El hombre se hizo presente de manera espontánea en la sede de la fiscalía y el fiscal Jorge Viego, a cargo de la causa, comunicó la novedad y personal policial lo detuvo, según se informó desde el Ministerio Público Fiscal.

Desde la comisaría Quinta, en tanto, se había indicado que en días previos se habían hecho distintos rastrillajes y vigilancias en el sector del barrio Talleres, donde vive su madre, aunque no lo habían podido localizar.

Aguilar está imputado de tentativa de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido mediando violencia de género, según el artículo 80 del Código Penal.

El hecho que le imputan se registró aquel miércoles, sobre las 7, cuando Aguilar se habría presentado en la casa Entre Ríos al 2.200 y, con el uso del arma blanca, atacó a la mujer, de 40 años, a quien le provocó múltiples heridas de consideración en cuello, abdomen y una mano. Todo sucedió en presencia de dos hijos de la víctima, de 7 y 9 años.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguna víctima, llamá al 144: es gratis y atiende las 24 horas.

En un juicio abreviado, el Tribunal en lo Criminal Nº 2 bahiense le impuso esa pena a Lautaro Ezequiel Cabezas.

Los jueces del Criminal 2 consideraron al imputado coautor y autor penalmente responsable de robo agravado por su comisión en poblado y en banda, y robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no se acreditó y por escalamiento.

Las investigaciones estuvieron a cargo del fiscal Diego Conti, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 11.

Uno de los hechos delictivos se cometió el 17 de febrero pasado, cuando el procesado y ocho personas más interceptaron a un hombre en Maestro Piccioli y Ángel Brunel, donde lo golpearon y le sustrajeron el teléfono celular y las zapatillas.

Cabezas participó de otro robo el 9 de marzo, cuando irrumpió en una vivienda de Chile al 2300 y encañonó al dueño del inmueble.

Allí sustrajo 890.000 pesos, una consola de videojuegos PlayStation y dos joysticks, entre otros elementos, para luego escapar trepando un paredón de dos metros de altura.

Del Valle fue sobreseído el pasado viernes por la violación de una niña de 11 años en Puan y el delito de intento de aborto, al considerar el juez Guillermo Mércuri prescripta la acción penal (el hombre se mantuvo prófugo más de 12 años).

Sin embargo, mantuvo la decisión de la jueza Claudia Olivera de mantenerlo privado de la libertad por no pasarle alimentos a 4 de sus hijos (entre ellos que el que nació producto del delito sexual).

Si bien se trata de un delito considerado menor, con poca expectativa de pena, la clave pasa porque hasta el momento se sostiene el concurso real de delitos (4 hechos). 

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Esto, de mantenerse la figura del artículo 1 de la Ley 13.944 (incumplimiento de los deberes de asistencia familiar), que prevé un máximo de 2 años de prisión, podría significar una eventual pena en expectativa máxima de 8 años (2 por cada uno de los 4 casos).

Sin embargo, desde la querella plantearon la posibilidad de agravar el cuadro según el artículo 2 bis de la misma normativa.

Ese apartado prevé penas de 1 a 6 años de prisión a quien, con la finalidad de eludir el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias, "maliciosamente destruyere, inutilizare, dañare, ocultare, o hiciere desaparecer bienes de su patrimonio o fraudulentamente disminuyere su valor".

La abogada Yamila Segovia, junto a su colega Norberto Filippini, presentó días atrás un escrito en la fiscalía para que se investigue esta posibilidad, ya que no descarta que Del Valle haya actuado con "testaferros o prestanombres" para ocultar propiedades y eludir su obligación alimentaria.

Dijo que mientras estuvo prófugo residió o dispuso de un inmueble que no estaba a su nombre, así como vehículos y propiedades de alquiler. 

"Estamos trabajando en esas posibilidades y reuniendo prueba pendiente", dijo un investigador.

Y también aclaró que el pedido de prisión preventiva podría encontrar sustento, a su vez, en el peligro de fuga del acusado, teniendo en cuenta su postura en el caso del delito sexual, por el cual estuvo prófugo casi 15 años, hasta que lo capturaron el domingo 23 de agosto en Florencio Varela.

El acusado permanece detenido en la comisaría de Coronel Pringles y en caso de dictarse su prisión preventiva (la pediría la fiscal Scavarda y la tendrá que resolver el Juzgado de Garantías Nº 1) podría ser trasladado a una unidad carcelaria.

