Los voceros indicaron que a pedido del fiscal Mauricio Del Cero, a cargo de la UFIJ Nº 19, y autorizados por el Juzgado de Garantías Nº 2,  efectivos de la comisaría Sexta registraron un domicilio ubicado en Santa María al 1.000, donde arrestaron a Zeus Marcos, de nacionalidad brasileña.

Mencionaron que en el lugar incautaron una pequeña cantidad de marihuana y un teléfono celular.

Al mismo tiempo, personal de la DDI requisó la celda de la Unidad Penal Nº 4 en la que se encuentra alojado un hermano del sujeto, identificado como Hermes Marcos (cuenta con nacionalidad argentina).

En el lugar también incautaron un dispositivo que será analizado.

Señalaron que la investigación se puso en marcha tiempo atrás, luego de que policías del UTOI interceptaran a Zeus en Céspedes y Luiggi, hallando en su poder cocaína.

"Del análisis de su celular surgieron comunicaciones que lo vinculan a la ley 23.737 y que permitieron también que se allanara la unidad penal", detallaron.

Agregaron que de los mensajes se determinó que aparentemente el individuo "se ofrecía para vender el estupefaciente en dicha dependencia". 

Zeus Marcos será indagado en las próximas horas en la sede de la fiscalía.

Por el hecho registrado aproximadamente a las 5.30 de hoy, policías del Comando de Patrullas arrestaron a Santiago Nicolás Gómez Salazar (19), que tenía en su poder los elementos de iluminación sustraídos.

Al parecer Gómez Salazar arrancó el aplique bidireccional de metal con dos luces LED de las instalaciones Siempre verde, ubicadas en José Hernández 1053, y huyó por la calle La Falda.

Los efectivos policiales recorrieron el sector, localizaron al ladrón y lo interceptaron y aprehendieron en cercanías a La Falda e Indio.

Gómez Salazar fue trasladado a la comisaría Séptima y quedó a disposición de la fiscalía de flagrancia, en vinculación con el delito de robo.

Por la sustracción resultó damnificado Gianluca Capotondi (65).

Fueron identificados como Carlos Alejandro Deleon, de 36 años, y Hugo González, de 33, ambos domiciliados en el barrio Esperanza de la vecina ciudad balnearia.

Según detalló la policía, los malvivientes fueron observados cuando salían de un domicilio ubicado en calle Chaco al 200 con bolsas de consorcio que contenían elementos sustraídos de una vivienda de la misma cuadra.

El procedimiento se realizó el pasado lunes, alrededor de las 23:30, luego de un aviso recibido por personal de la Estación de Policía de Seguridad Comunal de Monte Hermoso, la Guardia Urbana y el Centro de Monitoreo.

Al momento de la aprehensión, se secuestró un horno microondas, dos termos, vasos, platos, tenedores, cuchillos y otros utensilios de cocina, elementos que habrían sido sustraídos del domicilio afectado.

Ambos quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°15 del DJBB.

Además, se estableció que Hugo González registraba un pedido de comparendo compulsivo por una causa de hurto de este mismo año, solicitado por el Juzgado de Garantías N°4 bahiense.

En tanto, Carlos Alejandro Deleon contaba con un pedido de paradero requerido por la UFIJ N°20 del mismo Departamento Judicial.

El hecho se produjo ayer a la madrugada en un inmueble ubicado en calle Lautaro al 3.000.

"Mi hermano estaba con un amigo que se fue a eso de las 2. Suponemos que esperaron a que se retire para abrir el portón e ingresar", comentó Sol Espósito.

Describió que el o los ladrones se apoderaron de un rodado Corven Triax 150cc. y de una TVS de la misma cilindrada, patente A25 1FXQ.

La joven mencionó que tomaron conocimiento que aparentemente los mismos individuos sustrajeron poco antes una moto 110cc. en calle Isabel La Católica, en el barrio 26 de Septiembre.

"Las nuestras las deben haber levantado, porque no quedaron marcas en el barro. Salieron para el lado del Hospital Menor, porque una persona nos dijo que vio a uno en la esquina con una moto que se le cayó, la levantó y agarró para ese sector".

Del mismo modo, indicó que, según comentarios, habrían visto al vehículo marca TVS circulando "en la zona del Bulevar".

"Nos llamaron para pedirnos plata supuestamente a cambio de las motos, pero no dimos nada. Lo más lamentable de todo esto es que son vehículos que los utilizamos para trabajar", finalizó.

El procedimiento se llevó adelante en la zona de Perito Moreno al 400, donde efectivos de la seccional Cuarta, por orden del Juzgado de Garantías Nº 2, arrestaron a Diego Hernán Ruiz.

En el operativo, según se indicó, secuestraron marihuana y teléfonos.

Los voceros señalaron que la investigación del fiscal Mauricio Del Cero, a cargo de la UFIJ Nº 19, comenzó el 29 de diciembre del año pasado, cuando se produjo el allanamiento de un comercio situado en Pacífico al 2300, perteneciente al imputado.

