"La estructura es la misma que había el 4 de septiembre. No cambió nada, no llegó ningún tipo de suplemento de recursos. La realidad es que sería deseable que la situación fuera mejor", indicó el juez Pedro Morán en diálogo con el programa Panorama de LU2.

Describió que la nueva ley "crea un universo más amplio de menores que pueden ser sometidos a un proceso penal a partir de los 14 años. El régimen anterior precisaba que los jóvenes eran parcialmente punibles entre los 16 y 18 años, donde si la pena prevista no superaba los dos años tampoco se los sometía a proceso. Es decir, quedaban fuera delitos de amenazas, lesiones leves y daños, entre otros. Hoy esos casos son procesables y esto impacta primero en la etapa de investigación (fiscalía y justicia de Garantías) y, de acá a un tiempo, también en los juzgados".

Describió que en el ámbito de nuestro departamento judicial bahiense existen vacantes en dos Juzgados de Garantías del Joven (una en Bahía Blanca y la restante en Tres Arroyos), en una fiscalía y en una unidad de defensa.

Morán aclaró que "las medidas que disponen los jueces pueden ser privativas de la libertad o para cumplir reglas de conducta en un ámbito de libertad y con la supervisión de organismos. En ambos aspectos estamos muy deficientes".

Recordó que "desde que se produjo el incendio en el Valentín Vergara solo quedó un centro de recepción, dispuesto para permanencias cortas de jóvenes detenidos hasta que se dispone su prisión preventiva".

"Hoy dispone de cuatro lugares para todo nuestro departamento judicial, pero ante la superpoblación de plazas en el conurbano, muchas veces están ocupadas por jóvenes del Gran Buenos Aires".

Detalló que el joven que destinado a un régimen de semilibertad es alojado en institutos de Tandil o Dolores, mientras que si le corresponde un ámbito cerrado es derivado a Azul o Mar del Plata. 

"Esto pone en desventaja a un menor respecto de un mayor, que pueden cumplir la detención en Bahía Blanca o Saavedra, con la cercanía de su familia".

Finalmente, consideró que "estamos llenos de buenas intenciones, pero a veces cuesta llevarlas a cabo. Celebro que se haya intentado renovar la legislación que estaba vigente desde el año `80. Contempla cuestiones que estaban en la convención de los Derechos del Niño, que tiene jerarquía constitucional, y que no se reflejaban en la ley nacional".

La víctima fue identificada como Víctor Flores Aguilar y su deceso se produjo en el hospital Penna de nuestra ciudad, hacia donde fue trasladado desde el centro asistencial de aquella localidad de Villarino.

"El hombre murió a las 18.30 (del lunes) en UTI (terapia intensiva), por criterios neurológicos", comentaron desde el Penna. 

En principio se informó que el domingo a la noche el hombre tomaba parte de una fiesta comunitaria en un salón del barrio Primavera, en Buratovich, en conmemoración de la Virgen de Copacabana, patrona del vecino país.

"Cuando arriba el móvil policial estaba tendido en el asfalto y se lo llevan al hospital, aunque luego fallece en el Penna", comentó un investigador, para agregar que "están trabajando para determinar las causas del fallecimiento y si hubo personas involucradas en el hecho".

La misma fuente confirmó que Flores "estaba muy alcoholizado" y que no presentaba lesiones visibles ni sangrado. De todas maneras, no se descarta que el hombre se haya visto afectado por la acción de terceros.

"De todas maneras, ninguno de los testigos presenciales refirió haber visto una agresión", explicó el vocero.

El operativo se originó sobre la 1 y el arresto se produjo en Bernardo de Irigoyen 75, aunque el local comercial, perteneciente a un hombre de 60 años, está ubicado a unos 500 metros, en Dorrego 329.

Se estableció la sustracción de un teléfono celular Samsung, una bolsa de nylon con distintas mercaderías (carne, levadura y gaseosas).

El celular fue encontrado en poder de Valle, mientras que en un baldío cercano, entre los pastizales, se encontró la bolsa con el resto de los materiales.

Entre las ropas del acusado, a su vez, secuestraron 18,38 gramos de marihuana.

El fallo fue dictado en un debate abreviado por el juez del Tribunal en lo Criminal Nº 1, Hugo Adrián De Rosa, quien imputó al sujeto, de 37 años de edad, por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante en concurso real con abuso sexual con acceso carnal reiterado, agravados por el vínculo y el aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente con una menor de 18 años.

