo a cargo del por entonces fiscal de homicidios bahiense, Christian Long.

Como resultado de los procedimientos, fueron secuestradas 13 motos por distintas infracciones detectadas durante los controles.

Del total de los secuestros, dos motos fueron retenidas por falta de licencia y chapa patente; dos por no contar con licencia y seguro obligatorio; dos por carecer de toda la documentación; una por falta de licencia y tarjeta verde; dos por no poseer la categoría habilitante para conducir; una por circular con el caño de escape modificado; una por falta de licencia; otra por no haber realizado el cambio de datos registrales y una más por no contar con el seguro obligatorio.

Desde el Municipio indicaron que estos operativos continuarán desarrollándose de manera periódica con el objetivo de reforzar la seguridad vial, prevenir siniestros y promover una circulación responsable, en coordinación con las fuerzas de seguridad y los organismos competentes.

Desde el Comando de Patrulla señalaron que el hecho se produjo en 1° de Mayo y avenida Alem, cuando los sujetos, quienes se movilizaban en cuatro motocicletas, se acercaron a la víctima, que circulaba al mando de un rodado Honda Tornado 250cc., y lograron que perdiera el control y colisionara contra un auto estacionado.

Los voceros indicaron que mientras la víctima era atendida por un médico del servicio de emergencias Siempre que acudió al sitio, los acusados aprovecharon la oportunidad para sustraer la caja de reparto del damnificado (contenía la billetera y documentación) y escapar.

De inmediato comenzó la búsqueda de los individuos, quienes fueron atrapados en distintos sectores de la ciudad gracias al aporte de los operadores del Centro Único de Monitereo (CeUM).

Los aprehendidos fueron identificados como Franco Moretti (18), Zoe Cricelli (26), Yuliana Velázquez (21) y Kevin Carreras (20). También se demoró a tres adolescentes de 15, 16 y 17 años.

"Durante el operativo se secuestraron la caja térmica, la billetera de la víctima, cuatro motocicletas (tres de 150 cc y una de 110 cc) y los cascos utilizados por los involucrados", mencionaron. 

También detallaron que los sujetos no aportaron la documentación de los rodados incautados.

Por el hecho se iniciaron actuaciones por el delito de robo agravado por ser cometido en poblado y en banda, y por la participación de menores de edad.

En este contexto surge la figura de “delito menor incluido”, que les da a los ciudadanos juzgadores la opción de declarar al acusado culpable de un ilícito menos grave, si las pruebas presentadas por el fiscal no son suficientes para condenarlo por el hecho más gravoso imputado inicialmente.

Esta situación ya se originó en debates populares por homicidios intencionales y delitos contra la integridad sexual, entre otros.

La calificación legal intermedia se volvió a utilizar hace poco en un juicio por jurados en el que el fiscal Marcelo Romero Jardín sostuvo la acusación contra un hombre que, al parecer, violó a la hija menor de edad de su pareja.

La fiscalía le imputó al acusado dos hechos de abuso sexual con acceso carnal, agravado por su convivencia con la víctima (penas de 8 a 20 años de prisión), pero el jurado se inclinó por la doctrina jurídica mencionada y lo condenó por estupro agravado, delito con penas más leves.

Romero Jardín también acusó al padrastro de la niña de abuso sexual simple, porque en reiteradas ocasiones habría manoseado partes íntimas de la menor por arriba de su ropa y contra su voluntad.

En relación con estos tocamientos, la votación se estancó en 9 votos y para que no sea necesario hacer nuevamente el juicio completo, el fiscal desistió de acusar al procesado de abuso sexual simple y el jurado emitió veredicto de no culpabilidad.

Respecto de las aparentes violaciones y a raíz del planteo del defensor Sebastián Martínez, la jueza técnica Claudia Fortunatti, en representación del Tribunal en lo Criminal Nº 2, les dio a los jurados la alternativa de delito menor incluido.

