Así lo reconoció hoy el fiscal Rodolfo De Lucia, quien impulsa la investigación en su contra por 13 delitos, 12 relacionados con tenencia, distribución y/o producción de material de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales y un caso de abuso sexual.

"Los delitos de producción y distribución prevén de 4 a 8 años de prisión, con el abuso sexual se agrava y, como son varios hechos en concurso, la mínima es de 4 años pero los máximos se suman, con lo cual la escala penal es muy alta, puede superar los 30 años", explicó De Lucia, en diálogo con LU2.

El fiscal confirmó que durante el allanamiento realizado en 2023 a la casa de Cartés Molina, en D'Orbigny al 1.700, se secuestraron unos 10.000 archivos, la mayoría clasificados por categorías, que fueron analizados e incorporados como medio probatorio en su contra.

"Cuando se produjo el allanamiento,se secuestraron varios discos rígidos y encontramos una gran cantidad de archivos y una especie de cámara oculta que nos daba la idea que había material producido en baños de dos o tres viviendas, tal vez su propia vivienda o de personas con quienes tenía vínculo", explicó.

En consecuencia el delito principal no se limitó a la tenencia y/o distribución del material sino que se incorporó la producción.

Identificaron a varias víctimas

"Varias de las víctimas (que aparecían en esas imágenes y eran menores) fueron identificadas y se pudo hacer una imputación concreta al hombre", sostuvo De Lucia.

Respecto de la posibilidad de que Cartés Molina haya tomado imágenes de niños en baños de un club, el fiscal remarcó que sí trabajó en esa institución hace más de 10 años, pero que no hay registro de material fílmico en baños de ese lugar.

"Sí hay alguna filmación común y corriente con un celular, pero como una conducta que hacía habitualmente en lugares públicos, en playas, en comercios, en la vía pública y, tal vez, en un club, pero son imágenes que, en sí mismas, no constituyen delito", remarcó.

En cuanto al delito de abuso sexual, el fiscal aclaró que la acción también surgiría de un video y que la víctima ya fue entrevistada. 

"No puedo dar detalles, para preservar la identidad de la víctima, pero, en el medio de todas las imágenes, pudimos detectar alguna que para nosotros configura un abuso sexual", dijo.

Por último, De Lucia informó que Cartés Molina sigue detenido tras negarse a declarar y que seguramente en los próximos días pedirá a la Justicia de Garantías su prisión preventiva. 

El fallo del Tribunal en lo Criminal Nº 2, resuelto en un debate abreviado, recayó en Carlos Fernando Morales, quien fue imputado del delito de robo agravado por el uso de arma.

El hecho se produjo el 7 de julio de 2018, cuando Morales y otra persona que no pudo ser identificada ingresaron a una casa ubicada en César Fournier al 500, de la localidad maragata, y amenazaron con un cuchillo a la víctima.

Los sujetos redujeron al damnificado, le taparon la boca y lo ataron de pies y manos, para finalmente apoderarse de ropa, una mochila, dinero, un celular y una moto, entre otros elementos.

Fuentes del Ministerio Público indicaron que el imputado registra condenas previas y se encontraba cumpliendo una pena anterior, por lo que se formará un incidente para dictar una pena única.

El atacante de Luis Pérez, secretario general del Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento, bajó de su moto, llegó hasta el portón que cerraba la víctima, en Pedro Pico al 1.500 y, sin mediar otra acción, le disparó y se retiró rápidamente.

Las imágenes, a las que tuvo acceso lanueva.com, también demuestran que el agresor solo tuvo intenciones de provocarle una herida a Pérez, porque le disparó en dirección a una rodilla y luego se retiró sin ninguna intención de agravar la acción.

La Policía continúa investigando el hecho aunque por el momento no surgieron novedades sobre el autor del delito.

Pérez, en tanto, fue asistido en el hospital Municipal, desde donde ya recibió el alta médica. Se informó que el disparo, con orificio de entrada y salida, no le provocó lesiones de consideración.

