Durante un allanamiento llevado a cabo en Río Atuel al 2900, los efectivos se llevaron nuevamente detenido a Marcos Andrés Amorena, de 34 años.

En el procedimiento, además, se secuestraron soportes metálicos, bases de radiadores con cañerías de cobre ya seccionadas, presumiblemente para su posterior reducción y comercialización clandestina, y diversas herramientas de fuerza.

Está vinculado, al menos, a dos episodios delictivos ocurridos a principios de mes que incluyen la sustracción de radiadores de camiones y maquinaria agrícola.

El operativo conjunto estuvo a cargo de efectivos del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la comisaría séptima, con colaboración del GTO de la comisaría quinta y personal de la subcomisaría de General Daniel Cerri,

Quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 07 del Departamento Judicial Bahía Blanca, imputado formalmente por el delito de "robo". 

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 18 en una vivienda ubicada en calle Provincias Unidas al 900, en el barrio Rosendo López, donde se procedió a la aprehensión de Mariano Monsalvo, de 42 años, por su presunta vinculación con el hecho investigado.

El operativo estuvo a cargo del Grupo Técnico Operativo (GTO), con apoyo de efectivos de la Policía Local Motorizada.

Según se informó hubo tareas investigativas que incluyeron el análisis de registros fílmicos y la recopilación de pruebas documentales.

La causa se inició a partir de una denuncia radicada el pasado lunes12 de este mes por un hurto que tuvo como víctima al propietario de un comercio del rubro ferretería, ubicado en el barrio Anchorena.

Interviene la UFIJ Nº 7 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

El proyecto fue impulsado por el Frente Renovador y promovido por el diputado provincial Carlos Puglelli, titular de la comisión. El despacho reúne cinco iniciativas presentadas por legisladores de distintos espacios y obtuvo el acompañamiento de La Libertad Avanza, el PRO, Unión y Libertad, Nuevos Aires y el diputado Juan José Esper, entre otros.

El avance se produjo, sin embargo, con una particularidad política: dentro del oficialismo bonaerense, el proyecto no contó con el respaldo del sector que responde al gobernador Axel Kicillof, así como tampoco acompañó La Cámpora. El tema vuelve así a mostrar diferencias en el peronismo.

La iniciativa propone modificar la Ley 13.482 para incorporar dispositivos electrónicos que producen descargas mediante proyectiles y generan efectos temporales en el organismo, sin provocar la pérdida de conocimiento. El texto también prohíbe los dispositivos eléctricos de contacto directo cuyo objetivo o efecto principal sea causar dolor mediante descargas.

Leé también: El PRO condiciona un acuerdo electoral con Milei a una mayor articulación legislativa: “No puede ser solo para acompañar”

El objetivo es incorporar una herramienta intermedia entre la persuasión verbal, las técnicas de reducción física y el uso de armas de fuego. De todos modos, la habilitación no supone un permiso irrestricto: el proyecto establece que estos dispositivos deberán utilizarse bajo criterios de legalidad, necesidad, razonabilidad, progresividad y proporcionalidad.

La utilización quedará limitada a situaciones en las que los medios no violentos resulten insuficientes y exista un peligro real, actual e inminente para la integridad física del policía, de terceras personas o de la persona involucrada en el procedimiento, con las excepciones previstas para situaciones de urgencia.

Capacitación obligatoria y controles para los efectivos

Otro de los puntos centrales es la formación que deberán recibir los policías antes de poder portar estos dispositivos. El proyecto contempla capacitación específica, obligatoria y continua, con evaluaciones técnicas y psicofísicas para el personal habilitado.

El programa incluirá el manejo de las armas, sus efectos y riesgos sobre el cuerpo humano, los protocolos de actuación, las técnicas de desescalada, los principios de uso gradual de la fuerza y los primeros auxilios.

Además, el texto prevé mecanismos de registro y trazabilidad de cada intervención, junto con la asignación individual de los dispositivos. La intención es que el uso de estas herramientas quede sujeto a controles y procedimientos definidos.

