El acusado fue identificado como Julián Moreno, quien quedó imputado por el delito de hurto en grado de tentativa.

Según se informó desde la Comisaría Primera, el episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento, cuyas imágenes fueron incorporadas a la investigación.

La Policía señaló además que no sería la primera vez que Moreno estaría involucrado en un hecho de similares características en ese supermercado, por lo que ahora se procura establecer si tuvo participación en otros ilícitos cometidos en el lugar.

El detenido cuenta, además, con antecedentes policiales y penales por delitos contra la propiedad y hechos cometidos a mano armada, de acuerdo con lo informado oficialmente.

Larriaga está considerado uno de los máximos proveedores de drogas de nuestra ciudad. No de ahora, sino de hace más de 20 años. 

En 2018 se decía que el 70% de la cocaína que se consumía en Bahía venía de Mar del Plata y que gran parte la traía él, porque tenía domicilio en esa ciudad, pese a ser bahiense de nacimiento.

Ostentación, vehículos importados, noche y cada tanto un tiempo en prisión. Un perfil que se repite. Al igual que los nombres.

¿Por qué casi siempre son los mismos “proveedores”? ¿Por qué no se los puede sacar definitivamente de circulación?

La principal respuesta está en la alta rentabilidad: por cada kilo que trasladaban sacaban dos.

De hecho, algunos le han cuestionado a Larriaga la “mala calidad del producto” y durante una investigación se estableció que lo estiraban con levamisol, un antiparasitario para bovinos que es altamente tóxico en humanos.

Los proveedores siguen porque también encuentran flexibilidad en la ley, que les otorga beneficios excarcelatorios en medio de los procesos o, ya condenados, antes de cumplir una sentencia.

Y muchas veces cuentan con la protección de algunos infieles policías, como también se estableció en más de un expediente.

Larriaga, con último domicilio conocido en Laprida al 5000 de Mar del Plata, era denominado en la jerga delictiva como “el hombre de las dos mujeres”: tenía a su pareja formal en Mar del Plata, Mariana Loustaunau, y a su presunta amante en Bahía, Patricia Weinzettel, quien también fue recapturada hoy.

Aseguran que las dos formaban parte de su “negocio”.

Se estima que al menos desde fines de los '90 trafica regularmente cocaína desde “La Feliz”. Al menos en esa época lo acompañaba un expolicía, como es frecuente en estos casos.

En diciembre de 1999 lo condenaron a 6 años por el tráfico de drogas. 

Y en marzo de 2017 recibió 12 años, por el resultado del operativo registrado en un departamento de Soler al 100, cuando la policía de Río Negro -que lo venía investigando al mismo tiempo que efectivos locales de la Prefectura- lo sorprendió con unos 7 kilos de cocaína, divididos entre el inmueble y su auto importado.

Un año después, ya preso, lo volvieron a condenar (a 5 años) por otro hecho registrado en Bahía durante 2014, pero que se juzgó ante el tribunal de General Roca, a cargo la jurisdicción de Viedma.

¿Qué le imputaron? haberle vendido 120,03 gramos de cocaína a Valeria Rancitelli, a quien había mandado hasta Bahía Sergio Víctor Bartolo, sindicado como dealer de Larriaga en la capital rionegrina. De esa cantidad se pueden obtener hasta 1.536 dosis intranasales.

Los investigadores no solo lo relacionan con Bahía y Viedma, sino con todo el corredor desde Mar del Plata. 

Tiene “paradas” comprobadas en Patagones, Dorrego, Tres Arroyos y Necochea, donde en 2010 se le secuestraron más de 6,3 kilos de la pasta blanca que después “desapareció” del Juzgado Federal, siendo cesanteado por el hecho el secretario penal César Lisa, de anterior paso por la justicia provincial de Bahía Blanca.

Para el fiscal federal de Viedma, Marcos Escandell, Larriaga es un proveedor habitual de drogas de Bahía Blanca y la capital de Río Negro. “Es un viejo conocido”, dijo.

“Este tipo de personas, en general, no salen del circuito, aún estando dentro de la cárcel”, explicó.

Los nombres también son recurrentes en Viedma. A Bartolo, a quien se condenó junto con Larriaga en Roca, se lo declaró reincidente. 

El fiscal -encargado de todas las investigaciones complejas por drogas en Viedma- destacó que Larriaga habitualmente se movilizaba “en vehículos de alta gama” y que, como pasa en estos casos, “no se le conocía actividad legal”.

