Sin detenidos por el momento, se trata de una investigación por comercialización de cigarrillos electrónicos y otros productos extranjeros obtenidos por contrabando iniciada en julio del año pasado, a partir de tareas de inteligencia, seguimientos y explotación de fuentes abiertas en redes sociales.

De esa manera se identificaron comercios y perfiles digitales utilizados para la venta de la mercadería sin la documentación aduanera y sanitaria correspondiente, en infracción a la Ley 22.415 y a la normativa vigente de la ANMAT y del Ministerio de Salud, que aún no establece mecanismos ni disposiciones que permitan la importación de estos productos.

Quieren prohibir la venta y el uso de vapeadores en Bahía

Los vapeadores son dispositivos alimentados a batería que reemplazan a los cigarrillos tradicionales.

Pese a que muchas veces se promocionan como inofensivos, calientan un líquido que genera un vapor inhalante que puede contener sustancias nocivas.

Además de lo mencionado se secuestraron unidades de perfumería y una importante cantidad de productos electrónicos importados, dinero en efectivo, celulares y documentación. El aforo total de la mercadería secuestrada supera los 107 millones de pesos.

En el caso de la Policía Federal trabajó la División Unidad Operativa Federal Bahía Blanca, bajo supervisión del Juzgado Federal de Garantías N° 1, a cargo del juez Walter López Da Silva y el fiscal del área de Transición, Santiago Ulpiano Martínez.

Para la ejecución de los allanamientos -cuyos domicilios no se dieron a conocer- se desplegaron seis brigadas de la división local, con el apoyo de efectivos de Necochea y la Unidad de Búsqueda de Evidencias del Gabinete Científico de Bahía Blanca.

Entre la droga ilegal incautada se encontró cristal de metanfetamina fraccionado, "tusi" y marihuana en floración y cogollos, todo por más de 1,2 millones de pesos.

El fallo, dictado en un debate abreviado por la jueza del Tribunal en lo Criminal Nº 3, Daniela Fabiana Castaño, recayó en Martín Eduardo Molina Benegas, quien fue hallado culpable del delito de abuso sexual con acceso carnal reiterado (3 hechos).

El sujeto fue detenido a fines del año pasado y permanece alojado en la Unidad Penal Nº 19 de Saavedra.

Para la magistrada quedó probado que el 12 de septiembre de 2025, en un departamento de calle Urquiza al 100, de la vecina ciudad, el sujeto tomó por la fuerza a la víctima y en contra de su voluntad la abusó.

La mujer declaró que poco después de ser destinada al Destacamento Flota de Mar conoció al imputado y que luego de una charla acordaron encontrarse para tomar algo en la casa del hombre, ya que ella vivía con compañeras.

Dijo que ese día la pasó a buscar y que notó que el sujeto tenía aliento etílico.

Describió que al llegar el hombre apagó las luces, puso el volumen alto del televisor y le ofreció Vodka.

Manifestó que rechazó la bebida y que el individuo, en medio de una charla con referencias sexuales, intentó besarla.

Sostuvo que luego se le abalanzó, la tomó por la fuerza y la sometió.

Agregó que poco después concurrió al lugar una expareja del acusado, por lo que aprovechó para retirarse del sitio con ella.

La joven concurrió posteriormente al Hospital Naval de Puerto Belgrano, donde fue asistida y le comentó lo ocurrido a una médica.

Ante la fiscalía también declararon amigas de la chica, una psicóloga y una doctora de la Policía Científica, entre otros testigos.

Por su parte, el imputado brindó su versión de los hechos y sostuvo que las relaciones sexuales fueron consentidas.

Al analizar la totalidad de la causa, la magistrada sostuvo que el acusado "pretendió armar una escena amorosa que no se condice con la prueba".

"Tengo para mí que los hechos sucedieron como los relató la víctima, y que sus dichos fueron fuertemente respaldados", agregó.

Por todo ello, consideró probada la responsabilidad del sujeto y le impuso la pena de prisión efectiva. 

El visu realizado por peritos a los celulares de Juan Bautista Bravo e Imanol Santerre permitieron recuperar el video completo y original del ataque animal, registrado a principio del mes pasado, cuyos fragmentos se habían viralizado y desembocaron en la investigación penal.

"El video completo se encontró en el teléfono de Bravo. Y sirve para corroborar toda la información que teníamos y garantizar su incorporación probatoria sin posibilidad de cuestionamiento por parte de la defensa", confirmó el vocero.

Lo que no se pudo identificar en ninguno de los dispositivos son supuestos mensajes de los acusados hacia una tercera persona que podría tener una intervención como encubridor, al ser quien supuestamente se llevó el coipo fallecido desde el escenario del hecho hacia otro lugar.

En ese caso, según se informó, se apelará a un estudio técnico más profundo.

"En 15 días vamos a someter a los teléfonos a los equipos al UFED (Universal Forensic Extraction Device), que permiten determinar si hay contenido borrado de los mismos", explicó Garrido.