Para el magistrado quedó probado que entre 2022 y 2024, en un domicilio ubicado en la zona del barrio Stella Maris, el procesado ultrajo en reiteradas ocasiones a la menor, que por entonces tenía 10 años.

También se estableció que la amenazaba con matarla para que guarde silencio y no cuente lo que sucedía.

El caso fue denunciado por la madre de la niña, luego de que la chica le revelara lo que pasaba cuando se quedaba en la casa del padre.

Precisamente, la mujer declaró y manifestó la forma en que tomó conocimiento de la situación, sosteniendo además que un hermano de la chica pudo observar uno de los abusos.

La menor le habría contado también a su abuela (madre del acusado), aunque esta no le dio importancia y le dijo que "estaba loca".

Pruebas decisivas

El juez valoró el testimonio de la víctima, indicando que "se presentó coherente, persistente en lo sustancial y exento de contradicciones relevantes a lo largo del proceso".

Agregó que "la joven describió con claridad la dinámica de los hechos investigados, precisando las agresiones sufridas contra su integridad física y sexual, así como las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron".

Señaló además que el examen médico realizado a la chica determinó la existencia de lesiones compatibles con el delito denunciado.

Al momento de establecer la sanción se tuvo en cuenta como agravantes la diferencia de edad entre ambos y "la violencia de género propia de una agresión sexual en contra de una mujer niña".

También valoró "el extenso período de tiempo durante el que los hechos tuvieron lugar, la reiteración de los accesos carnales imputados y los antecedentes penales del sujeto.

Por todo ello, y tal como acordaron previamente la fiscalía y la defensa oficial, De Rosa le impuso la pena de 14 años de prisión.

Este se encuentra en condiciones óptimas y con sus familiares.

El chofer accidentado es Edgardo Esquivel, a quien se lo trasladó en ambulancia al Hospital Municipal olavarriense con fisuras en un brazo y costillas, pero su vida no corre peligro.

Por causas que aún son materia de investigación, ambos camiones de la compañía Transportes EG chocaron en un tramo de la ruta provincial 51, a pocos kilómetros de aquella ciudad bonaerense.

Según información policial, los vehículos Volkswagen y Mercedes Benz transitaban en sentido a Olavarría cuando el VW, al mando de Esquivel, embistió aparentemente de atrás al otro transporte conducido por Alejandro Burgos.

Este último transportista resultó ileso.

Producto del potente impacto, la tolva del Volkswagen se desprendió de los sistemas de seguridad y golpeó contra la cabina. El rodado terminó volcado.

Por el siniestro vial se labraron actuaciones caratuladas “lesiones culposas”, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 4 del Departamento Judicial Azul.

(Con información de infoeme.com)

Según indicaron fuentes oficiales se encuentra en buen estado de salud.

El sospechoso fue identificado como Mariano Díaz, a quien venía investigando la UFIJ Nº 19, a cargo del fiscal Mauricio Del Cero.

Por orden del Juzgado de Garantías Nº 3, la Policía requisó la vivienda, ubicada en Cramer al 2.200, y además de los estupefacientes secuestró un revólver, municiones, una balanza de precisión, dinero en efectivo y celulares y otros dispositivos que serán analizados. 

La causa se inició a mediados de agosto último, a partir de denuncias que alertaban sobre presuntas maniobras compatibles con la venta de drogas al menudeo en esa casa, frente a la plaza del barrio.

A raíz de las tareas investigativas realizadas por la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Bahía Blanca, los trabajos de vigilancia, observaciones estáticas y registros audiovisuales del lugar, se logró documentar reiteradas conductas asociadas al intercambio de sustancias ilícitas en distintas horas del día.

Con las pruebas reunidas por la fiscalía, Garantías otorgó la correspondiente orden de allanamiento, concretada en la tarde de ayer.

Díaz será indagado hoy por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil.

El hecho tuvo una mecánica similar a la de otros incidentes viales que se han registrado en el sector: el transporte Mercedes Benz bajaba desde la zona de Espora, en dirección a la terminal portuaria, y se aparentemente se quedó sin frenos.

En medio del choque y vuelco, además de perder casi toda la carga, el camión derrumbó una de las torretas lumínicas del cruce, con lo cual la visibilidad en el sector podría verse afectada en horario nocturno.

