El hecho fue descubierto y denunciado a la Policía por las autoridades del establecimiento, la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 1 (EEST N°1), ubicada en Jaime Harris 41 de esa ciudad.

Cuando el personal de la comisaría maragata llegó al lugar, confirmó que uno de los estudiantes, que cursa el segundo año, tenía en su mochila una pistola calibre 32, muy deteriorada y con óxido, con un cargador sin municiones y un proyectil calibre 9mm. suelto.

Todavía no se pudo determinar por su estado si el arma es apta para el disparo, aunque se la secuestró a los fines periciales, mientras que el joven fue trasladado preventivamente a la comisaría, hasta la entrega a familiares responsables.

La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 2, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, inició actuaciones sumariales por infracción al artículo 189 bis del Código Penal, según se informó desde la Policía.

La presente causa tuvo su origen a partir de una denuncia referente a la venta de una motocicleta con documentación adulterada.

En ese marco, intervino la Unidad Fiscal de Bahía Blanca, a cargo de la doctora Elisa Trinchín, que consecuentemente convocó a la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Bahía Blanca para investigar el caso.

Los detectives federales desarrollaron tareas de campo, rastrillajes y análisis de la información recabada, estableciendo la identidad de un hombre que estaría sindicado como autor de la maniobra previamente nombrada. Asimismo, se constató un domicilio vinculado al sospechoso.

Por ende, el Juzgado Federal de Garantías N° 2, a cargo de la doctora María Gabriela Marrón, ordenó el correspondiente allanamiento en la vivienda ubicada sobre la calle Castelar (no se dio precisión de la altura).

Durante el procedimiento se logró identificar a un joven de 19 años quien, por disposición de la Justicia, fue notificado de la causa por el delito de falsificación de documentos.

Al no hallarse en ese lugar la moto en cuestión, se obtuvo documentación que daba cuenta que se encontraba en un taller mecánico cercano a ese domicilio y, con el aval judicial, la secuestraron.

El Tribunal en lo Criminal Nº 3 le impuso una pena de 5 años de cárcel a Pablo Bernabé Pereira, mientras que Rubén Heriberto recibió una sanción de 6.

El hecho ocurrió el 21 de octubre de 2025, cuando el último de los imputados ingresó al Mercado de Abasto, ubicado en calle Thompson y 1810, para sustraer una bolsa de tutucas de 20 kilogramos de un camión estacionado.

"Al intentar escapar fue interceptado por el oficial de policía Nelson Lagos, quien realizaba tareas de seguridad. En ese momento, Pablo Pereira intervino a bordo de una motocicleta, golpeando al efectivo con un casco en la cabeza para liberar a su hermano", mencionaron fuentes del Ministerio Público.

Agregaron que "a continuación ambos atacaron al efectivo, provocándole traumatismo de cráneo, hematomas y excoriaciones. Le arrojaron una piedra y lo amenazaron de muerte apuntándole con un arma de fuego antes de darse a la fuga".

Durante el debate los jueces descartaron la versión de los imputados, confirmando la responsabilidad de ambos en la agresión y el despojo.

Los hermanos fueron encontrados culpables del delito de robo doblemente agravado por el uso de arma y por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo comprobarse.

Además, el Tribunal declaró la reincidencia de Rubén Pereira por contar con condenas anteriores.

La medida fue ordenada por el Juzgado de Garantías Nº 4, a partir de una solicitud efectuada por el fiscal Mauricio Del Cero, titular de la UFIJ Nº 19, especializada en materia de drogas.

El procedimiento estuvo a cargo del personal de la comisaría de Pueblo San José.

En el marco de la misma causa, los efectivos policiales concretaron además un registro en una vivienda situada en la calle Olavarría al 800, donde se procedió al secuestro de dispositivos celulares que serán sometidos a peritajes en los próximos días.

Drogas: estuvo prófugo durante dos años y cayó en Coronel Suárez

La causa tuvo su origen el pasado 25 de agosto, a partir de datos aportados por la propia seccional de Pueblo San José.

Por ese motivo se dispusieron tareas de campo e inteligencia en la zona.

"Pasamanos"

Durante las jornadas de vigilancia previa, los investigadores constataron maniobras altamente compatibles con la venta de drogas al menudeo, como entradas y salidas fugaces de personas de la vivienda de Sarries -con permanencias de entre 9 y 30 segundos- e intercambios tipo “pasamanos” en la vía pública.

Con las pruebas recabadas, el 3 de septiembre se ejecutó un primer allanamiento en el inmueble del imputado. En aquel operativo, la Policía incautó cocaína fraccionada en 19 envoltorios de nylon, una balanza de precisión y teléfonos móviles.

