A todo esto, a algunos vecinos les rompieron el medidor y a otro se lo desarmaron, pero no se lo llevaron porque era de plástico.

En la jornada del martes, el hecho se dio en un sector ubicado en cercanías de Brown y Siches, mientras que el miércoles ocurrió lo mismo, esta vez sobre el boulevard José Avenente.

La explicación que daban los damnificados era similar en todos los casos: en un momento del día dejaban de tener agua corriente y, cuando salían a la calle, se encontraban con un charco de grandes proporciones en la vereda de su casa. Algunos, incluso, llegaron a comunicarse con ABSA para ver qué ocurría.

La explicación llegaba a los pocos minutos cuando, en medio de una calzada inundada, encontraban el motivo de su falta de líquido: no tenían el medidor, por lo que el agua dejaba de ingresar a la vivienda y se vertía por la vereda y la calle.

El martes, la solución llegó luego de que la prestataria del servicio repusiera los medidores, entendiendo que la situación era de urgencia y que no era responsabilidad de los frentistas lo que estaba ocurriendo.

Sin embargo, en la tarde del miércoles, grande fue la sorpresa de un vecino cuando encontró la verdadera razón de lo que pasaba: al observar sus cámaras de seguridad, vio a un adolescente (de entre 13 y 15 años) abriendo las tapas de los medidores e incluso manipulando uno de ellos para robarlo, algo que finalmente hizo.

Por el momento, los vecinos no hicieron la denuncia correspondiente ante la Justicia, aunque sí piensan hacer un escrache en redes sociales. Además, el adolescente no fue identificado por los vecinos.

Se lo identificó como Eber Walter Manuel Caseres, de 37 años, cuyo domicilio, en Manuel Molina 2.135, había sido allanado el 29 de marzo pasado, por orden judicial.

La causa se inició cuando la Policía interceptó a Caseres en la vía pública de Inglaterra y Río Atuel, encontrando en su poder casi 42 gramos de marihuana fraccionada en 33 envoltorios.

La causa, a cargo del fiscal Mauricio Del Cero, avanzó con el análisis de su teléfono celular, de cuyo contenido se pudo confirmar que el hombre "comercializaba y distribuía dosis fraccionadas", según comunicó la comisaría Quinta, a cargo del procedimiento.

En consecuencia, hoy se dispuso su detención, la cual se llevó a cabo sobre las 10.30 en su vivienda.

Caseres quedó a disposición del fiscal Del Cero y el Juzgado de Garantías N° 4.

El hecho se produjo en las instalaciones de la Escuela Primaria Nº 10, ubicada en Pernici y Gurruchaga.

Fuentes consultadas señalaron que el artefacto era utilizado para dotar de agua a los baños de los docentes de la institución.

"Se había roto antes del receso invernal y durante las vacaciones el Consejo Escolar había autorizado la compra de una nueva, por lo que el proveedor aprovechó ese momento para instalarla", explicaron.

Detallaron que anteayer el profesional concurrió al colegio para revisarla y descubrió lo sucedido.

Describieron que los ladrones ingresaron por el sector trasero y violentaron el candado del cuarto donde estaba colocada la bomba.

También mencionaron que en el patio de la escuela hallaron un cuchillo que habrían utilizado los delincuentes.

Desde el establecimiento refirieron que la actividad es normal y destacaron la predisposición del plante de docentes y auxiliares para hacer frente a las complicaciones provocadas por lo sucedido.

Agregaron que se encuentran realizando gestiones para determinar si el seguro podría cubrir parte de los costos de reposición del artefacto.

Vecinos de ese sector de la localidad cerrense, que no cuenta con agua de red, refirieron en redes sociales que también sufrieron la sustracción de este tipo de elementos.

El caso fue denunciado ante las autoridades, quienes se encuentran investigando lo ocurrido.

Se trata del bahiense Antonio Ramón Villegas (65), que se descompuso aproximadamente a las dos de la madrugada en el pabellón colectivo donde estaba alojado.

Sus compañeros le aconsejaron que "caminara un poco", por eso dio una vuelta por el sector, se sentó en su cama y se desvaneció.

Otros presos dieron aviso al encargado del pabellón y rápidamente trasladaron a Villegas al área de Sanidad del establecimiento carcelario para su atención.