En las terceras y cuartas capas -para la atención directa del menudeo- se abre el abanico. Son más los nombres y van mutando con mayor intensidad. Y suelen ser, incluso, los que caen con mayor frecuencia.

Los procedimientos fueron requeridos por la Unidad Fiscal Federal de nuestra ciudad y llevados adelante por personal de la Prefectura Naval Argentina.

Fuentes judiciales indicaron que 5 operativos se desarrollaron en Bahía Blanca, entre ellos uno en Mendoza al 1.400 y otro en la zona de Villa Bordeu.

En tanto, la requisa restante se realizó en la localidad de Pedro Luro.

Los voceros mencionaron que resultaron detenidos Mauricio Gastón Larriaga y Patricia Weinzettel.

El primero de ellos fue considerado uno de los máximos proveedores de drogas de nuestra ciudad y registra varias condenas por este delito.

La mujer, en tanto, es pareja de Larriaga y también fue sentenciada en 2017.

Por otra parte, no trascendieron las identidades de las otras dos personas arrestadas.

Indicaron que durante los allanamientos se produjo el secuestro de cocaína, elementos de corte, armas, joyas, dinero en efectivo, teléfonos celulares e inhibidores de alarma, entre otras cosas.

Los uniformados también incautaron casi una decena de vehículos, los cuales fueron trasladados hacia dependencias oficiales con la colaboración del titular de la Agencia de Seguridad, Emergencia y Respuesta Inmediata, Martín Pacheco, y personal del área de Tránsito de la municipalidad bahiense.

Finalmente explicaron que la investigación se puso en marcha hace algunos meses y la presunta organización estaría vinculada a la venta de estupefacientes en nuestro medio.

De perfil mediático, el letrado que se encarga de asesorar a distintas figuras del espectáculo ya realizó su presentación de manera formal, según confirmaron fuentes judiciales. 

Castillo apoyará a su colega Yamila Segovia, hermana de la chica que fue abusada por Del Valle cuando tenía 11 años.

El hombre actualmente está detenido en la cárcel de Saavedra por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, ya que a lo largo de los más de 15 años que estuvo prófugo por el otro caso no afrontó sus obligaciones frente a cuatro hijos, entre ellos el pequeño que nació producto de la violación

Dos jueces de Garantías (Claudia Olivera y Guillermo Mércuri) coincidieron en que, más allá de sus posiciones personales, la causa por el delito sexual está prescripta.

Sin embargo, la querella apeló y ahora la decisión está en manos de la Sala I de la Cámara Penal de nuestra ciudad.

Apelarán a una herramienta jurídica

La propia Cinthia Fernández, a través de su cuenta de Instagram, hizo una secuencia de videos sobre el desarrollo del caso y remarcó que el objetivo de su pareja es "agotar las herramientas legales para intentar revertir esta situación y que el caso quede impune".

La influencer, que a su vez es estudiante de Derecho, explicó que a su criterio existe una herramienta jurídica que todavía no se utilizó.

"No estamos pidiendo que se viole una ley. La prescripción puede interrumpirse con otro delito y hoy está involucrado por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. Buscamos un pedido de prórroga de la prescripción, que se condene a Del Valle por este nuevo delito y que tenga efecto interruptivo sobre la prescripción", sostuvo.

También pedirán que los camaristas, antes de tomar una decisión, escuchen a la víctima del delito.

Fernández dijo que pese a tener con Castillo una importante carga horaria y de responsabilidades van a tratar de que "este hijo de su madre no quede libre".

El juzgado de Familia Nº 3 y la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial bahienses habían rechazado las solicitudes de la presunta víctima, que denunció violencia física y psicológica por parte de su progenitor.

Ambos tribunales entendieron que no había "peligro en la demora" de la exclusión del denunciado porque la denunciante se había retirado del domicilio meses antes.

También fundamentaron sus denegatorias en que el informe técnico elaborado por la perito no resultaba convincente por haberse basado únicamente en la entrevista con la denunciante, "sin control de la contraparte".

Después de que la denunciante apelara la sentencia de la Cámara e impulsara otras etapas recursivas, la causa llegó a la Corte provincial que, en un fallo unánime, hizo lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la actora.

Además, el máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires dejó sin efecto el decisorio de la Sala II de la Cámara de Apelación local y, en el marco de la Ley Micaela, ordenó capacitación en género "obligatoria y permanente" para el personal judicial interviniente.