Luego del ataque, algunos frentes gremiales manifestaron su repudio por la situación y pidieron el pronto esclarecimiento de la misma.

Para los investigadores, a diferencia de lo que creen los sindicalistas, el atentado tendría relación con la actividad de la víctima.

Personal del Comando de Prevención Rural Coronel Pringles intervino tras el llamado telefónico de un hombre que dijo estar siguiendo a una moto que supuestamente había salido de las inmediaciones de su campo.

Ante esta situación se desplegaron dos dotaciones policiales que, tras realizar un rastrillaje por el sector de Boulevard 40 y las vías férreas, localizaron el rodado en un zanjón, lindante al camino, con su motor aún en marcha.

Durante la intervención, los efectivos constataron la presencia de mochilas de fabricación casera que contenían cortes cárnicos de jabalí, además de diversos elementos compatibles con tareas de faena.

Trasladados todos los elementos a la comisaría, se determinó a través del sistema informático que el vehículo tenía prohibición de circular desde el 29 de octubre de 2025.

Se iniciaron actuaciones por “hallazgo e infracción a la Ley 22.421”, con intervención de las autoridades competentes, a los fines de establecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder. 

Según la denuncia, el hecho ocurrió este miércoles, entre las 16:40 y las 17, en un comercio ubicado sobre la calle Pellegrini, donde fueron adquiridas una motoguadaña y una máquina para cortar césped por un valor total de $1.350.000. El pago se habría realizado mediante un cheque presuntamente falso.

Los investigadores establecieron que el sospechoso habría utilizado a otra persona como intermediaria para concretar la operación y entregar el cheque. 

Mediante la recolección de testimonios, se lograró identificar al presunto autor y se realizó un allanamiento que permitió recuperar las dos herramientas denunciadas y secuestrar otros elementos.

Durante el procedimiento, la Policía incautó además $950.000 en efectivo, una camioneta Chevrolet S-10 que habría sido utilizada en el hecho y un teléfono celular.

También fueron secuestradas cuatro armas de fuego; tres escopetas y una carabina calibre 22 con mira telescópica. A ello se sumaron cartuchos y municiones de distintos calibres.

El hombre aprehendido quedó a disposición de la justicia, con intervención de la UFIJ N° 13 de Tres Arroyos, la Ayudantía Fiscal de Adolfo Gonzales Chaves y el Juzgado de Garantías en turno.

Según denunció el carnicero, se llevaron unos 100 kilos de mercadería y algo de dinero en efectivo de la caja registradora, tras barretear la puerta de la persiana y romper la puerta de ingreso al local.

De acuerdo con la información otorgada desde la Comisaría local, a partir de declaraciones testimoniales y del análisis de cámaras de seguridad, el personal del Destacamento Norte y del Grupo Táctico Operativo (GTO) logró identificar al sospechoso, identificado como Agustín Cotta.

Agregaron que el joven vestía la misma ropa que habría utilizado al momento del robo y, antes de ser aprehendido, se habría presentado en distintos comercios para ofrecer a la venta los cortes de carne sustraídos.

Durante el procedimiento, se secuestraron prendas de vestir y mercadería que fue hallada más tarde descartada en una plazoleta cercana.

Informaron además que Cotta fue identificado como presunto autor de otro robo, denunciado el pasado 21 de octubre, en una vinoteca de avenida Jujuy al 1.300, con la misma modalidad.

En ambos casos interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 15 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.

El Tribunal en lo Criminal Nº 3 bahiense dictó ayer el fallo condenatorio contra el acusado G.F.J., al considerarlo autor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción de menores, agravados por la convivencia con una menor de 18 años y por el vínculo.

Además los jueces Julián Saldías, Daniela Castaño y Eduardo d’Empaire rechazaron el planteo formulado por la defensa de anular la acusación y absolver al procesado.