Desde allí lo derivaron al hospital saavedrense, donde constataron su deceso.

Según fuentes oficiales, el hombre era diabético e hipertenso y no cuidaba su salud.

A fines de 2017 el Tribunal en lo Criminal Nº 1 bahiense había condenado a Villegas a cumplir la pena de 14 años de prisión, por los delitos sexuales contra dos niñas que quedaban a su cuidado.

Para la fiscalía, el nombrado sometió a una de las chicas entre los 5 y 20 años, en tres domicilios de Bahía.

Los abusos habrían consistido en manoseos y, de acuerdo con la denuncia, ocurrían a la mañana, cuando su madre se ausentaba del domicilio para ir a trabajar.

En el caso de la otra víctima, que al momento del juicio oral todavía era menor de edad, las agresiones sexuales se habrían cometido entre los 5 y 13 años, en dos de esas viviendas.

Villegas le habría exhibido a la chica revistas y videos pornográficos, además de manosearla y someterla a otras prácticas sexuales.

Durante el debate el fiscal Mauricio del Cero acusó a Villegas de abuso sexual gravemente ultrajante, promoción de la corrupción de menores agravada por la edad de la víctima y abuso sexual gravemente ultrajante.

Villegas había sido detenido en mayo de 2017, en esta ciudad.

El debate se extenderá hasta mañana y es llevado adelante por el Tribunal en lo Criminal Nº 3.

El sujeto, quien se encuentra en libertad y no se identifica para preservar a la víctima, está acusado de abuso sexual gravemente ultrajante (2 hechos) y abuso sexual simple.

En el debate intervienen el fiscal Diego Torres y el abogado defensor Pablo Soteri. 

En tanto, la familia de la víctima es representada por los letrados María Victoria Lassallette y Jorge Ignacio Otharán.

De acuerdo a la imputación del Ministerio Público, los sucesos (manoseos y otras prácticas) se produjeron en dos domicilios de aquella ciudad, aprovechando que la menor se encontraba residiendo junto a su abuela.

Uno de los episodios habría ocurrido en diciembre de 2018 (por entonces tenía 8 años la damnificada) y los restantes en febrero de 2021.

Voceros judiciales señalaron que está previsto que durante esta jornada se escuchen las declaraciones de los testigos y mañana se desarrollen los alegatos de las partes.

Se lo identificó como Alexandre Agustín Cuevas, a quien interceptó personal de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), en medio de un operativo de control en la zona de Ángel Brunel y Juncal, sobre las 21.30 del martes.

Además de la pistola 9mm., de marca Beretta, se le encontró un envoltorio con 10,2 gramos de marihuana.

El joven fue trasladado a la comisaría Primera y fue puesto a disposición de las UFIJ Nº 15, 19 y 7 de nuestra ciudad.

El hecho se produjo poco después de las 23 de ayer, cuando un auto Fiat Cronos, al mando de Pedro Ariel Arroyo, de 50 años y domiciliado en nuestro medio, chocó con un camión Ford de la firma Andreani, al mando de Guillermo David Cali (60).

Como resultado del fuerte impacto, los acompañantes de Arroyo, Patricia Catalina Leiva (59) y Martín Ignacio Garmendia (45), debieron ser trasladados en una ambulancia al hospital Municipal, con traumatismos varios aunque, en principio, sin riesgo de vida.

Los dos conductores fueron sometidos al test de alcoholemia y el resultado fue negativo.

Peritos de la Policía Científica trabajaron en el lugar, teniendo en cuenta que ambos vehículos quedaron sobre la banquina, sin obstruir la calzada.

Se iniciaron actuaciones sumariales con intervención de la comisaría Séptima y la UFIJ Nº 1.

La fotografía fue sacada en el negocio "El chicle" y, en menos de 24 horas, ya contaba con miles de comentarios de apoyo y solidaridad.

"Queridos vecinos:

Queremos expresar nuestro más profundo y sincero agradecimiento a todas las instituciones, familiares, amigos, vecinos, colegas y a toda la comunidad por el inmenso apoyo, el cariño, el afecto y el respeto que hemos recibido en estos días tan difíciles.

