Cuatro episodios, siempre con la misma modalidad, se produjeron en el negocio denominado "La Esquinita", ubicado en Charlone y Almafuerte.

"Estamos un poco acobardados. Nos entraron a robar cuatro veces en dos meses. El daño material se arregla, pero te queda la incertidumbre. Las chicas trabajan con miedo y no vemos ningún tipo de solución", dijo a La Nueva. el propietario del lugar.

Mauricio Cáceres mencionó que el último hecho ocurrió esta madrugada, alrededor de las 3, cuando los delincuentes rompieron un cristal cercano al sector de cajas.

"Hicieron un boquete en el vidrio, se asomaron y con la mano sacaron cosas. Rompieron el monitor y la computadora para llevarse algo. Todo esto, repito, da bronca e intranquilidad".

Recordó que el primer incidente se produjo el fin de semana de Carnaval.

"Estaba de viaje y ese domingo rompen el vidrio y se llevan toda la mercadería que pudieron. Incluso, saben y tienen calculado lo que tarda en llegar el servicio de vigilancia y la policía. Desde Mar del Plata coordiné para que arreglen el cristal y el martes siguiente, a la 10:30, rompieron la vidriera de al lado de la misma manera, llevándose balanzas y fiambres".

Agregó que, por ejemplo, el pasado 24 de marzo volvieron a intentar una maniobra similar, aunque se trató de una vidriera laminada, entonces explotó y se activó la alarma, por lo que los ladrones se dieron a la fuga.

Cáceres indicó que tienen cámaras de seguridad propias, pero consideró que sería bueno dotar al sector con dispositivos de la comuna.

"Esperamos que la policía haga algo en la zona y se pueda controlar esta situación", finalizó.

El hurto ocurrió ayer a la tarde, en José Ingenieros al 1.300 del barrio Ciudad Atlántida, cuando un conductor de 44 años dejó su Nissan Frontier estacionada en marcha y al regresar constató que le faltaba una mochila con diversas pertenencias.

Según informaron desde la Comisaría local, tras el análisis de cámaras de seguridad se logró establecer la identidad de la sospechosa, quien cerca de la noche fue aprehendida por efectivos del Destacamento Sur, en una vivienda de Jesús María al 1.000, en el mismo barrio.

Fue identificada como Candela Castaño, de 26 años, quien quedó acusada de hurto, a disposición de la Ayudantía Fiscal de Coronel Rosales, que interviene en la causa.

Agregaron que en su poder tenía prendas de vestir, una cartuchera, un frasco de pastillas, un cable USB, documentación y un sello pertenecientes al dueño de la camioneta. Además, incautaron la ropa con la que habría sido divisada en las cámaras de seguridad durante el hurto.

Fue identificado como Oscar Cosnard (37), a quien detuvieron ayer a la 1 de mañana, en una casa de 7 de Marzo al 600 (barrio Norte), por los delitos de lesiones agravadas por el vínculo y amenazas, a disposición de la Fiscalía N° 15.

De acuerdo con información oficial, Cosnar le provocó lesiones en el rostro a su pareja de 29 años y luego la amenazó con un destornillador, considerado un elemento punzocortante.

Agregaron que la mujer instó la acción penal y se dispusieron medidas cautelares de protección.
 

Los voceros señalaron que el episodio se desencadenó alrededor de las 7:30, en la zona de avenida Alem al 1.000, donde efectivos de la Policía Local concurrieron tras un aviso de los operadores del Centro Único de Monitoreo (CeUM).

Mencionaron que en el sitio identificaron a Brian Mendieta, de 20 años de edad, quien "habría participado minutos antes en una pelea con varios individuos".

Detallaron que al advertir la presencia de los uniformados el imputado "descartó un cuchillo de caza de grandes dimensiones" que fue secuestrado en el lugar.

El sujeto fue imputado por la portación del arma blanca y derivado a la comisaría Segunda.

Persecución y secuestro

Un sujeto que circulaba en una motocicleta que presentaba irregularidades fue interceptado tras escapar de un control policial.

Desde la Policía Local señalaron que el hecho se produjo poco después de las 3, en el interior del Parque de Mayo, cuando los efectivos advirtieron la presencia del individuo y pretendieron identificarlo.

Las fuentes explicaron que el acusado se dio a la fuga y comenzó una persecución que finalizó en República Siria al 1.400, cuando finalmente Facundo Echeverría (26) fue aprehendido y reducido.