Uno de los domicilios, en Darwin al 300, pertenece a la pareja responsable de la residencia, mientras que el otro, en Humberto Primo al 1.000, es el hogar donde se encontraba alojada la víctima.

La investigación se inició con la denuncia realizada en febrero pasado por el propio damnificado, quien refirió que su nieta -encargada de manejar sus cuentas- había ido a renovar los plazos fijos y las cuentas estaban suspendidas.

En ese contexto, se detectó un préstamo por 10 millones de pesos que nunca había solicitado, diversas transferencias y compras, por lo que se brindó esa información a la justicia para iniciar las tareas investigativas.

La pesquisa permitió determinar que el responsable del hogar y su pareja habían accedido al dinero con los datos de la víctima y utilizado a otras personas como receptoras, para desviar la atención, y que -más tarde- esas sumas eran transferidas hacia sus cuentas.

En los domicilios, personal de Cibercrimen Región Interior secuestró teléfonos celulares y documentación, que serán peritados en busca de mayores pruebas para la causa.

El procedimiento se registró alrededor de las 18:30, a raíz de un llamado al servicio de emergencias 911 que motivó la presencia policial en un domicilio ubicado en Chaco al 3800.

De acuerdo con las actuaciones, momentos antes el imputado habría agredido físicamente a su pareja mediante golpes en la región de la cabeza, provocándole hematomas en el cuero cabelludo, luego de que la mujer le comunicara su decisión de finalizar la relación de pareja.

Tras las agresiones, la damnificada logró dar aviso al 911, concurriendo efectivos del Comando de Patrullas, quienes procedieron a la aprehensión de Muñoz.

Las actuaciones fueron remitidas a la Comisaría Quinta, con intervención de la UFIJ N° 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

El procedimiento se inició alrededor de las 13:00, cuando efectivos que realizaban recorridas preventivas en inmediaciones de Avenida Arias y Tarapacá observaron a un hombre que huía a pie mientras era perseguido por el responsable de un comercio de nacionalidad china, quien alertó a los uniformados sobre el ilícito.

De acuerdo con las actuaciones, Jara habría ingresado momentos antes al Supermercado Mega, ubicado en Avenida Arias al 2100, donde intentó sustraer seis envases de shampoo, valuados en aproximadamente $87.000.

Al ser advertido y frustrarse la sustracción, el imputado habría arrojado una piedra contra el comerciante sin llegar a lesionarlo, provocando además la rotura de uno de los cristales del establecimiento.

Tras una breve persecución, personal del Comando de Patrullas logró interceptar y aprehender a Jara en Tarapacá al 2000.

Durante el procedimiento se recuperó y secuestró la totalidad de la mercadería, como así también la piedra presuntamente utilizada durante el hecho.

El aprehendido fue trasladado a la Comisaría Sexta, quedando a disposición de la UFIJ N° 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

Fue llevado a cabo por personal de la Comisaría Séptima de Bahía Blanca, con la participación conjunta del Gabinete Técnico Operativo (GTO), personal de guardia, la Sección Motorizada y agentes del Centro de Tránsito Urbano.

La iniciativa se enfoca en la disuasión de picadas ilegales y la prevención del delito.

En este marco, se aprehendió a Fabricio Ortellado, de 24 años, por el delito de desobediencia. También se incautaron seis motocicletas por diversas infracciones a la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y a la Ley Provincial N° 13.927.

Según se indicó, en total se fiscalizaron 198 automóviles y 126 motovehículos.

Estas acciones, se aclaró, forman parte del plan de presencia territorial y proximidad con la comunidad para garantizar la seguridad vial y el orden público en la zona.

Según denunció la madre del agredido, luego del encuentro el adolescente de 15 años fue abordado y atacado por otro de la misma edad quien, tras insultarlo, le dio golpes de puño en la boca, provocándole la lesión en la cara interna del labio inferior.

La golpiza ocurrió en la intersección de Colón y Rosales.

Ambos jóvenes son jugadores de los dos clubes puntaltenses y habían participado del encuentro entre menores.

Según se indicó, el problema se había originado durante el partido.

La carátula es Lesiones leves. 

La captura se llevó a cabo en Güemes y Monseñor Angelelli.

En ese lugar se aprhendió a Rodrigo Muñoz, de 26 años. El hombre había intentado escapar de los policías, pero fue reducido tras oponer resistencia y forcejear con los agentes.

Se procura establecer su posible vinculación con otros hechos similares en el sector.

Intervienen en el caso la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 7 y el Juzgado de Garantías Nº 4 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.