El posterior análisis del material extraído del teléfono celular del sospechoso resultó decisivo para avanzar hacia la detención dado que se detectaron conversaciones e intercambios de mensajes donde se coordinaban puntos de encuentro para la entrega de la sustancia, se pactaban los montos de dinero, negociaciones y alias de cuentas donde se concretaban las transferencias bancarias.

Se prevé que el detenido sea trasladado ante el fiscal durante la jornada de mañana para prestar declaración indagatoria.

Si bien los primeros indicios apuntan a que se quitó la vida (fue encontrado en el baño y la vivienda cerrada con llave desde adentro), la investigación la lleva adelante la UFIJ Nº 12, a cargo de la fiscal Leila Scavarda.

Mientras tanto, su colega Marcelo Romero Jardín (UFIJ Nº 14) sigue con la causa por el delito sexual denunciado el pasado fin de semana por el joven, junto a sus padres.

El abuso se habría registrado en la casa de Ochoa, ubicada en Diagonal Cabildo 878, de Punta Alta, y por parte de una persona calva, cuya descripción coincidía con la del fallecido.

En principio se hizo un allanamiento para secuestrar material probatorio (prendas de vestir, sábanas, un teléfono, medicamentos y jeringas) y luego la Justicia ordenó la detención, pero cuando fue personal de la SubDDI de Coronel Rosales, sobre las 17.40 de ayer, se encontró con el trágico cuadro.

Si bien en un primer momento el menor aludió a dos personas en el lugar del delito sexual, "solo describió como abusador al hombre con las características fisonómicas de Ochoa", explicó un investigador.

"La otra persona sí estuvo en un primer momento, pero luego se fue y quedó solo Ochoa", agregó.

De esta manera, la investigación por el abuso podría avanzar hacia el archivo (por el fallecimiento del imputado), aunque previamente se deben completar distintas pericias del material secuestrado y se analizarán otras pruebas para descartar la intervención de terceros, según se informó.

El nombre de Ochoa había adquirido notoriedad hace más de 10 años, cuando el 1 de enero de 2018, mientras conducía a toda velocidad y alcoholizado por la autovía Alfonsín, atropelló a Matías Streitemberger -un joven de 18 años que perdió la vida virtualmente en el acto- y se dio a la fuga.

Para la Justicia ese hecho fue un homicidio simple con dolo eventual y condenó al hombre a 12 años de prisión, pena que cumplió durante un tiempo prolongado en prisión.

El año pasado recibió la libertad condicional y fijó domicilio en Punta Alta, teniendo que cumplir distintas reglas de conducta, a disposición del Juzgado de Ejecución Penal Nº 2.

Fuentes policiales confirmaron a La Nueva. que el cuerpo del hombre de 50 años fue hallado, cerca de las 17.40, en el baño de la vivienda ubicada en Diagonal Cabildo al 800, de la vecina ciudad.

"Lo encontraron ahorcado", indicaron los voceros, para agregar que la casa estaba cerrada con llave por dentro.

Al lugar concurrieron personal de la subDDI de Coronel Rosales, peritos de la Policía Científica y la ayudante fiscal puntaltense Lorena Villagra, quien recibió instrucciones del doctor Marcelo Romero Jardín, titular de la UFIJ N° 14 y encargado de investigar el delito sexual.

Ese hecho fue denunciado sobre las 10.30 del domingo por parte de los padres de la víctima, quienes dieron cuenta que su hijo había llegado a la casa "golpeado y drogado".

El joven, ya en presencia de los uniformados, relató que el hecho se habría registrado -entre la noche del sábado y la madrugada del domingo- en la vivienda cercana a la de un familiar suyo y aportó la descripción de dos personas (dijo que uno es pelado), que podrían ser los autores del delito. 

La otra persona que habría tomado parte del delito también estaría identificada y el inmueble donde se habría registrado el abuso ya había sido allanado para el secuestro de un teléfono, sábanas y medicación, que estaba siendo motivo de análisis.

Fuentes judiciales informaron que efectivos de la Estación de Comunal de Pueblo San José arrestaron a Gustavo Edgardo Casali.

La medida fue ordenada por el Tribunal en lo Criminal N° 1 luego de que quedara firme el fallo por el que el 2 de marzo de 2022 fue sentenciado a 4 años y medio de cárcel por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. También se lo declaró reincidente.

La causa en la que resultó imputado se inició a partir de un allanamiento realizado en agosto de 2019 en una vivienda de avenida Balcarce al 400, de aquella ciudad, cuando los uniformados secuestraron cocaína y otros elementos.

A mediados de 2022 la sentencia fue confirmada por el Tribunal de Casación, que también denegó a la defensa de Casali la posibilidad de interponer un recurso extraordinario.