Describieron que la moto Yamaha Crypton en la que se movilizaba presentaba la numeración del motor suprimida, por lo que se produjo el secuestro de la unidad.

El hombre fue imputado de los delitos de desobediencia e infracción al artículo 289, inciso 3°, del Código Penal.

Los voceros indicaron que todo comenzó aproximadamente a las 6, cuando el sospechoso abordó el auto de alquiler en Bernardo de Irigoyen al 1.100 y tras circular por la zona céntrica subieron también al rodado dos mujeres que posteriormente descendieron en distintos lugares.

Luego, al arribar al sector de Rodríguez Peña y Rivadavia, el pasajero exhibió un arma y le apuntó al rostro al chofer, quien descendió de la unidad y escapó.

Poco después el rodado Fiat Siena de la víctima fue hallado en el sitio y se detectó el faltante de 15 mil pesos y otros elementos.

A partir de testimonios y tareas investigativas la policía detuvo en la zona donde había comenzado el viaje a Simón Casco, de 35 años de edad.

Mencionaron que en su poder se incautó una mochila que contenía documentación perteneciente al damnificado.

Por el caso se iniciaron actuaciones por el delito de robo agravado.

Casco fue detenido en julio del año pasado, acusado de ser uno de los que atacó por la espalda a un inspector de Tránsito de la Comuna rosaleña, cuando trabajaba para restablecer la circulación vehicular en la plaza del centro puntaltense, luego de los festejos por el aniversario de la ciudad.

Meses más tarde, a principios de octubre, volvieron a detenerlo acusado de realizar amenazas con un arma de fuego en la calle y de conducir un auto robado en Mar del Plata.

El incidente se produjo alrededor de la 1, cuando los efectivos de la dependencia rosaleña concurrieron a un domicilio ubicado en calle 7 de Marzo al 600.

En el lugar arrestaron a un sujeto de 37 años de edad acusado de atacar a su pareja de 29 y propinarle un golpe de puño en el rostro.

En las mismas circunstancias, según se indicó, el acusado tomó un destornillador y lo utilizó para amenazar a la mujer.

Los voceros mencionaron que la mujer denunció el hecho y se dispusieron medidas cautelares de protección.

El imputado fue trasladado a la dependencia policial y puesto inicialmente a disposición de la fiscalía de flagrancia.

Hurto de elementos

Una mujer fue arrestada ayer por la policía puntaltense imputada de sustraer objetos del interior de un vehículo.

Se trata de Candela Itatí Castaño, de 26 años de edad, quien fue identificada mediante las cámaras de seguridad municipales.

El hurto se produjo en José Ingenieros al 1.300, donde habría tomado del interior de una camioneta Nissan Frontier una mochila con pertenencias.

Algunas horas después la mujer fue interceptada en Jesús María al 1.000, secuestrando una serie de objetos en su poder.

Los voceros describieron el hallazgo de prendas de vestir, un frasco con pastillas, una cable USB, documentación y un sello perteneciente al damnificado, entre otras cosas.

Por el caso se le dio intervención a la Ayudantía Fiscal de Coronel Rosales.

El operario terminó herido de gravedad y el hecho generó conmoción, por sus características, y demandó la intervención de los bomberos.

El contacto de las chispas de una amoladora con los gases acumulados en la cisterna habrían provocado la detonación.

Como primeras medidas preventivas, antes de las pericias, se clausuró el local. 

Los investigadores determinaron que tanto el titular del taller, Alejandro Javier Pacini, como la dueña de la empresa Ar Trans, Andrea Viviana Ospital, no adoptaron las medidas de prevención necesarias para evitar las heridas de Daria.

Fueron imputados de lesiones graves culposas, se los indagó y la causa avanza hacia el juicio.

La titular interina del Juzgado de Garantías Nº 3, Daniela Castaño, rechazó el sobreseimiento de ambos y ahora la Cámara Penal confirma esa medida, con lo cual ambos tendrá que responder por el delito en juicio.

Los defensores particulares de Ospital y Pacini, Hernán Pablo Silva y Daniel Fabio Weiman, respectivamente, formularon su apelación, pero no tuvieron éxito.

