El hecho se produjo en predio ubicado en el kilómetro 8 de la ruta 33, al que los sujetos ingresaron violentando el alambrado perimetral, sobre el sector de la calle Rigamonti.

De esa manera, poco antes de la medianoche, llegaron hasta la propiedad (ubicada a unos 30 metros del sitio en el que realizaron el boquete) y redujeron a una mujer de 45 años y a su hija de 14, quienes resultaron ilesas.

Tras amenazarlas y encerrarlas en una habitación, los ladrones se apoderaron de unos 30 mil pesos, alhajas y se dieron a la fuga por el mismo sitio utilizado para acceder.

Las víctimas fueron auxiliadas esta mañana, alrededor de las 8, cuando una empleada doméstica arribó al domicilio y las liberó.

Voceros consultados mencionaron que los individuos habrían contado con información o conocimiento del sitio, ya que, por ejemplo, se habrían movilizado en algunos sectores en cuclillas para evitar ser captados por las cámaras de seguridad.

También indicaron que no se activaron los mecanismos de detección del servicio de emergencia.

Al lugar acudieron autoridades de seguridad, como Federico Montero,  subsecretario ministerial, y los comisarios Gonzalo Bezos y Gonzalo Sandobal, jefes departamental y de distrito, respectivamente.

Por el caso se iniciaron actuaciones por el delito de robo calificado, con intervención de la comisaría Séptima y la UFIJ N° 11.

Se trata de Federico Alejo Kemmler Davyt (29), quien el 30 de agosto de 2021 fue declarado autor penalmente responsable de abuso sexual con acceso carnal y recibió la pena de 6 años y 6 meses de prisión.

Como llegó en libertad al juicio -a cargo del Tribunal en lo Criminal Nº 3 de Bahía Blanca- recién se pidió su detención el 22 de noviembre de 2024, cuando el fallo adquirió firmeza.

Si bien ya existía una prohibición para que pudiera abandonar nuestro país, en las últimas horas los jueces también solicitaron a la Oficina de Asuntos Internacionales de Interpol insertar como notificación roja la búsqueda de Kemmler Davyt.

Se trata de solicitudes internacionales emitidas a las fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona que se encuentra prófuga. El objetivo final de esta medida es su extradición, entrega o una acción judicial similar.

Desde la Oficina de Búsqueda de Personas y Antecedentes Penales de la Fiscalía General Bahía Blanca realizaron distintas tareas de análisis de redes, contactos y entorno y se lo buscó, a través de oficios girados a distintas fuerzas policiales, en las provincias de La Pampa, Río Negro y Neuquén, pero con resultado negativo.

El caso

La violación se cometió el 23 de diciembre de 2018, en un domicilio ubicado en Gabino Prieto y Tres Lomas, de Villa Iris, donde un grupo de excompañeros de la escuela se reencontró para compartir un asado.

En esas circunstancias Kemmler Davyt habría abusado de una mujer, a quien le provocó lesiones en las zonas abdominal, lumbar y piernas, además de escoriaciones y equimosis en sus partes íntimas.

"Necesitamos que cumpla su condena donde debe ser, tras las rejas, y así poder respirar aires de justicia y cerrar finalmente este tramo de vida que tuvimos que sobrellevar", manifestó recientemente la madre de la víctima.

El Ministerio de Seguridad provincial ofreció recompensa de hasta 10 millones de pesos por "información fehaciente que permita la localización y detención" del condenado, garantizando "estricta reserva de identidad" para los informantes.

Dónde aportar datos

Quienes posean datos sobre el paradero del nombrado pueden presentarse en la ayudantía fiscal puanense, situada en Hipólito Yrigoyen 698 de aquella localidad; comunicarse al (02923) 488667; o enviar un mail a ayudantiafiscalpuan@mpba.gov.ar

También pueden concurrir a la Dirección provincial de registro de personas desaparecidas (calle 2, entre 51 y 53, oficina 118, en La Plata), así como están habilitados el número (0221) 4293015 y el correo electrónico profugos@mseg.gba.gov.ar

Los informantes, además, pueden contactarse con la línea de emergencias 911.

La particularidad es que la gran mayoría de las sentencias por este tipo de delito corresponde a imputados varones.