Gracias a quienes nos acompañaron, a quienes nos hicieron llegar un mensaje, una oración o un abrazo, y a todos los que estuvieron presentes de una u otra manera. Cada gesto de amor y acompañamiento ha sido un gran consuelo para nuestra familia.

Con profundo agradecimiento, familia Vega. Santi siempre presente".

El último viernes a la noche hubo festejos en el Club Puerto Comercial por el 111º aniversario. Luego del encuentro, un grupo de personas fue a un pub ubicado en San Martín y Plunkett, donde en la madrugada del sábado tuvo lugar una discusión que terminó con la muerte de Santiago Vega, de 19 años, tras un ataque con arma de fuego.

Tras la agresión se produjo un intento de fuga que no llegaría lejos, ya que el Volkswagen Gol que manejaba el sospechoso chocó contra la rotonda ubicada en la intersección de la Ruta Nacional 3 y Pedro Pico. Allí la Policía detuvo a Joaquín Eleazar Larraburu, de 25 años, acusado del delito de homicidio.

Durante la aprehensión de Larraburu se secuestró una pistola calibre .22, que será sometida a las pericias correspondientes. Personal de Policía Científica trabajó tanto en la escena del crimen como en el lugar donde se produjo la detención. La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 5.

Los aprehendidos, cuyas identidades no fueron difundidas por disposición judicial, son un hombre de 32 años y una mujer de 37, ambos oriundos de Tres Arroyos.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 13 del Departamento Judicial de Tres Arroyos.

El procedimiento se inició alrededor de las 16.30, cuando efectivos de la Estación de Policía Comunal Tres Arroyos Segunda realizaban un operativo de prevención con controles vehiculares sobre la Ruta Provincial 73, en el acceso a Claromecó.

Según la policía, al intentar identificar un Chevrolet Astra, el conductor realizó una maniobra para esquivar el control y emprendió la fuga. El vehículo fue seguido por los efectivos hasta ser interceptado en la intersección de calle 30 y avenida Costanera.

Detenido el automóvil, los policías observaron que la mujer intentó ocultar un elemento entre sus prendas y se logró secuestrar una bolsa de nylon con 46 gramos de clorhidrato de cocaína y un teléfono celular.

Al conductor se le incautó un teléfono celular y la suma de 530.000 pesos en efectivo. Además, en el interior del vehículo fue secuestrada una tablet.

Ambos fueron aprehendidos por los delitos de presunta infracción a la Ley 23.737 y desobediencia. Actúala UFIJ Nº13.

Yohan Alex García, había sido visto por última vez el pasado 2 de agosto de 2026, alrededor de las 10, cuando se retiró en bicicleta de su domicilio ubicado en Richieri al 2.400.

García fue encontrado a través de una investigación llevada a cabo por móviles policiales, la motorizada y rondines de la Policía Local, junto a la DDI y un rastrillaje con perros detectores K9.

El titular de la UFIJ Nº 1 requirió que se resuelva en un debate oral la situación del encargado del complejo perteneciente al Sindicato del Personal de Industrias Químicas, Petroquímicas y Afines de Bahía Blanca (ubicado en la avenida Pernicia y Alvarado, de la vecina localidad), de un inspector municipal y un ingeniero que inspeccionó la obra, todos imputados por el delito de homicidio culposo.

Se trata de Fabricio Fabián Canteros, Lucas Partal y Andrés Arturo Goñi, respectivamente.

La medida aún no se encuentra firme, ya que, según se informó, la Justicia de Garantías debe resolver aún un planteo realizado por uno de los defensores.

Para el Ministerio Público los procesados "incumplieron los deberes de cuidado de cada uno de sus roles al no cumplir con la exigencia respecto de la colocación de las rejillas que cubren las bocas de salida del agua de la pileta principal".

En el caso Canteros, se lo acusa de no acatar esa medida, mientras que a Partal y a Goñi, de no advertir la ausencia de esas rejillas, en los informes que presentaron en el expediente municipal.

Como consecuencia de esa negligencia o imprudencia, de acuerdo a la imputación, se produjo el fallecimiento del menor por ahogamiento por inmersión cuando uno de sus miembros superiores quedó atrapado por la succión de la boca de salida del agua.

