El allanamiento, autorizado por el Juzgado de Garantías del Joven, se desarrolló ayer en la vivienda donde reside un adolescente que sería el autor de la agresión.

Fuentes oficiales indicaron que el hecho se produjo el pasado 21 de agosto, en calle Spika, entre Sarmiento y Flesia, cuando un pequeño de 10 años estaba en la vía pública y recibió un disparo de aire comprimido en una de sus rodillas.

Los voceros señalaron que el niño sufrió lesiones leves, sin compromiso óseo ni necesidad de ser intervenido quirúrgicamente.

Explicaron que a partir de distintos testimonios se determinó que un menor de 14 años habría sido quien llevó adelante la agresión.

Finalmente sostuvieron que el rifle y las pruebas recolectadas fueron puestas a disposición de la fiscalía del fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

En un fallo unipersonal, la jueza María Mercedes Rico consideró a Christian Nicolás Ciuffetti Butiérrez Moreno (27) autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal.

Durante el juicio oral la fiscalía probó que en la madrugada del 21 de agosto de 2022 el procesado accedió carnalmente a una joven de 23 años sin su consentimiento, en el departamento de la chica ubicado en la vecina ciudad.

En los alegatos de cierre el fiscal de delitos sexuales bahiense, Diego Torres, había planteado que el imputado se aprovechó de la vulnerabilidad de la víctima y pidió una pena de 10 años de cárcel.

Por su parte, el abogado defensor Sergio Ferrari había argumentado que se trató de un encuentro sexual consentido y solicitó la absolución de Ciuffetti por la presunción de inocencia de su asistido, cuestionando la consistencia del relato de la denunciante.

La defensa sostuvo que las contradicciones testimoniales y la falta de prueba científica concluyente generaban "un mar de dudas" que impedía condenar.

La jueza Rico rechazó el planteo defensista y, por el contrario, valoró como "decisivo" el testimonio de la víctima al hacer foco en un mensaje que ella le envió al acusado la tarde siguiente a la violación (antes de contarle lo sucedido a su familia), reprochándole haberse aprovechado de su estado de ebriedad.

Esa inmediatez, señala la sentencia, debilita la hipótesis de la defensa de que el relato pudo haber sido inducido por terceros.

A esto se sumó el examen médico, con el cual se constataron lesiones recientes compatibles con el hecho denunciado, y el análisis genético que arrojó un perfil coincidente con el ADN del imputado.

Para la magistrada, estos elementos resultan difíciles de conciliar con la versión de Ciuffetti, quien había declarado que el acceso carnal no se consumó.

También se valoraron las pericias psicológicas practicadas a la víctima, que no hallaron indicadores de fabulación ni de presiones externas, así como los testimonios de su entorno familiar sobre los cambios que presentó la joven después de la agresión sexual.

El punto saliente del fallo dictado este martes es la decisión de ordenar la detención inmediata del condenado, pese a que había permanecido libre durante toda la instrucción de la causa y el debate.

La juzgadora explicó que en este caso analizado se apartó de su propio criterio sostenido en decisiones anteriores del Criminal 2, según el que la sola expectativa de pena no alcanzaba para justificar una medida privativa de libertad.

Rico citó jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal de Casación Penal bonaerense, y opinó que el dictado de una condena a pena efectiva incrementa significativamente el riesgo de fuga y justifica la detención para asegurar los fines del proceso.

El tribunal fijó la pena en seis años de prisión al computar como atenuantes la falta de antecedentes penales del condenado y el buen concepto que surgió de la prueba testimonial y pericial.

Como agravantes, Rico ponderó la extensión del daño causado a la víctima y el quiebre de la relación "de confianza" que existía entre ambos.

Pero descartó como agravantes la nocturnidad, el supuesto engaño y el estado de ebriedad de la víctima, por entender que esta última circunstancia ya estaba contemplada en la calificación del hecho.

La sentencia aún no está firme y la defensa de Ciuffetti apelaría el decisorio de primera instancia.

