El procedimiento fue pedido por el fiscal Rodolfo De Lucia, de la UFIJ N° 20 y ordenado por el Juzgado de Garantías N° 1,

La causa se inició en agosto último, tras una serie de reportes de NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children) respecto de una misma persona que fueron enviados al Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming dependiente de la Procuración de la provincia de Buenos Aires.

En esos informes se daba cuenta de la existencia de más de 100 videos y fotos con contenido de abuso sexual infantil. Algunos enviados por Instagram y otros detectados a través de Google fotos.

Las tareas investigativas permitieron identificar al responsable de esas cuentas y su lugar de residencia, por lo que se solicitó un allanamiento para obtener más pruebas para la investigación.

En el domicilio, el personal de Cibercrimen Región Interior Sur logró secuestrar el teléfono celular de la persona investigada -no fue identificada por el momento- que será peritado para determinar la existencia del material ilícito.

La resolución consideró que estarían acreditados 4 hechos (por la misma cantidad de hijos, entre ellos el que nació fruto de una violación y por la cual se discute si la causa está prescripta) todo en concurso real y bajo los artículos 1 de la Ley 13.944, pero también el 2 bis, que agrava la figura por ocultamiento malicioso de bienes del patrimonio con la finalidad de eludir el cumplimiento de las obligaciones alimentarias. 

La jueza destacó que la investigación de la fiscalía reunió testimonios e informes  (como de bancos y Mercado Libre) que indicarían que Del Valle desarrolló durante años actividades remuneradas -principalmente trabajos de albañilería, construcción y mantenimiento-, pero habría canalizado cobros mediante cuentas de terceras personas, entre ellas las de su madre y su pareja, además de recibir pagos en efectivo y utilizar bienes que no figuraban registrados a su nombre.

Puan: tras el caso Del Valle, impulsan la búsqueda de otro presunto abusador

El fallo también tuvo especialmente en cuenta la situación atravesada por sus hijos. Un informe de Promoción Social de la Municipalidad de Puan señaló que, desde fines de 2009, el grupo familiar quedó a cargo de la madre y requirió durante años asistencia estatal para cubrir alimentación, salud, servicios y necesidades habitacionales.

Para disponer la prisión preventiva, la Justicia valoró además la existencia de riesgos procesales, particularmente el peligro de fuga, teniendo en cuenta que Del Valle permaneció sustraído del proceso durante un extenso período. También se ponderaron elementos vinculados con un eventual entorpecimiento de la investigación.

La prisión prevetiva dictada no implica una condena definitiva, sino una medida cautelar adoptada mientras continúa el proceso judicial. La decisión puede ser recurrida por la defensa.

El planteo lo realizó formalmente hoy el abogado Maximiliano De Mira, al presentarse como defensor particular del acusado.

A través de un escrito de cuatro páginas, que entregó en la fiscalía del doctor Diego Torres, a cargo de la investigación, De Mira consideró prescripta la acción penal por el paso del tiempo, en una situación análoga a la de Alberto Martín Del Valle.

De esa manera solicitó su inmediata libertad.

Explicó, entre sus fundamentos, que para el propio fiscal Torres se trata de un delito continuado y no de un concurso real, "por lo tnato no distingue aconecimientos separables o hechos independientes, sino que imputa claramente un accionar abusivo iniciado desde los 13/14 años de la denunciante hasta los 17 años de la misma".

Asensio fue detenido hace una semana en Mar del Plata (actualmente era entrenador en un club de esa ciudad), vinculado a entre dos y tres abusos sexuales a jugadoras menores de hockey en Monte Hermoso, hechos que se habrían registrado hace más de una década.

La detención se produjo en la vivienda del exfuncionario montehermoseño en Mar del Plata, en el bosque Peralta Ramos. Actualmente estaba dirigiendo a Sporting, en la ciudad balnearia.

Si bien la fiscalía se opone al pedido, el mismo fue girado a la jueza Promé para que resuelva.

El hecho se produjo sobre el camino asfaltado 082, que une a esa ciudad con la localidad de Azopardo.

Según informó la Policía, Mabel Margarita Villa, de 64 años y domiciliada en Bordenave, perdió la vida cuando el auto que manejaba, un Fiat Uno, patente AAS 839, salió de la ruta y volcó.

Producto del siniestro, la víctima fatal fue despedida del habitáculo. A su vez, Olga Argentina Villa (69), terminó con heridas de menor consideración.