Al lugar del siniestro concurrió la Policía, Defensa Civil y bomberos voluntarios de Ingeniero White.

También acudió una ambulancia del servicio Siempre, que sobre las 9.30 trasladó al conductor, identificado como Fernando Rodrigo Puccinelli, de 47 años, al hospital Penna, con traumatismos en sus piernas. 

Luciano Garayalde, presidente de la sociedad de fomento del barrio Punta Blanca Sur, expresó su preocupación por la reiteración de este tipo de incidentes.

"Lamentablemente estamos acostumbrados. Se quedan sin frenos al bajar y pasan de largo", declaró Garayalde al Servicio Informativo de LU2.

El aprehendido es Marcelo Sebastián Benítez (39), con domicilio en Pringles, quien quedó a disposición de la justicia en vinculación con el delito de hurto.

Poco después de las 4.30, efectivos policiales que hacían una recorrida de rutina observaron a un sospechoso en Colón y Newton, donde al advertir la presencia policial trató de esconderse detrás de una pared en el patio delantero de una vivienda.

Cuando los uniformados bajaron del patrullero para identificarlo, el hombre comenzó a escapar a pie, pero los agentes de seguridad lo persiguieron e interceptaron en Newton y Alem.

Durante la huida, el ladrón se deshizo de una mochila y una bolsa que contenían 72 latas de cerveza, dos botellas de gaseosa y una de agua saborizada.

Víctima de la sustracción resultó Pedro Mayer, dueño de una cantina ubicada en Colón y Bolívar, quien confirmó que las bebidas habían sido sustraídas de su comercio.

Benítez quedó alojado en los calabozos de la comisaría pringlense.

La Policía secuestró la totalidad de la mercadería sustraída, que en las próximas horas iba a ser restituida al damnificado.

Fuentes judiciales informaron que José Luis Salazar (37), quien fue asesorado por la abogada Maia González, hizo uso de su derecho y decidió no contestar las preguntas del fiscal Jorge Viego, a cargo de la UFIJ N° 5.

Los voceros mencionaron que el sospechoso está imputado del delito de homicidio agravado y portación de arma de fuego.

El crimen se registró alrededor de las 3 de la víspera, en la calle Juana Azurduy al 800, donde la víctima, identificada como Gonzalo Nicolás Bustos, de 23 años, recibió dos disparos en la espalda.

Personal policial acudió al lugar y aprehendió al acusado. En el lugar también secuestraron un arma calibre 22.

Según fuentes oficiales, tras los primeros datos recogidos en el lugar, Bustos habría estado merodeando un camión que el imputado tiene estacionado en la vía pública, con supuestas intenciones de robo, y el agresor salió de su vivienda y le disparó.

La diligencia, solicitada por los abogados de la querella, está prevista en el marco del artículo 168 bis del Código Procesal Penal bonaerense.

La acusación (tanto los abogados representantes de la particular damnificada como la fiscalía) reafirmará su postura para que Del Valle continúe en la cárcel de Saavedra por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar agravado.

El hombre había sido capturado el 23 de agosto último, en Florencio Varela, luego de estar más de 15 años prófugo por una causa de abuso sexual gravemente ultrajante en Puan, en perjuicio de una niña que, fruto de la violación, tuvo un hijo.

Al menos dos jueces resolvieron que Del Valle debería ser sobreseído por encontrarse prescripta la acción penal por el paso del tiempo (más de 12 años), aunque esa situación tiene que ser revisada por la Cámara Penal.

Mientras tanto, a Del Valle se lo mantuvo detenido por incumplir la cuota alimentaria de 4 hijos, incluido el que nació producto del delito sexual.

La semana pasada la fiscal Leila Scavarda pidió que la Justicia convierta en prisión preventiva su detención.

Fue luego de ampliar la indagatoria a Del Valle (se negó a declarar) tras recalificar el caso con una figura más "pesada".

La fiscalía entiende que el acusado es autor de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, agravado y reiterado (cuatro hechos), en concurso real de delitos.

Según los investigadores, Del Valle habría ocultado deliberadamente sus bienes e ingresos a través de otras personas y cuentas, mientras estuvo prófugo por la violación.

Esa situación agravaría una eventual pena en su contra, que podría ser de cumplimiento efectivo.

Al pedir la preventiva, la acusación se basó en el peligro procesal de fuga y el entorpecimiento de la causa, teniendo en cuenta sus antecedentes en ese sentido.

