Se trata de Yohan Alex García, quien fue visto por última vez el pasado 2 de agosto de 2026, alrededor de las 10, cuando se retiró de su domicilio ubicado en Richieri al 2.400. Según el parte, el hombre no señaló a dónde se dirigía, llevaba consigo su bicicleta y hasta el momento no ha regresado a su morada.

García tiene 1,75 metros de altura, es de contextura robusta, tez blanca, calvo con vello solo en la nuca y barba tipo candado de color castaña. Al momento de su desaparición vestía un jogging color beige, campera Adidas de color roja con líneas blancas, zapatillas deportivas rojas y negras, y gorra de color celeste.

Como señal particular, el hombre posee un tatuaje en el brazo derecho con la inscripción "Nahiara". No posee tarjeta SUBE, no tiene redes sociales activas actualmente, no consume drogas ni toma medicación; solo utiliza un PAF a raíz de problemas respiratorios. No registra reincidencias.

Las autoridades solicitaron a la población que, ante cualquier información sobre su paradero, se comunique de inmediato al 911 o a la Comisaría Segunda de Bahía Blanca, en calle Roca 557. También se encuentra disponible la línea telefónica 291-4556745 para recibir datos que puedan ayudar a dar con su ubicación.

Se trata de Narela Saban, de 29 años, quien sustrajo distintas mercaderías del comercio Lai Lai, ubicado en O'Higgins 31.

El delito quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio. Por esto, Saban quedó a disposición de la Fiscalía de Flagrancia.

La mujer ya había sido aprehendida hace dos semanas por un hecho similar en el local Balbi. Por ello, no se descarta que haya más locales comerciales del micro y macrocentro afectados por hechos de similares características.

El detenido es Franco Nahuel Sánchez, acusado del delito de captación por medios tecnológicos de un menor de edad con fines sexuales (grooming).

El procedimiento hecho en las últimas horas estuvo a cargo de efectivos de la división Cibercrimen de Bahía Blanca, que arrestaron al sospechoso en su domicilio ubicado en José Hernández 760, de Dorrego.

La denuncia contra Sánchez fue radicada por una referente del colegio, a quien la joven le contó lo que había ocurrido.

La investigación está a cargo del fiscal de delitos informáticos bahiense, Rodolfo de Lucia, quien solicitó la detención del nombrado.

La medida fue autorizada por el juzgado de Garantías Nº 4, a cargo interinamente de Guillermo Mércuri.

Los hechos se habrían cometido en 2023, por medio de una cuenta de Instagram falsa, a través de la cual el imputado al parecer le envió mensajes de contenido sexual y le propuso un encuentro a la víctima, actualmente de 17 años.

En septiembre de ese año Sánchez supuestamente les pidió a dos chicas de 14 y 15 años el envío de imágenes de sus zonas genitales, a cambio de dinero.

El imputado se negó a prestar declaración indagatoria y solicitó una audiencia para relatar su versión de los hechos.

Después de la declaración testimonial de la damnificada, los investigadores pudieron establecer la identidad del detenido.

El trabajo de los agentes policiales incluyó el análisis de redes sociales y conexiones IP, además de tareas de campo.

El fiscal Mauricio del Cero, que este fin de semana subrogó al fiscal de homicidios Jorge Viego (en uso de licencia), interrogó ayer a Larraburu pero el imputado guardó silencio por recomendación de su defensor, Eduardo Zalba.

Al detenido se le atribuye el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Ahora los investigadores del caso deberán aguardar los resultados del examen al cadáver de Vega, para tener mayores precisiones sobre la causa de su muerte.

Del Cero indicó que por el momento "no está claro" si el desenlace fatal se originó por una pelea entre hinchas de Puerto Comercial y Olimpo, tal como trascendió inicialmente.

La disputa habría comenzado dentro de un pub situado en San Martín y Plunkett, de White.

"Si bien en los grupos había gente con la camiseta de Olimpo, ni el imputado ni la víctima tenían puestas camisetas de clubes de fútbol", confirmó el representante del Ministerio Público Fiscal.

El sábado a la madrugada Vega fue hallado con una herida de arma de fuego en el cuello y sin vida en inmediaciones de ese bar.

El incidente vial se produjo el pasado viernes y el pequeño -que en principio fue conducido al hospital Municipal y de ahí fue derivado entubado al centro asistencial provincial- es asistido en el área de terapia intensiva pediátrica.

La situación se produjo en la intersección de Ecuador y Nueva Provincia -entre el Parque Illia y la cancha del Club Libertad- cuando una moto CG Titán, al mando de un joven de 21 años, identificado como Nahuel García, embistió al pequeño.

"Presenta politraumatismos varios y traumatismo de cráneo, por lo que permanece con asistencia respiratoria mecánica y bajo atención y monitoreo", confirmó una fuente desde el Penna.

En el caso tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 1.

Luego del encuentro en el club, un grupo de personas fue a un pub ubicado en San Martín y Plunkett, donde en la madrugada del sábado tuvo lugar una discusión que terminó con la muerte de Santiago Vega, de 19 años, tras un ataque con arma de fuego.