Los jueces de la Corte hicieron hincapié en que los tribunales inferiores mencionados usaron en contra de la denunciante el hecho de haberse ido de su casa, pese a que la Ley de violencia familiar (12.569) -indicaron- prevé lo opuesto.

El voto de la jueza Hilda Kogan, al que adhirieron los jueces Daniel Soria, Sergio Torres y María Florencia Budiño, desglosó punto por punto ese argumento.

La Corte concluyó que el análisis de las instancias anteriores revictimiza a la mujer y que los fundamentos superficiales de la Cámara operaron "en favor del presunto victimario".

El artículo 7, inciso "d", de la ley 12.569 habilita a quien debió "salir del domicilio por razones de seguridad personal" a pedir su reintegro, con la exclusión del agresor.

En su voto, Soria fue contundente al opinar que la norma establece lo opuesto a lo afirmado por la Cámara bahiense.

La Suprema Corte también rechazó que la falta de "bilateralidad" invalidara el informe pericial, al recordar que en los procesos de protección contra la violencia familiar las medidas son "cautelares e inaudita parte", y que ese tipo de "informes de riesgo" se elaboran justamente a partir de la entrevista con la víctima.

Cuestionar el informe por ese motivo, señaló la Corte, refleja "la carencia de la perspectiva de género que se propicia".

De acuerdo con Kogan, Soria, Torres y Budiño, a raíz de la falta de elementos de convicción los jueces de grado deberían haber actuado de oficio (como exige el artículo 8 bis de la ley 12.569) para profundizar la investigación, en vez de denegar el pedido y derivar a la mujer a "otras vías procesales", como un juicio de desalojo.

En base a jurisprudencia citada en el fallo, la Corte remarcó que juzgar con perspectiva de género "es una exigencia de orden público", y que la ineficacia judicial frente a casos de violencia "propicia un ambiente de impunidad".

También resaltó la situación de los tres hijos menores de la denunciante como sujetos de "tutela sustancial diferenciada", quienes convivían con el presunto agresor.

Producto de una aparente escalada de violencia en ese domicilio, la mujer abandonó el lugar junto con sus hijos y se instaló en la vivienda de su madre en condiciones de "hacinamiento".

Mientras tanto le reclamaba a la justicia que excluyera a su padre del inmueble, supuestamente propiedad de ella, para poder regresar a su hogar.

Durante el procedimiento, llevado adelante por personal de la Comisaría Primera, se realizó un allanamiento en un domicilio de calle México al 800, donde se detuvo a Carla Romina Dangelo, acusada del delito de hurto.

La investigación se inició a partir de la denuncia presentada por la conductora, quien manifestó que una pasajera le había sustraído una riñonera en la que llevaba documentación personal y distintas tarjetas.

 Según la información policial, la situación se agravó cuando los investigadores determinaron que, además del robo, la acusada habría utilizado una de las tarjetas para concretar compras por montos millonarios.

En el lugar, los efectivos no solo procedieron a la aprehensión de Dangelo, sino que también lograron secuestrar la totalidad de los elementos que habían sido denunciados como sustraídos.

La mujer quedó a disposición de la Fiscalía N° 7 del DJBB.

Se trata de Mauricio Mardones, de 34 años, quien, según informaron desde la Comisaría Segunda, había robado 220.500 pesos en efectivo pertenecientes a una docente de 50 años.

El hecho ocurrió en el establecimiento situado en Passo 1441.

Tras cometer el ilícito, Mardones intentó escapar y fue captado por las cámaras del Centro Único de Monitoreo (CEUM) cuando abordó un colectivo de la línea 503, interno 38.

A partir del seguimiento realizado mediante el sistema de monitoreo se lo pudo interceptar, alrededor de las 16:30, en Paunero al 200.

Se secuestraron prendas de vestir y el dinero sustraído, que posteriormente fue restituido a la damnificada, y quedó a disposición de la UFIJ Nº 15 del DJBB.

La diligencia se desarrolla en la delegación local de la Policía Federal Argentina, en Rondeau 139, donde se presentaron los profesionales de la salud investigados.

En la sede policial también se hicieron presentes testigos para validar la apertura de los dispositivos incautados a fines del mes pasado, según confirmó una fuente oficial.

Posteriormente se prevé que los peritos de la Policía Federal realicen la visualización o el análisis de los teléfonos celulares y la notebook pertenecientes a los sospechosos.

La finalidad es intentar encontrar información que los vincule con la desaparición del fármaco.