En esa oportunidad los efectivos incautaron tres plantas de cannabis sativa y cogollo de marihuana, además de dispositivos celulares.

"Del análisis de los teléfonos surge la finalidad de comercialización de la sustancia", mencionó la fuente.

También mencionaron que Ruiz será indagado en las próximas horas.

El bahiense Rafael Gentili, presidente del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (COLPROBA), analizó la situación en Bahía Blanca y la describió como "muy mala" sobre todo como consecuencia de la falta de fiscales.

La inexistencia de nuevos nombramientos en el Ministerio Público Fiscal obliga a los agentes en actividad a subrogar otras fiscalías sin titulares, lo que en general deriva en una sobrecarga laboral.

Según Gentili, que también preside el Colegio de Abogados de esta ciudad, esta problemática se repite en otras localidades como Tres Arroyos, donde hay vacancias en juzgados de Paz, por ejemplo.

"Hay concursos pendientes de llamar, hay otras ternas que están conformadas y falta el acuerdo del Senado. Además, hay otros organismos que directamente haría falta crear", explicó la fuente consultada.

Estas falencias generan un "cuello de botella" administrativo en el Departamento Judicial bahiense.

Si bien el reclamo por la parálisis en la cobertura de vacantes judiciales no es actual, Gentili enfatizó que se tornó "imperioso" para que los poderes del Estado finalmente cumplan con su mandato constitucional.

El consejo superior del COLPROBA advirtió que el panorama más crítico se evidencia en la cúspide de la pirámide judicial.

Al respecto el entrevistado remarcó que la Suprema Corte de Justicia bonaerense está "desintegrada" porque funciona con sólo tres de los siete jueces que deberían conformarla, según establece la ley.

A esta integración incompleta se llegó luego de que en 2020 falleciera Héctor Negri, se jubilara Eduardo Pettigiani y renunciara Eduardo De Lázzari en 2021, y que en 2024 Luis Genoud también se acogiera al régimen jubilatorio.

Ese año se consolidó el escenario con apenas tres ministros en funciones en la Corte de provincia, que actualmente son Sergio Torres, Daniel Soria e Hilda Kogan. Las otras cuatro vacantes siguen sin cubrirse.

Esta carencia obliga a la Suprema Corte a operar con otros jueces de instancias inferiores.

"Lógicamente esto afecta no sólo el normal funcionamiento del máximo tribunal, sino también una de sus principales atribuciones, que es establecer la doctrina legal. Porque esa composición va mutando con el paso del tiempo", dijo Gentili.

Las vacantes sin cubrir también provocan inconvenientes en la administración de justicia por parte de la Corte de Nación, que funciona con tres de sus cinco jueces exigidos por la Constitución.

Una de las causas principales del problema es la falta de acuerdos políticos entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Si no se logran estos consensos, el sistema judicial va a seguir operando al borde del colapso.

Gentili opinó que, aunque trascienden nombres de funcionarios para aparentemente ocupar vacantes, no hay una voluntad clara de avanzar en las designaciones necesarias.

Para la entidad que nuclea a los abogados matriculados de la provincia, la solución no sólo radica en ocupar los cargos vacantes sino, principalmente, en hacer foco en la calidad y el perfil de los candidatos elegidos.

"Es imperioso que los juristas propuestos sean intachables y fruto de un consenso", resaltó Gentili.

El profesional del Derecho hizo hincapié en la importancia de que se respete la "cuestión de género y el federalismo", para que representantes del interior del país tengan voz en las cortes nacional y provincial.

La demora en las designaciones -reflexionó- es un reflejo del "lugar secundario" que el Poder Judicial ocupa en la agenda de los otros dos poderes estatales.

"Para que el acceso a la justicia sea real, tiene que ser también oportuno. Acá lo que está en juego es eso; la justicia finalmente llega, pero a veces llega demasiado tarde, entonces ya deja de ser justicia", indicó el informante.

Por último Gentili destacó la reactivación de la Mesa de Mapa Judicial, una instancia legal que tras años de inactividad procura avanzar en la creación de nuevos organismos judiciales.

Esta es una de las grandes "cuentas pendientes" para mejorar el servicio de justicia en el territorio bonaerense, según analizó el letrado.

El procedimiento se inició alrededor de las 16, cuando un llamado al 911 alertó sobre una confrontación en una vivienda ubicada en Nicolás Pérez al 2000. Al arribar al lugar, efectivos del Comando de Patrullas detuvieron a Francisco Agustín Quintana, de 26 años, quien, de acuerdo con la información policial, tenía en su poder un cuchillo que descartó antes de ser reducido.

Un segundo involucrado, identificado como Diego Martín Garrido, de 32 años, escapó por los techos de las viviendas e ingresó a un domicilio de Nicolás Esquiú al 1900 y, posteriormente, se concretó su aprehensión.

Con la colaboración del Centro Único de Monitoreo (CEUM), se logró establecer el lugar donde había sido arrojada el arma blanca y se procedió a secuestrarla.