Tras la agresión se produjo un intento de fuga que no llegaría lejos, ya que el Volkswagen Gol que manejaba el sospechoso chocó contra la rotonda ubicada en la intersección de la Ruta Nacional 3 y Pedro Pico. Allí la Policía detuvo a Joaquín Eleazar Larraburu, de 25 años, acusado del delito de homicidio.

"La familia está destrozada y nosotros estamos totalmente consternados, no entendemos nada", aseguró esta mañana en diálogo con LU2 el presidente de Comercial, Pablo Reynafé.

"Es un chico que estuvo jugando hasta el año pasado con nosotros, o sea, es categoría 2006, imaginate que todos tenemos relación con Santiago y con la familia. Yo voy a la cancha habitualmente cuando juega mi hijo en una categoría anterior y siempre charlamos con ellos. El papá Marcelo fue consejero nuestro del fútbol mayor, o sea, una familia ligada al club, también fue dirigente", agregó.

Visiblemente dolido, Reynafé sostuvo que "estamos hablando de un pibe bueno, una familia buena, una familia White de toda la vida, no caemos todavía de lo que pasó, no nos entra en la cabeza".

También señaló que "no hay ni consuelo ni justificación para esto. Llevarse la vida de una criatura, porque no estamos hablando de un tipo ni siquiera problemático, es muy doloroso".

Consultado sobre una posible relación del homicidio con cuestiones futbolísticas, ya que el detenido estaría identificado con la hinchada de Olimpo, Reynafé afirmó:

"No creo que tenga que ver que los agresores pertenecían a determinado club y que la cuestión deportiva se metió en el medio. Yo por lo menos no le encuentro por ese lado de relación".

Y añadió: "Por la versión que tenemos, esta gente había llegado ahí al bar y estaba molestando, ya hacía un par de horas que buscaban problemas. Bueno, nadie se había enganchado y terminó como terminó la noche, pero no le veo una vinculación así de hincha a eso. Aparte, este chico (Vega) tampoco es un pibe que tenga ni antecedentes ni nada de este tipo. Esto es un homicidio, un asesinato, una locura".

Durante la aprehensión de Larraburu se secuestró una pistola calibre .22, que será sometida a las pericias correspondientes. Personal de Policía Científica trabajó tanto en la escena del crimen como en el lugar donde se produjo la detención. La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 5.

Es que los abogados de la familia de la víctima (Martiniano Greco y Carlos Carnevale) apelaron la decisión ante la Cámara Penal y el juzgado de faltas municipal (que a su vez mantiene la clausura de tipo administrativo) decidió sostener el cierre hasta tanto el órgano judicial se expida.

Se cree que la cuestión puede ir para largo porque la querella ya aclaró en el escrito que, en caso de ordenarse un fallo en favor de la franquicia, interpondrá recursos ante el Tribunal de Casación Penal bonaerense y, de ser necesario, las Cortes de provincia y nación.

Esta situación genera incertidumbre, no solo por los miles de clientes del gimnasio y el interés comercial de sus dueños sino, especialmente, por la treintena de empleados que cumplía tareas en el lugar.

"Esta parte no pretende prolongar una clausura comercial por una finalidad punitiva ni reemplazar a la autoridad municipal. El establecimiento reconoce que no puede reanudar la actividad sin habilitación administrativa. La pretensión es estrictamente probatoria y temporal. Se limita a conservar los sectores vinculados con el hecho hasta que exista un dictamen susceptible de control y pueda definirse, con información técnica, si se requieren nuevas operaciones. 

"La medida es idónea porque evita cambios sobre la fuente. Es necesaria porque una fotografía o un plano no sustituyen necesariamente la percepción de la estructura, sus uniones y sus relaciones espaciales. Es proporcionada porque admite el ingreso de autoridades y peritos, así como tareas privadas no invasivas previamente autorizadas, documentadas y controladas. El costo temporal es acotado y depende de la presentación del informe ya ordenado. El perjuicio opuesto, en cambio, es definitivo.

"En la medida que la clausura penal sigue siendo materia de controversia judicial resulta improcedente autorizar refacciones o trabajos en las instalaciones de referencia", sostuvo la querella en el recurso que presentó.

Muerte en el gimnasio: ordenan secuestrar los celulares de los dueños

Con la apelación judicial pendiente, el juzgado de faltas dio marcha atrás con el permiso -otorgado el mes pasado, como paso previo a una eventual habilitación- para realizar las refacciones necesarias en el establecimiento, especialmente el resguardo de las paredes del entrepiso, desde donde cayó Cafasso.

"Suspender la autorización conferida el 20 de julio para efectuar tareas en el inmueble de la avenida Cabrera 3.974, hasta tanto se realicen las verificaciones pertinentes que permitan determinar la inexistencia de afectaciones al inmueble y/o al entorno comprometido", definió Faltas en el fallo.