En el lugar del hecho trabajaron los bomberos voluntarios de Puan y el servicio de emergencias médicas del hospital puanense.

Se cree que en principio no hubo intervención de otros vehículos en el despite, aunque se iniciaron actuaciones con intervención de la ayudantía fiscal de Puan.

Este lunes la justicia Civil y Comercial de Bariloche condenó a una mujer a indemnizar con medio millón de pesos a los dueños de una pollería en la localidad de Dina Huapi, a raíz de los agravios contra los comerciantes que ella publicó en un grupo de Facebook.

El resarcimiento económico es por el "daño moral" provocado a los trabajadores por parte de la demandada.

La condenada es Claudia Núñez, que dentro de los próximos 10 días también deberá postear la sentencia completa en el perfil de Facebook "Soy de Dina Huapi".

El 10 de julio de 2021 Núñez publicó en ese grupo, con casi 12.000 miembros en aquel momento, acusaciones contra Hugo Mario Tarabini y Mabel Lucía Spinelli afirmando que alimentaban "chimangos y gatos con restos de pollo", lo que "atraía ratas a la zona".

La mujer además convocaba a juntar firmas para actuar contra los propietarios del comercio.

"Me queda alertar a los vecinos que andan cerca, que se cuiden. No vaya ser que les caiga algo de la basura de esta gente desagradable encima. Y si así cuidan la higiene, no quiero imaginar cómo elaboraran sus productos", escribió Núñez en su publicación.

Tarabini y Spinelli, que además denunciaron haber sido señalados por vecinos que "se sumaron a las mentiras y ofensas" en los comentarios del posteo, certificaron la publicación ante escribano público y llevaron el caso a la justicia.

La sancionada también deberá abonar los intereses desde la fecha del posteo hasta su efectivo pago, así como afrontar las costas del proceso que superan los $ 1,3 millones, entre los honorarios de los abogados y el perito informático actuantes.

Núñez afirmó que no quiso difamar a nadie y que su reclamo apuntaba sólo a que los comerciantes dejaran de alimentar chimangos y gatos, porque -aseguró- un "trozo de pollo" había caído en el patio de su casa.

Sin embargo, la prueba jugó en contra de la demandada.

Un informe municipal acreditó que las denuncias radicadas por Núñez habían sido declaradas nulas y que los actores nunca fueron multados.

Ningún testigo pudo confirmar haber visto a los dueños de la pollería alimentando animales.

Mariano Castro, juez de la Unidad jurisdiccional civil Nº 1 barilochense, opinó que, "más allá de que Núñez pudiera haber tenido razones válidas para reclamar por el manejo de los residuos, eso no la habilitaba a exponer públicamente a los comerciantes como personas sucias y desagradables sin pruebas concretas".

El magistrado agregó que la publicación generó "una mortificación susceptible de ser reparada", agravada por tratarse del sustento económico de una familia dedicada a la elaboración de alimentos.

El fallo también dejó una reflexión sobre el fenómeno de fondo: advirtió que el uso de las redes sociales "ha generado que se incremente la exposición de conductas que afectan la intimidad y el honor de las personas, y que ese formato parece hacer desaparecer en la conciencia colectiva la antijuricidad de injurias y ofensas que, en otro contexto, serían evidentes".

Pamela Cantero, asesora legal de la OMIC bahiense, confirmó que en la dependencia no se registraron reclamos ni consultas vinculadas con este tipo de conductas agraviantes difundidas en redes sociales.

De todos modos la intervención de la oficina se limita a la vía administrativa entre consumidores y proveedores y no alcanza a conflictos de esta naturaleza, que, como el resuelto en Bariloche, deben dirimirse por la vía judicial.

La medida fue solicitada por el titular de la UFIJ Nº 5, Jorge Viego, quien imputó al procesado del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación de arma de fuego de uso civil sin autorización.

Según la causa, el lunes pasado, en la vía pública y en inmediaciones de Juana Azurduy y Juana Gabriela Moro, Salazar le habría efectuado dos disparos de arma de fuego por la espalda a Gonzalo Bustos que le causaron la muerte.

Además, de acuerdo a lo señalado, "se lo acusa de haber portado una pistola semiautomática calibre 22".

Al ser indagado el hombre se negó a declarar, aunque la abogada Maia González adelantó que esperarían la producción de la prueba para luego brindar su versión de los hechos.