El fallo del juez del Tribunal en lo Criminal Nº 1, Hugo Adrián De Rosa, en el marco de un debate abreviado, recayó en Gimena Rocío Molina (30), apodada “Mena”, quien recibió una pena de 4 años y 4 meses de prisión.

La mujer se encuentra detenida cumpliendo un arresto domiciliario que oportunamente le otorgaron por cuestiones de salud.

Previamente, el fiscal Juan Pablo Schmidt y la defensoría oficial acordaron la calificación legal y el monto de la sanción, con la aceptación de la acusada.

Para el magistrado quedó probado que el 31 de marzo de 2023, utilizando su cuenta de Instagram, Molina envió a un usuario un archivo de video que contenía representaciones de las partes genitales de una menor de edad.

También se estableció que el 17 de junio de ese mismo año, desde su perfil de Facebook, transfirió a otra persona cuatro videos de las mismas características.

Del mismo modo, se probó que el 5 de diciembre de 2024, durante un allanamiento llevado adelante por efectivos policiales del área de Cibercrimen en una vivienda ubicada en la zona de Villa Cerrito, tuvo en su poder 30 archivos de video y 5 de imágenes “con representaciones de personas menores de 18 años y menores de 13, de sus partes genitales y dedicadas a actividades sexuales explícitas”.

El origen

La causa se puso en marcha el 13 de noviembre de 2023, cuando el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming, dependiente de la Procuración de la Provincia de Buenos Aires, informó al Ministerio Público Fiscal la existencia de tres reportes generados por NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children).

Se trata de una organización sin fines de lucro de los Estados Unidos que funciona como un centro de información oficial sobre pornografía infantil y menores desaparecidos a nivel global.

Cuando una plataforma digital (como Google, Meta o Discord) detecta la carga o transmisión de material de abuso sexual infantil, genera un aviso automático que es enviado a la ONG, que posteriormente lo deriva a las autoridades judiciales del país donde se produjo.

El 22 de enero de 2024 se recibió un nuevo reporte, conexo a los anteriores y que se acumuló a las actuaciones en la causa Molina.

Datos vitales

En un informe, Instagram brindó datos del usuario identificado (fecha de nacimiento, teléfono y correos electrónicos) y del envío de un archivo a otro perfil.

Estos detalles coincidieron con los referidos por Facebook, cuando alertó sobre dos incidentes detectados.

Incluso, la firma también compartió los diálogos mantenidos entre los involucrados.

“También surge de los reportes las direcciones IP utilizadas por el usuario investigado, y asignadas” por la proveedora del servicio de Internet.

Una empresa de telefonía celular notificó al titular de la línea asociada a la cuenta de la red social, asignada a un familiar de la acusada y al domicilio que posteriormente fue registrado por la Policía.

Los investigadores determinaron que la fecha de nacimiento notificada por las redes sociales coincide con la de la procesada, así como “los usuarios reportados y el correo electrónico vinculado contienen parte de uno de los nombres de la investigada”.

Se constató que la cuenta de Instagram de uno de los reportes “se encontraba activa días previos a realizar el allanamiento en el inmueble de Molina, la cual era de acceso público, exhibiendo todos los datos básicos del usuario informado”.

Pericias y pruebas

“La atribución se sustenta, en primer término, en la correspondencia existente entre los datos de las cuentas investigadas y la identidad de la imputada”, explicó De Rosa en la sentencia.

Durante el operativo en la vivienda de la mujer (enmarcado en requisas simultáneas del operativo denominado Protección de las Infancias II), los policías incautaron una notebook y un teléfono celular.

El análisis de los dispositivos estableció la presencia de “contenido audiovisual de naturaleza sexual en los cuales se observaron menores de edad”.

También se descubrió una conversación con el usuario que recibió material de abuso sexual infantil en uno de los reportes informados.

La resolución además remarcó accesos a las cuentas de las distintas redes sociales y conversaciones con los usuarios que recibieron los archivos.

Los peritos que analizaron los elementos secuestrados describieron que la foto de uno de los perfiles denunciados por NCMEC “es de una persona idéntica a las fotografías que se encontraban en el disco peritado (perteneciente a la computadora de la imputada)”.