Efectivos de la Federal habían secuestrado los aparatos durante requisas hechas en los domicilios particulares y las taquillas de los involucrados en el sanatorio comunal.

La causa está a cargo del fiscal de drogas, Mauricio del Cero, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 19.

Del Cero indicó que en el marco de la investigación surgieron tres hipótesis, pero que una tiene más fuerza que otra: un posible conflicto interno por la distribución de horas extras en el área de Anestesiología.

A principios de abril, las autoridades del hospital habían denunciado la desaparición de 25 ampollas del potente anestésico.

Días después personal del establecimiento sanitario halló las ampollas vacías en el mismo sector de donde habían sido supuestamente sustraídas.

Se trata de una sala cercana al quirófano, cuyo acceso no está absolutamente restringido pero tampoco es público.

También se confirmó que esos envases corresponden al mismo lote que los desaparecidos.

Se trata de Axel Emanuel Santa Cruz, quien era asistido en el Hospital Penna por las lesiones tipo AB que padeció en un 5% de su superficie corporal, localizadas en el cuello y el rostro.

Por el caso permanecen detenidos Joaquín San Martín Araujo (29) y Roberto Alejandro Maiques (20), quienes están imputados de homicidio en grado de tentativa y se encuentran a disposición del fiscal Jorge Viego.

Al momento de ser indagados ambos decidieron hacer uso de su derecho y se negaron a declarar.

El hecho se produjo el sábado pasado, alrededor de la 1.30, en un inmueble ubicado en Cabo Farina y Segunda Ángel Brunel.

Según la imputación del Ministerio Público, los sujetos arrojaron dos bombas molotov al interior de la casa que no explotaron.

Posteriormente rociaron con combustible la puerta de ingreso y también a la víctima.

En esas circunstancias habrían lanzado otro explosivo de las mismas características contra la abertura del domicilio, provocando que el fuego alcanzara a Santa Cruz y le provocara las quemaduras.

La recepción de testimonios de personas que acompañaban al damnificado esa madrugada fue clave para esclarecer el delito y lograr la captura de los sospechosos, ambos con antecedentes por delitos contra la propiedad y tenencia de drogas.

La principal hipótesis que manejan los investigadores es que el hecho tendría relación con una deuda por drogas. 

Los voceros señalaron que el procedimiento, solicitado por el fiscal Mauricio Del Cero, a cargo de la UFIJ Nº 19, y autorizado por el Juzgado de Garantías Nº 3, se desarrolló en Pablo Lejarraga al 2.100.

Los efectivos de la DDI local incautaron en el sitio cocaína, marihuana, recortes de nylon, una balanza de precisión y teléfonos celulares.

En el sitio, según se indicó, aprehendieron a Juana Cristina Montenegro.

Mencionaron que la causa comenzó a ser investigada el pasado 13 de agosto a partir de una denuncia anónima en la que se mencionaba que en ese lugar un grupo de personas se dedicaba al comercio de drogas.

Los uniformados realizaron tareas de vigilancia encubierta y reunieron elementos para solicitar el procedimiento llevado adelante hoy.

Finalmente refirieron que Montenegro será indagada en las próximas horas en la sede del Ministerio Público.

Justamente esa situación fue la que delató a los autores de un robo cometido en una vivienda deshabitada de aquella ciudad, y que permitió la rápida aprehensión de los delincuentes.

Los aprehendidos son Marcos Nicolás Andrade (31) y Cristian Sánchez (39), ambos con domicilio en Pringles.

Según informó la Policía pringlense, vecinos de la víctima del delito tenían conocimiento de que una de las casas estaba sin moradores, porque su dueño está internado en un hogar de adultos mayores por problemas de salud.

Cuando vieron a Andrade y Sánchez salir de esa vivienda con el electrodoméstico sobre el triciclo, los siguieron y dieron aviso de lo sucedido a la comisaría.

Efectivos policiales interceptaron y arrestaron a los nombrados en Belgrano y Rauch.

Además de la heladera y la bicicleta, los uniformados secuestraron tarjetas bancarias a nombre del propietario del inmueble, que uno de los sospechosos tenía guardadas en sus prendas.

Al damnificado se lo trasladó a su casa, donde constató la rotura de la puerta de entrada y la sustracción de la heladera, el triciclo (que él mismo había construido) y sus tarjetas de cobro.

Los aprehendidos quedaron a disposición de la Justicia en vinculación con el delito de robo.