Finalmente, en mayo de 2024, la Suprema Corte provincial rechazó un recurso de queja y posteriormente la sanción adquirió firmeza.

El 30 de julio de ese año el juez Ricardo Gutiérrez, integrante del Tribunal bahiense, ordenó la detención del sujeto para cumplir la pena.

Casali no pudo ser hallado en su domicilio y desde ese momento se mantuvo prófugo.

Los voceros mencionaron que en las últimas jornadas se detectó su presencia en Coronel Suárez y se dispuso el operativo que finalmente permitió arrestarlo.

La información fue suministrada por la Jefatura de Policía de Seguridad Comunal de Coronel Pringles y dio cuenta que sobre las 5.45 de hoy, el personal que patrullaba la zona céntrica interceptó al joven -no identificado por razones legales- cuando se encontraba en el interior de un utilitario Fiat Fiorino ajeno, en Rivadavia al 1.400.

Se pudo constatar que había abierto la guantera para apoderarse del dinero que se encontraba en su interior.

En su poder se encontraron una pistola de aire comprimido y un perfume masculino, que habrían sido sustraídos de otro auto, un Ford Focus, estacionado en la misma cuadra.

Se determinó, a su vez, que sería el mismo autor de la forzadura de la manija del portón trasero de otro vehículo.

Luego de ser trasladado a la comisaría pringlense, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 3, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, dispuso avanzar con el proceso aunque entregar al menor a un "adulto responsable".

"Habiendo transcurrido una hora, el mismo joven fue reducido por parte de tres vecinos que lo sorprendieron in fraganti delito, sustrayendo elementos del interior de un vehículo Citroen Xsara Picasso, estacionado en la calle Rauch al 100. 

Nuevamente intervino la Policía y traslado al joven en principio al hospital Municipal y luego a la seccional, donde intervino personal del Servicio Local de Protección y Promoción de los Derechos del Niño (agencia Coronel Pringles).

La pena de cumplimiento efectivo recayó sobre Yoel Brian Rodríguez (31), que al parecer comercializaba estupefacientes con el conocido dealer puntaltense Juan Cruz Domenichetti (42), condenado en 2014 por este delito.

En junio, mientras cumplía una condena en otra causa, Domenichetti se retiró de la cárcel de Villa Floresta para cumplir con sus salidas laborales, pero no regresó.

En juicio abreviado la jueza Claudia Fortunatti, del Tribunal en lo Criminal Nº 2, le impuso la sanción a Rodríguez al considerarlo autor penalmente responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

El fiscal de drogas, Mauricio del Cero, y el defensor oficial Germán Kiefl habían acordado el trámite abreviado.

La causa se originó el 16 de octubre de 2025, en la intersección de las calles Brown y Rivadavia de la vecina ciudad, donde la Policía interceptó a Rodríguez cuando circulaba en una moto sin documentación y con una inhabilitación judicial vigente para conducir.

En poder del nombrado, los efectivos policiales incautaron cocaína oculta en su mochila, una balanza de precisión, dinero en efectivo, un cuaderno con anotaciones y dos teléfonos celulares.

Fortunatti dio por probada la tenencia de la droga destinada a la venta, respaldándose en los peritajes químicos, las actas de secuestro y el resultado del análisis a los dispositivos móviles, que contenían conversaciones sobre maniobras ligadas a narcomenudeo.

Sin embargo, acerca de la acusación por comercialización continuada en días previos, la jueza resolvió aplicarle el beneficio de la duda y absolverlo respecto de ese ilícito, al no haberse acreditado operaciones concretas de compraventa con la certeza requerida para una condena.

El hecho fue denunciado sobre las 10.30 de ayer por parte de los padres de la víctima, quienes dieron cuenta que su hijo había llegado a la casa "golpeado y drogado".

El joven, ya en presencia de los uniformados, relató que el hecho se habría registrado -entre la noche del sábado y la madrugada del domingo- en la vivienda cercana a la de un familiar suyo y aportó la descripción de dos personas (dijo que uno es pelado), que podrían ser los autores del delito. 

El menor, en tanto, fue conducido preventivamente a un centro asistencial, donde se habrían constatado las lesiones informadas. 

En el caso tomaron intervención la comisaría de la Mujer de Coronel Rosales y la ayudante fiscal rosaleña, Lorena Villagra, bajo órdenes del fiscal Marcelo Romero Jardín.

Durante las primeras medidas de prueba, de manera urgente, se dispuso un allanamiento en el lugar señalado por el joven, donde se secuestraron un teléfono celular, sábanas y algunos medicamentos. Todo será sometido a pericias. 