El juez señaló que “el nombre de usuario 'mena' se corresponde con el apodo con el que Molina se identifica”, de acuerdo a lo expresado en la indagatoria.

Agregó el magistrado que la tarjeta SIM, correspondiente a la línea telefónica vinculada a los usuarios reportados, se encontraba colocada en el aparato propiedad de Molina, que también fue incautado durante el registro de su propiedad.

Describió que los perfiles indicados tenían asociado el correo electrónico que remite inequívocamente al nombre, apellido y año de nacimiento de la imputada, encontrándose, además, iniciada la sesión de dicha cuenta en la notebook hallada en el domicilio.

Al momento de establecer la pena, el juez contempló como atenuante la carencia de antecedentes penales, mientras que señaló como agravante la cantidad de videos e imágenes en poder de la imputada.

Por todo ello, consideró probada la responsabilidad de la mujer en los hechos investigados y le impuso la pena de prisión efectiva.

Otros dos casos: en Catriel y Olavarría 

Representan un porcentaje muy pequeño las causas por este tipo de delitos en las que resultan imputadas mujeres.

Uno de estos casos se produjo en la localidad rionegrina de Catriel, donde una imputada recibió 6 meses de prisión, por la tenencia de material de abuso sexual infantil.

El hecho se descubrió en abril de 2023, cuando las autoridades allanaron su vivienda en el marco de una causa federal por drogas.

Durante el operativo, el personal policial secuestró el teléfono celular de la acusada para investigar su contenido.

En el dispositivo hallaron 169 videos y dos imágenes con ese tipo de material.

Las pericias confirmaron que los archivos estaban vinculados a enlaces de la red de mensajería Telegram.

Por otro lado, la Justicia condenó en 2023 a 4 años de cárcel a una mujer de Olavarría por difundir este tipo de material, entre enero y julio de 2019.

Los investigadores determinaron que la procesada envió imágenes a través del servicio de mensajeria Messenger, de la red social Facebook.

En su computadora también hallaron elementos que la vincularon con el delito.

El operativo se concretó en una vivienda ubicada en Catamarca al 200, donde se secuestraron los elementos denunciados como robados en los distintos hechos y un dispositivo de comunicación inalámbrico que habría sido utilizado para interferir en las señales de las alarmas.

Los aprehendidos fueron identificados como Rubén Giannini y Emiliano Sebastián Armani, ambos de 41 años.

Participó personal de la Comisaría Primera, tras varios días de tareas de investigación, con intervención de la UFIJ N° 7 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

Según se informó, la investigación incluyó el análisis de cámaras de seguridad, relevamiento de testimonios y tareas de vigilancia encubierta. En ese proceso, los investigadores contaron con el aporte del Centro Único de Monitoreo (CeUM), cuyas imágenes permitieron detectar un patrón de comportamiento que se repetía en los distintos episodios.

De acuerdo con la hipótesis policial, los sospechosos utilizaban inhibidores de señal para bloquear el funcionamiento de las alarmas y facilitar la sustracción de pertenencias de los vehículos.

El siniestro involucró a una Honda CG, dominio 899-KDF, conducida por Franco Abudaya, de 31 años, y otra motocicleta de 110 centímetros cúbicos, dominio 778-DBX, al mando de Matías Romero del Río, de 24.

Como consecuencia del impacto, ambos conductores fueron trasladados al Hospital Municipal para recibir atención médica.

Abudaya fue derivado en código rojo, lo que indica la prioridad en la asistencia y el traslado, mientras que no se precisaron detalles sobre el estado de salud del otro motociclista.

Se investigan las circunstancias en las que se produjo la colisión.

El hecho se produjo en Roca al 900 de esa ciudad y se frustró cuando el dueño de casa, que estaba presente, utilizó el pulsador de alarma y rápidamente se presentaron móviles de seguridad en el lugar.

No está claro qué fines tenía la mujer, aunque se supo que ambos se conocían. Por el momento fue imputada de violación de domicilio y daño, con intervención de una UFIJ tresarroyense.

Con captura

La comisaría Primera de Tres Arroyos, por otra parte, atrapó ayer a un hombre de 27 años que tenía pedido de captura, desde ayer, por los delitos de lesiones agravadas, violación de domicilio y daño.