Según los hechos que el tribunal dio por probados, los abusos ocurrieron entre 2011 y 2017, cuando la víctima tenía entre 8 y 14 años.

Las violaciones y otras agresiones sexuales contra la menor se cometieron en una casa en Pedro Luro, en el establecimiento rural La legua (donde el condenado trabajaba), y en el balneario de Fortín Mercedes, todos ubicados en el partido de Villarino.

La investigación se inició en 2020, cuando la joven afectada, ya adolescente, contó lo que vivía.

Autoridades del servicio de minoridad de Luro radicaron la denuncia penal, por pedido de una psicóloga a la que la madre de la víctima había consultado.

La sentencia remarca que la causa comenzó a tramitarse “a instancias del equipo interdisciplinario del Servicio Local”, lo que descarta “cualquier tipo de animosidad de la víctima hacia el imputado”.

El defensor oficial Pablo Radivoy requirió la nulidad de la imputación contra su defendido y, subsidiariamente, su absolución.

La defensa afirmó que no había pruebas objetivas y que todo se limitaba a los dichos de la joven contra los del acusado.

El imputado, por su parte, negó los hechos que se le atribuyen.

Los magistrados del Criminal 3 desestimaron ambos planteos defensistas y, sobre la nulidad, Saldías fue tajante: “Sin rodeos concluyo que de ninguna manera se ha violentado la congruencia que el letrado de la defensa denuncia”.

Acerca de la prueba, el voto al que adhirieron sus colegas sostuvo que “la tesis de la defensa se desmorona ante el pétreo y robusto plexo probatorio reunido por la acusación”.

“Es la coherencia, solidez y persistencia durante todo el proceso de una declaración, junto con la consistencia que brindan los testigos a quienes la víctima pudo contarles lo sucedido y las pericias pertinentes, las que conforman un concierto para dar por verosímil el relato”, señala la sentencia.

Saldías valoró el testimonio de la chica en el debate.

“No deja margen de duda que la joven no pudo inventar o diagramar la escena de los hechos sin que fuera una situación plenamente vivida”.

La decisión judicial explica también por qué la versión de la damnificada tiene un peso central en este tipo de delitos contra la integridad sexual.

“En estos casos la declaración de la niña -hoy joven- se vuelve un medio de convicción de singular importancia, en particular en esta clase de delitos que ocurren dentro del seno familiar, entre las ‘cuatro paredes’”, agrega el fallo, que no está firme.

Según el tribunal, ese relato se vio respaldado por las personas más cercanas a la joven, a quienes ella se lo contó; por la pericia psicológica oficial, que no advirtió “la presencia de presiones externas” ni fabulación; y por la documentación incorporada durante el juicio.

Uno de los ejes del fallo unánime es la consideración del contexto de violencia de género como agravante de la pena, postura que la defensa había cuestionado desde lo procesal.

El juez Saldías explicó que el Código Penal no lo contempla de forma expresa en este tipo penal, pero que puede valorarse según los artículos 40 y 41.

“Resulta indudable la asimetría del género y el contexto de violencia de género propio de una agresión sexual del imputado hacia (la víctima), ya que se valió de esa asimetría estructural, de la cosificación de la víctima y de la posición de dominio que detentaba, para imponer unilateralmente actos de contenido sexual no consentidos”, indica el fallo.

En este sentido, el representante del Poder Judicial bonaerense acotó que esta situación “revela un plus de culpabilidad autónomo y un mayor contenido de injusto”.

La imputación fue sostenida por la fiscal de delitos sexuales bahiense, Agustina Olguín, quien había solicitado 30 años de prisión para el acusado.

El procedimiento se dio en D'Orbigny al 1.700 y la causa se originó hace más de 3 años, en el marco de un operativo federal de lucha contra este delito.