Bravo y Santerre son los estudiantes de Huanguelén que se filmaron y se viralizaron en nuestra ciudad cuando atacaban a golpes y patadas a una indefensa nutria, hecho que primero motivó una fuerte reacción a través de las redes y luego la investigación de rigor.

El fallo fue dictado por el juez federal N° 1 de Bahía Blanca, Walter López Da Silva, a partir del pedido de la defensa de Peretto, encabezada por su par Valentín Fernández, y del propio acusador, fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez. 

Herrero, perito presentado por la querella, fue condenado por falso testimonio reiterado (7 hechos), tras ser acusado de adulterar pruebas en la búsqueda de Astudillo Castro. 

El hombre buscó vincular a 4 policías con la desaparición de Facundo, registrada a mediados de 2020, pese a que forenses y peritos de distintos organismos y fuerzas de seguridad consideraron disparatadas sus conclusiones.

Y los estudios posteriores a los restos del joven -hallados meses después en la costa de Villarino Viejo- determinaron que no había elementos para sospechar de un crimen sino que se habría tratado de una muerte accidental.

A Peretto se le imputaba haber colaborado con Herrero en 2 de esos 7 hechos de falso testimonio. 

Uno, sucedido el 18 de septiembre de 2020, cuando en la sede local de la Gendarmería habría reconocido ante la madre del fallecido los objetos supuestamente hallados por Herrero dentro de un patrullero inspeccionado.

El otro, del 18 de febrero de 2021, en el tercer allanamiento al puesto de vigilancia policial de Teniente Origone, al interrumpir la lectura del acta para asegurar que no era cierto que el resultado del operativo había sido negativo, porque el perro de Herrero había encontrado una piedra turmalina que sería de Facundo.

Ambas situaciones, según quedó demostrado, eran falsas.

Peretto fue indagado y dio su versión de los hechos y una pericia de la Prefectura sobre su teléfono concluyó que su descargo era "real y auténtico" en cuanto a las afirmaciones.

En septiembre pasado el juez López Da Silva dispuso la falta de mérito (punto intermedio entre el sobreseimiento y el procesamiento) y, al no surgir nueva prueba desde esa fecha en su contra, finalmente, esta semana decidió desvincularlo definitivamente de la acusación penal.
 

Se lo identificó como Walter Andrés Demesio, de 44 años, a quien personal de la comisaría Quinta arrestó en un domicilio de Maldonado al 2.200, donde también fueron identificadas otras dos personas, un hombre y una mujer.

En el lugar secuestraron dos termos marca M&R y Lustar, dos vasos térmicos marca Patrich y Vacuum, un juego de 6 tazas/platos de cerámica marca SP, un masajeador Megastar, un soporte de tv Spica, un set condimentero, red para cabellost y dos alfombras simil peluche azul y roja.

Todos esos productos, según se pudo determinar, habrían sido sustraídos del comercio Casa Click, ubicado en Don Bosco 1.474, dedicado al rubro bazar y blanquería.

Se estableció que los días 12 y 16 de junio, mediante una modalidad similar, un desconocido dañó una vidriera y sustrajo la mercadería.

Para ello fue clave no solo las cámaras de seguridad del negocio sino también las del Centro Único de Monitoreo (CeUM), que permitieron establecer la dirección de fuga del ladrón.

"Se trabajó con mucho análisis fílmico para determinar dónde estaban los elementos. Ambos delitos fueron cometidos por la misma persona, sobre las 5.50 de cada día, teniendo en cuenta que la dueña del bazar vive en un sector trasero del comercio", explicó un investigador.

"No se le puede imputar el hecho porque no hay imágenes claras de su rostro, aunque tenemos certeza de que fue él. Por eso solo está imputado de encubrimiento", agregó.

Además de la fiscalía que investiga los robos, se le dio intervención a la UFIJ Nº 19 porque en el domicilio allanado encontraron 26,4 gramos de marihuana y 0,7 gramos de cocaína, una balanza de precisión, además de tres teléfonos celulares que serán peritados.

El fallo de la jueza del Tribunal en lo Criminal Nº 3, Daniela Fabián Castaño, fue resuelto en un debate abreviado y recayó en Luis Edgardo Oyón Bouchet.

Para la magistrada quedó probado que el 6 de noviembre del año pasado, poco antes de la 1, efectivos de la delegación Viedma de la Policía Federal Argentina allanaron una vivienda ubicada en Lavalle al 300, de la localidad maragata.

Durante el procedimiento los uniformados incautaron 28,14 gramos de cocaína, una balanza de precisión, pastillas y teléfonos celulares.

La causa se puso en marcha cuando la policía tomó conocimiento de la supuesta venta de drogas en el sitio, por lo que se implementaron tareas de vigilancia.

Los investigadores destacaron que durante el mes de octubre de 2025 pudieron documentar varias ocasiones en las que el imputado fue observado realizando “pasamanos”.

En tanto, el análisis de los celulares determinaron el hallazgo de llamadas y mensajes relacionados con el delito investigado.