Quiere decir que hasta tanto no quede firme la decisión de la justicia penal, el local se mantendría cerrado y no podría abrirse ni siquiera para realizar las obras de mejora en seguridad, siempre dependiendo de qué postura adopte el juzgado de faltas en cuanto al efecto suspensivo.

"Lo que no está claro es qué temperamento va a adoptar Faltas en caso de un fallo intermedio favorable al gimnasio, en el mientras tanto, sabiendo que la querella eventualmente va a apelar", explicó un informante.

El joven está imputado de doble homicidio culposo agravado por atropellar y matar a dos personas que circulaban en moto y darse a la fuga del lugar.

El hecho sucedió en abril, en Coronel Suárez, donde murieron los hermanos Mayra Melisa (31) y Jorge Damián Videla (33).

La resolución de la Sala I, integrada por los jueces Christian Yesari, Guillermo Petersen y Gustavo Barbieri, se centró en determinar si existen indicadores válidos para mantener a Pallela privado de la libertad mientras avanza la causa.

Barbieri, que votó en minoría, propuso la excarcelación del acusado al fundamentar que el delito atribuido tiene una pena máxima de 6 años de prisión, lo que técnicamente encuadra en los supuestos de libertad que prevé el Código Procesal Penal bonaerense.

Para el camarista, el principio de libertad debe regir durante todo el proceso y el hecho de que Pallela se retirara del lugar para luego volver con su padre no debe interpretarse como una voluntad de eludir la Justicia, sino como un estado de "perturbación emocional".

Sin embargo, prevaleció la postura de sus colegas Yesari y Petersen, quienes opinaron que existen "indicios concretos" de que el procesado intentaría escapar si recuperara la libertad.

El argumento más contundente de Yesari surgió del acta policial del día de la colisión entre la camioneta que conducía Pallela y la moto en la que viajaban las víctimas fatales.

Según las actuaciones, el padre del joven les manifestó a los policías que su hijo lo había llamado para que lo buscara y "le pidió que lo llevara a La Colina (donde se domicilia en el partido de General La Madrid) porque no se quería entregar, insistiéndole que lo saque del país".

El siniestro vial se registró el sábado 25 de abril pasado, en la avenida Casey s/n, a la altura del ingreso al Aeroclub suarense.

De acuerdo con la postura de dos de los tres magistrados de la Cámara, el regreso de Pallela a la escena de la tragedia no fue un "acto voluntario de sometimiento", sino la consecuencia de que la Policía interceptó el vehículo de su papá, frustrando así su intención inicial de huir.

En base a filmaciones del centro de monitoreo suarense, después del impacto el conductor giró en "U", se aproximó a las víctimas para verificar su estado y escapó, abandonando a una de ellas todavía con vida en la banquina, sin auxiliarla.

Por mayoría de votos, la Cámara rechazó la apelación presentada por el abogado defensor de Pallela, Leonardo Gómez Talamoni, y ratificó la preventiva que había dictado la jueza de Garantías Nº 4, Marisa Promé.

El fallo de la Cámara resaltó que, si bien la pena en expectativa es baja, la "gravedad del daño causado y la conducta activa para evitar la acción de la Justicia justifican la medida restrictiva" hasta la realización del juicio oral.

La defensa fundamentó su pedido de excarcelación basándose en que no existen riesgos procesales para mantener al joven tras las rejas.

Gómez Talamoni planteó que Pallela carece de antecedentes penales y tiene "fuerte arraigo" en Suárez, donde reside con su familia, lo que a su criterio disminuye cualquier posibilidad de fuga.

Para la defensa, la Justicia basó la prisión preventiva casi exclusivamente en la gravedad de la pena que podría recibir.

El abogado argumentó que la expectativa de una condena no es suficiente por sí sola para justificar una medida cautelar "extrema" como la preventiva.

Según Gómez Talamoni, su cliente no intentó eludir a la Policía, sino que actuó bajo estado de "perturbación emocional y ebriedad".

Al respecto agregó que fue el propio imputado quien llamó a su padre para informarle su paradero, lo que facilitó que ambos regresaran al lugar del hecho.

Además el defensor particular planteó que, a raíz del "avanzado" estado de la investigación, Pallela "no tiene posibilidad de entorpecer la recolección de pruebas", por lo que su libertad no pondría en riesgo el proceso judicial.

Gómez Talamoni pidió que se consideraran medidas menos gravosas que la cárcel, argumentando que los fines del proceso pueden garantizarse sin necesidad de la prisión preventiva.

Pese a estos argumentos, que fueron inicialmente acompañados por el voto del juez Barbieri (quien consideró que la escala penal del caso permitía la libertad del acusado), la mayoría del tribunal revisor terminó rechazando el planteo al considerar que el intento de huida al exterior estaba debidamente acreditado.

Lo que parecía una muerte natural, de un hombre con trastornos de salud, se convirtió en un resonante caso de investigación penal, a partir de las sospechas de la única hija del profesional, quien es odontóloga y vive en la Ciudad de Buenos Aires.

Natacha Zukerman se enteró por teléfono de la desgraciada noticia y directamente apuntó contra Claudia Alejandra Simón (54), pareja del difunto, una enfermera que conoció años antes para el cuidado de su padre.