Ambos fueron trasladados a la Comisaría Quinta e investiga la UFIJ N°15 y del Juzgado Correccional de turno del DJBB.

La causa fue caratulada como desobediencia, violación de domicilio e infracción al artículo 42 de la Ley 8031.

El hecho se produjo en el sector de calle Sócrates al 2.600, donde desconocidos lograron acceder a un pasillo interno de una propiedad y desde alcanzar un ventiluz del negocio.

Trascendió que los sujetos lograron apoderarse de camisetas de la selección argentina y camperas, estimándose el perjuicio en unos 400 mil pesos.

El caso fue denunciado y está siendo investigado por efectivos de la comisaría Cuarta.  

Se trata de Celeste José Cárdenas, apodada “La Bandida”, quien fue hallada culpable del delito de robo agravado por el uso de arma.

El fallo fue dictado en un juicio abreviado por el juez Hugo Adrián De Rosa, del Tribunal en lo Criminal N° 1.

En el hecho habría sido acompañada por un hijo de la víctima, quien también deberá afrontar un debate en el corto plazo.

Para el magistrado quedó probado que el 4 de octubre de 2025, poco antes de las 8, la imputada se presentó en una vivienda ubicada en Luis Federico Leloir al 1.100.

La acusada ingresó por una ventana y redujo a la víctima colocándole un cuchillo tipo serrucho en la garganta.

En esas circunstancias le reclamó por haber sacado un préstamo de 8 millones de pesos y utilizado su cuenta de Mercado Pago, por lo que le dijo que se iba a llevar su teléfono hasta que pagara el crédito.

Al retirarse del lugar la mujer le habría entregado el aparato a su pareja, que la esperaba en el exterior y que también le reclamó a la damnificada por haberle enviado a la policía algunas horas antes.

De Rosa consideró probada la responsabilidad de Cárdenas a partir del relato de la mujer, de los testigos y hasta de la imputada, quien reconoció haber estado en el lugar.

Al declarar la procesada dijo que solía utilizar la cuenta en el celular de su suegra y que advirtió que esta última había ingresado sin su permiso, por lo que solo lo tomó para que un familiar la eliminara del dispositivo.

“La propia imputada admitió los extremos esenciales del hecho, limitando su defensa a negar la utilización del cuchillo y a sostener que únicamente pretendía eliminar la aplicación, lo cual no logra desvirtuar la prueba colectada en su contra”, sostuvo el juez al momento de dictar el fallo condenatorio.

El procedimiento se concretó alrededor de las 17:40, cuando se localizó una moto Rouser, dominio A063GMY, que había sido escondida entre los pastizales del interior del predio.

Se constató que presentaba signos de manipulación en el tambor de arranque, por lo que se presume que habría sido violentada tras el robo.

La moto había sido sustraída poco antes a un joven de 22 años.

El rodado fue secuestrado y trasladado a la Comisaría Cuarta, donde quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ).

Los vecinos hicieron la denuncia por las amenazas de un sujeto que se mostraba muy agresivo, quien finalmente ocasionó la rotura del vidrio de la planta baja del inmueble.

La Policía luego lo identificó como Ezequiel Leguizamón Báez (30 años). En el caso tomó intervención la Comisaría Segunda y la UFIJ Nº 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

A su vez, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó que el servicio de colectivos urbanos quedará suspendido desde las 15 de este domingo y se restablecerá con el inicio de los recorridos del lunes, una medida adoptada tras los incidentes registrados durante los festejos por la clasificación de la Selección a la final.

Del operativo municipal participan la Policía de la provincia de Buenos Aires, la Agencia de Seguridad, Emergencia y Respuesta Inmediata, Defensa Civil, el servicio de emergencias Siempre, personal de Salud, Control de Tránsito Urbano, el Centro Único de Monitoreo y Bomberos.

El despliegue cuenta con efectivos policiales, personal de la UTOI y cuerpos especiales destinados a tareas de prevención y ordenamiento, además de agentes de Defensa Civil y voluntarios distribuidos en distintos puntos estratégicos.

En materia sanitaria hay ambulancias del servicio Siempre, profesionales de Salud y puestos de atención inmediata. También funciona un puesto de evaluación sanitaria (triage) sobre Paseo Portugal, entre Dorrego y Zeballos.

La Agencia de Seguridad dispondrá además de un comité móvil para coordinar la respuesta ante eventuales emergencias, mientras que una unidad de Bomberos con equipo de ataque rápido permanecerá apostada en la esquina de Alem y Alsina.

En paralelo, el Ejecutivo instaló un centro de monitoreo especial en el Palacio Municipal para seguir en tiempo real el desarrollo de la jornada y coordinar las intervenciones que sean necesarias.

Desde la tarde se implementaron cortes preventivos en los accesos al sector de los festejos para facilitar el trabajo de los servicios de emergencia y ordenar la circulación vehicular.

Por ese motivo, el Municipio recomendó evitar concurrir al centro en automóvil.