En este caso el imputado fue declarado culpable (por mayoría, 10 votos de 12) de dos hechos de estupro agravado por la convivencia preexistente, delito que prevé penas de 6 a 10 años de prisión, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 120 del Código Penal.

“Lo novedoso es que se estancó en 9 votos, los jurados tuvieron que deliberar y votar nuevamente y el acusado (llegó al juicio detenido en prisión preventiva) resultó culpable por delito menor incluido”, explicó Romero Jardín, a cargo de una de las fiscalías de delitos sexuales bahienses.

“Como viene sucediendo desde hace algún tiempo, el jurado analiza el delito menor incluido y suele optar por alguna calificación legal intermedia. Ya ocurrió durante juicios por homicidios dolosos y, ahora, también empieza a pasar con abusos sexuales”, agregó.

“Creo que lo que pasa es que el jurado no se convence sobre algún elemento del tipo penal, pero sí se convence de que el hecho delictivo existió y entonces lo empieza a analizar de otra manera”, dijo.

“Como pasó con homicidios que terminaron considerándose preterintencionales (producir con la acción efectos de mayor gravedad que los que se pretendían causar), ahora también se analiza el estupro, que básicamente es acceso carnal (no consensuado), pero por seducción a una menor de entre 13 y 15 años y aprovechándose de la inmadurez sexual de la víctima”, continuó diciendo el titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 14.

Los manoseos del acusado a la hija de su pareja, que en ese momento tenía entre 12 y 13 años de edad, se habrían producido entre diciembre de 2021 y el 10 de septiembre de 2022, en la vivienda que compartían en el barrio Progreso de nuestra ciudad.

En tanto, los abusos con acceso carnal supuestamente se cometieron en 2022, uno de ellos el 10 de septiembre.

Según confirmó Romero Jardín, estas alternativas intermedias de culpabilidad también se registraron en debates de los que participaron los fiscales de homicidios y delitos sexuales, Jorge Viego y Diego Torres, respectivamente.

“Delito menor incluido es la denominación técnica; por lo general lo da el juez de oficio o lo plantea la defensa”, precisó la fuente consultada por La Nueva.

La audiencia de cesura del debate por los abusos se llevará a cabo este miércoles, cuando el fiscal solicitará la pena que considere adecuada.

El juicio se había suspendido dos veces como consecuencia de la falta de jurados varones.

“La víctima venía con un arrastre de dos suspensiones anteriores, con todo lo que eso implica emocionalmente. Pero después el juicio se hizo rápido, en dos días”, destacó Romero Jardín.

El artículo 371 bis del Código Procesal Penal bonaerense regula la audiencia de instrucciones previa a la deliberación del jurado popular y el juez técnico define qué opciones de veredicto tendrá el jurado, introduciendo los delitos menores incluidos.

Tanto la fiscalía como la defensa pueden pedir al juez que, entre sus teorías del caso, incluya opciones de veredicto alternativas o intermedias. El magistrado debe explicar al jurado los elementos que componen el delito principal y los delitos menores.

Para que sea procedente, el delito menor debe compartir la misma base fáctica (los mismos hechos) que el delito original por el que se imputó inicialmente al acusado durante la indagatoria, requiriendo únicamente que falte probar alguno de los elementos más graves de la imputación.

Esta figura evita que el jurado deba optar únicamente entre los veredictos de culpabilidad (por el delito mayor) o no culpabilidad, ofreciendo una vía intermedia de condena.

“El fiscal en juicio por jurados va con su teoría del caso y es muy raro que baje (la acusación principal)”, dijo Romero Jardín.

El Tribunal de Casación Penal bonaerense dictó el fallo “Álvarez / Telechea”, ratificado por la Corte de provincia, que obliga a los jueces a instruir a los jurados sobre los delitos menores incluidos en la acusación principal.