El hecho se produjo aproximadamente a las 14 de anteayer.

Fue ayer, durante la audiencia de formalización que se realizó ante el juez federal N° 1, Walter López Da Silva.

Esa diligencia procesal, incorporada con el nuevo sistema acusatorio federal, reemplaza a la indagatoria y no solo cuenta con la presencia del juez, sino también del fiscal, la defensa y el imputado, a quien ponen al tanto de los cargos.

El fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez, a cargo de la investigación, imputó formalmente a Munafó de los delitos de violación de secretos y encubrimiento doblemente agravado (por ser funcionario público y por perseguir fines de lucro).

En esas circunstancias se le dio la oportunidad al acusado de declarar, pero se negó a hacerlo.

Munafó, por ahora, es el único imputado en el hecho y se supo que el fiscal no pidió la detención, al menos por el momento.

La causa "detonó" el mes pasado, cuando se practicaron al menos tres allanamientos, tanto en las oficinas del organismo (sexto piso de San Martín 145), como en las viviendas de Munafó y de su expareja, donde secuestraron documentación, celulares y computadoras.

Sin embargo, la investigación se había iniciado a fines del año pasado, luego de una batería de allanamientos, por infracción a la ley de marcas, que involucró a los locales de la firma X MENOS + PRENDAS, y que estuvieron a cargo de personal de la Policía Federal.

"Se cree que este empleado filtró información antes de los allanamientos e incluso se habría comunicado con las personas que iban a ser allanadas para ofrecer servicios de un estudio de abogados porteño", comentó un investigador.

Munafó habría ingresado en la ex AFIP hace 19 años, de la mano de Ricardo Echegaray (serían parientes), extitular del organismo que fue condenado por administración fraudulenta y hace algunos meses fue echado del ente por parte del gobierno actual.

El sospechoso, a su vez, forma parte de la central del Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina (SUPARA), en función de vocal titular.

Los investigadores creen que la supuesta filtración de datos no sería un hecho aislado y no descartan la existencia de una estructura de corrupción, con otros actores.

Se trata de Iván Gabriel Nieto (33), quien quedó acusado de amenazas calificadas e infracción a la ley de estupefacientes.

Según detallaron desde la Comisaría local, Nieto se movilizaba en un auto Chevrolet Astra cuando en Murature al 400 mantuvo una discusión con un joven de 21 años que iba en una moto Gilera de 150cc.

Luego, la discusión se trasladó a Rivadavia al 500, donde Nieto amenazó de muerte a dos chicos de 21 y 22 años con un cuchillo de 20 centímetros de hoja y mango artesanal, indicaron oficialmente.

Nieto fue aprehendido por personal de la Estación Comunal, que además requisó el auto y en el interior encontró dos teléfonos celulares, un caño de acero, un rifle de aire comprimido calibre 4,5mm y culata de madera y un total de 1.041 gramos de marihuana distribuidos en un frasco de vidrio y tres bolsas de nylon.

Indicaron que se dio intervención a la autoridad judicial correspondiente, se secuestraron el arma blanca y los demás elementos y se incautaron la sustancia y los celulares.
 

La Sala I del cuerpo ratificó el fallo del juez Pablo Bostal, que ordenó abonar 21.060.000 pesos -más intereses que harían multiplicar esa cifra por el tiempo transcurrido-, aunque hizo extensiva la sanción a Leónidas Hugo Soria, un excomisario que había contratado en aquel entonces a Eliçabe para oficiar como vigilador de transportes de carga en ruta.

De esa manera el fallo aceptó el planteo que habían realizado Ramón Montoya y María del Carmen Gómez, los padres de Irina Laura Montoya (24), una de las dos jóvenes víctimas.

En febrero de 1998, las dos amigas habían partido desde Chañar Ladeado -una pequeña localidad santafesina de donde era oriunda Irina- hacia Comodoro Rivadavia, donde vivía la familia de la otra joven atacada, María Dolores Sánchez (18).

El caso se conoció como el de Las Mochileras porque las jóvenes, en plan de vacaciones, habían salido "a dedo" con destino a la Patagonia, aunque a menos de 40 kilómetros de nuestra ciudad, por la ruta 33, a la altura de García del Río, encontraron brutal muerte a tiros, luego de un ataque de tipo sexual.