Allí fueron identificados dos hombres quienes, aunque por el momento están en libertad, podrían ser los supuestos autores del hecho, entre ellos Ochoa. 

El sospechoso había recuperado la libertad a mediados del año pasado, luego de cumplir en prisión parcialmente una pena de 12 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual. 

Aquel hecho sucedió el 1 de enero de 2018, sobre las 3.30, en la autovía Alfonsín, a la altura de Milún, cuando Ochoa conducía un auto Subaru Impreza, a una velocidad aproximada a los 122 kilómetros por hora y con 1.97 gramos por litro de alcohol en sangre y atropelló y le quitó la vida a Matías Streitemberger (18).

El automovilista continuó su camino sin auxiliar a la víctima.

El hecho se produjo poco antes de las 19 cuando, por causas que se analizan, una Toyota Hilux manejada por un hombre de 52 años, quien viajaba acompañado por una mujer de la misma edad, perdió el control al intentar esquivar a unos perros que se encontraban sobre la calzada.

Debido a la maniobra, la camioneta sufrió un vuelco y sus ocupantes lograron salir del vehículo por sus propios medios.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de Bomberos y una ambulancia del SAME, cuyos profesionales asistieron a los involucrados y dispusieron su traslado preventivo al centro médico puntaltense.

Según trascendió, ambos se encuentran fuera de peligro.

Calzada húmeda, niebla, visibilidad reducida e irresponsabilidad al volante, una mezcla de condiciones que generalmente termina en desgracia. 

Y lo que sucedió la mañana del 8 de agosto de 2017, en el kilómetro 710 de la ruta provincial 51, fue una excepción de milagro.

Aunque el siniestro vial que aquel día derivó en heridas graves para un hombre que entonces tenía 34 años, tuvo aditamentos que llevaron al hecho al límite de lo absurdo.

Todo sucedió sobre las 10, cuando el conductor de una camioneta Toyota Hilux gris, en arriesgada acción, sobrepasó a dos vehículos que la precedían, entre ellos un camión.

En medio de la acción, en sentido contrario, se movilizaba una Ford Ranger blanca, al mando de Gregorio Víctor Gutiérrez, que llevaba a tiro a un Renault Mégane.

Para evitar la colisión, la Ford se tiró de emergencia a la banquina, pero la soga se cortó y el auto que trasladaba se fue hacia el otro carril y terminó embistiendo a una camioneta que nada tenía que ver con la maniobra, la Ford Ranger gris en la que Sergio Eduardo Schiaffino se dedicaba a repartir agua. 

La Toyota que provocó toda la secuencia siguió su camino como si nada, aunque la Policía la pudo detener en la rotonda de Frapal, al mando de Adalberto Hipólito Berdini.

La consecuencia más delicada fue para Jorge Lehetjuzan, quien iba al volante del Renault Mégane y nada pudo hacer, porque el rodado solo se movía por la inercia del traslado a tiro. Mientras que Schiaffino también terminó herido. 

Recién el 26 de mayo de 2025, la Justicia condenó en primera instancia a Berdini por lesiones gravísimas culposas agravadas por la conducción de un vehículo automotor.

La doctora María Laura Pinto, titular del Juzgado Correccional Nº 4, le impuso 3 años de prisión de ejecución condicional, 4 de inhabilitación para conducir y reglas de conducta. 

El abogado del conductor, Pablo Soteri, apeló la medida al considerar nula el acta de procedimiento (y todo lo posterior), que el fallo era arbitrario y no resultado de una derivación razonada del derecho vigente y la evidencia colectada y consideró ilógicas las absoluciones de los otros automovilistas.

Sin embargo, la Cámara Penal bahiense acaba de confirmar la sentencia. Fue la Sala I, con los votos de los doctores Christian Yesari y Gustavo Barbieri.

La Cámara, en principio, explicó que el planteo de la defensa "no es novedoso" sino una "reiteración de lo expuesto en el debate", que ya fue respondido por la jueza de la sentencia.

Luego de analizar minuciosamente los testimonios reunidos y los estudios realizados por los peritos de la Policía Científica, los jueces de alzada llegaron a la misma conclusión que la doctora Pinto.

Los camaristas reconocieron que tanto la conducta de Berdini como la de Gutiérrez fueron violatorias de las reglamentaciones relacionadas con la conducción y que ambas aportaron al resultado.

Sin embargo, en este caso es preciso saber cuál de esas transgresiones fue "determinante" para que suceda el incidente vial que provocaron las lesiones en Lehetjuzan.

Causa y efecto

"Esto es establecer una conexión o nexo de determinación entre la antinormatividad y el resultado, lo que también se conoce como 'conexión de antijuridicidad'", sostuvo Yesari, con la adhesión de Barbieri.