La audiencia preliminar del artículo 168 bis del CPP provincial prevé, además, que el imputado -no se confirmó si va a estar presente o por vía telemática- pueda ser oído en caso de así plantearlo la defensa.

La jueza tiene 5 días para definir si ordena o no la prisión preventiva de Del Valle.

Ese es uno de los tantos audios del teléfono de Belén Prado, la joven detenida en Punta Alta como presunta vendedora de droga, del cual se infiere cierta "protección".

El fiscal Mauricio Del Cero investiga a un policía de la seccional rosaleña y de hecho hoy, en medio de distintos allanamientos, requisó su casa y la propia comisaría.

Del celular de Prado, a su vez, surgieron diversas comunicaciones que la podrían vincular con la infracción a la Ley 23.737. Estos son algunos de los audios registrados, con distintas fechas e interlocutores:

- "Amor, si ya la tiene, ya la tiene, fue, voy a pesarla en casa, conseguite una balanza, la peso en casa y vemos..."

- "No llego al G, me queda 0,7..."

- "Sí, me vendió 30G al toke y a mi me sirve".

La investigación, además de Prado y un policía todavía no identificado, incluye a un interno de la cárcel de Villa Floresta que tendría vinculación con la joven.

Uno de los allanamientos de hoy permitió el secuestro de un teléfono celular en su celda.

Los operativos se dieron a pedido del fiscal Mauricio Del Cero y por orden del Juzgado de Garantías Nº 2 e incluyeron la participación de personal de la comisaría Cuarta, el grupo GAD, la Policía Federal y la DDI.

La investigación se inició el 17 de diciembre pasado, cuando una persona se comunicó al 911 para denunciar a varias personas por la venta de estupefacientes, particularmente cocaína, y dio detalles de cómo se hacía la venta durante el día.

El denunciante incluso aportó el dato que una de las sospechosas es Belén Prado, una joven puntaltense, de entre 22 y 23 años, que tiene un piercing en el labio superior y flequillo.

La causa avanzó y el 7 de mayo pasado se realizó un allanamiento en su vivienda de Formosa al 200, en la vecina ciudad. En ese momento se secuestraron drogas, una balanza, envoltorios de nylon, dinero y dispositivos celulares. 

El allanamiento, en principio, había sido ordenado por un robo y se buscaba el secuestro de una baulera de motovehiculo, una chapa patente, espejos retrovisores, una máscara de acrílico delantera, una campera blanca, un pantalón de jean, zapatillas blancas y una gorra.

Cuando la Policía arribó en aquel momento al domicilio de la calle Formosa, una mujer salió corriendo por un pasillo y en la fuga se desprendió de una balanza de precisión, dinero y un estuche de lentes con cogollos de marihuana (para producir más de 1.300 dosis umbrales).

Esa mujer fue retenida e identificada como Belén Prado.

A partir del análisis de los teléfonos, se estableció que Prado se dedicaría a vender drogas (particularmente cocaína y marihuana), al menos entre el 26 de agosto de 2023 y el 7 de mayo último, siempre en Punta Alta.

Por ese motivo quedó detenida, acusada de comercialización de estupefacientes en calidad de autora y hoy se volvió a allanar su casa, donde se incautó más dinero, otra balanza, teléfonos celulares, un gramo de marihuana y un ladrillo de casi 52 gramos de cocaína compactada.

En el marco de la misma causa se individualizó a otra persona y se allanó su casa, en Mendoza al 500, de Punta Alta, pero en ese caso no se obtuvieron elementos de interés.

Al mismo tiempo la DDI realizó un operativo en la Unidad Penal Nº 4, por un interno que estaría vinculado a la misma actividad ilícita y que ya estuvo vinculado en otras causas provinciales y federales por infracción a la Ley 23.737. En ese caso se secuestró un teléfono celular que será analizado.

Finalmente, la Policía Federal realizó dos allanamientos en la primera cuadra de la calle 25 de Mayo y en La Paz al 800, de Punta Alta, donde vive un policía que mantenía comunicaciones con Prado.

En esas viviendas se secuestraron teléfonos que serán analizados.

Además, la Policía Federal y personal de la UFIJ Nº 19 allanó las instalaciones de la Estación Comunal de Punta Alta, en donde presta funciones el uniformado, pero en ese caso no se incautaron elementos de interés.

