El joven JSM, es conocido como "Mayonesa". Además, otras 16 personas resultaron aprehendidas tras el megaoperativo efectuado en el asentamiento de Ciudadela. En este marco, efectivos de la Policía Bonaerense llevaron a cabo 24 allanamientos para dar con el paradero del presunto integrante de la banda narcocriminal involucrada en el homicidio de Molina, que prestaba servicio en la Fuerza Barrial de Aproximación

Oficiales de las Fuerzas de Operaciones Especiales UTOI, GPM, GAD y HALCÓN colaboraron en los procedimientos mediante los que se concretó el arresto del implicado, quien fue ayudado por cómplices que lo encubrieron. 

Los uniformados concretaron los arrestos de un hombre, dos mujeres y el menor -quien sería el segundo de Guillermo Agustín Geréz, apodado "Gordo Tilín", señalado por ser el cabecilla de la organización-, y las aprehensiones de ocho varones y otras ocho femeninas, al tiempo que secuestraron 15 celulares, cocaína, marihuana, ocho balanzas de precisión, elementos de corte y dinero en efectivo ($1.235.000).

Las autoridades incautaron también una pistola Browning calibre 9 milímetros sin numeración visible, con cargador y municiones; un revólver Bersa Thunder 9 con leyenda "Policía Provincia de Buenos Aires", con cargador y 17 municiones, que posee una solicitud de secuestro activo a requerimiento de la UFI 10 de San Martín desde el 16 de marzo pasado, y una pistola Bersa Thunder sin numeración con cargador y municiones.

Además, se realizó un operativo de saturación mediante el que se identificaron 430 personas, se requisaron 470 vehículos, se secuestraron 15 motos y otros cuatro autos por carecer de documentación.

El menor quedó a disposición de la Fiscalía del Fuero Penal Juvenil del Departamento Judicial de San Martín por el delito de homicidio.

Molina, que tenía 26 años y era padre de un bebé de dos meses, concurrió el 18 de julio a Fuerte Apache a ese lugar junto a otros policías.

En ese momento quisieron identificar a dos hombres que escaparon en dirección al interior del Nudo 1. Él se adelantó unos a metros respecto de sus compañeros y, cuando ingresó a esa zona, resultó herido de bala. Alan fue trasladado al hospital Carrillo de Ciudadela, el personal de salud constató lesiones en la axila derecha y otra en la cintura del lado izquierdo, sin orificio de salida, y luego confirmó su deceso. (con información de NA)

Como consecuencia de esta situación, la muerte del oriundo de Pedro Luro nunca quedó asentada en el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).

La fiscal federal Iara Silvestre le pidió al juez federal Nº 1 bahiense, Walter López da Silva, que emita un nuevo oficio para inscribir el fallecimiento de Facundo y así "subsanar" el error administrativo, aunque sin investigar qué pasó con el documento original.

Pero López da Silva se negó a emitir una nueva documentación al plantear que la orden original de hace seis años sigue vigente y que no puede "reemplazar" un documento público desaparecido.

Entonces el magistrado les ordenó a los fiscales Silvestre, Horacio Azzolín y Alberto Gentile investigar qué sucedió con el certificado original que estaba en manos de la perito Creimer.

La Cámara Federal de Apelaciones de Bahía adhirió a la postura de López da Silva, argumentando que se debe investigar el paradero del certificado entregado a Creimer, en vez de decretar una medida nueva.

Según el expediente, el 3 de septiembre de 2020 el Cuerpo Médico Forense entregó el certificado original a la perito de la querella, Virginia Creimer.

La entrega fue autorizada por la jueza federal Nº 2 bahiense que en ese momento investigaba la desaparición del joven, María Gabriela Marrón, a pedido de los abogados de la madre de Facundo.

Al no haberse presentado el certificado ante el RENAPER, para el Estado argentino Astudillo Castro no figura legalmente como fallecido.

El incidente salió a la luz porque autoridades del cementerio de Pedro Luro le exigieron a Cristina Castro, madre de Facundo, la entrega de la "licencia de inhumación".

Además advirtieron que a raíz de la inexistencia de este documento, podrían tener que remover los restos del joven por falta de identificación legal.

Es que la Cámara Penal de Bahía Blanca rechazó su libertad asistida, medida que se otorga a quienes están a meses de finalizar temporalmente la sentencia.

De esa manera la Sala I (votos de los jueces Gustavo Barbieri y Christian Yesari) confirmó la resolución adoptada por el juez Claudio Brun, interinamente a cargo del Juzgado de Ejecución Penal Nº 2.

Caramelli, exdirector de Parques Municipales, fue sentenciado en tres causas diferentes. La primera de ellas, en 2017, por extorsión y exacciones ilegales; la segunda, en 2019, por el homicidio culposo de Daiana y la omisión de sus funciones y la tercera, el mismo año, por extorsión reiterada (6 casos) y tentativa de extorsión.

Su defensora particular, Bárbara Sager, apeló la decisión de no hacer lugar a la libertad asistida, al considerar que el juez Brun no había tenido en cuenta un dictamen pericial de mayo pasado, favorable a su asistido.

Autocrítica limitada

Sin embargo, los camaristas Barbieri y Yesari ratificaron el fallo.