El procedimiento, en principio a cargo del Grupo Táctico Operativo de la seccional, se dio en Ayacucho al 900.

La solicitud de restricción era del Juzgado de Ejecución Penal N° 1. Una vez que se tomó conocimiento de la novedad, el joven quedó bajo arresto domiciliario.

El arresto del sospechoso se produjo en las últimas horas y fue ordenado por la Justicia de Garantías tras el pedido del fiscal Diego Torres.

Los hechos comenzaron a ser investigados tras una denuncia presentada en noviembre del año pasado.

En la presentación manifestaron que el sujeto sometió a una adolescente de 14 años de edad, aprovechando los momentos en los que quedaba al cuidado de la víctima.

Los voceros mencionaron que a partir de declaraciones testimoniales y la realización de pericias, el Ministerio Público imputó al individuo del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado.

Por otra parte, señalaron que en las próximas horas será indagado en la sede de la fiscalía.

Sin embargo, el fiscal Jorge Viego, titular de la UFIJ Nº 5, ordenó distintas medidas de prueba para tratar de ratificar la principal hipótesis de la tragedia descubierta ayer en la ciudad de Punta Alta.

"Hay una investigación en curso y se ordenaron las autopsias de ambas personas, la apertura de los teléfonos que fueron secuestrados, para ser peritados, la declaratoria de testigos y el registro fílmico de cámaras privadas y públicas", detalló Federico Montero, subsecretario de Fiscalización y Control Policial del Ministerio de Seguridad bonaerense.

Montero, quien estuvo presente ayer en Corrientes al 1.000 de la vecina ciudad, cuando en las primeras horas de la tarde de ayer se descubrió el cuerpo de Noelia, confirmó que la mujer había realizado al menos una denuncia previa por violencia de género y que su ex tenía una restricción de acercamiento de 200 metros, con vigencia al menos hasta el 19 de octubre.

Sin embargo, dijo que la mujer había denunciado el mes pasado que Ferreyra había incumplido esa medida cautelar.

"Coronel Rosales tiene un sistema para monitorear este tipo de situaciones, que se llama Ojos en Alerta, y la última comunicación de Noelia a esa plataforma fue el 7 de septiembre, cuando (Ferreyra) pasó en bicicleta por la puerta del domicilio y describió la vestimenta. Los móviles fueron y se monitoreó el lugar", sostuvo Montero. 

De todas maneras, familiares de la víctima habrían reconocido que ambos se seguían frecuentando.

Incluso, en la noche previa al crimen Ferreyra se presentó en el departamento interno de Noelia y esa situación estaba al tanto de la madre de la mujer -vecina contigua- porque ella le fue a pedir un velador y le comentó que estaba con el hombre.

El cuerpo del hombre fue encontrado en el patio de su vivienda, en la avenida Tucumán al 800, a unos 700 metros de la casa de su ex. Se cree que se quitó la vida luego de ultimar a Noelia. 

El asesinato se había producido durante un intento de robo contra el chacarero, entre el 8 y 9 de octubre de 2024.

En tanto, el tercer acusado, Rodrigo Uribe fue encontrado no culpable.

Si bien el jurado popular resolvió en la tarde del jueves sobre esta cuestión, el juez técnico Hugo de Rosa, en representación del Tribunal en lo Criminal Nº 1 tendrá que fijar la pena de los dos culpables.

Según la investigación -a cargo del fiscal de homicidios bahiense, Jorge Viego-, Berg y Kunzli ingresaron en esa ocasión en el establecimiento Buena Ventura y atacaron brutalmente a Rodas Ortiz, que era de nacionalidad boliviana.

Allí, golpearon al productor y le provocaron heridas cortantes profundas en el tórax, que afectaron el pulmón y el corazón y le causaron la muerte.

Poco antes Rodas Ortiz había cobrado una suma millonaria por la venta de cebolla, que los delincuentes habrían sustraído.

El cuerpo sin vida del agricultor fue hallado por otro productor rural, que llegó al lugar y dio aviso a la Policía.

Esto lo pudo confirmar la madre de la mujer, quien vivía en una vivienda lindante a la de Corrientes al 1.000, donde se produjo el femicidio.

