El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 20.50, cuando efectivos policiales acudieron tras una alerta del Ce.U.M. e interceptaron a Matías Ariel Solís (18) en inmediaciones de Fuerte Argentino al 800, en cercanías del Barrio Palihue.

En tanto, un menor de 13 años fue localizado pocos metros después, a la altura del 890 de la misma arteria, donde se había ocultado en un canal intentando evadir al personal policial.

Ambos habrían intentado sustraer una moto marca Mondial Max, dominio 395KWF, que se encontraba estacionada en un playón de monoblocks ubicado en Urquiza al 800, propiedad de un joven de 21 años. Los sospechosos habrían violentado la traba volante y el tambor de ignición del rodado.

Los efectivos constataron que el aprehendido mayor tenía en su poder elementos utilizados para ejercer el delito, los cuales fueron secuestrados.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría Segunda, con intervención de la UFIJ N°15, la UFIJ de Responsabilidad Penal Juvenil, la Defensoría y el Juzgado de Garantías del Joven.

Según se indicó desde las fuerzas de seguridad, se trata de La Taberna, ubicada en Guillermo Torres y Cárrega.

El lugar contaba con la habilitación vencida desde el año 2024.

Además, en las últimas horas estaba invitando a la gente a ir luego de esta medianoche, en coincidencia con la Fiesta del Camarón y el Langostino.

En una conferencia de prensa llevada a cabo en el hall del centro de salud, el médico detalló que descubrieron el faltante "porque se hacen controles semanales y la reposición para medir la trazabilidad de cualquier medicamento —en este caso un medicamento que se utiliza en quirófano habitualmente— y se detectó de esa manera. En general los controles se hacen una vez por semana, como digo, y en general los días lunes."

"Esto se maneja prácticamente de forma única en los quirófanos y el acceso es a toda la gente que normalmente está en quirófano y que puede ir desde los médicos hasta un mucama; todos tienen posibilidad de acceder. De todas formas, este tipo de medicamentos está bajo llave en una habitación que también está bajo llave, de manera que es inhabitual que el contacto sea permanente con este tipo de medicamentos", agregó Carestia.

El director del Municipal descartó tener alguna hipótesis por el momento. “Estamos esperando obviamente la actuación de la Justicia. Estaba hasta hace un ratito —no sé si todavía está— el fiscal, y estamos aportando todo el material que se necesita para la investigación. En ese lugar, tanto en el pasillo que da a quirófano como en el sector de quirófano, hay cámaras, de manera que la información que nos pueda brindar eso va a estar en poder del fiscal en las próximas horas", explicó.

Ante la consulta sobre cuáles son los usos habituales del fentanilo, el profesional indicó que "es un medicamento que se utiliza habitualmente para la carga anestésica en distintas situaciones o posibilidades de medicación", y remarcó que su valor económico “vendida como corresponde a las instituciones, no llega a los 1000 pesos. Pero en el mercado negro seguramente se vende muchísimo más caro".

Finalmente, Carestia reveló que "ya están tomando en este momento —o hace un ratito le tomaron— testimonio a algunas personas que trabajan en ese sector."

“La gravedad que tiene es como cualquier situación de desaparición de algo. En este caso, justamente se trata de una medicación que en estos días ha sido motivo de noticias nacionales, de manera que eso por ahí repercute un poco más de lo habitual. Pero la repercusión en el sentido del faltante y de la desaparición de algo para nosotros es una situación odiosa, por decirlo de algún modo. En este caso por el fentanilo, pero podría haber sido por cualquier otra cosa y la situación es igual", sostuvo.

"Dependemos de lo que diga la Justicia. Una vez que se inicia el sumario, pero cuando ya actúa la Justicia, el sumario queda como interrumpido hasta tanto se expida la Justicia para no interferir. Después, las consecuencias de esto solamente la Justicia lo va a determinar. Obviamente, si hubiera alguna persona implicada directamente que trabaja en el hospital, las consecuencias son lógicas", completó Carestía.

Qué pasó

La noticia del faltante de este potente fármaco se dio a conocer este miércoles desde el propio hospital, desde donde también se radicó una denuncia que actualmente se encuentra a cargo del fiscal Mauricio del Cero, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 19, encargada de la investigación de los delitos vinculados con las drogas.

Según había confirmado el propio fiscal a La Nueva., la desaparición del fentanilo se registró en el sector del quirófano central.