"Entiendo que en autos no se cuenta con un informe de peritos que pronostique en forma individualizada y favorable la reinserción social del condenado. Ello con fundamento en los elementos de tenor cautelar que surgirían de los informes psicológicos", explicó Barbieri, con la adhesión de Yesari.

En la última pericia, conocida en junio último, se destacó cierta evolución en el condenado, pero se concluyó que su autocrítica es "limitada" (frente a los hechos que motivaron su condena) y que presenta "falta de elaboración de dificultades en el plano subjetivo".

Así la Cámara entendió que existen "aspectos cautelares" que impiden otorgar el beneficio y, en consecuencia, consideró "improcedente" el recurso de la defensa.

El profesional, que nació en Bahía Blanca hace 43 años, dirigirá la subsecretaría de Relaciones con el Poder Judicial y la Comunidad Académica, dependiente de la secretaría de Justicia del ministerio de Justicia nacional, a cargo de Juan Bautista Mahiques.

El funcionario oriundo de Bahía, graduado de la carrera de Derecho en la Universidad de Buenos Aires (UBA), se especializó en crimen organizado, corrupción y terrorismo, así como completó una diplomatura en la Universidad de Salamanca, en España.

También se desempeña como docente universitario.

Una de las principales tareas de la subsecretaría a cargo de Manfredi es la articulación de vínculos entre la cartera de Justicia, el Poder Judicial (incluido el Consejo de la Magistratura) y las instituciones académicas.

La dependencia además coordinará políticas de diálogo entre el Ejecutivo y los diferentes actores del sistema judicial, y organizará actividades educativas conjuntas con universidades y centros de investigación jurídica.

Además, promoverá proyectos que requieran la participación de magistrados, funcionarios judiciales y especialistas en Derecho, como también elaborará propuestas que necesiten el aporte de distintos sectores del servicio de justicia.

El nombramiento se formalizó ayer por medio del decreto 663/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el primer mandatario argentino.

Manfredi tiene vasta experiencia en la justicia federal y hasta esta designación era secretario del juez nacional en lo Criminal y Correccional federal Nº 2, Sebastián Ramos, que interviene en causas por delitos complejos y corrupción, entre otras.

Antes había cumplido tareas en el juzgado federal Criminal y Correccional Nº 3, también de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y fue secretario del juzgado federal de Ushuaia.

Desde 2001 está radicado en Capital Federal y en 2003 ingresó a trabajar en el Poder Judicial de la Nación.

Sus estudios primarios los cursó en la Escuela Nº 5 y después estudió en el colegio secundario La Inmaculada, ambas instituciones de Bahía Blanca.

La medida se adoptó tras el pedido de los abogados de la querella, Martiniano Greco y Carlos Carnevale, en el marco de la investigación por el traumático fallecimiento del abogado de 68 años, quien el 6 de junio pasado cayó desde un entrepiso -sin protección ni autorización de construcción-, luego de trastabillar.

Los celulares deben ser entregados bajo la figura de orden judicial de presentación (no es allanamiento) y pertenecen a los dueños de la franquicia: Ariel Gustavo y Graciela Fernanda Vecchi y Ernesto German Decker; al gerente, Lucas Roberto Abraham y a la encargada de seguridad e higiene Alejandra Nora Molina.

Muerte en el gimnasio: por qué la querella podría ir por el dolo eventual

La decisión también incluye a un arquitecto necochense, Eber Nicolás Panscin, quien estuvo a cargo de la obra ubicada en la avenida Cabrera.

Trascendió que algunos de los equipos (como el de Graciela Vecchi) ya están en poder de Aguilar, mientras que otros todavía no. Ariel Vecchi, por caso, avisó que lo iba a entregar una vez que regresara de un viaje que cursa en los Estados Unidos.

La querella (abogados de la familia de Cafasso) solicitó la búsqueda de diálogos en comunicaciones cruzadas entre los distintos actores, con distintas palabras clave.

Los términos propuestos son: "Entrepiso”, “baranda”, “barandas”, “contención”, “madera”, “pared”, “banners”, “lona”, “cartel”, “elíptico”, “elípticos”, “máquinas”, “cardio”, “cielorraso”, “techo”, “caída”, “botella”, “riesgo”, “peligro”, “seguridad”, “higiene”, “habilitación”, “municipalidad”, “inspección”, “plano”, “obra”, “Eber”, “arquitecto”, “Molina”, “Lucas”, “Ariel”, “Graciela”, “Decker”, “SportClub”, “Power Zone”, “intimación”, “cese” y “clausura”.

El análisis -desde septiembre de 2025 hasta la fecha del deceso- se hará a través del sistema UFED Cellebrite Premium, que permite recuperar toda la información contenida en los aparatos, incluso aquellos datos borrados recientemente.

El rastreo abarcará WhatsApp, Telegram, Signal, SMS, iMessage, correos electrónicos, registro de llamadas, contactos, grupos, archivos adjuntos, fotos, videos, documentos PDF, planos, informes, notas y calendarios, entre otros servicios y aplicaciones.

Los investigadores buscarán determinar si, antes del hecho, existieron diálogos sobre los peligros del entrepiso montado, que tenía banners que simulaban paredes, pero no tenían ningún tipo de contención.

La detención de Sebastián Emiliano Roa (21) se concretó ayer a la noche, en una vivienda ubicada en Julio César Avanza 2060, donde los efectivos policiales incautaron prendas de vestir y calzado usados al momento de la sustracción.