Desde que Casación emitió esa sentencia en octubre de 2020, en los juicios por jurados de los que participó la defensora general bahiense Fabiana Vannini siempre se incluyó esta figura y, en general, el jurado se inclinó por el delito menor incluido.

Esta situación -opinó Vannini- puede originarse porque el jurado entiende que la prueba es “endeble” para acreditar la hipótesis acusatoria del fiscal, pero esos elementos probatorios tampoco le permiten dictar un veredicto de no culpabilidad.

A su entender, esta postura no se origina porque los jurados eventualmente no son rigurosos al emitir su veredicto.

"El jurado decide en base a las pruebas de los hechos y, cuando tuvo que condenar a un imputado, lo hizo; dictó veredictos de culpabilidad en casos gravísimos con prisiones perpetuas”, resaltó la jefa de la Defensoría departamental.

“Muchas veces también se inclinó por una figura intermedia. El litigio en juicios por jurados es así; el que pueda probar su teoría del caso va a ser quien gane”, agregó.

Sin embargo, la defensora pública aclaró que si el jurado tiene dudas sobre la conducta del enjuiciado, debe dictar un veredicto de no culpabilidad y no elegir el delito menor incluido.

La profesional del Derecho tampoco le adjudica esta decisión de los jurados a posibles deficiencias en la imputación principal sostenida por la fiscalía.

"Habría que analizar los casos en concreto, pero en algunas ocasiones las pruebas no rinden. A veces creés que un testigo va a poder sostener la teoría del caso del defensor, pero en el juicio declara otra versión de los hechos”, dijo.

Por último, Vannini ejemplificó cómo funciona el mecanismo respecto de determinadas calificaciones legales.

“Por ejemplo, en un juicio por abuso sexual con acceso carnal tienen que estar las opciones de abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual simple. Por un homicidio agravado tiene que estar la opción de homicidio simple”, finalizó.

Al tope. Con casi 200 debates desde marzo de 2015, Bahía Blanca es el departamento judicial que mayor cantidad de juicios por jurados hizo en la provincia.

Integración. Doce son los jurados titulares que deben actuar en juicio, seis hombres y seis mujeres, además de seis jurados suplentes.

Plazo. Hasta el 31 de diciembre de este año, pueden ser citados los DNI terminados en 006, 094, 220, 828, 909 y 964.

Por aquel hito histórico, en esa fecha se conmemora el Día de la Prefectura Naval Argentina.

El martes próximo, desde las 11, se realizará la ceremonia tradicional en la Prefectura Bahía Blanca, con asiento en el Puerto de Ingeniero White, con la presencia de autoridades e invitados.

La Prefectura es una fuerza federal de seguridad que cumple múltiples funciones como autoridad marítima.

Ejerce el servicio de Policía de Seguridad de Navegación y Prevención del Orden Público, de Protección del Medio Ambiente y Conservación de los Recursos Naturales y también como Policía Judicial, Policía Judicial Aduanera, Migratoria y Sanitaria, así como la jurisdicción administrativa de la navegación.

El debate se realizará entre los días 28, 29 y 30 de septiembre próximos (de lunes a miércoles), en la sede tribunalicia de Estomba 34.

Rojas, actualmente detenido en la Unidad Penal N° 19 de Saavedra, está imputado de abuso sexual simple (cuatro hechos) y abuso sexual gravemente ultrajante (un hecho), en concurso real de delitos.

En mayo pasado la jueza de Garantías N° 4, Marisa Promé, había aceptado la requisitoria del fiscal Marcelo Romero Jardín, quien llevó adelante la investigación.

Las situaciones abusivas se habrían dado en Saldungaray, de donde son oriundos el procesado -asesorado por Sebastián Cuevas- y las supuestas damnificadas, cuyas familias tienen como abogado a Valentín Fernández.

