Los guardias toman nota y modifican de manera constante los protocolos para evitar este tipo de situaciones.

En las últimas horas, una joven fue condenada a la pena de dos años de prisión en suspenso (no será detenida salvo que incumpla las reglas de conducta), acusada de intentar ingresar drogas en la Unidad Penal Nº 4 de Villa Floresta.

Se trata de Iara Isis Moll (27), quien fue hallada culpable del delito de tentativa de entrega, a título gratuito, de estupefacientes agravada por darse en un lugar de detención.

El fallo fue resuelto en el marco de un debate abreviado por el juez del Tribunal en lo Criminal Nº 1, Hugo Adrián De Rosa.

Previamente, el fiscal de la UFIJ Nº 19, Mauricio Del Cero, y el defensor Sebastián Martínez, acordaron la sanción y calificación legal de los hechos.

Para el magistrado quedó probado que el 6 de mayo de 2022, alrededor de las 11.30, en la cárcel bahiense, ubicada en La Falda al 2.300, la imputada depositó mercadería destinada a un interno de la unidad penal.

Cuando los efectivos penitenciarios revisaron los elementos hallaron 23,1 gramos de marihuana fraccionada en dos envoltorios de nylon.

Los elementos fueron encontrados ocultos en el interior de un pollo que estaba destinado al detenido.

Registro y secuestro

Una oficial del Servicio Penitenciario Bonaerense declaró que ese día estaba de servicio en Villa Floresta cuando se presentó la procesada en la ventanilla de la prisión.

Sostuvo que la joven se identificó y mencionó al interno que era destinatario de la comida.

Señaló que al momento de efectuar el registro de los elementos constataron la presencia, dentro del alimento, de “dos envoltorios de nylon negro y transparente, conteniendo en su interior una sustancia verdosa con olor similar a picadura de marihuana”.

Otra agente penitenciaria que también tomó parte del procedimiento brindó un relato similar al de su compañera.

Confirmación

Lo expuesto por las oficiales del SPB quedó ratificado a partir de las fotografías de la sustancia incautada y del alimento en el que pretendían ser disimuladas para que llegue a manos del interno.

Mientras que el test de orientación confirmó que se trataba de marihuana, una pericia química estableció que la cantidad secuestrada resultaba suficiente para obtener 29 dosis umbrales.

De la misma forma, un informe de la U4 manifestó que el destinatario se encontraba alojado en uno de los pabellones del lugar.

“De las notificaciones realizadas en autos se observa que las firmas son coincidentes con la de la lista de mercadería”, señaló el juez en la resolución. 

En este sentido, indicó también que “de la prueba producida ha quedado debidamente acreditado que el personal del Servicio Penitenciario constató el hecho materia de imputación a Moll”.

“Tal circunstancia permite tener por acreditado que la sustancia hallada del modo mencionado fue colocada de forma deliberada, con el evidente propósito de eludir los controles de seguridad del establecimiento penitenciario e introducir material estupefaciente destinado al interno”.

Al momento de establecer la pena no valoró elementos agravantes y consideró como atenuante la ausencia de antecedentes de la imputada.

Finalmente, De Rosa le impuso a la joven una serie de reglas de conducta que deberá seguir por el mismo tiempo de la condena.

El magistrado dispuso que la mujer comunique el domicilio en el que reside de manera permanente, se someta al cuidado del Patronato de Liberados y no tenga o consuma estupefacientes, bajo apericibimiento de revocar la condicionalidad de la pena.

Sin embargo, en febrero de 2025, el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 62/2025 firmado por el presidente Javier Milei directamente prohibió ese tipo de prácticas para quienes tienen menos de 18. 

En consecuencia, muchas de las obras sociales decidieron, de manera unilateral y a partir del DNU, interrumpir los tratamientos hormonales de trancisión.

Las familias afectadas comenzaron a acudir a la Justicia. Tanto en la Capital como en Paraná sendos fallos declararon inconstitucional el DNU 62/25 y ordenaron retomar la prescripción médica. 

Y ahora sucede, por primera vez, en la ciudad.

La Cámara Federal de Apelaciones acaba de confirmar un fallo dictado, en octubre, por el juez federal Nº 1, Walter López Da Silva.

Se trata de una acción de amparo que promovió la madre de N.L.C., quien nació como mujer el 11 de septiembre de 2009 y desde muy temprana edad se autopercibe varón.