Hace poco más de un mes, cuando pretendía ingresar al país por la Triple Frontera, procedente de Foz de Iguazú (Brasil), personal de la Dirección Nacional de Migraciones detectó que tenía un pedido de captura internacional y dio aviso a los efectivos de Gendarmería Nacional apostados en el lugar.

El sujeto, según describieron, atravesó el Puente Internacional Tancredo Neves y pretendía acceder a Misiones cuando fue interceptado y arrestado.

Damboriana fue puesto de inmediato a disposición de la UFIJ Nº 19, a cargo del fiscal Mauricio Del Cero, quien lo indagó mediante el sistema de videollamada (se negó a declarar) y ordenó el traslado hacia nuestra ciudad.

El pasado 15 de julio, la jueza de Garantías Nº 1, Claudia Olivera, decretó la prisión preventiva del acusado.

La medida fue apelada por la defensora oficial Luciana Juricich, aunque recientemente la Sala II de la Cámara Penal local, con los votos de los jueces Guillermo Petersen y Guillermo Emir Rodríguez, confirmó la decisión de que el imputado permanezca detenido al menos hasta el juicio oral y público.

Los hechos

La causa se puso en marcha en octubre de 2023, cuando efectivos de la Estación de Policía Comunal montehermoseña secuestraron en poder de Damboriana 2,7 gramos de cocaína fraccionada, una balanza y un teléfono celular.

"Del análisis del dispositivo se pudo determinar que presuntamente tenía la sustancia con fines de comercialización y que, junto a Alejandro Antonio La Rocca, habría vendido estupefacientes, particularmente cocaína, en Monte Hermoso y Sauce Grande, al menos entre junio y octubre de ese año", mencionaron.

El presunto cómplice fue sentenciado en abril de 2025 a 3 años de prisión de ejecución condicional, como participe secundario de comercialización de drogas.

Incluso, describieron que también se hallaron conversaciones del sospechoso con otro hombre que en 2025 fue condenado por el comercio de narcóticos al menudeo.

Charlas reveladoras

Al fundamentar la decisión, los camaristas destacaron que las conversaciones halladas en el análisis de los teléfonos celulares “dan cuenta de presuntos actos de comercialización de estupefacientes llevados a cabo en un determinado período, de la división de funciones y de los roles que habrían asumido ambos en el intercambio de las sustancias con terceros consumidores”.

Señalaron que en esos diálogos también se hallaron indicios del precio de la droga y del pago mediante transferencias bancarias.

Los jueces sostuvieron que con las pruebas recolectadas por los investigadores “basta para sostener que se ha arribado al grado de conocimiento necesario para el dictado de la medida de coerción impuesta”.

Describieron que, si bien de las transcripciones de las charlas “pudiera inferirse” que el acusado “eventualmente consumiría estupefacientes”, esa situación no excluye las conductas que le imputan.

Incluso, mencionaron que esa circunstancia fue introducida en la apelación solo por la defensa, ya que el sujeto no la refirió al declarar.

Por otra parte, coincidieron con la jueza de Garantías respecto a la presencia de peligros procesales, entre ellos el de fuga.

“Debe merituarse que estamos en presencia de hechos graves, así como la actitud procesal asumida por el procesado, en tanto el mismo permaneció sin poder ser hallado y con un pedido de captura”.

Del mismo modo, según señalaron en la resolución, tuvieron en cuenta los antecedentes penales computables del Damboriana.

Por todo ello, resolvieron rechazar el planteo de la abogada defensora y confirmar la medida que dispuso la prisión preventiva del hombre.

El 21 de octubre de 2023, cuando debían embarcar desde la ciudad dominicana hacia Buenos Aires y fueron al aeropuerto para retirar los pasajes físicos descubrieron que el vuelo AR 1325 de Aerolíneas Argentinas solo tenía tres asientos disponibles y no figuraba el del hombre, identificado con las iniciales D.N.M.

Pese a los insistentes y justificados reclamos, porque habían hecho el pago previo de los 4 lugares a través de la plataforma online Otium Internacional (el representante local JM Viajes fue quien extendió la factura), desde la firma de aeronavegación desistieron de subir al hombre al avión de vuelta.

D.N.M. entendió que había sido víctima de una práctica ilegal, conocida como overbooking, que consiste en la sobreventa de pasajes.

Debió quedarse en Punta Cana dos días más y recién el 23 pudo volar hacia nuestro país.

Una vez en Bahía accionó contra Aerolíneas Argentinas y el caso fue analizado por la Justicia Federal.