Según comunicó la querella mediante un escrito, Cristina Castro, madre del joven de Pedro Luro desaparecido en 2020 y luego hallado sin vida, recordó "súbitamente" dónde estaba el documento.

La mujer encontró la documentación este fin de semana en la vivienda de su padre.

Así lo confirmó esta mañana a La Nueva. Horacio Azzolín, uno de los tres fiscales federales que investigaron la causa.

La novedad se produjo pocos días después de que tomara estado público que el certificado nunca había sido presentado ante el Registro Nacional de las Personas y tampoco constaba en el expediente judicial.

El faltante había quedado al descubierto cuando desde el cementerio lurense reclamaron el documento necesario para completar la licencia de inhumación.

A partir de esa situación se generaron distintas presentaciones entre el Ministerio Público Fiscal y el juez federal Walter López Da Silva, con intervención posterior de la Cámara Federal de Apelaciones bahiense.

De acuerdo con las constancias incorporadas a la causa, el certificado original había sido confeccionado por el Cuerpo Médico Forense y entregado el 3 de septiembre de 2020 a Virginia Creimer, médica que intervenía como perito de la querella.

La entrega del cuerpo y de la documentación había sido autorizada por la jueza federal María Gabriela Marrón, a raíz de una solicitud de los abogados de Cristina Castro.

La Justicia había pedido a los fiscales Azzolín, Alberto Gentile e Iara Silvestre que determinaran qué había sucedido con el certificado después de aquella entrega y por qué no se había completado la inscripción correspondiente.

En paralelo, el Municipio de Villarino ordenó un sumario administrativo para establecer cómo pudieron ser inhumados los restos de Astudillo Castro en el cementerio de Pedro Luro sin que se presentara la documentación exigida.

La aparición del certificado ahora abre nuevos interrogantes.

La querella sostiene que estaba en el domicilio del abuelo de Facundo, pero no se brindaron precisiones sobre cómo llegó allí, quién lo conservó durante estos años ni por qué no fue entregado cuando comenzó a ser reclamado.

Tampoco se informó si el documento será sometido a alguna verificación antes de completar la inscripción del fallecimiento. La investigación deberá determinar cómo impacta el hallazgo en las medidas que habían sido ordenadas y si corresponde avanzar con otras diligencias para reconstruir el recorrido del certificado desde septiembre de 2020.

Para la Justicia estaba claro que el Cuerpo Médico Forense le había entregado el cuerpo y el certificado a la enviada por la querella: la perito Creimer. De esta manera, Castro evitaba que la médica sea consultada -y eventualmente imputada- por la novela del certificado y su "desaparición/ocultamiento".

El menor, según informaron hoy fuentes del centro asistencial, pasó la noche sin grandes cambios y "continúa bajo estricto monitoreo", en medio de una condición de salud delicada.

El niño sufrió politraumatismos varios, en particular un fuerte traumatismo de cráneo, que obligó a mantenerlo -desde el momento que entró en el hospital provincial, tras ser derivado desde el Municipal- con asistencia respiratoria mecánica.

La grave situación de tránsito se produjo minutos después de las 19 del pasado viernes, en la intersección de Ecuador y Nueva Provincia, en proximidades del Parque Illia y la cancha principal del Club Libertad.

Fue cuando una moto CG Titán, al mando de un joven de 21 años, identificado como Nahuel García, embistió al pequeño, que aparentemente cruzó la calle.

Se trata de Narela Saban, de 29 años, quien sustrajo distintas mercaderías del comercio Lai Lai, ubicado en O'Higgins 31.

El delito quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio. Por esto, Saban quedó a disposición de la Fiscalía de Flagrancia.

La mujer ya había sido aprehendida hace dos semanas por un hecho similar en el local Balbi. Por ello, no se descarta que haya más locales comerciales del micro y macrocentro afectados por hechos de similares características.

El detenido es Franco Nahuel Sánchez, acusado del delito de captación por medios tecnológicos de un menor de edad con fines sexuales (grooming).

El procedimiento hecho en las últimas horas estuvo a cargo de efectivos de la división Cibercrimen de Bahía Blanca, que arrestaron al sospechoso en su domicilio ubicado en José Hernández 760, de Dorrego.

La denuncia contra Sánchez fue radicada por una referente del colegio, a quien la joven le contó lo que había ocurrido.

