Pese a que por el momento no hubo declaraciones formales de parte de la familia de Juan Roberto Cafasso (69) ni de su abogado, Martiniano Greco, trascendió que la representación de la víctima buscaría una estrategia para reconfigurar el delito de homicidio culposo a homicidio simple con dolo eventual, que prevé una pena de 8 a 25 años de prisión, mucho más alta que la del primer encuadre (de 1 a 5 años).

El dolo eventual se puede dar cuando una persona se representa la posibilidad de un hecho dañoso y aún así desprecia su resultado. Es común esta figura para los casos de incidentes viales, como cuando alguien maneja alcoholizado y/o atraviesa semáforos en rojo a 100 kilómetros por hora y atropella a una persona.

Si bien se trata de un extremo difícil de probar -y más para casos como el sucedido en el gym de la avenida Cabrera al 4.100- la querella cree que de la reciente prueba testimonial reunida surgiría elementos para, al menos, considerarlo en el caso de algunos de los responsables.

Tres socios presentes

Power Zone SRL, la sociedad a cargo de la franquicia, está integrada por Ariel Gustavo Vecchi (50) y Graciela Fernanda Vecchi (48) y Roberto Gastón Decker (43) y Ernesto Germán Decker (50), dos familias que vienen de los rubros del transporte, la logística y la venta de camiones.

La mayoría de la veintena de testigos que declaró en la fiscalía de Cristian Aguilar dejó en claro que de los 4 socios, al menos tres de ellos -los Vecchi y el mayor de los Decker- estaban presentes en el gimnasio, daban órdenes y asumían el control, así como Lucas Abraham, quien figuraba como gerente e impartía directivas de mantenimiento y supervisión.

"Varios testigos dieron cuenta de situaciones de riesgo en el entrepiso (de donde cayó Cafasso luego de bajar de una máquina elíptica), como caída de botellas y otros objetos, y los propios profesores lo manifestaron, así como los de recepción y hasta los clientes. Una testigo declaró que se lo comentó al gerente y que éste le dijo que iban a poner barandas, así como una de las dueñas había manifestado que iban a construir parantes para evitar la caída de objetos", comentó un allegado a la causa. 

"Pleno conocimiento"

Quiere decir que, a criterio de la querella, los titulares presenciales de la sociedad tenían "pleno conocimiento" del riesgo, del posible resultado y así y todo lo desestimaron, teniendo en cuenta que, seguramente por una razón económica, nunca cerraron el gimnasio para su ampliación, sino que se fue expandiendo en pleno funcionamiento.

En cambio Aguilar, titular de la UFIJ N° 1, considera en principio al hecho como un homicidio culposo, que sanciona a quien por "imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o inobservancia de los reglamentos o de los deberes a su cargo causare a otro la muerte".

En ese marco también podrían ser alcanzados penalmente el responsable de la obra (un arquitecto necochense identificado como Eber Panscin) y una licenciada en seguridad e higiene, cuyo nombre no trascendió.

El fiscal, en medio de distintas medidas de pruebas pendientes, pedirá la colaboración de un perito ingeniero universitario, a fin de determinar si en el plano presentado por los responsables del gimnasio en el municipio existe -como se cree- la proyección de una pared en el lugar por donde cayó Cafasso.

De todas maneras, está absolutamente claro para todas las partes acusatorias que eran evidentes las fallas de las medidas de seguridad dentro del salón.

La confirmación de la pena la dio en las últimas horas la Cámara Penal de Bahía Blanca, al desestimar una apelación del defensor Valentín Fernández y ratificar el fallo de la jueza en lo Correccional Nº 4, María Laura Pinto.

Beliú fue acusado de 7 hechos por los delitos de uso de documento falso y defraudación en su modalidad de estelionato (vender un bien que no es propio), en concurso real de delitos.

La Justicia determinó que "adquiría autos de procedencia ilícita como actividad habitual y lucrativa, utilizaba documentación falsa, supresión de numeraciones registrales y patentes irregulares" para luego comercializarlos.

Argumentos insuficientes

Pese a que a la condena se había llegado mediante juicio abreviado y acuerdo entre las partes, su defensor pretendía disminuir la sanción al considerar errónea la valoración de atenuantes y agravantes, teniendo en cuenta que el hombre siempre colaboró con la Justicia y no tiene antecedentes.

"El novedoso argumento que trae aquí el recurrente, en cuanto sostiene que se ha realizado una errónea valoración de dichas pautas mensurativas a tenor de los principios de proporcionalidad y culpabilidad, además de resultar insuficiente por su generalidad y sin descender al caso en concreto, se desentiende de la valoración efectuada por la sentenciante y de la multiplicidad de hechos relacionados todos ellos con la receptación y comercialización de automotores sustraídos", explicó el camarista Guillermo Petersen, con la adhesión de su colega Guillermo Emir Rodríguez.

"Por lo demás, si el imputado y la defensa pactaron el juicio abreviado con el Ministerio Público Fiscal, tal circunstancia y el debido ejercicio de los respectivos ministerios llevaría de plano a descartar lo que ahora se pretende, esto es que se haya aplicado una pena por fuera de toda consideración al caso concreto y al sujeto que habrá de sufrirla", agregó.

Delito en auge

Beliú fue detenido en medio de un fuerte crecimiento de secuestros de vehículos robados -tanto en Mar del Plata como el conurbano- que se encontraban en circulación en nuestra ciudad y la región.