Y en dos instancias ya obtuvo dictamen a favor. 

Tanto el Juzgado Federal N° 2 como, recientemente, la Cámara Federal de Apelaciones resolvieron aceptar la demanda por daños y perjuicios, aunque rechazaron el reclamo por daños punitivos.

En primera instancia, la jueza María Gabriela Marrón ordenó un pago de 2 millones de pesos más los intereses desde octubre de 2023 por el daño moral generado.

Entendió que la familia sufrió "disgusto, incomodidad e incertidumbre" al ser cancelado el pasaje del hombre.

"La desatención, al no haberle prestado el servicio contratado de manera regular, provocó afecciones en la esfera interna", dijo.

D.N.M. apeló al cuestionar el monto fijado y el rechazo al pedido por daño punitivo, al considerar que la empresa omitió las reglas de deber de información y trato digno que prevé la Ley de Defensa del Consumidor 24.240, ya que, en su criterio, intentó camuflar la sobreventa de pasajes con cuestiones operativas.

En cuanto al dinero dispuesto, entendió que "se decidió fijar un monto que apenas cubre la mitad de lo pedido y sin explicación alguna".

Abogada ganó una demanda millonaria por un vuelo cancelado en la pandemia

La aerolíneas, por su lado, rechazó la demanda tras explicar que la modificación se debió a un cambio de la aeronave originalmente programada para ese viaje por otra de igual modelo (Airbus A330), pero con menor capacidad (un asiento menos).

Y reconoció que el personal que atendió a la familia en preembarque usó el término overbooking pero no en sentido de sobreventa de pasajes, sino para indicar que la capacidad del avión no contaba con disponibilidad para todos los pasajeros.

A medias

La Cámara Federal confirmó el fallo de la jueza Marrón. Fijó el monto por daños y perjuicios y desestimó el pedido por daños punitivos.

El camarista Roberto  Amábile -con la adhesión de su colega Pablo Larriera- entendió que estaba bien calculado el monto.

Si bien existió una temporaria separación del grupo familiar, con las molestias, angustias y trastornos de esa situación, "no se verificó una frustración total del viaje ni secuelas de carácter permanente".

"Por ello, no resulta adecuado tomar como referencia una experiencia de alto costo o carácter suntuario –como sería la financiación de dos nuevos viajes internacionales para el grupo familiar al destino originalmente visitado–, pues ello desbordaría la función resarcitoria del instituto.

"En cambio, se estima razonable fijar una suma que permita a los actores acceder a una experiencia familiar de recreación o descanso de nivel medio, apta para mitigar las consecuencias disvaliosas del hecho, cumpliendo así con la finalidad compensatoria que informa el ordenamiento vigente", explicó.

En cuanto al daño punitivo, la Cámara explicó que se trata de una sanción "de carácter excepcional" que requiere la verificación de una conducta "particularmente grave por parte del proveedor, que exceda el mero incumplimiento de las obligaciones contractuales y evidencie un claro desinterés o menosprecio por los derechos del consumidor".

Le cubrieron los gastos en la emergencia

El daño punitivo fue rechazado porque no se observaron elementos suficientes para considerar que la situación fue de gravedad extrema.

De hecho, surge de la causa que la aerolínea "brindó asistencia al pasajero afectado", con la cobertura de los gastos de alojamiento extras, traslados y reprogramación del vuelo.

"Lo cual, si bien no neutraliza el incumplimiento verificado ni excluye la procedencia del resarcimiento por daño moral, resulta indicativo de una conducta que no puede ser calificada como de grave indiferencia o desaprensión hacia el consumidor", explicó la Cámara Federal bahiense.

El hecho de que la empresa no hay apodido probar de manera suficiente que se trató de un error técnico para justificar la reducción de capacidad del vuelo no deriva, por sí solo, en la existencia de un obrar doloso.

Sí se estableció a partir de los informes de la ANAC que el avión de reemplazo para la vuelta a Ezeiza tenía mayor cantidad de plazas disponibles que la unidad originaria, lo cual desestimó los descargos de AA para desligarse de la responsabilidad por el daño moral.

En la víspera el juez subrogante del Juzgado de Garantías N° 1, Guillermo Mércuri, rechazó el hábeas corpus formulado por la defensa de Del Valle.

El magistrado decidió mantenerlo privado de la libertad pero por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar.

En tanto, por el caso del grave ataque sexual, coincidió con su colega Claudia Olivera en cuanto a que la acción penal está extinguida y ordenó el sobreseimiento por los hechos de abuso sexual agravado y aborto en grado de tentativa. 