Cuando el joven tenía apenas 10 años, comenzaron su acompañamiento hacia la transición y luego del primer signo de desarrollo se le dispuso un tratamiento farmacológico de inhibición puberal, a fin de permitirle el crecimiento y desarrollo conforme sus deseos sobre su cuerpo.

En 2019, la obra social de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) autorizó la medida, que mantuvo sin interrupciones hasta mayo pasado, tras quedar en vigencia el citado DNU y pese a las advertencias médicas sobre los riesgos que ello implicaba para la salud del menor, incluyendo posibles cuadros de depresión, conductas autolesivas y hasta riesgo de suicidio.

Ante esta situación, la familia se comunicó con el estudio de los abogados Juan Francisco Tomasi y Juan De Lasa y promovió una acción de amparo contra UPCN, que tuvo resultado favorable en dos instancias judiciales, la más reciente, hace algunos días, de la Cámara Federal.

No era urgente

El cuerpo judicial bahiense tuvo en cuenta que, según el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional, el ejercicio de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo mediante DNU "reviste carácter excepcional".

Ese tipo de decretos, según los jueces Pablo Larriera y Roberto Amábile, deben ser utilizados cuando "se haga imposible" el trámite ordinario de formación de leyes a través del Congreso de la Nación.

Y le corresponde al Poder Judicial resolver estas cuestiones, debiendo descartarse cuando el uso del DNU tiene "razones de mera conveniencia" como en este caso, según los camaristas.

"De los fundamentos del decreto impugnado no surge una justificación suficiente que permita explicar la necesidad de recurrir a esta vía extraordinaria para modificar el régimen legal vigente", sostuvieron.

Y remarcaron que el decreto impugnado no puede, sin vulnerar los límites establecidos en la Constitución, "alterar de manera irrazonable" derechos reconocidos por una ley del Congreso ni desconocer situaciones jurídicas ya consolidadas".

Trascendencia

El abogado De Lasa destacó que "el fallo reviste especial trascendencia, ya que reafirma el derecho a la salud y a la identidad de género de niños, niñas y adolescentes, frente a restricciones impuestas por decreto, y ratifica los límites constitucionales del Poder Ejecutivo para modificar derechos reconocidos por ley".

"Se trata del primer fallo de la Justicia Federal de Bahía Blanca que declara la inconstitucionalidad del DNU 62/2025, y el segundo en el país, marcando un precedente clave en la protección de los derechos previstos por la Ley 26.743 de Identidad de Género", agregó.

Destacó, a su vez, como punto saliente, que la Cámara aceptó otro punto de la apelación y ordenó pagar las costas de la instancia a la obra social.

Si bien esta resolución sirve como mojón, no tiene una aplicación general sino particular. Es decir que aquella persona que se vea afectada de la misma manera tendrá que accionar individualmente.

El tratamiento hormonal a N.L.C. por el momento no se reanudó, porque la obra social tiene 10 días para interponer un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, apelación que se desconoce si se concretará.

Antecedente

En mayo del año pasado, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná -por mayoría de dos de sus tres jueces- declaró la inconstitucionalidad del DNU 62/2025, que prohíbe expresamente que los menores de 18 años accedan a tratamientos e intervenciones quirúrgicas para afirmación de género.

De esa manera confirmaron un fallo de primera instancia.

Los jueces entrerrianos, tal como lo hicieron sus colegas de Bahía Blanca, consideraron que el Poder Ejecutivo Nacional se extralimitó en su función, al no existir circunstancias excepcionales que justificaran el decreto para eliminar los alcances de una ley votada por el Congreso.

En el caso de la provincia mesopotámitca, la acción de amparo fue promovida contra la obra social OSECAC, por parte de una familia en representación de su hija en la búsqueda de realizarle una cirugía de mastectomía en su proceso de afirmación de género autopercibido.

La resolución dictada en Bahía sería la segunda de este tipo a nivel nacional.

Cuál es el costo del tratamiento

Ampollas. Las ampollas hormonales para el tratamiento transgénero tienen un costo mensual de unos 3 millones de pesos. 

Impacto. La Cámara aclaró que la obra social no demostró "de qué modo" la cobertura del tratamiento generaría un perjuicio "concreto o desproporcionado".