Cartés Molina, de 57 años, había sido "detectado" a partir de un reporte de la herramienta internacional ICACCOPS (Internet Crimes Against Children-Child On-line Protection System), utilizada para detectar actividad de carga y descarga de material de abuso sexual infantil a través de redes P2P (peer to peer). A partir de dicho sistema, se detectó el número de identificación único correspondiente a la computadora del sospechoso.

En abril de 2023, la Policía secuestró en la casa de Cartés Molina un teléfono celular, diversos discos rígidos y tarjetas de memoria.

Video con declaraciones del fiscal Rodolfo De Lucia, a cargo de la investigación.

El análisis forense de dichos soportes digitales permitió hallar miles de archivos audiovisuales que registran a niñas y mujeres adultas -cuyas partes genitales fueron filmadas mediante cámaras ocultas instaladas en espacios públicos y privados-, lográndose identificar a algunas de las víctimas en el transcurso de la instrucción.

Según la investigación, el imputado trabajó en el área de maestranza del natatorio de un club, entre 2012 y 2014, aunque no se confirmó si en esas circunstancias cometió los delitos.

Sí existen pruebas que el hombre aparentemente colocó cámaras simuladas en algunos domicilios particulares y que también tenía filmaciones con celulares en la vía pública, enfocado a las partes íntimas de las víctimas.  

En la actualidad tenía un local comercial dedicado a la venta y reparación de computadoras y periféricos y también ejercía como chofer de la aplicación Uber.

Cartés Molina fue acusado de 13 hechos concretos, dentro de los cuales un episodio se logró encuadrar legalmente como abuso sexual.

Esta mañana fue indagado por el fiscal Rodolfo De Lucia y se negó a declarar. Ahora corre el plazo de 15 días para que el fiscal pida la prisión preventiva, que luego tendrá que resolver la Justicia de Garantías. 

El gremialista de 68 años, según informó la Policía, fue agredido por un desconocido cuando retiraba el auto de su garaje, en Pedro Pico al 1.500, poco antes de las 9.

La persona que lo atacó se movilizaba en una moto roja, de 110cc. Era alto, tenía casco y campera, según trascendió.

"Le dijo algo, no se sabe bien qué, y le disparó en la rodilla. Luego se escapó por Pedro Pico hacia la avenida Arias", comentó un investigador.

Esa versión fue confirmada por un familiar del sindicalista, quien le comentó a lanueva.com que Pérez "iba a trabajar, como todos los días, se le acercó alguien cuando cerraba el portón, le dijo algo que él no entendió y le disparó".

La familia tiene cámaras de seguridad, pero en las imágenes no se alcanza a distinguir el rostro del agresor.

Al lugar, además del Comando de Patrullas, llegó también una ambulancia que asistió al paciente que, en principio, tenía una herida que no revestía gravedad, aunque fue trasladado a un hospital.

Si bien la investigación es incipiente, se cree que la agresión podría tener que ver con una cuestión personal o bien relacionada con la actividad gremial de la víctima.

Desde la Policía Local indicaron que el incidente se produjo ayer, poco antes de las 20, en la intersección de esa calle y Chile, cuando se produjo un enfrentamiento entre sujetos que se ubican en ese lugar y limpian los vidrios de los vehículos que por allí transitan.

Los voceros indicaron que por cuestiones que se tratan de establecer se produjo un enfrentamiento en el que Agustín Herse, de 49 años, recibió golpes que le produjeron lesiones en el cuero cabelludo y le hicieron perder el conocimiento.

La víctima fue asistida por un médico del servicio de emergencias Siempre y trasladada a un hospital para recibir curaciones y ser sometido a estudios.

Por el hecho fueron arrestados en las inmediaciones David Emanuel (37) y José Samuel Figueroa (33), quienes fueron imputados del delito de lesiones y puestos a disposición de la fiscalía de flagrancia.

El procedimiento, ordenado por el juez de Garantías Nº 3, Alberto Manzi, a pedido del fiscal Rodolfo De Lucia, titular de la UFIJ Nº 20, tuvo lugar anoche en una vivienda de D'Orbigny al 1.700, entre Remedios de Escalada y Parera.