La discusión por las Taser lleva varios años en la provincia. Durante su gestión como ministro de Seguridad, Sergio Berni había impulsado la compra de estos dispositivos, aunque no llegaron a incorporarse de manera efectiva a la portación policial. En sentido contrario, sectores del peronismo también promovieron iniciativas para prohibir las armas de descarga eléctrica.

El proyecto del Frente Renovador forma parte de una agenda de seguridad que Sergio Massa busca impulsar a través de sus legisladores bonaerenses, con propuestas vinculadas a problemas concretos de gestión y con impacto en los municipios.

Con el dictamen aprobado, la iniciativa quedó en condiciones de avanzar en el trámite legislativo. El próximo paso será su tratamiento en el recinto de la Cámara de Diputados bonaerense, donde deberá reunir los votos necesarios para convertirse en ley. (TN)

El fallo fue dictado por mayoría de opiniones, ya que los jueces Diego Barroetaveña y Javier Carbajo votaron en ese sentido, mientras que su colega Gustavo Hornos entendía que la decisión de la Cámara bahiense no era recurrible porque no se trataba de una sentencia definitiva.

La medida benefició a distintos referentes de firmas como PBB Polisur, Solvay Indupa, Profertil, Compañía Mega, Petrobrás Energía, Transportadora de Gas del Sur, Cargill y Oiltanking Ebytem.

También figuran exfuncionarios como Eduardo Conghos, entonces subsecretario de Gestión Ambiental del municipio; José Manuel Molina, director ejecutivo del Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable y autoridades del Consorcio de Gestión del Puerto.

Barroetaveña y Carbajo entendieron que le asistía razón a las defensas cuando plantearon que la decisión de la Cámara Federal bahiense -de revocar el sobreseimiento que había dictado el juzgado federal de primera instancia- era arbitraria.

Casación opinó que en ese fallo existía una "autocontradicción insalvable".

Por un lado se reconocía ausencia de pruebas incriminantes y que las empresas operaban dentro de los parámetros legales permitidos pero, por otro, se ordenó revocar los sobreseimientos y continuar la investigación.

La Justicia entendió además que, a más de 14 años de tramitación de la causa, no se logró probar el nexo causal entre la actividad industrial de las firmas involucradas y los signos de contaminación detectados en el estuario.

Los magistrados subrayaron que el ordenamiento procesal penal faculta el dictado del sobreseimiento aún cuando no se haya tomado declaración indagatoria previa, toda vez que la persona señalada como partícipe de un hecho ilícito tiene derecho a un pronunciamiento definitivo que ponga fin a su estado de incertidumbre.

El debate al cual deben a someter a la exfiscal penal y exdiputada provincial debía iniciarse esta semana pero fue postergado por razones de salud de la defensa.

Ahora la jueza reprogramó las audiencias para los días 12, 13, 14, 15 y 16 de abril venideros.

La acusación sostiene que Corrado llevó a cabo maniobras estafatorias para desapoderar de la herencia sucesoria de su excuñado, Adolfo José Luis Herro -asesinado en Cariló el 25 de julio de 2005-, afectando los derechos de su hijo y único heredero universal, Maximiliano Antonio Rodríguez Labastía.

De acuerdo con la causa, un grupo de familiares y conocidos ejecutó diversas acciones para vaciar el acervo sucesorio e impedir que el heredero accediera a los bienes que le correspondían.

En octubre de 2022, seis integrantes de ese entorno familiar y social ya habían sido juzgados y absueltos por el titular del Juzgado Correccional Nº 1, Gabriel Giuliani, aunque ese fallo fue recurrido y se encuentra pendiente de resolución definitiva.

"A partir de septiembre del año pasado la gente no pudo realizar más extracciones presenciales. Hay quienes tienen ahorros de muchos años y otras personas que vendieron propiedades y depositaron allí su dinero", sostuvo Noelia Cruz en declaraciones al programa Panorama de LU2.

Días atrás la policía allanó una vivienda ubicada en Avellaneda al 500, donde reside Alberto Alfonsi, titular de la financiera, y las oficinas de Humberto al 500.