Por ello, y más allá de la denuncia presentada ante la Justicia, el hospital inició un sumario interno para deslindar responsabilidades.

De qué se trata

El fentanilo es un opiáceo sintético, que nació como un analgésico de uso médico, con el objetivo de combatir el dolor agudo en enfermos de cáncer. Su potencia es arrolladora: 100 veces más tóxico que la morfina y entre 25 y 50 veces más potente que la heroína.

Se trata de un fármaco que se administra por vía intravenosa para distintos prescripciones médicas, como endoscopías y cirugías. Sin embargo, una administración indebida puede causar dificultad respiratoria severa, lo cual requiere asistencia ventilatoria de urgencia.

Por causar estragos en los países de Norteamérica, tanto en EEUU como Canadá, los organismos de salud de aquellos países consideran que está matando a más personas que “cualquier epidemia infecciosa reciente”. Incluso más que el SIDA en la última década del siglo pasado.

El fentanilo se utiliza como “sustancia base” para rebajar muchas otras drogas peligrosas para la salud y altamente adictivas. Un informe de la Universidad de British Columbia demostró que el 80% las sustancias que se consumían en Canadá tenían fentanilo.

También se descubrió la existencia del carfentanilo, una sustancia derivada, muy peligrosa, muy problemática a dosis muy pequeñas y, se aclaró, no se trata de una sustancia recreativa.

Otra investigación

La novedad en Bahía Blanca se dio a conocer horas después de que trascendiera, en Buenos Aires, la muerte de un anestesiólogo del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, quien fue víctima de una sobredosis de propofol (también anestésico) y fentanilo.

Tras el hallazgo del cadáver de Alejandro Zalazar en su domicilio, se estableció que la droga pertenecería al Hospital Italiano de Buenos Aires. 

La diligencia judicial, que se había postergado la semana pasada, se dio frente al juez federal N° 1 de Bahía Blanca, Walter López Da Silva.

Creimer, según trascendió, se mostró conmovida por la situación, dijo que es víctima de un complot, aunque no se defendió puntualmente de los hechos que le endilgan.

Se le cuestiona a la perito haber tenido protagonismo -en representación de la querella- de distintos procedimientos cuestionados en relación a la búsqueda del joven de Villarino, tratando de relacionar el hecho con la supuesta intervención de policías, situación que nunca se acreditó.

Ahora el juez cuenta con 10 días hábiles para resolver la situación procesal de la mujer.

La investigación de la médica se originó en medio del juicio al adiestrador canino Marcos Herrero, condenado por diversos hechos de falso testimonio agravado, por haber sido cometido en una causa criminal (también la de Facundo) y contra los inculpados.

En el caso tomó intervención el fiscal Mauricio Del Cero, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 19, encargado de la investigación de los delitos vinculados con las drogas.

El propio Del Cero confirmó a La Nueva. la información, aunque evitó brindar otras precisiones porque la causa está dando sus primeros pasos.

Sí confirmó que la presentación fue realizada por los responsables del área de Anestesiología del centro asistencial.

Desde el Municipal, a su vez, confirmaron la información y aclararon que la desaparición se registró en el sector del quirófano central. 

El hospital indicó que, a la par de la investigación penal, se inició un sumario interno, para deslindar responsabilidades.

En Capital

La novedad en nuestra ciudad se dio a conocer horas después de que trascendiera, en Buenos Aires, la muerte de un anestesiólogo del  Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, quien fue víctima de una sobredosis de propofol (también anestésico) y fentanilo.

Tras el hallazgo del cadáver de Alejandro Zalazar en su domicilio, se estableció que la droga pertenecería al Hospital Italiano de Buenos Aires. 

Tanto el fentanilo como el propofol son fármacos que se administran por vía intravenosa para distintos prescripciones médicas, como endoscopías y cirugías.

Una administración indebida de los mismos puede causar dificultad respiratoria severa, lo cual requiere asistencia ventilatoria de urgencia.

Se trata de Mario Oscar Soto, de 45 años, a quien se venía investigando a partir de los registros de las cámaras de seguridad y algunas particularidades en su vestimenta.

Su captura se produjo en el atardecer del martes, por parte de personal de la comisaría Segunda, cuando lo atrapó en Castelli al 300, luego de una persecución desde Estomba al 400, de donde le sustrajo un rodado a una joven de 25 años.