Actuaron en el lugar efectivos de la delegación de Bahía Blanca de la Dirección de Cibercrimen de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, junto con el GAD y Delitos Complejos.

Ese inmueble ya había sido allanado a fines de abril de 2023 (en ese caso se secuestró material informático que fue peritado y analizado), en medio de una batería de más de 20 operativos dispuestos en el marco de la Operación Red Federal en Alerta II.

"En principio se lo investigaba por tenencia de material de abuso infantil, pero luego se amplió la sospecha a la producción. Y también tendría archivos de imágenes de cámaras ocultas con contenido sexual", comentó una fuente allegada al caso.

Algunos vecinos del sector que se comunicaron con lanueva.com informaron que el hombre detenido se dedicaría al arreglo de celulares y computadoras y también sería chofer de aplicación.

La Operación Red Federal en Alerta II buscó desbaratar redes de transmisión y producción de material de abuso sexual infantil que se encuentran operando en todo el mundo.

Además del allanamiento en la casa del detenido, en 2023 se requisaron otros inmuebles en la provincia de Buenos Aires, CABA, Chubut, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, Córdoba, Formosa, Misiones, Salta, San Luis, Jujuy, Mendoza y San Juan.

A través de la utilización del sistema de investigación digital se verificó el tráfico de material de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en plataformas de intercambio Peer to Peer (P2P), agentes especializados verificaron el material y se procedió a individualizar los domicilios.

El acusado del ilícito es Iván Barbado, de 28 años, con domicilio en Carhué.

Según los registros fílmicos y las filmaciones de las cámaras de seguridad, días atrás esta persona forzó la puerta trasera de la institución para luego sustraer bebidas alcohólicas, un caloventor a gas, una garrafa de gas de 10 kilos, así como llaves térmicas y cableado eléctrico exterior.

Luego de las tareas investigativas y a partir de la orden de allanamiento emitida por el Juzgado de Garantías N° 4 de Bahía Blanca, se llevó a cabo el operativo en el cual Barbado resultó capturado.

Según se indicó, el delincuente posee antecedentes por venta de estupefacientes.

El operativo se inició alrededor de las 16, luego de que un llamado al servicio de emergencias 911 alertara sobre dos hombres que circulaban a bordo de un Fiat Uno de color azul, desde el cual se habían efectuado disparos de arma de fuego.

A partir de la información recibida y con la colaboración de operadores del Centro Único de Monitoreo (CeUM), efectivos del Comando de Patrullas lograron localizar a los involucrados en inmediaciones de Brickman y Combate de Montevideo.

Al advertir la presencia policial, Daniel Elías Cádiz habría descartado una pistola semiautomática Bersa Thunder calibre .380, junto con su cargador, procediéndose a su inmediata aprehensión y al secuestro del arma.

Por otra parte, se procedió a la detención de Manuel Enrique Cádiz Vidal, quien viajaba como acompañante en el automóvil y llevaba entre sus prendas una cuchilla de aproximadamente 25 centímetros, con mango de madera.

Durante la requisa del Fiat Uno, los efectivos también encontraron y secuestraron cuatro municiones calibre .380.

Ambos involucrados fueron trasladados a dependencias de la Comisaría Primera, quedando a disposición de las autoridades judiciales competentes. Intervienen la UFIJ N.° 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca y el Juzgado Correccional en turno.

El procedimiento se inició alrededor de las 15, luego de que un llamado al servicio de emergencias 911 alertara sobre la presencia de un joven en Federico Baeza al 1400, a bordo de una motocicleta Bajaj Rouser de color negro, presuntamente sustraída.

Ante esta situación, efectivos del Comando de Patrullas implementaron un operativo cerrojo, contando con la colaboración de operadores del Centro Único de Monitoreo (CeUM), quienes realizaron el seguimiento del desplazamiento del rodado y aportaron información sobre su dirección de fuga.

