La diligencia, solicitada por los abogados de la querella, está prevista en el marco del artículo 168 bis del Código Procesal Penal bonaerense.

La acusación (tanto los abogados representantes de la particular damnificada como la fiscalía) reafirmará su postura para que Del Valle continúe en la cárcel de Saavedra por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar agravado.

El hombre había sido capturado el 23 de agosto último, en Florencio Varela, luego de estar más de 15 años prófugo por una causa de abuso sexual gravemente ultrajante en Puan, en perjuicio de una niña que, fruto de la violación, tuvo un hijo.

Al menos dos jueces resolvieron que Del Valle debería ser sobreseído por encontrarse prescripta la acción penal por el paso del tiempo (más de 12 años), aunque esa situación tiene que ser revisada por la Cámara Penal.

Mientras tanto, a Del Valle se lo mantuvo detenido por incumplir la cuota alimentaria de 4 hijos, incluido el que nació producto del delito sexual.

La semana pasada la fiscal Leila Scavarda pidió que la Justicia convierta en prisión preventiva su detención.

Fue luego de ampliar la indagatoria a Del Valle (se negó a declarar) tras recalificar el caso con una figura más "pesada".

La fiscalía entiende que el acusado es autor de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, agravado y reiterado (cuatro hechos), en concurso real de delitos.

Según los investigadores, Del Valle habría ocultado deliberadamente sus bienes e ingresos a través de otras personas y cuentas, mientras estuvo prófugo por la violación.

Esa situación agravaría una eventual pena en su contra, que podría ser de cumplimiento efectivo.

Al pedir la preventiva, la acusación se basó en el peligro procesal de fuga y el entorpecimiento de la causa, teniendo en cuenta sus antecedentes en ese sentido.

La audiencia preliminar del artículo 168 bis del CPP provincial prevé, además, que el imputado -no se confirmó si va a estar presente o por vía telemática- pueda ser oído en caso de así plantearlo la defensa.

Ese es uno de los tantos audios del teléfono de Belén Prado, la joven detenida en Punta Alta como presunta vendedora de droga, del cual se infiere cierta "protección".

El fiscal Mauricio Del Cero investiga a un policía de la seccional rosaleña y de hecho hoy, en medio de distintos allanamientos, requisó su casa y la propia comisaría.

Del celular de Prado, a su vez, surgieron diversas comunicaciones que la podrían vincular con la infracción a la Ley 23.737. Estos son algunos de los audios registrados, con distintas fechas e interlocutores:

- "Amor, si ya la tiene, ya la tiene, fue, voy a pesarla en casa, conseguite una balanza, la peso en casa y vemos..."

- "No llego al G, me queda 0,7..."

- "Sí, me vendió 30G al toke y a mi me sirve".

La investigación, además de Prado y un policía todavía no identificado, incluye a un interno de la cárcel de Villa Floresta que tendría vinculación con la joven.

Uno de los allanamientos de hoy permitió el secuestro de un teléfono celular en su celda.

Los operativos se dieron a pedido del fiscal Mauricio Del Cero y por orden del Juzgado de Garantías Nº 2 e incluyeron la participación de personal de la comisaría Cuarta, el grupo GAD, la Policía Federal y la DDI.

La investigación se inició el 17 de diciembre pasado, cuando una persona se comunicó al 911 para denunciar a varias personas por la venta de estupefacientes, particularmente cocaína, y dio detalles de cómo se hacía la venta durante el día.

El denunciante incluso aportó el dato que una de las sospechosas es Belén Prado, una joven puntaltense, de entre 22 y 23 años, que tiene un piercing en el labio superior y flequillo.

La causa avanzó y el 7 de mayo pasado se realizó un allanamiento en su vivienda de Formosa al 200, en la vecina ciudad. En ese momento se secuestraron drogas, una balanza, envoltorios de nylon, dinero y dispositivos celulares. 

El allanamiento, en principio, había sido ordenado por un robo y se buscaba el secuestro de una baulera de motovehiculo, una chapa patente, espejos retrovisores, una máscara de acrílico delantera, una campera blanca, un pantalón de jean, zapatillas blancas y una gorra.

Cuando la Policía arribó en aquel momento al domicilio de la calle Formosa, una mujer salió corriendo por un pasillo y en la fuga se desprendió de una balanza de precisión, dinero y un estuche de lentes con cogollos de marihuana (para producir más de 1.300 dosis umbrales).

Esa mujer fue retenida e identificada como Belén Prado.

A partir del análisis de los teléfonos, se estableció que Prado se dedicaría a vender drogas (particularmente cocaína y marihuana), al menos entre el 26 de agosto de 2023 y el 7 de mayo último, siempre en Punta Alta.

Por ese motivo quedó detenida, acusada de comercialización de estupefacientes en calidad de autora y hoy se volvió a allanar su casa, donde se incautó más dinero, otra balanza, teléfonos celulares, un gramo de marihuana y un ladrillo de casi 52 gramos de cocaína compactada.

En el marco de la misma causa se individualizó a otra persona y se allanó su casa, en Mendoza al 500, de Punta Alta, pero en ese caso no se obtuvieron elementos de interés.

Al mismo tiempo la DDI realizó un operativo en la Unidad Penal Nº 4, por un interno que estaría vinculado a la misma actividad ilícita y que ya estuvo vinculado en otras causas provinciales y federales por infracción a la Ley 23.737. En ese caso se secuestró un teléfono celular que será analizado.

