La investigación, a cargo de la UFIJ N° 20, cuyo titular es el fiscal Rodolfo De Lucia, determinó que entre julio y el 4 de septiembre de 2023, el imputado, que entonces tenía 25 años, utilizó una cuenta de Instagram bajo el nombre falso de Ezequiel Hernández para entablar contacto con una niña de 14 años, a quien conocía previamente por desempeñarse como docente en el establecimiento educativo al que ella asistía.

A través de dicha aplicación, el condenado mantuvo diversas conversaciones con la menor con el propósito de atentar contra su integridad sexual, intentó generar un mayor vínculo, le envió mensajes de contenido sexual, le propuso un encuentro personal con fines sexuales y le solicitó imágenes de sus partes íntimas, las cuales la víctima le envió junto con las de una amiga.

La Justicia además acreditó que el 4 de septiembre de 2023 el hombre produjo imágenes con fines sexuales de la misma adolescente y de una amiga de 15 años. Aprovechándose de la relación previa, les solicitó mediante la misma red social que obtuvieran fotos sexuales y se las enviaran a cambio de la suma de 10.500 pesos, dinero que autorizó a retirar por cajero automático en dos operaciones realizadas esa misma tarde.

Como consecuencia de la modalidad de pena impuesta, la magistrada dispuso que el condenado cumpla durante el plazo de 3 años diversas reglas de conducta, entre las que se incluyen fijar residencia, someterse al cuidado del Patronato de Liberados, la prohibición absoluta de contacto y de acercamiento a menos de 100 metros de las víctimas y la realización de un tratamiento psicológico previa evaluación de su necesidad y eficacia.

La magistrada, que por ahora no definió el fondo de la cuestión, pidió informes previos al Estado antes de resolver la cautelar y el expediente avanza hacia un debate de fondo sobre el impacto tarifario en los bahienses.

La demanda había sido interpuesta de manera conjunta por el intendente municipal, Federico Susbielles (en su carácter de usuario afectado), la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores (ADDUC) y el Club Atlético Estrella, bajo el patrocinio letrado de los abogados Osvaldo Héctor Bassano y Luis Alberto Calderaro.

El núcleo del planteo radica en que la quita de los beneficios de la Zona Fría —régimen que se había incorporado a través de la Ley 27.637 en base a parámetros climáticos objetivos y técnicos— se realizó sin una justificación suficiente. 

Según advirtieron los impulsores de la acción, la medida se traduce en incrementos inmediatos de entre el 50% y el 100% en las facturas de gas para familias, comercios y entidades de bien público en una región marcada por fuertes necesidades de calefacción durante el invierno.

En su fallo, la jueza Marrón encuadró el reclamo dentro de los derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos (siguiendo la doctrina de la Corte Suprema en el célebre fallo “Halabi”). 

Delimitación

De este modo, delimitó formalmente el colectivo afectado: quedó circunscrito exclusivamente a los usuarios residenciales y entidades de bien público (amparados por la Ley 27.218) cuyos suministros se encuentren dentro de los límites territoriales del Partido de Bahía Blanca, respaldándose en las características bioambientales y la marcada estacionalidad térmica de la zona.

Si bien la presentación inicial incluía un pedido urgente de medida precautelar para frenar los efectos de la ley de inmediato y evitar cortes en el suministro por falta de pago, la magistrada adoptó un temperamento prudente enmarcado en la Ley 26.854 (reguladora de medidas cautelares contra el Estado).

En este sentido, Marrón resolvió requerir al Estado Nacional y al ENReGE el informe previo por el plazo de tres días (más la ampliación por razón de la distancia), a los fines de evaluar el interés público comprometido antes de expedirse sobre la suspensión solicitada. Asimismo, anticipó el rechazo de la medida interina (precautelar) que buscaba obviar este paso procesal, y ordenó consultar al Registro Nacional de Procesos Colectivos para verificar si existen causas idénticas en trámite.

Con este paso formal cumplido, la causa entra ahora en una etapa de debate crucial donde el Gobierno nacional deberá justificar las razones técnicas y presupuestarias de la exclusión bahiense, mientras la comunidad aguarda una definición judicial que frene el fuerte impacto tarifario en las boletas de gas.

Fue anoche, en el local conocido como Vito Corleone, ubicado en la avenida Colón 72, donde un hombre que habría sido empleado del lugar, fue a hacer el reclamo por dinero adeudado, pero todo terminó de la peor manera.

César Oscar Obregón, de 35 años, fue aprehendido por la Policía Local y el Cuerpo Motorizado, luego de que supuestamente agrediera a una mujer de 42 años (sufrió lesiones leves en un brazo) y amenazara con matar al dueño del comercio, de 45, y con prender fuego el establecimiento.

