El procedimiento se realizó alrededor de las 4:30 en inmediaciones de Bravard al 1500, donde personal policial logró la aprehensión de José Manuel Rodríguez, de 31 años.

De acuerdo con el parte oficial, el acusado habría ingresado momentos antes a un inmueble ubicado en Holdich al 1500 con fines de robo, tras escalar el frente de la vivienda. En el lugar se constataron daños en la cerradura de la puerta trasera y también en cámaras de seguridad instaladas en la propiedad.

Al advertir la presencia de los móviles policiales, el sujeto emprendió la fuga, lo que derivó en una breve persecución y un posterior rastrillaje en el sector. Finalmente, los efectivos lograron localizarlo cuando se encontraba oculto en las inmediaciones.

Durante la requisa, los uniformados secuestraron tres envoltorios de nylon con cocaína. Asimismo, ya en la dependencia policial, se verificó que Rodríguez registraba un comparendo compulsivo vigente emitido por el Juzgado de Ejecución Penal Nº 1 de Bahía Blanca.

El aprehendido y los elementos secuestrados fueron trasladados a la comisaría Quinta, con intervención de la autoridad judicial correspondiente.

La causa fue caratulada como "robo en grado de tentativa agravado por escalamiento", infracción a la Ley 23.737 y comparendo compulsivo.

"El 19 de mayo se cumplen 5 años de tu desaparición, hijo querido, y no hay nadie que dé una información para que te encontremos Gabriel García Gurrea, hay mucha gente que sabe lo que paso pero no dice nada. Les pido que por favor que puedan aportar algún dato para que se pueda esclarecer tanto misterio y los culpables vayan presos. Te amo hijo mío...".

A "Tibu" -como conocían a Gabriel- se lo tragó la tierra, tanto como a las certezas sobre su paradero. Un misterio que parece tener destino de oscuridad.

El hombre fue visto por última vez la noche del 19 de mayo de 2021, cuando tras una presunta discusión con su pareja, Pamela Antúnez, se retiró de un departamento de la calle General Paz. Desde ese momento no se supo nada más sobre él.

Hubo pericias, allanamientos, rastrillajes en Bahía y campos de la zona y declaraciones testimoniales, pero no se avanzó en la reconstrucción de sus últimos pasos. 

A fines de 2021, la causa pasó a investigarse como un homicidio, aunque las sospechas y los indicios sobre un sector de su entorno nunca se tradujeron en pruebas concretas.

En expedientes conexos, tanto Antúnez como Marcelo Campetella, vecino de la pareja y a quien se señalaba como supuesto amante de la mujer, fueron absueltos por el delito de falso testimonio.

Tanto Cristina como Juan, padre de Gabriel, realizaron innumerables manifestaciones públicas en reclamo de justicia, pero las exigencias no surtieron efecto.

Se fue sin el celular

A los investigadores siempre les llamó la atención que Gabriel "se haya ido" del departamento sin su celular, pero también es cierto que si al hombre lo hubieran "desaparecido", no tendría sentido haberse quedado con el teléfono, cuando pasaron varios días hasta que intervino la Policía.

Otro dato sospechoso es que el GPS del celular de Pamela Antúnez se apagó a las 18.45 del 19 de mayo (día de la desaparición), cuando estaba en una vivienda de allegados suyos en Grünbein (allanada más de una vez) y se volvió a activar recién al otro día, a media mañana, en el mismo lugar.

Prácticamente a la misma hora del día 19 de mayo se determinó que Gabriel viajaba en un colectivo de la línea 319, desde Punta Alta hasta Bahía. A esa hora, el micro hacía el recorrido por la calle Rafael Obligado.

Los investigadores se preguntan si Gabriel pudo haber bajado en Grünbein en vez de llegar hasta su domicilio en el centro.

Pamela declaró que esa tarde/noche ambos discutieron en el departamento y que él luego se fue.

Un compañero de trabajo de "Tibu" declaró que la tarde del 19 de mayo Gabriel se retiró de la verdulería en Punta Alta, donde era empleado, con la idea que iba a tener una "nochecita complicada".

Esa frase se la repitió a su colega antes de verlo por última vez y luego de hacerle alusión a algunos mensajes de WhatsApp que había intercambiado por la tarde con Antúnez.

La mujer le habría informado a Gabriel que tenía pensado ir a una concesionaria Ford para que le tasaran su camioneta Ford EcoSport Titanium, con el fin de venderla y comprar los pasajes para viajar a España.

La idea del viaje de ambos para instalarse en Europa fue motivo de más de una discusión fuerte en la pareja.