Según los registros fílmicos y otras tareas investigativas, Soto había sustraído otra bicicleta, el pasado sábado, en Moreno al 100, en perjuicio de otra joven.

El hombre, en principio, fue imputado de robo y robo en grado de tentativa, con intervención de las UFIJ Nº 15 y 7 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

Desde la seccional Segunda se informó que Soto había egresado del presidio local el 24 de febrero pasado, luego de purgar una condena por delitos similares. 

En relación con la causa, la Policía Federal y personal de la delegación local de la ARCA allanaron el domicilio del denunciado, en Agustín de Arrieta al 4700.

Allí secuestraron documentación, una notebook, un teléfono celular, gabinetes de computadoras y otros elementos ligados al ilícito investigado.

El sospechoso habría incurrido en el delito de falsificación de instrumento público y/o privado, es decir que generaba facturas de falsedad ideológica.

Al menos hasta ahora no hay una imputación formal contra el contador público.

La investigación, a cargo del juzgado federal Nº 1, se inició a raíz de las denuncias radicadas por los damnificados.

El juez Walter López da Silva ordenó el registro del inmueble, que se realizó en simultáneo con otras medidas dispuestas en torno del caso.

En el lugar del hecho se procedió al secuestro de un guardabarros trasero de una moto, elemento solicitado en la orden judicial.

La medida responde a un procedimiento realizado el pasado jueves 26 de este mes, cuando la policía incautó en la vía pública un rodado con pedido de secuestro activo que era conducido por un menor de 15 años.

Asimismo, en la vivienda allanada se secuestró una escopeta calibre 28 marca Centurión; una balanza de precisión y una planta de marihuana, iniciándose actuaciones con intervención de la UFI N°19.

El procedimiento tuvo lugar en una vivienda ubicada en calle Corina Parral al 3600, donde personal policial identificó a Víctor Daniel Chiavetta, de 43 años, ofreciendo un motor de levantamiento de persiana marca Motik.

La policía constató que el elemento había sido sustraído el pasado 9 de febrero de un taller mecánico situado en Pascual de Rogatis al 3300, en el barrio Novaterra.

El propietario del equipo reconoció el motor como de su pertenencia, por lo que se procedió a su secuestro.

El aprehendido contaba con un pedido de búsqueda activo en una causa por violencia familiar, así como antecedentes vinculados a amenazas calificadas y lesiones.

Interviene en el caso la UFIJ N° 2.

Esa figura representa a quien, con el propósito de causar daño en el cuerpo de otra persona, le provocara la muerte cuando el medio empleado no debía razonablemente ocasionarla.

Quedó acreditado que el 1 de octubre de 2024, Valdés atacó a Ybarra con una llave "L" para retirar tuercas de las ruedas de los vehículos y de esa manera le quitó la vida al arrojar la herramienta contra la otra persona y clavársela a la altura del corazón.

A diferencia del homicidio simple -que tiene penas de 8 a 25 años de prisión-, el preterintencional, según el artículo 81, inciso b, del Código Penal, estipula sanciones de 3 a 6 años de reclusión o 1 a 3 años de prisión.

Conocido el veredicto condenatorio del jurado, se realizará en los próximos días la audiencia de cesura para que cada una de las partes fije su postura y, luego, la jueza técnica María Mercedes Rico, del Tribunal en lo Criminal N° 2, dará a conocer la pena.

Los fallecidos viajaban en una Citroen Berlingo, patente AE892QG, perteneciente al área de Desarrollo Social del municipio de Guaminí cuando, sobre las 7.30.

El utilitario -que quedó totalmente destrozado- colisionó frontalmente con un camión Scania, a la altura del kilómetro 213/214, a mil metros de donde el viernes se produjo un choque similar, que también dejó tres fallecidos.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Juan Ignacio Derbis, director de Prensa de la comuna; Gustavo Prienza y Lucas Bernardo, también empleados municipales.

El tercer cuerpo sin vida todavía no fue nombrado oficialmente aunque también se trataría de un trabajador comunal.

El camión Scania, que circulaba con un carretón, estaba al mando de Sebastián Toledo (40), domiciliado en Daireaux, quien se movilizaba en sentido Guaminí-Trenque Lauquen.