El Juzgado de Garantías Nº 3 decretó en las últimas horas la prisión preventiva de Joaquín Eleazar Larraburu.

El magistrado Alberto Antonio Manzi hizo lugar al pedido del fiscal de la UFIJ Nº 5, Jorge Viego, quien imputó al sujeto del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación de arma de fuego de uso civil, sin la debida autorización legal.

El hecho se produjo el pasado 1 de agosto, en inmediaciones de un pub ubicado en San Martín y Plunkett, cuando Vega falleció como consecuencia de un disparo en el cuello.

Por el crimen fue detenido Larraburu, quien escapó del sitio, pero chocó la rotonda de la ruta 3 y Pedro Pico y fue reducido.

"Luego de tomar el arma (no está claro si fue solo o se la alcanzó alguien desde el auto, un Volkswagen Gol) efectúa un disparo a muy corta distancia, a 10/15 centímetros o menos del cuello de la víctima", remarcó el fiscal Mauricio Del Cero, quien intervino en los primeros tramos del caso subrogando a su colega. 

"Les pedimos que nos sigan acompañando y no nos dejen solos sigan manteniendo la memoria de Santi presente. Nunca hubiésemos imaginado estar pasando por esta terrible pesadilla, no buscamos venganza, buscamos justicia", sostuvo Marcelo Vega, en el marco de una marcha llevada adelante en la vecina localidad.

La decisión no alcanza a la causa penal que enfrenta el magistrado por lesiones leves y graves, y amenazas simples y coactivas en perjuicio de trabajadores de su juzgado, que seguirá su curso en paralelo.

El jury fundamentó que la "ausencia de un encauzamiento institucional oportuno" frente a los conflictos internos derivó en un "desenlace desproporcionado", que a su criterio no justifica la destitución de un magistrado cuya "honorabilidad e idoneidad técnica" permanecen intactas.

El cuerpo de enjuiciamiento entendió que lo ocurrido fue, antes que una falta grave del juez, un fracaso del propio tribunal para resolver por vía administrativa un conflicto que derivó en una causa penal.

El jurado comunicó su decisión al Consejo de la Magistratura de la Nación para que se reintegre a Díaz Lacava a sus funciones.

El fallo administrativo no modifica la situación procesal de Díaz Lacava, imputado por los mencionados hechos de violencia contra dos hombres y cuatro mujeres que trabajan en el tribunal con asiento en Santa Rosa.

La acusación enmarcó los incidentes en un contexto de violencia laboral y, en el caso de las mujeres, de violencia de género.

La Justicia ya había dispuesto la restricción absoluta de contacto y la prohibición de acercamiento recíproca entre el juez y el personal administrativo.

El antecedente se remonta a 2023, cuando secretarios de su juzgado lo denunciaron por maltrato laboral, abuso de autoridad, coacción y violencia de género.

El dictamen acusatorio del Consejo hizo referencia a "graves desórdenes de conducta personal, y falta de probidad y decoro", y entre las agresiones mencionó que el juez federal le había tirado una piedra a un empleado.

Durante las audiencias, los consejeros Diego Barroetaveña y Álvaro González, a cargo de la acusación, sostuvieron que el magistrado sometió a su personal a un "verdadero infierno" y que su conducta afectó el funcionamiento del tribunal.

La defensa, encabezada por el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, negó que se hubiera probado algún daño, calificó lo sucedido con el piedrazo como una "broma de mal gusto" y presentó el resto de los hechos como "desacuerdos laborales" sin mayor gravedad.

Frente al jurado, Díaz Lacava pidió disculpas a quienes dijo haber ofendido y se comprometió a corregir su relación con los empleados si continuaba en el cargo.

El jury que juzgó a Díaz Lacava estuvo presidido por Marcelo Bartumeu Romero (juez de cámara) e integrado por Néstor Barral (juez de cámara), las senadoras nacionales María Belén Montes de Oca y María Florencia López, los diputados nacionales Nicolás Mayoraz y Christian Zulli, y la abogada de la matrícula federal, Ana Fernández.