Está documentado con la declaración de excompañeros de García Gurrea en el mercado de frutas que, a principios de 2020, ella lo rasguñó y le habría roto el pasaporte porque aparentemente él no quería irse en pareja sino solo.

Sin avances por acá, en 2023 la causa judicial fue cargada por una unidad especializada de la Capital Federal en el sistema de identificación Nombrar, de alcance nacional.

Ese mecanismo consiste en una base de datos unificada para el registro y procesamiento de información de personas fallecidas sin identificar o con paradero desconocido, a fin de entrecruzar patrones de interés para la investigación y detectar coincidencias para la identificación de individuos.

La captura se llevó a cabo alrededor de las 19.30, en Estomba al 400.

En ese lugar, personal del Comando de Patrullas Bahía Blanca aprehendió a Eduardo Paz, de 42 años, quien momentos antes había robado tres champús de una farmacia ubicada en Roca al 100 y se había dado a la fuga.

Tras un operativo en las inmediaciones, personal policial logró interceptarlo y proceder a su aprehensión, recuperándose la totalidad de los productos sustraídos.

Interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca. La carátula es hurto.

Según la causa, investigada por la UFIJ N° 5, el hecho se registró el 17 de diciembre de 2024 en inmediaciones de la calle Segunda Santa Fe y La Niña, cuando cinco personas agredieron con golpes de puños y patadas a la víctima.

En ese contexto, Alexis Ramírez utilizó un arma de fuego con la intención de causarle la muerte a Román -o al menos habiéndose representado que eso podía suceder- le produjo un disparo a la altura del abdomen.

Esa herida le ocasionó a Román una lesión contuso penetrante en región de cresta ilíaca derecha por encima de la cadera, que causó un sangrado en la cavidad abdominal.

Ramírez fue condenado por el delito de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Desde la comisaría Primera los identificaron como Juan Sebastián Eiselle, de 25 años, y Tomás Fernández (33), a quienes se imputó por robo y atentado y resistencia a la autoridad. 

Sobre las 10, personal del Gabinete Investigativo de la Primera arrestó a los nombrados, tras la denuncia por la sustracción de flexibles de medidores, en especial en la cuadra de Alsina al 600.

De hecho, los acusados quedaron filmados por las cámaras de seguridad del sector en medio de los delitos.

Cuando fueron sorprendidos por los uniformados, ambos opusieron resistencia pero finalmente fueron reducidos.

Tanto Eiselle como Fernández tienen amplios antecedentes policiales, según se informó.

Tras una postergación momentánea esta mañana, la medida se adoptó por la tarde, tras un imponderable que sufrió uno de los integrantes del Tribunal en lo Criminal Nº 2, con lo cual la audiencia tendrá que ser reprogramada. 

En el banquillo de los acusados deberá sentarse Rodrigo Oscar Boelter, quien a su vez fuera presidente del Consejo Escolar de Carmen de Patagones por Cambiemos, función de la que fue destituido en marzo de 2017.

Según la causa, investigada por la UFIJ N°10, a cargo del fiscal Gustavo Zorzano, el delito se habría cometido entre el 22 de enero de 2016 y el 21 de septiembre del mismo año, cuando el acusado se desempeñaba como responsable de la escuela de nivel medio.

En el marco del Plan Mejora Institucional de Nivel Secundario, financiado por el Ministerio de Educación de la Nación y articulado con la Provincia de Buenos Aires, se acreditaban sumas de dinero en una Tarjeta Ticket Nación, a nombre del acusado, para realizar distintas obras.

En la denuncia, realizada por un grupo de consejeros escolares de Patagones, se aseguró que Boelter realizó una serie de extracciones cuando ya no ejercía ese cargo, ya que se encontraba en uso de licencia desde el 10 de diciembre de 2015, porque había asumido en el Consejo Escolar. 

Eran unos 50.000 pesos que, a valor de hoy, superarían los 5 millones de pesos.

Durante la investigación se lograron corroborar dichas afirmaciones y se recolectó material probatorio que permitió elevar la causa a juicio para su análisis en debate oral.

No está claro cuando podría fijarse la nueva fecha del juicio, ya que para eso el tribunal tiene que acordar el calendario con la defensa y la fiscalía.

Es que la jueza de Garantías N° 4, Marisa Promé, aceptó la requisitoria del fiscal Marcelo Romero Jardín, quien llevó adelante la investigación y, en consecuencia, la causa pasará a la Receptoría General Departamental para su traslado a la Cámara Penal, a fin de sortear el tribunal en lo Criminal que resolverá  el caso.