El intendente de Guaminí, José Augusto Nobre Ferreira, expresó sus condolencias a las familias afectadas y dispuso decretar dos días de duelo en el ámbito municipal.

El fallo del Juzgado en lo Correccional Nº 2 recayó en Marcos Damián Sáenz Valiente y Griselda Elizabeth Aguilera.

Según la causa, investigada por la UFIJ Nº 7, de la fiscal Marina Lara, el hecho ocurrió el 23 de setiembre de 2025, cuando los acusados abrieron la puerta del conductor de un Fiat Uno Fire que se encontraba estacionado en calle Viamonte al 600 y se apoderaron de una bolsa que contenía prendas de vestir.

Más tarde, ambos regresaron y el hombre realizó maniobras para poner en marcha el rodado.

"La mujer subió del lado del acompañante y se retiraron por calle Viamonte en sentido descendente", señalaron fuentes oficiales.

La secuencia de lo ocurrido fue captada por las cámaras del Centro Único de Monitoreo (CeUM).

Cuatro días después del robo la pareja fue detenida durante un procedimiento policial llevado adelante en Juncal al 1.000

Aguilera y Sáenz Valiente fueron condenados por ser coautores de los delitos de hurto y hurto agravado de vehículo dejado en la vía pública y la pena deberá ser cumplida en prisión, debido a los antecedentes condenatorios que registran.

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El hecho se produjo en las instalaciones situadas en Fitz Roy al 600, donde la entidad albiverde lleva adelante la práctica de distintas actividades deportivas.

"El dueño de un local vecino nos avisó que estaba el cristal roto. Cuando llegamos notamos enseguida que en la parte del ingreso faltaba una computadora y algunas bebidas que tenemos para los chicos. Más adentro, antes de llegar al gimnasio, observamos la ausencia de algunas otras cosas y hasta de carne que teníamos guardada en un freezer para distintos eventos que organizamos", relató el presidente Santiago Duckardt al programa Panorama de LU2.

"Más allá de lo que se llevaron, queda el dolor y la molestia por las roturas y saber que estuvieron adentro de nuestro lugar", agregó.

El dirigente comentó que junto a la abertura hallaron unos trozos de baldosas que habrían utilizado para romper el vidrio.

"Por lo que vimos estimamos que estuvieron varios minutos dentro del club. Faltó también una caja de herramientas y vimos que quisieron llevarse un televisor que tenemos colgado en el hall de entrada".

Finalmente, Duckardt consideró que "este tipo de cosas duelen mucho, porque se meten con una entidad que hace mucho esfuerzo para mejorar y con cosas que son para los chicos. No queda otra que ponerle el pecho a todo esto y seguir para volver a conseguir lo que nos sacaron".

El choque se produjo esta mañana, tipo 7.30, en el kilómetro 213 (el de la semana pasada fue en el 212) cuando se embistieron un utilitario Renault Kangoo perteneciente al municipio de Guaminí y un camión Scania que circulaba en sentido contrario.

Como resultado del tremendo impacto -el vehículo menor quedó virtualmente abajo del transporte- tres ocupantes de la Kangoo -hasta el momento no identificado- perdieron la vida virtualmente en el acto.

La primera versión es que la camioneta aparentemente mordió la banquina, que está descalzada, y se cruzó de carril, aunque las causas del hecho serán materia de investigación a partir de la intervención de los peritos de la Policía Científica. 

El viernes pasado, también en horas de la mañana, prácticamente en el mismo lugar se embistieron un Volkswagen Suran y una camioneta Ford Ranger.

Tres de los ocupantes de la Suran, identificados como Marcelo Fabián Méndez del Arco, Oscar del Arco y Nahiara Bolasina, fallecieron.

NOTICIA EN DESARROLLO

El asesinato ocurrido el viernes en el barrio Miramar volvió a poner en primer plano un reclamo que, según aseguran los vecinos, lleva tiempo sin respuestas: mayor presencia policial y medidas concretas para frenar la inseguridad. Elba Gutiérrez y Mabel Moya, presidenta de la sociedad de fomento, expresaron su preocupación.

El caso que conmocionó al barrio tuvo un dato que, para las vecinas, resulta tan doloroso como revelador: horas antes del crimen, la abuela de la víctima había pedido ayuda en una reunión comunitaria. “La vimos llorando, rogando por seguridad. No puede ser que tengamos que llegar a ese límite para pedir algo que es un derecho”, relató Gutiérrez en diálogo con el programa Panorama, por LU2.