Entre principios de 2024 y mediados del año pasado se habían recuperado en nuestra jurisdicción unos 100 vehículos en esa condición, con pedido de secuestro.

Beliú no cuenta con antecedentes penales y hasta antes de su arresto tenía como actividad formal el desempeño en barcos dedicados a la búsqueda y rescate en el extremo sur del país, con ingresos que, según sus propios dichos, rondaban los 350 dólares diarios.

Así describe la abogada Yamila Segovia la búsqueda de un sujeto que desde hace más de una década elude a la Justicia, acusado de violar en Puan a una nena de 11 años que quedó embarazada como consecuencia de la agresión sexual.

“Estamos trabajando arduamente para poder dar con esta persona, que está prófuga desde hace mucho tiempo por cometer un delito”, resume.

La víctima es familiar de Yamila, quien decidió estudiar Derecho para ponerse la causa “al hombro” y evitar que quede impune.

“Esto comenzó en 2009. En su momento la llevó adelante una fiscalía, pero finalmente terminó recayendo en la UFIJ N° 12, de la doctora Leila Scavarda. En 2012 se ordenó su detención”.

“El caso se denunció, comenzaron a investigar y rápidamente se determinó que esta persona era culpable del delito, porque esta niña, con solo 11 años, quedó embarazada y producto de esto nació una criatura de otra criatura”, señala.

Agregó que la prueba de ADN “fue suficiente para determinar que Alberto Martín Del Valle era responsable”.

La joven describe que el imputado “detentaba una postura de autoridad ante la niña, porque era su padrastro. Cuando se descubrió el embarazo la situación salió a la luz, se denunció y se comprobó”.

Asegura también que el acusado “se benefició de una Justicia que claramente no trabajó como corresponde, porque no lo pudieron encontrar. La causa quedó juntando polvo en una fiscalía”.

Involucrarse

Segovia afirma que “fui creciendo en esta situación y es algo que genera mucho dolor en la familia. Decidí a estudiar derecho, entre otras cosas, para adquirir herramientas y conocimiento. Cuando logré matricularme lo primero que hice fue solicitar la vista de la causa y posteriormente me presenté como particular damnificada”.

“Con el tiempo fue entendiendo que durante muchos años no hicieron nada, entonces, con los colegas que me ayudan, comenzamos a impulsarla de nuevo”.

Destaca la tarea que viene llevando adelante la Oficina Técnica de Identificación de Procesados (OTIP), en la persona de Celeste Peralta, y el compromiso del Fiscal General de Bahía Blanca, Juan Pablo Fernández.

“Muchos abusadores se benefician de que si se mantienen prófugos la causa pueda llegar a prescribir (se encuentra apelada ante la Cámara Penal una decisión en ese sentido de la Justicia de Garantías). Más allá de que pueda ser culpable o no, si la persona buscada no aparece, lamentablemente, terminamos todos perjudicados”.

Búsqueda

Relata que en 2015, apenas con una computadora que le habían facilitado en la escuela, comenzó a buscar al sujeto.

“Me puse a preguntar y logré dar con el dato de que estaba viviendo en Capital Federal. Avisé a la comisaría y cuando fueron se determinó que le habían advertido de la situación y se había ido”.

También sabe que “rearmó su vida, se puso en pareja nuevamente y hasta tuvo una hija. Utilizó otros nombres como Martín Lezcano o Martín Morales”.

Del Valle fue buscado en el conurbano bonaerense (Florencia Varela, Bosques y Quilmes) y en la localidad balnearia de Mar de Ajó, aunque en todos los casos los intentos de detenerlo arrojaron resultados negativos.

“Estuvo en un lugar donde funcionaba un comedor con un montón de niños y luego también anduvo ligado a una iglesia en la que había un merendero para chicos vulnerables. A este tipo le encanta andar donde hay menores, entonces es un llamado a la comunidad de manera urgente para que, entre todos, podamos encontrarlo”.

Para ello, según indica, crearon la cuenta de Instagram @alerta_busqueda_activa donde hay información del caso.

Según habían confirmado más temprano fuentes confiables del área de Seguridad, en el lugar fue encontrado un feto de varios meses de gestación.

En el lugar se encuentra trabajando personal del Comando de Patrulla y de la Comisaría Tercera. También representantes de la Policía Científica.

El hallazgo, según informó la Policía, fue llevado a cabo por dos trabajadores informales que se hallaban en un sector donde los camiones recolectores depositan basura reciente

"Allí hallaron un feto con meses de gestación, el cual se encontraba sin ropas y el cordón umbilical a la vista", se explicó.

En ese sentido, desde el área de Recolección de Residuos se indicó que en el sector donde fue hallado el feto se depositaron los residuos de aproximadamente las últimas 24 horas, una parte del relleno en altura que las máquinas habían comenzado a compactar.

Según se explicó, durante este martes al lugar ya habían ingresado unos 20 camiones.

La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 7, que ya dictaminó la correspondiente realización de la autopsia, el peritaje de las cámaras del lugar y el recorrido de los camiones recolectores.

El sospechoso es hermano de Luis Eduardo "Paquillo" Sánchez, un futbolista que es gloria del club Villa Mitre y que actualmente vive en nuestra ciudad.

Jorge Sánchez (56) fue indagado en las últimas horas por el citado fiscal, bajo los cargos de homicidio agravado por el vínculo, y se negó a declarar, asesorado por el defensor oficial de Necochea, Agustín Dómina.

Luego fue conducido a la sede de la DDI de Necochea, donde permanece detenido.