Rojas está imputado de abuso sexual simple (5 hechos) y abuso sexual gravemente ultrajante (un caso), todo en concurso real de delitos. Las situaciones se habrían dado en la citada localidad serrana, de donde son oriundos el procesado, asesorado por Sebastián Cuevas, y las supuestas damnificadas, cuyas familias tienen como abogado a Valentín Fernández.

El acusado había logrado el beneficio del arresto domiciliario (tenía previsto vivir en la casa de un tío en Bahía Blanca y avanzar con su emprendimiento de lavadero de autos), pero la Cámara Penal frenó esa medida, con lo cual llegará al debate detenido en la cárcel de Saavedra.

El caso salió a la luz el año pasado, aunque los delitos -básicamente tocamientos, salvo un hecho más grave- se habrían registrado entre diciembre de 2021 y mediados de 2025, tanto en la vivienda de "Cayu" Rojas como en su vehículo y en perjuicio de niñas que tenían entre 8 y 12 años.

En su descargo, el exedil dijo que si hubo tocamientos no fueron en un marco de connotación sexual, sino como muestras de cariño, ya que eran menores que formaban parte de familias que él conocía.

Y en algunos de los casos aludió a un supuesto complot de tipo político en su contra.

El procedimiento se realizó alrededor de la 1:30, luego de un alerta emitido por el CeUM. Personal del Comando de Patrullas interceptó en el sector a Marcelo Eduardo Alegre, señalado como el presunto autor de las agresiones.

De acuerdo con la información oficial, el acusado habría lesionado con un ladrillo en la zona de la oreja a un hombre de 36 años que se encontraba durmiendo en la vía pública. Ambos involucrados se hallaban en situación de calle.

La víctima también manifestó que horas antes, en el mismo lugar, Alegre le habría sustraído una mochila con pertenencias personales, luego de intimidarlo con un cuchillo, para posteriormente escapar.

Tras el operativo, el sospechoso fue trasladado junto con testigos y los elementos secuestrados a la comisaría Primera. En tanto, el damnificado recibió asistencia médica en el lugar..

La causa fue caratulada como “robo y lesiones leves” e interviene la UFIJ Nº 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

El procedimiento se inició alrededor de las 22:20, cuando el Centro de Monitoreo alertó sobre un sujeto que se encontraba pateando canastos de basura en la vía pública. A partir de esa situación, se comisionó un móvil de la Policía Local UPPL, integrado por dos efectivas femeninas.

Según informaron fuentes oficiales, al momento de intentar identificar al hombre, éste intentó evadir a las uniformadas y reaccionó de manera agresiva, intentando golpearlas. Ante esa situación, ambas policías lograron reducirlo sin sufrir lesiones.

Posteriormente, el individuo fue identificado como Abraham Enoc Celedón Echeverría, quien fue trasladado a la comisaría Primera.

En el hecho tomó intervención la UFIJ Nº15 del Departamento Judicial Bahía Blanca, que dispuso las actuaciones correspondientes.

Una pugna entre familias por la posesión de inmuebles, que se originó hace casi una década, derivó en los últimos días en el cierre de dos templos religiosos en nuestra ciudad y Punta Alta, hecho que afecta a más de mil fieles de una congregación.

En el marco del litigio, la justicia en lo Civil y Comercial bahiense ordenó la clausura momentánea de las iglesias ubicadas en Patricios al 300, de Bahía Blanca, y en 11 de Septiembre al 700, en la vecina localidad, vinculadas con la sociedad espírita Paz y elevación.

En medio de la contienda entre familiares de la difunta hermana fundadora, Teresa Bruno, los representantes de la obra espiritista mencionada fueron desalojados de ambos edificios por la fuerza pública.

La discusión entre la parte demandante y la demandada surge a raíz del destino de los Templos Hermana Teresa y los bienes afectados a este culto, de acuerdo con la “voluntad expresa” de Bruno, plasmada en escrituras públicas y actos jurídicos de naturaleza “extrapatrimonial”.

Según explicó Juan Carlos Rochón, nieto de Teresa y vicepresidente de Paz y elevación, los bienes en disputa “nunca integraron verdaderamente el acervo hereditario personal” de su abuela, porque -afirmó- se adquirieron gracias a “aportes, contribuciones y donaciones” de los fieles.

El destino de esos recursos económicos era la “continuidad de la obra espiritual, religiosa y asistencial desarrollada por Paz y elevación”.

Las escrituras públicas incorporadas al expediente avalarían que Bruno “no actuó en beneficio personal ni patrimonial, sino como continuadora y administradora de un legado espiritual colectivo”.