Según explicaron, el reclamo por mayor presencia policial no es nuevo. “Hemos pedido rondines muchas veces, en distintas reuniones, pero no los vemos”, insistieron. Si bien señalaron que en las últimas horas se registró algún movimiento policial, remarcaron que la necesidad es constante, tanto de día como de noche.

Moya sostuvo que la problemática no distingue sectores dentro del barrio. “Pasa tanto en la parte de arriba como en la de abajo. Es generalizado”, afirmó. Además, vinculó la situación con un contexto social más amplio, atravesado por la falta de trabajo y el consumo problemático en jóvenes. “Es muy triste porque son chicos que uno vio nacer y crecer. Muchos tienen familia y terminan en esto, en lo que parece ser la salida más fácil”, expresó.

En ese sentido, las vecinas también advirtieron sobre la presencia de consumo y posible venta de drogas en la zona, aunque reconocieron no poder precisar detalles. “Se ve, y en gran parte involucra a jóvenes”, indicaron.

Otro de los puntos mencionados fue el rol de los espacios comunitarios. La abuela de la víctima participa en un comedor barrial que asiste a familias con viandas, reflejando una realidad social compleja que, según las entrevistadas, también influye en el aumento de la inseguridad.

“Lo que pedimos es que la policía se acerque más y que haga los rondines como corresponde. Es un reclamo que venimos sosteniendo hace tiempo”, concluyeron.

En la primera jornada, que se desarrolló ayer, el imputado dijo estar arrepentido por lo que sucedió, refirió que no fue su intención matarlo sino que fue a buscarlo para que no continuaran los problemas entre ambos.

El homicidio, según la investigación a cargo de la UFIJ N° 5, se registró el 1 de octubre de 2024, cuando Ybarra estaba realizando tareas de albañilería en la vereda del domicilio de Alberti al 400 de esa localidad y el otro hombre se presentó para increparlo.

Valdés utilizó una herramienta para atornillar las ruedas de los vehículos y con la intención de causarle la muerte o, al menos, habiéndose representado que con su accionar eso podía suceder, arrojó la llave hacia la víctima la que ingresó a nivel del quinto espacio intercostal izquierdo, a la altura de la clavícula, penetrando en el tórax y afectado el corazón.

Esa herida le produjo una lesión que le ocasionó un paro cardíaco y su posterior deceso.

En el debate, que está a cargo de la jueza técnica María Mercedes Rico, del Tribunal en lo Criminal N° 2, y se realiza en el quinto piso de Estomba 34, se espera para hoy la declaración de los efectivos policiales que trabajaron en el lugar del hecho, además de peritos y testigos civiles.

El violento hecho se produjo poco después del homicidio registrado en el barrio Miramar y a pocas cuadras del lugar, aunque no existiría vinculación entre un delito y otro.

Del frustrado robo, registrado en Tres Sargentos al 3.000, a pocos metros de Cambaceres, se tomó conocimiento sobre las 23.50 del sábado, cuando la dueña de casa, de 50 años, pudo salir de su casa y con gritos de auxilio alertó a transeúntes.

Luego de unos minutos acudió un patrullero y los uniformados pudieron observar que la mujer tenía una herida sangrante sobre la ceja derecha.

Les manifestó que sobre las 23.30, cuando se encontraba en la casa junto a dos hijos menores, irrumpieron por la ventana de la cocina dos delincuentes armados vestidos de oscuro.

La víctima opuso resistencia, al punto que logró ganar la calle para pedir socorro y provocar la fuga de los ladrones, que se fueron sin sustraer nada. 

Trascendió que una de las hijas de la denunciante también fue maltratada por los ladrones.

Instruye las actuaciones la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 11.

El debate será dirigido por la jueza María Mercedes Rico, que actuará como subrogante.

Corrado se encuentra acusada de haber realizado maniobras estafatorias tendientes a desapoderar de la herencia sucesoria perteneciente a su excuñado, Adolfo José Luis Herro, que le correspondía al hijo y único heredero universal, Maximiliano Antonio Rodríguez Labastía.

Según la causa, los hechos ocurrieron a partir del 25 de julio de 2005, fecha en la que se produjo el crimen de Herro.