El procedimiento había sido ordenado por el juzgado de Garantías Nº 1.

Roa está sospechado de ser uno de los autores de un robo cometido el sábado, en una propiedad situada en Paraná al 2200, en donde habría ingresado con su novia después de forzar el candado de la puerta principal.

Allí sustrajeron mercadería, dos garrafas y otros bienes, pero el delincuente pudo darse a la fuga del lugar.

El arresto del joven se pudo materializar dos días después del robo, gracias al análisis de imágenes registradas por cámaras de seguridad.

El mismo día del hecho delictivo, los uniformados habían arrestado a Rocío Belén Cabrera (27), pareja de Roa.

La Policía recuperó parte del botín que estaba en poder de la aprehendida.

El Juzgado de Garantías Nº 3, de esa manera, hizo lugar al pedido del fiscal Mauricio Del Cero, a cargo de la causa. 

La captura del sospechoso se dio el jueves 16, por parte de personal de la comisaría Quinta, aunque se lo venía investigando desde hace varios años.

El 17 de septiembre de 2021, Méndez había sido sorprendido con unos 200 gramos de marihuana en su poder, mientras que el 19 de enero de 2023 lo interceptaron con poco menos de 4 gramos de cocaína.

"En este caso la causa se puso en marcha con la actuación del personal del Comando de Patrullas, cuando interceptó un vehículo sin dominio en inmediaciones a Newton y Necochea, en el que Méndez circulaba como acompañante”, describieron.

Al momento de ser indagado por el fiscal el acusado hizo uso de su derecho de guardar silencio.

Se explicó que el análisis del teléfono celular del sospechoso arrojó el hallazgo de comunicaciones y mensajes de los cuales surge “la finalidad de comercialización de la sustancia”.

Los peritos determinaron contactos entre Méndez y una persona detenida en otra investigación, también por infracción a la ley 23.737.

Se trata de Rodolfo Ariel Molina, quien el 12 de junio pasado fue atrapado en Capitán Montero al 2.200, acusado de haber comercializado cocaína y marihuana entre octubre de 2024 y el 15 de enero de este año, en distintos puntos de la ciudad.

La maniobra quedó registrada en los videos del local, ubicado en Zelarrayán al 2.900, que analiza la Policía junto con otros elementos de prueba.

Por el momento no hubo avances que puedan ser mencionados públicamente en la investigación, bajo la instrucción de la fiscalía.

"Hasta ahora no tenemos noticias", confirmó hoy Ayelén Martín, una de las titulares de Ciudad Mágica.

En las imágenes se puede observar cómo uno de los ladrones desciende a una oficina mediante el uso de una soga y luego de gatear hacia los cofres los toma y -tras ascender a una silla- los sube para que los tome su cómplice, que se encontraba en el techo.

"No de estas características, pero tuvimos muchos robos y, ante cada hecho, ponemos más seguridad. Ahora seguramente tendremos que volver a reforzar", había dicho Ayelén Martín a poco de consumado el delito.

"Se llevaron dos cajas fuertes y las dos tenían dinero. Una era más grande, que es la que tiran a lo del vecino (por la calle El Resero) y que al caer se abre, se rompe y queda vacía, y la otra es la chica, que directamente se la llevaron. Había bastante dinero, no puedo asegurar el monto porque recién abrimos", agregó.

El dramático episodio ocurrió el domingo 19 de julio en el cruce de las calles Presidente Néstor Kirchner y 17. La dramática secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de la zona y generó impacto.

En las imágenes que fueron viralizadas se puede observar como dos vehículos circulaban sobre la avenida hasta que uno de ellos, un Peugeot 206, pasó sobre una boca de tormenta.

En ese momento, el auto despistó, chocó contra el otro vehículo y se incendió. En medio del rombo que realizó durante el siniestro, terminó completamente destrozado.

A causa del impactante choque, hay dos jóvenes de 18 años heridos de gravedad que continúan hospitalizados.

Los vecinos señalaron que desde hace tiempo realizan reclamos para que arreglen la tapa de alcantarilla, la cual quedó suelta luego de una refacción y habría sido la desencadenante del accidente.

Pese a que pasó más de una semana del impacto, todavía quedaron restos del auto sobre la calle, un árbol que permanece afectado y un cantero que también quedó destruido. Por otra parte, varios sectores de la misma avenida continúan en obra y la propia boca de tormenta tampoco fue arreglada. (con información de TN)

El operativo, para el cual fue clave la colaboración de las cámaras del centro de monitoreo, se dio sobre las 3.50 de hoy.

Las capturas, a cargo de personal de la comisaría Primera de esa ciudad, se dio en Dean Funes y Dorrego, aunque el comercio afectado, denominado Empilchados, está ubicado en Colón 542.

Los menores, acusados de robo agravado por su comisión en poblado y en banda, ya fueron entregados a sus padres.

Se estableció que habían sustraído distintas prendas de vestir (22 jeans, 3 pantalones de vestir y 5 buzos), que descartaron en la zona de 25 de Mayo y Libertad. 

Matías Lorea, de 23 años, refirió que los desconocidos cortaron la chapa del techo de una oficina y sustrajeron un millón de pesos y una notebook.

El hecho, según quedó registrado en las cámaras internas, se habría registrado en la madrugada del domingo, aunque recién se constató hoy.