Los demandantes argumentan que en esos documentos se convino “a favor de terceros, identificándose como beneficiaria a nuestra institución”.

El reclamo de la sociedad espírita radica en que, al tratarse de una “estipulación extrapatrimonial” ligada al “sostenimiento permanente del culto y de una obra colectiva, jamás podría ser válidamente revocada por los herederos de Teresa Bruno”.

“En su momento, una hija de mi abuela Teresa, fundadora de nuestra sociedad civil, hizo firmar a mi madre y a mi tío (documentos en los que se acordaba) que los templos estaban dentro de un patrimonio, pero no es así”, remarcó Rochón.

“Después ellos fallecieron y empezó este litigio en el que mis primas y mi tía (ya extinta también) reclaman la posesión de estas propiedades. Mi tía había creado una fundación en paralelo a nuestra asociación y transfirió los bienes a esa institución que presidía”, agregó.

“Ellas hicieron una sucesión toda mal y ahora nos desalojaron por la fuerza pública. Si leen bien las escrituras, se van a dar cuenta de que por lo que estamos luchando hace 9 años no es patrimonio. El tema no pasa por las propiedades, sino por los fieles”, continuó Rochón.

Según el hombre, su tía “engañó” a su mamá y a su tío y no cumplió la voluntad de su abuela Teresa.

“Gracias a Dios que mi madre, antes de fallecer, pudo firmar como arrepentida de haberle firmado a mi tía. Entonces, más que un lío familiar, es una estafa a una entidad de hace muchos años. Mis primas van por las propiedades, porque de la gente de nuestra sociedad no les importa nada”, manifestó.

Por otra parte, Rochón repudió el cierre y la suspensión total de actividades en ambos templos cristianos.

“Estamos cerrados y esta situación genera un perjuicio social. La Justicia se desentiende de los fieles a los que ayudamos, porque esto podría haber tenido otro trámite. La gente no tiene donde ir a rezar”, enfatizó.

Paz y elevación se fundó en 1959 y el Jardín de la fe, uno de sus espacios, reúne a niñas, niños y adolescentes.

“Mi abuela, con un grupo de hermanos, compró los terrenos y edificó las iglesias”, finalizó Rochón.

En 2023, un juzgado en lo Civil y Comercial de primera instancia había dictado un fallo en consonancia con la postura de esta parte procesal, al reconocer que “el conflicto no podía ser analizado bajo una lógica meramente patrimonial o sucesoria”.

El juez entendió que las propiedades en cuestión no constituyen “bienes personales ordinarios” de Bruno, sino que están afectados a una “finalidad espiritual y comunitaria vinculada directamente a la continuidad del culto y de la obra espiritista Paz y elevación”.

“Esa misma línea argumental también fue receptada inicialmente al admitirse la medida cautelar de no innovar, destinada a preservar los templos y evitar alteraciones irreversibles mientras la cuestión de fondo continuaba sometida a revisión judicial”, señalaron los integrantes de la sociedad.

Sin embargo, tiempo después se revirtió la resolución en instancias superiores y se dispuso el desalojo de ambos templos.

Pese a que la cuestión judicial de fondo está pendiente de resolución, ya que existe una queja presentada ante la Corte provincial, Rochón y sus allegados temen por el avance material sobre los bienes y el cierre definitivo del espacio espiritual (reconocido oficialmente por el Estado), ya que se les negó toda posibilidad de participación y control.

Legajo. El exministerio de Culto autorizó y reconoció la continuidad institucional de “Paz y elevación Sociedad Espiritista” manteniendo vigente el legajo 612, lo que “acredita el reconocimiento estatal de nuestra continuidad jurídica, espiritual e institucional”.

Reunión. Rochón tenía previsto reunirse con autoridades de la dirección de Culto municipal para abordar la problemática.

Avance. El abogado de Rochón, Ricardo Tapia (trabaja con su colega Federica González Estévez) aclaró que “mientras tanto, la fundación favorecida por la sentencia continúa avanzando materialmente sobre los templos, promoviendo desalojos, cierres y desplazamientos de las actividades espirituales históricas de Paz y elevación”.

Fondo. Advirtió el letrado que todo esto sucede al tiempo que “la cuestión de fondo aún no cuenta con resolución definitiva de la Suprema Corte de Justicia”.

El hecho ocurrió alrededor de las 14.30 del domingo, en Juan B. Justo y De Solier, luego de que el sistema de monitoreo CeUM observara a dos personas provocando daños mediante patadas en el ingreso al establecimiento educativo.