"El conflicto se habría originado a raíz de un reclamo por una presunta deuda de haberes, ya que el aprehendido habría sido empleado del comercio", confirmó una fuente policial.

La captura de Obregón, que fue puesto a disposición de la UFIJ Nº 15, se dio en la esquina de Villarino y Darregueira.

Por el hecho policías de la comisaría Cuarta bahiense aprehendieron a Juan Manuel Valenzuela (26), que está siendo investigado en relación con el delito de hurto.

El procedimiento se llevó a cabo en la casa 44 del barrio Luigi, en Punta Alta, donde los efectivos secuestraron los productos sustraídos aparentemente por Valenzuela, valuados en 1.000.000 de pesos.

Los agentes de seguridad incautaron 38 bolsas de café, 100 vasos descartables con sus correspondientes tapas, seis botellas de líquido de coco y 14 botellas de fusión pistacho.

La persona damnificada denunció lo sucedido el jueves pasado, cuando pidió un viaje a la plataforma de transporte desde Parera al 300, en Villa Mitre.

El denunciante manifestó que una vez efectuada la carga de su mercadería en el rodado, el chofer escapó del lugar con los bienes.

Personal de la sede policial villamitrense reunió testimonios "clave" y analizó imágenes de cámaras de seguridad de ese sector.

Con estos elementos probatorios, la jueza de Garantías Nº 4 bahiense, Marisa Promé, autorizó el allanamiento solicitado por la fiscal Marina Lara, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 7.

Se trata de la causa que investiga el disparo en una pierna que sufrió hace una semana el secretario general del Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento, Luis Oscar Pérez, cuando salía de su casa, en Pedro Pico al 1.500.

El descargo de la defensa expone lo que considera severas desprolijidades de la investigación penal, apuntando tanto contra el viraje de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 7, como contra el accionar de los funcionarios policiales.

Al día siguiente de la agresión, Durand -tras el análisis de distintas cámaras sobre el aspecto físico del ejecutante, la moto que ocupaba y la dirección de fuga- fue arrestado en Ingeniero White.

Exigen en Fiscalía el avance de la causa por el ataque a tiros contra un dirigente gremial

Sin embargo, poco después la fiscal Marina Lara dispuso su libertad, al considerar que no existían riesgos procesales, aunque le fijó una medida perimetral respecto de Pérez.

Pero apenas 48 horas más tarde, la misma fiscal cambió su postura -según declaró, sumó nueva prueba pericial de importancia- y agravó la calificación legal como abuso de armas en concurso ideal con portación ilegal de arma de guerra sin autorización legal y ordenó detener nuevamente al estibador portuario, medida que se concretó el domingo a la tarde.

Para el abogado Fernández, este cambio es "contradictorio" y carece de nuevos fundamentos reales.

Pericia por videollamada

Según la defensa de Durand, el agravamiento de la calificación a "arma de guerra" se basó exclusivamente en la declaración realizada el domingo, por videollamada de WhatsApp, del comisario Cristian Alberto Rasmussen, experto en balística (analizó un plomo deformado hallado en la escena del hecho), que ni siquiera se encontraba en la ciudad, ni firmó el acta.

La opinión del perito, acerca de que el fragmento podría ser de un calibre 38 o 357 (armas de guerra), "se construyó sobre imágenes de un pesaje realizado con una balanza portátil apoyada sobre el asfalto de la calzada y sobre la medición de un objeto que él mismo describe como completamente deformado".

"Ese acto no es una pericia, ni puede suplirla", expresó el letrado en el escrito, para remarcar que el arma utilizada hasta ahora no se secuestró.

También dijo la defensa que no hay elementos de prueba para sindicar a Durand como autor del hecho.

Argumentó que la propia víctima en su indagatoria dijo que, si bien trabaja como estibador en el puerto, no conoce a Pérez y que aquella mañana, a la hora del disparo (poco antes de las 9), estaba en su casa junto a su hijo.

Además marcó que las descripciones físicas del agresor, aportadas por el gremialista, variaron drásticamente en sus tres declaraciones y que la figura del atacante no coincide con la contextura de un hombre de 50 años.

Durand, en su indagatoria, aseguró que cuando lo llevaron a la comisaría le quitaron el pantalón y luego se lo devolvieron roto a la altura de la rodilla, que lo obligaron a vestirse con una campera gris para fotografiarlo y que habrían secuestrado prendas de vestir de su casa antes del allanamiento judicial.

Sin riesgo procesal

El abogado, por otra parte, le aseguró a la jueza Marisa Promé que no existen riesgos procesales para mantener en libertad durante el proceso a Durand, porque no tiene antecedentes y durante las 48 horas que pasaron desde la primera aprehensión a la segunda, no se alejó de los lugares que frecuenta.