Se explicó que en los delitos culposos "el nexo de determinación entre la antinormatividad y el resultado se refiere a la relación que debe existir entre la infracción al deber de cuidado (la conducta antinormativa) y el resultado lesivo producido, es decir, el resultado debe ser consecuencia directa y jurídicamente imputable de la violación de la norma de cuidado, no de un curso causal ajeno o independiente".

"Si suprimimos la conducta de Berdini de adelantamiento imprudente y antirreglamentaria, el resultado no se produce, pues la camioneta Ford Ranger de Gutiérrez que remolcaba el Renault Megane de Lehetjuzan no hubiera efectuado la maniobra defensiva intempestiva que le llevó a la banquina de la ruta para evitar la colisión frontal con la camioneta Toyota Blanca del encausado que, a la postre, desencadenó la colisión entre los vehículos de ambas víctimas, Lehetjuzan y Schiaffino", aseguró.

Y agregó: "En otras palabras, sin la maniobra de adelantamiento indebido, todos los vehículos que coincidieron el día 8 de agosto de 2017, alrededor de las 10, en el kilómetro 710 de la ruta provincial Nº 5 avanzando en direcciones contrarias habrían continuado su marcha, sin inconvenientes".

Joaquín Legal, alumno de tercer año de la carrera de Derecho en la UNS que participará del certamen, se refirió a la preparación del equipo y al impacto pedagógico de las técnicas adversariales en las casas de altos estudios, como también pidió apoyo a la comunidad para costear el viaje.

El entrevistado destacó la magnitud del desafío y el intenso entrenamiento que realizan a diario.

"Tenemos un equipo de litigación que se está preparando todos los días para disputar el concurso. Ya tiene dos o tres años de antigüedad y es algo que el departamento de Derecho siempre está inculcando a través de los talleres, tanto de litigación oral como el de litigación oral penal profundizado", dijo Legal.

La competencia académica reproduce fielmente la dinámica de un debate oral bajo el sistema procesal penal adversarial.

Las delegaciones analizan hechos hipotéticos complejos asumiendo alternadamente los roles de fiscal y defensor, demostrando destreza técnica en la presentación del caso.

"Consiste en simulacros de juicios orales que están diseñados conforme a sistemas penales adversariales, en los que los equipos son evaluados en función de las técnicas de litigación que uno tenga. Se hace como uno ve en la televisión: fiscalía contra defensa", precisó el futuro abogado.

"Se presentan los lineamientos de apertura, de clausura, y en el medio se realizan los exámenes de los testigos y los contraexámenes", agregó.

Si bien la competencia se centra en la materia penal, las causas planteadas suelen incorporar conceptos del Derecho tributario o ambiental.

Las universidades reciben los casos con aproximadamente un mes de anticipación para estructurar su teoría del asunto, pero la resolución del debate exige improvisación y solvencia técnica en tiempo real.

En ediciones anteriores del concurso, la delegación de la UNS obtuvo altas puntuaciones que la ubican entre los equipos más competitivos a nivel nacional.

"La UNS es una potencia en esto", remarcó el joven.

La formación en litigación oral no sólo prepara a los alumnos para el ámbito competitivo, sino que genera un impacto en su desenvolvimiento universitario.

En la UNS, el taller de litigación es obligatorio a partir del tercer año de la carrera, cuando los estudiantes ya adquirieron una amplia base teórica.

"Es la primera vez que un estudiante de Derecho puede expresar las ideas frente a compañeros, que no es algo común en una carrera de este estilo. Se notan mejoras a la hora de rendir exámenes finales orales y mejora el vocabulario, la dicción y la capacidad de manifestar una idea central", finalizó Joaquín Legal.

Fechas. El certamen se hará del 1 al 7 de noviembre en la Universidad Nacional del Nordeste, que funciona en la capital correntina.

Litigantes. Como litigantes actuarán Sol Alderete, Natali Preikel, Jazmín Monti, Angelina Balfagón, Joaquín Legal y Agustina Pérez Timi. Los testigos serán Lourdes Selvetti, María Aroca y Micaela Rodríguez.

Extranjeras. También se invitó a universidades de México y Uruguay, que comparten el sistema procesal adversarial.

Contacto. Las instituciones y empresas interesadas en donar dinero para los gastos de la comitiva bahiense, pueden comunicarse al 291-5006414 o por Instagram a @litigacion.uns

Presencia. Será la 15ª edición del concurso creado por el INECIP y la UNS participa desde el primer encuentro, en 2009.