"El sujeto la visitaba con frecuencia y la madre de ella sabía de esta situación, ya que vive en el mismo terreno, en una casa humilde contigua. Ayer la madre sabía que estaban juntos porque su hija le pidió un velador y le dijo que estaba con él", comentó un investigador a lanueva.com.

"Se presume que, por algún motivo, discutieron y él la mató, luego fue a su casa, que está a 7 u 8 cuadras (en la avenida Tucumán  al 800) y se ahorcó con un cable en el patio", agregó.

En el estado de WhatsApp de Ferreyra, a las 6.07, apareció un mensaje que habría escrito el hombre y se relaciona directamente con el crimen cometido: "Perdón, la amaba".

Si bien el caso recién está siendo materia de investigación, se cree que se pudo haber tratado de un femicidio seguido de suicidio.

Las dos personas fallecidas fueron identificadas como Noelia Díaz y Daniel Ferreyra.

Se supo que había denuncias preexistentes por violencia de género y, si bien existía una medida cautelar vigente -de prohibición de acercamiento hasta el 19 de octubre próximo- el hombre la visitaba con frecuencia.

Todo se originó este mediodía, cuando la madre de la mujer, que vive en el mismo terreno de Corrientes al 1.000, pero en una vivienda contigua, no recibía respuestas de ella y descubrió el primer cuadro macabro. 

Encontró a su hija sin vida, sobre la cama de su habitación, aparentemente con un cable sujeto a su cuello y una herida cortante.

Al entender los familiares que en el hecho podría estar involucrado su exnovio, los uniformados se presentaron de inmediato en la casa del hombre, en la avenida Tucumán al 800 -a unos 700 metros del otro inmueble- y también lo encontraron sin vida, ahorcado con un cable en el patio.

Las máximas autoridades de la fuerza, encabezadas por Federico Montero, subsecretario de Fiscalización y Control Policial del Ministerio de Seguridad, se están dirigiendo hacia la vecina ciudad, con el fin de trabajar bajo órdenes de la fiscalía a cargo del doctor Jorge Viego (UFIJ N° 5).

Fuentes oficiales mencionaron que el hecho se produjo en el local denominado "La Carni", situado en San Lorenzo al 1.900.

Los voceros manifestaron que los delincuentes violentaron la puerta de acceso al local para apoderarse de elementos y dinero de la caja registradora, además de mercadería.

Trascendió que están analizando las imágenes de las cámaras de seguridad para intentar identificar a los responsables.

Por el hecho se iniciaron actuaciones en la seccional Cuarta por el delito de robo, con intervención de la UFIJ Nº 2.

Melina Donnini, propietaria de un local dedicado a la venta de fundas y accesorios de telefonía, admitió que está atravesando un momento muy difícil y que no tiene respuestas de la empresa.

"Nos ingresaron a la cuenta y nos robaron 10 millones de pesos entre tarjetas de crédito, dinero disponible y lo de Mercado Crédito", describió la víctima al servicio informativo de LU2.

"Primero nos dimos cuenta que faltaba el dinero y por eso empezamos a llamar a la empresa. Después vimos lo de las compras e inicialmente nos dijeron que eran 32, pero investigando la aplicación ingresamos a un lugar donde pudimos ver que realizaron 59 transacciones", agregó.

Siguió diciendo que "por parte de la empresa recibimos información a cuentagotas. Era llamar para desconocer las compras a Mercado Pago y a los bancos y tarjetas. La verdad que fue un momento desesperante". 

Donnini dijo que pasaron varios días y "no tenemos respuesta y nos desconocen los reclamos que estamos haciendo. No sé qué más hacer".

Respecto de las compras, indicó que hicieron dos compras en el sitio de una marca deportiva y el resto a una empresa relacionada con juegos y tecnología.

"No sabemos cómo se produjo la maniobra, porque tenemos los pasos de seguridad activados. Tampoco recibimos alertas de que alguien estuviera iniciando una sesión en nuestro usuario. No le encontramos explicación".

Finalmente, la mujer dijo que denunciaron la situación ante las tarjetas y también en la fiscalía bahiense, además de entrevistarse con personal de la OMIC.