También dijo que tiene arraigo familiar, domicilio fijo en Ingeniero White y trabajo estable.

Fernández pidió que se declare su libertad bajo caución juratoria y, a modo subsidiario, ofreció una restricción de acercamiento absoluta a la víctima, a su hogar y a la sede del sindicato.

Durante el procedimiento, los efectivos policiales secuestraron dosis de cocaína, teléfonos celulares y dinero en efectivo, elementos que quedaron incorporados a la investigación judicial.

Como consecuencia del operativo, se procedió a la aprehensión de una mujer, identificada como Yanira de los Ángeles Armans, quien en las próximas horas será indagada en la fiscalía interviniente.

La causa continúa bajo la órbita de la Justicia, que buscará determinar las circunstancias y posibles responsabilidades vinculadas a la actividad investigada.

Interviene el Juzgado de Garantías Nº 3 y la UFIJ Nº 19.

El procedimiento tuvo su origen a partir de una intervención de emergencia realizada el 1 de julio pasado, en un inmueble ubicado en la calle 1810 al 300 de Bahía Blanca.

En el lugar, personal policial constató la existencia de un cultivo de cannabis bajo entorno controlado que arrojó un total de 18 plantas con un pesaje global de 4.300 gramos.

Tras la constatación de la sustancia ilícita por parte de los efectivos, la fiscalía temática (UFIJ Nº 19) requirió las medidas cautelares correspondientes. Asimismo, el Juzgado de Garantías Nº 2 ratificó el secuestro de los elementos dispuesto en el acta de inicio.

El pasado 3 de julio, el juez actuante ordenó formalmente la detención de Notti Araneda por su presunta autoría en el delito de tenencia simple de estupefacientes.

Tras mantenerse prófugo, la medida fue efectivizada por personal de la DDI en las últimas horas y está previsto que hoy se le reciba declaración en los términos del artículo 308 del Código Procesal Penal.

El paciente tiene heridas en el brazo izquierdo, en la zona del omóplato izquierdo y en la región sacra izquierda, en la parte baja de la espalda.

A raíz de los puntazos, el joven también resultó con un neumotórax, es decir aire acumulado en el espacio pleural (hueco entre el pulmón y la pared del tórax) que dificulta su respiración.

Apenas Silva ingresó en el servicio de emergencias, poco antes de las 18 de ayer, el equipo médico inició la reanimación hemodinámica y suturó las heridas cortantes en el sector de Cirugía.

El ataque se produjo en inmediaciones de Pacífico y Patricios, durante una discusión familiar.

Según la Policía y los testimonios recogidos en el lugar, el agresor sería su primo, Facundo Axel Silva (19), quien huyó en una moto.

Horas después fue aprehendido en Holdich al 1800, donde efectivos policiales secuestraron un par de zapatillas con aparentes manchas de sangre.

Además incautaron un arma blanca que habría sido utilizada durante el hecho y que descartaron en el lugar de la pelea.

Las primeras averiguaciones indican que el enfrentamiento se habría originado por problemas personales entre ambos adolescentes.

El intento de asesinato está siendo investigado por el fiscal de homicidios, Jorge Viego, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 5 bahiense.

La aprehendida fue identificada como Leonel Beatriz Carrasco, quien se había presentado alrededor de las 19:30 en un inmueble ubicado en Fragata Sarmiento al 7100, del barrio Portal del Este, con la intención de buscar a su hija de 17 años, que se encontraba en el domicilio de un familiar.

Carrasco, según detalla el informe policial, habría ingresado a la propiedad sin el consentimiento de la ocupante, una mujer de 35 años, y ocasionado daños en la puerta de entrada.

Ante esta situación, efectivos del Comando de Patrullas de Bahía Blanca acudieron al lugar y, tras constatar las circunstancias denunciadas, procedieron a su aprehensión.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría Tercera e interviene la UFIJ Nº 15 del DJBB.

La causa fue caratulada como daño y violación de domicilio.

El joven fue atacado con un arma blanca durante una discusión con su primo y, según el informe de la policía, personal del Comando de Patrullas acudió al lugar tras recibir un llamado que alertaba sobre una confrontación entre familiares. Al arribar encontraron a Agustín Silva, de 19 años, con tres heridas de arma blanca en el brazo y el torso, además de una importante pérdida de sangre.

De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, el presunto autor del ataque sería su primo, Facundo Axel Silva, también de 19 años, quien habría escapado en una motocicleta luego de la agresión.

Tras un operativo policial, el sospechoso fue localizado y aprehendido en Holdich al 1800. Durante el procedimiento, se secuestraron un par de zapatillas que presentaban aparentes manchas hemáticas. También incautaron un arma blanca que habría sido descartada en el lugar del enfrentamiento.