La hija tuvo dudas porque supo que, luego del traslado a la funeraria, a su padre lo quisieron cremar, medida que no prosperó por su intervención. 

También conoció los detalles de una denuncia por amenazas que el psiquiatra había presentado contra Simón en 2023 y la existencia de un acta de matrimonio, del 17 de julio de 2024, celebrado bajo su desconocimiento.

"Ella no estaba con mi papá porque era lindo, sino por sus bienes", declaró Natacha a La Nueva. a poco del fallecimiento. 

Video del psiquiatra a su hija: "Pronto, si Dios quiere, estaré solo"

"Esta señora le daba los medicamentos, lo llevaba a hacer diálisis, también al médico. Hacía de taxi, de cocinera, de enfermera, como una cuidadora, pero no lo dejaba acercarse a su única hija y a los amigos. Él le tenía miedo, estaba como preso", agregó.

A poco más de un año del caso, la causa penal está abierta, además de una demanda civil que busca anular el contrato conyugal. 

La investigación que lleva adelante la fiscal Marina Lara, como titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 7, mantiene algunas pruebas pendientes de resolución.

"Se ha avanzado con la producción de medidas de prueba, tales como pericias médicas, declaraciones testimoniales, pericias químicas y hasta el momento no surge la participación de otra persona en la causa de muerte de Zukerman" confirmó en los últimos días una fuente allegada a la causa. 

"Los médicos que lo han atendido dieron cuenta de las múltiples enfermedades que tenía, se hacía diálisis y una médica reconoció que él muchas veces no iba por propia voluntad y que incluso ella le había advertido que corría riesgo de vida si no hacía diálisis y él, de todas maneras, no asistía", agregó el vocero.

La propia fiscal, a poco de haber iniciado la investigación, había reconocido públicamente que, al menos hasta ese momento, la denuncia de la hija "no tiene sustento científico" y que el desenlace era "esperable".

Y hoy, parece, Lara tiene la misma percepción.

"Hay una audiencia prevista con un perito médico par que aclare algunos puntos de un informe que realizó. Ese perito observó todas las pericias y la historia clínica del occiso y determinó que la muerte había sido por causas de sus múltiples enfermedades", agregó alguien que está cerca del caso

Sería una de las últimas medidas y, de no surgir imponderables, la causa caminará hacia el archivo.

"No era buena mina"

La hija del psiquiatra siempre consideró a Simón "peligrosa".

"Yo mandaba a los amigos (de su padre) a que tocaran timbre y no los atendía, los amigos me decían que la única que podía hacer algo era yo. Me decían que era peligrosa, que no era buena mina", había dicho la odontóloga.

"Mi papá, en 2023, la denunció por violenta, fue a la casa de un amigo -de eso me entero ahora porque les pedía a los amigos que no me contaran- con una camisa rota y le hizo la denuncia. Ella le decía que se iba a tirar del edificio, todo eso está registrado. También había maltrato de ella a los médicos de mi papá, a quienes les gritaba, les decía al personal de maestranza del centro de diálisis que no tocaran a su marido, porque eran las que limpiaban. Era maltrato con todos", detalló.

Según la odontóloga, los amigos de su padre describían a Simón como una persona "tóxica, muy conflictiva  y agresiva".

Sostuvo, a su vez, que la mujer de Zukerman mantuvo discusiones con el contador de su papá y con los dueños de inmobiliarias que administraban las propiedades del psiquiatra.

"Mi papá no quería que me acercara, para cuidarme. Hace un año me había bloqueado el teléfono, pero me llamaba cada tanto diciéndome que me quería dejar un testamento, todo eso lo tengo grabado porque mi teléfono graba las conversaciones, me decía que no quería que nadie se quedara con las cosas que eran de su hija y de sus nietos. Yo le preguntaba por qué me decía eso y me cortaba", relató.

Sobre la boda, Natacha aseguró que "ella estaba todo el tiempo insistente con el tema del casamiento y cuando mi papá le decía que no, se ponía más loca".

También remarcó que, luego del fallecimiento, Simón "no solo intentó cremar su cuerpo", sino que también buscó  cobrar alquileres, se negó a entregar el celular del fallecido y, al ser allanado su domicilio, dijo desconocer dónde se encontraba el teléfono.

Sin embargo -siempre según Natacha- está probado que la mujer realizó compras por la cuenta de Mercado Libre de su padre una vez fallecido.

Y que el celular funcionó por lo menos 11 días después del momento del deceso, hasta desconectarse en proximidades de General Daniel Cerri (según las constancias obrantes en la IPP 14.231/25).

La hija del psiquiatra también describió que luego del hecho Simón convocó a un cerrajero para cmabiar el acceso a su domicilio y que solicitó la atribución de un inmueble del causante invocando el derecho real de habitación.

Audiencia de conciliación en agosto

En la demanda que se tramita en el fuero en lo Civil y Comercial de nuestra ciudad, la hija del psiquiatra Zukerman busca anular el matrimonio de su padre con Simón, a fin de evitar que se llegue al "reparto" de la herencia.