Finalmente, la Policía Federal realizó dos allanamientos en la primera cuadra de la calle 25 de Mayo y en La Paz al 800, de Punta Alta, donde vive un policía que mantenía comunicaciones con Prado.

En esas viviendas se secuestraron teléfonos que serán analizados.

Además, la Policía Federal y personal de la UFIJ Nº 19 allanó las instalaciones de la Estación Comunal de Punta Alta, en donde presta funciones el uniformado, pero en ese caso no se incautaron elementos de interés.

Se estableció que el policía -por ahora no identificado- hasta el 15 de este mes formó parte del Grupo Técnico Operativo de la seccional y que actualmente se encontraba desempeñando funciones como ayudante del oficial de servicio.

Por último se informó que Prado fue indagada por agentes de la fiscalía que conduce el doctor Del Cero y se negó a declarar. 

El evadido recapturado es Miguel Moreno Ceballos, a quien efectivos policiales y agentes penitenciarios saavedrenses hallaron en la zona de Dufaur.

El convicto aparentemente llegó a pie hasta ese pueblo ubicado a varios kilómetros de la Unidad Penitenciaria Nº 19, emplazada en la ciudad cabecera del partido de Saavedra.

"Anoche, pasadas las 22, dos internos llegaron hasta el doble alambrado y los cortaron. Uno fue atrapado en el lugar, dentro del perímetro carcelario, por personal penitenciario. El otro, Miguel Moreno Ceballos, alcanzó a escabullirse", informó el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

"De inmediato se organizó un operativo cerrojo con la Policía y personal del SPB, y cerca de las 5 fue recapturado el fugado en Dufaur", agregó el organismo.

El condenado "cortó uno de los barrotes" de su celda en el sector conocido como "buzones", que está separado del área de convivencia del establecimiento carcelario.

Después Moreno Ceballos también rompió cercos perimetrales del predio y así huyó.

Su búsqueda había comenzado aproximadamente a las 22.30 de ayer.

El interno cumple condena por el delito de robo agravado, en relación con una causa que se tramitó en el Departamento Judicial Bahía Blanca, según confirmó el SPB.

Se lo identificó como Javier Hernán Parra, de 36 años, quien fue detectado, sobre las 6.30, en medio de la maniobra, por las cámaras del Centro Único de Monitoreo, en la zona de Rehue y Cisneros.

El hombre intentó escapar en una moto de 150cc., pero los operadores del CeUM aportaron las características de su vestimenta y el sentido de fuga, con lo cual se montó un operativo (con seguimiento en tiempo real) que dio sus resultados poco tiempo después.

Los patrulleros interceptaron a Parra en la zona de Jorge Newbery e Indiada. Al advertir la presencia de los uniformados, el hombre escapó por Indiada y se dio una persecución que terminó con una captura.

Se estableció que en medio de la huida se desprendió de un bolso y, luego, sobre el 3.600 de Indiada, perdió el control de la moto, cayó y fue reducido, pese a que opuso resistencia.

El acusado y las actuaciones sumariales -encuadradas como tentativa de robo, desobediencia y atentado y resistencia a la autoridad- fueron trasladados a la comisaría Primera, con intervención de la UFIJ Nº 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

El prófugo fue identificado como Miguel Moreno Ceballos

Además, se indicó que un segundo interno había tratado también de escaparse, pero fue recapturado en el predio de la unidad.

Desde la Justicia se indicó que la Policía de la Departamental Saavedra colabora con el Servicio Penitenciario Bonaerense para encontrar a Moreno Ceballos.

Por ahora no está clara la modalidad de fuga. Solo se aclaró que el hecho ocurrió en horas de la noche.

Noticia en desarrollo
 

El hecho se registró alrededor de las 15:40, cuando efectivos encontraron en calle Canning al 2400 a un hombre de 31 años que presentaba un balazo en el gemelo izquierdo, con orificio de entrada y salida.

De acuerdo con las actuaciones, el presunto agresor ya se había retirado del lugar al momento del arribo policial, por lo que se inició su búsqueda en el sector.

Como resultado del operativo, Sabio fue localizado e interceptado posteriormente en Nicolás Levalle al 3200, siendo reconocido por las características de sus prendas de vestir y procediéndose a su inmediata aprehensión.

El imputado quedó a disposición de la Justicia en el marco de las actuaciones correspondientes bajo la carátula "Lesiones agravadas por el uso de arma de fuego".

El caso se inició con la denuncia que un hombre que relató que caminaba por la calle cuando vio a cinco jóvenes “en actitud sospechosa”, de los cuales tres se encontraban en distintos puntos de la esquina.

El denunciante siguió caminando sin perderlos de vista cuando uno de ellos le gritó “dame todo. Dame el celular”. El hombre comenzó a correr hasta que vio a un agente de la Policía de la Ciudad y le pidió ayuda.

“La violencia que exige la figura típica estaría dada por la intimidación de parte de cinco personas que intentan abordar a una persona sola. Pero el hecho no se habría consumado, porque esa persona de 47 años los evadió y luego intervino el personal policial”, destacó la jueza.

En este sentido, “no pierdo de vista que el robo de por sí es un hecho violento, y el bien jurídico tutelado por este tipo penal es la propiedad privada y la integridad física del damnificado. Ahora bien, las particulares circunstancias de este caso me permiten señalar que al no consumarse la conducta no se afectó la propiedad privada y lo cierto es que el damnificado únicamente ha padecido la situación estresante que quedó relatada en la denuncia”, agregó De Marinis.