Genérico. El planteo de la obra social se limita a invocar "en términos genéricos" las dificultades financieras que atraviesa el sistema de salud, sin otros elementos.

Uno de estos casos tuvo resolución en Daireaux, una pequeña localidad ubicada a menos de 300 kilómetros al norte de Bahía.

El juez de paz del lugar, Javier Pablo Heredia, resolvió como medida cautelar, ante una morosidad continuada, excluir al hombre del hogar que había sido matrimonial y restituirlo a su exmujer y los tres hijos de 9, 13 y 17 años. 

Hasta esta decisión, la mujer (junto a sus hijos) vivía, en condiciones hacinadas, en la casa de la abuela.

El juez calificó el incumplimiento alimentario como una forma de violencia económica, según los términos de la Ley 26.485, ya que busca controlar o asfixiar los recursos de la mujer y sus hijos.

El 1 de diciembre, el deudor, identificado por las iniciales D.O.P., había sido notificado de la fijación de la cuota alimentaria provisoria en 1.033.103,83 de pesos mensuales, para cubrir  requerimientos y servicios básicos de sus tres hijos.

Sin embargo, no afrontó los cargos de diciembre y enero, febrero y marzo últimos y esa situación se constató al figurar en 0 la cuenta respectiva.

Pese a haber sido intimado a su cumplimiento, por resolución del 15 de diciembre, el hombre continuó con su actitud reticente, lo que le valió, el 6 de febrero, su incorporación al Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

Violencia física

Por otra parte, existen antecedentes de violencia física hacia su expareja, que quedaron registrados en el Servicio Local.

Por caso, el 18 de junio de 2022, en medio de una discusión, D.O.P. habría escupido a su mujer y le habría arrojado agua caliente.

Luego de la separación, la mujer, que es empleada doméstica y beneficiaria de la Asignación Universal de dos de sus hijos, debió encargarse del mantenimiento de ellos y en condiciones de precariedad, en la casa de su abuela.

Por otra parte, el hombre nunca reconoció de manera formal su vínculo biológico con sus hijos y esa situación también quedó plasmada en este fallo.

Él, al ser citado por el juez de paz, aclaró que no tenía trabajo estable y no desconoció que los chicos viven con su madre, pero dijo que tenía contacto con ellos -con alguno más que con los otros- y que había ofrecido aportar 400.000 pesos mensuales en concepto de cuota alimentaria.

Si bien su propuesta fue rechazada por insuficiente, no aportó nada en los meses de deuda.

"Incorporarse con tres niños a otro hogar ya constituido, aun siendo un familiar allegado, no resulta una situación sencilla de sobrellevar, no solo por la inestabilidad que representa para los niños, el cambio y la falta de una vivienda propia, sino para el sostén y la continuidad en armonía de los lazos familiares existentes, que ineludiblemente se ven afectados", sostuvo el juez.

Además se estableció que la vivienda había sido adjudicada a ambas partes por parte del gobierno municipal, como un lote baldío para las construcción de la misma.

"Sopesa la vulnerabilidad de los niños involucrados y de la progenitora que, en su calidad de mujer, también vulnerable, se hace cargo unilateralmente del sostén del hogar que ha devenido monomarental", sostuvo el juez.

En consecuencia, Heredia ordenó la exclusión del hogar de D.O.P., del cual solo podrá llevarse sus objetos personales (documentación y vestimenta), mientras que se autoriza a la Policía fotografiar los elementos retirados y, si el hombre persiste en su intención de quedarse, usar la fuerza para retirarlo.

También dispuso hacer entrega de la casa a la madre, lo cual se computará como parte de la cuota alimentaria, sin perjuicio de acciones de fondo.

De todas maneras, se aclaró en el fallo que esta medida es "provisoria", hasta tanto recaiga sentencia en la causa alimentaria.

"Aliviar" los tribunales

El juez destacó un fallo de la Cámara Civil y Comercial de Morón para marcar que este tipo de situaciones, además, complejizan la tarea judicial.

"Las deudas que no se cumplen, pudiendo hacerlo (y aquí nunca el progenitor ha dicho que no podía pagar), no hacen más que recargar la actividad de los tribunales (bastante recargada de por sí)", se explicó en aquella resolución.