El conmocionante matricidio se registró el viernes en el interior de la vivienda ubicada en la calle 548 al 1000, del barrio Atepam, en Quequén.

Con la pericia para conocer el estado psicofísico del también exfutbolista -de paso fugaz por la institución tricolor bahiense- se procura determinar fehacientemente si pudo comprender la criminalidad de sus actos y dirigir sus acciones, tal como se consideró desde un primer momento.

El estudio estará a cargo de la Asesoría Pericial, con intervención de especialistas en neurología y otras disciplinas (con información y fotos de Ecos Diarios y Noticias de Necochea).

Si bien en febrero del año pasado la jueza Daniela Castaño, del Tribunal en lo Criminal N° 3 de nuestra ciudad, lo había condenado a 4 años y medio de prisión, como cooperador penalmente responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante reiterado, ese fallo fue revocado.

Meses después, la Sala IV del Tribunal de Casación Penal bonaerense absolvió a Pinta, al entender que no se pudo acreditar el delito que supuestamente se cometió cuando las alumnas y presuntas víctimas iban a merendar a su casa.

"Aparecen las situaciones fácticas anunciadas pero la cooperación del aquí enjuiciado sólo se configura como una posibilidad de ocurrencia, pero luego de la evaluación del material probatorio, sólo surgen sospechas, hipótesis o posibilidades, más no la certeza convictiva necesaria para imponer una sentencia condenatoria", explicó el juez de Casación Carlos Ángel Natiello, con la adhesión de su par Mario Eduardo Kohan.

Y luego el mismo tribunal platense rechazó un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por dos de las particulares damnificadas. 

Las mismas mujeres fueron en queja a la Corte provincial, al entender que el fallo absolutorio de Casación valoró de manera sesgada la prueba y reprodujo "estereotipos de género contrarios a los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino".

Sin embargo, la Corte -votos de los jueces Fernando Mancini, Hilda Kogan, Sergio Torres y Daniel Soria- entendió en los últimos días que la vía intentada era inadmisible, porque las apelantes no presentaron la documentación requerida para tal fin.
 

Se trata de Claudia Ayelén y Jonatan Aburto, quienes fueron arrestados por efectivos de Policía Federal en una vivienda de calle Esmeralda al 600, donde incautaron 157 gramos de cocaína fraccionada y dos envoltorios con trozos compactos de la misma sustancia, elementos para estiramiento, dos balanzas y recortes de nylon.

El procedimiento fue solicitado por el fiscal Mauricio Del Cero, a cargo de la UFIJ Nº 19, y autorizado por la Justicia de Garantías.

Los imputados fueron indagados y se negaron a declarar.

"El secuestro es más que importante. En los allanamientos por comercio al menudeo es difícil encontrar grandes cantidades, pero acá estamos hablando de 52 envoltorios de cocaína listos para la venta", dijo Del Cero en declaraciones al programa de Panorama.

Agregó que "estamos esperando las pericias telefónicas, que para nosotros van a resultar clave. Uno de los celulares secuestrados tiene la etiqueta del Servicio Penitenciario Bonaerense, como teléfono registrado dentro de un penal. Justamente, el hombre (Jonatan Aburto) investigado había dejado la cárcel en agosto del año pasado".

Precisamente, beneficiado por una resolución del por entonces Juez de Ejecución Penal Nº 2, Onildo Stemphelet,  el sujeto egresó de la Unidad Penal Nº 4, donde estaba cumpliendo una pena de 4 años y dos meses de prisión por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

El representante del Ministerio Público sostuvo que la investigación se puso en marcha a principios de este año a partir de una denuncia anónima a la aplicación del Ministerio de Seguridad bonaerense.

"Durante las tareas de vigilancia se observaron maniobras muy claras. Se lo ve al propio Jonatan Aburto interviniendo en los pasamanos y entregando droga. No se la observa a su madre, pero al momento del allanamiento una persona que había concurrido a comprar sustancias dijo que era la persona que le había entregado la sustancia".

Mencionó que en el domicilio hallaron "sustancias de corte para estirar la cocaína".

Al respecto, trascendió que se trataría de bicarbonato de sodio, aunque se aguardan las pericias químicas para confirmarlo.

"El precio de venta era del orden, según las comunicaciones en la causa, de entre 15 y 16 mil pesos. Esto nos lleva a suponer que era una droga de baja calidad la que se comercializaba, porque el valor de mercado es del doble", finalizó Del Cero.

Las declaraciones -presenciadas por abogados de la familia de la víctima- "no tuvieron un aporte sustancial" para el eje central de la investigación, que es determinar quiénes son los eventuales responsables del posible delito de homicidio culposo de Juan Roberto Cafasso, según confirmaron fuentes de la causa que tramita ante el fiscal Cristian Aguilar.

Ninguno de los citados, por caso, hizo alusión a un supuesto antecedente de una caída no fatal desde el mismo sector, tal como se había dado a conocer un forista en los comentarios de una nota de lanueva.com

Muerte en el gimnasio: quiénes son los responsables de la franquicia local

"Tampoco nadie dijo nada sobre la falsa pared, porque los empleados no tenían la obligación de exponer sobre ese tema. Para eso hablan los planos", comentó el mismo investigador.

En la documentación secuestrada por Aguilar existe un croquis elaborado por el responsable de la obra en el cual se observa el dibujo de lo que sería una pared que, en realidad, no existía y solo contaba con báners que actuaron como una trampa mortal.

El próximo paso del fiscal Aguilar es solicitar la intervención de un perito ingeniero universitario para que defina si lo que se observa en dicho plano es la proyección de una pared que nunca se concretó.