En tanto, la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Municipal, donde debió ser intervenida quirúrgicamente debido a la gravedad de las lesiones. Al momento de las actuaciones, permanecía internada bajo atención médica.

Las primeras averiguaciones indican que la pelea se habría originado por problemas de índole personal entre ambos familiares.

El aprehendido quedó alojado en una dependencia policial e interviene la UFIJ N° 5.

Pérez, secretario general del Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento local, expresó su indignación al enterarse de que el viernes Luciano Oscar Durand, imputado de dispararle y herirlo, había sido liberado por falta de pruebas.

"Llamó mucho la atención porque yo estuve en mi casa encerrado bajo cuatro llaves y este individuo (por Durand) en la casa tomando mate. Me parece que la justicia está fallando ahí", se quejó la víctima.

El dirigente gremial indicó que la Policía había recolectado elementos de prueba clave luego del ataque.

"Sentí bronca porque la Policía vino a mi casa y me dijo 'quédese tranquilo; ya lo encontramos y lo agarramos'. Las cámaras de mi domicilio lo enfocaron y las cámaras de la ciudad lo siguieron hasta la puerta de la casa. La moto la tiró al piso cuando me baleó, dejó pedazos de la moto y la Policía los recogió", declaró el baleado en una rodilla.

Pérez cuestionó con dureza el argumento de la fiscal de la causa, Marina Lara, para liberar inicialmente a Durand.

"La fiscal lo liberó por falta de evidencia. ¿Qué quería, que me matara para que hubiera evidencia?. Me parece que en este caso la Justicia se equivocó", opinó.

Durante su presencia en Fiscalía, Pérez comparó el trato recibido por los dirigentes gremiales con la impunidad inicial de su agresor.

"Parece que nos están persiguiendo a los gremialistas y nos están baleando. Lo que hicieron no tiene punto de comparación porque yo estaba declarando en fiscalía cuando este hombre estaba suelto. Y a un compañero de Empleados de Comercio (por Claudio Montiel), porque llegó con un cono, lo metieron un mes en la cárcel".

Frente a esta aparente disparidad de criterios, el dirigente sintetizó: "En Bahía Blanca, la Justicia está trabajando mal", sostuvo Pérez.

Raúl Oviedo, secretario general de la delegación bahiense de la Confederación General del Trabajo (CGT), aclaró que el reclamo de hoy apuntó al desempeño de los funcionarios a cargo de la causa.

"No vamos a cuestionar a la Justicia porque estamos bajo sus órdenes, pero cuestionamos el accionar de quienes deben impartir Justicia porque evidentemente es una cuestión de ideología o de mala praxis, siempre en contra de los trabajadores", reflexionó Oviedo.

Agregó que el anuncio de la movilización fue determinante para que posteriormente la Fiscalía dejara sin efecto la liberación de Durand.

"Era de manual que cuando empezamos a transmitir que íbamos a hacer la marcha, rápidamente salieron a recapturar al agresor del compañero Pérez", señaló el dirigente sindical.

Oviedo advirtió sobre la importancia de la respuesta gremial frente a este tipo de resoluciones.

"Sin duda que si no hacíamos nada, esto iba a ser quizás un efecto dominó. Este movimiento que está ahora del pueblo trabajador es justamente por esa mala praxis judicial", finalizó el entrevistado durante la manifestación de esta mañana.

La manifestación, prevista para las 10 y en la que estuvo presente la víctima, también reunió a miembros de la Confederación General del Trabajo (CGT) y del gremio Asociación Empleados de Comercio bahienses.

Los sindicalistas piden que "avance" la causa a cargo de la fiscal Marina Lara, "que se esclarezcan los hechos y que se llegue hasta los responsables materiales e intelectuales" del grave incidente.

Por el hecho la Policía aprehendió el jueves a Luciano Oscar Durand, quien le habría efectuado el disparo que hirió a Pérez en una de sus rodillas.

Sin embargo al día siguiente el sospechoso quedó libre, pero ayer lo volvieron a arrestar, en vinculación con los delitos de portación de arma de guerra sin la debida autorización legal y abuso de armas.

El baleado es el secretario general de la filial local del Sipedyb.

"No podemos permanecer indiferentes ante semejante situación. Exigimos que la investigación avance, que se esclarezcan los hechos y que se llegue hasta los responsables materiales e intelectuales de este ataque", señala el folleto de la convocatoria.

"No queremos mirar para otro lado. Queremos justicia y garantías para Luis y su familia", se indicó.

El caso está siendo investigado por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 7, dirigida por Lara.

Después de que Durand quedara en libertad, la CGT exigió el viernes la intervención del fiscal general Juan Pablo Fernández.