Silva consideró que la responsabilidad del siniestro correspondía únicamente a la víctima, quien supuestamente contradijo las instrucciones que le dieron para realizar el trabajo y utilizó una amoladora.

Weiman, por su lado, alegó que Daria tenía experiencia en la tarea y que un testigo aseguró que no era necesario el uso de la amoladora para cambiar las juntas.

También dijo que quedó demostrado que el operario "se encontraba disperso" y que era propenso a los accidentes y que no obedecía los consejos que le daban sus compañeros.

Responsabilidad

La Cámara Penal advirtió que, si bien ambos abogados aseguraron que el origen del siniestro fue por única responsabilidad de la víctima, es correcta la decisión de la jueza de primera instancia de imputar a la dueña del transporte y al tallerista.

Marcaron, en este sentido, lo que dispone la Resolución 287/2007 de la secretaría de Política Ambiental de la provincia de Buenos Aires.

El artículo 1 establece que los transportes con residuos especiales deben lavarse cuando tienen que llevar un residuo incompatible al anterior o cuando debe ser sometido a reparación verificación o inspección.

Y el artículo 3 marca que las unidades que deben lavarse son los tractores, las partes exteriores de los chasis y carrocerías cuando hubieran estado en contacto con residuos especiales; el interior de las cisternas y el exterior de las mismas cuando hubiera derrames.

"Esta normativa era conocida por ambas partes, desde que tanto los empleados que trabajaban en la firma donde se efectuaban las reparaciones (bajo el mando de Pacini) y los representantes de la empresa de transporte propietaria del vehículo siniestrado (Ar Trans) conocían las medidas que se debían adoptar", sostuvo el doctor Barbieri, con la adhesión de su colega Yesari.

Consideró "inadmisible" que hayan justificado el incumplimiento de las medidas de seguridad en la "sencillez" de la tarea que se debía realizar.

"De todo el cuadro probatorio descripto queda claro -al menos con el grado de probabilidad positiva que este estadío procesal requiere- que ninguno de los imputados era ajeno a la necesidad de que el vehículo se encontrara lavado en forma previa a realizar reparaciones, de allí que en la selección de medios adoptada es donde recae su responsabilidad, desde que de haber adoptado los recaudos que la normativa legal les imponía, el hecho se habría evitado", concluyó la Cámara.

Declaración de los testigos

Aviso. Un compañero de Daria dijo que aquel día llegó el camión y su chofer avisó que el tanque tenía producto, pero que había estado abierto todo el fin de semana. "Alrededor de la junta había combustible", manifestó.

Herramientas. Otro operario declaró: "El trabajo este se hacía con sierra o usando llaves y fuerza. En ese caso no se iba a soldar porque el tanque no estaba desgasificado", declaró. Un compañero suyo dijo que era Pacini quien siempre recibía los camiones a reparar.

Peligroso. "Estas declaraciones resultan sumamente ilustrativas de que en el caso no se respetó ninguna de las previsiones legales que habrían evitado el resultado dañoso", afirmó la Cámara. 

Conocimiento. "Todos conocían la peligrosidad de la tarea a realizar y la necesidad de tomar recaudos adicionales (en el caso no utilizar una amoladora), pues el vehículo no estaba debidamente lavado y presentaba restos de combustible", remarcó la Justicia al rechazar el sobreseimiento de los acusados.

Diego Javier Banfi (51) tenía un rol definido en la organización: era quien "barría" la ruta previamente para que sus compañeros pudieran viajar en otro vehículo y no tener problemas con el transporte de droga a gran escala. 

Pero aquel mediodía del 7 de marzo de 2024 algo falló. Un repentino control de la Policía Rural de Coronel Rosales detuvo la marcha del BMW 320 en el cual trasladaban 5 kilos de cocaína en panes hacia Bahía Blanca. Fue en la ruta 3, a la altura de Bajo Hondo. 

Marcos Ezequiel Vázquez, su conductor, se vio sorprendido con una pequeña bolsa de droga en su poder y no tuvo tiempo de disimular frente al retén.

El hombre, que viajaba junto a su novia, Johanna Luján Rodríguez, y una pequeña niña, tenía la nariz visiblemente blanca. Quiso aspirar el polvo de golpe, para evitar complicaciones, aunque "se regaló".

"Soy consumidor", les dijo a los uniformados, pero no le creyeron. Incluso sufrió taquicardia y debió ser internado.  