Personal de la comisaría Segunda, junto con el CeUM, la Policía Científica y la DDI, trabaja en el esclarecimiento del delito, con intervención de la UFIJ Nº 2.

"Es la primera vez"

Matías Lorea, en declaraciones al Servicio Informativo de LU2, confirmó que es la primera vez que ingresan a robar en los 5 años de funcionamiento del negocio y que la situación causa "bronca por el despelote que generan".

"Estaban dubitativos, en el video se ve que no sabían que había una cámara y van agachados por el piso. Estuvieron 5 minutos", relató.

Además de dinero, se llevaron una computadora, con información del local, que estaba encriptada. 

"Estábamos por instalar la alarma en el local. Además del daño en el techo, barretearon la puerta del depósito para entrar. Y también dejaron desorden", detalló el comerciante.

Sobre la posibilidad de que sean los mismos autores que en Ciudad Mágica, Lorea dijo que algunos policías "sospechaban de las mismas personas, como si hubiera venido gente de afuera durante el fin de semana".

El incidente se produjo sobre las 9, cuando Nicolás Mariano Fernández, de 38 años, se presentó de urgencia en la seccional de Villa Mitre, porque su hija Aurelia, de apenas 5 días, se encontraba morada y sin poder respirar. 

En medio de la desesperante situación, la sargento Lorena Méndez tomó a la pequeña y le realizó maniobras de emergencia, logrando reanimarla. Se pudo establecer que la bebé tenía obstruidas las vías respiratorias con su propio vómito.

Una ambulancia fue citada a la emergencia y el personal médico "no constató otra anormalidad" en la pequeña, que se retiró junto a su padre.

Ayelén Martín, una de las titulares de la firma Ciudad Mágica, que hoy a la madrugada fue blanco de boqueteros, dio detalles del hecho que investiga la Policía.

"Se llevaron dos cajas fuertes y las dos tenían dinero. Una era más grande, que es la que tiran a lo del vecino (por la calle El Resero) y que al caer se abre, se rompe y queda vacía, y la otra es la chica, que directamente se la llevaron. Había bastante dinero, no puedo asegurar el monto porque recién abrimos", relató.

El local, ubicado en Zelarrrayán al 2.900, cuenta con cámaras y alarmas -funcionan con o sin iluminación- que registraron el hecho, aunque no se activaron los sensores del techo, que es por donde ingresaron los delincuentes.

"Tenemos que ver por qué no funcionó el sensor del techo, que no es nuevo sino que estaba instalado hace rato", agregó Martín.

"En las cámaras se ven claramente a dos personas, una que baja con una soga y una sábana, y la otra que se queda en el techo recibiendo lo que le alcanzan", detalló.

La comerciante aclaró que en este momento no puede asegurar que los ladrones tenían información precisa, porque "tal vez fue casualidad", pero que seguramente será motivo de investigación.

"Lo que sí fue todo muy rápido, desde que sonó la alarma llegamos en 5 o 10 minutos y también ya estaba la Policía, pero se habían retirado", declaró.

Al menos de las cámaras de seguridad privadas no se observa el empleo de algún vehículo, aunque no se descarta que estuviera alejado de la esquina. Sí se ve a los desconocidos cuando escapan a pie.

El siniestro se produjo poco después de la una de la madrugada, en un inmueble de Blandengues 2000, donde Milagros Gabriela Fernández terminó con quemaduras de gravedad.

La joven, de 21 años, recibe asistencia en la Terapia Intensiva del Hospital Municipal, donde está conectada a un respirador artificial.

Fernández permanece internada con pronóstico reservado, compromiso de las vías aéreas y bajo sedación y analgesia, a raíz de haber sufrido quemaduras en el 40 por ciento de su cuerpo.

Según publicó una tía de la víctima en redes sociales, el hecho habría sido intencional y que a su sobrina al parecer "la ataron y la prendieron fuego".

En el lugar trabajan peritos bomberos para intentar establecer la causa del foco ígneo.

Pocos minutos antes del incidente, vecinos del sector supuestamente escucharon gritos provenientes de la finca incendiada, que estaría usurpada.

Cuando salieron a la vía pública, al parecer hallaron a Fernández inconsciente tendida sobre la calle.

Policías de la comisaría Quinta se presentaron anoche en el lugar del hecho, después de un aviso al número de emergencias 911.

Poco después arribaron bomberos del Cuartel Central y apagaron el fuego, que destruyó la propiedad por completo.

También intervinieron operarios de guardia de Defensa Civil.

La causa, por ahora caratulada "averiguación causal de incendio", está en trámite en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 2.

El hecho se produjo esta madrugada en el comercio de la cadena Ciudad Mágica, ubicado en Zelarrayán al 2.900.

Sobre las 4, según la denuncia del dueño, Eduardo Martín (61), se recibió un aviso de la empresa de vigilancia Securitas, cuyo personal llegó al lugar porque se activó la alarma y detectó la existencia de al menos tres boquetes en el techo del local.

Los delincuentes -que quedaron filmados por las cámaras privadas, aunque estaban con rostros cubiertos- accedieron a la oficina donde había dos cajas fuertes -una más grande que la otra- y escaparon en apenas 3 minutos, tras descender con una soga y una sábana. 