Aguilar ya había asegurado públicamente que en el lugar había "un faltante evidente de medidas de seguridad".

La franquicia local de Sport Club, ubicada en la avenida Cabrera al 4.100, permanece clausurada luego del luctuoso desenlace y es un enigma si tendrá una reapertura.

El gimnasio era muy concurrido -había iniciado actividades en octubre pasado y contaba con más de 4 mil socios- y sus titulares tenían intenciones de desarrollo, incluso con la proyección de una pileta de natación.

Al momento del fallecimiento de Cafasso el local estaba con la habilitación provisoria municipal vencida.

El operativo se dio sobre las 21, en medio de un control de motos que los uniformados realizaban en la calle 25 de Mayo al 300 de esa localidad.

En ese contexto observaron la actitud sospechosa de dos personas que intentaron evadir el control, aunque fueron inteceptados.

Uno de ellos, igualmente, pudo darse a la fuga, pero su acompañante quedó aprehendido y se lo identificó como Leonardo Gabriel Zapata, de 30 años.

Se estableció que poco antes ambos habrían sustraído, de una vivienda ubicada en Moreno al 200, de Cerri, una hidrolavadora, una tijera de podar, un taladro y un cable de extensión. En ese caso resultó damnificado un vecino de 60 años.

Los elementos, recuperados, habían sido descartados por los sospechoso en el intento de fuga.

Tomó intervención en el caso la UFIJ Nº 15.

El hecho ocurrió en la esquina de Dorrego y Alsina, a pocos metros del Teatro Municipal, cuando el Ford Ka negro, ocupado por dos mujeres, circulaba por la primera de estas arterias y llegando a la bocacalle se prendió fuego.

Por el momento no se han conocido los detalles del hecho, ni qué puede haber ocasionado el siniestro. Testigos indicaron a La Nueva. que el siniestro se habría originado en la zona del motor y se habría extendido al resto del vehículo.

El fuego fue controlado por personal de Bomberos de la Policía Federal.

Según personas que estaban en el lugar, al menos una de las ocupantes fue atendida por personal de salud. Las mujeres no sufrieron heridas, aunque sí se encontraban en shock por lo ocurrido.

Trabajaron en el lugar, además, representantes de la Guardia Urbana y de Defensa Civil.

Se trata de Mónica Farías, de 49 años.

Según se informó, en la mañana del viernes, esta persona agredió a una mujer de 44 años en su domicilio, utilizando un elemento punzocortante para causarle lesiones a la altura del cuello, poniendo en riesgo su vida, y luego se retiró del lugar.

Sin embargo, gracias al accionar de terceros que socorrieron a la víctima, esta fue trasladada al Hospital de Darregueira, donde recibió atención por sus heridas.

En este marco, el sábado se llevó a cabo el allanamiento en la vivienda de Farías y su detención. Además, se secuestró la cuchilla de tipo carnicero utilizada en la agresión.

La carátula es tentativa de homicidio.

El hecho ocurrió alrededor de las 3 del domingo, en San Martín y Avellaneda.

En ese lugar chocaron una moto Corven Triax, al mando de un joven de 21 años acompañado por la muchacha de 20, y un Toyota Etios conducido por un menor de 17 años.

Como consecuencia de los golpes, la mujer fue derivada al Hospital Naval Puerto Belgrano, donde se encuentra internada en estado reservado.

Intervienen la Ayudantía Fiscal de Coronel Rosales y la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1. La carátula es lesiones culposas.

La cifra continúa colocando a la región entre los índices más altos a lo largo del territorio provincial.

La cuestión cobra aún más relevancia si se toma en cuenta que gran parte de las víctimas de estos delitos resultan menores de edad.

También si se analizan las consecuencias que estos abusos dejan marcadas a fuego en quienes los sufrieron.

“Los efectos no son iguales en toda las personas, pero siempre el abuso tiene un efecto traumático”, afirmó la doctora en psicología Bettina Calvi.

La destacada profesional participó recientemente de una videoconferencia organizada por la ONG Creer, Sí.

Durante el encuentro, declarado de interés municipal, disertó sobre “Violencias sexuales contra niños, niñas y adolescentes”.

Calvi destacó que “hemos realizado con un equipo un observatorio de denuncias y en la mayoría de los casos el hecho se da en el ámbito intrafamiliar, lo que es mucho peor y los efectos son más graves aún”.

Comentó al respecto que “esta situación tiene que ver con que quien debe proteger a ese menor es quien lo agrede. El incesto es directamente arrasador para ese menor”.

“En mi tesis de doctorado hice la comparación que cuando un chico o chica sufre abuso intrafamiliar el efecto es comparable a lo que le pasa a un ciudadano frente a la caída de un estado de derecho. Quien te tiene que cuidar es quien te ataca, entonces no tenés a quién recurrir para defender tus derechos. Lo mismo sucede para un chico”.

Graves efectos

La psicóloga analizó también las derivaciones que estas acciones tienen en la vida de quienes las padecen.

“Lo que generalmente aparece como efecto es la alteración en la memoria, porque en el intento olvidar algo tan doloroso toda la memoria resulta afectada. La constitución de la propia identidad resulta comprometida, porque quien lo agrede está dentro del entorno familiar. Todas las legalidades de parentesco resultan afectadas”.

“Recuerdo que una paciente me dijo: 'qué le puedo contar a mis hijos de mi familia, si mi propio padre me hizo esto'. Se rompe la transmisión intergeneracional, el mito familiar queda totalmente afectado”.