Los cortes estarán ubicados en:

- O'Higgins y Brown.

- Chiclana y Alsina.

- Chiclana y Las Heras.

- San Martín y Lavalle.

- Lamadrid y Lavalle.

- Corrientes y Lavalle.

- Belgrano y Corrientes.

- Sarmiento y Corrientes.

- 19 de Mayo y Corrientes.

- Caronti y Corrientes.

- Caronti y avenida Alem.

- Zapiola y 11 de Abril.

- 19 de Mayo y Zapiola.

- Martiniano Rodríguez y Lamadrid.

- Martiniano Rodríguez y Soler.

En caso de extravío de niños o niñas, se habilitará un punto de encuentro en el gazebo de Defensa Civil ubicado sobre Paseo Portugal, donde permanecerán junto al personal policial hasta reencontrarse con sus familiares.

También se instalarán baños químicos en Dorrego, entre Yrigoyen y Alsina; Alsina y Zeballos; avenida Alem, entre Rodríguez y Sarmiento; y San Martín, entre Alsina e Yrigoyen.

Como consecuencia del operativo, el servicio de recolección domiciliaria del domingo se prestó entre la mañana y las primeras horas de la tarde.

El servicio nocturno permanecerá suspendido y retomará su cronograma habitual el lunes desde las 22.

Las autoridades pidieron a quienes participen de los festejos mantener despejados los accesos para ambulancias y móviles de emergencia, no conducir si consumieron alcohol, respetar los cortes de tránsito y las indicaciones del personal de seguridad, evitar ingresar con envases de vidrio o elementos punzantes, no utilizar pirotecnia, cuidar especialmente a niños, niñas y adultos mayores, utilizar los baños químicos y retirarse de manera ordenada una vez finalizada la celebración para facilitar una desconcentración segura.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 2:50 en una vivienda ubicada en Los Ciruelos al 2900, luego de un llamado al 911 que alertó sobre un episodio de violencia.

Según informaron fuentes policiales, al arribar al lugar efectivos de la Unidad de Prevención de Policía Local (UPPL) constataron que el hombre, de 47 años, habría golpeado con un cabezazo en el rostro a su pareja, una mujer de 31 años, provocándole lesiones.

Siempre de acuerdo con la versión oficial, el acusado se mostró hostil ante la presencia de los uniformados y arremetió contra ellos durante el procedimiento, aunque ninguno de los efectivos resultó herido.

Fue aprehendido por los delitos de atentado y resistencia a la autoridad y lesiones, en el marco de la Ley Provincial 12.569 de Protección contra la Violencia Familiar.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) Nº 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguna víctima, llamá al 144: es gratis y atiende las 24 horas.

En la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno porteño desplegará un operativo con más de mil policías en la zona del Obelisco y alrededores, donde se prevé una masiva concentración de hinchas en caso de una victoria argentina. El dispositivo incluirá cortes de calles, agentes de tránsito, personal de emergencias y monitoreo mediante cámaras de seguridad para evitar incidentes y ordenar la circulación.

En Mendoza, el Ministerio de Seguridad afectará 2500 policías en toda la provincia, de los cuales mil estarán destinados al Gran Mendoza y el resto se distribuirá en el Valle de Uco y las zonas Este y Sur. Además, habrá vallados, requisas preventivas, controles en el transporte público y cortes de tránsito en el microcentro y en la avenida Arístides Villanueva, tradicional punto de festejos.

La Policía del Chaco confirmó que más de 500 efectivos custodiarán los festejos en Resistencia y otras localidades, con presencia de grupos especiales, controles vehiculares y monitoreo permanente. Las autoridades solicitaron a la población celebrar "con responsabilidad" para evitar desmanes y preservar el espacio público.

En Córdoba, el Ministerio de Seguridad desplegará un operativo integrado por cerca de 1000 efectivos de fuerzas provinciales, nacionales y municipales en la capital, mientras que las distintas Unidades Regionales Departamentales replicarán dispositivos especiales en las principales ciudades del interior.

El esquema incluirá un camión hidrante, cinco drones para monitoreo aéreo, cámaras de videovigilancia, ambulancias, un camión sanitario y dos centros de comando operativo, además de un sistema de anillos de seguridad en torno al Patio Olmos para impedir el ingreso de bebidas alcohólicas y elementos peligrosos. Como medida complementaria, la Municipalidad prohibió la venta de alcohol en la zona del operativo entre las 14 y las 24 del domingo.

El Gobierno de Santa Fe y la Municipalidad de Rosario preparan un operativo que iniciará en el Monumento a la Bandera y ampliarán la cobertura hacia puntos de alta concentración, como avenida Pellegrini, Pichincha y distintos corredores gastronómicos y recreativos, al prever una convocatoria aún mayor por coincidir el encuentro con el cierre de las vacaciones de invierno y la víspera del Día del Amigo.