El rechazo a la remoción del juez causó desilusión entre los 16 denunciantes.

Si bien los afectados confían en que el avance de la causa penal desemboque en una reparación, la perspectiva de continuar trabajando bajo estas malas condiciones los desalienta.

"Estamos desilusionados, con mucha tristeza. Se ve que para que sea motivo de destitución la piedra tenía que haber pegado en alguien o haberlo lastimado (al empleado)", manifestaron las víctimas.

Con esta decisión, Díaz Lacava se convirtió en el tercer juez sometido a jury en menos de un año.

Su suspensión había sido ordenada en abril, junto con la de otros dos jueces federales bajo investigación: Alfredo López, de Mar del Plata, y Gastón Salmain, de Rosario.

López fue destituido el 18 de agosto pasado, acusado de difundir mensajes discriminatorios contra la comunidad judía en su cuenta de X.

Por su parte Salmain, procesado y con prisión preventiva, todavía espera su jury. Se lo acusa de haber ocultado en su currículum que había sido expulsado del Poder Judicial y de pedir coimas a cambio de fallos al parecer en favor de imputados.

A ellos se suma Martín Poderti, destituido en diciembre de 2025 de un tribunal oral de Mar del Plata.

La moto había sido sustraída el 30 de agosto pasado, mientras estaba estacionada en inmediaciones de Alem y Libertad; posteriormente fue encontrada en un descampado en inmediacione sde Santa Cruz y Los Andes. Le faltaban los plásticos y la patente.

Tras el análisis de las cámaras de seguridad municipales y particulares, se logró establecer la presunta autoría del hecho, por lo que se solicitaron dos allanamientos.

Los procedimientos otorgados por el Juzgado de Garantías Nº 2 de Menores se realizaron ayer, en una casa de calle Salta al 100 y en otra de Formosa al 200.

A cargo de personal del Destacamento Zona Sur y del GTO Punta Alta, en el primer allanamiento fueron secuestrados plásticos cubre piernas, piezas de ópticas y un guardabarros trasero correspondientes a una moto Honda Wave como la robada. El allanamiento en Formosa tuvo resultado negativo.

La causa por hurto de motovehículo quedó a cargo de la Fiscalía N° 2 del Fuero de Responsabilidad Juvenil de Bahía Blanca y de la Ayudantía Fiscal de Coronel Rosales.
 

Personal de la Policía Federal allanó la semana pasada los domicilios de tres técnicos anestesiólogos (en Bahía y Punta Alta) y también sus taquillas personales en el centro asistencial.

Se secuestraron 11 teléfonos celulares, entre ellos los de los sospechosos (dos mujeres y un hombre) que, por ahora, no están procesados en la causa.

El fiscal reconoció que en el marco de la investigación surgieron tres hipótesis, pero que una tiene más fuerza que otra:

1) "Que la sustracción tenga que ver con el uso recreativo, para administrárselo y drogarse, pero tiene un problema esta hipótesis: cada vez que se usa la monodósis de fentanilo hay un remanente que sobra y quien quiera hacer eso, y trabaje en el hospital, podría hacerlo sin provocar escándalo".

2) "Que la sustracción para venta en el mercado negro, como otros hospitales, clínicas y/o médicos. Pero el fentanilo tiene un muy bajo costo y además es trazable, con lo cual ninguna institución se va a exponer a esto". 

3) "Que alguien quiso provocar un escándalo. Lo digo particularmente porque desaparecieron 25 ampollas, con una buena cantidad de fentanilo cada ampolla, en el momento en que se produjo la muerte del médico anestesista del hospital Italiano (de Buenos Aires, el caso Propofest, que coincide temporalmente con ese momento. 

"Y lo más llamativo es que tanto quien quiera sustraer para venderlo o aplicárselo como narcótico no va a devolver las botellas, no tiene sentido. Las puede devolver alguien que quiere que se sostenga el escándalo", explicó el fiscal.