Tribunales. El entrenamiento en litigación busca acortar la brecha entre la formación académica tradicional y las demandas reales de los tribunales, donde la transición hacia modelos adversariales evidenció necesidades de capacitación continua entre los actores judiciales.

Impericia. "Abogados defensores como Mariano Silvestroni hablaron de la falta de tacto que tiene tanto la defensa como la fiscalía para los sistemas adversariales. Son profesionales que quizá no salieron muy preparados, porque estos sistemas todavía están en desarrollo", dijo Legal.

El hecho se produjo en predio ubicado en el kilómetro 8 de la ruta 33, al que los sujetos ingresaron violentando el alambrado perimetral, sobre el sector de la calle Rigamonti.

De esa manera, poco antes de la medianoche, llegaron hasta la propiedad (ubicada a unos 30 metros del sitio en el que realizaron el boquete) y redujeron a una mujer de 45 años y a su hija de 14, quienes resultaron ilesas.

Tras amenazarlas y encerrarlas en una habitación, los ladrones se apoderaron de unos 30 mil pesos, alhajas y se dieron a la fuga por el mismo sitio utilizado para acceder.

Las víctimas fueron auxiliadas esta mañana, alrededor de las 8, cuando una empleada doméstica arribó al domicilio y las liberó.

Voceros consultados mencionaron que los individuos habrían contado con información o conocimiento del sitio, ya que, por ejemplo, se habrían movilizado en algunos sectores en cuclillas para evitar ser captados por las cámaras de seguridad.

También indicaron que no se activaron los mecanismos de detección del servicio de emergencia.

Al lugar acudieron autoridades de seguridad, como Federico Montero,  subsecretario ministerial, y los comisarios Gonzalo Bezos y Gonzalo Sandobal, jefes departamental y de distrito, respectivamente.

Por el caso se iniciaron actuaciones por el delito de robo calificado, con intervención de la comisaría Séptima y la UFIJ N° 11.

Se trata de Federico Alejo Kemmler Davyt (29), quien el 30 de agosto de 2021 fue declarado autor penalmente responsable de abuso sexual con acceso carnal y recibió la pena de 6 años y 6 meses de prisión.

Como llegó en libertad al juicio -a cargo del Tribunal en lo Criminal Nº 3 de Bahía Blanca- recién se pidió su detención el 22 de noviembre de 2024, cuando el fallo adquirió firmeza.

Si bien ya existía una prohibición para que pudiera abandonar nuestro país, en las últimas horas los jueces también solicitaron a la Oficina de Asuntos Internacionales de Interpol insertar como notificación roja la búsqueda de Kemmler Davyt.

Se trata de solicitudes internacionales emitidas a las fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona que se encuentra prófuga. El objetivo final de esta medida es su extradición, entrega o una acción judicial similar.

Desde la Oficina de Búsqueda de Personas y Antecedentes Penales de la Fiscalía General Bahía Blanca realizaron distintas tareas de análisis de redes, contactos y entorno y se lo buscó, a través de oficios girados a distintas fuerzas policiales, en las provincias de La Pampa, Río Negro y Neuquén, pero con resultado negativo.

El caso

La violación se cometió el 23 de diciembre de 2018, en un domicilio ubicado en Gabino Prieto y Tres Lomas, de Villa Iris, donde un grupo de excompañeros de la escuela se reencontró para compartir un asado.

En esas circunstancias Kemmler Davyt habría abusado de una mujer, a quien le provocó lesiones en las zonas abdominal, lumbar y piernas, además de escoriaciones y equimosis en sus partes íntimas.

"Necesitamos que cumpla su condena donde debe ser, tras las rejas, y así poder respirar aires de justicia y cerrar finalmente este tramo de vida que tuvimos que sobrellevar", manifestó recientemente la madre de la víctima.

El Ministerio de Seguridad provincial ofreció recompensa de hasta 10 millones de pesos por "información fehaciente que permita la localización y detención" del condenado, garantizando "estricta reserva de identidad" para los informantes.

Dónde aportar datos

Quienes posean datos sobre el paradero del nombrado pueden presentarse en la ayudantía fiscal puanense, situada en Hipólito Yrigoyen 698 de aquella localidad; comunicarse al (02923) 488667; o enviar un mail a ayudantiafiscalpuan@mpba.gov.ar

También pueden concurrir a la Dirección provincial de registro de personas desaparecidas (calle 2, entre 51 y 53, oficina 118, en La Plata), así como están habilitados el número (0221) 4293015 y el correo electrónico profugos@mseg.gba.gov.ar

Los informantes, además, pueden contactarse con la línea de emergencias 911.

La particularidad es que la gran mayoría de las sentencias por este tipo de delito corresponde a imputados varones.