Durante los registros, se secuestraron diversos elementos que serán analizados para esclarecer lo sucedido.

"Estoy en un grupo en el que somos casi 200 personas, pero hay damnificados distribuidos por todos lados".

Agregó que "hace 15 días fuimos a reclamarle a la casa, salió y nos dijo que estaba enfermo y no podía asistir a la financiera. Mencionó que a los pocos días iba a estar en las oficinas, pero cuando concurrimos nos encontramos con un cartel de que estaba cerrado porque no había sistema".

"hace casi un mes que no abren. Están las oficinas cerradas y no hay personal ni vigilancia. No hay movimiento", detalló.

Fuentes del Ministerio Público indicaron que hasta el momento se recibieron denuncias de casi 50 damnificados, perjudicados por montos totales de casi 200 mil dólares y cerca de 450 millones de pesos.

"Creemos que no hay voluntad de devolver el dinero. Hace un año que nos viene diciendo que hoy, que mañana, que la semana que viene, pero no se resuelve nada. Si bien él está inhibido de vender sus propiedades, no hay respuesta hasta el momento. Es mucho el dinero invertido allí", finalizó.

Al reconocido adiestrador le imputan el delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por haber sido cometido por el encargado de la educación o la guarda de la víctima, una exjugadora de Monte Hermoso, cuando el sospechoso era entrenador en esa ciudad, hace más de una década.

Asensio fue detenido a mediados de septiembre en Mar del Plata (en ese momento era entrenador en el club Sporting de esa ciudad).

En principio se lo vinculó con dos o tres abusos sexuales a jugadoras menores de hockey en Monte Hermoso, aunque finalmente solo una de las supuestas víctimas lo denunciaron y las otras desistieron de hacerlo, aunque prestaron testimonio.

La detención se produjo en la vivienda del exfuncionario montehermoseño en Mar del Plata, en el bosque Peralta Ramos.

Hoy está alojado en la cárcel de Villa Floresta y en principio continuará en ese lugar, aunque resta que la jueza Promé resuelva un pedido de arresto domiciliario por parte de la defensa de Asensio, representada por el abogado Maximiliano De Mira.

El desgraciado suceso se produjo en una vivienda de Santa María al 600 y cuando llegó personal de la comisaría Primera al lugar, alertado por un llamado al 911, confirmó la mecánica del hecho.

Se estableció que el hombre, de 31 años, ingresaba su Fiat, de color blanco, a la cochera del domicilio y que, en esas circunstancias, no advirtió la presencia de la pequeña, que aparentemente gateaba en el lugar.

"La casa tiene una cochera en subida y, cuando llega el papá para ingresar el auto, la beba aparentemente estaba al cuidado de una hermana suya de 11 años", comentó una fuente de la investigación.

La niña fue trasladada de urgencia por medios particulares a un hospital, donde se constató su fallecimiento.

Al lugar concurrieron peritos de la Policía Científica, bajo la dirección de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 1, a cargo del fiscal Cristian Aguilar.

El hecho que se investiga fue encuadrado como homicidio culposo.

Se lo identificó como Marcos Andrés Amorena, quien fue capturado por personal del Comando de Patrullas, la comisaría Quinta y la subcomisaría de General Daniel Cerri.

El procedimiento se registró alrededor de las 7.30, cuando se descubrió al acusado en un inmueble de Líbano al 5.800, luego de que un transeúnte advirtiera la presencia del presunto ladrón y diera aviso al 911.

Al arribar al lugar, los efectivos policiales localizaron a Amorena en el interior de la vivienda, donde se encontraba con diversas herramientas utilizadas para tareas de desarme, procediendo a su inmediata aprehensión.

A partir de las tareas investigativas y del análisis de distintas cámaras, el hombre está siendo investigado como supuesto autor de diversos hechos contra la propiedad cometidos bajo una modalidad similar.

"Es una investigación de hace dos semanas a la fecha, sobre uno o dos individuos que venían robando radiadores, con foco en maquinarias en desuso, camiones o tractores", comentó un investigador. 