Para Natacha Zukerman, la firma del acta matrimonial no es la de su padre o, en todo caso, se nota una "falta de voluntad" en la ceremonia. 

"Cuando uno se casa lo hace contento, con fotos, y esto no fue así", declaró la mujer. 

"Hay dos testigos (de la ceremonia) que son dos personas que no conozco, de sesenta y pico y setenta y pico años y con documento de extranjeros", describió la odontóloga en la presentación judicial.

La demandante, a su vez, aseguró que tanto amigos como familiares de su padre -incluido su primo y contador, Daniel Zukerman- no tuvieron conocimiento del matrimonio. 

"En los dos últimos años de vida de mi padre, sus allegados fueron sistemáticamente apartados de su vida diaria", afirmó. 

Natacha también remarcó que su padre había presentado varias denuncias por amenazas, hostigamiento y coacciones ejercidas por Simón y que las mismas demuestran que "el consentimiento de mi padre para contraer matrimonio no fue libre, sino que se vio afectado por la intimidación".

En el marco de la causa de tipo civil, el juez Néstor Javier Carlos fijó una audiencia para el próximo jueves 27 de agosto próximo. 

En la misma se intentará llegar a una conciliación entre las partes. De no lograrla, se avanzará con el proceso y la producción de pruebas.

Se trata del recurso formalizado por el abogado Agustín Robbio, quien asesora a los dueños de la franquicia que administraba las instalaciones ubicadas en la avenida Cabrera al 4.100, donde a principios de junio falleció el cliente Juan Roberto Cafasso (68), al caer desde un entrepiso.

Robbio fue crítico con la decisión de la fiscalía, habilitada por el juez Guillermo Mércuri, de incautar (mediante presentación judicial y/o allanamiento) los teléfonos o tablets de los propietarios del comercio.

En el escrito consideraba que todo fue "un show innecesario" y que "no había razones" para la medida, "carente de motivación", porque ni siquiera existe imputación y, por otro lado, que "pasó un mes y medio del hecho y no había urgencia", teniendo en cuenta que la orden se dio en medio de las vacaciones de invierno.

"Sin perjuicio de ello nos hemos presentado a estar a derecho denunciando sus domicilios y estos letrados hemos asumido su representación", dijo.

Robbio también explicó que algunos de los dueños están de receso y otros, como Germán y Gastón Decker, son empresarios y viajan periódicamente a Buenos Aires por temas comerciales, con lo cual pueden no estar presentes en la ciudad.

​​​​​Muerte en el gimnasio: por qué la querella podría ir por el dolo eventual

Con el secuestro de los teléfonos, el fiscal Cristian Aguilar -a pedido de la querella, encabezada por los abogados Martiniano Greco y Carlos Carnevale- busca determinar si los dueños y/o encargados del gimnasio intercambiaron mensajes previamente por los riesgos que existían en el lugar, ya que el entrepiso -que no estaba autorizado- carecía de paredes.

El rastreo abarcará WhatsApp, Telegram, Signal, SMS, iMessage, correos electrónicos, registro de llamadas, contactos, grupos, archivos adjuntos, fotos, videos, documentos PDF, planos, informes, notas y calendarios, entre otros servicios y aplicaciones.

Se buscará determinar si, antes del hecho, existieron diálogos sobre los peligros del entrepiso montado, que tenía banners que simulaban paredes, pero no tenían ningún tipo de contención.

Uno de ellos es Alberto Martín del Valle (56), imputado de haber violado y embarazado a su hijastra menor de edad en la ciudad cabecera de aquel partido, quien desde hace 14 años está prófugo de la justicia.

A Del Valle se le atribuyen los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado y tentativa de aborto, cometidos presuntamente entre marzo y octubre de 2009 en la localidad de Puan.

En 2012 la justicia de Garantías bahiense ordenó la detención del violador, por pedido de la fiscal de la causa, Leila Scavarda.

Del Valle también enfrenta cargos por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar y uso de documento falso o adulterado.

Su último domicilio conocido se registró en Libre del Sur 1639 de Mar de Ajó, en el partido de La Costa.

El otro prófugo es Federico Alejo Kemmler Davyt (29), que en agosto de 2021 fue declarado autor penalmente responsable de abuso sexual con acceso carnal y condenado a 6 años y medio de prisión.

A raíz de que llegó en libertad al juicio, a cargo del Tribunal en lo Criminal Nº 3 de Bahía Blanca que emitió la orden de captura, recién se solicitó su detención el 22 de noviembre de 2024, cuando el fallo adquirió firmeza.

Sin embargo, Kemmler Davyt no pudo ser hallado en su vivienda ni en los lugares que frecuentaba y el 18 de febrero del año pasado se ordenó formalmente su detención.

El joven, de nacionalidad argentina, registra su último domicilio conocido en Moreno 23, de esta ciudad.

La causa es investigada por el fiscal de delitos sexuales bahiense, Marcelo Romero Jardín.