"Y, entonces, si hacemos lo necesario para que las partes cumplan (y los asuntos concluyan) estamos actuando conforme el mandato de asegurar la eficacia de la justicia, por un lado, y de hacerlo con la mayor economía procesal, por otro, lo que es un deber nuestro", amplió.

Problema estructural

Reiteración. "Se puede afirmar que cuando se analiza quienes concurren a los estrados en pos de un reclamo alimentario surge que la mayoría son mujeres que detentan el cuidado personal principal o exclusivo de sus hijos e hijas", marcó el juez. 

Desigualdad. Se trata de un problema estructural que "ha profundizado desigualdades de género", dijo. 

Estadística. Una encuesta provincial en 2022 contempló que el 51,2% de las mujeres divorciadas consultadas dijo no percibir ningún tipo de aporte de parte del padre de sus hijos. Y de las que sí reciben solo un 25% lo recibe regularmente.

Conclusión. "Es decir que más de la mitad de las encuestadas (66,5%) no recibe obligación alimentaria o la percibe eventualmente".

La persona identificada es Claudio David Montiel, de 48 años, quien ocupa el cargo de secretario adjunto del sindicato de la AEC.

Su identidad fue puesta a disposición de la Fiscalía N° 7.

Desde la fiscalía y la policía indicaron que la investigación continúa con el objetivo de individualizar a otras personas que hayan participado en los desmanes, a fin de que puedan ser puestas a disposición de la justicia.

El acusado fue identificado como Esteban Facundo Hernán Puis, quien reside en la ciudad.

De acuerdo con el parte policial, momentos antes de su detención el sujeto intentó robar una Honda Wave, propiedad de un joven de 23 años. Para concretar el ilícito, habría dañado el tambor de ignición del rodado, aunque finalmente abandonó el vehículo en el lugar.

Tras ser interceptado por personal policial, se procedió además al secuestro de una llave tipo ganzúa y un recogedor magnético, elementos que habrían sido utilizados para forzar el sistema de arranque de la motocicleta.

El hecho quedó en manos de la UFIJ N° 15.

El sujeto se desplazaba en una camioneta Ford F100, en la que transportaba la totalidad de los elementos denunciados como sustraídos de un depósito ubicado en calle España al 100.

Durante el procedimiento, los efectivos constataron que los objetos hallados en el rodado coincidían con los denunciados, por lo que se procedió al secuestro del vehículo y de los elementos recuperados, en el marco de la causa.

La aprehensión fue el resultado de tareas investigativas y análisis de cámaras de seguridad, que permitieron establecer la autoría del hecho por parte del detenido, quien habría actuado junto a otro sujeto ya identificado, que resultó ser hermano del denunciante.

En la causa interviene la UFIJ N° 12 del Departamento Judicial Bahía Blanca, que avaló lo actuado por el personal policial y dispuso las diligencias de rigor.

Además, se constató que el vehículo tenía un pedido de secuestro activo por robo automotor solicitado por la UFIJ N°12 del Departamento Judicial Quilmes.

El procedimiento se realizó en calle Thompson al 2000, donde se procedió a la aprehensión de Daniel Esteban Chacón, de 33 años, se secuestró el automóvil y la documentación.

Chacón quedó imputado por encubrimiento e infracción al artículo 292 del Código Penal.

Intervienen la UFIJ N°7 y el Juzgado Federal del Departamento Judicial Bahía Blanca.

Se trata de Alexis Joaquín Wagner, de 26 años, quien retornó a su hogar, según informaron desde la comisaría Tercera.

En el operativo fue aprehendido Ángel Adrián Contín, de 31 años, quien circulaba a bordo del rodado al momento de ser interceptado.

L amoto -una Zanella RX 150 centímetros cúbicos- también carecía de chapa patente colocada y al verificar los números de motor y chasis, se constató que el vehículo tenía un pedido de secuestro activo por robo, denunciado tiempo atrás por su propietario, tras un hecho ocurrido en calle San Lorenzo al 2950.

El caso quedó en manos de la UFIJ N° 7, bajo la carátula de encubrimiento, mientras que el rodado fue secuestrado para su posterior restitución.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 20.50, cuando efectivos policiales acudieron tras una alerta del Ce.U.M. e interceptaron a Matías Ariel Solís (18) en inmediaciones de Fuerte Argentino al 800, en cercanías del Barrio Palihue.