Eliçabe: de la cárcel al campo y del campo al mar

Eliçabe fue condenado a prisión perpetua, aunque el Tribunal de Casación Penal le quitó la accesoria de tiempo indeterminado y, después de 13 años encarcelado, y beneficiado por la ya desaparecida ley del 2x1, recuperó la libertad a fines de 2010.

Al egresar de la cárcel, en principio, se afincó en Mar del Plata, donde se convirtió en marino mercante y, al menos en los primeros años, pasaba mucho tiempo en el mar y en excursiones a Comodoro Rivadavia o Ushuaia.

Confirman y extienden

La Cámara Civil (votos de Marcelo Restivo, Patricio Lombardi y Fernando Kalemkerian) confirmó que, además de la condena penal, Eliçabe deberá afrontar una sanción civil y tendrá que resarcir a la familia de Irina, tal cual el reclamo de los padres de la joven que tienen domicilio en la localidad santafesina de Chañar Ladeado. 

"Se determinó que todos los hechos fueron perpetrados en una situación de indefensión de las víctimas, creada y aprovechada por el agente que obró así sin riesgo, entendiendo la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal, Sala I, que se halla probado que el procesado Eduardo Fermín Eliçabe es autor responsable de los hechos investigados", explicaron los camaristas civiles.

Tuvieron por acreditado, además, que las víctimas, en parte del traslado hacia el sur, subieron al auto que conducía Eliçabe, sabiendo que su función era de custodio, lo cual les dio mayor confianza.

En cuanto al empleador Soria, la Cámara explicó que la empresa para la que cumplía funciones el acusado giraba bajo el nombre Sor, de titularidad del expolicía, que encomendaba la custodia de camiones.

"Fue esa posición funcional desarrollada por Eliçabe -la de custodio del rodado, generada por Soria- la que le permitió trasladar a Irina y darle muerte. Sin la incumbencia de custodia que le fue encomendada no habría tenido ocasión material de que la víctima subiera a su rodado y consumara el hecho en esas circunstancias", explicaron.

Los jueces destacaron el rubro del daño moral y ponderaron la gravedad del hecho, la pérdida de una hija, las secuelas psicológicas acreditadas y la alteración de su vida de relación y la incidencia en la faz laboral.

En consecuencia, se condenó a Eliçabe y a Soria a afrontar la demanda por más de 21 millones de pesos, que seguramente se multiplicará con los intereses, en caso de quedar firme la misma.
 

Es que el juez de Ejecución Penal del Tribunal Federal de Juicio de Bahía Blanca, Ernesto Sebastián, rechazó el pedido de exclusión de Suris del Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo (SIGPPLAR).

La resolución firmada ayer confirmó que el condenado deberá seguir alojado en la cárcel de Ezeiza, bajo las mismas condiciones de seguridad reforzada.

El pronunciamiento del magistrado incorporó extractos de los informes de las áreas del SPF, que sustentaron la decisión de mantener a Suris en el sistema previsto para delincuentes de alta peligrosidad.

El servicio penitenciario advirtió que "el interno pocas veces demuestra importancia para solucionar los problemas a través del diálogo", y que "puede intentar sacar ventaja del entorno cuando nota que no está siendo observado", concluyendo que su desempeño "evidencia desinterés en su evolución".

El informe también indicó que en su relato "no se evidencia una actitud reflexiva respecto de las consecuencias derivadas de su conducta delictiva".

El área de Psicología del organismo carcelario describió un "perfil actitudinal evasivo y distante", con "falta de implicación personal" que, a criterio de los profesionales evaluadores, "constituye un indicador de riesgo de continuidad en los patrones delictivos" y limita sus posibilidades de reinserción social.

Sebastián planteó que la conducción del régimen penitenciario es competencia administrativa y que ni la prueba ni los argumentos de la defensa de Suris demostraron una "vulneración de derechos".

El representante del Poder Judicial de la Nación además descartó que la medida fuera arbitraria y remarcó que el defensor particular no cuestionó la constitucionalidad de la resolución ministerial que creó el sistema.

Por lo tanto Sebastián resolvió rechazar el pedido de exclusión de Suris del SIGPPLAR, basándose en los artículos 4 y 5 de la ley 20.416 y en la resolución 35/2024 del ministerio de Seguridad de la Nación, que creó el sistema.

Después de una reevaluación de riesgo hecha en febrero pasado, el SPF decidió que Suris debía permanecer en el sistema, al considerar que persistían "los mismos riesgos que fundamentaron y motivaron" su incorporación.

La defensa del condenado impugnó esa decisión ante la justicia y pidió su revisión.