Cabe recordar que tras los primeros datos recogidos en el lugar, fuentes oficiales mencionaron que Bustos habría estado merodeando un camión que el imputado tenía estacionado en la vía pública con supuestas intenciones de robo, por lo que Salazar salió de su vivienda y le disparó.

El hecho se produjo en el local situado en Almirante Brown al 3.600, propiedad de Fernando Mazzella.

"Un vecino me avisó que habían ingresado a una subestación de EDES que está pegada al lavadero. Esta persona ve salir a un hombre del lugar, por lo que vine enseguida y descubrí que me habían robado", describió el damnificado al programa Panorama de LU2.

Agregó que "ese lugar (por la subestación) tiene unos respiraderos con banderolas de metal, las que doblaron para poder meter los brazos o algún elemento y arrimar las cosas para poder tomarlas".

Indicó que el individuo se apoderó de una notebook marca Aiwa y algunas herramientas que utiliza para realizar su trabajo.

"Lo más problemático es la máquina, porque tenemos datos de facturación e información vital para el negocio".

"Me dicen que ultimamente vieron gente rondando de noche por el lugar, así que seguramente estuvieron mirando para poder ingresar. Llama la antención que el robo fue alrededor de las 20:30, cuando hay movimiento en la zona y otros comercios abiertos".

Finalmente, Mazzella indicó que la sustracción fue denunciada en la comisaría Tercera.

Por el hecho, ayer, fue detenido un menor de 16 -no identificado-, que también estaba presente en la fiesta de la comunidad boliviana en conmemoración de la Virgen de Copacabana, patrona de su país.

Si bien en principio algunos testigos dijeron que no vieron de qué manera se había desvanecido Flores, encontrado tendido en la calle, la secuencia fílmica echó luz al caso.

En principio los investigadores observaron cómo el atacante y la víctima, en la vereda del salón y poco después de las 2 del pasado lunes, estaban cara a cara, en aparente estado de ebriedad, y por momentos forcejeando.

Luego salen del registro de la cámara y quedan otros dos jóvenes que, pasados unos segundos, se alejan unos metros. En esas circunstancias se observa cómo el acusado empuja a Flores desde la vereda hacia la calle. El hombre cae pesadamente de espaldas y, sin ningún tipo de resistencia, golpea su cabeza contra el asfalto.

Lejos de cesar con su agresión, se aproxima a la víctima, totalmente indefensa, y le da una patada en la cabeza.

En ese momento es cuando varias personas -especialmente mujeres- salen del salón para auxiliar al herido y tratar de retirar al menor que, mediante forcejeos, pretendía seguir cerca de la víctima. Incluso en un momento se aleja y de repente regresa y le da otra patada en el cráneo.

Flores fue trasladado de urgencia al hospital Penna, donde falleció en la tarde del lunes.

El menor, en tanto, quedó desde ayer a disposición de la fiscalía N° 3 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil y del Juzgado de Garantías del Joven N° 1.

Durante el allanamiento en su vivienda, personal de la comisaría de Pedro Luro secuestró las prendas que vestía aquella noche y su teléfono celular.

Se trata de Federico Alejo Kemmler Davyt, de 29 años, quien en agosto de 2021 fue declarado autor penalmente responsable de abuso sexual con acceso carnal y condenado a 6 años y medio de prisión.

A raíz de que llegó en libertad al debate, a cargo del Tribunal en lo Criminal Nº 3 de Bahía Blanca, recién se solicitó su detención el 22 de noviembre de 2024, cuando el fallo adquirió firmeza.

Sin embargo, Kemmler Davyt no pudo ser encontrado en su vivienda ni en los lugares que frecuentaba y el 18 de febrero del año pasado se ordenó formalmente su captura.

El joven, de nacionalidad argentina, registraba su último domicilio conocido en Moreno 23 de Bahía Blanca.

Desde la Oficina de Búsqueda de Personas y Antecedentes Penales de la Fiscalía General Bahía Blanca realizaron distintas tareas de análisis de redes, contactos y entorno y se lo buscó, a través de oficios girados a distintas fuerzas policiales, en las provincias de La Pampa, Río Negro y Neuquén, pero con resultado negativo.

Reencuentro y drama

La violación se cometió el 23 de diciembre de 2018, en un domicilio ubicado en Gabino Prieto y Tres Lomas, de Villa Iris, donde un grupo de excompañeros de la escuela se reencontró para compartir un asado.