Posteriormente se procedió a la aprehensión de Leonel Marzoli Álvarez, de 20 años, y de un menor de edad. En las ropas del primero se encontró una sustancia verdosa similar a la marihuana, con un peso aproximado de 2 gramos.

Según se indicó, en el jardín de infantes no se registró faltante de elementos. Los daños solo se produjeron en la puerta de chapa.

La carátula es tentativa de robo agravado por participación de un menor e infracción a la Ley 23.737.

Intervienen la UFIJ N° 15, la UFIJ del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N° 3 y la UFIJ N° 19 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

La captura ocurrió minutos antes de las 9, en Santa Cruz y Junín.

En ese lugar, personal policial observó a dos hombres circular en una moto sin patente y con faltante de plásticos. Cuando se trató de detener el vehículo, los sujetos emprendieron la fuga, iniciándose una persecución por distintas arterias, la cual culminó cuando los mismos perdieron el control del rodado y cayeron en un descampado, resistiéndose posteriormente al accionar policial.

Así fue que se procedió a la aprehensión de Nicolás Ibáñez Moro, de 19 años, quien conducía el rodado, y de Juan Gabriel Galiano, de la misma edad, quien viajaba como acompañante. Además, se constató que esa moto presentaba el tambor de ignición dañado y carecía de dominio colocado.

Posteriormente, mediante análisis de cámaras del CeUM, se estableció que ambos sujetos habían sustraído momentos antes otra motocicleta que se encontraba estacionada en inmediaciones de Belgrano y Soler, rodado que fue hallado posteriormente abandonado y con daños en el tambor de arranque.

Los aprehendidos y elementos secuestrados fueron trasladados a sede policial.

Sobre el mediodía se acercó otra persona a sede policial, denunciando que habían intentado sustraer su motocicleta estacionada en Lavalle al 300, dañando el trabamanubrio, las cachas y el cableado de ignición. Al chequear las cámaras particulares del lugar, se establece que se trataba de los mismos aprehendidos que habían intentado la sustracción minutos antes de haber robado la cual conducían. 

La carátula es robo agravado de vehículo dejado en la vía pública, tentativa de robo, resistencia a la autoridad y desobediencia.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 20:50 del sábado, tras un llamado al servicio de emergencias 911.

Los uniformados acudieron a Moreno al 800, donde interceptaron a Jonatan Roberto Ulloa, señalado como el presunto autor del hecho. Según se informó oficialmente, minutos antes había robado una Zanella ZB en la esquina de O'Higgins y Brown, luego de violentar el trabavolante.

Tras la detención, el imputado y el vehículo recuperado fueron trasladados a la comisaría Primera, donde se realizaron las actuaciones de rigor.

La causa fue caratulada como robo agravado de motovehículo estacionado en la vía pública, con intervención de la UFIJ Nº 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

En los últimos días, la jueza federal Nº 2, María Gabriela Marrón, condenó a la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires y a la Prefectura Naval Argentina (fuerza a la que pertenecía el padre del joven tirador) a pagar 5,4 millones a otra compañera de "Junior" y 3,3 millones a su madre, más intereses, por daño moral y psíquico. 

Pero más allá de la sentencia, es conmovedor saber de qué manera las consecuencias psicológicas perduran, a más de 20 años, en los jóvenes -hoy adultos- que, por fortuna, zafaron del imprevisto ataque que dejó tres alumnos fallecidos y cinco lesionados.

E.E.U., una de las jóvenes sobrevivientes, todavía tiene fortísimos escollos internos para reinsertarse en la vida social, pese a no ser una de las víctimas directas alcanzadas por las balas. 

Esa mañana, esa escuela, esos chicos

Ella compartía con "Junior" el 1° B del Polimodal Islas Malvinas, pero esa mañana, después de la entrada, dejó su carpeta y útiles en el aula (donde no había ningún adulto responsable a cargo) y se dirigió a la preceptoría, desde donde la horrorizaron los ruidos de los disparos y los gritos.

Cuando volvió sobre sus pasos encontró a compañeros huyendo, en medio de gritos desoladores, llanto y sangre. 
Todos corrían hacia la sala de video, cuando "Junior" realizó el último disparo, sin impactar a nadie más. Sin embargo, en el aula quedaron los signos de la barbarie.

Huellas indelebles

En medio de la entrevista con una psicóloga, en el marco de la demanda que acaba de ganar, la víctima confesó que al día de hoy le escapa a "las multitudes" y que, en general, prefiere no asistir a eventos.

Recién en los últimos años pudo concurrir a una fiesta del pueblo donde refirió "haberse sentido tranquila" al observar seguridad en el lugar y estar acompañada por su grupo familiar.