A principios del mes pasado, los jurados ciudadanos habían emitido veredicto de culpabilidad contra Lorenzo, por el delito de lesiones graves en exceso de legítima defensa.

Según la causa a cargo del fiscal de homicidios, Jorge Viego, el hecho ocurrió el 28 de enero de 2024, cuando un grupo de vecinos festejaba en la calle Las Glicinas al 900 del barrio Punta Blanca, donde reside Lorenzo.

El condenado, de 45 años, discutió con los participantes de la fiesta a raíz del elevado volumen de la música.

En esas circunstancias, Facundo Andrés Armani se acercó a la reja de ingreso de la vivienda y el acusado le aplicó dos puntazos con el arma blanca: uno en el cuello y otro en un brazo.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Penna.

La herida en el cuello, sobre el primer anillo traqueal, debió ser tratada mediante cirugía, y la lesión en la parte media del brazo derecho afectó una arteria.

Además de fijar la pena al imputado, el magistrado Casas le impuso reglas de conducta que deberá cumplir durante tres años, como fijar residencia, someterse al cuidado del Patronato de Liberados y no tener contacto con Armani por cualquier medio.

El hecho ocurrió alrededor de las 18.40 en 19 de Mayo al 100.

Con la colaboración del Centro Único de Monitoreo, el personal policial capturó a ambos jóvenes en Fuerte Argentino al 700.

Además, durante el procedimiento se secuestró un destornillador que habría sido utilizado para violentar el tambor de arranque de una motocicleta Honda Wave.

Intervienen la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 2, el Juzgado de Garantías del Joven N° 2, la Defensoría del Joven N° 3 y la Comisaría Segunda.

Dentro del planteo formulado a través de la Resolución SC 2.917/26, el máximo tribunal provincial pidió por la conformación de un juzgado de familia para Coronel Rosales -tal como lo había hecho en 2023- así como por la puesta en marcha del Tribunal de Trabajo Nº 3 en Bahía, que existe por ley hace más de una década pero nunca entró en funciones.

La Corte, con las firmas de los jueces Sergio Torres, Daniel Soria e Hilda Kogan, enfatizó la necesidad de garantizar la infraestructura edilicia, la partida presupuestaria y la asignación de cargos indispensalbes para la efectiva puesta en marcha de dichos organismos.

En el caso del Tribunal de Trabajo Nº 3 de Bahía Blanca -creado por la Ley 14.729- le solicitó a la Legislatura bonaerense las modificaciones de competencia territorial.

Es que en dicha normativa quedó escrito que dicho tribunal va a tener competencia "en todo el Departamento Judicial Bahía Blanca", pero esto no es así porque los distritos de Tres Arroyos y Gonzales Chaves ya tienen cuerpo propio en materia laboral.

La solicitud, en otros departamentos judiciales, también incluye los fueros Penal, Civil y Comercial y Contencioso Administrativo.

El fallo fue resuelto por el Tribunal en lo Criminal Nº 2, integrado por los jueces Claudia Fortunatti, María Mercedes Rico y Eugenio Casas.

De acuerdo a la investigación de la fiscal Agustina Olguín, los hechos ocurrieron entre 2021 y principios de 2025, cuando una de las víctimas tenía entre 7 y 10 años y se encontraba al cuidado de su padre, quien aprovechaba esas circunstancias para someterla y le tapaba la boca para que no llorara.

Además, se determinó que en febrero de 2024 el hombre abusó a su sobrina de 4 años, también en momentos en que estaba solo junto a la niña.

Fuentes del Ministerio Público indicaron que los magistrados "desestimaron los planteos de la defensa -vinculados con la posible violación del principio de congruencia y el derecho de defensa al incorporar como hechos nuevos el contexto de violencia de género y el contagio de la enfermedad de transmisión sexual a la hija- y confirmaron la gravedad de los delitos juzgados".

Para fijar el monto de la pena, consideraron múltiples agravantes planteadas por la fiscalía.

Destacaron el marco de violencia de género, el aprovechamiento del vínculo familiar y de la guarda, la corta edad de las niñas y la marcada superioridad física y psíquica que ejercía el imputado sobre ellas.

Asimismo, se valoró de forma determinante la extensión del daño.