El acusado había logrado el beneficio del arresto domiciliario (tenía previsto vivir en la casa de un tío en Bahía Blanca y avanzar con su emprendimiento de lavadero de autos), pero la Cámara Penal frenó esa medida, con lo cual llegará al debate detenido en la cárcel de Saavedra.

El caso salió a la luz el año pasado, aunque los delitos -básicamente tocamientos, salvo un hecho más grave- se habrían registrado entre diciembre de 2021 y mediados de 2025, tanto en la vivienda de "Cayu" Rojas como en su vehículo y en perjuicio de niñas que tenían entre 8 y 12 años.

En su descargo, el exedil dijo que si hubo tocamientos no fueron en un marco de connotación sexual, sino como muestras de cariño, ya que eran menores que formaban parte de familias que él conocía.

Y en algunos de los casos aludió a un supuesto complot de tipo político en su contra.

El hecho se produjo sobre las 10.10 en la avenida Arias y Maestro Piccioli, donde la Zanella ZB 110cc., dominio A105WID, ocupada por las víctimas, se embistió con un camión de la firma Hormiwhite, al mando de Juan Alberto Araneda (41).

Los ocupantes de la moto, el conductor Joel Pablo Nicolás Núñez (21) y su acompañante, Graciela Mansilla (52), fueron trasladados al hospital Municipal con heridas.

En el lugar de la colisión trabajaron distintos referentes del sistema de emergencias, como personal policial de la comisaría Sexta, Defensa Civil y ambulancias del servicio Siempre.

En las últimas jornadas sumó una nueva condena, esta vez por participar de un intento de asalto a una mujer embarazada en la zona del macrocentro bahiense.

El juez del Tribunal en lo Criminal N° 1, Hugo Adrián De Rosa, le impuso la pena de seis años de cárcel como coautor de los delitos de robo agravado por el uso de armas de fuego cuya aptitud para el disparo no se pudo tener por acreditada en grado de tentativa y daño.

El magistrado también lo declaró reincidente por segunda vez.

Durante el debate quedó probado que el 18 de abril de 2025, poco antes de las 19 horas, el acusado y Agustín José Gastón Lemme (fue sentenciado a 3 años de cárcel en un debate abreviado) ingresaron a un edificio ubicado en la primera cuadra de calle Caronti, donde fueron atendidos por una mujer que cursaba un embarazo de siete meses de gestación.

Cuando ingresaron al ascensor, Longiarú extrajo un arma y le apuntó a la cabeza a la víctima, pidiéndole las llaves del departamento y el teléfono celular.

La damnificada comenzó a gritar pidiendo ayuda, por lo que el otro delincuente le tapó la boca y la hizo caer al suelo, donde le pegaron golpes de puño en el abdomen.

La chica logró salir del lugar y solicitar auxilio, lo que provocó que los sujetos escaparan rompiendo el vidrio de la puerta de ingreso al lugar y escaparan en un Peugeot 208 de color blanco.

Encuentro

La mujer dijo que se dedicaba al “cambio de divisas” y que había acordado recibir a una persona con la que ya había realizado negocios, por esa razón les permitió a los imputados el acceso al edificio.

Brindó detalles de lo ocurrido y señaló que uno de los ladrones abandonó en el sitio un morral que tenía un cuchillo en su interior.

Los policías que tomaron parte de la investigación sostuvieron que las cámaras del lugar y otras ubicadas en las inmediaciones fueron determinantes para llegar hasta los acusados.

Mencionaron que a partir de las filmaciones determinaron que el rodado utilizado por los ladrones tenía un guardabarros de color rojo, lo que les permitió, por ejemplo, ubicarlo en cercanías del barrio La Falda, donde en una grabación se observó a Longiarú descendiendo de la unidad.

También se logró individualizar a Lemme, quien durante el robo sufrió lesiones en una pierna por la rotura del vidrio del edificio.

Ambos fueron señalados por la víctima como los sujetos que la abordaron en el ascensor.

Su versión

Longiarú declaró y negó haber participado de un intento de robo.