Como resultado del trabajo coordinado, el motociclista fue interceptado en la intersección de Italia y Chubut, donde se procedió a su identificación y a la verificación de los datos del vehículo.

Mediante la consulta a los sistemas informáticos policiales, se estableció que la motocicleta Bajaj Rouser de 200 cc registraba un pedido de secuestro activo desde este lunes, en el marco de una causa por hurto de motovehículo, con intervención de la UFIJ N.° 2 y el Juzgado de Garantías N.° 4 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

En consecuencia, se procedió a la aprehensión del adolescente y al secuestro preventivo de la motocicleta, quedando ambos a disposición de las autoridades judiciales competentes.

Las actuaciones fueron labradas por la Comisaría Primera, con intervención del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil y la fiscalía de turno.

La concejala Romina Rozas explicó que la propuesta surgió a partir de reclamos de vecinos preocupados por la utilización de estos elementos, especialmente entre niños y jóvenes, en plazas y otros lugares de concurrencia pública.

Según los fundamentos del proyecto, estas prácticas representan un riesgo para quienes las realizan y para el resto de la comunidad. Entre sus consecuencias se mencionan la muerte de aves, daños en espacios públicos y luminarias, lesiones a mascotas y heridas a personas.

Durante su intervención, Rozas recordó un episodio ocurrido recientemente en la ciudad cabecera, donde un niño de siete años resultó herido con un arma de aire comprimido. La concejala señaló que el hecho provocó angustia en la familia y preocupación entre los vecinos, y consideró necesario avanzar en una normativa que contribuya a prevenir situaciones similares.

Qué establece el proyecto

La iniciativa propone facultar al Departamento Ejecutivo para retener los dispositivos cuando se compruebe su utilización en espacios públicos. Para recuperarlos, sus propietarios deberán presentar la factura de compra correspondiente a un comercio habilitado.

También contempla la incorporación de sanciones a la ordenanza 3596/16, con multas equivalentes a 10 litros de combustible por el uso de gomeras, hondas o resorteras, y de 40 litros para quienes utilicen rifles de aire comprimido u otros dispositivos similares.

En caso de reincidencia, las multas se duplicarían. Cuando la infracción sea cometida por una persona menor de 18 años, la responsabilidad económica recaería sobre el adulto responsable.

Otro de los artículos establece un período de difusión de tres meses desde la promulgación de la ordenanza. Durante ese plazo no se aplicarían sanciones, aunque se advertiría a los infractores sobre la nueva normativa.

Rozas aclaró que la intención no es impulsar una medida exclusivamente punitiva ni recaudatoria, sino promover la responsabilidad de los adultos y modificar determinadas conductas.

“Entendemos que es un cambio cultural que tenemos que hacer entre todos”, expresó.

También manifestó su conformidad con el pase a comisiones, al considerar que permitirá introducir modificaciones y mejorar el proyecto antes de su eventual aprobación.

Acompañamiento de los otros bloques

La concejala Rosana Cabarcos, de La Libertad Avanza, acompañó el pase a comisiones y destacó que la propuesta apunta a mejorar la seguridad y el bienestar de la población.

Reconoció que en Dorrego existe la costumbre de que muchos chicos salgan a cazar pájaros y coincidió en que la implementación de una normativa de estas características representaría un cambio importante.

“Creo que entre todos los bloques, trabajando en conjunto, puede salir una ordenanza muy interesante”, sostuvo.

Por su parte, Mercedes Gagna (Fuerza Patria) también expresó el acompañamiento de su bloque al espíritu de la iniciativa, aunque planteó la necesidad de profundizar el análisis de algunos aspectos legislativos para evitar errores en su aplicación.

La edil coincidió en que existen prácticas socialmente aceptadas durante mucho tiempo cuyos riesgos no siempre fueron debidamente considerados.