"En el caso de su hija, los abusos provocaron el contagio de una enfermedad de transmisión sexual que derivó en cirugías, internaciones e interrupción escolar. En relación a su sobrina, se acreditaron alteraciones del comportamiento y la necesidad de tratamiento psicológico", explicaron desde la fiscalía.

El Tribunal computó además la extrema vulnerabilidad de la hija, quien no contaba con otra figura de referencia paterna y presentaba dificultades cognitivas, lo que redujo su capacidad de defensa.

Todo sucedió en un inmueble de la avenida La Plata al 1.600, lindante con el canal Maldonado, y la Policía tomó intervención sobre las 21.15.

El denunciante dijo que, mediante Grindr -una app destinada principalmente a la comunidad LGBTQ+- conoció a un hombre de entre 30 y 40 años, que se presentó en su vivienda y luego de compartir unos mates, en un momento le rozó la cara y comenzó a descomponerse hasta perder el conocimiento.

Al recuperar la conciencia -cuando se hizo presente una amiga, que lo encontró acostado y dio aviso al 911- el damnificado detectó el faltante de su teléfono celular Samsung A21, 20 mil pesos en efectivo, ropa interior y un proyector. 

Además descubrió que había perdido acceso a todas sus billeteras virtuales, correo electrónico y WhatsApp.

El delincuente fue identificado, además, como un hombre robusto, de tez trigueña, 1.76 de estatura, que vestía de negro, tenía un piercing tipo argolla en la nariz y tonada de tipo correntina.

"Todavía no tenemos en claro si 'lo durmió'  o si tomaron demasiado y se durmió. Creemos que tomaron alcohol en demasía y eso pudo causar el desenlace", dijo un investigador. 

El procedimiento se realizó en una vivienda ubicada en las calles 40 y 18, donde los policías incautaron un aire comprimido marca Fox, calibre 5.5.

Los investigadores identificaron como morador del inmueble a Carlos Noli, a quien se le imputó el hecho.

Las actuaciones quedaron a disposición de la Ayudantía Fiscal pringlense.

La investigación de la causa por maltrato animal se inició el 26 de septiembre, cuando la damnificada denunció que su gato había sido asesinado por un vecino con un aire comprimido.

El hecho está contemplado en la Ley de protección animal (14.346), que prevé penas de prisión de 15 días a un año para quien "someta a un animal a malos tratos o actos de crueldad".

Se trata de los crímenes de Myriam Velázquez y su hija Mariana Bustos, cometidos la tarde/noche del 7 de octubre del año pasado en una vivienda de Santa Fe al 2.300, que el autor del hecho incendió con el fin de borrar huellas de su accionar.

La movilización -que como se hizo el año pasado será con velas- se iniciará a las 20 y será frente al Palacio Municipal, en Alsina 65.

Además de los seres cercanos a las mujeres atacadas habrá familiares de víctimas de otros delitos cometidos en nuestra ciudad, que también reclamarán por justicia.

Por el doble femicidio está con prisión preventiva Maximiliano Velázquez, primo de Myriam y tío segundo de Mariana, quien decidió -junto con su abogado Valentín Fernández- ser juzgado a través de un juicio por jurados que todavía no tiene fecha definida.

Según la investigación de la UFIJ Nº 5, a cargo del fiscal Jorge Viego, el 7 de octubre de 2025 el imputado habría ingresado al domicilio de la mujer, provocando la muerte de ambas, en medio de la resistencia de la hija. Velázquez terminó con escoriaciones múltiples provocadas por las uñas de la joven. Asimismo, en esa oportunidad causó un incendio del inmueble.

La fiscalía sostuvo que todas esas conductas fueron desplegadas en un contexto de violencia de género basado en una relación desigual de poder entre un hombre y una mujer.

Además, se lo acusa de haber provocado el incendio de la casa mediante la aplicación de un líquido acelerante sobre textiles, originando dos focos ígneos en habitaciones distintas del inmueble, lo que generó que se propagara por el resto de la casa, poniendo en peligro la vida y los bienes de terceros por la cercanía del resto de las casas.

Velázquez llega a juicio acusado de los delitos de doble homicidio agravado por mediar violencia de género, incendio con peligro común y tenencia ilegal de arma de fuego (por una carabina que encontraron durante el allaniento a su casa).