En cuanto a qué podrían buscar estos tres técnicos con "el escándalo", Del Cero sostuvo que "hasta que asumió el jefe actual de Anestesiología, Pablo Aispuro, había un cierto reparto de horas extras de manera discrecional y, a partir de su gestión, comenzó un reparto más equitativo, que dejó conforme a algunos y a otros no".

Las tres personas bajo sospecha habrían estado de guardia al momento de los faltantes y también en diciembre pasado, cuando se produjo la desaparición de otras 5 monodósis que también fueron "devueltas".

"El delito, de momento, podría ser un hurto. Salvo que se crea que hay una conspiración contra el jefe de Anestesiología", explicó por último el fiscal.

De esa manera el Servicio Penitenciario Bonaerense cumple con el pedido del Juzgado de Garantías Nº 1 de Bahía Blanca, que ayer había reclamado "con carácter de urgente" un cupo carcelario para el hombre.

El traslado, según confirmaron fuentes del SPB, se está dando en estos momentos y Del Valle será ingresado en el área de la alcaidía de la prisión.

Del Valle había sido capturado el domingo 23 de agosto en Florencio Varela, luego de permanecer prófugo más de 15 años por la violación y tentativa de aborto de una niña de 11 años, durante 2009, en Puan.

Si bien por esa causa sería sobreseído, al estar prescripta la acción penal por el paso del tiempo (más de 12 años), el sospechoso continúa privado de la libertad por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar.

Fruto de la violación, cometida en 2009 en Puan, el acusado tuvo uno de los cuatro hijos por los cuales hoy se reclama "alimentos".

La fiscalía buca avanzar hacia el pedido de prisión preventiva de Del Valle por esos hechos, enmarcados en un concurso real de delitos.

Desde la seccional Segunda mencionaron que el procedimiento se produjo alrededor de las 2:30, en Blandengues y Chaco, cuando los efectivos aprehendieron a Elías Ezequiel Mansilla (21) y Javier Daniel Antón (28).

Ambos están sospechados de intervenir en un hecho ocurrido el pasado 26 de agosto, poco después de las 5, en Rondeau al 300, cuando una mujer fue abordada en la vía pública por dos delincuentes que la amenazaron con un arma y la despojaron un rodado marca Zanella ZB.

Las fuentes señalaron que el hecho quedó registrado por cámaras de seguridad, las que muestran el momento en que la víctima es interceptada por los ladrones.

Los imputados, que cuentan con antecedentes, quedaron a disposición del titular de la UFIJ Nº 11, Diego Conti.

Se trata de un Volkswagen Polo gris, con dominio colocado AE 431 VU, que estaba al mando de un menor de 17 años al momento de su interceptación.

El operativo se originó sobre las 19.15 de ayer, cuando personal del COM, perteneciente a la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de Tres Arroyos, dio cuenta de la circulación, en inmediaciones del Parque Cabañas, de un auto con movimientos sospechosos.

Personal de Tránsito y de la Estación de Policía de Seguridad Comunal se presentaron en el lugar, junto con personal del Escuadrón de Caballería, e interceptaron al Polo en la avenida Libertad 2.500.

Si bien en principio se estableció que la patente no tenía impedimento de circulación, se descubrió que los números de motor y chasis (cursados por el sistema informático) presentaban pedido de secuestro activo desde el 19 de marzo de 2025.

Daniel Leonardo Di Lorenzo, dueño del vehículo, había denunciado su sustracción en la comisaría Segunda de General Pueyrredón.

Al menor de 17 años, no identificado por razones legales, se le iniciaron las actuaciones por encubrimiento y fue entregado a sus padres.

En el caso interviene la UFIJ Nº 4 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

La titular de la UFIJ Nº 3, Agustina Olguín, reclamó la sanción durante los alegatos del juicio oral que lleva adelante el Tribunal en lo Criminal Nº 3.

Según la causa, lo hechos ocurrieron entre 2017 y 2021, comenzando cuando la menor tenía 13 años.