La investigación está a cargo del fiscal de delitos informáticos bahiense, Rodolfo de Lucia, quien solicitó la detención del nombrado.

La medida fue autorizada por el juzgado de Garantías Nº 4, a cargo interinamente de Guillermo Mércuri.

Los hechos se habrían cometido en 2023, por medio de una cuenta de Instagram falsa, a través de la cual el imputado al parecer le envió mensajes de contenido sexual y le propuso un encuentro a la víctima, actualmente de 17 años.

En septiembre de ese año Sánchez supuestamente les pidió a dos chicas de 14 y 15 años el envío de imágenes de sus zonas genitales, a cambio de dinero.

El imputado se negó a prestar declaración indagatoria y solicitó una audiencia para relatar su versión de los hechos.

Después de la declaración testimonial de la damnificada, los investigadores pudieron establecer la identidad del detenido.

El trabajo de los agentes policiales incluyó el análisis de redes sociales y conexiones IP, además de tareas de campo.

El fiscal Mauricio del Cero, que este fin de semana subrogó al fiscal de homicidios Jorge Viego (en uso de licencia), interrogó ayer a Larraburu pero el imputado guardó silencio por recomendación de su defensor, Eduardo Zalba.

Al detenido se le atribuye el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Ahora los investigadores del caso deberán aguardar los resultados del examen al cadáver de Vega, para tener mayores precisiones sobre la causa de su muerte.

Del Cero indicó que por el momento "no está claro" si el desenlace fatal se originó por una pelea entre hinchas de Puerto Comercial y Olimpo, tal como trascendió inicialmente.

La disputa habría comenzado dentro de un pub situado en San Martín y Plunkett, de White.

"Si bien en los grupos había gente con la camiseta de Olimpo, ni el imputado ni la víctima tenían puestas camisetas de clubes de fútbol", confirmó el representante del Ministerio Público Fiscal.

El sábado a la madrugada Vega fue hallado con una herida de arma de fuego en el cuello y sin vida en inmediaciones de ese bar.

El incidente vial se produjo el pasado viernes y el pequeño -que en principio fue conducido al hospital Municipal y de ahí fue derivado entubado al centro asistencial provincial- es asistido en el área de terapia intensiva pediátrica.

La situación se produjo en la intersección de Ecuador y Nueva Provincia -entre el Parque Illia y la cancha del Club Libertad- cuando una moto CG Titán, al mando de un joven de 21 años, identificado como Nahuel García, embistió al pequeño.

"Presenta politraumatismos varios y traumatismo de cráneo, por lo que permanece con asistencia respiratoria mecánica y bajo atención y monitoreo", confirmó una fuente desde el Penna.

En el caso tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 1.

Luego del encuentro en el club, un grupo de personas fue a un pub ubicado en San Martín y Plunkett, donde en la madrugada del sábado tuvo lugar una discusión que terminó con la muerte de Santiago Vega, de 19 años, tras un ataque con arma de fuego.

Tras la agresión se produjo un intento de fuga que no llegaría lejos, ya que el Volkswagen Gol que manejaba el sospechoso chocó contra la rotonda ubicada en la intersección de la Ruta Nacional 3 y Pedro Pico. Allí la Policía detuvo a Joaquín Eleazar Larraburu, de 25 años, acusado del delito de homicidio.

"La familia está destrozada y nosotros estamos totalmente consternados, no entendemos nada", aseguró esta mañana en diálogo con LU2 el presidente de Comercial, Pablo Reynafé.

"Es un chico que estuvo jugando hasta el año pasado con nosotros, o sea, es categoría 2006, imaginate que todos tenemos relación con Santiago y con la familia. Yo voy a la cancha habitualmente cuando juega mi hijo en una categoría anterior y siempre charlamos con ellos. El papá Marcelo fue consejero nuestro del fútbol mayor, o sea, una familia ligada al club, también fue dirigente", agregó.

Visiblemente dolido, Reynafé sostuvo que "estamos hablando de un pibe bueno, una familia buena, una familia White de toda la vida, no caemos todavía de lo que pasó, no nos entra en la cabeza".