“Es fundamental que como sociedad nos preguntemos: ¿Cuál es la respuesta del mundo adulto ante la conducta de un adolescente que implica una infracción penal? ¿Qué hacemos como sociedad cuando un niño o un adolescente por debajo de la edad mínima de responsabilidad penal juvenil comete un delito?“, se lee en el fallo.

Para la magistrada, “ante una conducta que infringe la norma penal, lo que el Estado debe hacer es un abordaje desde las agencias estatales diseñadas para dar asistencia y reconocimiento de derechos. Y en este punto es donde considero que el principio de proporcionalidad será el que permita analizar si la baja de la edad de punibilidad en el caso concreto es regresiva o no”.

Por lo tanto, “castigarlos por las faltas de respuestas del mundo adulto, significa inexorablemente desresponsabilizarnos de nuestro rol adulto, del deber de corresponsabilidad que pesa sobre nosotros. No pretendo con estas líneas romantizar la infracción penal juvenil, sólo intento señalar que la incorporación al sistema penal tiene que ser el último recurso y, en algunas trayectorias vitales, lamentablemente es el primero”, destacó la jueza.

El fallo bonaerense

La decisión de De Marinis se suma a la de la jueza Marta Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, que resolvió suspender por 60 días el nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires.

Al responder las críticas de su decisión, la magistrada aseguró: “Yo no romantizo a los chicos que salen con un arma, pero lo que creo que está pésimo es que hay como una sensación de que con esta ley le vamos a dar seguridad a la gente. Con esta ley no vamos a crear más seguridad”.

Pascual aclaró que no está en desacuerdo con bajar la edad de imputabilidad, sino con aplicarla sin las condiciones necesarias. “Si no están los mecanismos para que se puedan dar todas estas medidas, esta ley no es más beneficiosa ni para la comunidad ni para los jóvenes”, destacó.

En los fundamentos del fallo, la magistrada cuestionó si la Provincia cuenta con “las condiciones edilicias, institucionales y profesionales indispensables para albergar a esta población bajo los estándares que exigen los derechos humanos de la niñez”. (con información de TN)

Durante el procedimiento efectuado ayer a la madrugada en un domicilio ubicado en Frondizi y Campos, efectivos policiales aprehendieron a Omar Molina, más conocido como "Tico".

En el lugar los policías intervinientes incautaron "16,9 gramos de cocaína", de los que Molina había intentado deshacerse instantes previos.

También secuestraron 304 mil pesos, dos teléfonos celulares, un revólver calibre 22, una balanza, bicarbonato (utilizado para 'cortar' la droga) y anotaciones de interés para la causa por narcomenudeo.

Molina ya había caído en 2018 también en vinculación con la comercialización de estupefacientes.

La investigación está a cargo del fiscal de drogas bahiense, Mauricio del Cero, quien informó que en el inmueble allanado se habían detectado maniobras compatibles con la venta de drogas.

En tareas de vigilancia encubierta, los investigadores constataron el ingreso en esa propiedad de personas (posibles compradores) que permanecían allí poco tiempo y después se retiraban.

"Lo importante para la causa es que ese lugar es donde se observan los movimientos y se secuestraron cantidades de cocaína", confirmó Del Cero, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 19 de Bahía Blanca.

La causa se inició como consecuencia de tres denuncias: la primera, radicada en 2024, incluía una publicación en redes sociales que apuntaba contra Molina por venta de cocaína; las otras dos, que se presentaron en 2025 y 2026, fueron anónimas.

Al menos inicialmente Molina quedó alojado en la delegación bahiense de Drogas Ilícitas y por estas horas iba a ser indagado por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Al nombrado también se lo investiga en relación con tenencia de arma de fuego sin la debida autorización legal.

Asensio, de 59 años y apodado "Chacho", está detenido en una comisaría de la zona y quedó imputado formalmente por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado, por haber sido cometido por el encargado de la educación o de la guarda de la víctima.

El hombre fue detenido por personal de la división Cibercrimen de la Policía Bonaerense, en su vivienda del bosque Peralta Ramos, en la ciudad de Mar del Plata, donde continuaba con su labor de adiestrador en el club Sporting de esa ciudad.

Los delitos que se investigan habrían sido cometidos en fechas no preciadas, pero entre 2011 y 2014, cuando Asensio era responsable del entrenamiento de equipos femenino de hockey sobre césped en Monte Hermoso, donde también se desempeñó como secretario municipal de Deportes.

Una de las denunciantes tenía entre 15 y 17 años cuando, según dijo años después (lo pudo denunciar en abril de 2024), vivió situaciones abusivas.

Los delitos se habrían cometido en distintos lugares que compartían y fueron acrecentándose con el tiempo, a medida que la víctima compartía mas tiempo con el hombre, quien era su referente deportivo.

Todas esas situaciones se dieron en contra de la voluntad de la menor e incluso cuando se encontraba en competiciones fuera de la localidad y la víctima estaba bajo la guarda del hombre.

Además, el acusado enviaba a la joven mensajes con contenido íntimo y le exigía que los ocultara para evitar inconvenientes con su familia, ya que los conocía de la localidad.

Durante la instrucción de la presente causa se tomaron testimoniales de otras jóvenes, quienes ratificaron las conductas vejatorias que son materia de investigación.

El salvataje ocurrió en el restaurante La Broza, ubicado en Fuerte Argentino y Casanova, sobre las 14.40.