"Hace poco más de 24 horas repudiábamos un hecho gravísimo de agresión con arma de fuego a un dirigente sindical, un hecho de violencia extrema que nos preocupa a todos. Pocas horas después recibimos la importante noticia de que la policía había realizado un gran trabajo y con gran celeridad detuvo a quien habría cometido el atentado", expresa el comunicado de la confederación.

"Desde la CGT Delegación Regional Bahía Blanca destacamos y agradecemos la eficiente tarea de los efectivos de la Policía. Lamentablemente, a las pocas horas de la detención, nos anoticiamos de que el delincuente fue liberado, imponiéndole una restricción de acercamiento a la víctima por seis meses".

"Habida cuenta de lo sucedido, quedamos a la espera de que intervenga de oficio el jefe de los fiscales, tal como lo hizo con un dirigente (Claudio Montiel, secretario adjunto de Empleados de Comercio) por haber golpeado una puerta con un cono de plástico en ocasión de una protesta, para que detengan nuevamente al delincuente y lo trasladen a un penal", continúa el escrito.

"Confiando en que la Justicia actúa por igual con todos, mantenemos las expectativas por el pronto esclarecimiento sobre quién o quiénes son los autores intelectuales (si es que realmente hay un mensaje mafioso o amenaza por encargo), y la detención inmediata y traslado a un penal del autor material".

"Anhelamos todos que la Justicia brinde la tranquilidad a la víctima y su familia que les brindó la Policía", concluye el documento.

El descargo de la fiscalía se dio en medio de ciertas suspicacias que partieron de sectores gremiales, al entender que la detención del acusado, a dos días de su libertad, tenía que ver con mitigar los efectos de la movilización prevista para hoy. 

"Como la investigación es fluctuante, no nos quedamos con la prueba que había el viernes, se obtuvieron más medidas de prueba y se pudo determinar algo que fue determinante para la detención: que en el lugar del hecho se halló un fragmento de proyectil deformado, no era el proyectil entero, por eso la dificultad para hacer la pericia que, a opinión de un especialista en balística, correspondía a un proyectil de arma de guerra", explicó la titular de la UFIJ Nº 7.

Lara explicó que la portación de arma de guerra es un delito detenible y, en función de eso, "es una prueba que se produce el fin de semana. Se le solicitó ayer a la jueza de Garantías el pedido de detención y la jueza ordenó la detención".

"En este caso lo que determinó que llegue detenido es la magnitud de la pena en expectativa. Con la prueba producida el fin de semana se pudo determinar que portó un arma de guerra, que es un delito que tiene una expectativa alta, de hasta 8 años y 6 meses de prisión, por esa magnitud de pena es un delito detenible.

"Al principio no había elementos para disponer una aprehensión y por el delito que se investigaba hasta ese momento era abuso de arma, pero no se sabía que era un arma de guerra. El tipo de arma se obtuvo el sábado", remarcó.

La fiscal explicó que el móvil del ataque todavía sigue siendo materia de investigación y que hay dos teléfonos celulares secuestrados cuyo contenido se analiza.

"La única vinculación es que esta persona, el detenido, hace tareas de changas como estibador en el puerto" y que Pérez es secretario gremial del Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento. 

Negó los cargos

Durand fue indagado ayer, tras ser detenido, y negó los cargos en su contra, según confirmó Lara.

"Declaró, dijo que no era y dio algunas precisiones", aclaró.

Las citas que aportó el sospechoso -que no tiene antecedentes penales- tendrán que ser evacuadas para saber si dice la verdad o miente. 

"La investigación está recién iniciando, vamos obteniendo nuevos elementos de prueba y pueden llevar a que, eventualmente, haya nuevas personas implicadas", dijo.

En cuanto al testimonio de la víctima, la fiscal confirmó que Pérez no conocía a Durand y que nunca había recibido amenazas ni había tenido problemas en virtud de su cargo.

Lara, por último, rechazó las críticas desde los sectores gremiales referidas a que este caso se midió con distinta vara al que tuvo como imputado a Claudio Montiel, gremialista de Empleados de Comercio que fue acusado de causar desmanes en el Bahía Blanca Plaza Shopping.

"No hay ningún encono de mi parte ni de la fiscalía con los sindicalistas, las cuestiones son diametralmente opuestas. La situación de Montiel era que, prima facie, teníamos prueba para tener por configurado delitos gravísimos, como coacción agravada, privación de la libertad y daños reiterados, por eso fue detenido", explicó.

Según se informó, uno de ellos, Agustín Alejandro Medici (19), al ser identificado descartó un revólver calibre .32 largo, con dos municiones intactas en el tambor, y una navaja.

En tanto, los otros tres jóvenes, Jeremías Agustín Vega (19), Leandro Abel Banegas (28) y Daniel Exequiel Hermosilla (26), se negaron a identificarse y opusieron resistencia al accionar policial.