También señaló que "no hay ni consuelo ni justificación para esto. Llevarse la vida de una criatura, porque no estamos hablando de un tipo ni siquiera problemático, es muy doloroso".

Consultado sobre una posible relación del homicidio con cuestiones futbolísticas, ya que el detenido estaría identificado con la hinchada de Olimpo, Reynafé afirmó:

"No creo que tenga que ver que los agresores pertenecían a determinado club y que la cuestión deportiva se metió en el medio. Yo por lo menos no le encuentro por ese lado de relación".

Y añadió: "Por la versión que tenemos, esta gente había llegado ahí al bar y estaba molestando, ya hacía un par de horas que buscaban problemas. Bueno, nadie se había enganchado y terminó como terminó la noche, pero no le veo una vinculación así de hincha a eso. Aparte, este chico (Vega) tampoco es un pibe que tenga ni antecedentes ni nada de este tipo. Esto es un homicidio, un asesinato, una locura".

Durante la aprehensión de Larraburu se secuestró una pistola calibre .22, que será sometida a las pericias correspondientes. Personal de Policía Científica trabajó tanto en la escena del crimen como en el lugar donde se produjo la detención. La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 5.

Es que los abogados de la familia de la víctima (Martiniano Greco y Carlos Carnevale) apelaron la decisión ante la Cámara Penal y el juzgado de faltas municipal (que a su vez mantiene la clausura de tipo administrativo) decidió sostener el cierre hasta tanto el órgano judicial se expida.

Se cree que la cuestión puede ir para largo porque la querella ya aclaró en el escrito que, en caso de ordenarse un fallo en favor de la franquicia, interpondrá recursos ante el Tribunal de Casación Penal bonaerense y, de ser necesario, las Cortes de provincia y nación.

Esta situación genera incertidumbre, no solo por los miles de clientes del gimnasio y el interés comercial de sus dueños sino, especialmente, por la treintena de empleados que cumplía tareas en el lugar.

"Esta parte no pretende prolongar una clausura comercial por una finalidad punitiva ni reemplazar a la autoridad municipal. El establecimiento reconoce que no puede reanudar la actividad sin habilitación administrativa. La pretensión es estrictamente probatoria y temporal. Se limita a conservar los sectores vinculados con el hecho hasta que exista un dictamen susceptible de control y pueda definirse, con información técnica, si se requieren nuevas operaciones. 

"La medida es idónea porque evita cambios sobre la fuente. Es necesaria porque una fotografía o un plano no sustituyen necesariamente la percepción de la estructura, sus uniones y sus relaciones espaciales. Es proporcionada porque admite el ingreso de autoridades y peritos, así como tareas privadas no invasivas previamente autorizadas, documentadas y controladas. El costo temporal es acotado y depende de la presentación del informe ya ordenado. El perjuicio opuesto, en cambio, es definitivo.

"En la medida que la clausura penal sigue siendo materia de controversia judicial resulta improcedente autorizar refacciones o trabajos en las instalaciones de referencia", sostuvo la querella en el recurso que presentó.

Muerte en el gimnasio: ordenan secuestrar los celulares de los dueños

Con la apelación judicial pendiente, el juzgado de faltas dio marcha atrás con el permiso -otorgado el mes pasado, como paso previo a una eventual habilitación- para realizar las refacciones necesarias en el establecimiento, especialmente el resguardo de las paredes del entrepiso, desde donde cayó Cafasso.

"Suspender la autorización conferida el 20 de julio para efectuar tareas en el inmueble de la avenida Cabrera 3.974, hasta tanto se realicen las verificaciones pertinentes que permitan determinar la inexistencia de afectaciones al inmueble y/o al entorno comprometido", definió Faltas en el fallo.

Quiere decir que hasta tanto no quede firme la decisión de la justicia penal, el local se mantendría cerrado y no podría abrirse ni siquiera para realizar las obras de mejora en seguridad, siempre dependiendo de qué postura adopte el juzgado de faltas en cuanto al efecto suspensivo.

"Lo que no está claro es qué temperamento va a adoptar Faltas en caso de un fallo intermedio favorable al gimnasio, en el mientras tanto, sabiendo que la querella eventualmente va a apelar", explicó un informante.

El joven está imputado de doble homicidio culposo agravado por atropellar y matar a dos personas que circulaban en moto y darse a la fuga del lugar.