De acuerdo a la imputación, los ultrajes "sucedían de manera reiterada, cada vez que el hombre se quedaba al cuidado de la niña, en el domicilio en el que convivía ubicado en la localidad de Punta Alta".

Los voceros agregaron que producto de los abusos "la víctima quedó embarazada y nació una criatura, hecho que para la fiscalía representó un grave daño a su salud".

La defensa no cuestionó la autoría, aunque solicitó que no se considere como concurso real los abusos y se resuelva una sanción en la escala de entre los 8 y 20 años de prisión.

El veredicto se conocerá el próximo lunes a mediodía.

Durante los procedimientos se secuestraron 11 teléfonos celulares, entre ellos los de los sospechosos (dos mujeres y un hombre), además de "81 gramos de marihuana fraccionada" en una de las viviendas, que no tendría vinculación con el caso.

Dos de las requisas se llevaron a cabo en inmuebles ubicados en Los Naranjos al 4700, de esta ciudad, y en Humberto Primo al 1100, de Punta Alta.

En el Municipal los efectivos policiales registraron las taquillas de los involucrados, que no fueron identificados porque hasta ahora no hay ninguna imputación formal en su contra.

La investigación está a cargo del fiscal de estupefacientes provincial, Mauricio del Cero.

Las autoridades del hospital habían denunciado la desaparición del potente anestésico a principios de abril pasado.

Días después personal del establecimiento de salud encontró las ampollas vacías en el mismo sector de donde habían sido supuestamente sustraídas.

Se trata de una sala cercana al quirófano, cuyo acceso no está absolutamente restringido pero tampoco es público.

También se confirmó que esos envases corresponden al mismo lote que los desaparecidos.

El hecho se produjo esta mañana, poco después de las 7, cuando una camioneta Ford de la fuerza militar con asiento en Santa Rosa, La Pampa, y que se movilizaba hacia nuestra ciudad, chocó con un camión Scania que se movilizaba en sentido contrario, al mando de Jorge Ignacio Ramírez (37), oriundo de Salliquelló, quien terminó ileso.

Los uniformados heridos son el teniente coronel Jorge Wahnish, quien sufría dolor en una rodilla; el cabo primero Marcos Villanueva, con mareos y algunas dolencias producto del impacto y el tercer uniformado, sin identificar, sufrió golpes y presentaba dolor en una pierna.

Todos fueron derivados al hospital de Tornquist. 

La colisión se produjo en medio de lluvia y condiciones adversas del clima.

En principio se informó que los tres uniformados no tendrían heridas de suma gravedad.

En el lugar trabajan policías de Seguridad Vial, bomberos, ambulancias y la Policía Científica. La ruta no fue cortada. 

El hecho ocurrió en Borlenghi al 700, alrededor de las 21.

En ese lugar, de acuerdo con lo señalado desde las fuerzas de seguridad, esta adolescente ingresó por la puerta principal de la vivienda, ante un descuido de sus dueños, para robar algunas pertenencias.

Sin embargo, al ser advertida su presencia por el propietario, la joven lo amenazó con un arma de fuego. El hombre y su esposa escaparon del lugar y dieron aviso al teléfono de emergencias 911.

Al llegar, el personal policial encontró en la casa a la adolescente, quien fue desarmada y reducida.

En el lugar se secuestraron un revólver calibre .22 largo con nueve municiones intactas, precintos y guantes, además de una billetera y $21.000 pertenecientes a las víctimas.

Interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 3. La carátula es tentativa de robo agravado por el uso de arma de fuego.

Esa posibilidad fue informada por distintas fuentes allegadas al caso del hombre cuya causa por abusar de una niña de 11 años prescribió (debido a que se mantuvo prófugo por más de 12 años), pero continúa privado de la libertad por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar.

Fruto de la violación, cometida en 2009 en Puan, el acusado tuvo uno de los cuatro hijos por los cuales hoy se reclama "alimentos".