En esas circunstancias Kemmler Davyt habría abusado de una mujer, a quien le provocó lesiones en las zonas abdominal, lumbar y piernas, además de escoriaciones y equimosis en sus partes íntimas.

El Ministerio de Seguridad provincial ofreció recompensa de hasta 10 millones de pesos por "información fehaciente que permita la localización y detención" del condenado, garantizando "estricta reserva de identidad" para los informantes.

"Ahora nos acompaña en la lucha Yamila Segovia (abogada que redobló esfuerzos para capturar a Alberto Martín Del Valle). Tanto Kemmler como Del Valle son prófugos del partido de Puan", dijeron a lanueva.com desde la familia de la joven ultrajada.

"Comparto este mensaje con una profunda esperanza en el corazón. Si las autoridades lograron encontrar a Del Valle después de 15 años de evadir la Justicia, no tengo ninguna duda de que con Kemmler sucederá lo mismo, con mucha más razón ya que se mueve no muy lejos", agregaron.

Dónde aportar datos

Quienes posean datos sobre el paradero del nombrado pueden presentarse en la ayudantía fiscal puanense, situada en Hipólito Yrigoyen 698 de aquella localidad; comunicarse al (02923) 488667; o enviar un mail a ayudantiafiscalpuan@mpba.gov.ar

También pueden concurrir a la Dirección provincial de registro de personas desaparecidas (calle 2, entre 51 y 53, oficina 118, en La Plata), así como están habilitados el número (0221) 4293015 y el correo electrónico profugos@mseg.gba.gov.ar

Los informantes, además, pueden contactarse con la línea de emergencias 911.

"La estructura es la misma que había el 4 de septiembre. No cambió nada, no llegó ningún tipo de suplemento de recursos. La realidad es que sería deseable que la situación fuera mejor", indicó el juez Pedro Morán en diálogo con el programa Panorama de LU2.

Describió que la nueva ley "crea un universo más amplio de menores que pueden ser sometidos a un proceso penal a partir de los 14 años. El régimen anterior precisaba que los jóvenes eran parcialmente punibles entre los 16 y 18 años, donde si la pena prevista no superaba los dos años tampoco se los sometía a proceso. Es decir, quedaban fuera delitos de amenazas, lesiones leves y daños, entre otros. Hoy esos casos son procesables y esto impacta primero en la etapa de investigación (fiscalía y justicia de Garantías) y, de acá a un tiempo, también en los juzgados".

Describió que en el ámbito de nuestro departamento judicial bahiense existen vacantes en dos Juzgados de Garantías del Joven (una en Bahía Blanca y la restante en Tres Arroyos), en una fiscalía y en una unidad de defensa.

Morán aclaró que "las medidas que disponen los jueces pueden ser privativas de la libertad o para cumplir reglas de conducta en un ámbito de libertad y con la supervisión de organismos. En ambos aspectos estamos muy deficientes".

Recordó que "desde que se produjo el incendio en el Valentín Vergara solo quedó un centro de recepción, dispuesto para permanencias cortas de jóvenes detenidos hasta que se dispone su prisión preventiva".

"Hoy dispone de cuatro lugares para todo nuestro departamento judicial, pero ante la superpoblación de plazas en el conurbano, muchas veces están ocupadas por jóvenes del Gran Buenos Aires".

Detalló que el joven que destinado a un régimen de semilibertad es alojado en institutos de Tandil o Dolores, mientras que si le corresponde un ámbito cerrado es derivado a Azul o Mar del Plata. 

"Esto pone en desventaja a un menor respecto de un mayor, que pueden cumplir la detención en Bahía Blanca o Saavedra, con la cercanía de su familia".

Finalmente, consideró que "estamos llenos de buenas intenciones, pero a veces cuesta llevarlas a cabo. Celebro que se haya intentado renovar la legislación que estaba vigente desde el año `80. Contempla cuestiones que estaban en la convención de los Derechos del Niño, que tiene jerarquía constitucional, y que no se reflejaban en la ley nacional".

La víctima fue identificada como Víctor Flores Aguilar y su deceso se produjo en el hospital Penna de nuestra ciudad, hacia donde fue trasladado desde el centro asistencial de aquella localidad de Villarino.

"El hombre murió a las 18.30 (del lunes) en UTI (terapia intensiva), por criterios neurológicos", comentaron desde el Penna. 