El fallo del juez del Tribunal en lo Criminal Nº 1, Hugo Adrián De Rosa, en el marco de un debate abreviado, recayó en Gimena Rocío Molina (30), apodada “Mena”, quien recibió una pena de 4 años y 4 meses de prisión.

La mujer se encuentra detenida cumpliendo un arresto domiciliario que oportunamente le otorgaron por cuestiones de salud.

Previamente, el fiscal Juan Pablo Schmidt y la defensoría oficial acordaron la calificación legal y el monto de la sanción, con la aceptación de la acusada.

Para el magistrado quedó probado que el 31 de marzo de 2023, utilizando su cuenta de Instagram, Molina envió a un usuario un archivo de video que contenía representaciones de las partes genitales de una menor de edad.

También se estableció que el 17 de junio de ese mismo año, desde su perfil de Facebook, transfirió a otra persona cuatro videos de las mismas características.

Del mismo modo, se probó que el 5 de diciembre de 2024, durante un allanamiento llevado adelante por efectivos policiales del área de Cibercrimen en una vivienda ubicada en la zona de Villa Cerrito, tuvo en su poder 30 archivos de video y 5 de imágenes “con representaciones de personas menores de 18 años y menores de 13, de sus partes genitales y dedicadas a actividades sexuales explícitas”.

El origen

La causa se puso en marcha el 13 de noviembre de 2023, cuando el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming, dependiente de la Procuración de la Provincia de Buenos Aires, informó al Ministerio Público Fiscal la existencia de tres reportes generados por NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children).

Se trata de una organización sin fines de lucro de los Estados Unidos que funciona como un centro de información oficial sobre pornografía infantil y menores desaparecidos a nivel global.

Cuando una plataforma digital (como Google, Meta o Discord) detecta la carga o transmisión de material de abuso sexual infantil, genera un aviso automático que es enviado a la ONG, que posteriormente lo deriva a las autoridades judiciales del país donde se produjo.

El 22 de enero de 2024 se recibió un nuevo reporte, conexo a los anteriores y que se acumuló a las actuaciones en la causa Molina.

Datos vitales

En un informe, Instagram brindó datos del usuario identificado (fecha de nacimiento, teléfono y correos electrónicos) y del envío de un archivo a otro perfil.

Estos detalles coincidieron con los referidos por Facebook, cuando alertó sobre dos incidentes detectados.

Incluso, la firma también compartió los diálogos mantenidos entre los involucrados.

“También surge de los reportes las direcciones IP utilizadas por el usuario investigado, y asignadas” por la proveedora del servicio de Internet.

Una empresa de telefonía celular notificó al titular de la línea asociada a la cuenta de la red social, asignada a un familiar de la acusada y al domicilio que posteriormente fue registrado por la Policía.

Los investigadores determinaron que la fecha de nacimiento notificada por las redes sociales coincide con la de la procesada, así como “los usuarios reportados y el correo electrónico vinculado contienen parte de uno de los nombres de la investigada”.

Se constató que la cuenta de Instagram de uno de los reportes “se encontraba activa días previos a realizar el allanamiento en el inmueble de Molina, la cual era de acceso público, exhibiendo todos los datos básicos del usuario informado”.

Pericias y pruebas

“La atribución se sustenta, en primer término, en la correspondencia existente entre los datos de las cuentas investigadas y la identidad de la imputada”, explicó De Rosa en la sentencia.

Durante el operativo en la vivienda de la mujer (enmarcado en requisas simultáneas del operativo denominado Protección de las Infancias II), los policías incautaron una notebook y un teléfono celular.

El análisis de los dispositivos estableció la presencia de “contenido audiovisual de naturaleza sexual en los cuales se observaron menores de edad”.

También se descubrió una conversación con el usuario que recibió material de abuso sexual infantil en uno de los reportes informados.

La resolución además remarcó accesos a las cuentas de las distintas redes sociales y conversaciones con los usuarios que recibieron los archivos.

Los peritos que analizaron los elementos secuestrados describieron que la foto de uno de los perfiles denunciados por NCMEC “es de una persona idéntica a las fotografías que se encontraban en el disco peritado (perteneciente a la computadora de la imputada)”.

El juez señaló que “el nombre de usuario 'mena' se corresponde con el apodo con el que Molina se identifica”, de acuerdo a lo expresado en la indagatoria.

Agregó el magistrado que la tarjeta SIM, correspondiente a la línea telefónica vinculada a los usuarios reportados, se encontraba colocada en el aparato propiedad de Molina, que también fue incautado durante el registro de su propiedad.