El magistrado respondió al pedido de la Cámara Penal (había dejado en suspenso el sobreseimiento al pedir profundizar los informes de antecedentes para saber si no se había interrumpido la prescripción) y aclaró que, tras extraerse las huellas dactilares actualizadas del sospechoso, se confirmó que no existían condenadas en su contra durante el tiempo de la fuga.

"Seguimos firmes en que hay argumentos para darle continuidad a la acción penal y avanzar sobre los otros delitos", agregó la joven abogada y familiar de la víctima.

Violadores en la calle: la imperiosa necesidad de alcanzar una reforma legal

Segovia impulsa la acusación como particular damnificada junto a sus colegas Norberto Filippini y Leonel Báez.

Los voceros señalaron que el hecho se produjo alrededor de las 6, en el sector de Moreno y Terrada.

Tras un llamado al 911 acudieron al sitio efectivos del Comando de Patrulla, de la seccional Segunda y del servicio de emergencias Siempre.

A partir de algunos elementos recolectados la principal hipótesis que manejan los investigadores es que se trató de un suicidio.

Por el caso se iniciaron actuaciones con intervención de la fiscalía en turno.

Para recibir asistencia en materia de prevención de suicidios se pueden comunicar a la línea 135.

El hecho se produjo poco después de las 20.30, en la primera cuadra de calle Aguado, entre Ayacucho y Estomba.

Se trata de un rodado Honda XR 250cc., de color rojo, patente A049GNT.

"Me la robaron anoche del portón de mi casa. Según me dijeron los vecinos, se trata de un muchacho de alrededor de 1,70 metros de altura", describió Emiliano.

Explicó que "se la llevaron a tiro. Algunas cámaras de seguridad de los vecinos tomaron el momento en que escapaba con mi vehículo".

Finalmente señaló que la sustracción fue denunciada en la seccional Segunda.

El tiempo de "persecución" del Estado a un acusado vence según el tipo de delito (más pena, más tiempo) pero, salvo en los casos que prevén perpetua (tope de 15 años), no puede superar los 12 años.

Transcurrido el tiempo pautado, se extingue el derecho a la persecución penal. Los especialistas no lo consideran ni un beneficio para el imputado ni una injusticia para la víctima, sino una garantía constitucional que protege a todos frente a la incertidumbre de una persecución ilimitada.

Los denominados "tiempos de la Justicia" -sin dejar de tener en cuenta la falta de recursos y las vacancias- y las maniobras dilatorias o recursivas de las defensas atentan contra esos términos y dejan sin juzgamiento delitos de distinto tenor, no por una cuestión de fondo sino de forma.

Farándula y abusos: el dilema de la prescripción de las causas

Y lo que es gravemente dañino para la sociedad es que mantiene en la calle a peligrosos delincuentes o depredadores sexuales, quienes muchas veces no pasan ni un minuto en la cárcel pese a estar acreditada su relación con los ilícitos.

Esta problemática resonó con insistencia en los últimos días a partir del caso de Alberto Martín Del Valle (56), quien violó y embarazó a su hijastra de 11 años y se mantuvo prófugo casi 15, hasta que fue capturado, el fin de semana pasado, en Florencio Varela.

Del Valle hoy está detenido pero esa situación pende de un hilo. Se lo vincula con el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, como delito cometido durante su clandestinidad y que podría interrumpir el plazo de prescripción o bien tener peso propio para mantener la medida cautelar.

Sin embargo, dos jueces de Garantías ya dejaron en claro que los tiempos de persecución por el delito sexual se extinguieron y que debe ser sobreseído, tanto por la violación como por el intento de aborto que tuvo por víctima a la menor, durante 2009 en Puan.

La fuerte lucha que encabezó Yamila Segovia, hermana de la víctima y convertida en abogada para batallar contra la impunidad, parece no alcanzar.

Ni tampoco los esfuerzos de la Oficina de Búsqueda de Personas de la Fiscalía Bahía Blanca, que cuenta con apenas 3 agentes y en los últimos 4 meses se movilizó hasta dar con el hombre en el conurbano.

Faltan respuestas

Si bien desde ámbitos políticos se reclama una mayor sensibilidad a los jueces, lo que hay que tener en claro es que en estos casos los tribunales están "atados de manos" por la ley.

Y es hora de que esa sensibilidad la asuma el Poder Legislativo. Urge una reforma profunda para que no haya que asimilar más injusticias como la de Del Valle fuera de la cárcel.