El defensor argumentó que la resolución administrativa se limitaba a "reiterar los mismos fundamentos" que dieron origen a la medida original, "apoyándose nuevamente en la naturaleza de los delitos por los cuales (Suris) fue condenado, en referencias genéricas a su perfil criminológico y en la reproducción de categorías abstractas de riesgo previamente asignadas".

A su entender, esas fundamentaciones no cumplen con el estándar de motivación exigible y convertía la permanencia en el régimen en "una suerte de pena accesoria encubierta".

También sostuvo que la medida vulnera el principio de progresividad de la ley 24.660, al impedirle a su defendido el acceso a educación formal, talleres y capacitación laboral.

Suris fue condenado el 23 de noviembre de 2023 como coautor del delito de asociación ilícita fiscal (emisión de facturas truchas), en carácter de jefe, a cinco años de prisión.

Esa sanción se unificó con otra dictada por tráfico de estupefacientes, lo que derivó en una pena única de ocho años de prisión de cumplimiento efectivo.

Según el cómputo practicado en su legajo, la condena vence el 5 de marzo de 2028.

En julio de 2024 Suris fue incluido en el SIGPPLAR, un régimen creado para detenidos con "altos o muy altos niveles de riesgo de fuga" o riesgo comunitario, entre otros supuestos.

Este mecanismo implica supervisión y control intensificados.

El detenido todavía tiene que ser juzgado en vinculación con el delito de lavado de activos.

El operativo se desarrolló en Ecuador al 2.200, donde reside Ramón Martínez, de 52 años.

Según indicaron las fuentes policiales, todo ocurrió a partir de que un joven realizara un viaje a través de la plataforma Uber y olvidara su teléfono celular en el vehículo de Martínez.

Al realizar el reclamo a la aplicación y al chofer, este último le negó tener el teléfono. Sin embargo, el damnificado radicó una denuncia penal y la policía pudo ubicar —a través de una aplicación de geolocalización— el dispositivo, que se encontraba activo en el domicilio del conductor.

Por ello, el Juzgado de Garantías N° 2 y la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 7 ordenaron el allanamiento, donde se encontró y secuestró el celular.

Martínez fue demorado por apropiación indebida del dispositivo y fue trasladado a la Comisaría Tercera de Ingeniero White.

El hecho ocurrió en Rubado y Avenente.

En ese lugar, personal policial del Comando Patrulla aprehendió a Franco Castillo en el momento en que sustraía cables subterráneos tripolares de media tensión, pertenecientes a la red de energía que conecta Puerto Galván con la subestación White.

Además, se secuestró una pala de mano que el delincuente utilizaba para el robo.

Se encuentra alojado en la comisaría de Ingeniero White a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 15. La carátula es robo en grado de tentativa.

También denominados Puntos Seguros cuentan con un botón que al presionarse pone a la persona en contacto con el servicio de emergencias 911, y además están equipados además de cámaras fijas y domos de 360°.

Por el momento se está llevando a cabo la fase de instalación y no hay una fecha cierta para su puesta en funcionamiento. Desde el municipio de Bahía Blanca indicaron a La Nueva. que antes de inaugurarlos se concluiría con su instalación y conexión, para recién después habilitarlos.

En la concepción de la idea, desde la comuna se había explicado que la intención es ubicarlos en veredas, paseos y espacios públicos como una herramienta más relacionada en la búsqueda de más seguridad. Sin ir más lejos, el que figura en la foto que ilustra la nota, se encuentra en el Paseo de las Esculturas.

Según se indicó, estas estructuras modulares combinan tecnología de vanguardia con características de seguridad avanzadas. Tienen una estética discreta, de modo que se integran de manera amable con entornos urbanos y suburbanos.

"Son herramientas de utilidad y necesarias para la seguridad, que fueron costeadas por el Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad que el gobernador estableció luego de que el gobierno central le quitara recursos que a los bonaerenses les corresponden por ley", aseguró Federico Montero, subsecretario de Fiscalización y Control Policial del Ministerio de Seguridad bonaerense.

"Surgió de un plan de seguridad que el municipio elaboró y el ministerio aprobó, al igual que las garitas de los ingresos", agregó.

Instalación y características

Según el pliego licitatorio, los tótems son de chapa 14  de 2 milímetros de espesor, y sus dimensiones habituales son de 30 centímetros x 30 centímetros de base y una altura de entre 3,5 y 3,90 metros. Para su colocación se construye una base de hormigón en la que se ubican los pernos con los cuales se fija el aparato.