En ese lugar, los efectivos observaron que dentro del local los comensales estaban pidiendo ayuda. Al ingresar, vieron a esta mujer atragantada con la comida, y le realizaron maniobras de reanimación y de Heimlich.

Con esto lograron estabilizar sus signos vitales. Posteriormente, la mujer fue trasladada al Hospital Municipal.

Los efectivos que participaron del salvataje fueron el oficial Nicolás Alonso, el teniente Pablo Córdoba y la sargento Verónica Alvarez.
 

La detención se produjo en la vivienda del exfuncionario montehermoseño en Mar del Plata, en el bosque Peralta Ramos. Actualmente estaba dirigiendo a Sporting, en la ciudad balnearia.

El operativo fue llevado a cabo por personal de Cibercrimen de la Policía Bonaerense. Según se indicó, Asensio fue trasladado anoche a una comisaría de nuestra región, a la espera de ser indagado.

A mediados de 2014, al entrenador y por entonces funcionario municipal se lo vinculó con presuntos intentos de abuso sexual hacia dos jugadoras menores de edad del club Atlético Monte Hermoso.

Asensio había renunciado al cargo de subsecretario de Deportes del municipio y al de coordinador del hockey femenino en la entidad, y luego dejó la ciudad.

Según las versiones, la abrupta partida se habría producido porque el padre de una de las jóvenes presuntamente sometidas a “conductas inapropiadas” le habría dicho a Asensio -de 47 años de edad en ese momento- que abandonase Monte "para siempre y por las buenas" o que se atenga a la posibilidad de ser denunciado por intento de abuso sexual a una menor de edad.

Pocos días después, el 18 de julio de ese año, la Confederación de Hockey había denunciado al entrenador, luego de una nota publicada por este medio a los padres de una joven de 17 años que había declarado haber sido acosada sexualmente por el entrenador.

Aunque si bien ese fallo funciona como "cosa juzgada" respecto del acusado y los hechos, sí puede "repartir culpas" respecto de la indemnización.

Eso fue lo que sucedió, recientemente, con la Cámara en lo Civil y Comercial de Bahía Blanca, que confirmó la sanción contra un hombre condenado (a tres años de prisión en suspenso) por un luctuoso incidente de tránsito en la ciudad, pero le rebajó al 50% el pago por entender que la víctima tuvo su "incidencia causal" en la acción.

Se trata de una colisión registrada la madrugada del 7 de julio de 2013, en la avenida Alem y Primero de Marzo.

Fue cuando el Audi A3 conducido por Fernando Daniel Bonino, que se movilizaba por Alem, chocó con el Fiat Uno guiado por Catalina Rosa Crisa (52).

El impacto en una puerta trasera del Fiat motivó que el vehículo impactara contra una de las barandas de contención del puente y la mujer fuera despedida por el parabrisas y cayera dentro del canal.

Crisa sufrió lesiones de gravedad y falleció cuatro días después en un hospital.

Se estableció que Bonino circulaba con alcoholemia positiva (1,64 gramos por litro de sangre, aunque él dijo que era mucho menos) y a una velocidad superior a la permitida para el cruce. 

Por ese motivo la justicia Penal le impuso 3 años de prisión de ejecución condicional (no fue preso). El fallo fue dictado por el Juzgado en lo Correccional Nº 4 y confirmado por la Cámara Penal.

La acción motivó una demanda de parte de la familia de la víctima contra Bonino.

El juez en lo Civil de primera instancia hizo lugar a la demanda y condenó a Bonino a pagarle a la familia de la víctima unos 60 millones de pesos (más intereses).

Sin embargo, la defensa del hombre apeló, al entender que no la totalidad de la responsabilidad del incidente había sido de su parte, y la Cámara le dio la razón.

En partes iguales

La Sala I, con los votos de los jueces Patricio Lombardi, Fernando Kalemkerian, Marcelo Restivo, le dio la razón y dividió en partes iguales del 50% la indemnización.

"La autoridad de cosa juzgada de la sentencia penal dictada contra Bonino no impide examinar en estas actuaciones la eventual incidencia causal de la conducta desplegada por Carolina Crisa", explicó la Cámara. 

"Encontrándose definitivamente establecida la responsabilidad de Bonino por el accidente, no cabe en esta instancia efectuar una nueva valoración de su conducta ni revisar las circunstancias que sustentaron la condena penal. El análisis se circunscribe a determinar si el comportamiento de Carolina Crisa tuvo incidencia causal en la producción del siniestro", agregó.

Y en ese punto destacaron la clave de una señal de tránsito ubicada en el cruce que otorgaba prioridad de paso en favor de Bonino.

"Desde esa óptica adquiere particular relevancia la señal de PARE existente sobre la calle Primero de Marzo, antes de su intersección con la avenida Alem. La existencia de dicho cartel no constituye un dato menor", explicaron los jueces.

La misma Sala I de la Cámara, en otras causas, tiene dicho que PARE "constituye una señal reglamentaria que impone la detención obligatoria a quien se dispone a emprender el cruce, a fin de que se asegure previamente que puede realizar la maniobra sin comprometer su seguridad ni la de terceros". 

"Su imperatividad no se satisface con la mera disminución de la velocidad, pues parar supone la detención absoluta del vehículo, quedando luego librada al conductor únicamente la apreciación del momento en que puede reiniciar la marcha sin interferir la circulación de quienes transitan por la arteria prioritaria", ampliaron.

Este tipo de prácticas, según los jueces, están destinadas a coordinar las expectativas de los conductores y permitir un tránisto "ordenado y seguro".