En ese sentido, las prendas de vestir que llevaba colocadas al momento de su aprehensión coincidían con las observadas en las filmaciones incorporadas a las causas. 

También se procedió al secuestro de una motocicleta Guerrero Trip 110, de color rojo, rodado que habría sido utilizado como medio de transporte en otros hechos delictivos investigados en jurisdicción de las comisarías Quinta y Séptima.

De esta manera, el procedimiento permitió avanzar en la investigación de una serie de delitos contra la propiedad registrados en distintos sectores de Bahía Blanca, cuya presunta vinculación con el aprehendido continúa siendo materia de investigación.

Se trata de Luciano Alfredo Canevari, de 32 años, y Matías Sebastián Canevari (18), quienes fueron aprehendidos por amenazas agravadas y tenencia de armas de fuego, luego de que la policía secuestrara una pistola calibre 22 y más de 100 municiones.

En tanto, Esteban Durán Polanco, de 33 años, y Maximiliano Silveri (36), fueron detenidos porque registraban requerimientos judiciales pendientes.

El procedimiento se desarrolló entre las 18 y las 20, con la participación de efectivos del Gabinete Investigativo de la Comisaría Primera, el Escuadrón de Caballería y personal de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI).

El procedimiento que derivó en el secuestro del arma tuvo lugar en Undiano al 300, luego de un llamado al servicio de emergencias 911.

Según informaron fuentes policiales, los hermanos Canevari habrían intentado agredir momentos a una persona de 34 años, en el marco de un conflicto por problemas personales.

Allí se secuestró una pistola automática calibre 22 y más de 100 municiones que estaban en poder de los sospechosos.

Interviene la UFIJ N° 15 del DJBB.

Asimismo, en el mismo operativo se detuvo a Esteban Durán Polanco, quien registraba una captura activa por una causa por robo, además de  Maximiliano Silveri, sobre quien pesaba un requerimiento judicial por infracciones a los artículos 72 y 74 de la Ley 8031.

Ambos pedidos correspondían al Departamento Judicial Bahía Blanca.

En horas de la noche del lunes, la jueza María Mercedes Rico, subrogante del Juzgado en lo Correccional Nº 2, tomó la medida ya que el abogado defensor de la exlegisladora, Martín De Prada, había presentado un certificado debido a un problema de salud y no había podido presentarse a la audiencia.

Por esta razón, la primera jornada del juicio había debido suspenderse en la mañana del lunes.

En los próximos días la magistrada fijará una nueva fecha de debate.

“No hay delito”

En la mañana del lunes, Corrado había dicho encontrarse tranquila porque "no hay delito".

"Este juicio ya fue resuelto, no entendí muy bien por qué se lleva a cabo. La causa principal se resolvió oportunamente con la absolución de los acusados, porque no hay delito. Aquel jovenzuelo que reclamaba la indemnización debe ser abuelo", ironizó. 

"Él (por Maximiliano Rodríguez Labastía) tiene su derecho de reclamar. Son cosas que han pasado. Una cosa es lo que puede plantear y otra cosa es que un juez nos dé la razón. Acá hubo varios imparciales, porque la Cámara también consideró que no había delito. No alcanzo a entender mucho la insistencia, pero estoy a derecho", dijo.

Corrado aclaró que no solo el abogado De Prada presentó un certificado de salud sino que ella también tendría que estar en reposo por haber sufrido una fractura por estrés en uno de sus talones.

"Esto sucedió en julio de 2005, más de 21 años… ¿Qué cabeza puede aguantar psíquicamente un acoso, una persecución, un capricho? Yo no me siento ni víctima ni me hago la víctima, pero hay que aguantar...", dijo.

El hecho ocurrió alrededor de las 16.30 en un local ubicado en 12 de Octubre al 500, donde esta persona ingresó provocado daños en distintas estatuas de cerámica que se encontraban en el interior.

Tras el episodio, salió a la calle y, en aparente estado de ebriedad, comenzó a ocasionar disturbios y alterar el orden público, lo que motivó la intervención de efectivos del Comando de Patrullas.