Describió que los perfiles indicados tenían asociado el correo electrónico que remite inequívocamente al nombre, apellido y año de nacimiento de la imputada, encontrándose, además, iniciada la sesión de dicha cuenta en la notebook hallada en el domicilio.

Al momento de establecer la pena, el juez contempló como atenuante la carencia de antecedentes penales, mientras que señaló como agravante la cantidad de videos e imágenes en poder de la imputada.

Por todo ello, consideró probada la responsabilidad de la mujer en los hechos investigados y le impuso la pena de prisión efectiva.

Otros dos casos: en Catriel y Olavarría 

Representan un porcentaje muy pequeño las causas por este tipo de delitos en las que resultan imputadas mujeres.

Uno de estos casos se produjo en la localidad rionegrina de Catriel, donde una imputada recibió 6 meses de prisión, por la tenencia de material de abuso sexual infantil.

El hecho se descubrió en abril de 2023, cuando las autoridades allanaron su vivienda en el marco de una causa federal por drogas.

Durante el operativo, el personal policial secuestró el teléfono celular de la acusada para investigar su contenido.

En el dispositivo hallaron 169 videos y dos imágenes con ese tipo de material.

Las pericias confirmaron que los archivos estaban vinculados a enlaces de la red de mensajería Telegram.

Por otro lado, la Justicia condenó en 2023 a 4 años de cárcel a una mujer de Olavarría por difundir este tipo de material, entre enero y julio de 2019.

Los investigadores determinaron que la procesada envió imágenes a través del servicio de mensajeria Messenger, de la red social Facebook.

En su computadora también hallaron elementos que la vincularon con el delito.

El operativo se concretó en una vivienda ubicada en Catamarca al 200, donde se secuestraron los elementos denunciados como robados en los distintos hechos y un dispositivo de comunicación inalámbrico que habría sido utilizado para interferir en las señales de las alarmas.

Los aprehendidos fueron identificados como Rubén Giannini y Emiliano Sebastián Armani, ambos de 41 años.

Participó personal de la Comisaría Primera, tras varios días de tareas de investigación, con intervención de la UFIJ N° 7 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

Según se informó, la investigación incluyó el análisis de cámaras de seguridad, relevamiento de testimonios y tareas de vigilancia encubierta. En ese proceso, los investigadores contaron con el aporte del Centro Único de Monitoreo (CeUM), cuyas imágenes permitieron detectar un patrón de comportamiento que se repetía en los distintos episodios.

De acuerdo con la hipótesis policial, los sospechosos utilizaban inhibidores de señal para bloquear el funcionamiento de las alarmas y facilitar la sustracción de pertenencias de los vehículos.

El siniestro involucró a una Honda CG, dominio 899-KDF, conducida por Franco Abudaya, de 31 años, y otra motocicleta de 110 centímetros cúbicos, dominio 778-DBX, al mando de Matías Romero del Río, de 24.

Como consecuencia del impacto, ambos conductores fueron trasladados al Hospital Municipal para recibir atención médica.

Abudaya fue derivado en código rojo, lo que indica la prioridad en la asistencia y el traslado, mientras que no se precisaron detalles sobre el estado de salud del otro motociclista.

Se investigan las circunstancias en las que se produjo la colisión.

El hecho se produjo en Roca al 900 de esa ciudad y se frustró cuando el dueño de casa, que estaba presente, utilizó el pulsador de alarma y rápidamente se presentaron móviles de seguridad en el lugar.

No está claro qué fines tenía la mujer, aunque se supo que ambos se conocían. Por el momento fue imputada de violación de domicilio y daño, con intervención de una UFIJ tresarroyense.

Con captura

La comisaría Primera de Tres Arroyos, por otra parte, atrapó ayer a un hombre de 27 años que tenía pedido de captura, desde ayer, por los delitos de lesiones agravadas, violación de domicilio y daño.

El procedimiento, en principio a cargo del Grupo Táctico Operativo de la seccional, se dio en Ayacucho al 900.

La solicitud de restricción era del Juzgado de Ejecución Penal N° 1. Una vez que se tomó conocimiento de la novedad, el joven quedó bajo arresto domiciliario.

El arresto del sospechoso se produjo en las últimas horas y fue ordenado por la Justicia de Garantías tras el pedido del fiscal Diego Torres.

Los hechos comenzaron a ser investigados tras una denuncia presentada en noviembre del año pasado.

En la presentación manifestaron que el sujeto sometió a una adolescente de 14 años de edad, aprovechando los momentos en los que quedaba al cuidado de la víctima.

Los voceros mencionaron que a partir de declaraciones testimoniales y la realización de pericias, el Ministerio Público imputó al individuo del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado.

Por otra parte, señalaron que en las próximas horas será indagado en la sede de la fiscalía.