Y explicaron que la obligatoriedad de esa regla encuentra, además, sustento en el artículo 22 de la ley 24.449, en cuanto establece el sistema uniforme de señalamiento vial y dispone que son exigibles al usuario las reglas de circulación expresadas a través de las señales, símbolos y marcas de dicho sistema.

En consecuencia, la Cámara resolvió modificar la sentencia y atribuyó la incidencia causal del hecho a la víctima en un 50% y la otra mitad a Bonino.

"No observó la cesión de paso"

Prioridad. La pericia accidentológica concluyó que el Fiat que manejaba la víctima iba por Primero de Marzo, con la intención de atravesar la avenida Alem para continuar hacia el Parque y "no respeto la cartelería de llegada a la intersección".

Visión. El ingeniero Medina, a cargo de la pericia mecánica, coincidió con esa conclusión y también aclaró que desde Primero de Marzo existía "una visibilidad de 60 metros o más".

Acreditado. "Considero suficientemente acreditado que Crisa ingresó a la avenida Alem sin observar la detención y cesión de paso que le imponía la señal reglamentaria y que esa conducta constituyó un aporte causal relevante en la producción del accidente", sostuvo la Cámara.

Así lo dispuso el Tribunal de Casación Penal bonaerense, que confirmó el fallo, dictado en juicio abreviado, por el Tribunal en lo Criminal Nº 2 de Bahía Blanca, de 4 años y medio de prisión para Kevin Ezequiel Bermúdez, domiciliado en Pedro Luro y acusado de sustraer lechones, corderos y terneros para venderlos.

También le confirmaron una multa de 20.454.000 de pesos, fijada como pena accesoria según lo previsto en el Código Penal. 

Le imputaron los delitos de abigeato agravado (4 hechos), abigeato (2 hechos), hurto y maltrato animal, todo en concurso real. 

De esa manera se rechazó la apelación del abogado Maximiliano De Mira, representante de Bermúdez.

El defensor cuestionó la acreditación de la autoría en los actos imputados, sostuvo que las cámaras de seguridad identifican un vehículo pero no a sus ocupantes y que la geolocalización telefónica abarca amplias extensiones.

A su vez relativizó los WhatsApp relacionados con la faena y la venta de cortes de carne y consideró desproporcionada la multa.

Sin embargo, los jueces Ricardo Borinsky, Víctor  Violini y Ricardo Maidana ratificaron el fallo local.

Cada delito 

Hecho 1: el 15 de mayo de 2024, entre las 20.30 y las 23.45, Kevin Bermúdez y otras personas sustrajeron del establecimiento rural de Gustavo Walter Colombo, en cercanías de Ombucta, 23 lechones de entre 10 y 13 kilogramos, un anafe de camping, dos electrificadores rurales, un rifle de aire comprimido, una maza de 12 kilos y una caja con medicación animal y herramientas, retirándose en la camioneta Ford F-100, dominio RJY-671.

Hecho 2: entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre de 2023, Bermúdez, en compañía de otras personas, sustrajo ilegítimamente 12 corderos del mismo establecimiento.

Hecho 3: entre el 26 de diciembre y el 27 de diciembre de 2023, Bermúdez, en compañía de otras personas no identificadas, sustrajo ilegítimamente 13 corderos y 3 lechones del mismo establecimiento rural de Gustavo Walter Colombo.

Hecho 4: entre el 12 de junio y el 13 de junio, Bermúdez y otras personas sustrajeron dos terneros de unos 200 kilos cada uno del campo de José Ernesto García, ubicado en Colonia El Fortín.

Hecho 5: entre el 26 de junio y el 27 de junio de 2024, Bermúdez, junto a otras personas no identificadas, sustrajo 7 vacunos del mismo establecimiento de García, previa rotura del alambre que sujetaba el tranquerón de acceso al predio.

Hecho 6: el 18 de julio de 2024, Bermúdez y otra persona robaron un ternero Aberdeen Angus, de pelaje colorado y uno 170 kilos de peso, que se encontraba en un camino vecinal cercano a La Vizcaina, en Teniente Origone, arrendado por Jorge Pablo Bertuccio. 

Hecho 7: el 16 de agosto de 2024, en su casa de la calle 107 en Pedro Luro, Bermúdez no alimentó adecuadamente a un perro dogo bajo su guarda, que estaba desnutrido. 

Casación explicó que, más allá del juicio abreviado (al cual adhirieron el imputado y la defensa), existen pruebas suficientes para la condena. Entre ellas citaron el análisis de las cámaras que identifican el vehículo usado (Ford F-100), como propiedad de Bermúdez, con  detalles de la carrocería.

También el secuestro, durante el allanamiento a su casa, de herramientas de uno de los damnificados y el análisis de mensajes de WhatsApp que aludían a la venta de lechones y cortes de carne, así como publicaciones en Facebook. A su vez citaron el análisis de geolocalización de su teléfono y las antenas, coincidentes con lugares y horarios de los delitos.

"Lejos de fundarse en conjeturas y presunciones, el fallo describe una secuencia de actos basados en una serie de elementos de prueba que conforman serios y concordantes indicios que exceden la mera receptación posterior de los objetos y las carnes, lo que permite afirmar una intervención esencial del aquí imputado en la ejecución de los hechos", explicó Casación.

Camioneta "remirada" y la idea de "lechionar"

Escuchas. Prueba vital fueron las escuchas. En una, un interlocutor le dice a Bermúdez que no podía acompañarlo porque "la camioneta la tiene remirada" y él le respondió que estaba igual: "Hoy me vieron cargando una".