Se pidieron refuerzos, requisaron el vehículo y encontraron los ladrillos de cocaína envueltos en papel amarillo.

Esa imprudente acción en la cadena delictiva terminó por derrumbar una organización con eje en el Conurbano, que proveía de drogas a gran escala no solo a Bahía.

Ya suman 7 las condenas, con las tres recientes que se dieron ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca, luego de un juicio abreviado.

La investigación permitió establecer que la banda tenía conexiones para llegar no solo a nuestra ciudad, sino también a General Roca y a Entre Ríos, entre otros puntos todavía no establecidos.

La churrasquería El Parrillón, ubicada en Yrigoyen 340 de Avellaneda y propiedad de Diego Gastón Gómez (49), era uno de los puntos de encuentro del grupo delictivo, según quedó registrado en las escuchas a las que tuvo acceso La Nueva. 

"Diego Parri Ave", como tenían agendado a Gómez, era quien tenía los contactos con eslabones superiores de la cadena del tráfico de estupefacientes aportada a la organización y también el que gestionó, a través de Vázquez, el envío de drogas a otros puntos del país.

La conexión local, también condenada, es otro de cierto "peso": Maximiliano Ezequiel Núñez se encargaba de distribuir la cocaína en Bahía, para darle destino de narcomenudeo.

Núñez tiene múltiples antecedentes delictivos y a mediados de 2022 había sido investigado por la Policía de Chubut, también como nexo local en el mismo "rubro", entre Buenos Aires y Puerto Madryn. 

Vázquez, su novia Johanna, Núñez y Pablo Javier Prieto (dueño del BMW y encargado de conseguir los vehículos para el transporte) fueron sentenciados en diciembre por el tribunal bahiense y están en distintas cárceles, salvo la mujer, que recibió 3 años de prisión en suspenso como partícipe secundaria.

Vázquez (el del "nariguetazo") recibió 7 años de cárcel y sus cómplices, 6 años por transporte y comercio de estupefacientes.

En los últimos días llegaron a la misma instancia de sentencia el parrillero Gómez, el "barredor" Banfi y Danilo Mariano Alonso (49), otro de los "choferes", a quien a su vez se lo condenó por tener sin permiso, en su casa de El Talar, una pistola Bersa Thunder 380 con 50 proyectiles. Y se le contó una condena anterior por asociación ilícita.

Este último recibió 5 años de cárcel (la cumple en el penal de Rawson) y los otros dos (recluidos en el complejo federal de Marcos Paz), 4 años y 6 meses de prisión. 

Los tres asumieron un rol secundario en el comercio ilegal, según la Justicia.

Para los investigadores, el grupo, al menos entre diciembre de 2023 y aquel 7 de marzo de 2024, traficó cocaína desde distintos lugares del Gran Buenos Aires y hacia diferentes regiones, no solo la nuestra, con importante fluidez

Tirar de la cuerda

Una vez que Vázquez cayó por su incontrolable dependencia, los investigadores se movieron rápido. 

La Justicia Federal bahiense ordenó el secuestro de su celular y logró establecer que quien figuraba como "Negro Maxi", y le había hecho varias llamadas perdidas, era Núñez, quien estaba impaciente por la llegada del pedido.

Después surgieron "Danilo" (Alonso), "Javi" (Banfi) -también lo llamó varias veces ese mediodía por WhatsApp- y "Diego Parri Ave" (Gómez).

Vinieron los allanamientos -algunos en Bahía y otros en Tigre, Avellaneda y Los Polvorines- y el análisis del contenido telefónico por parte de la Prefectura, que fue clave para desentrañar los roles y el pivoteo con la parrilla como uno de los centros donde se coordinaba la acción.

"En las intervenciones telefónicas de las investigaciones de narcotráfico, cuando hay pluralidad de imputados y los partícipes se relacionan unos con otros (...) es común que eviten hablar directa y claramente, precisamente para evitar ser descubiertos.  A tal fin suelen usar rodeos, subterfugios, palabras en clave, simulaciones", explicó el juez José Fabián Asís, del tribunal bahiense, al dictar el fallo tras el acuerdo alcanzado entre el fiscal Gabriel González Da Silva y los defensores.