Simples cambios en el Código Penal podrían descomprimir esa sensación que hoy gana en la sociedad: que el sistema está diagramado para la impunidad.

¿Por qué no extender el plazo de prescripción de la acción penal a 25, 30 o 35 años?, ¿quién no estaría de acuerdo con esa medida, salvo los delincuentes?

¿Por qué no modificar el artículo 67 del Código Penal y que la prescripción no solo se interrumpa con la sentencia no firme sino con sus confirmatorias (fallo Farina de la Corte)?

¿Por qué no limitar la posibilidad de apelaciones que tienen los defensores para no dilatar los procesos?

¿Por qué no interrumpir el plazo de prescripción para aquellos acusados que se fugan?

Este último punto movilizó a Segovia a presentar un proyecto (conocido como Ley Segovia), que justamente persigue evitar que haya nuevos "Del Valle".

"Estamos trabajando para que esta lucha no quede en una acción individual y se pueda extender a una situación colectiva”, dijo la abogada.

"La denominada 'Ley Segovia' persigue reformar el artículo 67 del Código Penal y que la fuga comience a ser un acto que interrumpa la prescripción".

Para Segovia, la estrategia de los abusadores como Del Valle es "cometer los delitos, arruinar las infancias y volver años después para pedir el sobreseimiento". "Tenemos que entender que estas causas deben ser imprescriptibles", sentenció.

La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti impulsa el proyecto de Segovia en la Cámara Alta y el diputado Pablo Juliano, en la Baja.

Distintos tribunales, como la Cámara Penal de Bahía Blanca, ya han girado fallos al Congreso de la Nación para que tomen en cuenta este tipo de situaciones que ahora parecen tener mayor visibilidad.

De hecho, la propia jueza que hace unos meses dispuso el sobreseimiento de Del Valle, Claudia Noemí Olivera, consideró en la resolución que son "atendibles" los argumentos de la abogada Segovia para debatir la necesidad de suspender los plazos de prescripción por fuga de un acusado.

Un fallo judicial abre las puertas a otra versión del polémico “2x1”

"Siendo necesario su análisis por parte del Poder Legislativo a fin de discutir si, compartiendo los fundamentos de la doctora Segovia, corresponde modificar el artículo 67 del Código Penal e incorporar como causal de suspensión de la acción penal la declaración de rebeldía y la orden de captura del imputado", sostuvo la jueza.

En consecuencia, también dispuso "elevar un oficio a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación a fin de poner en conocimiento el presente caso y poner a consideración su tratamiento para una eventual modificación del artículo 67 del Código Penal en los términos indicados".

Otra historia indignante

En la Provincia de Buenos Aires existen casos graves, como homicidios calificados, que terminaron con la extinción de la acción penal y los acusados en libertad.

Y también en Bahía tenemos antecedentes para la indignación.

En 2008, Walter Dagoberto Matus fue condenado a 12 años de cárcel por abusar de una niña, pero huyó durante el juicio (había llegado en libertad), se radicó en Córdoba con nombre falso y lo capturaron en 2021, cuando la causa había prescripto. No pasó ni un minuto en prisión.

Pese a no estar a la hora del fallo, el Tribunal en lo Criminal Nº 3 de Bahía Blanca lo encontró autor penalmente responsable de abuso sexual con acceso carnal agravado y corrupción de menores.

La víctima tenía 6 o 7 años de edad cuando el depravado comenzó a manosearla en sus partes íntimas en reiteradas ocasiones y posteriormente esos tocamientos se transformaron en violaciones hasta los 10 u 11 años de la menor.

Nada se supo de Matus hasta principios de 2021, cuando la Policía lo detuvo en Córdoba, pero a los pocos minutos lo tuvo que liberar porque la Justicia le informó que la acción penal había prescripto.

Sus mentiras no tenían límite. A los allegados en Córdoba les contó que su mujer y sus dos hijos habían fallecido como consecuencia de un siniestro vial, dato que no era verdad.

Esto lo reconoció Elena, dueña de un restaurante ubicado en el barrio Jardín, cerca del local gastronómico donde Matus, quien actuaba bajo la falsa identificación de "Marcelo Tévez", era cocinero.

Quien descubrió su mentira fue una familia con quien había trabado amistad y le había prestado hospedaje, justamente por sentir "lástima" a partir de su presunta historia de vida fatal.

Fue cuando un cartero llegó para entregar la renovación del DNI, pero presentó el sobre con el apellido de Matus (y no Tevez) pese a que la foto en el documento le correspondía.