Los uniformados procedieron a reducirlo y aprehenderlo, para luego dar intervención a las autoridades judiciales correspondientes.

Interviene la Comisaría Segunda y la UFIJ N° 15 del DJBB, juntamente con el Juzgado Correccional en turno.

La causa fue caratulada como daño e infracción a los artículos 72 y 74 del Decreto-Ley 8031/73.

El procedimiento se registró alrededor de las 13.40, en una vivienda ubicada en Fortín Vanguardia al 600, del barrio Villa Caracol, donde efectivos del Comando de Patrullas acudieron tras recibir un aviso por un conflicto entre integrantes de una misma familia.

Al llegar al lugar, los uniformados identificaron a González Estefanía Ayelén, de 20 años, y Francisco María Belén, de 26, quienes momentos antes habían mantenido una discusión verbal en el interior del domicilio.

​​​​​​

Mientras el personal policial intentaba mediar para restablecer la calma, ambas mujeres comenzaron a agredirse físicamente mediante golpes de puño. Ante esta situación, los efectivos intervinieron para separarlas y controlar el conflicto.

Intervino personal de la Comisaría Quinta y la UFIJ N° 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

Se trata de Lucas Macchi, de 37 años, y de Maximiliano Modinger, de 19.

Según se indicó, el procedimiento se inició alrededor de las 9.45, luego de que desde el Centro Único de Monitoreo advirtieran la presencia de dos hombres que intentaban abrir vehículos estacionados en el sector de Pampa Central y Maldonado.

A partir de esta información, efectivos del Comando de Patrullas interceptaron a los sospechosos en Chaco y Maldonado, luego de que fueran observados saliendo de una camioneta Fiat Fiorino.

Al momento de la identificación, ambos tenían en su poder ropas deportivas y alimentos, elementos que fueron reconocidos por el propietario del vehículo como de su pertenencia.

Asimismo, se procedió al secuestro de un teléfono celular Motorola G04S de color azul, con funda transparente, cuya procedencia no pudo ser acreditada inicialmente por los aprehendidos.

Posteriormente se logró establecer que el teléfono había sido sustraído alrededor de las 8.30 del interior de un camión de reparto estacionado en inmediaciones del Hospital Penna.

En ese mismo hecho también habían sido sustraídos un par de guantes negros marca Vértigo, los cuales se encontraban entre los elementos que tenían en su poder los aprehendidos.

Los aprehendidos fueron trasladados a la Comisaría Quinta y quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 15. La carátula es hurtos reiterados.

Los procedimientos se realizaron en avenida Colón al 100 de Punta Alta y en el “Comando Anfibios” de la Base Naval de Puerto Belgrano, ubicado en las calles internas de esa Base Naval.

El expediente se inició tras la denuncia radicada por familiares de una menor de edad, quienes alertaron sobre el envio del material de fotos íntimas que la menor se había tomado y la recepción de amenazas y exigencias -mediante perfiles falsos en redes sociales- para coaccionar a la víctima con el fin de que le enviara a esa persona más fotos íntimas.

A raíz de las tareas investigativas desplegadas por personal de Cibercrimen, se recolectaron elementos probatorios -incluyendo análisis de direcciones IP, registros de líneas telefónicas e impactos de antenas- que permitieron vincular de forma presunta al investigado, quien había sido pareja de la madre, con la creación y administración de los perfiles utilizados para perpetrar los hechos.

Para evitar la pérdida de evidencia digital se ordenaron los allanamientos que terminaron con el secuestro de un teléfono celular y el disco rígido de una computadora. Estos elementos tecnológicos serán peritados en busca de mayores elementos de interés para la causa.

El cuerpo de enjuiciamiento también ordenó el decomiso de un automóvil BMW que el acusado utilizaba para consumar la actividad ilícita.

En marzo de 2017 el tribunal había condenado a Larriaga a 12 años de prisión, pero en octubre de 2018 la Cámara Federal de Casación Penal anuló lo resuelto sobre esa pena y el decomiso de cuatro vehículos, así como dispuso el dictado de un nuevo fallo.