Dijo que el padre de Lemme lo había contactado y el día del hecho le pidió que acompañe a su hijo a comprar droga.

Mencionó que llegaron al edificio y subieron al departamento de la mujer, donde la pareja de esta (se encontraba con arresto domiciliario) le ofrecía una cantidad menor de estupefacientes a la acordada.

Comentó que el hombre extrajo un arma, por lo que se produjo un forcejeo en el que la pistola cayó al piso.

Señaló que Lemme escapó por las escaleras y que él tomó el arma y también huyó.

Detalló que la puerta de acceso estaba cerrada, por esa razón la rompieron para poder salir.

El juez De Rosa sostuvo que las pruebas recolectadas reflejan “una preparación previa orientada a la comisión del ilícito investigado, resultando incompatibles con la versión defensiva que pretendió presentar el episodio como una frustrada compra de estupefacientes”.

Por todo ello, consideró probada la participación de Longiarú en el frustrado asalto.

Finalmente, al momento de establecer la pena, valoró como agravantes los antecedentes del sujeto, la violencia ejercida sobre la víctima, la intervención de dos personas y la utilización de un automóvil para facilitar la maniobra.

El procedimiento se originó en las primeras horas de la tarde del jueves, cuando la propietaria de la casa ubicada en Colón 222, una mujer de 67 años, se comunicó al 911 por el imprevisto hallazgo en el patio de su casa.

Fue cuando un operario de 29 años realizaba una excavación para retirar un árbol y, en esas circunstancias, encontró masas óseas, sin poder determinar si eran de humano o de animal.

Luego de concurrir al lugar personal policial, los peritos de la fuerza y el médico de Policía, se estableció que "los restos óseos no son humanos, siendo los mismos de animal".

De todas maneras se le dio intervención sumarial a la ayudantía fiscal de Patagones.

La causa se originó por la denuncia pública de los encargados de la tienda de indumentaria de hombre Ebenzer, ubicada en Dorrego 1050.

En el posteo se daba cuenta que un joven ingresó como cliente, se probó un pantalón (tipo rompeviento), le quitó el tag de seguridad y se lo llevó puesto, debajo de su pantalón original.

A partir del aporte de las cámaras de seguridad, los uniformados pudieron establecer la identidad del autor del hecho, siendo un menor de 16 años que vive en Pringles.

El hecho se configuró como robo y el Juzgado de Garantías del Joven Nº 1 del Departamento Judicial Bahía Blanca ordenó un allanamiento en su vivienda.

En ese contexto se pudo lograr el secuestro del pantalón marca ZG Sport (agencia Coronel Pringles).

Se trata de Alexis Omar Fariñes, de 32 años, a quien se capturó en la zona de El Caldén al 600, tras un seguimiento realizado por los operadores del Centro Único de Monitoreo (CeUM).

Todo comenzó cuando una vecina de Charcas al 2.800, en la zona del barrio Palos Verdes, escuchó ruidos en su propiedad y, al asomarse por una ventana, observó dos bicicletas tiradas en su vereda, una de su propiedad.

Tras llamar al 911 se pudo establecer que había sido Fariñes quien abandonó esos rodados en el lugar para darse a la fuga.

Al acusado le secuestraron las prendas de vestir y una mochila, en la cual contenía una bolsa con 9 gramos de marihuana, por lo que también se inició un sumario por infracción a la ley 23.737.

Ahora se procura determinar la procedencia de una de las bicicletas. 

Los efectivos secuestraron una motocicleta marca XR 125 L, la cual registraba pedido de secuestro activo, ya que había sido sustraída el pasado 20 de este mes en calle 25 de Mayo al 600.

La policía incluyó como dato relevante el uso de las cámaras de seguridad privadas y del sistema CeUM, lo que permitió establecer el presunto modus operandi, motivo por el cual no se descarta la participación del detenido en otros hechos similares ocurridos en la zona céntrica.