La paciente le dijo a la psicóloga que se siente "una complicación" para el resto de las personas, lo que la lleva a "evaluar" muchos aspectos antes de acercarse a una persona o un lugar. "Si no se siente cómoda o cree que no se sentirá a gusto con alguna situación prefiere no ir", explicó la profesional que entrevistó a la víctima. 

En la misma línea concluyó que es "muy desconfiada" a la hora de hacer nuevas amistades y fue "todo un desafío" volver a compartir un aula con gente que no conoce, incluso en la universidad, al punto que necesita sentarse en un banco cercano a la puerta de salida.

Al día de hoy le cuesta pasar por la puerta de la escuela Islas Malvinas, que queda de paso entre su vivienda y la de su madre, y prefiere tomar otra calle y recorrer más trayecto para evitar esa situación.

"No tengo pesadillas ni recuerdos que vengan de la nada, pero cuando llega un aniversario (del hecho) se me pone la piel de gallina, es algo inexplicable", sostuvo la víctima.

Desde aquella mañana tuvo que dormir con la luz prendida -mucho tiempo junto a su madre- y no logra acostumbrarse a los ruidos fuertes. 

"Me paralizan y me descolocan, incluso cuando hay partidos de fútbol y tiran cohetes", relató.

La jueza Marrón, luego de analizar todas las pruebas reunidas, y tal como resolvió en otros casos, entendió que tanto la Provincia de Buenos Aires -a cuya administración corresponde la escuela donde se registró la masacre- como la Prefectura Naval y el padre de "Junior" -integrante de esa fuerza de seguridad- deben responder por haber actuado con negligencia e imprudencia, sin evitar los hechos.

Más de 50 impactos

Terror. Según el Juzgado de Menores N° 1 de Bahía Blanca, a cargo de la jueza Alicia Ramallo, los peritos determinaron que hubo 54 impactos de bala, sumando rebotes de los proyectiles disparados por Solich.

Presencia. Al momento de los disparos había en el aula 22 de los 27 alumnos del 1° B del Polimodal Islas Malvinas. 

Deceso. La jueza aceptó la demanda de parte de la joven y su madre, aunque rechazó el reclamo por daño moral de parte de su padre, hoy fallecido. La familia fue asesorada por los abogados Manuel Maza y Leandro Sferco.

Víctimas. "Junior" (como se lo conoce públicamente a partir de su segundo nombre, Juniors) mató a sus compañeros Federico Ponce, Evangelina Miranda y Sandra Núñez. Y en la misma acción hirió de gravedad a Pablo Saldías Kloster, Rodrigo Torres, Nicolás Leonardi, Cintia Casasola y Natalia Salomón.

El siniestro se produjo poco antes de las 22, en un inmueble situado en calle Querandíes al 100, propiedad de Carolina Piñarreta.

Los voceros señalaron que el fuego comenzó en un altillo y se habría desencadenado a raíz del recalentamiento o falla en el caño de una estufa a leña.

Mencionaron también que no se produjeron lesionados y que el trabajo de los servidores públicos evitó que el daño estructural fuera mayor. (Noticias Radio Reflejos).

Fuentes oficiales indicaron que unos 110 efectivos de distintas áreas de la fuerza bonaerense, con el apoyo de personal municipal, estuvieron involucrados en el procedimiento denominado "Zonas Calientes".

La tarea de los uniformados fue coordinada por el Superintendente, comisario general Gonzalo Bezos; el Jefe de la Policía Departamental, comisario mayor Gonzalo Sandobal, y los responsables de las comisarías bahienses.

También participaron el subsecretario de Fiscalización y Control Policial del Ministerio de Seguridad, Federico Montero, y el Director de la Agencia de Seguridad local, Martin Pacheco.

El trabajo, que finalizó alrededor de las 21 horas, se desarrolló por ejemplo en el sector de los barrios Luján, Pacífico, Villa Rosario, Palos Verdes, Villa Talleres, Ingeniero White, Saladero, Vista Alegre , Maldonado, Mariano Moreno y Harding Green, entre otros.

Los voceros mencionaron que cuatro personas fueron arrestadas vinculadas al robo de motocicletas (se recuperó una que había sido sustraída recientemente) y otras tantas fueron halladas con estupefacientes en su poder (incautaron 38 gramos de cocaína)

En tanto, seis individuos fueron detenidos luego de que se determinara que eran buscados por la justicia.

Durante los controles se identificaron a más de 400 personas e interceptaron casi 300 vehículos.

En esas circunstancias resultaron secuestrados dos automóviles y 11 motocicletas.