La violación se cometió el 23 de diciembre de 2018, en un domicilio ubicado en Gabino Prieto y Tres Lomas, de Villa Iris, donde un grupo de excompañeros de la escuela se reencontró para compartir un asado.

En esas circunstancias Kemmler Davyt habría abusado de una mujer aparentemente ebria, a quien le provocó lesiones en las zonas abdominal, lumbar y piernas, además de escoriaciones y equimosis en sus partes íntimas.

La cartera provincial a cargo de Javier Alonso ofrece entre 5 y 10 millones de pesos por "información fehaciente que permita la localización y detención" de los abusadores, garantizando "estricta reserva de identidad" para los informantes.

Así se indicó en el boletín informativo del ministerio de Seguridad publicado este martes.

Quienes posean datos sobre el paradero de los nombrados pueden presentarse en la ayudantía fiscal puanense, situada en Hipólito Yrigoyen 698 de aquella localidad; comunicarse al (02923) 488667; o enviar un mail a ayudantiafiscalpuan@mpba.gov.ar

También pueden concurrir a la Dirección provincial de registro de personas desaparecidas (calle 2, entre 51 y 53, oficina 118, en La Plata), así como están habilitados el número (0221) 4293015 y el correo electrónico profugos@mseg.gba.gov.ar

Los informantes además pueden contactarse con la línea de emergencias 911.

Se trata de Rubén Trobiani, de 36 años, quien fue imputado por el delito de robo agravado por escalamiento.

La captura se dio a partir de distintas tareas de campo e inteligencia llevadas a cabo por personal del Gabinete Técnico Operativo, luego del análisis de las cámaras del Centro Único de Monitoreo. Así se logró identificar el automóvil utilizado por los autores para darse a la fuga.

Con los elementos probatorios recabados, el Juzgado de Garantías N° 1 ordenó la ejecución de múltiples allanamientos. Uno de ellos se desarrolló en Güemes al 2.900, con resultado negativo, mientras que el siguiente, en Córdoba al 100, fue exitoso.

En ese lugar se procedió al secuestro de un Volkswagen Vento implicado en la fuga, además de herramientas de corte, guantes, prendas de vestir presumiblemente utilizadas al momento de cometer el ilícito, y tres teléfonos celulares de interés para la causa.

La investigación comenzó el pasado lunes, a raíz de la denuncia del propietario del comercio: tras ser alertado por el sistema de seguridad privada, el damnificado constató que algunos delincuentes habían realizado boquetes en el techo del local, logrando sustraer dos cajas fuertes. Una de ellas fue hallada luego, forzada y sin dinero, en una propiedad lindante. En la escena del crimen, los delincuentes abandonaron una mochila y un handy.

Los operativos fueron desplegados por el personal de la Comisaría Séptima, con el apoyo táctico y logístico de la Comisaría Segunda, la Unidad de Policía de Prevención Local y el Grupo de Apoyo Departamental.

Dos delincuentes que se movilizaban en una moto, con la cual chocaron a las pocas cuadras, en la fuga, escaparon a pie y son buscados.

Todo se originó poco después de las 21 en Esquiú al 1.100.

Se cree que los ladrones, que circulaban en una moto negra de 150cc., tenían el dato de la llegada de un camión repartidor de huevos, procedente de Mar del Plata, que no solo distribuye periódicamente en Bahía sino también en Punta Alta.

Si bien el transporte no había arribado, los asaltantes irrumpieron contra una camioneta Volkswagen Amarok a cargo del hijo del granjero mayorista.

Este hombre, Pablo Rizzo (49), logró buscar refugio junto con otras personas que estaban en la calle porque los desconocidos venían a los tiros.

Después de efectuar no menos de 10 disparos (comentado por vecinos), rompieron la ventanilla de la camioneta y se llevaron un bolso que, a decir de Rizzo, solo tenía ropa y medicamentos.

En la rápida huida, los delincuentes chocaron un Renault Megane en Nicolás Pirez y Terrada.

Abandonaron la.moto, un revólver 32 y escaparon a pie.

Ahora las comisarías Quinta y Séptima analizan cámaras y testimonios para dar con los autores del delito.

El allanamiento estuvo a cargo de personal de Prefectura Naval Argentina, en el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes.

El procedimiento se realizó en Faro Recalada al 1.365, por orden de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 19, a cargo del fiscal Mauricio Del Cero.

Según se informó, además de la droga, se incautaron una balanza de precisión y teléfonos celulares, que serán sometidos a las correspondientes pericias. La pesquisa se encontraba en curso desde hacía aproximadamente un mes.

Asimismo, se indicó que una persona vinculada a este hecho permanece prófuga, por lo que las tareas investigativas continúan con el objetivo de determinar su paradero y establecer las responsabilidades correspondientes.

Se los capturó en medio de cuatro allanamientos que ordenó el juez de Garantías Guillermo Mércuri, por pedido del fiscal Mauricio Del Cero.

Los operativos tuvieron lugar en Cramer al 300, Rufino Rojas al 2.000, Mascarello al 200 y Cacique Venancio al 500.