Ante la desconfianza, el dueño de casa "Googleó" su identidad y quedó azorado al encontrar publicaciones de lanueva.com sobre los delitos que le imputaban en Bahía y su posterior condena.

Fue ese vecino quien denunció a la Policía la farsa del "huésped" y así se produjo la detención que, lamentablemente, fue brevísima.

Cambios en materia de delitos sexuales

Hasta 2011, en el caso de los abusos sexuales, la prescripción por extinción de la acción penal comenzaba a correr al momento en que se había cometido el hecho, con lo cual muchos delitos quedaban impunes porque las víctimas no podían confesar, lo hacían tarde (hablan cuando pueden) o mantenían silencio por estar bajo amenazas de sus victimarios.

Desde esa fecha, con la llamada "Ley Piazza" -la 26.705, impulsada por el modisto- se tomó como punto de inicio cuando la persona afectada cumplía los 18 años.

Y en 2015 se volvió a modificar la normativa (ley 27.206) y se dispuso que el plazo de prescripción comenzara a correr recién cuando la persona afectada (víctima como menor de un delito sexual) denunciara, independientemente de su edad.

Esto quiere decir que alguien que hoy tiene 40 años puede denunciar un hecho sufrido a los 15, sin ningún impedimento legal.

Desde esa fecha en adelante todo está más que claro, aunque las reacciones de rechazo surgen con casos como el de Del Valle, que sucedieron cuando la ley, que no es retroactiva, era más laxa.

Allí se procedió al secuestro de un artículos personales y prendas de vestir, elementos que guardarían relación con hechos investigados.

Su aprehensión se produjo en el marco del operativo Zonas Calientes y corrió por cuenta de efectivos de la comisaría Segunda junto con la Unidad de Policía de Prevención Local motorizada. 

La medida fue dispuesta por el Juzgado de Garantías número 4 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

Uno de los ilícitos ocurrió el pasado 21 de agosto, en Agustín Álvarez y Guatemala. Previo dañar el parante de la puerta de un Renault 19, sustrajeron diversos elementos, entre ellos un bolso matero de color negro. El hecho quedó registrado mediante cámaras de seguridad.

También se estableció la participación del ahora aprehendido en un hurto ocurrido el 27 de agosto, en La Plata al 800. En ese luegar fue sustraída una caja de herramientas del interior de una camioneta estacionada, quedando también la maniobra registrada por video.

Un tercer episodio ocurrió en Eduardo Gutiérrez y Panamá, donde funciona una panadería, de donde sustrajeron aproximadamente $80.000 de la caja registradora. La denunciante aportó registros de las cámaras de seguridad, en los cuales quedó registrado el autor.

La pena es de cumplimiento condicional, por lo que la influencer no irá a la cárcel. Sin embargo, deberá cumplir una serie de reglas de conducta durante el período establecido.

Entre las condiciones impuestas figura la obligación de fijar residencia e informar cualquier cambio de domicilio, además de entregar 10 kilos de carne por mes, durante cuatro meses, al merendero Agrupación Movimiento por los Niños, ubicado en Bicentenario 2052.

La resolución también establece una medida directamente relacionada con la actividad de Ramos en redes sociales. Deberá realizar tres videos o reels, uno por mes durante tres meses consecutivos, en sus cuentas de Instagram y Facebook.

El objetivo de esa campaña será advertir a sus clientes y al público en general sobre los riesgos de consumir productos prohibidos por las autoridades sanitarias o que no cuenten con los registros correspondientes.

Cabe resaltar que la causa se originó a partir de una denuncia presentada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ante la División Delitos contra la Salud Pública de la Policía Federal Argentina.

La investigación estuvo vinculada con la comercialización del suplemento dietario en comprimidos presentado como quemador de grasas y ofrecido bajo el nombre “Quemador Natural Viking's Natural Gym”.

Según los análisis técnicos incorporados a la causa, el producto contenía sustancias peligrosas para la salud. Además, los envases llevaban un sello que simulaba acreditar una autorización de la ANMAT, aunque se determinó que era falsificado.

El expediente también había involucrado a otra mujer, acusada de participar en la comercialización del producto. Durante la investigación fueron entrevistadas personas que habían adquirido los comprimidos y que manifestaron haber sufrido distintos efectos adversos después de consumirlos, entre ellos mareos, migrañas intensas, taquicardia, desvanecimientos, retención de líquidos y constipación.

Los compradores también entregaron los envases, en los que figuraba la inscripción “Producto autorizado por ANMAT”.