En Bariloche, el operativo se concentrará en el Centro Cívico, donde el municipio instalará una pantalla gigante para transmitir la final. La previa comenzará a las 14 y el partido a las 16, mientras que estará prohibida la venta de bebidas alcohólicas en el sector durante toda la actividad.

Del dispositivo participarán la Policía de Río Negro, Protección Civil, Seguridad Ciudadana, Tránsito, el SIARME y el Hospital Zonal, que coordinaron un plan de contingencia para garantizar la atención sanitaria, el orden público, la movilidad urbana y una respuesta rápida ante cualquier emergencia.

La policía tucumana desplegará controles preventivos y operativos viales en distintos puntos del territorio, además de delimitar sectores exclusivos para los festejos donde estará prohibido el ingreso con bebidas alcohólicas, vehículos y elementos cortantes.

En caso de una consagración argentina, Plaza Independencia será peatonal y se implementarán cortes de tránsito en los principales accesos al microcentro, mientras que también se reforzarán los controles en el Monumento al Bicentenario, la rotonda de Yerba Buena, el Parque 9 de Julio y plazas del interior provincia. (NA)

El artículo 14, inciso segundo, de la ley 23.737 actualmente tiene vigencia y prevé penas de un mes a dos años de prisión cuando, por su escasa cantidad y demás circunstancias, la tenencia del estupefaciente sea para la utilización individual.

El conocido “fallo Arriola”, dictado en 2009 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación,  marcó un precedente al declarar la inconstitucionalidad de la reglamentación cuando esa situación se produce en un ámbito privado.

Recientemente, la Sala I de la Cámara Penal bahiense, por mayoría de opiniones, revocó la condena a 6 meses de prisión en suspenso para un hombre que tuvo en su poder un envoltorio con cocaína cuando se encontraba en el interior de un auto en la vía pública del barrio Noroeste.

El caso dividió las opiniones entre quienes consideraron que, al estar abordo de un rodado detenido no implicaba un riesgo para otras personas, y aquellos que, pese a esta situación, analizaron la existencia de un potencial peligro.

Los jueces Christian Alberto Yesari y Luis Felipe Defelitto votaron por la absolución del procesado, mientras que Gustavo Barbieri -en minoría- opinó en sentido contrario.

Por mayoría, los magistrados hicieron lugar a la apelación del defensor Maximiliano De Mira, contra la decisión de la jueza subrogante del Juzgado en lo Correccional Nº 2, María Laura Pinto de Almeida Castro.

El letrado sostuvo que no se acreditó “la puesta en peligro a terceros” y que había existido una “violación al principio de reserva”.

Entre otras cosas, cuestionó la valoración de la prueba efectuada por la magistrada, cuando sostuvo que el acusado circuló bajo los efectos de estupefacientes y generó un claro riesgo para las personas y bienes que se encontraban en la vía pública. 

Procedimiento

El hecho analizado se desencadenó cuando la Policía identificó a tres personas que se encontraban en el interior de un auto estacionado en Chaco al 500.

Los efectivos declararon que estaban recorriendo la zona cuando advirtieron el rodado y que uno de los ocupantes descendió del vehículo y volvió a subir al observar la presencia policial.

El juez Yésari admitió que esa situación resultó suficiente para que los uniformados procedieran a identificarlos.

En esas circunstancias, y partir de la caída accidental del envoltorio, los efectivos detectaron que el acusado tuvo en su poder 0,49 gramos de cocaína.

Análisis

El camarista consideró que no se acreditó que el sujeto “haya circulado bajo los efectos de estupefacientes, creando así un riesgo para las personas y bienes que se encontraban en la vía pública”.

El propio sospechoso dijo que estacionó y que luego consumió droga.

“Ello impide sostener, sin otra prueba que respalde la hipótesis de la acusación, que se encuentre acreditada la puesta en peligro a terceras personas y/o bienes de terceros, en virtud de que el hecho de haber consumido estupefacientes dentro de un vehículo automotor estacionado (que no se encontraba circulando), resulta inidóneo para crear una situación riesgosa para terceros”. 

Yesari, al igual que Defelitto, consideró por último que la cantidad de sustancia incautada y las circunstancias del procedimiento permiten establecer que estaba destinada al consumo personal y se trató de una acción privada.

Disidencia

El juez Barbieri también sostuvo que el operativo policial resultó válido, aunque opinó diferente a sus dos colegas respecto de la trascendencia del estupefaciente que tuvo en su poder el individuo, a quien no se identifica porque finalmente fue absuelto.

Sostuvo que su conducta no puede ser calificada como una acción privada, ya que la tenencia que ejerció,  aún para su consumo, “trascendió de su esfera personal”.

Agregó Barbieri que el sujeto realizó “actos de exhibición y consumo frente a otras personas -una de ellas que no consumía ni sabía que el procesado llevaba el estupefaciente cuando subió a su auto-, mientras se encontraban en la vía pública dentro de un auto estacionado”.  

Dijo que el hombre era el conductor del rodado y que, pese a que estaba detenido, “constituye una pauta más que respalda la trascendencia que tuvieron las acciones hacia intereses de terceros y de la comunidad”. 