Reproche. En otra comunicación, el 17 de mayo de 2024, le recrimina a un tal Martín haber comentado que él y otra persona habían salido a "lechionar".

Foto. Del teléfono de la mujer de Bermúdez, en tanto, se recuperó una foto -del 1 de diciembre de 2023- con una imagen del hombre faenando un cordero, coincidente con la fecha de uno de los delitos. 

Multa. Casación también consideró razonable y proporcionada la pena accesoria de una multa de más de 20 millones de pesos -pese a la oposición de la defensa- en función de la sustracción de 61 animales.

El sistema de videovigilancia de Bahía Blanca continúa ampliándose con la colocación de nuevas cámaras vinculadas al Centro Único de Monitoreo (CeUM).

De los 120 dispositivos cuya instalación fue dispuesta oportunamente por el intendente Federico Susbielles, más de 70 ya fueron colocados y restan alrededor de 40 para completar el programa.

Así lo explicó el director de la Agencia de Seguridad, Emergencia y Respuesta Inmediata, Martín Pacheco, quien señaló que parte de los trabajos corresponde también al proceso de renovación de los equipos existentes.

“Ya llevamos más de 70 colocadas. Oportunamente el intendente dispuso la instalación de 120, de las cuales algunas corresponden a un proceso migratorio, es decir, el recambio de aparatos que estaban y reemplazarlas por equipos nuevos y de mejores características”, indicó el funcionario.

Pacheco explicó que la instalación requiere previamente tareas de infraestructura.

“Quedan algunas por instalar, porque estamos trabajando en la colocación de postes y fibrado para luego proceder a la puesta de la cámara”, detalló.

Definición de lugares

Los nuevos dispositivos están distribuidos en distintos sectores de la ciudad.

Para establecer las ubicaciones se tienen en cuenta los reclamos e inquietudes planteados por los vecinos en los foros de seguridad, además del trabajo coordinado con las autoridades policiales.

“Se disponen los lugares a partir de las inquietudes de los vecinos y mediante un trabajo en coordinación con la Policía, es decir, con el superintendente (Gonzalo Bezos) y el jefe departamental (Gonzalo Sandobal)”, explicó Pacheco.

A ese relevamiento se suma el análisis del mapa del delito, que permite identificar sectores en los que la presencia de estos dispositivos puede resultar estratégica.

Algunos de los sitios elegidos para la disposición de los aparatos son Noroeste, 5 de Abril, Harding Green, Villa Mitre, Mara, Colón, La Falda, Universitario, Santa Margarita, Los Almendros y San Roque.

También están contemplados Bella Vista, Millamapu, San Agustín, Villa Amaducci, Sánchez Elía y Aldea Romana.

Según el funcionario, se trata de equipos que representan un salto en materia de prestaciones.

“Son cámaras de características muy importantes. Ayudan a tener mayor capacidad al momento de actuar respecto de un delito y también para poder prevenirlo y actuar rápidamente”, sostuvo.

Uno de los aspectos destacados es su funcionamiento en condiciones de baja iluminación.

“Cuentan con sistema infrarrojo, por lo que la calidad de visión permite observar claramente la imagen casi sin luz. Esto es vital para las causas”, remarcó.

En este sentido, mencionó que a mediados de noviembre representantes del CeUM concurrirán a un juicio por jurados para exhibir las imágenes del hecho que fue motivo de  investigación.

“Nos vamos a presentar con nuestros aparatos para permitir que aquellas personas que tienen que decidir puedan observar las filmaciones con la claridad y calidad suficiente para luego resolver. Es la primera oportunidad en la que va a suceder esto”.

Gran crecimiento

Una vez finalizada la colocación de los nuevos equipos, Bahía Blanca pasará a contar con alrededor de 1.200 cámaras vinculadas al Centro Único de Monitoreo.

“Es un número muy importante. Cuando se puso en marcha la gestión de (Federico) Susbielles había funcionando unas 600, por lo que se duplicó esa cantidad. Esta situación tiene directa incidencia en la mayor cantidad de resolución de causas y esclarecimiento de hechos”, afirmó Pacheco.

El funcionario destacó además la articulación permanente entre los operadores del sistema de monitoreo y las autoridades de la  Policía para intervenir ante situaciones que son detectadas a través de las cámaras.

“El trabajo de los operadores permite actuar en coordinación con la fuerza. Está a la vista que prácticamente todos los días se resuelven casos de esta manera”, señaló.

Desde la Agencia de Seguridad, Emergencia y Respuesta Inmediata también indicaron que los dispositivos se encuentran operativos y que existen mecanismos para atender rápidamente eventuales inconvenientes técnicos.

“Están todas funcionando. Lógicamente que en algún caso puntual puede haber un corte de fibra o falta de conexión, pero de inmediato se interviene para solucionar ese tipo de cuestiones. Todos los días se realizan informes sobre los dispositivos”, explicó Pacheco.

Trabajo constante

Destacó que hoy cuentan con un centenar de trabajadores dedicados a las tareas vinculadas con la observación de las imágenes.

“El esclarecimiento de hechos es muy alto”, afirmó Pacheco, quien también destacó el efecto preventivo que genera la presencia de cámaras en los distintos barrios.

“La cámara también es disuasiva. Por otra parte, la gente se siente segura cuando están estos aparatos”, sostuvo.