Uno de los cofres -abierto y vacío- lo abandonaron en una casa vecina, mientras que con el otro se lo llevaron una importante suma de dinero -no trascendió cuánto- que estaba prevista para el pago de proveedores hoy.

Con la llegada de la Policía y los peritos de la Policía Científica, se detectaron una mochila y un handy abandonado en la parte superior del negocio.

Todas las fuerzas de seguridad y la DDI, en coordinación con el Centro Único de Monitoreo (CeUM), trabajan para tratar de dar con los delincuentes.

El Tribunal Federal de Juicio bahiense condenó a Daniel Alberto Regunaga (54) como autor del delito de defraudación agravada, por haberse cometido en perjuicio de la administración pública.

La maniobra estafatoria se consumó el 26 y 27 de agosto de 2015, cuando una persona se comunicó por teléfono con la entidad bancaria y se identificó falsamente como “Santiago García”, presentándose como supuesto contador de la empresa Iturria S.A., clienta del Nación.

Para inducir al error al personal del banco, el acusado también envió correos electrónicos desde una casilla trucha, en los cuales adjuntó notas con membretes apócrifos y firmas falsificadas de los representantes de la firma.

La “puesta en escena” fue lo suficientemente creíble para engañar a los empleados bancarios, quienes autorizaron una transferencia de $ 95.006,05 desde la cuenta de la empresa hacia una caja de ahorro a nombre de la coimputada Natalia Soledad Zubeldía.

Esta caja de ahorro estaba radicada en la sucursal Realicó del Banco Nación, en la provincia de La Pampa.

Al día siguiente, Zubeldía y Gustavo Alberto Villarreal -el otro condenado- retiraron el dinero en efectivo e inmediatamente después el hombre hizo ocho giros bancarios (siete por $ 10.000 y uno por 5.000) destinados a la cuenta de Regunaga en la sucursal bancaria Plaza de Mayo.

Ese mismo día Regunaga, nacido en Avellaneda y de profesión maestro mayor de obras, cobró el total de 75.000 pesos.

El 27 de agosto los delincuentes intentaron realizar dos transferencias más bajo la misma modalidad, pero fueron detectadas y bloqueadas por las autoridades del banco antes de concretarse.

Si bien para defenderse Regunaga alegó que el dinero recibido correspondía al pago por trabajos de refacción hechos para un particular, no aportó ninguna prueba que respaldara sus dichos.

Los informes de la AFIP (actual ARCA) y el sistema Nosis confirmaron que Regunaga “no tenía actividad económica declarada ni capacidad crediticia que justificara un ingreso de esa magnitud”, calificando el movimiento como “absolutamente atípico” para su perfil financiero.

Por otra parte, Villarreal  declaró que Regunaga fue quien le indicó a qué cuenta bancaria debía transferir el dinero mal habido.

Sebastián Foglia, uno de los jueces del tribunal, dictó la sentencia condenatoria contra el estafador en el marco de un acuerdo de trámite abreviado, en el que el acusado reconoció su responsabilidad en los hechos y aceptó la calificación legal y la pena consensuadas entre la fiscalía y la defensa.

La causa se inició a raíz de la denuncia radicada por quien al menos en ese momento era el gerente del Banco Nación en Bahía, Carlos Puig, quien alertó sobre tres operaciones sospechosas hechas los días mencionados.

Puig tomó conocimiento de las irregularidades cuando el 27 de agosto de ese año, el jefe del área Banca Empresas le pidió autorización para hacer dos transferencias desde la cuenta corriente de Iturria S.A. a la compañía Philips Argentina, ya que se había excedido “el monto del acuerdo de descubierto”.

Llamó la atención de Puig que la cuenta de Iturria S.A. registrara un descubierto inusual, teniendo en cuenta que es un “cliente con excelente comportamiento comercial”.

Por medio de averiguaciones internas, el personal del banco estableció que aquel día se efectuaron dos débitos sobre esa cuenta, producto de “órdenes” recibidas por mail “acompañadas de notas escaneadas que aparentaban provenir de la firma”.

Sin embargo, las autoridades de Iturria S.A. negaron haber impartido tales instrucciones.

“Ambas operaciones del 27 de agosto de 2015 fueron realizadas, pero no llegaron a perfeccionarse: una fue bloqueada antes de concretarse y la restante permanecía suspendida preventivamente por el área de Ilícitos de la entidad”, precisa el fallo.

“Ello permitió recuperar íntegramente esos fondos. A su vez se pudo determinar que el día anterior, el 26 de agosto de 2015, una maniobra idéntica sí se logró consumar”, agrega.

Foglia no halló circunstancias eximentes de responsabilidad en relación con el condenado, ni tampoco fueron planteadas por las partes.

"Se tuvo como atenuante el reconocimiento de la existencia del hecho que implica la suscripción del acuerdo firmado por Regunaga”, señala el fallo.

“También se ponderó la fecha del hecho atribuido como atenuante (2015), así como el alcance de la conducta”, agregó el magistrado.

“Por otra parte, no corresponde valorar como agravante los antecedentes penales que registra el imputado (informe del Registro Nacional de Reincidencia del 20 de mayo de este año, en el que surge una condena del 28/8/2018), tal como lo postuló el fiscal en el acta de juicio abreviado, puesto que al momento de la comisión de los hechos aquí juzgados Regunaga carecía de antecedentes condenatorios”, fundamentó el magistrado.