También sostuvo que “a veces no es eso lo que se ve, sino que se manifiesta con alguna afección en el cuerpo o como enfermedad autoinmune o psicosomática”.

Acerca del pronóstico de evolución de las víctimas, Calvi manifestó que “sería deseable que con tratamiento la persona pueda resultar lo menos afectada posible con el transcurso de los años”.

“Desde la realidad de tantos años de trabajo, son marcas que quedan para siempre y afectan distintos sectores de la personalidad. En algunas personas interfiere en la constitución de los vínculos y en otras en su vida amorosa o sexual”.

La doctora también señaló que en muchos casos las víctimas logran romper el silencio luego de un tiempo prolongado.

“Hay casos de mujeres que con más de 60 años se atreven por fin a relatar un episodio de abuso acontecido en su infancia. Es un peso que cargaron toda su vida”, finalizó la especialista.

Caza de brujas

Calvi sostuvo que el proyecto de ley para agravar las penas por falsa denuncia en casos de violencia de género y delitos sexuales “es muy peligroso, porque promueve la persecución de las psicólogas que intervienen”.

“Esto es lo que llamo la nueva caza de brujas. Hay muchas situaciones que están colaborando con la invisibilización y el silenciamiento del abuso”, psiguió.

Indicó que los profesionales que evalúan a un chico o una chica que se sospecha que podría haber sido abusado “tienen la obligación ética, si hubiera marcas traumáticas compatibles, de informarlas. Cuando lo hacen, generalmente desde la defensa de los acusados se pone en marcha una persecución con denuncia penal hacia ese psicólogo, aprietes, escraches en las redes e insultos, entre otras cosas”.

“No se puede pensar que cuando la psicóloga está informando que observó indicadores que pueden ser compatibles con abuso lo esté inventando. Eso se hace desde herramientas profesionales, no son impresiones”.

Destacó finalmente que “la condena, si la hay, nunca es a partir de un informe psicológico. La decisión de condena la toma la Justicia”.

Necesidad de que les crean y las apoyen 

Situación. “Lejos de pensar que las madres tienen un 'furor denunciandis', lo que a veces nos cuesta es que la madre pueda creer. Esto es tan enloquecedor y siniestro, sobre cuando pasa en el interior de las familias, que en algunos casos las progenitoras se resisten a creerles”, dijo Calvi. 

Padecimiento. “Esto resulta doblemente doloroso para la víctima. Es muy diferente el pronóstico para una víctima de abuso si el entorno le cree, la sostiene y la acompaña, a cuando eso no ocurre”, agregó.

Protagonista. La profesionales mencionó que generalmente “en esos momentos aparece algo de afuera que puede ofrecer un espacio de escucha, como puede ser la escuela con la ESI”.

Opinión. “Se avanzó mucho en la capacitación de los profesionales, pero estamos en un momento de un intento feroz de volver a silenciar el abuso y de retroceso de los derechos conseguidos”.

El impacto de su rodilla izquierda con el piso le provocó rotura de meniscos y de ligamentos y motivó una intervención quirúrgica que incluyó la colocación de tres tornillos.

Por los daños y el lucro cesante, G.M.H. demandó "al Consorcio de Propietarios Alvarado 65/67".

En primera instancia, el juez en lo Civil y Comercial Nº 1, Juan Carlos Tufari rechazó sus argumentos al considerar que si bien la afectación física de la mujer estaba probada, no así la mecánica del hecho, siendo su declaración el único testimonio directo.

La defensa de G.M.H. apeló. Advirtió la existencia de prueba testimonial, un informe pericial y la historia clínica que corroboran lo sucedido, con lo cual consideró "arbitraria" la valoración del juez.

Y la Sala I de la Cámara en lo Civil y Comercial le dio la razón, modificó el fallo y condenó al consorcio a pagar más de 28 millones de pesos e intereses, con la sentencia firme.

Los jueces Patricio Lombardi, Marcelo Restivo y Fernando Kalemkerian coincidieron en que se debía revocar la resolución.

Explicaron que la ley prevé que las demandas de aquellas personas que reclaman por un hecho así y no logran acreditar la configuración del daño ni el nexo causal entre este último y la cosa riesgosa son desestimadas.

Pero este caso es distinto porque, a su criterio, las pruebas son claras.

En principio citaron la historia clínica de la paciente en el Hospital Regional Español, que confirmó que aquel día, después de las 19, la víctima ingresó a la guardia producto de un politraumatismo y que se le practicaron radiografías de codo, rodilla y tobillo izquierdos.

También se acreditó que la mujer tenía domicilio en el edificio y la declaración de una testigo que dijo que el ascensor "frecuentemente presentaba irregularidades en su funcionamiento" y que se trababa "cuando estaba en marcha o bien quedaba en desnivel estando detenido y con su puerta abierta".

Escaleras “peligrosas”: una demanda que finalmente se cayó

Por otro lado, en la copia del acta de la asamblea ordinaria realizada el 21 de septiembre de 2021 se dejó constancia del acto.

"Una inquilina del edificio sufrió un accidente al descender del ascensor" y que "consultando a la actual empresa encargada de realizar el mantenimiento (...) respecto al tema, ya que el ascensor frena en desnivel ocasionalmente, nos menciona que el motor tiene un sistema de frenado que tiende a realizar esas fallas ya que es antiguo, por lo que recomiendan cambiar el motor por un modelo más moderno".