El arma y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia. Intervienen la UFIJ N.º 15 y el Juzgado Correccional en turno. Las actuaciones se llevan adelante en la Comisaría Quinta.

La detención se llevó a cabo por pedido de la Fiscalía y orden de la Justicia. Actualmente se encuentra en la comisaría Primera.

El procedimiento se llevó adelante en el domicilio de Durand, ubicado en Carrega al 3.300 de Ingeniero White, donde además se procedió al secuestro de dos dispositivos telefónicos.

Los investigadores establecieron con el correr de las horas que el ataque se produjo a través de la portación, sin la debida autorización legal, de un arma de fuego calibre 38 o 357, consideradas armas de guerra, circunstancia que agravó la figura.

Durand, de 50 años, domiciliado en Ingeniero White, había sido detenido el jueves alrededor de las 22, durante un operativo realizado en la intersección de De Solier y De la Soberanía. Luego, al día siguiente, había sido liberado por decisión de la UFIJ Nº 7. También se le fijó una prohibición de acercamiento a la víctima durante seis meses, ordenada por el Juzgado de Garantías Nº 4.

Durante el procedimiento, personal policial secuestró una motocicleta, un casco y prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el ataque. Para identificar al sospechoso, los investigadores analizaron registros de más de 20 cámaras de seguridad privadas y del Centro Único de Monitoreo (CEUM).

La agresión ocurrió el miércoles, alrededor de las 9, cuando Pérez, de 68 años, salía de su vivienda ubicada en Pedro Pico al 1500. En esas circunstancias, un hombre que llevaba casco lo interceptó y le efectuó un disparo que impactó en su pierna izquierda. Luego escapó en una motocicleta.

La víctima es el secretario general local del Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento, quien tras el episodio manifestó públicamente que no existían internas dentro de la organización gremial.

Marcha

Afiliados al Sindicato de Dragado y Balizamiento llevarán a cabo este lunes, desde las 10, una movilización a Fiscalía, en reclamo de "que la investigación avance, que se esclarezcan los hechos y que se llegue hasta los responsables materiales e intelectuales" del ataque.

"No queremos mirar para otro lado. Queremos justicia y garantías para Luis y su familia", se indicó.

El hecho se conoció cerca de las 6, cuando la Policía llegó a una vivienda situada en inmediaciones de Islas Malvinas al 1200. La construcción tenía sectores hechos con madera y nylon y parte de la estructura estaba incendiada.

En el lugar, los efectivos encontraron a un hombre, que posteriormente fue identificado como Alberto Luis Ávalos, tendido en el suelo e inconsciente. También hallaron a un bebé de seis meses en brazos de su abuela paterna; ambos estaban inconscientes y fueron trasladados en ambulancia al hospital local.

Dentro de la casa, los policías encontraron los cuerpos de cuatro personas. Dos menores estaban en un sector construido con madera y nylon, mientras que una mujer y una nena se encontraban en otra habitación. Un constató los fallecimientos en el lugar.

Las víctimas fueron identificadas como Rocío Aranda, de 22 años; su hijo Franco Aranda, de 4; y sus sobrinos Adriana Barrios, de 5, y Bruno Barrios, de 4. Los dos niños eran hijos de M.A., hermana de Rocío, quien vive a pocos metros de la vivienda.

El quinto menor involucrado era Bernardo Ávalos, de seis meses e hijo de Rocío. El bebé había sido llevado al hospital, pero ingresó sin signos vitales.

La investigación

De acuerdo con la información policial, Ávalos fue examinado por profesionales médicos, que le diagnosticaron un cuadro de psicosis aguda. El informe también consignó “signo de escoriación en forma de lazo en zona cervical, lesiones múltiples por agresión por contusión y signo de posible intoxicación con drogas”. Tras la atención, quedó bajo custodia policial.

Ante las circunstancias del caso, el fiscal subrogante de la Fiscalía N° 1 de Sáenz Peña, Gustavo Valero, dispuso la intervención del Gabinete Científico del Poder Judicial y del médico policial.

Los exámenes realizados a los cuerpos detectaron que los tres menores encontrados dentro de la vivienda presentaban cortes en el cuello y quemaduras en distintas partes del cuerpo. En el caso de Rocío Aranda, se constató una “escoriación en la región lumbar”, mientras que el bebé de seis meses tenía “livideces en las zonas del cuello y dorsal”. A partir de esos hallazgos, la Fiscalía ordenó autopsias para todas las víctimas.

Durante las pericias en la casa, los especialistas secuestraron tres celulares, un cuchillo tipo tramontina de 27 centímetros con manchas similares a sangre, un encendedor naranja, dos tramos de soga y un fragmento de sábana con manchas rojizas que también serían similares a sangre.