La jueza Ángela Ledesma, de la Sala II de Casación, advirtió "un déficit en la fundamentación de la pena" y respecto de los rodados señaló que los jueces bahienses "no entablaron ninguna vinculación entre los bienes secuestrados y los sucesos ilícitos investigados".

Lo que quedó firme es la responsabilidad penal de Larriaga; sólo se reabrió la discusión sobre el monto de pena y qué hacer con los bienes incautados en el marco de la investigación.

Larriaga fue condenado como autor penalmente responsable del delito de comercialización de estupefacientes agravada por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo.

En la audiencia celebrada el lunes 5 de este mes, la auxiliar fiscal María Kairuz pidió 10 años de prisión para Larriaga, la mitad de lo que había reclamado en el primer juicio.

La escala penal para este delito es de entre 6 y 20 años de prisión.

Los jueces del tribunal bahiense que el martes pasado emitieron el nuevo fallo (Sebastián Foglia, Ernesto Sebastián y Roberto Minguillón), argumentaron que este último pedido de la fiscalía funciona como un "techo".

"El pedido de pena del Ministerio Público Fiscal, en un proceso penal acusatorio, debe resultar el límite de la respuesta estatal", sostuvieron los magistrados.

Citaron además el nuevo Código Procesal Penal Federal, que establece que los jueces "no podrán imponer una pena más grave que la solicitada por los acusadores".

La defensa, a cargo de Sebastián Martínez y Micaela Romero, había solicitado el mínimo legal.

Martínez sostuvo que ninguno de los agravantes planteados por la fiscalía estaba debidamente acreditado.

Como agravante, el tribunal de juicio valoró la cantidad de droga secuestrada en la causa.

En un allanamiento hecho en Soler 130 se incautaron 1.002 gramos de cocaína y en el BMW, ocultos bajo alfombras, aparecieron dos ladrillos de 1.014 y 1.022 gramos de la misma droga.

Según el fallo, esa magnitud impide que la pena quede en "el límite mínimo de 6 años".

Otro agravante de responsabilidad es el 'corte' de la cocaína con una sustancia antiparasitaria prohibida para consumo humano, situación que el tribunal calificó como "gravísima".

Los representantes del Poder Judicial de la Nación también tuvieron en cuenta "el rol preponderante que (Larriaga) ocupaba dentro de la organización" criminal, y la duración de los hechos, que se extendieron al menos desde el 8 de febrero de 2011 hasta el 5 de septiembre de 2014.

Por último analizaron como agravante los antecedentes del imputado, que registra condenas previas por tenencia simple y suministro oneroso de estupefacientes.

El tribunal consideró esas sanciones como "un modo de proceder notoriamente compatible con un claro desprecio por la norma".

La sentencia todavía no está firme.

Se lo identificó como Walter Nahuel Raúl "Paco" Martínez, de 38 años, cuya captura fue ordenada por el Juzgado de Garantías Nº 4, a pedido del fiscal Maurcio Del Cero, quien lo indagará mañana.

La investigación se inició el 29 de noviembre del año pasado, con un allanamiento efectuado por otra causa en el domicilio de República Argentina al 300, en donde se incautaron 8 envoltorios con cocaína, una balanza de precisión y recortes de nylon.

Martínez tenía dos condenas previas, una por violencia de género y otra por encubrimiento, por lo que se dispuso su detención, la cual fue efectivizada, en la vía pública (en la intersección de las calles Granderos y Merceditas), por personal de la Estación de Policía de Seguridad Comunal Coronel Suárez Primera.

Asimismo, en el día de la fecha se allanó su vivienda y se secuestraron 20,1 gramos de cocaína y más de 370 gramos de marihuana.

Su aprehensión, sobre las 9.45, en Catamarca al 900, por parte de personal de la comisaría Segunda, tiene relación con un robo cometido entre el viernes a la noche y la madrugada del sábado en el edificio de Blandengues 261.