La investigación tuvo como antecedente la disposición 6132/2025 del organismo sanitario nacional, mediante la cual se había prohibido en todo el país el uso, distribución y comercialización del producto.

Ahora, con la homologación del acuerdo, Ramos quedó condenada a tres años de prisión en suspenso. Como parte de las condiciones, deberá convertir sus propias redes sociales -el espacio desde el cual se promocionaba el producto- en el canal para realizar una campaña pública de concientización sobre los riesgos de consumir suplementos que no cuentan con autorización sanitaria.

Así lo dispuso esta tarde el juez de Garantías Guillermo Mércuri, quien rechazó el hábeas corpus formulado por la defensa de Del Valle.

Si bien la discusión estaba centrada en si la causa por el delito sexual está prescripta o no (una jueza de Garantías ya había dispuesto su sobreseimiento), el juez Mércuri decidió mantenerlo privado de la libertad pero por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar.

Es que Del Valle, durante la larga clandestinidad, no cumplió con su obligación de asistir alimentariamente a sus 4 hijos menores. 

En el caso del grave ataque sexual, Mércuri coincidió con su colega Claudia Olivera en cuanto a que la acción penal está extinguida y ordenó el sobreseimiento de Del Valle por abuso sexual agravado y aborto en grado de tentativa. 

El magistrado respondió al pedido de la Cámara Penal (había dejado en suspenso el sobreseimiento al pedir profundizar los informes de antecedentes para saber si no se había interrumpido la prescripción) y aclaró que, tras extraerse las huellas dactilares actualizadas del sospechoso, se confirmó que no existían condenadas en su contra durante el tiempo de la fuga.

Fuera de término

El juez de Garantías aclaró que la denuncia por el incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar se radicó el 20 de mayo de este año, fuera del plazo de prescripción de 12 años, que venció el 31 de octubre de 2021, con respecto al delito sexual.

De esa manera descartó los pedidos de la fiscal Leila Scavarda y la abogada querellante Yamila Segovia, quienes consideraban que esos delitos habían interrumpido el plazo de prescripción.

Mércuri aclaró, además, que se requiere para ello que por el delito interruptor exista una sentencia firme, que lógicamente acá no había porque la denuncia se realizó recién en mayo último.

"Sin perjuicio de lo dispuesto, y pese en punto a los delitos referidos cesa el estado de detención del imputado, el presente pronunciamiento no determinará la libertad de Alberto Martín Del Valle, por cuanto continúa detenido en orden a los delitos referidos de incumplimiento de deberes de asistencia familiar en cuatro hechos", explicó Mércuri.

En caso de llegar a juicio y sostenerse el concurso real de delitos por el incumplimiento de deberes familiares (tal como cree el juez Mércuri), Del Valle podría recibir una pena importante.

El concurso real de delitos se da cuando concurren de modo simultáneo o sucesivo varios hechos delictivos de un modo independiente y realizados por la misma persona.

De la misma manera, la potencial sanción contra el hombre puede llegar a ser alta si se comprueba que ocultó o cambió de nombre sus bienes para eludir esa responsabilidad, tal como sostiene la querella, encabezada por la abogada Yamila Segovia, hermana de la víctima del abuso.

El atraco se produjo en un inmueble ubicado en Estomba al 2.100, en el que lo ladrones accedieron por el sector trasero y sorprendieron a las víctimas.

Los voceros mencionaron que los individuos, quienes actuaron encapuchados, redujeron a los dueños y los ataron, para luego apoderarse de dinero en efectivo y joyas.

Los sujetos escaparon del lugar llevándose una camioneta Toyots Hilux perteneciente a los damnificados, que poco después fue hallada abandonada en el sector de Fabián González al 800.

El hecho es investigado por personal de la comisaría Séptima y la UFIJ Nº 11.

Se trata de Gerardo Mario Minelli, de 23 años, quien manejaba una moto Rousser NS200 que había sido sustraída de 9 de Julio al 1.200.

Según indicaron desde la Comisaría local, fue el miércoles a la noche y a Minelli lo interceptaron en pasaje La Pampa al 200, a unas 6 cuadras del lugar del hecho.

Agregaron que a raíz del rápido despliegue de un operativo cerrojo y del seguimiento a través de las cámaras del Centro de Monitoreo, se logró detectar la circulación de la moto, concretar su recuperación y aprehender al sospechoso.

Minelli quedó alojado en la Comisaría de Punta Alta, a disposición de la Fiscalía Nº 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.