A cargo del operativo estuvo el Juzgado de Garantías N°1 e interviene la Fiscalía N°2 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

Según informaron fuentes policiales, el aprehendido cuenta con antecedentes por delitos contra la propiedad.

Se trata de Eduardo José Schiebelbein, de 52 años, quien tiempo atrás había sido beneficiado con la libertad condicional por parte del Juzgado de Ejecución Penal Nº 2, aunque posteriormente la medida fue apelada y revocada.

Efectivos policiales interceptaron al sujeto cuando caminaba por calle Belgrano, poniéndolo a disposición del juez Claudio Brun.

El hombre fue sentenciado a cinco años y 10 meses de prisión por el delito de tentativa de homicidio. La pena vencerá el 21 de julio de 2027.

El ataque

El 22 de septiembre de 2021, poco antes de las 19.30, Schiebelbein se presentó en la casa de Gonzalo Traverso, en San Juan al 600 de Algarrobo, y con la intención de causarle la muerte, o al menos debiéndose representar ese resultado, le efectuó múltiples disparos a la víctima.

La víctima, que en ese momento tenía 37 años, sufrió dos heridas penetrantes en el tórax, una herida en el abdomen y otra en el glúteo derecho, todas provocadas con la pistola calibre 22, sistema tiro a tiro y marca Tala, que portaba el acusado.

Una vez que intervinieron los servicios de emergencia se trasladó al agredido al hospital, donde fue intervenido de urgencia, y la Policía estableció que el agresor había sido el exmarido de su pareja.

Los operativos estuvieron a cargo del personal del Gabinete Técnico Operativo de la Estación Comunal de Carmen de Patagones, en cumplimiento a la orden dictada por el Juzgado de Garantías N° 3, en el marco de una causa reciente por hurto.

En el marco del procedimiento, fueron secuestradas tres bicicletas e indumentaria; elementos de prueba e interés para continuar con las tareas investigativas e imputación de un aprehendido días atrás.

Se trata de un hombre de 28 años, con antecedentes, que sustrajo una moto del frente de una vivienda en el barrio Villa Dolores del Pino y que hoy permanece detenido (agencia Carmen de Patagones).

En un juicio abreviado, la jueza del Tribunal en lo Criminal Nº 2 bahiense, Claudia Fortunatti, condenó esta semana al acusado a tres años de prisión de ejecución condicional y le prohibió contactarse con la damnificada mediante cualquier medio.

La justicia declaró a Sergio Adrián Pozo (47) autor penalmente responsable del delito de abuso sexual simple doblemente agravado.

Durante el cumplimiento de la pena en suspenso, el mecánico con domicilio en General Cerri tampoco podrá acercarse a menos de 100 metros de la vivienda de la chica presuntamente abusada.

El hecho se cometió en febrero de 2014 cuando la víctima tenía ocho años y fue manoseada en sus genitales por el depravado, en un inmueble de Bahía Blanca.

Al momento de graduar la pena, Fortunatti valoró como agravantes la marcada diferencia de edad y de fuerza física entre el agresor y su víctima, entre otras.

La magistrada, en tanto, consideró como único atenuante la carencia de antecedentes penales computables del imputado.

La situación abusiva salió a la luz en abril de 2016, cuando la menor fue convocada por una profesora a raíz de su bajo rendimiento escolar.

En ese contexto la niña les contó lo sucedido a profesionales del equipo de orientación escolar, quienes radicaron la denuncia en la Comisaría de la Mujer.

Sin embargo, en aquel tiempo la madre de la víctima se negó a instar la acción penal y en mayo de 2018 la fiscalía archivó la causa.

A fines de diciembre de 2024, ya siendo mayor de edad, la damnificada requirió la reapertura de la investigación.

La chica expresó que en su momento no pudo continuar con la causa por el "miedo que le generaban las amenazas del acusado".