"En esos casos, las conversaciones incoherentes, inconexas, en las que recurrentemente se acude a palabras que aparecen descontextualizadas o inentendibles, son altamente sospechosas, pero –como se afirma en la bibliografía específica- 'no alcanzan para un juicio de certeza si no van acompañadas de las actividades investigativas de corroboración suficiente para concluir que se está en presencia de un caso concreto de narcotráfico'", agregó, al citar bibliografía.

El Patrón del Norte

Los investigadores, una vez conocido el último fallo, revelaron un dato hasta ahora desconocido: los panes de cocaína secuestrados en Bahía tenían el logo de un delfín.

"Evidentemente es el logo de la organización de Castedo", explicó uno de ellos.

Castedo es Reynaldo Delfín Castedo, conocido como "El Patrón del Norte", considerado un capo narco del norte del país, quien purga una condena a 16 años de prisión.

"Creemos que este de Bahía era un subgrupo de toda la organización. Tenían una forma muy sofisticada de actuar, borraban todos los mensajes y se comunicaban solo por WhatsApp, con lo cual no quedaban muchos registros. Todo era encriptado", amplió.

Si bien Bahía Blanca, General Roca y Entre Ríos figuraban entre los destinos habituales de la banda, no se descarta que hayan adoptado otras rutas, de acuerdo con lo que se evaluó en la investigación que se esclareció a partir del "nariguetazo".

De pureza media

Peritaje. De los 5,2 kilos de polvo compactado que se secuestraron en los 5 ladrillos hallados en el BMW, solo 2,5 kilos eran cocaína. Se calculó una pureza del orden del 51%, con alcance para más de 102 dosis intravenosas, 80 mil intranasales y 61 fumadas.

Decomiso. El arma y las municiones secuestrados fueron remitidos a la ANMaC, para su destrucción, mientras que el dinero incautado ($3 millones), según la ley 23.737, quedará a disposición de la comisión mixta de Registro, Administración y Disposición de la Corte.

Más elementos. También se secuestraron y pasan al Estado una camioneta Volkswagen Amarok, propiedad de Banfi; dos celulares y dos tablet, entre otros elementos.

El órgano revisor ratificó el fallo dictado en mayo del año pasado por el Tribunal en lo Criminal Nº 2 de Bahía Blanca, que había condenado a Nora Marta Lozano (68) como autora de los delitos de homicidio agravado por alevosía en perjuicio de Jorge Scali (65), falsa denuncia y tenencia de arma de fuego sin autorización legal.

La defensa oficial de la imputada presentó recurso de casación contra la sentencia de primera instancia que, según la apelante, incurrió en "arbitrariedad manifiesta" al atribuirle a Lozano el asesinato en base a una "construcción falaz, sustentada en indicios ambiguos, interpretaciones forzadas y ausencia de prueba directa, sobre todo porque la valoración probatoria no está debidamente motivada o explicada".

La defensora planteó que solo puede darse por probado que a la madrugada del 17 de septiembre de 2022, Lozano retiró a Scali del geriátrico Del Carmen, ubicado en Carmen de Patagones.

"Pero no puede tenerse por probado -como lo hizo el tribunal bahiense- que la imputada haya ocasionado intencionalmente la muerte de Scali", opinó la defensa en su presentación.

Agregó que no hay testigos directos del hecho ni evidencia material (huellas o ADN) que vinculen a Lozano con el homicidio.

La patrocinante de la condenada sostuvo además que la "confesión" parcial de su clienta durante el allanamiento fue tomada "sin asistencia letrada", bajo un contexto de dudosa espontaneidad y "sin valor probatorio autónomo".

Los jueces Víctor Violini y Carlos Natiello, de la Sala III de Casación, rechazaron el planteo defensista y confirmaron la decisión del Criminal Nº 2, al entender que el recurso es "improcedente" porque la defensa "no logra articular ninguna crítica concreta a los fundados argumentos expuestos en la sentencia impugnada, que determinaron la existencia de los hechos y la autoría penalmente responsable de Lozano".

Las críticas de la recurrente, sobre que no hay testigos del hecho, registro audiovisual ni evidencia biológica o pericial que vincule directamente a Lozano con el lugar del hallazgo del cuerpo ni con el momento de muerte de la víctima, "no son suficientes para poner en duda la intervención de la imputada en el hecho, puesto que la ausencia de prueba directa no impide que el cúmulo de indicios y elementos objetivos valorados den cuenta de la intervención de Lozano en la muerte de Scali".