En principio se informó que el domingo a la noche el hombre tomaba parte de una fiesta comunitaria en un salón del barrio Primavera, en Buratovich, en conmemoración de la Virgen de Copacabana, patrona del vecino país.

"Cuando arriba el móvil policial estaba tendido en el asfalto y se lo llevan al hospital, aunque luego fallece en el Penna", comentó un investigador, para agregar que "están trabajando para determinar las causas del fallecimiento y si hubo personas involucradas en el hecho".

La misma fuente confirmó que Flores "estaba muy alcoholizado" y que no presentaba lesiones visibles ni sangrado. De todas maneras, no se descarta que el hombre se haya visto afectado por la acción de terceros.

"De todas maneras, ninguno de los testigos presenciales refirió haber visto una agresión", explicó el vocero.

El operativo se originó sobre la 1 y el arresto se produjo en Bernardo de Irigoyen 75, aunque el local comercial, perteneciente a un hombre de 60 años, está ubicado a unos 500 metros, en Dorrego 329.

Se estableció la sustracción de un teléfono celular Samsung, una bolsa de nylon con distintas mercaderías (carne, levadura y gaseosas).

El celular fue encontrado en poder de Valle, mientras que en un baldío cercano, entre los pastizales, se encontró la bolsa con el resto de los materiales.

Entre las ropas del acusado, a su vez, secuestraron 18,38 gramos de marihuana.

El fallo fue dictado en un debate abreviado por el juez del Tribunal en lo Criminal Nº 1, Hugo Adrián De Rosa, quien imputó al sujeto, de 37 años de edad, por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante en concurso real con abuso sexual con acceso carnal reiterado, agravados por el vínculo y el aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente con una menor de 18 años.

Para el magistrado quedó probado que entre 2022 y 2024, en un domicilio ubicado en la zona del barrio Stella Maris, el procesado ultrajo en reiteradas ocasiones a la menor, que por entonces tenía 10 años.

También se estableció que la amenazaba con matarla para que guarde silencio y no cuente lo que sucedía.

El caso fue denunciado por la madre de la niña, luego de que la chica le revelara lo que pasaba cuando se quedaba en la casa del padre.

Precisamente, la mujer declaró y manifestó la forma en que tomó conocimiento de la situación, sosteniendo además que un hermano de la chica pudo observar uno de los abusos.

La menor le habría contado también a su abuela (madre del acusado), aunque esta no le dio importancia y le dijo que "estaba loca".

Pruebas decisivas

El juez valoró el testimonio de la víctima, indicando que "se presentó coherente, persistente en lo sustancial y exento de contradicciones relevantes a lo largo del proceso".

Agregó que "la joven describió con claridad la dinámica de los hechos investigados, precisando las agresiones sufridas contra su integridad física y sexual, así como las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron".

Señaló además que el examen médico realizado a la chica determinó la existencia de lesiones compatibles con el delito denunciado.

Al momento de establecer la sanción se tuvo en cuenta como agravantes la diferencia de edad entre ambos y "la violencia de género propia de una agresión sexual en contra de una mujer niña".

También valoró "el extenso período de tiempo durante el que los hechos tuvieron lugar, la reiteración de los accesos carnales imputados y los antecedentes penales del sujeto.

Por todo ello, y tal como acordaron previamente la fiscalía y la defensa oficial, De Rosa le impuso la pena de 14 años de prisión.

Este se encuentra en condiciones óptimas y con sus familiares.

El chofer accidentado es Edgardo Esquivel, a quien se lo trasladó en ambulancia al Hospital Municipal olavarriense con fisuras en un brazo y costillas, pero su vida no corre peligro.

Por causas que aún son materia de investigación, ambos camiones de la compañía Transportes EG chocaron en un tramo de la ruta provincial 51, a pocos kilómetros de aquella ciudad bonaerense.

Según información policial, los vehículos Volkswagen y Mercedes Benz transitaban en sentido a Olavarría cuando el VW, al mando de Esquivel, embistió aparentemente de atrás al otro transporte conducido por Alejandro Burgos.

Este último transportista resultó ileso.

Producto del potente impacto, la tolva del Volkswagen se desprendió de los sistemas de seguridad y golpeó contra la cabina. El rodado terminó volcado.