En tanto, un menor de 13 años fue localizado pocos metros después, a la altura del 890 de la misma arteria, donde se había ocultado en un canal intentando evadir al personal policial.

Ambos habrían intentado sustraer una moto marca Mondial Max, dominio 395KWF, que se encontraba estacionada en un playón de monoblocks ubicado en Urquiza al 800, propiedad de un joven de 21 años. Los sospechosos habrían violentado la traba volante y el tambor de ignición del rodado.

Los efectivos constataron que el aprehendido mayor tenía en su poder elementos utilizados para ejercer el delito, los cuales fueron secuestrados.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría Segunda, con intervención de la UFIJ N°15, la UFIJ de Responsabilidad Penal Juvenil, la Defensoría y el Juzgado de Garantías del Joven.

Según se indicó desde las fuerzas de seguridad, se trata de La Taberna, ubicada en Guillermo Torres y Cárrega.

El lugar contaba con la habilitación vencida desde el año 2024.

Además, en las últimas horas estaba invitando a la gente a ir luego de esta medianoche, en coincidencia con la Fiesta del Camarón y el Langostino.

En una conferencia de prensa llevada a cabo en el hall del centro de salud, el médico detalló que descubrieron el faltante "porque se hacen controles semanales y la reposición para medir la trazabilidad de cualquier medicamento —en este caso un medicamento que se utiliza en quirófano habitualmente— y se detectó de esa manera. En general los controles se hacen una vez por semana, como digo, y en general los días lunes."

"Esto se maneja prácticamente de forma única en los quirófanos y el acceso es a toda la gente que normalmente está en quirófano y que puede ir desde los médicos hasta un mucama; todos tienen posibilidad de acceder. De todas formas, este tipo de medicamentos está bajo llave en una habitación que también está bajo llave, de manera que es inhabitual que el contacto sea permanente con este tipo de medicamentos", agregó Carestia.

El director del Municipal descartó tener alguna hipótesis por el momento. “Estamos esperando obviamente la actuación de la Justicia. Estaba hasta hace un ratito —no sé si todavía está— el fiscal, y estamos aportando todo el material que se necesita para la investigación. En ese lugar, tanto en el pasillo que da a quirófano como en el sector de quirófano, hay cámaras, de manera que la información que nos pueda brindar eso va a estar en poder del fiscal en las próximas horas", explicó.

Ante la consulta sobre cuáles son los usos habituales del fentanilo, el profesional indicó que "es un medicamento que se utiliza habitualmente para la carga anestésica en distintas situaciones o posibilidades de medicación", y remarcó que su valor económico “vendida como corresponde a las instituciones, no llega a los 1000 pesos. Pero en el mercado negro seguramente se vende muchísimo más caro".

Finalmente, Carestia reveló que "ya están tomando en este momento —o hace un ratito le tomaron— testimonio a algunas personas que trabajan en ese sector."

“La gravedad que tiene es como cualquier situación de desaparición de algo. En este caso, justamente se trata de una medicación que en estos días ha sido motivo de noticias nacionales, de manera que eso por ahí repercute un poco más de lo habitual. Pero la repercusión en el sentido del faltante y de la desaparición de algo para nosotros es una situación odiosa, por decirlo de algún modo. En este caso por el fentanilo, pero podría haber sido por cualquier otra cosa y la situación es igual", sostuvo.

"Dependemos de lo que diga la Justicia. Una vez que se inicia el sumario, pero cuando ya actúa la Justicia, el sumario queda como interrumpido hasta tanto se expida la Justicia para no interferir. Después, las consecuencias de esto solamente la Justicia lo va a determinar. Obviamente, si hubiera alguna persona implicada directamente que trabaja en el hospital, las consecuencias son lógicas", completó Carestía.

Qué pasó

La noticia del faltante de este potente fármaco se dio a conocer este miércoles desde el propio hospital, desde donde también se radicó una denuncia que actualmente se encuentra a cargo del fiscal Mauricio del Cero, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 19, encargada de la investigación de los delitos vinculados con las drogas.

Según había confirmado el propio fiscal a La Nueva., la desaparición del fentanilo se registró en el sector del quirófano central.

Por ello, y más allá de la denuncia presentada ante la Justicia, el hospital inició un sumario interno para deslindar responsabilidades.