"La postulación de la defensa no supera el umbral de la mera discrepancia en la valoración o interpretación dada por el Tribunal (de grado) a los elementos que le permitieron reconstruir históricamente el hecho y así atribuir la autoría a Lozano, debiéndose rechazarse la pretensión de la contraparte", analizó Violini, que votó primero.

"Misma suerte corre el planteo que busca conmover la calificación asignada al hecho, pues tengo dicho que la agravante alevosía consiste en el 'empleo de medios, modos o formas en la ejecución, que tiendan, directa y especialmente a asegurar el homicidio, sin riesgo para el autor, de acciones que procedan de la defensa que pudiera hacer el ofendido'; y en el aspecto subjetivo requiere 'el ánimo del autor de aprovecharse, mediante esos procedimientos, de la situación de indefensión de la víctima'", acotó el magistrado.

El juez Natiello adhirió a los fundamentos brindados por su colega preopinante.

Según Casación, Lozano retiró a Scali del geriátrico y, valiéndose de la relación que tenía con él, actuó "sobre seguro y lo sorprendió atacándolo, aprovechándose del total estado de indefensión", a raíz de tener también discapacidad visual en ambos ojos.

Así, la enjuiciada "obró a traición, sin riesgo para sí y con la clara intención de darle muerte" a su hijastro, a quien le aplicó 28 puñaladas por la espalda, provocándole insuficiencia respiratoria por neumotórax traumático.

El 26 de septiembre de 2022 se halló el cuerpo sin vida de un hombre cerca de un camino vecinal ubicado en el kilómetro 740 de la ruta 3.

Desde ese momento transcurrió casi un año hasta que los peritos pudieron identificar al fallecido como Jorge Scali.

El 27 de julio de 2023 Lozano se presentó en una comisaría de Lanús y denunció falsamente que había perdido de vista a Scali dentro del cementerio de aquella localidad, sin poder encontrarlo.

De esta manera se inició una investigación por averiguación de paradero y la Policía activó los protocolos correspondientes.

Al día siguiente se allanó el domicilio de Lozano en la ciudad de Remedios de Escalada, donde los investigadores secuestraron dos armas de fuego que no contaban con la debida autorización legal.

Testigos. Empleadas del geriátrico coincidieron en que Lozano manifestó que se llevaba a Scali del establecimiento porque iban a radicarse a Paraguay, pero el hombre no estaba de acuerdo con esa decisión, según dijeron las declarantes.

Escena. El argumento de la defensa sobre que la sentencia no explica cómo la imputada pudo "arrastrar el cuerpo" hasta un monte de eucaliptus "se cae por su propio peso, puesto que el especialista en planimetría y otros funcionarios policiales que participaron en la investigación concluyeron que el lugar donde fue hallado el cuerpo de Scali es el mismo donde se produjo su muerte, es decir que no fue arrastrado o llevado hasta allí, por lo que los infundados planteos decaen".

"Inconstitucionalidad". El defensor ante la Casación mantuvo (sin éxito) el recurso de su par de grado y añadió como nuevo motivo de agravio la "inconstitucionalidad" de las normas que fijan la pena de perpetua.

El operativo se llevó a cabo alrededor de las 14.30 en una vivienda ubicada en calle Patagones al 500, de la vecina localidad, tras las tareas investigativas realizadas por efectivos policiales y el Comando de Patrullas.

El detenido, identificado como Claudio Andrés Aliante (43 años), tenía en su poder una moto marca Honda Wave, que al ser verificada en el sistema registró un pedido de secuestro activo con fecha del 23 de abril de este año, en el marco de una causa por hurto de motovehículo.

El rodado, según se informó, había sido sustraído en diciembre de 2024 en calle Paula Albarracín al 2000, en perjuicio de un joven de 19 años.

Interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°2 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

Está acusado de la comisión de "contacto electrónico" con el fin de concretar otro "contra la integridad sexual" de un menor.

El ex entrenador del primer equipo de la entidad de calle Alem fue a citado para el miércoles 27 de mayo a las 10.

En la audiencia se le tomará declaración indagatoria, que estará a cargo del fiscal Rodolfo De Lucía

Se recuerda que el caso se inició cuando una mujer lo denunció ante la Justicia luego de que su hijo, de 16 años, recibiera reiterados pedidos para que enviara imágenes íntimas a cambio de dinero.