Allí un grupo de personas de la familia y amigos, entre los que se encontraba Corrado, llevaron a cabo diversas acciones para vaciar el acervo sucesorio, lo que le impidió a Rodríguez Labastía acceder a lo que por derecho le correspondía.

En octubre de 2022 fueron absueltos por el mismo hecho seis integrantes de la familia y amigos.

El fallo del doctor Gabriel Giuliani, titular del Juzgado Correccional Nº 1, fue recurrido y se encuentra pendiente de resolución definitiva.

La aprehensión se produjo en la primera cuadra de calle Italia luego de un seguimiento por las cámaras de monitoreo urbano, que detectaron la trayectoria de Lucas Mandole y Alan Andrés Espíndola, ambos de 20 años y no residentes de Bahía Blanca.

Mandole y Espíndola fueron trasladados a la Comisaría Primera, con intervención de la UFIJ 15.

Por el momento no se informaron antecedentes de los arrestados ni cuál es su localidad de procedencia.

El aspecto físico y los anteojos que llevaba colocados Nazareno Baltazar Soto (22) permitieron que un policía lo reconociera.

El efectivo que analizó las imágenes sostuvo que lo conocía, ya que en otras ocasiones había sido arrestado y trasladado a la comisaría.

En el marco de un debate abreviado, el juez del Tribunal en lo Criminal Nº 1, Hugo Adrián De Rosa, sentenció a Soto a la pena de 3 años de prisión efectiva.

Previamente, la fiscalía y la defensa oficial, con la aceptación del procesado, acordaron la sanción y calificación legal de los hechos.

Para el magistrado quedó probado que el 4 de noviembre de 2025, después de la medianoche, el imputado ingresó a una verdulería ubicada en Zelarrayán al 3000.

El sujeto escaló para alcanzar un ventiluz ubicado en la parte superior de la puerta trasera del comercio, a unos 2 metros de altura.

Allí provocó la rotura de un cristal y logró ingresar al local, apoderándose de dos botellas de fernet, salchichas, yogures, golosinas, fiambre y dinero.

Registro y denuncia

Los dueños del comercio manifestaron que tomaron conocimiento del hecho al observar las cámaras en tiempo real.

Señalaron que observaron la caja registradora abierta, por lo que concurrieron al lugar y constataron el robo.

Mencionaron que lograron obtener dos filmaciones de lo ocurrido, en una de las cuales aparece un hombre en el patio y desvía hacia arriba la cámara.

En otro archivo se advierte que el individuo tenía colocado un buzo o campera con capucha, anteojos con marcos grandes y portaba una mochila.

También se determinó que accedió al comercio por un ventiluz de 50x50 centímetros.

La primera persona en ingresar al negocio advirtió que el delincuente había apilado algunos cajones para poder alcanzar la abertura por la que accedió.

Detectó además el faltante de unos billetes (algo más de 50 mil pesos) que había dejado en la caja registradora.

Un rasgo "particular"

Un policía que trabajó en el caso observó las filmaciones y reconoció inmediatamente a Soto.

Declaró que en las grabaciones observó a un sujeto de 1,70 metro de altura aproximadamente, delgado y que utilizaba lentes. 

Al respecto, sostuvo que lo identificó porque antes de este hecho estuvo en la comisaría por otro delito y por episodios contravencionales.

También indicó que lo reconoció por “la cara particular” y “los anteojos llamativos”.

En este sentido, exhibió fotografías para compararlas con las capturas de las filmaciones.

Más allá de esta cuestión, indicó que en la dependencia “sabían que esta persona estaba cometiendo hechos delictivos en distintas zonas de la ciudad, y en un caso, en el que interviene la comisaría Primera, saltaron huellas positivas”.

Elementos decisivos

“La prueba testimonial, documental, técnica y las imágenes tomadas del hecho se presentan como concordantes, convergentes y exenta de contradicciones sustanciales”, consideró el juez.

Señaló también que quedó “acreditado que el acusado ingresó al comercio referido del modo descripto, y sustrajo los elementos previamente detallados, extremo que pudo verificarse con claridad a partir de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del establecimiento”.

Finalmente, y tal como propusieron las partes, consideró como agravante “el horario en que se perpetró el hecho”, ya que “evidencia la intención de aprovechar las condiciones de oscuridad y la escasa circulación de transeúntes, con el propósito de evitar su identificación y procurar la impunidad”.