Mientras la fiscal Leila Scavarda reúne prueba para tratar de pedir la prisión preventiva de Del Valle por esos hechos, enmarcados en un concurso real de delitos, trascendió que se habría ordenado el traslado del mismo desde la seccional pringlense a una unidad carcelaria provincial.

"Sabemos que se ordenó la medida, aunque no manejo la información si ya se concretó. Entiendo que aún no", comentó la abogada Yamila Segovia, hermana de la víctima del delito sexual e impulsora de la causa.

De hecho ayer, la fiscalía le pidió al Juzgado de Garantías N° 1 que la Dirección de Asistencia y Tratamiento del Servicio Penitenciario Bonaerense otorgue cupo "con carácter de urgente" para el detenido Del Valle "a la alcaidía de la unidad penal que considere adecuada".

Días antes, desde la defensa del imputado se había pedido que, en caso de ser derivado a una prisión, sea a una cercana a la zona de Florencio Varela, donde vive su familia de origen.

Sin embargo, no se informó a qué establecimiento sería derivado Del Valle ni cuándo se concretará la medida, aunque se cree que será en breve.

Buscan mantenerlo preso

Si bien el incumplimiento familiar es un delito considerado menor, con poca expectativa de pena, la clave pasa porque hasta el momento se sostiene el concurso real de delitos (4 hechos). 

Esto, de mantenerse la figura del artículo 1 de la Ley 13.944 (incumplimiento de los deberes de asistencia familiar), que prevé un máximo de 2 años de prisión, podría significar una eventual pena en expectativa máxima de 8 años (2 por cada uno de los 4 casos).

Sin embargo, desde la querella plantearon la posibilidad de agravar el cuadro según el artículo 2 bis de la misma normativa.

Ese apartado prevé penas de 1 a 6 años de prisión a quien, con la finalidad de eludir el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias, "maliciosamente destruyere, inutilizare, dañare, ocultare, o hiciere desaparecer bienes de su patrimonio o fraudulentamente disminuyere su valor".

La abogada Yamila Segovia, junto a su colega Norberto Filippini, presentó días atrás un escrito en la fiscalía para que se investigue esta posibilidad, ya que no descarta que Del Valle haya actuado con "testaferros o prestanombres" para ocultar propiedades y eludir su obligación alimentaria.

Dijo que mientras estuvo prófugo residió o dispuso de un inmueble que no estaba a su nombre, así como vehículos y propiedades de alquiler. 

"Estamos trabajando en esas posibilidades y reuniendo prueba pendiente", dijo un investigador.

Y también aclaró que el pedido de prisión preventiva podría encontrar sustento, a su vez, en el peligro de fuga del acusado, teniendo en cuenta su postura en el caso del delito sexual, por el cual estuvo prófugo casi 15 años, hasta que lo capturaron el domingo 23 de agosto en Florencio Varela.

Fuentes judiciales indicaron que Raúl Ángel Beramendi hizo uso de su derecho de guardar silencio al momento de ser indagado por el fiscal de la UFIJ Nº 19, Mauricio Del Cero.

Los voceros señalaron que el sujeto "se encontraba con libertad condicional cumpliendo una condena por robo agravado" y que quedó imputado del delito de "tenencia de estupefacientes con fines de comercialización".
Beramendi fue arrestado durante un allanamiento realizado en su vivienda de Undiano al 2.100, en el marco de una causa en la que se investiga un hecho ocurrido el pasado 28 de agosto, en Juan Molina y Sixto Laspiur, cuando uu hombre fue abordado por dos delincuentes en la vía pública.

En el lugar los policías incautaron 90 gramos de cocaína y 570 gramos de cogollos de marihuana, bolsas de nylon recortadas para fraccionamiento, una balanza de precisión, dinero en efectivo y dos teléfonos celulares.

Es para profesionales que deseen integrar las distintas listas de designaciones.

Los interesados deberán dirigirse a sus respectivos colegios profesionales durante el mes en curso.