En aquel momento, de acuerdo con lo informado, el contacto entre el adulto y el menor habría tenido inicio tres meses antes aproximadamente, cuando el denunciado le habría solicitado fotografías de carácter íntimo.

Estaba acusado de plantar evidencia y mentir para perjudicar a efectivos de la Policía Bonaerense en la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro, ocurrida durante la pandemia de coronavirus.

El ahora condenado fue a juicio por brindar una versión ficticia en el marco de la causa vinculada al joven de 22 años visto por última vez el 30 de abril de 2020 en Pedro Luro, hasta que su cuerpo apareció esqueletizado unos meses después en un cangrejal de General Daniel Cerri.

Por otro lado, Casación revocó la pena condicional de ocho meses impuesta por la justicia de Mendoza por hallarlo autor del delito de encubrimiento simple. Por unificación de sanciones, el tribunal impuso una pena única de 7 años y 8 meses de prisión de cumplimiento efectivo.

Se recuerda que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca había sentenciado a Marcos Herrero como autor penalmente responsable del delito de falso testimonio reiterado en 7 oportunidades, agravado por haber sido cometido en causa criminal contra los investigados.

El fiscal federal de nuestra ciudad, Santiago Ulpiano Martínez, descubrió que cuando Herrero llevó a sus perros a la búsqueda de Astudillo, inventó que habían detectado el rastro de olor del joven en móviles y dependencias policiales. También detalló que el falso perito había “plantado” un amuleto que le pertenecía al joven desaparecido. (Infobae/La Nueva)

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 19 en la esquina de Sixto Laspiur y Charlone, donde efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) interceptaron Joel Gorordo.

Durante la requisa se constató el joven poseía una bocha de cocaína con un peso aproximado de 0,8 gramos.

Fue trasladado a la Comisaría Segunda, imputado por infracción a la Ley 23.737, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 19 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

En paralelo, personal de Control de Tránsito Urbano (CTU) procedió al secuestro de una moto marca Suzuki AX100, dominio A236IOK, por falta de documentación obligatoria para circular.

El rodado quedó a disposición del Juzgado de Faltas Municipal por infracción a la Ley Nacional de Tránsito 24.449.

El hecho se registró este viernes, alrededor de las 14, en el local de la heladería Berezia, ubicado en Avenida Arias al 2100. Según la policía, los implicados ingresaron al comercio con intenciones de realizar venta ambulante y, ante la negativa del personal, comenzaron a provocar daños en el lugar, rompiendo vidrieras, heladeras, computadoras y la caja registradora, además de otros elementos.

En medio del ataque, un trabajador de 31 años fue amenazado y resultó herido tras ser alcanzado por fragmentos de vidrio. Si bien las lesiones no serían de gravedad, el hecho generó gran preocupación entre vecinos y comerciantes de la zona.

Tras un llamado al servicio de emergencias, efectivos policiales acudieron rápidamente y lograron interceptar a los sospechosos a pocas cuadras del lugar, procediendo a su aprehensión de Luciano Joaquín Acosta, Diego Ezequiel Chasman y Jonatan Ayrton Selva Andrade, todos oriundos del conurbano bonaerense, en sitios aledaños al lugar del hecho.

La causa fue caratulada como lesiones, daño, amenazas y resistencia a la autoridad y los detenidos fueron trasladados a la Comisaría Sexta, con intervención de la UFIJ N°15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

Esa pena se unificó con la anterior y Bustamante deberá purgar 10 años y 6 meses de prisión.

Según la causa, investigada por la UFIJ N° 19, el hecho tuvo lugar el 20 de mayo de 2023, cuando personal del Servicio Penitenciario Bonaerense realizaba una requisa de los internos de la Unidad Penal N°4.

Cuando se registró a Bustamante encontraron en su poder un “túper” que contenía dos envoltorios de papel film compatible con marihuana, otro envoltorio de papel film con sustancia de color blanco y un comprimido.

Las mil y una maneras que se usan para intentar ingresar drogas a la cárcel

El 28 de mayo de 2018, Bustamante fue condenado por desobediencia, violación de domicilio y abuso sexual con acceso carnal agravado -dos hechos-.

El 10 de julio de 2025, el imputado había sido beneficiado con la libertad condicional otorgada por el juez Onildo Stemphelet, titular del Juzgado de Ejecución Penal Nº 2, resolución que fue revocada por la Cámara Penal, por lo cual se ordenó su captura.