Se estableció que el policía -por ahora no identificado- hasta el 15 de este mes formó parte del Grupo Técnico Operativo de la seccional y que actualmente se encontraba desempeñando funciones como ayudante del oficial de servicio.

Por último se informó que Prado fue indagada por agentes de la fiscalía que conduce el doctor Del Cero y se negó a declarar. 

El evadido recapturado es Miguel Moreno Ceballos, a quien efectivos policiales y agentes penitenciarios saavedrenses hallaron en la zona de Dufaur.

El convicto aparentemente llegó a pie hasta ese pueblo ubicado a varios kilómetros de la Unidad Penitenciaria Nº 19, emplazada en la ciudad cabecera del partido de Saavedra.

"Anoche, pasadas las 22, dos internos llegaron hasta el doble alambrado y los cortaron. Uno fue atrapado en el lugar, dentro del perímetro carcelario, por personal penitenciario. El otro, Miguel Moreno Ceballos, alcanzó a escabullirse", informó el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

"De inmediato se organizó un operativo cerrojo con la Policía y personal del SPB, y cerca de las 5 fue recapturado el fugado en Dufaur", agregó el organismo.

El condenado "cortó uno de los barrotes" de su celda en el sector conocido como "buzones", que está separado del área de convivencia del establecimiento carcelario.

Después Moreno Ceballos también rompió cercos perimetrales del predio y así huyó.

Su búsqueda había comenzado aproximadamente a las 22.30 de ayer.

El interno cumple condena por el delito de robo agravado, en relación con una causa que se tramitó en el Departamento Judicial Bahía Blanca, según confirmó el SPB.

Se lo identificó como Javier Hernán Parra, de 36 años, quien fue detectado, sobre las 6.30, en medio de la maniobra, por las cámaras del Centro Único de Monitoreo, en la zona de Rehue y Cisneros.

El hombre intentó escapar en una moto de 150cc., pero los operadores del CeUM aportaron las características de su vestimenta y el sentido de fuga, con lo cual se montó un operativo (con seguimiento en tiempo real) que dio sus resultados poco tiempo después.

Los patrulleros interceptaron a Parra en la zona de Jorge Newbery e Indiada. Al advertir la presencia de los uniformados, el hombre escapó por Indiada y se dio una persecución que terminó con una captura.

Se estableció que en medio de la huida se desprendió de un bolso y, luego, sobre el 3.600 de Indiada, perdió el control de la moto, cayó y fue reducido, pese a que opuso resistencia.

El acusado y las actuaciones sumariales -encuadradas como tentativa de robo, desobediencia y atentado y resistencia a la autoridad- fueron trasladados a la comisaría Primera, con intervención de la UFIJ Nº 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

El prófugo fue identificado como Miguel Moreno Ceballos

Además, se indicó que un segundo interno había tratado también de escaparse, pero fue recapturado en el predio de la unidad.

Desde la Justicia se indicó que la Policía de la Departamental Saavedra colabora con el Servicio Penitenciario Bonaerense para encontrar a Moreno Ceballos.

Por ahora no está clara la modalidad de fuga. Solo se aclaró que el hecho ocurrió en horas de la noche.

Noticia en desarrollo
 

El hecho se registró alrededor de las 15:40, cuando efectivos encontraron en calle Canning al 2400 a un hombre de 31 años que presentaba un balazo en el gemelo izquierdo, con orificio de entrada y salida.

De acuerdo con las actuaciones, el presunto agresor ya se había retirado del lugar al momento del arribo policial, por lo que se inició su búsqueda en el sector.

Como resultado del operativo, Sabio fue localizado e interceptado posteriormente en Nicolás Levalle al 3200, siendo reconocido por las características de sus prendas de vestir y procediéndose a su inmediata aprehensión.

El imputado quedó a disposición de la Justicia en el marco de las actuaciones correspondientes bajo la carátula "Lesiones agravadas por el uso de arma de fuego".

El caso se inició con la denuncia que un hombre que relató que caminaba por la calle cuando vio a cinco jóvenes “en actitud sospechosa”, de los cuales tres se encontraban en distintos puntos de la esquina.

El denunciante siguió caminando sin perderlos de vista cuando uno de ellos le gritó “dame todo. Dame el celular”. El hombre comenzó a correr hasta que vio a un agente de la Policía de la Ciudad y le pidió ayuda.