En el debate abreviado intervinieron además el fiscal federal Gabriel González da Silva; la auxiliar fiscal, María Kairuz; y el defensor oficial federal, Gabriel Jarque.

También como reglas de conducta, Regunaga deberá fijar residencia y someterse al control de la Dirección de control y asistencia y ejecución penal.

La condicionalidad de la pena al imputado podría revocarse si incumple alguna de estas reglas.

Resarcimiento. Las partes del proceso acordaron que Regunaga donara $ 600 mil al hogar Pequeño Cottolengo "Beato José Nascimbeni", donde residen y se asiste a mujeres con discapacidad, en vez de estar obligado a realizar tareas comunitarias a modo de reparación del daño económico.

Probation. Villarreal y Zubeldía, cómplices de Regunaga, fueron sancionados con una suspensión de juicio a prueba (probation que está firme), por eso deben hacer estas tareas.

Según los especialistas, en inmediaciones al lugar del hecho no hay cartelería “previa” que indique una reducción gradual de la velocidad antes de llegar al sitio donde se establece un límite de 40 kilómetros por hora.

En base a cálculos, un vehículo necesita unos “82,27 metros para reducir la velocidad de 110 (máxima por ley en ruta) a 40 km/h con una frenada fuerte, y la distancia entre el cartel y el inicio de la huella de derrape fue de sólo 50”.

Allí la señal de tránsito indica máxima de 40 como consecuencia de que la “calzada es resbaladiza y el camino sinuoso”.

Los expertos de la asesoría pericial del Poder Judicial bonaerense concluyeron además que, si bien la visibilidad y la iluminación eran buenas al momento de la colisión entre ambos autos, en ese tramo hay “curvas y pendientes” entre las sierras que “afectan la visión”.

Esta nueva información sobre la mecánica del impacto entre el Citroën C3 y el Ford Focus podría mejorar la situación de Juan Ignacio Daulerio (28), quien conducía el primer vehículo, a bordo del cual viajaban las víctimas fatales.

Si bien hasta ahora el fiscal Cristian Aguilar no indagó al médico porteño investigado, Daulerio podría quedar imputado de cuádruple homicidio culposo y lesiones culposas, además de eventualmente afrontar millonarias demandas civiles.

Por otra parte, los nuevos estudios concluyeron que el Citroën invadió el carril contrario luego de un deslizamiento hacia su izquierda y causó el impacto contra el Ford, así como establecieron que la presencia de tierra sobre la cinta asfáltica “redujo significativamente la adherencia y el coeficiente de rozamiento de los neumáticos”.

Los dos ingenieros mecánicos y el licenciado en Criminalística que llevaron a cabo los estudios, se refirieron asimismo a dificultades para diferenciar entre las huellas de frenado y las de derrape en los registros fotográficos, lo que “impide una estimación matemática precisa de las velocidades exactas al momento del impacto”.

Agregaron que a la altura del kilómetro 227 de la ruta provincial 76, donde a principios de mayo se registró el lamentable desenlace, la calzada tiene banquinas “angostas e, incluso, inexistentes en ciertos tramos, con superficies variables entre pasto y tierra”.

Para los expertos, la mecánica del choque más probable es que el Focus circulaba desde Sierra de la Ventana hacia Tornquist y en sentido opuesto transitaba el C3, que al parecer se deslizó hacia su izquierda e invadió el carril contrario.

A raíz del desplazamiento, el Ford impactó con su frente el lateral derecho del otro vehículo, en el que sólo sobrevivió Daulerio.

“El punto de impacto se ubicó en el carril correspondiente al Ford Focus, que tras la colisión quedó cruzado casi perpendicularmente a la ruta en su propio carril, con las ruedas delanteras sobre la banquina”, señala el informe.

“El Citroën C3 realizó una rotación antihoraria, terminando en una zanja aledaña a la banquina opuesta, paralelo a la ruta y con el frente orientado a 180 grados respecto de su sentido original”, agrega el documento oficial.

Las conclusiones técnicas determinaron que ambos rodados revistieron el carácter de “embistentes y embestidos, debido a la naturaleza de la colisión fronto-lateral”.

“La evidencia disponible no permite determinar la trayectoria de los cuerpos de las víctimas en el momento inmediato posterior al impacto, ni establecer con exactitud las velocidades de circulación previas debido a las inconsistencias en la caracterización de las huellas en el lugar del hecho”, finaliza el peritaje.

Este nuevo peritaje fue solicitado por el abogado bahiense Sebastián Cuevas, que asesora a Daulerio, después de impugnar los análisis accidentológicos realizados por peritos de la Policía Científica bahiense.

El defensor había planteado que en el sector de curva donde se produjo el impacto entre el Citroën y el Ford no hay señalización vial.

Cuevas también objetó la velocidad del C3 indicada por el peritaje inicial y consideró "imposible" que el coche se movilizara a 130 km/h al momento de la colisión.

De acuerdo con las fotos que aportó a la investigación, el letrado sostuvo además que no hay una "frenada de 80 metros" como concluyeron los peritos de la Científica, quienes -afirmó- tampoco tuvieron en cuenta "algunas deficiencias" de la banquina.