Por último, destacó que el imputado declaró que había consumido droga y que luego circuló con el vehículo, hasta que finalmente estacionó y volvió a utilizar estupefacientes.

Sobre 2005, "Jorge", un jubilado de las fuerzas armadas, se mudó a una casa lindera. No estaba solo, sino con más de 20 perros que ocupaban un patio trasero de apenas 10x10 metros.

Al principio la relación vecinal entre "Pedro" y "Jorge" -nombres ficticios de una historia real- fue cordial, con poco diálogo pero saludos amables y breves charlas al cruzarse en la vereda.

Sin embargo, la tensión fue escalando por los olores nauseabundos que provenían de la propiedad de "Jorge", además de los trastornos que generaban sus canes con los de los vecinos y la imposibilidad de muchos chicos del barrio de pasear en bicicleta por el sector, por el temor a que un animal se escapara y los mordiera.

El 21 de diciembre de 2017 todo explotó. "Jorge" le advirtió a "Pedro": "Voy a agarrar la 'máquina' y te voy a matar...".

La amenaza causó temor porque el exmilitar solía caminar con un arma en la cintura, según reconocieron otros pobladores del sector.

"Pedro" hizo la denuncia formal y ofreció prueba. De hecho, otros vecinos estaban al tanto de las discusiones recurrentes y hasta la Policía tuvo que acudir alguna vez para calmar los ánimos. 

Al iniciarse la causa (Investigación Penal Preparatoria 02-00-023657-17/00), la fiscalía dispuso un allanamiento en la casa de "Jorge" y encontró municiones, además de ordenar la prohibición de acercamiento a su vecino.

Furioso contragolpe

El exmilitar no se quedó conforme y redobló la apuesta. 

Al poco tiempo se presentó en la fiscalía ante la Cámara Federal y directamente denunció a su vecino, nada menos que de violencia de género y de abusar de una de sus dos hijas, que en ese momento tenía 16 años.

En el escrito detalló que había visto cuando "Pedro" tomaba del cuello a su esposa y también cómo manoseaba a su hija y que escuchó cuando la adolescente le decía "papá dejá de tocarme".

Está presentación finalmente fue archivada, pero en el marco de la investigación "Pedro" y el resto de la familia fueron citados a declarar y a ser sometidos a distintas pericias psicológicas.

Y no fue todo. Como "Jorge" tenía otras denuncias, intervino la Asesoría de Incapaces y el hombre estuvo un tiempo internado en una clínica psiquiátrica, aunque luego de un tiempo recibió el alta y volvió a la carga, evidentemente más indignado.

Pegó panfletos en las calles con la imagen de su vecino y la frase: "Denunciado. Abusador sexual en el barrio". 

Y además colgó una bandera casera en la medianera de ambos patios con la leyenda: "Mirá cómo me ponés", en referencia a una frase icónica del caso que condenó al actor Juan Darthés por la violación a Thelma Fardin, una causa con fuerte vigencia por aquella época.

"Se presentó en mi trabajo para desprestigiarme y mi hija tuvo que dar explicaciones a sus amistades. Fue todo una pesadilla. Es una aberración ser acusado de abusador de un hijo. Se obsesionó conmigo. Puso cámaras en su vivienda direccionadas a la mía, controlaba todos mis movimientos y hasta dejaba clavos detrás de mis vehículos", detalló "Pedro" en la demanda civil que presentó y hace algunos días salió a su favor.

Viaje a Europa

La Sala I de la Cámara en lo Civil y Comercial de Bahía Blanca acaba de ratificar la sentencia de primera instancia por el daño moral y los perjuicios.

Sin embargo, elevó claramente el monto previsto, que pasó de 2,6 millones de pesos e intereses a 15 millones de pesos, más el recargo desde la fecha de comisión del delito.

Esto se tuvo en cuenta  a partir de la apelación del abogado del demandante, que consideró que la cifra del resarcimiento no debía ser  calculada en función de un viaje familiar a Buzios, en Brasil (tal como había sostenido el juez de primera instancia) sino para visitar Europa.

Apelaron las dos partes

Recursos. "Pedro" consideró exiguo el monto del primer fallo, que se había calculado por una suma equivalente a un viaje familiar de 9 días a Buzios, Brasil. "Jorge", por su lado, cuestionó la sentencia de origen porque, según entendió, la denuncia de abuso había sido tomada como falsa cuando, en realidad, estaba archivada, lo cual no es lo mismo.

Independiente. Los jueces Fernando Kalemkerian, Marcelo Restivo y Patricio Lombardi, de la Cámara, explicaron que la responsabilidad que se discute en su ámbito es de tipo civil y que basta un obrar culpable que cause daño, sin que sea exigible la tipificación penal. "Pretender lo contrario implicaría introducir una prejudicialidad que la ley no contempla", explicaron.