Cada tótem posee un botón tipo antipático, que al ser presionado se pone en contacto directo con el Centro Único de Monitoreo (CEUM), siendo en pocos segundos atendido el llamado por un operador del 911.

En su parte superior tiene una baliza con luces LED azules, la cual puede ser activada desde el CEUM. También cuenta con una cámara-domo de 360º con gran definición de imágenes. En cuestiones tecnológicas más específicas, cada unidad está equipado con detección de intrusión, domo con memoria interna y salida de alarma y audio de dos vías.

Funcionalidad

• Sus cámaras de alta definición y sistemas de grabación permiten una vigilancia continua de las áreas circundantes. Esto proporciona una visión en tiempo real de la situación, permitiendo una respuesta rápida ante incidentes o actividades sospechosas.
   
• Están equipados con altavoces y micrófonos, lo que permite la comunicación entre las fuerzas policiales y las personas. Esto facilita la emisión de alertas, instrucciones o advertencias, mejorando la capacidad de disuasión y respuesta ante emergencias.
   
• Cuentan con luces LED de alta potencia, que pueden ser utilizadas para iluminar áreas oscuras o proporcionar señalización visual. Esto contribuye a crear entornos más seguros y disuadir actividades delictivas.
   
• El botón de emergencia es visible y accesible y permite solicitar ayuda inmediata. Al presionarlo se establece una conexión directa con el 911, que toma las medidas necesarias.
   
• Colocados en distintos espacios permiten dotar de mayor interacción a los vecinos, aumenta las chances de atrapar a los delincuentes y permite dar una contención en tiempo real a las víctimas.

Dos menores de 15 años, que en principio fueron acusados del delito de encubrimiento, fueron sorprendidos sobre las 10.30 cuando llevaban a tiro el vehículo.

Se pudo confirmar que se trataba de la moto, perteneciente a un joven de 21, que había desaparecido sobre la 1.30 de la zona de Pacífico al 2.600.

El procedimiento tuvo lugar en Simón Bolívar al 1.800 y en esas circunstancias se pudo establecer que sobre la unidad pesaba un pedido de secuestro activo, con intervención de la UFIJ N° 2.

La Policía -colaboró la Local y el Comando de Patrullas- realizó un rastrillaje por el sector donde fueron interceptados los menores (cuadrante de Güiraldes/Sargento Iturra/Ricchieri/Fabián González).

De esa manera secuestraron algunas motopartes y la patente dominio 082LLC.

La comisaría Quinta le dio intervención a la fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

Si bien desde el sábado se inició el nuevo Sistema Penal Juvenil -que bajó el piso de punibilidad de 16 años a 14-, el fallo judicial de una jueza bonaerense congeló la medida por 60 días.

Trascendió que uno de los menores ya fue entregado a sus padres, mientras que resta definir la situación del otro, porque aparentemente se habría escapado de un instituto del conurbano, adonde cumplía internación por un hecho anterior, explicaron fuentes de la investigación.

Juan Manuel Ceferino Dho (24), alias "Bebo" y domiciliado en Formosa al 5.900, recibió 6 años de prisión por los delitos de robos agravados y tentativas de robos en despoblado, todo en concurso real.

Gonzalo Alejo Porter (25), afincado en Las Boyas 2.400, recibió 5 años y 11 meses de cárcel y a Ernesto Fabián Barrenechea (46), conocido como "Mosca", "Gordo" o "Gallina" y domiciliado en Remedios de Escalada al 3.900, le impusieron 3 años y 8 meses de prisión.

El fallo, tras un juicio abreviado, fue dictado por la jueza Claudia Fortunatti, del Tribunal en lo Criminal N° 2.

La magistrada, a su vez, ordenó disponer el decomiso de 8.930.000 depesos y 1.300 dólares que fueron secuestrados en uno de los allanamientos. 

Los delitos -que significaron un perjuicio para la empresa EDES- se sucedieron entre noviembre de 2024 y enero de 2025. 

Fueron al menos 5 episodios distintos que se dieron en establecimientos rurales ubicados entre los kilómetros 43 y 56 de la ruta 33, en jurisdicción de Tornquist.

La jueza Fortunatti, en mayo del año pasado, también había condenado a Ángel Gallardo (5 años) y al exsubcomisario Martín Ñancucheo (6 años y medio) por delitos similares que en ese caso reportaron el fallecimiento de 4 personas.