Por el siniestro vial se labraron actuaciones caratuladas “lesiones culposas”, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 4 del Departamento Judicial Azul.

(Con información de infoeme.com)

Según indicaron fuentes oficiales se encuentra en buen estado de salud.

El sospechoso fue identificado como Mariano Díaz, a quien venía investigando la UFIJ Nº 19, a cargo del fiscal Mauricio Del Cero.

Por orden del Juzgado de Garantías Nº 3, la Policía requisó la vivienda, ubicada en Cramer al 2.200, y además de los estupefacientes secuestró un revólver, municiones, una balanza de precisión, dinero en efectivo y celulares y otros dispositivos que serán analizados. 

La causa se inició a mediados de agosto último, a partir de denuncias que alertaban sobre presuntas maniobras compatibles con la venta de drogas al menudeo en esa casa, frente a la plaza del barrio.

A raíz de las tareas investigativas realizadas por la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Bahía Blanca, los trabajos de vigilancia, observaciones estáticas y registros audiovisuales del lugar, se logró documentar reiteradas conductas asociadas al intercambio de sustancias ilícitas en distintas horas del día.

Con las pruebas reunidas por la fiscalía, Garantías otorgó la correspondiente orden de allanamiento, concretada en la tarde de ayer.

Díaz será indagado hoy por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil.

El hecho tuvo una mecánica similar a la de otros incidentes viales que se han registrado en el sector: el transporte Mercedes Benz bajaba desde la zona de Espora, en dirección a la terminal portuaria, y se aparentemente se quedó sin frenos.

En medio del choque y vuelco, además de perder casi toda la carga, el camión derrumbó una de las torretas lumínicas del cruce, con lo cual la visibilidad en el sector podría verse afectada en horario nocturno.

Al lugar del siniestro concurrió la Policía, Defensa Civil y bomberos voluntarios de Ingeniero White.

También acudió una ambulancia del servicio Siempre, que sobre las 9.30 trasladó al conductor, identificado como Fernando Rodrigo Puccinelli, de 47 años, al hospital Penna, con traumatismos en sus piernas. 

Luciano Garayalde, presidente de la sociedad de fomento del barrio Punta Blanca Sur, expresó su preocupación por la reiteración de este tipo de incidentes.

"Lamentablemente estamos acostumbrados. Se quedan sin frenos al bajar y pasan de largo", declaró Garayalde al Servicio Informativo de LU2.

El aprehendido es Marcelo Sebastián Benítez (39), con domicilio en Pringles, quien quedó a disposición de la justicia en vinculación con el delito de hurto.

Poco después de las 4.30, efectivos policiales que hacían una recorrida de rutina observaron a un sospechoso en Colón y Newton, donde al advertir la presencia policial trató de esconderse detrás de una pared en el patio delantero de una vivienda.

Cuando los uniformados bajaron del patrullero para identificarlo, el hombre comenzó a escapar a pie, pero los agentes de seguridad lo persiguieron e interceptaron en Newton y Alem.

Durante la huida, el ladrón se deshizo de una mochila y una bolsa que contenían 72 latas de cerveza, dos botellas de gaseosa y una de agua saborizada.

Víctima de la sustracción resultó Pedro Mayer, dueño de una cantina ubicada en Colón y Bolívar, quien confirmó que las bebidas habían sido sustraídas de su comercio.

Benítez quedó alojado en los calabozos de la comisaría pringlense.

La Policía secuestró la totalidad de la mercadería sustraída, que en las próximas horas iba a ser restituida al damnificado.

Fuentes judiciales informaron que José Luis Salazar (37), quien fue asesorado por la abogada Maia González, hizo uso de su derecho y decidió no contestar las preguntas del fiscal Jorge Viego, a cargo de la UFIJ N° 5.

Los voceros mencionaron que el sospechoso está imputado del delito de homicidio agravado y portación de arma de fuego.

El crimen se registró alrededor de las 3 de la víspera, en la calle Juana Azurduy al 800, donde la víctima, identificada como Gonzalo Nicolás Bustos, de 23 años, recibió dos disparos en la espalda.

Personal policial acudió al lugar y aprehendió al acusado. En el lugar también secuestraron un arma calibre 22.

Según fuentes oficiales, tras los primeros datos recogidos en el lugar, Bustos habría estado merodeando un camión que el imputado tiene estacionado en la vía pública, con supuestas intenciones de robo, y el agresor salió de su vivienda y le disparó.