Muertos. A los fallecidos se los identificó como Talía Araceli Mansilla (29), María de los Milagros Chirinos (28), Ezequiel Agustín Quaglio (31) y Laura Camila Díaz Sandoval (26), quien era colombiana y estudiaba Medicina en Argentina.

Domicilios. Mansilla era de Lanús; Chirinos y Quaglio, de Caballito; y la colombiana Díaz Sandoval residía en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Escena. Mansilla, Chirinos y Díaz Sandoval perdieron la vida en el lugar del siniestro, mientras que Quaglio murió en el Hospital Municipal de Tornquist.

Fiesta. Al momento del choque, los ocupantes del Citroën C3 volvían de una fiesta en una estancia de Tornquist.

Pareja. En el Ford viajaban Alejandro Daniel Prezzi (47) y su pareja, Griselda Buchanan (47), que sufrieron fracturas.

Según informaron fuentes oficiales, la detención se concretó alrededor de las 4:10, tras una investigación llevada adelante por personal del Destacamento Palihue y el Grupo Táctico Operativo (GTO) de la comisaría Segunda, con apoyo del Centro Único de Monitoreo y cámaras de seguridad de la zona.

El sospechoso fue identificado como Sergio David Vallejos, de 33 años, quien fue reconocido por los investigadores como el presunto autor del hurto denunciado el viernes en el kiosco Korner Shop, ubicado en Fuerte Argentino 405, y de otro hecho ocurrido el pasado 17 de julio en la farmacia Avenida Alem.

Durante el procedimiento, y en presencia de un testigo, los efectivos secuestraron perfumes, cremas, chocolates y las prendas de vestir que el acusado habría utilizado al momento de cometer los hechos investigados.

La causa quedó caratulada como "hurtos reiterados" y es investigada por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 7 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

De acuerdo con la denuncia presentada por el propietario del comercio, el jueves cerca de las 12:10 un hombre ingresó al local, realizó una compra e intentó pagar con una tarjeta de débito, aunque la operación fue rechazada por falta de fondos.

Tras retirarse, los responsables del kiosco revisaron las cámaras de seguridad y advirtieron que el cliente había sustraído un kilogramo de panceta sin abonarlo.

A partir del análisis de las imágenes y las tareas de seguimiento, los investigadores lograron identificar al sospechoso, quien finalmente fue localizado horas más tarde en la Terminal cuando intentaba abandonar la ciudad. Durante la aprehensión también fueron secuestrados los perfumes vinculados al hurto cometido días atrás en la farmacia de Alem.

“Cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía”…

En la vida cotidiana se suele pronunciar esta frase, casi de manera inmediata, cuando alguien ofrece o brinda un favor, un regalo o una ayuda y se cree que hay algo detrás de esa acción.

El refrán podría aplicar de manera perfecta a las estafas a través de falsas plataformas de inversión, donde supuestos brokers reciben dinero de personas prometiendo rentabilidades superiores a las del mercado, aunque finalmente nada de eso ocurre y se apoderan de los ahorros de las víctimas.

Pero estas estructuras delictivas suelen estar organizadas de tal manera que, pese a sonar casi irreal lo que prometen, logran quebrar el prejuicio inicial de los interesados y empujarlos a “confiar”.

Es un fenómeno que se produce a nivel mundial y nuestra ciudad no es la excepción.

Recientemente se supo que varios bahienses, algunos de ellos por montos millonarios, también resultaron damnificados.

Los casos fueron denunciados y se encuentra trabajando la UFIJ N° 20, a cargo del doctor Rodolfo De Lucia.

La maniobra

En uno de los hechos presentado ante la justicia provincial, y al que tuvo acceso La Nueva., la víctima describió que el año pasado accedió a una plataforma que se presentaba como una empresa o bróker financiero dedicado a inversiones y trading identificada como RoboBroker o Robo Broket Global Markets Ltd.

Indicó que la propuesta se presentaba como “seria, profesional y legal”, ofreciendo invertir y operar con la colaboración de asesores especializados para alcanzar grandes rentabilidades.

El damnificado agregó que se exhibían activos como criptomonedas (Bitcoin, Ethereum, Gold, etc), índices y otros instrumentos financieros.

Señaló que realizó una inversión inicial de 5 mil dólares y que fue recibiendo directivas de una serie de personas (aportó las identidades que mencionaron) para realizar supuestas operaciones.

Cabe destacar que algunos de esos nombres coinciden con los de brokers registrados en la FINRA, que es una corporación privada que funciona como organismo de autorregulación para las firmas de corretaje y corredores de bolsa en Estados Unidos, por lo que no se descarta también la posible maniobra de suplantación de identidad.

Manifestó que los contactos fueron realizados a través de la plataforma, chat interno, WhatsApp y llamadas.

“Me guiaban en las operaciones y me explicaban que, para poder soportar eventuales caídas del mercado, era conveniente tener más dinero en la cuenta. De esa forma me incentivaban a ingresar más fondos, bajo el argumento de que un mayor ´colchón´ permitía sostener operaciones abiertas y evitar pérdidas”, describió.

Indicó que durante los primeros meses tuvo la oportunidad de realizar “retiros menores” por algo más de 4 mil dólares, como una forma de generar confianza y reforzar la apariencia legal del sistema.

Con el correr de los meses el denunciante llegó a depositar alrededor de 35 mil dólares y la plataforma le exhibía saldos totales (sumando las supuestas ganancias) cercanos a los 200 mil.