Osvaldo Germán Muzi y Héctor Raúl Minghetti lograron mantenerse prófugos el tiempo necesario para que las penas se extinguieran y puedieran volver a caminar por la calle sin temor a la aparición de un patrullero o la interceptación en algún operativo.

Respecto de Muzi, el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca, compuesto por los jueces Sebastián Foglia, Ernesto Sebastián y José Fabián Asís, declaró días atrás la prescripción de la sanción a diez años de prisión que recibió en 2016.

Del mismo modo, los magistrados establecieron dejar sin efecto la rebeldía y la orden de captura que pesaba sobre su persona.

Idas y vueltas

El camino de Muzi en la Justicia tuvo decisiones que lo alegraron, pero también de las otras.

Junto a Minghetti y Juan Pablo Ibáñez fueron imputados por el secuestro extorsivo de Omar Héctor Resola, cometido el 23 de enero de 2004 en la zona de la avenida Alem al 1300.

A Resola, sobre quien existía una orden de captura y fue interceptado por los tres policías, lo redujeron y obligaron a subir a un Peugeot 504 blanco. 

Recién fue liberado cuando la esposa pagó su rescate.

A la mujer le habían pedido 25 mil pesos, aunque finalmente pudo reunir y abonar 14 mil.

Eso le permitió a Resola seguir en libertad, aunque su familia, al poco tiempo, presentó una denuncia para dar a conocer el grave hecho.

En julio de ese año, por orden de la Justicia Federal, Muzi e Ibáñez fueron detenidos y alojados en la Unidad Penal Nº 37 de Barker. 

El 24 de noviembre de 2005, el Tribunal Oral Federal local los absolvió y dispuso que recuperaran la libertad bajo caución juratoria.

Un año después, la Cámara Federal de Casación Penal anuló la decisión y ordenó llevar adelante un nuevo debate.

El 7 de diciembre de 2007, con la integración de nuevos jueces, ambos sujetos fueron sentenciados a 5 años de prisión y una inhabilitación especial por diez para ejercer un empleo o cargo público como cómplices secundarios de secuestro extorsivo agravado.

Ese fallo fue apelado por ambas partes (fiscalía y defensas) y el 25 de agosto de 2008 intervino nuevamente Casación, determinando una sanción de 11 años de cárcel para los procesados y la inhabilitación por el mismo tiempo, considerándolos coautores del delito imputado.

Pero el recorrido no terminó allí, porque el 5 de febrero de 2013, la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a un recurso de queja y dejó sin efecto la sentencia.

Por último, Casación volvió a modificar la pena y la redujo a 10 años.

Esa resolución quedó firme el 16 de febrero de 2016, cuando la Corte desestimó un último recurso intentado por el defensor y dispuso la detención de Muzi.

Ausencia

El expolicía no pudo ser hallado, por lo que la Justicia lo declaró en rebeldía y elevó la orden de captura.

Pese a esto, el sujeto logró mantenerse prófugo a lo largo de una década y evitar regresar a la cárcel.

Por último,  el Registro Nacional de Reincidencia le informó al Tribunal bahiense que el individuo no cuenta con antecedentes posteriores a la condena, por lo que no se produjeron circunstancias que evitaran la prescripción y la dejaran sin efecto.

En ese conglomerado habitacional ubicado cerca del Riachuelo vive un bahiense que hace algunos días fue condenado por transporte de estupefacientes, pero en Río Negro.

Se trata de Jorge Enrique Cruz, quien hace 53 años nació en nuestra ciudad, pero actualmente vive en Santo Domingo y Zabaleta, barrio Loma Alegre, Manzana 1, Villa 21-24. 

Cruz, con antecedentes, recibió 4 años de prisión efectiva, mientras que un paraguayo coprocesado, Abundio Bogarín Sotelo (53), fue sentenciado a 4 años y 3 meses de cárcel, al ser tildado de reincidente.

Bahía: una de las rutas de la cocaína nacía en una peligrosa villa porteña

El fallo fue dictado por el juez Marcos Javier Aguerrido, del Tribunal Oral Federal de la ciudad rionegrina de General Roca.

Ese organismo intervino porque el delito fue descubierto durante un control policial de rutina en el denominado Puente Viejo de la ciudad de Viedma.

Sucedió el 26 de febrero de 2022, sobre las 8, cuando los uniformados detuvieron la marcha del Renault Scenic, patente DYP 275, en el cual se movilizaban el bahiense y el extranjero.

Mediante el empleo de "Charly", un perro detector, descubrieron que debajo de las alfombras del habitáculo trasladaban un ladrillo de casi 1,1 kilo de clorhidrato de cocaína, dinero y celulares.