El camarista Lombardi, con la adhesión de sus pares, consideró que en virtud de las pruebas reunidas se acreditó "el efectivo acaecimiento del evento dañoso denunciado por la accionante, así como la intervención causal del ascensor en su producción".

Consideró demostrada "la participación de la cosa riesgosa", sin eximentes.

Rubros indemnizados

La mujer acreditó que al momento del hecho era docente y que la situación le demandó una larga recuperación y le dejó una incapacidad del 8%, con inconvenientes físicos.

Este rubro, a criterio de los camaristas, correspondía cuantificarlo en 23.000.000 de pesos.

Otro aspecto aceptado es el de gastos médicos y farmacéuticos, al cual se le impuso 350.000 pesos.

Mientras que el daño moral se calculó en 5 millones de pesos, tras considerar el tipo de lesiones, la operación y las limitaciones funcionales que debió atravesar la mujer durante el prolongado tratamiento.

"No quedan dudas del impacto negativo que dichas circunstancias habrán tenido en su estado de ánimo", dijeron los jueces.

El cálculo del dinero, en este caso, se hizo para materializar una satisfacción compensatoria, como un viaje reparador dentro del país con un acompañante, según la información disponible en la página www.despegar.com.ar.

En definitiva, el monto que deberá pagar el consorcio, en caso de quedar firme este fallo, será de 28.380.000 de pesos, con más los intereses.

Se rechazó la "pérdida de chance"

Limitación. La mujer dijo que el hecho frustró su chance de acceder a cargos jerárquicos educativos para los cuales se postulaba. 

Exclusión. Fue excluida de los listados de ascenso, a partir del cambio de funciones dispuesto por su empleadora tras lesionarse.

Insuficiente. La Cámara rechazó el rubro porque la posibilidad de ascenso invocada "no aparece suficientemente fundada" como una chance indemnizable, sino que  se presentaba como "una expectativa meramente conjetural".

En el inicio del dispositivo estuvieron presentes el intendente Federico Susbielles y otros funcionarios provinciales y municipales del área de seguridad, como Federico Montero y Martín Pacheco.

Del procedimiento participaron agentes de Seguridad, DDI, Narcotráfico, GAD, UTOI, Infantería, Caballería, Planta Verificadora, Policía Vial y Policía Rural. Las tareas se desarrollaron en jurisdicciones correspondientes a las comisarías Primera, Segunda, Cuarta y Séptima.

Según se informó oficialmente, durante los controles se concretó la aprehensión de tres personas mayores de edad por delitos contra la propiedad y contra la autoridad. Además, fueron demoradas cuatro personas que registraban pedidos activos de averiguación de paradero.

En el marco de los controles vehiculares realizados junto a personal de Tránsito municipal, se retuvieron 23 vehículos, de los cuales 16 fueron motocicletas y siete automóviles. También se registraron dos test de detección de sustancias (Drager Test) con resultado positivo para marihuana.

Desde la fuerza indicaron que este tipo de operativos continuarán desarrollándose en distintos puntos de la ciudad como parte de una planificación conjunta entre autoridades policiales, ministeriales y municipales vinculadas al área de Seguridad, con el objetivo de prevenir hechos delictivos y poner a disposición de la Justicia a personas involucradas en actividades ilícitas.

Por otra parte, se informó que, como resultado del trabajo coordinado entre las comisarías y las distintas fiscalías, se llevan adelante entre 60 y 80 allanamientos mensuales. En lo que va de junio se realizaron alrededor de 48 procedimientos de este tipo.

De acuerdo con los datos oficiales, estas diligencias permitieron la aprehensión de personas vinculadas a distintos delitos y el secuestro de elementos sustraídos, además de estupefacientes como cocaína y marihuana. Asimismo, señalaron que los allanamientos aportan pruebas para el esclarecimiento de investigaciones judiciales en curso.

Fuentes oficiales indicaron que el hecho habría ocurrido ayer, alrededor de las 15, en el inmueble ubicado en calle 548, entre 521 y 523, del barrio Atepam, donde fue hallada sin vida Delia Mercedes Romero de Sánchez.

El fiscal Walter Pierrestegui confirmó que por el hecho se inició una investigación caratulada como homicidio agravado por el vínculo y que, aunque se aguarda el informe autopsial, la víctima habría sufrido un golpe en la cabeza.

Los voceros judiciales también señalaron que por el hecho se produjo la aprehensión de Jorge Sánchez, de 56 años, hijo de la mujer y también futbolista de paso por Villa Mitre en 1992, cuando integró el plantel que salió campeón de la Liga del Sur.

Mencionaron que policías que arribaron al sitio tras un llamado al 911 constataron que el sospechoso presentaba manchas hemáticas en manos y el rostro, y ofreció resistencia ante el accionar de los efectivos del Comando de Patrullas.

El hombre fue arrestado y sería indagado hoy por el fiscal.

"Paquillo", ídolo de la entidad tricolor, a la que llegó a inicios de 1991, se encuentra radicado en nuestra ciudad y cumple funciones en la delegación local del PAMI.

También es reconocido por impulsar diferentes actividades solidarias en favor de distintas entidades bahienses. (Con información de Noticias de Necochea y Ecos Diarios)

Se trata de Mariela Agunin (32), cuyo caso generó en las últimas semanas cruces entre la fiscalía y su defensor.

Mientras que el doctor Mauricio Del Cero la imputó de llevar adelante el comercio de estupefacientes en reiteradas ocasiones, el letrado Carlos Carnevale sostuvo que está presa en vinculación con un único caso en el que la Policía secuestró 7 gramos de marihuana en la plaza Rivadavia.