Personal de la División Bomberos de Sáenz Peña trabajó en el lugar y trasladó los cuerpos a la morgue judicial de esa ciudad.

Finalmente, el fiscal Valero ordenó la aprehensión del principal sospechoso señalado en la causa como presunto autor. La investigación fue caratulada inicialmente como supuesto homicidio y el detenido será alojado en la Comisaría de Machagai. (con información de TN)

Según se indicó, la iniciativa se desarrolló entre el viernes y el sábado en puntos neurálgicos de la ciudad, luego de que se tomara conocimiento —a través de las redes sociales— de que se iba a desarrollar una caravana especial por Halloween en las calles de la ciudad.

Las invitaciones se llevaban a cabo a través de posteos en Instagram, seguidos por mensajes privados. Había convocatorias para que los motoqueros se disfrazaran e, incluso, algunas de ellas exclusivas para mujeres.

Por esta razón, durante ambas jornadas se desarrolló un operativo conjunto del que tomó parte personal policial y de tránsito, conformado por unos 50 efectivos de distintas comisarías, UPPL, Comando de Patrullas y UTOI.

A esto se sumaron los recursos de monitoreo y cámaras en tiempo real.

Desde las fuerzas de seguridad se indicó que los puntos de concentración fueron los que normalmente se utilizan, como el interior del Parque de Mayo, distintos puntos de avenida Cabrera o las plazas Rivadavia y de Villa Mitre, por nombrar algunas.

En este marco, el sábado por la noche se secuestraron 44 vehículos: cinco por alcoholemia positiva, 40 motos, cuatro autos y siete caños de escape modificados, entre otras cuestiones.

Se trata de Marina María Macarena Gauna, quien el 29 de abril de 2022 fue sentenciada por el Tribunal en lo Criminal Nº 2 a 6 años y medio de prisión por el delito de robo doblemente agravado.

La Sala II de la Cámara Penal local declaró inadmisible la apelación de la doctora María Florencia Martínez, integrante de la Secretaría de Género de la Defensoría General, confirmando la medida dictada por el juez de Ejecución Penal Nº 1, Claudio Brun.

El magistrado dispuso oportunamente revocar el beneficio que le habían otorgado a Gauna en la instancia anterior por cuestiones de salud, ya que padece lupus (una enfermedad autoinmunitaria crónica ).

La mujer permanece detenida en la Unidad Penal Nº 52 de Azul, aunque, según trascendió, solicitó su trasladado a la cárcel de Villa Floresta, en nuestra ciudad. La pena que recibió vencerá el 9 de septiembre de 2027.

Conducta sostenida

Los camaristas Guillermo Petersen y Guillermo Emir Rodríguez sostuvieron que el arresto domiciliario otorgado a la detenida lleva aparejado una serie de reglas que “no ha sabido o no ha podido ajustarse” a las mismas.

Destacaron que, pese a estas cuestiones, en cuatro oportunidades se mantuvo el beneficio y que, ante nuevos hechos y de mayor gravedad, “sus incumplimientos se erigen en una conducta repetitiva y sostenida que resulta de entidad suficiente para la revocación”.

Brun describió en su fallo “discordancias” en los motivos aludidos por Gauna para justificar salidas no autorizadas.

Señaló que esto se produjo el pasado 18 de enero y que se habría repetido el 31 de julio, cuando presentó “una constancia de atención médica presuntamente apócrifa”.

En tanto, detalló que el 28 de agosto aportó una constancia de atención médica que “data del día anterior”.

Del mismo modo, tuvo en cuenta los daños en la tobillera que le colocaron a la mujer y que en “reiteradas ocasiones” se le había recordado “la obligatoriedad de permanecer en su domicilio”.

Teniendo en cuenta su estado de salud, el juez pidió a la Dirección General de Salud Penitenciaria que, en forma conjunta con el área de Asistencia y Tramiento, se aconseje al establecimiento donde sea alojada la incorporación “en un tratamiento psicológico y/o psiquiátrico” y el seguimiento de la patología que padece.

No prosperó

Los camaristas Petersen y Rodríguez consideraron que los elementos reseñados por el juez de Ejecución  Penal no fueron cuestionados en la apelación de la defensa, la que “fue sustentada -en esencia- en el cuadro de salud que presenta Gauna y en el riesgo que implica su encierro carcelario en un penal superpoblado y sin atención médica oportuna”.

Describieron que también la letrada señaló que esa cuestión convertía a la pena “en un trato cruel, inhumano y degradante”, además de considerar “la existencia de medidas menos lesivas que entiende de obligatoria imposición”.

Los magistrados indicaron que al igual que en otras resoluciones, esos argumentos resultan insuficientes si se basa en “meras afirmaciones genéricas o reitera argumentos”.