Describió que, en paralelo, el municipio mantiene reuniones periódicas con representantes de las delegaciones, la Agencia de Participación Ciudadana y autoridades policiales para recoger las necesidades de los vecinos.

“Cada 15 días nos juntamos con los responsables de las delegaciones y la Agencia de Participación Ciudadana. Junto con jefes policiales, coordinado por Federico Montero (subsecretario de Fiscalización y Control Policial del Ministerio de Seguridad bonaerense), vamos a los barrios y escuchamos a los vecinos”, explicó Pacheco.

De esta manera, la ampliación y renovación de la red de videovigilancia busca combinar tecnología, análisis de conflictividad y participación vecinal para definir dónde resulta prioritario sumar dispositivos y fortalecer la respuesta frente al delito.

Contacto estrecho con la Policía

Colaboración. “Todos los días se aportan imágenes a la Policía y a la Justicia. Y más allá de eso, hay muchos hechos que se previenen porque se detectan actitudes sospechosas y se envía un móvil para identificar a las personas”, afirmó Pacheco.

Coordinación. “Se trabaja con el GTO (Grupo Táctico Operativo) de las comisarías para tener el registro de las cámaras privadas, así cuando ocurre una situación la Policía que está patrullando sabe dónde puede recurrir a imágenes”, explicó. el funcionario municipal.

Saldo. “Desde el inicio de esta gestión los números son positivos en cuanto al impacto del CeUM y la interacción con la Policía para evitar ilícitos o capturar a sus  autores", aseguró.

El planteo, que ahora tendrá que resolver el Juzgado de Garantías N° 1, fue presentado por la fiscal Leila Violeta Scavarda, luego de que se ampliara la indagatoria del acusado y se negara a prestar declaración, a través de una audiencia que se hizo vía telemática (no salió de la cárcel de Saavedra).

Mientras se avanza con este sumario, la Cámara Penal local debe definir si está prescripta (como dijeron dos jueces de Garantías) o no la causa por una violación y tentativa de aborto en 2009, en perjuicio de una niña que tuvo un hijo suyo, según confirmó el estudio de ADN.

Del Valle fue arrestado en Florencio Varela el 23 de agosto último, luego de que pasara más de 15 años prófugo, cuando el plazo de prescripción era de 12.

Sin embargo, la fiscalía encontró otro delito para mantener su detención: no afrontó la cuota alimentaria de sus 4 hijos (entre ellos el que fue fruto del abuso sexual) a lo largo de esos años.

Y en las últimas horas agravó esa figura (y por eso se lo citó a la ampliación de la indagatoria), porque habría ocultado deliberadamente sus bienes y sus ingresos a través de otras personas y cuentas.

En principio estaba imputado por el artículo 1 de la Ley 13.944, pero los investigadores -con la adhesión de los abogados querellantes- sumaron prueba para acusarlo por el artículo 2 bis de la misma normativa, que agrava las sanciones.

"Hemos tomado declaraciones testimoniales y recibido informes de bancos, de Mercado Libre y otros organismos y queda probado que él se manejaba con cuentas de su pareja y de su madre y que no ponía nada a su nombre", comentó una fuente allegada al caso.

El artículo 2 bis prevé penas de 1 a 6 años de prisión a quien, con la finalidad de eludir el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias, "maliciosamente destruyere, inutilizare, dañare, ocultare, o hiciere desaparecer bienes de su patrimonio o fraudulentamente disminuyere su valor".

Y al tratarse de un concurso real de delitos, la pena en expectativa debería sumarse por cada uno de los 4 hechos, con lo cual, en caso de mantenerse esa calificación legal agravada, la sanción de cárcel podría ser de cumplimiento efectivo.

Peligro de fuga

Luego de la audiencia a distancia de hoy al mediodía, en la que Del Valle se negó a declarar, la fiscal Scavarda formalizó el pedido para mantenerlo en prisión preventiva.

Esa decisión tendrá que ser resuelta en los próximos días por un juez subrogante en el Juzgado de Garantías N° 1.

El fundamento de la fiscalía para sostenerlo detenido -en la Unidad Penal N° 19 de Saavedra- es el peligro procesal de fuga y el entorpecimiento de la investigación.

Esos argumentos se sostienen, justamente, con el gran tiempo que se mantuvo en la clandestinidad por la causa del delito sexual.

El exarquero y ayudante técnico de Villa Mitre está acusado de -entre junio y julio de 2016- simular o hacerse pasar por doctor para exigirle a una niña de 6 años, hija de su entonces pareja, que muestra su cuerpo para ser revisada en sus partes íntimas.

Además de tocarla, le solicitaba fotos y videos en poses sexuales y enviaba mensajes de audios libidinosos en relación a la pequeña.. Esos hechos sucedieron en distintas situaciones cuando convivían en la localidad de Cabildo.

En consecuencia, el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires reiteró el ofrecimiento de recompensa pública, de entre 2.500.000 y 5.000.000 de pesos, a toda persona que aporte datos fehacientes que permitan localizar y detener a Giambelluca.

La información se puede aportar ante los Fiscales Generales de Cámara de los distintos departamentos judiciales bonaerenses y el Tribunal en lo Criminal N° 2 del Departamento Judicial Bahía Blanca, en Estomba 34 (correo electrónico: tribcrim2- bb@jusbuenosaires.gov.ar).

También se recibe en la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas, calle 2, entre 51 y 53, oficina118 de La Plata, (correo electrónico: profugos@mseg.gba.gov.ar, teléfono 0221 429-3015, de lunes a viernes de 8 a 18).