“Hay cuestiones de usos y costumbres que antes nos parecían que era lo normal y por ahí no dimensionamos la peligrosidad que eso conlleva”, señaló. (con información de La Dorrego)

El juez Eugenio Casas dictó el veredicto absolutorio en favor de Sergio Esteban Castillo Sánchez, de 37 años; su hermano, Horacio Noel Castillo Sánchez (49) y Agustín Andrés Vidal Bastías (38), quienes habían sido acusados de intentar sustraer cables el 17 de marzo de 2024, en un tendido eléctrico entre Bahía Blanca y Tornquist.

Durante la investigación se analizaron registros telefónicos, mensajes de WhatsApp e informes médicos que confirmaron que Sergio Castillo había ingresado al hospital Penna con quemaduras por electrocución. Las conversaciones entre los involucrados también contenían referencias a un supuesto intento de robo y al accidente sufrido por uno de ellos.

Sin embargo, Casas entendió que esos elementos no alcanzaron para acreditar su autoría en el hecho, al menos con el grado de certeza necesario para una condena.

El informe de EDES confirmó que aquella noche se produjo una interrupción del suministro eléctrico que se restableció automáticamente a los 40 segundos, pero no permitió determinar el lugar exacto de la falla ni establecer que hubiera sido provocada por personas.

El juez destacó que ese tipo de desconexiones también puede originarse por causas naturales, como el contacto de ramas o aves con los cables.

La fiscalía -por el delito de intento de robo agravado por su comisión en despoblado y en banda- había solicitado penas de 6 años de prisión para Sergio Castillo, 5 para su hermano y 4 para Vidal, aunque el pedido no prosperó.

Insuficiencia de pruebas

El juez, ante lo que consideró una insuficiencia probatoria, adhirió a la postura del abogado Valentín Fernández, defensor particular de los imputados, y resolvió absolver a los tres acusados.

"Tenemos sí demostradas las lesiones sufridas por Sergio Castillo que estarían vinculadas a un evento de electrocución. Los diálogos observados en el celular, que darían cuenta de un intento de robo de cables y el incidente de electrocución posiblemente padecido por Castillo. Pero esta información, solamente apuntalada con lo que surge del posicionamiento de los teléfonos celulares en las antenas de las empresas telefónicas, resultan insuficientes para tener por probado el hecho imputado", expresó Casas en el fallo.

Y destacó que uno de los investigadores, en su testimonio, reconoció que "podría haber pasado que estas personas hubiesen ido efectivamente hacia el sector correspondiente a algún tramo de esta línea, se hubiesen encontrado en el lugar con otra de las 'bandas' que se dedicaban a este tipo de hechos y se hubiesen dirigido hacia otro sector, otra línea u otro lugar donde existe electricidad (y los posibles sitios son varios), en la cual pudieron haber intentado la maniobra que derivó en las lesiones de Sergio Castillo", agregó.

Se trata de Hugo Gabriel Basualdo, a quien, según informó la Superintendencia Región Sur de la Policía, lo habían arrestado el pasado domingo por última vez, pero ayer recuperó la libertad, tras ser puesto a disposición de la UFIJ Nº 15.

Esa aprehensión sería la segunda en menos de un mes, porque a fines de septiembre había caído por otro delito contra la propiedad.

El hecho del domingo sucedió en Villarino y Teniente Farías, donde el acusado, al parecer, sustrajo elementos de un auto estacionado, tras romper una ventanilla.

El dueño del vehículo descubrió el robo en progreso y trató de capturar a Basualdo, quien fugó en una moto pero chocó contra un auto estacionado y fue reducido por civiles, hasta la llegada del primer patrullero.

Aprehenden a un motochorro con amplio prontuario delictivo en el macrocentro bahiense

Si bien en principio fue imputado de tentativa de robo y daño, en la víspera recuperó la libertad.