Para el caso de profesionales no colegiados, tendrán que presentarse, hasta el 30 de septiembre inclusive, en la sede de la presidencia de la Cámara Civil, de 8 a 14. El organismo está ubicado en Estomba 34, piso 5.

Para mayor información se pueden comunicar al 291-4009600 (interno 32520).

El hecho que motivó el ataque de un vecino a otro, registrado en Las Glicinas al 900, fue producto de una discusión por el volumen de la música.

En ese contexto, Armani se aproximó a la reja de ingreso de la vivienda y Lorenzo le habría aplicado dos puntazos con un arma blanca, uno en el cuello y otro en un brazo, por lo que fue llevado de urgencia al Hospital Penna.

La lesión en la base del cuerpo, sobre el primer anillo traqueal, fue resuelta con cirugía y la herida en la parte media del brazo derecho afectó la arteria basilar.

El juicio se había programado en noviembre del año pasado pero se había suspendido por falta de jurados, a partir de las recusaciones que realizó la defensa. 

El juez técnico será el doctor Eugenio Casas, integrante del Tribunal en lo Criminal Nº 2, y el debate tendrá lugar en el quinto piso de Tribunales, Estomba 34.

Se trata de Daiana Valeria Sánchez, quien fue vista por última vez el pasado miércoles 26 de agosto.

La mujer es de contextura delgada, mide 1.65, es de tez morena, tiene cabellos largos negros por la espalda y, como señas particulares, presenta un lunar en el pómulo derecho, un piercing en la lengua y un tatuaje en el brazo derecho que dice Maxi.

Al momento de ausentarse vestía buzo con capucha de varios colores, calza negra y zapatillas negras y llevaba una mochila azul con puntitos de colores.

Cualquier información al respecto tendrá que ser comunicada al 911 o al teléfono 291-4553011.

El procedimiento se originó a raíz de la investigación por la sustracción de una motocicleta Yamaha MT-03, hecho ocurrido durante la mañana en Los Chañares al 2.800.

En este marco, efectivos abocados a la pesquisa divisaron en el domicilio de calle Islas Orcadas a dos jóvenes (de 15 y 16 años) que intentaban retirar del inmueble el rodado sustraído. Al observar la presencia policial, intentaron ingresar nuevamente a la vivienda y opusieron activa resistencia al procedimiento, por lo que fueron aprehendidos por los delitos de robo y resistencia, siendo rápidamente reducidos.

Asimismo, en el lugar se procedió a la aprehensión de los moradores del lugar: Penélope Mansilla (23 años), Tatiana Romero (19 años) y Matías Mansilla (18 años), por el delito de encubrimiento.

El vehículo sustraído fue formalmente secuestrado.

Por el hecho tomaron intervención las Unidades Funcionales de Instrucción y Juicio N° 15 y del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N° 3. El hecho está caratulado como robo, resistencia a la autoridad y encubrimiento agravado por la participación de menores.

Los adolescentes fueron restituidos a sus respectivos progenitores.

La iniciativa fue llevada adelante por personal de la Comisaría Primera, con la colaboración de la policía motorizada de UPPL, Caballería y UTOI.

En este marco, se aprehendió a Fausto Funes, de 20 años, quien era buscado por el delito de robo agravado. A esto posteriormente se le sumaron los delitos de atentado y resistencia a la autoridad y daño, ya que al verse abordado por los uniformados intentó huir.

El procedimiento se llevó a cabo en calle La Niña al 600.

Funes cuenta con un extenso prontuario por delitos contra la propiedad y a mano armada.

Además, en un retén ubicado en Brown y EE.UU. se detuvo a Ezequiel Figueroa, de 36 años, sobre quien pesaba un requerimiento de paradero por el delito de encubrimiento en Río Cuarto.

En el mismo lugar se procedió a la detención de José Luis Mansilla, de 42 años, quien era buscado por el Juzgado Correccional N° 6 de Cañada de Gómez, en Santa Fe, por los delitos de lesiones y robo.