De qué se trata

El fentanilo es un opiáceo sintético, que nació como un analgésico de uso médico, con el objetivo de combatir el dolor agudo en enfermos de cáncer. Su potencia es arrolladora: 100 veces más tóxico que la morfina y entre 25 y 50 veces más potente que la heroína.

Se trata de un fármaco que se administra por vía intravenosa para distintos prescripciones médicas, como endoscopías y cirugías. Sin embargo, una administración indebida puede causar dificultad respiratoria severa, lo cual requiere asistencia ventilatoria de urgencia.

Por causar estragos en los países de Norteamérica, tanto en EEUU como Canadá, los organismos de salud de aquellos países consideran que está matando a más personas que “cualquier epidemia infecciosa reciente”. Incluso más que el SIDA en la última década del siglo pasado.

El fentanilo se utiliza como “sustancia base” para rebajar muchas otras drogas peligrosas para la salud y altamente adictivas. Un informe de la Universidad de British Columbia demostró que el 80% las sustancias que se consumían en Canadá tenían fentanilo.

También se descubrió la existencia del carfentanilo, una sustancia derivada, muy peligrosa, muy problemática a dosis muy pequeñas y, se aclaró, no se trata de una sustancia recreativa.

Otra investigación

La novedad en Bahía Blanca se dio a conocer horas después de que trascendiera, en Buenos Aires, la muerte de un anestesiólogo del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, quien fue víctima de una sobredosis de propofol (también anestésico) y fentanilo.

Tras el hallazgo del cadáver de Alejandro Zalazar en su domicilio, se estableció que la droga pertenecería al Hospital Italiano de Buenos Aires. 

La diligencia judicial, que se había postergado la semana pasada, se dio frente al juez federal N° 1 de Bahía Blanca, Walter López Da Silva.

Creimer, según trascendió, se mostró conmovida por la situación, dijo que es víctima de un complot, aunque no se defendió puntualmente de los hechos que le endilgan.

Se le cuestiona a la perito haber tenido protagonismo -en representación de la querella- de distintos procedimientos cuestionados en relación a la búsqueda del joven de Villarino, tratando de relacionar el hecho con la supuesta intervención de policías, situación que nunca se acreditó.

Ahora el juez cuenta con 10 días hábiles para resolver la situación procesal de la mujer.

La investigación de la médica se originó en medio del juicio al adiestrador canino Marcos Herrero, condenado por diversos hechos de falso testimonio agravado, por haber sido cometido en una causa criminal (también la de Facundo) y contra los inculpados.

En el caso tomó intervención el fiscal Mauricio Del Cero, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 19, encargado de la investigación de los delitos vinculados con las drogas.

El propio Del Cero confirmó a La Nueva. la información, aunque evitó brindar otras precisiones porque la causa está dando sus primeros pasos.

Sí confirmó que la presentación fue realizada por los responsables del área de Anestesiología del centro asistencial.

Desde el Municipal, a su vez, confirmaron la información y aclararon que la desaparición se registró en el sector del quirófano central. 

El hospital indicó que, a la par de la investigación penal, se inició un sumario interno, para deslindar responsabilidades.

En Capital

La novedad en nuestra ciudad se dio a conocer horas después de que trascendiera, en Buenos Aires, la muerte de un anestesiólogo del  Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, quien fue víctima de una sobredosis de propofol (también anestésico) y fentanilo.

Tras el hallazgo del cadáver de Alejandro Zalazar en su domicilio, se estableció que la droga pertenecería al Hospital Italiano de Buenos Aires. 

Tanto el fentanilo como el propofol son fármacos que se administran por vía intravenosa para distintos prescripciones médicas, como endoscopías y cirugías.

Una administración indebida de los mismos puede causar dificultad respiratoria severa, lo cual requiere asistencia ventilatoria de urgencia.

Se trata de Mario Oscar Soto, de 45 años, a quien se venía investigando a partir de los registros de las cámaras de seguridad y algunas particularidades en su vestimenta.

Su captura se produjo en el atardecer del martes, por parte de personal de la comisaría Segunda, cuando lo atrapó en Castelli al 300, luego de una persecución desde Estomba al 400, de donde le sustrajo un rodado a una joven de 25 años.

Según los registros fílmicos y otras tareas investigativas, Soto había sustraído otra bicicleta, el pasado sábado, en Moreno al 100, en perjuicio de otra joven.