Exigencia y bloqueo

Sostuvo que en marzo de este año pretendió retirar otros 4 mil dólares y que allí tomó conciencia de que se trataba de un engaño.

Comentó que pasaron algunas semanas y esa solicitud de extracción no era aprobada, por lo que reclamó y en una primera instancia recibió respuestas evasivas.

Detalló que posteriormente el argumento de los sujetos cambió y le manifestaron que no podía retirar el dinero porque debía realizar “declaraciones fiscales, balances o pagos de impuestos en el exterior”.

Adujeron que hasta tanto ese movimiento no sería aprobado “por razones de seguridad y para evitar sanciones”.

La víctima describió que incluso le advirtieron sobre la posibilidad de ser inspeccionado, recibir multas o problemas por supuesto blanqueo de capitales en caso de no realizar esas gestiones.

De la misma forma, le señalaron que para evitar tener que llevar adelante esos supuestos trámites (le llegaron a mencionar la necesidad de viajar al exterior), podía firmar documentación y transferir una suma adicional de 23.500 dólares a una cuenta bancaria radicada fuera de nuestro país para cubrir esos gastos.

Ante esta situación consultó a un abogado, quien le advirtió que podía tratarse de una estafa y le aconsejó no depositar más dinero.

Mencionó que al negarse a pagar su cuenta fue “suspendida, restringida o bloqueada”.

Dijo que luego una persona le volvió a indicar que debía abonar para poder recuperar su plata y que dejó de responder “para no continuar siendo inducido a transferir nuevas sumas”.

Complejidad

El abogado Martiniano Greco, que asesora a algunas de las víctimas de estas maniobras, sostuvo que “desde hace un tiempo comenzamos a tener un número creciente de consultas por estafas virtuales, las que se presentan cada vez más complejas y sofisticadas”.

Describió que la captación de las víctimas generalmente se produce a través de publicaciones en redes sociales, como Instagram o Facebook, o por llamadas de personas que se hacen pasar por representantes de bancos o asesores.

“Las víctimas son seducidas cuando escuchan los márgenes de ganancias que estos individuos prometen”.

El letrado refirió que “con la utilización de la inteligencia artificial pueden elaborar contenido, incluso utilizando a personas conocidas, para inducir a la gente a caer en estas maniobras. Las páginas o plataformas que utilizan logran replicar sitios de fondos de inversión o entidades bancarias”.

“Lo que preocupa es que los montos de las estafas están siendo elevados y que algunas de las personas que resultaron damnificadas tienen preparación y estudios universitarios, lo que demuestra la sofisticación que van teniendo estas modalidades de estafa”, siguió diciendo.

Consideró que estos delincuentes son “especialistas en estafas” y que “invierten dinero para confeccionar páginas o sitios que emulan los verdaderos y hasta las ganancias que supuestamente producen esas inversiones”.

Falsas promesas

Greco indicó que “hoy en el mercado de capitales, inversiones conservadoras -de bajo riesgo- te dan márgenes de ganancias de un 4 al 8% anual en dólares, cuando los estafadores te prometen 15 o 20 mensual. Las personas deben asesorarse con un matriculado y no dejarse influenciar por publicidades o discursos engañosos”.

Explicó además que “para ingresar dinero y realizar una inversión de modo seguro es necesario hacerlo en una sociedad de bolsa o con asesores financieros matriculados. En el sitio de la Comisión Nacional de Valores se puede buscar información y obtener datos sobre lugares serios”.

Indicó que “en algunos casos nos hemos dado cuenta de que son estafas transnacionales, con dominios registrados fuera del país o personas que tienen acento extranjero”.

“Hay que tener en cuenta que cuando las ganancias son descomunales, como en estos casos, es porque hay una estafa o riesgos altísimos, lo que puede conllevar a perder lo que se invierta”, advirtió finalmente.

Alertas en el mundo

En España. La Comisión Nacional del Mercado de Valores advirtió que RoboBroker utiliza un dominio web falso para hacer pasar por una firma de inversión legítima y registrada.

Bélgica. La Autoridad de Servicios y Mercados Financieros (FSMA) incluyó al mismo dominio en su lista negra de plataformas fraudulentas que engañan a inversores con falsas promesas de ganancias rápidas.

En el país. Según los registros de la Comisión Nacional de Valores de Argentina, la plataforma no se encuentra autorizada o inscripta para operar de manera legal.

Delitos. En las denuncias presentadas por el letrado Martiniano Greco consideró que podrían estar presentes delitos como estafa, defraudación mediante manipulación informática, asociación ilícita y hasta lavado de activos.

Se trata de Eduardo Rodrigo Reyes, apodado "Olivo", de 44 años de edad, quien fue puesto a disposición del fiscal Mauricio Del Cero, de la UFIJ Nº 19.

El arresto se produjo durante un allanamiento realizado en una vivienda ubicada en Felipe Deluster al 600, donde los efectivos incautaron 66 gramos de cocaína, dos balanzas digitales, 15 celulares, un millón de pesos y recortes de nylon.

Los voceros señalaron que la causa se puso en marcha a mediados del mes pasado, cuando personal de la comisaría montehermoseña comenzó a investigar la supuesta comercialización de estupefacientes al menudeo.

Reyes será indagado en las próximas horas por parte del Ministerio Público.