La causa inició por la presunta infracción a la ley 23.737 de parte de Walter Uboldi, quien fuera detenido en mayo pasado, durante un allanamiento en Cramer al 300.

En los días previos a esa fecha, según se supo, Uboldi había tenido una confrontación con su hermano Emiliano, quien se encontraba bajo arresto domiciliario por tener cocaína para la comercialización.

Al realizar allanamientos en ese momento, se arrestó a distintas personas, entre ellas Miranda y Vargas.

Cuando los peritos analizaron el contenido de los teléfonos, surgieron de ambos conversaciones y mensajes claramente identificados con la venta de drogas (aludían a peso, precios, cantidad y calidad del material).

Ambos detenidos serán indagados en las próximas horas por el fiscal Del Cero.

Se trata de María José Dupak, quien fue arrestada el pasado jueves 16, por efectivos de la DDI bahiense, en la zona de Azara al 1.900, en el barrio Miramar.

Tras su detención, los efectivos allanaron su vivienda, en Monteagudo al 600 del barrio San Martín, donde secuestraron elementos de corte y fraccionamiento, cocaína, marihuana y teléfonos celulares.

La imputada era investigada desde el 7 de febrero de 2025, cuando operadores del Centro Único de Monitoreo (CeUM) advirtieron movimientos de “pasamanos” (entrega de droga a cambio de dinero) en la primera cuadra de la calle Montevideo.

De inmediato dieron aviso a los efectivos del Comando de Patrullas, que interceptaron a Dupak y secuestraron en su poder marihuana y un teléfono.

“Del análisis del dispositivo surge la conversación mantenida previamente con el comprador, así como otras ventas -de marihuana y cocaína- acreditadas con las constancias de las transferencias”, señalaron fuentes judiciales.

Mencionaron que Dupak se encuentra acusada de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y comercialización de sustancias entre el 7 de noviembre de 2024 y el momento de su captura. 

Al momento de declarar en la fiscalía, la mujer dijo que era inocente y “negó la tenencia de la cocaína”.

Dupak cuenta con antecedentes por el mismo delito: el 27 de septiembre de 2022 había sido condenada por el Tribunal en lo Criminal Nº 1 a 4 años de prisión.

El joven JSM, es conocido como "Mayonesa". Además, otras 16 personas resultaron aprehendidas tras el megaoperativo efectuado en el asentamiento de Ciudadela. En este marco, efectivos de la Policía Bonaerense llevaron a cabo 24 allanamientos para dar con el paradero del presunto integrante de la banda narcocriminal involucrada en el homicidio de Molina, que prestaba servicio en la Fuerza Barrial de Aproximación

Oficiales de las Fuerzas de Operaciones Especiales UTOI, GPM, GAD y HALCÓN colaboraron en los procedimientos mediante los que se concretó el arresto del implicado, quien fue ayudado por cómplices que lo encubrieron. 

Los uniformados concretaron los arrestos de un hombre, dos mujeres y el menor -quien sería el segundo de Guillermo Agustín Geréz, apodado "Gordo Tilín", señalado por ser el cabecilla de la organización-, y las aprehensiones de ocho varones y otras ocho femeninas, al tiempo que secuestraron 15 celulares, cocaína, marihuana, ocho balanzas de precisión, elementos de corte y dinero en efectivo ($1.235.000).

Las autoridades incautaron también una pistola Browning calibre 9 milímetros sin numeración visible, con cargador y municiones; un revólver Bersa Thunder 9 con leyenda "Policía Provincia de Buenos Aires", con cargador y 17 municiones, que posee una solicitud de secuestro activo a requerimiento de la UFI 10 de San Martín desde el 16 de marzo pasado, y una pistola Bersa Thunder sin numeración con cargador y municiones.

Además, se realizó un operativo de saturación mediante el que se identificaron 430 personas, se requisaron 470 vehículos, se secuestraron 15 motos y otros cuatro autos por carecer de documentación.

El menor quedó a disposición de la Fiscalía del Fuero Penal Juvenil del Departamento Judicial de San Martín por el delito de homicidio.

Molina, que tenía 26 años y era padre de un bebé de dos meses, concurrió el 18 de julio a Fuerte Apache a ese lugar junto a otros policías.

En ese momento quisieron identificar a dos hombres que escaparon en dirección al interior del Nudo 1. Él se adelantó unos a metros respecto de sus compañeros y, cuando ingresó a esa zona, resultó herido de bala. Alan fue trasladado al hospital Carrillo de Ciudadela, el personal de salud constató lesiones en la axila derecha y otra en la cintura del lado izquierdo, sin orificio de salida, y luego confirmó su deceso. (con información de NA)

Como consecuencia de esta situación, la muerte del oriundo de Pedro Luro nunca quedó asentada en el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).

La fiscal federal Iara Silvestre le pidió al juez federal Nº 1 bahiense, Walter López da Silva, que emita un nuevo oficio para inscribir el fallecimiento de Facundo y así "subsanar" el error administrativo, aunque sin investigar qué pasó con el documento original.