En las últimas horas, la Sala I de la Cámara Penal local, con los votos de los magistrados Christian Yesari y Gustavo Barbieri, confirmó el fallo del Juez de Garantías N° 3, Alberto Manzi, quien el pasado 1 de mayo rechazó un pedido de nulidad de la pericia realizada al celular de Agunín, decretó la prisión preventiva de la procesada y mantuvo la calificación de comercialización de estupefacientes agravada por realizarse en un lugar de esparcimiento social.

Sobre el primer aspecto, Carnevale indicó que al momento de requerir el allanamiento a la casa de la acusada y su detención se analizaron comunicaciones que excedieron el lapso temporal de dos meses (del 9/11/24 al 9/1/25) que había dispuesto la Justicia de Garantías.

Frente a esto, Yesari manifestó que la acusación del fiscal se limita a ese plazo y que las medidas fueron dictadas antes de que se advirtiera el error, agregando que Manzi determinó correctamente que “la porción autorizada de la prueba era autosuficiente para fundar la medida cautelar”.

Comunicaciones

Al pedir la prisión preventiva, Del Cero imputó a la mujer del comercio de drogas, fundamentalmente marihuana, durante el período comprendido entre el 15 de noviembre de 2024 y el 9 de enero de 2025, en distintos puntos de Bahía Blanca y a través de entregas previamente acordadas.

“La totalidad de las conversaciones rescatadas de la pericia telefónica, que datan del período habilitado, apuntalan con claridad meridiana esta hipótesis”, indicó el camarista.

En el fallo el magistrado analizó cuatro de las comunicaciones halladas en el dispositivo, dos de ellas realizadas a principios del año pasado y que dieron origen al procedimiento en el centro bahiense, cuando cámaras del CeÚM registraron a Agunín suministrándole marihuana a una chica en Chiclana y Alsina.

“Queda más que prístinamente claro que la imputación y las consecuencias procesales derivadas de ella no se condice con la tenencia de 7,4 gramos de cannabis sativa, sino con la comercialización de estupefacientes”, sostuvo Yesari.

Agregó que, al menos en esta etapa procesal, las pericias determinaron "una pauta de conducta reiterada orientada a la venta de marihuana a distintos compradores".

Por último, los magistrados coincidieron con el análisis del Juez de Garantías sobre la presencia de peligros procesales, entre otras consideraciones, por la pena en expectativa de los delitos imputados (de 6 a 20 años de prisión).

El sentimiento que aflora en la víctima de un delito cuando descubre que el autor del hecho no cumple la pena impuesta por la Justicia es indescriptible.

Esa situación debió soportar, el mes pasado cuando paseaba por el Bahía Blanca Plaza Shopping, el hijo de una pareja que perdió su vida en 2015 durante un incidente vial registrado en el acceso a Monte Hermoso. 

El choque fue provocado por la camioneta Toyota que manejaba Christian Enrique Crocetti, a quien le impusieron una pena de 3 años de prisión en suspenso y 10 de inhabilitación para conducir, medida que debe expirar el 3 de octubre de 2028.

Sin embargo, Crocetti fue visto y filmado por el hijo de Luis Pistocchi y Carmen Martínez, las víctimas del siniestro, cuando conducía un auto en la salida del paseo público.

"Escuchame, ¿vos podés manejar? ¿vos tenés carnet?...sos un delincuente", se le escuchó decir al damnificado en medio del breve video que se viralizó.

La inhabilitación es una pena accesoria que se impone a quienes cometen delitos de tipo culposo, que no solo incluye a los conductores de vehículos sino también a profesionales -como médicos o ingenieros- y hasta funcionarios públicos que causan acciones imprudentes o negligentes.

En Bahía Blanca y la región hay casi 300 personas que actualmente, además de estar condenadas a prisión de ejecución condicional (siguen en libertad), están inhabilitadas. 

El 90% de esas medidas restrictivas tiene que ver con la prohibición para manejar automotores, porque la mayoría de los delitos culposos se relaciona con el tránsito.

Sin embargo, la pregunta del millón es quién controla a los que están en falta, como el caso de Christian Crocetti.

Los Juzgados de Ejecución Penal Nº 1 y 2 de Bahía -hoy a cargo solo de un juez, el doctor Claudio Brun- se encargan de comunicar las inhabilitaciones para conducir, con el envío de oficios a tres organismos estatales.

Se trata de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (Nación), la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial (Provincia) y la Dirección de Tránsito (Municipal).

"Además, una vez al año se mandan oficios a los distintos organismos para ver si hay algún tipo de situación a tener en cuenta, alguna anormalidad, y cuatro meses antes de que se agote la pena de inhabilitación se piden informes a los registros para saber si hubo algún incumplimiento, ya que muy pocos organismos lo informan", explicó un vocero judicial. 

Sin embargo, el sistema evidencia fallas.

Por ejemplo, en mayo de 2024 el abogado de Crocetti pidió levantar la inhabilitación para conducir de su defendido, pero la Justicia se lo rechazó porque al pedir informes "saltó" que tenía una multa por exceso de velocidad cometida en abril de 2020.

Tanto por aquella multa como por su conducción en el Shopping, la Justicia giró actuaciones a la fiscalía en turno para iniciarle sendos sumarios por el delito de desobediencia, que actualmente están en trámite.