Dolor espiritual. Sí aceptaron el planteo de "Pedro" por la particularidad del caso -"la imputación de un delito sexual incestuoso y aberrante respecto de la hija menor y su divulgación pública"— y el daño psicológico, que habilitan a suponer que "el dolor espiritual acreditado excede el estándar ponderado" por el juez de primera instancia.

Héctor Millán, de 38 años, fue arrestado en Blandengues al 2.000, donde la DDI montó una vigilancia encubierta hasta atraparlo.

También para esa fecha cayó Brandon Agustín Ruiz Moreno (23), en la zona de Chaco y Francia.

El primero de ellos había sido sentenciado por atentado y resistencia a la autoridad y lesiones, y el otro joven, por hurto agravado.

Ambos fueron detenidos para purgar las penas en un calabozo, porque incumplieron las tareas comunitarias que les habían impuesto, en “parte de pago”, por los delitos.

Esta situación, llamativa, es más común de lo que se puede creer.

Son cada vez más las personas a las que se les fijan tareas comunitarias no remunerables para no ir a la cárcel, pero no respetan el acuerdo y terminan entre los barrotes.

"Esto se da en penas de menor cuantía, de hasta 6 meses de prisión, y no podemos entender cómo hay gente que termina detenida pese a que se lo explicamos" confirmó el juez de Ejecución Penal Claudio Brun.  

"Se los trae a una primera audiencia, se les advierte de las consecuencias y ellos dicen que van a cumplir. Incluso, cuando hay informes desfavorables del Patronato de Liberados en el trayecto, los traemos de vuelta para pedirles explicaciones y algunos directamente reconocen que no tienen interés en hacerlo. 

"Terminan con revocatoria y son detenidos, pero recién ahí se sorprenden. 

"Nos llama la atención que en el último tiempo advertimos un gran número de personas que cae en la transgresión", agregó Brun.

En el monitoreo actúan los dos juzgados de Ejecución Penal de Bahía Blanca que, actualmente, están a cargo del citado juez.  

Hoy son más de 200 las personas con tareas comunitas bajo supervisión (93 de Ejecución Nº 1 y 120, del Nº 2).

"Cuando no hay voluntad de cumplir la medida alternativa, se revoca el beneficio y, una vez que queda firme la decisión, esa persona termina cumpliendo varios meses en la unidad. Y por delitos que muchas veces son una pavada", comentó otro operador tribunalicio. 

Nadie sabe cuál es la razón -y si hay una sola- de por qué menosprecian evitar la prisión.  

"Puede ser el 'a mi no ve a a tocar', como aquellos que toman bebidas alcohólicas y conducen porque creen que zafarán de los operativos de control", dijo.

Otra fuente judicial no descartó una hipótesis de tipo sociológica. 

"Se trata de gente que ya estuvo presa y, como vive en malas condiciones afuera, a veces prefiere volver a la cárcel 6 meses antes que hacer más de mil horas de trabajo comunitario", reconoció.

Lo que dice la ley

Las tareas comunitarias no remuneradas, a cambio de evitar la prisión efectiva, las otorga un juez para delitos que estipulen una pena que no supere los 6 meses de prisión y para personas que tengan antecedentes y ya no puedan recibir el beneficio de la suspensión de juicio a prueba.

Probation: ¿la donación de sangre se debe tomar como tarea comunitaria?

Están normadas por los artículos 35 y 50 de la ley de ejecución penal 24.660. Se computan 6 horas de trabajo para la comunidad por un día de prisión y el plazo máximo para el cumplimiento de la pena con esta modalidad de ejecución será de 18 meses.

Las instituciones de bien público (pueden ser hospitales, escuelas, Organizaciones No Gubernamentales u otras entidades) que reciban a los trabajadores comunitarios tendrán que informar de manera mensual al Patronato de Liberados sobre la marcha de la medida judicial.

Y desde el organismo de tutela están a cargo de dar aviso a los juzgados de Ejecución Penal en caso de observar incumplimientos en las probation.

Idea que no prosperó

El año pasado, en el Senado provincial, le habían dado media sanción a un proyecto de ley para obligar a los infractores de tránsito a hacer trabajos comunitarios.

Sin embargo, la iniciativa, perteneciente al exlegislador por Mar del Plata Ariel Martínez Bordaisco, perdió estado parlamentario porque finalmente no se votó en la Cámara de Diputados.

La idea estipulaba que quien cometía infracciones viales debía cumplir entre 2 y 20 horas de tareas comunitarias -según la gravedad del acto- y fuera del horario laboral y de las actividades habituales del infractor. 

"En reuniones con distintos jueces de faltas, me comentaban que en otros países, como por ejemplo España, se había demostrado estadísticamente que, ante una falta por infracciones de tránsito, tenía mucho más efecto, desde el punto de vista de la  rehabilitación o educativo para el que la cometía, las tareas comunitarias, más que la multa o la inhabilitación para conducir", explicó a La Nueva. el autor del proyecto, que pertenecía al bloque UCR-Cambio Federal.