Pero López da Silva se negó a emitir una nueva documentación al plantear que la orden original de hace seis años sigue vigente y que no puede "reemplazar" un documento público desaparecido.

Entonces el magistrado les ordenó a los fiscales Silvestre, Horacio Azzolín y Alberto Gentile investigar qué sucedió con el certificado original que estaba en manos de la perito Creimer.

La Cámara Federal de Apelaciones de Bahía adhirió a la postura de López da Silva, argumentando que se debe investigar el paradero del certificado entregado a Creimer, en vez de decretar una medida nueva.

Según el expediente, el 3 de septiembre de 2020 el Cuerpo Médico Forense entregó el certificado original a la perito de la querella, Virginia Creimer.

La entrega fue autorizada por la jueza federal Nº 2 bahiense que en ese momento investigaba la desaparición del joven, María Gabriela Marrón, a pedido de los abogados de la madre de Facundo.

Al no haberse presentado el certificado ante el RENAPER, para el Estado argentino Astudillo Castro no figura legalmente como fallecido.

El incidente salió a la luz porque autoridades del cementerio de Pedro Luro le exigieron a Cristina Castro, madre de Facundo, la entrega de la "licencia de inhumación".

Además advirtieron que a raíz de la inexistencia de este documento, podrían tener que remover los restos del joven por falta de identificación legal.

Es que la Cámara Penal de Bahía Blanca rechazó su libertad asistida, medida que se otorga a quienes están a meses de finalizar temporalmente la sentencia.

De esa manera la Sala I (votos de los jueces Gustavo Barbieri y Christian Yesari) confirmó la resolución adoptada por el juez Claudio Brun, interinamente a cargo del Juzgado de Ejecución Penal Nº 2.

Caramelli, exdirector de Parques Municipales, fue sentenciado en tres causas diferentes. La primera de ellas, en 2017, por extorsión y exacciones ilegales; la segunda, en 2019, por el homicidio culposo de Daiana y la omisión de sus funciones y la tercera, el mismo año, por extorsión reiterada (6 casos) y tentativa de extorsión.

Su defensora particular, Bárbara Sager, apeló la decisión de no hacer lugar a la libertad asistida, al considerar que el juez Brun no había tenido en cuenta un dictamen pericial de mayo pasado, favorable a su asistido.

Autocrítica limitada

Sin embargo, los camaristas Barbieri y Yesari ratificaron el fallo.

"Entiendo que en autos no se cuenta con un informe de peritos que pronostique en forma individualizada y favorable la reinserción social del condenado. Ello con fundamento en los elementos de tenor cautelar que surgirían de los informes psicológicos", explicó Barbieri, con la adhesión de Yesari.

En la última pericia, conocida en junio último, se destacó cierta evolución en el condenado, pero se concluyó que su autocrítica es "limitada" (frente a los hechos que motivaron su condena) y que presenta "falta de elaboración de dificultades en el plano subjetivo".

Así la Cámara entendió que existen "aspectos cautelares" que impiden otorgar el beneficio y, en consecuencia, consideró "improcedente" el recurso de la defensa.

El profesional, que nació en Bahía Blanca hace 43 años, dirigirá la subsecretaría de Relaciones con el Poder Judicial y la Comunidad Académica, dependiente de la secretaría de Justicia del ministerio de Justicia nacional, a cargo de Juan Bautista Mahiques.

El funcionario oriundo de Bahía, graduado de la carrera de Derecho en la Universidad de Buenos Aires (UBA), se especializó en crimen organizado, corrupción y terrorismo, así como completó una diplomatura en la Universidad de Salamanca, en España.

También se desempeña como docente universitario.

Una de las principales tareas de la subsecretaría a cargo de Manfredi es la articulación de vínculos entre la cartera de Justicia, el Poder Judicial (incluido el Consejo de la Magistratura) y las instituciones académicas.

La dependencia además coordinará políticas de diálogo entre el Ejecutivo y los diferentes actores del sistema judicial, y organizará actividades educativas conjuntas con universidades y centros de investigación jurídica.

Además, promoverá proyectos que requieran la participación de magistrados, funcionarios judiciales y especialistas en Derecho, como también elaborará propuestas que necesiten el aporte de distintos sectores del servicio de justicia.

El nombramiento se formalizó ayer por medio del decreto 663/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el primer mandatario argentino.

Manfredi tiene vasta experiencia en la justicia federal y hasta esta designación era secretario del juez nacional en lo Criminal y Correccional federal Nº 2, Sebastián Ramos, que interviene en causas por delitos complejos y corrupción, entre otras.

Antes había cumplido tareas en el juzgado federal Criminal y Correccional Nº 3, también de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y fue secretario del juzgado federal de Ushuaia.

Desde 2001 está radicado en Capital Federal y en 2003 ingresó a trabajar en el Poder Judicial de la Nación.

Sus estudios primarios los cursó en la Escuela Nº 5 y después estudió en el colegio secundario La Inmaculada, ambas instituciones de Bahía Blanca.