Qué dice el Código

El artículo 239 del Código Penal (desobediencia) establece una pena de prisión de 15 días a un año para quien resista o desobedezca a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le preste asistencia a su requerimiento o en virtud de una obligación legal.

Sin embargo hay otros operadores del sistema judicial que creen que esta situación se enmarca en el artículo 281 bis del CP (quebrantamiento de pena), que prevé  una sanción mayor, de dos meses a dos años de cárcel, para quien "quebrantare una inhabilitación judicialmente impuesta".

Pero más allá del caso Crocetti se dieron otras situaciones graves. 

Por ejemplo automovilistas con penas de inhabilitación para manejar que lograron renovar la licencia de conducir en medio de la sanción. Existe más de un caso en Bahía. 

Uno de ellos es el de Pablo Martín Ismael, condenado en 2019, por homicidio culposo, a dos años de prisión en suspenso y 5 años de inhabilitación para la conducción de vehículos.  

En el legajo de seguimiento de la pena accesoria a Ismael, se descubrió que durante el citado periodo el automovilista no solo cometió diversas infracciones de tránsito sino que -y lo más llamativo del caso-, el 29 de diciembre de 2022, se le renovó la licencia de conducir en las oficinas municipales mientras la citada inhabilitación aún estaba vigente.

Ismael, así como Crocetti, está siendo sometido a una nueva causa judicial por el incumplimiento detectado.

Si la Justicia, como se dijo, notifica regularmente a distintos organismos sobre este tipo de sanciones, algo falla en la cadena de control para permitir que el Ministerio de Transporte de la Nación otorgue las renovaciones de conducir a quienes, justamente, purgan una pena de inhabilitación para manejar automotores. 

"Eso es grave, porque alguien renueva el carnet estando inhabilitado para conducir. Evidentemente hay una falla en ese tramo", comentó otra fuente tribunalicia.

Contoles de tránsito

¿Y qué pasa en los controles de tránsito? Desde la Policía de nuestra ciudad se informó que la sanción de impedimento para conducir debe verificarse a través del sistema informático que se utiliza, por caso, para detectar a las personas que tienen pedido de captura y/o averiguación de paradero.

Sin embargo, no es sencillo de individualizar por otros factores.

"La persona que está inhabilitada y sigue conduciendo, si se la detiene en un operativo de tránsito, seguramente no tendrá la licencia, con lo cual el vehículo se puede retener por esa infracción. El problema surge si a esa persona le permitieron renovar la licencia y aparece 'en regla'", explicó una autoridad.

Retención de licencia

Control. Algunos juzgados de nuestra ciudad que analizan en juicio distintos hechos de tránsito comenzaron a retener la licencia de conducir al momento de dictar sentencia por delitos culposos, con inhabilitación para manejar para los que son considerados autores penalmente responsables del delito.

Reaseguro. Esa medida, si bien puede actuar como un reaseguro, solo llegaría a ser efectiva en la medida que el infractor condenado no se arriesgue a manejar sin licencia o la pueda renovar, tal como ha sucedido.

Casi 300. En Bahía Blanca y la región que compone su departamento judicial hay, en la actualidad, 284 personas con inhabilitación dictada por la Justicia, la mayoría para conducir. Son 133 que están a disposición del Juzgado de Ejecución Penal Nº 1 y 151, del Juzgado de Ejecución Penal Nº 2.

El procedimiento se desarrolló alrededor de las 19, en el marco de los operativos denominados "Zonas Calientes", llevados adelante por personal de la Comisaría Segunda con apoyo de efectivos del Comando de Prevención Rural (CPR) y de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI).

Según informaron fuentes policiales, Leonel Emiliano Santechia circulaba a bordo de una motocicleta Motomel Skua 250 cc cuando desobedeció la orden de detenerse para ser identificado. En su intento de fuga aceleró el vehículo y embistió a un efectivo de la UTOI, provocándole lesiones.

Tras el hecho, el motociclista continuó ofreciendo resistencia, aunque finalmente fue reducido y aprehendido por los uniformados.

El policía herido fue trasladado al Hospital Español para recibir atención médica y se encuentra fuera de peligro.

Interviene la UFIJ N°15, que inició actuaciones por los delitos de desobediencia, resistencia a la autoridad y lesiones.

El juicio oral está a cargo del Tribunal en lo Criminal Nº 1 y se prevé que se extienda hasta el próximo miércoles.

El presunto ataque sexual "en manada" contra una chica que en ese momento tenía 17 años, se habría cometido en 2017 en una quinta de aquel pueblo ubicado en el partido de Villarino.

Según el fiscal Marcelo Romero Jardín, todos los imputados en esta causa son coautores funcionales de abuso sexual con acceso carnal o, alternativamente, de abuso sexual gravemente ultrajante.

Porque la agresión sexual -agregó- es una figura integrada por dos elementos típicos: el acto de carácter sexual y el empleo de violencia o intimidación.

La totalidad de los enjuiciados actuó con "violencia o mediante intimidación al encerrar a la víctima en una habitación oscura, rodearla y amenazarla de manera coactiva", de acuerdo con el análisis del fiscal de delitos sexuales.

Si bien sólo dos de los acusados, al parecer, abusaron sexualmente de la chica, "todos eran conscientes de lo que sucedía en ese cuarto y pretendían el resultado buscado y planificado antes".

Los procesados podrían recibir penas de entre 6 y 15 años de cárcel, contempladas por el artículo 119 del Código Penal.

Esta es la primera vez que Romero Jardín plantea la coautoría funcional en un debate por delitos contra la integridad sexual.