El hombre, en principio, fue imputado de robo y robo en grado de tentativa, con intervención de las UFIJ Nº 15 y 7 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

Desde la seccional Segunda se informó que Soto había egresado del presidio local el 24 de febrero pasado, luego de purgar una condena por delitos similares. 

En relación con la causa, la Policía Federal y personal de la delegación local de la ARCA allanaron el domicilio del denunciado, en Agustín de Arrieta al 4700.

Allí secuestraron documentación, una notebook, un teléfono celular, gabinetes de computadoras y otros elementos ligados al ilícito investigado.

El sospechoso habría incurrido en el delito de falsificación de instrumento público y/o privado, es decir que generaba facturas de falsedad ideológica.

Al menos hasta ahora no hay una imputación formal contra el contador público.

La investigación, a cargo del juzgado federal Nº 1, se inició a raíz de las denuncias radicadas por los damnificados.

El juez Walter López da Silva ordenó el registro del inmueble, que se realizó en simultáneo con otras medidas dispuestas en torno del caso.

En el lugar del hecho se procedió al secuestro de un guardabarros trasero de una moto, elemento solicitado en la orden judicial.

La medida responde a un procedimiento realizado el pasado jueves 26 de este mes, cuando la policía incautó en la vía pública un rodado con pedido de secuestro activo que era conducido por un menor de 15 años.

Asimismo, en la vivienda allanada se secuestró una escopeta calibre 28 marca Centurión; una balanza de precisión y una planta de marihuana, iniciándose actuaciones con intervención de la UFI N°19.

El procedimiento tuvo lugar en una vivienda ubicada en calle Corina Parral al 3600, donde personal policial identificó a Víctor Daniel Chiavetta, de 43 años, ofreciendo un motor de levantamiento de persiana marca Motik.

La policía constató que el elemento había sido sustraído el pasado 9 de febrero de un taller mecánico situado en Pascual de Rogatis al 3300, en el barrio Novaterra.

El propietario del equipo reconoció el motor como de su pertenencia, por lo que se procedió a su secuestro.

El aprehendido contaba con un pedido de búsqueda activo en una causa por violencia familiar, así como antecedentes vinculados a amenazas calificadas y lesiones.

Interviene en el caso la UFIJ N° 2.

Esa figura representa a quien, con el propósito de causar daño en el cuerpo de otra persona, le provocara la muerte cuando el medio empleado no debía razonablemente ocasionarla.

Quedó acreditado que el 1 de octubre de 2024, Valdés atacó a Ybarra con una llave "L" para retirar tuercas de las ruedas de los vehículos y de esa manera le quitó la vida al arrojar la herramienta contra la otra persona y clavársela a la altura del corazón.

A diferencia del homicidio simple -que tiene penas de 8 a 25 años de prisión-, el preterintencional, según el artículo 81, inciso b, del Código Penal, estipula sanciones de 3 a 6 años de reclusión o 1 a 3 años de prisión.

Conocido el veredicto condenatorio del jurado, se realizará en los próximos días la audiencia de cesura para que cada una de las partes fije su postura y, luego, la jueza técnica María Mercedes Rico, del Tribunal en lo Criminal N° 2, dará a conocer la pena.

Los fallecidos viajaban en una Citroen Berlingo, patente AE892QG, perteneciente al área de Desarrollo Social del municipio de Guaminí cuando, sobre las 7.30.

El utilitario -que quedó totalmente destrozado- colisionó frontalmente con un camión Scania, a la altura del kilómetro 213/214, a mil metros de donde el viernes se produjo un choque similar, que también dejó tres fallecidos.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Juan Ignacio Derbis, director de Prensa de la comuna; Gustavo Prienza y Lucas Bernardo, también empleados municipales.

El tercer cuerpo sin vida todavía no fue nombrado oficialmente aunque también se trataría de un trabajador comunal.

El camión Scania, que circulaba con un carretón, estaba al mando de Sebastián Toledo (40), domiciliado en Daireaux, quien se movilizaba en sentido Guaminí-Trenque Lauquen.

El intendente de Guaminí, José Augusto Nobre Ferreira, expresó sus condolencias a las familias afectadas y dispuso decretar dos días de duelo en el ámbito municipal.