La jueza Susana González La Riva decidió unificar las penas con la de tenencia simple de estupefacientes y que su cumplimiento sea efectivo en prisión.

El acto, cargado de imágenes emotivas, tuvo lugar por la tarde de un día muy especial, porque se cumplían 10 años del femicidio que, por sus características, no solo causó impacto en nuestra ciudad y la región sino en todo el país.

"Salón Micaela Ortega, por siempre en nuestros corazones. Un espacio que lleva tu nombre y seguirá llevando siempre tu alegría y tu pasión. En memoria de Micaela Ortega 23/4/2026", reza la placa.

A 10 años del crimen de Micaela: el drama que puso en agenda la palabra grooming

El descubrimiento del pequeño cuadro, sobre las 18.30, estuvo a cargo de Mónica Cid -la mamá de Micaela y fuerte impulsora de la ley para prevenir el grooming- y Luis Tonin, dirigente de la tradicional entidad del barrio Noroeste.

En medio de una jornada cargada de sentimiento, con la presencia de las compañeras de patín de la adolescente, que hoy son jóvenes de 22 y 23 años, la actividad también incluyó la pintada de nuevos murales en el frente de la institución que tiene sede en Don Bosco y Roca. 

"Donde hay patines estás vos", escribieron las patinadoras en uno de los retratos que agrega las manos de distintas niñas que concurren a la actividad.

"Porque formás parte de la historia de nuestro club por siempre", remarca otro mural que incluye la palabra "Mica" dentro de un corazón.

Por el crimen de Micaela cumple pena de prisión perpetua Jonathan Luna, quien durante su estadía en la cárcel cambió de género (se llama Yoana Luna) y actualmente está detenido en un pabellón femenino de una unidad carcelaria en Florencio Varela.

El acusado se hizo pasar por una adolescente para contactar a "Mica" a través de las redes sociales y de esa manera logró un encuentro que derivó en el femicidio.

El operativo se dio por el robo en una obra en construcción en Rosales y Rincón, a partir del análisis de las cámaras de seguridad.

En las imágenes se observa a dos menores que serían los autores del hecho, vestidos con ropas que fueron encontradas en la vivienda en cuestión. También se recuperó una pava eléctrica que habría sido robada del lugar.

Más allá de la recuperación de estos elementos, en el operativo no se encontró a ninguna persona en la casa allanada.

Luego del procedimiento llevado a cabo en Huaura 852, se pudo capturar a Aitor Eber Pérez, de 34 años.

Allí se recuperó la Keller KN110 cc, color roja, junto a plásticos y elementos que se habían llevado de un domicilio de Newton y Provincias Unidas.

La diligencia la realizó personal de la comisaría Cuarta con apoyo de la policía motorizada y autorizada por el Juzgado de Garantías número 4.

Interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio número 7 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

Todo comenzó luego de una denuncia realizada por directivos de la Escuela de Educación Secundaria Nº 11 César Milstein, ubicada en Villa Delfina. En ese lugar se había encontrado una serie de pintadas que rezaban "tiroteo próximamente".

Así, a partir de tareas investigativas, personal de la comisaría Sexta encontró que uno de los estudiantes de la institución educativa compartía —en sus redes sociales— fotos en las que se lo veía posando con varias armas de fuego.

Por esto, el Juzgado de Garantías del Joven N° 2 emitió una orden de allanamiento para el domicilio donde habita el joven.

En ese lugar se secuestró un arma de fabricación casera, tipo "tumbera", y su teléfono celular. También se encontraron tres plantas de marihuana de más de 2 metros de altura.

Tanto el joven como dos mayores que se encontraban en el lugar fueron aprehendidos por resistencia a la autoridad, tenencia de armas y tenencia de estupefacientes.

El secuestro se produjo en la tarde del jueves, en una vivienda de Rosales al 300.

En ese lugar, personal policial llevó a cabo un allanamiento por orden del Juzgado de Garantías N° 4.

Allí se procedió al secuestro de un perro mestizo, de tamaño mediano y pelaje corto, en visible estado de desnutrición, propiedad de una mujer de 77 años.

Posteriormente, el can quedó al cuidado y guarda temporaria en el Hogar de Abrigo Animal.

Interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 7.