Según la representante del Poder Judicial provincial, el testimonio aportado por la chica el año pasado resultó determinante para fundamentar la sentencia.

La joven precisó las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho, en tanto que las declaraciones de su familia y de una amiga de la infancia corroboraron su versión de lo sucedido.

El peritaje psicológico concluyó que el relato de la víctima no presenta indicadores de fabulación ni evidencia presiones externas.

También estableció que los cambios de conducta que mostró en aquel momento (descenso del rendimiento escolar, conflictos con figuras masculinas, episodios de autolesiones e intentos de suicidio durante la adolescencia), eran compatibles con una "historia de abuso sexual infantil".

Por su parte, la defensa presentó un contrainforme pericial y testigos que cuestionaron la credibilidad de la denunciante.

Sin embargo, Fortunatti desestimó esas objeciones al considerar que el relato de la víctima reúne los tres requisitos que Casación exige en casos por delitos sexuales: ausencia de incredibilidad subjetiva, verosimilitud por corroboración periférica y persistencia en la incriminación.

Pozo también tiene la obligación de cumplir otras reglas de conducta como participar del programa Nuevas masculinidades del Patronato de Liberados o su equivalente a nivel municipal.

El fallo ordena además la inscripción del denunciado en el Registro de condenados por delitos contra la integridad sexual bonaerense (ley 13.869) y que se le extraiga una muestra genética, según establece la ley nacional 26.879.

En el trámite abreviado también intervinieron el fiscal de delitos sexuales, Marcelo Romero Jardín, y los abogados defensores del condenado, Ariel Alberto Zara y Juan Sebastián González.

Se trata de Cristian (31) y Karen Maulucci (21) y Daiana Torres (33), quienes están imputados de los delitos de privación ilegal de los libertad agravada, coacción agravada y robo calificado por el uso de armas. 

El Juzgado de Garantías interviniente, a partir de la solicitud del fiscal Eduardo Quirós, de la UFIJ Nº 9, decretó en las últimas horas la prisión preventiva de los sospechosos.

El hecho ocurrió el pasado martes 19 de mayo, durante una fiesta de cumpleaños a la que habían sido invitadas varias personas, cuando el denunciante —quien reconoce tener una problemática con el consumo de estupefacientes— se retiró del lugar llevándose un sobre con 10 gramos de cocaína, sin autorización, hacia la casa de una mujer en las cercanías.

Luego de consumir droga y dormirse, despertó con quien era el "dueño de la droga" encima suyo. Se encontraba atado de pies y manos y había sufrido cortes en toda la cara con una navaja y golpes. La violenta situación quedó registrada en un video —que circuló por todo Coronel Pringles— en el que se observa al agresor presionando la punta de una cuchilla en el rostro todo ensangrentado de la víctima.

El herido pudo zafar por la ayuda de algunos amigos y al otro día formuló una denuncia. 

El 31 de mayo pasado la policía llevó adelante allanamientos y efectivizó la detención de los procesados.

En los procedimientos incautaron un par de zapatillas de color azul, propiedad de la víctima, dos celulares, dos navajas, una gorra visera gris y 14 teléfonos en desuso.

Se trata de Emiliano Fabián Correa (37), quien está detenido desde el pasado martes 16, cuando la Policía lo sorprendió en horas del mediodía en la zona de Brown al 2.700.

El planteo del fiscal Marcelo Romero Jardín, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 14, fue dirigido al Juzgado de Garantías Nº 3, a cargo del doctor Alberto Manzi, quien debe resolverlo en los próximos días.

De ser aceptado, Correa -quien se negó a declarar al ser indagado- llegará al debate detenido y afrontará cargos con penas que podrían llegar a los 15 años de prisión.

"Se pidió la prisión preventiva y la elevación a juicio de la causa de manera simultánea porque ya no hay más medidas de prueba para producir", explicó un investigador del caso.