El hecho sucedió en abril, en Coronel Suárez, donde murieron los hermanos Mayra Melisa (31) y Jorge Damián Videla (33).

La resolución de la Sala I, integrada por los jueces Christian Yesari, Guillermo Petersen y Gustavo Barbieri, se centró en determinar si existen indicadores válidos para mantener a Pallela privado de la libertad mientras avanza la causa.

Barbieri, que votó en minoría, propuso la excarcelación del acusado al fundamentar que el delito atribuido tiene una pena máxima de 6 años de prisión, lo que técnicamente encuadra en los supuestos de libertad que prevé el Código Procesal Penal bonaerense.

Para el camarista, el principio de libertad debe regir durante todo el proceso y el hecho de que Pallela se retirara del lugar para luego volver con su padre no debe interpretarse como una voluntad de eludir la Justicia, sino como un estado de "perturbación emocional".

Sin embargo, prevaleció la postura de sus colegas Yesari y Petersen, quienes opinaron que existen "indicios concretos" de que el procesado intentaría escapar si recuperara la libertad.

El argumento más contundente de Yesari surgió del acta policial del día de la colisión entre la camioneta que conducía Pallela y la moto en la que viajaban las víctimas fatales.

Según las actuaciones, el padre del joven les manifestó a los policías que su hijo lo había llamado para que lo buscara y "le pidió que lo llevara a La Colina (donde se domicilia en el partido de General La Madrid) porque no se quería entregar, insistiéndole que lo saque del país".

El siniestro vial se registró el sábado 25 de abril pasado, en la avenida Casey s/n, a la altura del ingreso al Aeroclub suarense.

De acuerdo con la postura de dos de los tres magistrados de la Cámara, el regreso de Pallela a la escena de la tragedia no fue un "acto voluntario de sometimiento", sino la consecuencia de que la Policía interceptó el vehículo de su papá, frustrando así su intención inicial de huir.

En base a filmaciones del centro de monitoreo suarense, después del impacto el conductor giró en "U", se aproximó a las víctimas para verificar su estado y escapó, abandonando a una de ellas todavía con vida en la banquina, sin auxiliarla.

Por mayoría de votos, la Cámara rechazó la apelación presentada por el abogado defensor de Pallela, Leonardo Gómez Talamoni, y ratificó la preventiva que había dictado la jueza de Garantías Nº 4, Marisa Promé.

El fallo de la Cámara resaltó que, si bien la pena en expectativa es baja, la "gravedad del daño causado y la conducta activa para evitar la acción de la Justicia justifican la medida restrictiva" hasta la realización del juicio oral.

La defensa fundamentó su pedido de excarcelación basándose en que no existen riesgos procesales para mantener al joven tras las rejas.

Gómez Talamoni planteó que Pallela carece de antecedentes penales y tiene "fuerte arraigo" en Suárez, donde reside con su familia, lo que a su criterio disminuye cualquier posibilidad de fuga.

Para la defensa, la Justicia basó la prisión preventiva casi exclusivamente en la gravedad de la pena que podría recibir.

El abogado argumentó que la expectativa de una condena no es suficiente por sí sola para justificar una medida cautelar "extrema" como la preventiva.

Según Gómez Talamoni, su cliente no intentó eludir a la Policía, sino que actuó bajo estado de "perturbación emocional y ebriedad".

Al respecto agregó que fue el propio imputado quien llamó a su padre para informarle su paradero, lo que facilitó que ambos regresaran al lugar del hecho.

Además el defensor particular planteó que, a raíz del "avanzado" estado de la investigación, Pallela "no tiene posibilidad de entorpecer la recolección de pruebas", por lo que su libertad no pondría en riesgo el proceso judicial.

Gómez Talamoni pidió que se consideraran medidas menos gravosas que la cárcel, argumentando que los fines del proceso pueden garantizarse sin necesidad de la prisión preventiva.

Pese a estos argumentos, que fueron inicialmente acompañados por el voto del juez Barbieri (quien consideró que la escala penal del caso permitía la libertad del acusado), la mayoría del tribunal revisor terminó rechazando el planteo al considerar que el intento de huida al exterior estaba debidamente acreditado.