El asalto

El 9 de marzo de 2021, Carlos Mariano Escalante fue abordado por dos ladrones en su almacén ubicado en Chaco al 200, de Punta Alta.

Los sujetos forcejearon con el dueño, quien recibió heridas cortantes en un brazo y un puntazo en el pecho.

Por el caso, la Policía detuvo a Gauna y a Ramiro Mieres, quien recibió la misma pena que la mujer.

La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial elevó de 10 millones de pesos a 30 millones la indemnización que una mujer deberá pagarle a su hermano por el daño moral derivado de una publicación que realizó en Facebook.

El 12 de diciembre de 2018, G.H.G. -en medio de la disputa económica que se originó tras la muerte de sus padres- hizo un posteo donde daba cuenta que, cuando tenía 11 años, había sido víctima de un abuso sexual por parte de su hermano, a quien se identifica como J.L.G.

El hombre sostuvo que la acusación era falsa y que había afectado su honor, su dignidad y su reputación.

Según expuso, él y su hermana habían mantenido una relación cercana y armoniosa durante muchos años, que se fue desgastando luego del deceso de sus padres, registrada en 2014.

Las diferencias se profundizaron por cuestiones vinculadas con la sucesión. 
 

Esperó 33 años para conocer su filiación y ahora su padre deberá pagarle 100 millones de pesos

El hombre le atribuyó a su hermana el manejo irregular de fondos de una cuenta bancaria de su padre y el retiro y posterior venta de bienes de la vivienda familiar. También recordó una fuerte discusión entre ambos en septiembre de 2018, en el marco del proceso sucesorio.

Meses después, la publicación en Facebook llevó el enfrentamiento familiar a los tribunales.

Al contestar la demanda, ella rechazó el reclamo y explicó que había reconstruido recuerdos de su infancia durante un proceso terapéutico.

Según afirmó, esas imágenes le permitieron recordar situaciones de índole sexual que involucraban a su hermano. También sostuvo que el temor a no ser creída y las consecuencias familiares y sociales habían influido en la demora en revelar lo sucedido.

Contraataque

La mujer manifestó que no se retractaba de sus dichos y cuestionó que su hermano reclamara una indemnización sin que, a su entender, se hubiera demostrado la falsedad de la acusación.

Además, presentó una reconvención y reclamó dos millones de pesos por considerar que las manifestaciones de su hermano sobre un supuesto desapoderamiento de bienes y fondos familiares habían afectado su honor. Ese planteo fue rechazado en primera instancia por falta de pruebas suficientes y porque las expresiones se habían formulado dentro del proceso judicial.

La sentencia de primera instancia había condenado a la mujer a pagar 10 millones de pesos a su hermano por el daño moral. 

Ambas partes apelaron: él pidió una suma mayor y ella cuestionó la atribución de responsabilidad, invocando la libertad de expresión y la necesidad de juzgar el caso con perspectiva de género.

Los camaristas Marcelo Restivo, Fernando Kalemkerian y Patricio Lombardi confirmaron la responsabilidad civil de la mujer. Consideraron que la publicación contenía una imputación grave contra un particular, difundida a través de una red social y con repercusión en su entorno familiar y social.

El tribunal aclaró que la perspectiva de género exige considerar las dificultades que pueden atravesar las personas para revelar situaciones de abuso, pero no elimina la obligación de ponderar los derechos de quien resulta señalado públicamente. 

Para elevar la reparación, los jueces valoraron testimonios que describieron un profundo cambio en el comportamiento del hombre después de la publicación. Según relataron, dejó de concurrir a reuniones y encuentros deportivos, evitaba salir y atravesó un período de abatimiento.

También ponderaron su trayectoria en el básquet local, donde se desempeñó como jugador, entrenador y dirigente.

Una pericia psicológica señaló un estado de ánimo apesadumbrado, un empobrecimiento de su imagen personal y sentimientos de indignidad. 

El profesional advirtió manifestaciones compatibles con un cuadro depresivo, aunque aclaró que no podía establecer un diagnóstico definitivo.

Viajar a ver la NBA

Deseo. El hombre explicó que quería utilizar la indemnización para viajar a los Estados Unidos, con su esposa e hijos, para asistir a un partido de la NBA, costo que la Justicia de segunda instancia consideró apropiado para reparar el daño.

Insuficiente. La Cámara entendió que eran insuficientes los $10 millones iniciales y triplicó la indemnización, tomando como referencia los costos de pasajes, alojamiento, visas, transporte y esparcimiento. 

Destino. Los jueces aclararon que no existe obligación de destinar el dinero a ese viaje.

Costas. El fallo de la Sala I, a su vez, confirmó los demás puntos de la sentencia y dispuso que la mujer pague también las costas de la apelación.