En todos los lugares se asegura la confidencialidad de la información y la reserva de la identidad de las personas.

El monto de la recompensa será distribuido solo entre quienes se presenten a suministrar la información ante las autoridades señaladas.

Giambelluca (DNI 31.611.587), de 41 años, tiene como último domicilio Balboa 2.839, departamento 5, de nuestra ciudad.

A fines de 2017, el exfutbolista fue condenado por el Tribunal en lo Criminal Nº 2 de Bahía a 3 años de prisión en suspenso, por el delito de abuso sexual simple.

Sin embargo, el fiscal Mauricio Del Cero, que había pedido 12 años de cárcel en el debate, apeló y el Tribunal de Casación Penal engrosó la condena (a 6 años y medio de cárcel), al agravar la calificación del delito a corrupción de menores.

El 10 de noviembre de 2020 el fallo quedó firme y se dictó la orden de detención del exfutbolista -que había llegado en libertad al juicio- así como el allanamiento de su vivienda, pero el resultado fue negativo.

El fallo, resuelto en un juicio abreviado por el Tribunal en lo Criminal Nº 1, recayó en Lucas Fabián Ruffa, quien fue hallado culpable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La causa se puso en marcha en junio del año pasado, cuando los operadores del Centro de Monitoreo municipal advirtieron movimientos extraños en una vivienda ubicada en avenida Independencia al 200.

A partir de esa información la policía comenzó a investigar, se detectaron maniobras compatibles con la presunta entrega de drogas a cambio de dinero y la justicia ordenó el allanamiento de la propiedad.

El 16 de julio de 2025 los uniformados registraron la casa del acusado y secuestraron 24 gramos de cocaína y 22 de marihuana, además de teléfonos y otros elementos de interés para la causa.

El análisis de los dispositivos arrojó el hallazgo de comunicaciones relacionadas con la actividad ilícita en el servicio de mensajería WhatsApp y la red social Facebook.

Ruffa declaró en la causa y dijo que las sustancias incautadas en el allanamiento no eran de su propiedad y que no se dedicaba a la venta de estupefacientes.

Sin embargo, los jueces entendieron que solo intentó mejorar su situación y que las pruebas reunidas confirman su participación en los hechos.

En la causa también se encuentra imputada la pareja del hombre, identificada como Thara Eloiza Flores Battos, de nacionalidad mexicana, quien será juzgada el próximo 25 de noviembre.

Destino del secuestro

Los magistrados bahienses resolvieron en el fallo que los teléfonos secuestrados durante el allanamiento sean cedidos a la seccional policial suarense.

Determinaron que los aparatos sean utilizados cuando los detenidos en esa seccional deban llevar adelante audiencias con la fiscalía a través de videollamadas.

Por otra parte, establecieron que el dinero hallado en la requisa sea utilizado para pagar las costas del debate oral.

Sin embargo, la medida del titular del Juzgado de Garantías N° 3, Alberto Manzi, todavía no está firme porque la defensa apeló ante la Cámara Penal.

La discusión se centra en que para la acusación Del Valle debe ser incorporado al llamado registro de violadores, mientras que los abogados del detenido creen que, como no va a ser condenado por ese delito (por la supuesta prescripción de la acción penal), no deberían incluirlo en el listado.

El juez Manzi tuvo en cuenta el protocolo dispuesto por la Corte provincial (resolución 237/2021) que "establece claramente" que se debe tomar la muestra a quienes tengan condición procesal de "imputado o condenado", teniendo en cuenta que Del Valle, al día de hoy, aún sigue procesado por el delito sexual.

"Perturbación ínfima"

"La medida en cuestión tampoco afecta la integridad corporal del imputado si se realiza por los medios ordinarios adoptados por la ciencia médica, de manera que ocasiona una perturbación ínfima en comparación con los intereses superiores de resguardo de la libertad de los demás, de la defensa de la sociedad y la persecución del crimen", explicó Manzi.

En consecuencia, resolvió autorizar la orden y, para el caso que Del Valle se negara, "se proceda a la extracción compulsiva" (por la fuerza) de una muestra biológica del mismo (habitualmente se utiliza el hisopado bucal o la extracción sanguínea).

La decisión seguramente quedará en suspenso hasta que la Cámara -que también tiene a su cargo opinar sobre si la causa está o no prescripta- se expida y fije posición.

Mientras tanto, Del Valle permanece preso por el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar a 4 hijos, con una figura que para la acusación se agravó tras sumar nueva prueba, con lo cual será indagado nuevamente hoy.

Se lo identificó como Jesús Ezequiel Acosta, a quien le imputaron en principio el delito de hurto en grado de tentativa.

El procedimiento se registró alrededor de las 22.30 del jueves, tras un llamado al servicio de emergencias 911 que motivó la presencia policial en inmediaciones de Thompson y Coronel Morel.

Momentos antes, según la investigación, Acosta habría extraído combustible de dos unidades de transporte que se encontraban detenidas sobre la calle Thompson, utilizando para ello una manguera. La maniobra fue advertida por personal de la empresa, que dio aviso de lo sucedido.

Tras la intervención policial, el sospechoso fue localizado y aprehendido en el sector. Asimismo, se procedió al secuestro de los elementos utilizados para la sustracción de interés para la investigación.

El aprehendido y los elementos secuestrados fueron trasladados a la comisaría Primera, quedando las actuaciones a disposición de la UFIJ N.° 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.