Juicio abreviado 

A la condena de ambos se llegó mediante juicio abreviado, con intervención del auxiliar de la Fiscalía Federal, Diego Martín Paolini, y la defensora pública, Gabriela Labat, imputándoseles el delito de transporte de estupefacientes en calidad de coautores, según lo normado por el artículo 5, inciso C, de la Ley 23.737.

Bogarín Sotelo fue considerado reincidente porque registraba una condena previa, del 27 de noviembre de 2018, dictada por el Tribunal Oral Federal Nº 4 de CABA, a 3 años y medio de prisión, también por comercialización de drogas y tenencia de arma de fuego.

El bahiense Cruz, en tanto, también cuenta con una sentencia condenatoria previa, pero que se dictó el 9 de marzo de 2022 (del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata), es decir que fue después del operativo que determinó su última captura, con lo cual técnicamente no fue declarado reincidente.

Por qué les dieron domiciliaria

Pedido. El juez aceptó el pedido para otorgarle la prisión domiciliaria a ambos, fundado en la extrema vulnerabilidad familiar y el interés de los niños a cargo.

Sostén. Bogarín Sotelo es sostén de sus hijos mellizos de 16 años, ya que su expareja tiene intenciones de emigrar a España en busca de trabajo, con lo cual enviarlo a la cárcel dejaría a los jóvenes en desamparo.

Nietos. Cruz está a cargo de tres nietos (de 8, 11 y 14 años) cuya madre vive en Paraguay. Los dos niños mayores padecen complejidades de salud (cardiopatías y respiratorias) y él mismo tiene apnea, hipertensión y diabetes. "Es el único miembro de la familia con capacidad de asistir a los niños al colegio y a los centros asistenciales", sostuvo la defensa.

Daño. "La concesión de la domiciliaria se sustenta en que el encarcelamiento no solo frustraría los objetivos de resocialización sino que causaría un daño desproporcionado a terceros inocentes (niños y adolescentes), provocando el colapso económico y emocional de sus núcleos familiares", afirmó el juez al otorgar el beneficio.

La diligencia fue autorizada por el Juzgado de Garantías número 4, a raíz de un episodio de "amenazas con arma de fuego", y llevada a cabo por personal de la comisaría Cuarta y de la Subcomisaría de Harding Green.

En el lugar pudieron encontrar una motocicleta de gran cilindrada Bajaj Dominar 400 cc., qué había sido sustraída el jueves de la vereda de un domicilio de calle Balboa al 2900.

La aprehensión de los jóvenes de 15 años se produjo luego de constatar que sus características físicas eran coincidentes con los protagonistas del delito, que quedaron registrados en las cámaras del Centro Único de Monitoreo Municipal.

Durante el allanamiento, además, se aprehendió por el delito de "encubrimiento" al propietario de la vivienda, Kevin Gómez, de 20 años. Del mismo modo también secuestraron una chapa patente perteneciente a otra moto robada en abril y una llave tipo ganzúa.

Toma intervención en la causa la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio número 7 y la número 1, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

La medida, solicitada por la titular de la UFIJ Nº 3, Agustina Olguïn, fue dispuesta por el Juez de Garantías Nº 2 , Guillermo Mércuri.

El magistrado estableció la prohibición de acercamiento a menos de 100 metros del hombre hacia la chica, quien aún permanece internada en el centro asistencial de la comuna.

Respecto de esto último, desde el hospital indicaron que "ya cuenta con el alta clínica y que en el transcurso del día, tras la aceptación judicial, dejaría las instalaciones".

Mércuri detalló que "corresponde otorgar esas medidas para salvaguardar la integridad física y psíquica de la menor".

La decisión también se extiende al hermano de la nena, "en función de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra".

Cabe recordar que en las últimas horas la directora de la escuela especial a la que concurre el niño informó que hallaron entre sus elementos una cuchara que tenía restos de cocaína.

"La prohibición abarca a los domicilios donde residen los menores, los establecimientos educativos y todos los lugares donde concurren de manera habitual, el contacto telefónico, por redes sociales o cualquier otro tipo de comunicación", señala la resolución.

También se ordenó la intervención formal del Servicio Local dependiente del municipio, quienes ya estaban trabajando en el caso, y la comunicación al Juzgado de Familia para abordar la problemática familiar.

Finalmente, los voceros mencionaron que las fiscalías (3 y 19) que intervienen en las actuaciones iniciadas por los hechos se encuentran trabajando en "la recolección de elementos probatorios".