Basualdo es el mismo que el 29 de septiembre último fue arrestado por el Comando de Patrullas en Roca y Ricchieri, tras indicaciones del Centro Único de Monitoreo (CeUM). 

En ese caso se habría podido reconstruir que, poco antes, había robado pertenencias de un auto estacionado en Holdich al 800.

Junto con él, como presunto cómplice, cayó un menor de 17 años que tenía en su poder un bolso con una pistola Bersa 9mm (sustraída días antes del interior del auto de un policía, en Viamonte al 1.800), 61 envoltorios de cocaína y 420.000 pesos.

Dos días después de ese delito Basualdo fue liberado, pese a que, según la Policía, tendría vinculación con otros dos robos mediante la misma modalidad (vehículos estacionados en la vía pública), con intervención de la UFIJ Nº 7.

El fallo del juez del Tribunal en lo Criminal Nº 2, Eugenio Casas, resuelto en un debate abreviado, recayó en Leandro Fabián Pérez.

Para el magistrado quedó probado que el 23 de julio pasado, cuando efectivos de la comisaría Quinta se aprestaban a allanar un inmueble ubicado en Ricchieri al 500, el acusado fue sorprendido con 26 envoltorios de cocaína que arrojaron un pesaje de 15 gramos.

Al momento de ser arrestado también tenía en su cintura un revólver calibre 32 largo, con 6 municiones, y en uno de los bolsillo de la campera un arma calibre 38, que presentaba la numeración suprimida y 5 proyectiles.

El procedimiento, ordenado por el juez de Garantías Nº 2, Guillermo Mércuri, estaba vinculado a una causa por la presunta comercialización de estupefacientes al menudeo.

Los uniformados sostuvieron que al momento de realizar la requisa observaron a Pérez caminando de un lado al otro de la vereda del domicilio.

Agregaron además que al advertir la presencia policial intentó retirarse, aunque rápidamente fue interceptado y reducido.

En su poder incautaron la droga, las armas, dinero en efectivo (algo más de 20 mil pesos) y dos teléfonos celulares.

Por todo ello, el individuo fue sentenciado por los delitos de tenencia de estupefacientes, portación de arma de fuego de guerra y de uso civil sin autorización legal.

Se trata de un joven de 17 años que no fue identificado por razones legales, a quien se le imputó el delito de tenencia ilegal de arma de fuego e infracción al artículo 289 del Código Penal.

El procedimiento se dio sobre la 1, en la esquina de Fournier y Francisco Abel.

Cuando los uniformados identificaron al joven detectaron que, entre sus prendas de vestir (guardada en su pantalón) llevaba un revólver calibre 22 corto, marca Italo Gra, con varios proyectiles intactos y una vaina servida cargados en su tambor.

Los peritos, una vez trasladado el menor a la seccional (luego fue entregado a su padre), descubrieron que el arma era apta para el disparo.

La causa tramita ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 3 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Bahía Blanca.

Efectivos policiales pringlenses allanaron ayer una vivienda donde aprehendieron al sospechoso Horacio Ariel Cerdán, de 25 años de edad.

Cerdán al parecer es empleado de un campo cercano al lugar donde se consumó el robo de hacienda.

En el inmueble registrado los uniformados secuestraron dos cueros de oveja recién faenados, numerosos cortes de carne ovina recién despostada, la ropa que el cuatrero habría usado durante el hecho y el teléfono celular de Cerdán.

Los cortes cárnicos estaban en una heladera y también colgados en un galpón y en una planta, oreándose.

Según se informó oficialmente, el viernes un productor agropecuario de esa zona denunció haber visto a un individuo sustraer corderos del interior de su campo.

Posteriormente los investigadores del caso establecieron que el autor del hecho sería empleado de un establecimiento vecino, y la justicia de Garantías de Bahía Blanca ordenó el allanamiento.

Al joven se lo acusa de abigeato, por eso la causa está a cargo del equipo de delitos rurales de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 20 bahiense.