Correa sería autor del abuso sexual gravemente ultrajante de la empleada de una verdulería que funcionaba en Misiones al 400, el sábado 1 de marzo de 2025.

El ataque se produjo sobre las 18, cuando el acusado ingresó en el comercio con supuestas intenciones de robo.

Luego obligó a la víctima a ingresar en el baño del local y allí la sometió, para luego escapar.

El relato de vecinos y las cámaras de seguridad fueron clave para identificar al sospechoso, quien no obstante escapó y se mantuvo prófugo durante más de un año.

Se cree que en los primeros días de fuga -poco antes de la trágica inundación que sufrió nuestra ciudad- Correa se había escapado hacia la zona de Pedro Luro.

La conclusión de la pericia, según aseguró la defensa del procesado, se opone diametralmente a las declaraciones de familiares de las víctimas, que habían dicho públicamente que bajo las uñas del hombre había ADN de ambas fallecidas.

El análisis estuvo a cargo del bioquímico Juan Pablo Ortiz, perito del servicio de Análisis Comparativo de ADN de la Asesoría Pericial La Plata y llegó a la fiscalía local durante el mes de abril pasado.

Según se desprende de sus conclusiones, "no es posible vincular" a Mariana Bustos y Myriam Velázquez "como individuo generador del material genético detectado en las muestras rotuladas 42882-1-HUI y 42882-1-HUD, correspondientes a hisopado ungueales (de uñas)".

En cuanto a la muestra de una lesión en el tórax del acusado (posible forcejeo con alguna de las víctimas), se aclaró que "no se obtuvo material genético apto para cotejo".

"No es una pericia a favor de la acusación, sino del imputado", expresó el abogado Valentín Fernández, tras dar a conocer una la copia del estudio pericial.

De hecho, ese fue uno de los argumentos del defensor para solicitar hace algunos meses a la Justicia de Garantías el arresto domiciliario del hombre, por presentar problemas de salud, aunque esa medida está pendiente de resolución.

Otras pruebas

De todas maneras, existen otras pruebas que la justicia de Garantías tuvo en cuenta para dictarle la prisión preventiva a Velázquez, por la cual actualmente permanece en la cárcel.

Los crímenes se registraron el 7 de octubre pasado, cuando el hombre habría ingresado al domicilio de la calle Santa Fe al 2.300, sobre las 18.40, para retirarse a las 23.30 aproximadamente, según los registros de distintas cámaras. Él dijo que sí estuvo en la vivienda pero que se retiró a las 19.30, pero esa circunstancia nunca se pudo acreditar.

Sí se pudo establecer que Mariana llegó a la casa de su madre después de las 20 y que Maximiliano Velázquez presentaba varias lesiones compatibles con rasguños (pecho, abdomen y rostro), que en el lugar encontraron un mechón de cabellos de la joven y que su madre (pese al estado del cuerpo quemado) no tenía ropa de la cintura hacia abajo.

Para la fiscalía también mintió porque en el supuesto recorrido que dijo haber hecho de vuelta a su domicilio, después de las 19.30, no se lo ve pasar por ninguna de las cámaras revisadas.

A su vez, al ser arrestado, la moto en la cual se movilizaba tenía calcos arrancados.

"Él nos explica que dos meses antes un hijo de él había arrancado un calco posterior, del lado izquierdo de la moto, y que como no podía seguir pagando la moto, la iba a devolver a sus garantes y por eso había sacado los calcos. Dice que los sacó el domingo anterior al hecho, pero revisando las cámaras, cuando la moto circula hacia el domicilio (el martes posterior), tenía todos los calcos colocados", había dicho el fiscal Jorge Viego.

En cuanto a las heridas, Velázquez argumentó que se las había hecho cuando ordenaba una estantería en su casa y se le cayó un artefacto, pero dicho aparato no se encontró en el allanamiento y su mujer tampoco dijo nada al respecto.