Ese día, un desconocido trepó hasta el quinto piso y, luego de dañar una malla de protección del balcón, ingresó en la propiedad y sustrajo dinero en efectivo y documentación.

Se investiga a Lagos Musotto, a su vez, como autor de al menos otros 6 o 7 delitos con la misma modalidad, por ejemplo en Blandengues al 700 (piso 1), Juan Molina al 400 (piso 1), 9 de Julio al 500 (piso 4), Blandengues al 200 (piso 5), Zelarrayán al 200 (piso 3) y primera cuadra de Mendoza (piso 3).

En principio fue imputado como robo agravado por escalamiento, con intervención de la UFIJ Nº 7.

El acto de maltrato animal, conocido en las últimos días, se produjo el miércoles de la semana pasada y motivó la intervención de la UFIJ Nº 9, que, según informó, habría obtenido material probatorio en dos allanamientos.

Por un supuesto problema entre personas, la yegua tobiana colorada, conocida como "Gorda", terminó con profundos cortes en su cabeza y una fractura en su hocico -habría sido provocado por un objeto contundente-, que demandaron una urgente intervención sanitaria para sus curaciones.
 

"Hubo problemas entre dos vecinos, aparentemente se metieron en un campo a cazar y el dueño de la yegua, que es el empleado de ese campo, discutió con estas personas y al otro día encontró la yegua así", comentó una proteccionista de Dorrego que se comunicó con lanueva.com para dar a conocer el caso.

La mujer, de todas maneras, prefirió no identificarse porque, según dijo, tiene temor a represalias.

"Yo soy una persona que amo los animales y este es un pueblo chico y empezaron a hacerse viral las fotos. Es muy duro todo lo que pasó y por eso queríamos que se conociera porque el periodismo aporta muchísimo a estas causas", dijo.

El delito investigado figura bajo el encuadre de la Ley 14.346, de maltrato y actos de crueldad hacia los animales.

Los allanamientos, en la vivienda de un mayor y en la de un menor (en su caso tomó intervención la UFIJ N° 3 del fuero respectivo), dieron como resultado el secuestro de prendas con manchas de sangre, elementos de corte y teléfonos celulares que serán analizados.

Al padre del menor, en tanto, lo aprehendieron por tener en su poder un arma de fuego sin registro, aunque el hombre no tiene relación con el ataque animal.

Su declaración se dio esta mañana en el Palacio de Tribunales, minutos antes del horario del juicio, que corre riesgo de realizarse porque el defensor de la exfiscal, Martín De Prada, presentó un certificado de salud y no podría asistir a la audiencia.

La jueza María Mercedes Rico, subrogante del Juzgado en lo Correccional Nº 2, resolvió intimar al defensor de Corrado a que especifique su inconveniente de salud y cuánto tiempo lo imposibilita.

En consecuencia, la audiencia de hoy fue suspendida a la espera de los detalles y mañana se definirá si se inicia o no el debate.

"Este juicio ya fue resuelto, no entendí muy bien por qué se lleva a cabo. La causa principal se resolvió oportunamente con la absolución de los acusados, porque no hay delito. Aquel jovenzuelo que reclamaba la indemnización debe ser abuelo", ironizó Corrado. 

"Él (por Maximiliano Rodríguez Labastía) tiene su derecho de reclamar. Son cosas que han pasado. Una cosa es lo que puede plantear y otra cosa es que un juez nos dé la razón. Acá hubo varios imparciales, porque la Cámara también consideró que no había delito. No alcanzo a entender mucho la insistencia, pero estoy a derecho", dijo.

Corrado aclaró que no solo el abogado De Prada presentó un certificado de salud sino que ella también tendría que estar en reposo por haber sufrido una fractura por estrés en uno de sus talones.

"Esto sucedió en julio de 2005, más de 21 años, qué cabeza puede aguantar psíquicamente un acoso, una persecución, un capricho, yo no me siento ni víctima ni me hago la víctima, pero hay que aguantar...", dijo.

Por último, Corrado remarcó que la Justicia ya dijo que la única heredera de su excuñado fallecido era la madre del hombre.