"El que tiene plata paga la multa, pero el que no, deja 'colgado' al sistema. Y con la inhabilitación pasa que muchos conducen igualmente. Las sanciones no generan reeducación ni hacen comprender la peligrosidad de los hechos", explicó Martínez Bordaisco.

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"Lo que me decían muchos jueces de faltas es que las tareas comunitarias -sobre todo las que se hacían a favor de organizaciones o personas que habían sufrido incidentes de tránsito, que habían padecido alguna incapacidad por un choque o algo vinculado- generaban un gran poder de rehabilitación", agregó el ahora concejal radical en la ciudad de Mar del Plata. 

Sin embargo, el proyecto se cayó. 

"Lamentablemente perdió estado parlamentario el año pasado, porque no se votó en la Cámara de Diputados. 

Una pena porque, sobre la base de la experiencia, y con un montón de modificaciones que se habían realizado, incluso desde el Poder Ejecutivo, ya había obtenido la media sanción en el Senado", cerró Martínez Bordaisco.

Afectan al sistema penitenciario 

Inconveniente. El incumplimiento de las tareas comunitarias también afecta al sistema carcelario. 

Cupo."Genera molestias porque cada cupo carcelario que se debe ocupar con estas personas, sentenciadas por delitos menores, complica a la ya grave situación carcelaria, que debe desviar recursos cuando la atención principal debe estar centrada en las personas más peligrosas", explicó un vocero judicial.

Alternativas. Las tareas comunitarias las puede ordenar tanto el juez de primera instancia como el de ejecución (con la condena firme). Normalmente se da en la primera etapa.

Objetivo. El legislador buscó que quienes tuvieran conflicto con la ley, sin una "carrera delictiva", en vez de ir a prisión, a riesgo de "contaminarse" con el crimen organizado, cumplan la pena con una remuneración distinta hacia el Estado.

Se trata de Federico Sebastián Winder, de 32 años, a quien capturó personal del Comando de Patrullas en Nueva Provincia y Libertad, gracias a la intervención de los operadores del Centro Único de Monitoreo (CeUM), que advirtieron el delito.

El hecho se produjo en Emilio Rosas 2.444, donde se constató que un Fiat Duna, perteneciente a un vecino de 45 años, tenía daños en la parrilla delantera y el faltante del acumulador, de marca Lubeck, que fue secuestrado en poder de Winder.

En el caso, con intervención de la comisaría Sexta, tomó intervención la UFIJ Nº 15.

Entre otros elementos, sumó en las últimas horas un video particular donde se observa la secuencia protagonizada por una Ford F150 Raptor -cuyo conductor aparentemente iba alcoholizado-, que embistió a una Renault Duster y terminó sobre la vereda, con importantes daños.

El hecho se produjo sobre las 20, en la calle Dorrego, entre la avenida 25 de Mayo y Pellegrini, en cercanías de donde se había concentrado público para festejar el triunfo mundialista.

La Raptor estaba al mando de Pedro Joaquín Gotta (26), mientras que en el otro vehículo iban Maximiliano Erro Velázquez, su mujer y dos hijos, uno de los cuales terminó con algunos golpes y debió ser asistido.

El vehículo mayor terminó sobre una de las veredas, dañó un macetón, el frente de un comercio y también una columna de alumbrado público, que quedó inclinada y demandó la intervención de una cuadrilla de la Cooperativa Eléctrica para su reparación.

Personal policial debió acudir de emergencia para evitar que la situación se agravara porque algunos presentes increparon a Gotta y en el medio de la acción hubo golpes de puño.

Agentes de la Guardia Urbana realizaron el test de alcoholemia a ambos conductores. En el caso de Erro dio negativo, mientras que Gotta arrojó 1.04 gramos de alcohol en sangre y 1,17 en la contraprueba.

Un aprehendido

En el marco del operativo policial para preservar la escena del incidente vial, la Policía de Pringles arrestó a un joven que trató de entorpecer la acción.

Se lo identificó como Axel Claudio Fabián Santellán, de 24 años.

"Esta persona al momento que los efectivos policiales se encontraban abocados a tareas de preservación del lugar del accidente entorpeció el procedimiento realizando maniobras peligrosas con su motocicleta, haciendo caso omiso a las órdenes del personal de deponer su actitud", explicó una fuente policial.

A Santellán se le iniciaron actuaciones sumariales por desobediencia y resistencia a la autoridad y se le secuestró una moto Keller 110 cc., sin documentación (agencia Coronel Pringles).

El delito ocurrió el lunes pasado en un domicilio ubicado en Nicolás Levalle al 2.300, en Villa Rosas.

En ese lugar, en horas de la madrugada, dos desconocidos sustrajeron una bandera argentina de 8 por 10 metros que estaba colocada en la fachada de la vivienda.

A partir de la correspondiente denuncia y las filmaciones del CEUM, comenzó la búsqueda de los autores del hecho, que fueron encontrados en la vía pública mientras montaban la motocicleta utilizada al momento del robo.

Ambas personas cuentan con amplios antecedentes penales recientes.