“La violencia que exige la figura típica estaría dada por la intimidación de parte de cinco personas que intentan abordar a una persona sola. Pero el hecho no se habría consumado, porque esa persona de 47 años los evadió y luego intervino el personal policial”, destacó la jueza.

En este sentido, “no pierdo de vista que el robo de por sí es un hecho violento, y el bien jurídico tutelado por este tipo penal es la propiedad privada y la integridad física del damnificado. Ahora bien, las particulares circunstancias de este caso me permiten señalar que al no consumarse la conducta no se afectó la propiedad privada y lo cierto es que el damnificado únicamente ha padecido la situación estresante que quedó relatada en la denuncia”, agregó De Marinis.

“Es fundamental que como sociedad nos preguntemos: ¿Cuál es la respuesta del mundo adulto ante la conducta de un adolescente que implica una infracción penal? ¿Qué hacemos como sociedad cuando un niño o un adolescente por debajo de la edad mínima de responsabilidad penal juvenil comete un delito?“, se lee en el fallo.

Para la magistrada, “ante una conducta que infringe la norma penal, lo que el Estado debe hacer es un abordaje desde las agencias estatales diseñadas para dar asistencia y reconocimiento de derechos. Y en este punto es donde considero que el principio de proporcionalidad será el que permita analizar si la baja de la edad de punibilidad en el caso concreto es regresiva o no”.

Por lo tanto, “castigarlos por las faltas de respuestas del mundo adulto, significa inexorablemente desresponsabilizarnos de nuestro rol adulto, del deber de corresponsabilidad que pesa sobre nosotros. No pretendo con estas líneas romantizar la infracción penal juvenil, sólo intento señalar que la incorporación al sistema penal tiene que ser el último recurso y, en algunas trayectorias vitales, lamentablemente es el primero”, destacó la jueza.

El fallo bonaerense

La decisión de De Marinis se suma a la de la jueza Marta Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, que resolvió suspender por 60 días el nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires.

Al responder las críticas de su decisión, la magistrada aseguró: “Yo no romantizo a los chicos que salen con un arma, pero lo que creo que está pésimo es que hay como una sensación de que con esta ley le vamos a dar seguridad a la gente. Con esta ley no vamos a crear más seguridad”.

Pascual aclaró que no está en desacuerdo con bajar la edad de imputabilidad, sino con aplicarla sin las condiciones necesarias. “Si no están los mecanismos para que se puedan dar todas estas medidas, esta ley no es más beneficiosa ni para la comunidad ni para los jóvenes”, destacó.

En los fundamentos del fallo, la magistrada cuestionó si la Provincia cuenta con “las condiciones edilicias, institucionales y profesionales indispensables para albergar a esta población bajo los estándares que exigen los derechos humanos de la niñez”. (con información de TN)

Durante el procedimiento efectuado ayer a la madrugada en un domicilio ubicado en Frondizi y Campos, efectivos policiales aprehendieron a Omar Molina, más conocido como "Tico".

En el lugar los policías intervinientes incautaron "16,9 gramos de cocaína", de los que Molina había intentado deshacerse instantes previos.

También secuestraron 304 mil pesos, dos teléfonos celulares, un revólver calibre 22, una balanza, bicarbonato (utilizado para 'cortar' la droga) y anotaciones de interés para la causa por narcomenudeo.

Molina ya había caído en 2018 también en vinculación con la comercialización de estupefacientes.

La investigación está a cargo del fiscal de drogas bahiense, Mauricio del Cero, quien informó que en el inmueble allanado se habían detectado maniobras compatibles con la venta de drogas.

En tareas de vigilancia encubierta, los investigadores constataron el ingreso en esa propiedad de personas (posibles compradores) que permanecían allí poco tiempo y después se retiraban.

"Lo importante para la causa es que ese lugar es donde se observan los movimientos y se secuestraron cantidades de cocaína", confirmó Del Cero, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 19 de Bahía Blanca.

La causa se inició como consecuencia de tres denuncias: la primera, radicada en 2024, incluía una publicación en redes sociales que apuntaba contra Molina por venta de cocaína; las otras dos, que se presentaron en 2025 y 2026, fueron anónimas.

Al menos inicialmente Molina quedó alojado en la delegación bahiense de Drogas Ilícitas y por estas horas iba a ser indagado por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Al nombrado también se lo investiga en relación con tenencia de arma de fuego sin la debida autorización legal.