“Hay otras comunicaciones con distintos contactos, donde le solicitan estupefacientes y luego le envían comprobante de transferencia”, indicó la jueza en el fallo.
También sostuvo que “no tengo duda alguna de que la sustancia cocaína fraccionada en distintos envoltorios, hallada en poder del imputado en su domicilio particular, sumado a las comunicaciones con distintos contactos extraídas del celular secuestrado, acreditan la materialidad ilícita de los hechos imputados”.

Finalmente, al momento de establecer la pena valoró como atenuante la ausencia de antecedentes y como agravante el múltiple fraccionamiento de la sustancia, que se encontraba acondicionada para su comercialización inmediata.

Se la identificó como Melisa Anahí Cáceres, de 27 años, con domicilio en Cipolletti al 300 de nuestro medio, quien fue puesta a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 19.

Luego de la requisa del Servicio Penitenciario Bonaerense y el descubrimiento de la droga (entre la ropa interior), se comprobó que, en total, la mujer llevaba 95,4 gramos de marihuana fraccionada.

Fuentes judiciales señalaron que el procedimiento, solicitado por el fiscal Mauricio Del Cero y autorizado por el Juzgado de Garantías Nº 3, se desarrolló en Federico Leloir al 1.100.

Los policías que tomaron parte del operativo incautaron unos 30 envoltorios con cocaína, marihuana, recortes de nylon, dinero, una balanza de precisión y teléfonos celulares.

En el sitio arrestaron a Juan David y Luis Ezequiel Morales, quienes fueron puestos a disposición de la UFIJ Nº 19 y serán indagados en las próximas horas.

Voceros oficiales indicaron que efectivos de la seccional Cuarta comenzaron a investigar el caso en el mes de abril y que a partir de tareas de vigilancia encubierta se observaron movimientos compatibles con la venta de estupefacientes al menudeo.

La captura se llevó a cabo en Bravard y Güemes, mientras que el ilícito se quiso llevar a cabo en una estación de servicio ubicada en Don Bosco y 17 de Mayo.

En ese lugar se capturó a Luis Ejea, de 61 años, quien momentos antes había abonado una compra con una tarjeta de débito ajena y posteriormente se retiró del lugar a bordo de un Chevrolet Corsa.

Gracias al seguimiento realizado por el Centro Único de Monitoreo, el vehículo fue interceptado y se concretó la aprehensión del sospechoso.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron una tarjeta de débito y documentación personal perteneciente a una mujer que había denunciado su sustracción días atrás, además de documentación privada y tarjetas bancarias a nombre de otras personas, cuya procedencia es materia de investigación.

Asimismo, en el interior del vehículo se incautó un envoltorio con 0,3 gramos de una sustancia compatible con clorhidrato de cocaína, por lo que se iniciaron las actuaciones correspondientes por infracción a la Ley 23.737.

El aprehendido fue trasladado a la Comisaría Quinta, quedando a disposición de la UFIJ en turno y de la UFIJ N° 19 del Departamento Judicial Bahía Blanca. Las carátulas son defraudación mediante el uso de tarjeta de débito ajena, infracción a la Ley 23.737 y averiguación de procedencia.

La medida fue decretada por el juez de Garantías Nº 2, Guillermo Mércuri, tres años después de que la fiscal Marina Lara decidiera archivar la causa por falta de pruebas contra el acusado.

Francisco Favrat, abogado defensor de Cantanhede Ferreira, presentó el pedido de sobreseimiento de su cliente en más de una ocasión, pero anteriormente la fiscalía y la justicia de Garantías se habían opuesto.

Sin embargo, esta vez el Ministerio Público Fiscal no se opuso y el particular damnificado no contestó el pedido de sobreseimiento hecho por la defensa.

El Código Procesal Penal bonaerense prevé que, cuando una causa con autor determinado está archivada, la defensa puede solicitar el sobreseimiento definitivo del imputado si transcurrieron tres años desde el archivo de la investigación, en casos de delitos penales.

La denuncia fue radicada por una feligresa de la parroquia San Roque, quien declaró que el sacerdote le pidió fotografías suyas de índole sexual, y que él le mandó fotos de bailarinas desnudas.

La chica relató además que el párroco le confesó que “se masturbaba con ese tipo de imágenes” y que luego le pidió que le “practicara sexo oral y hubo cosas que no fueron consentidas”, según relató la denunciante.

Como se informara, el juez Hugo Adrián De Rosa, del Tribunal en lo Criminal Nº 1, sentenció a 7 años de cárcel a Alan Ezequiel Ábalos (26), Franco Fabián Apis (28), Erik Dalla Riva (27), Kevin Dalla Riva (29), Fernando Nicolás Queral Herrera (27), Alexis Gaspar Roa (28) y Enzo Gustavo Torres (27).

Los encontró responsables del delito de abuso sexual con acceso carnal, en los términos del artículo 119, tercer párrafo, del Código Penal.

"Estamos conformes con que se haya tomado nuestra teoría del caso. Es muy difícil obtener una condena de este tipo, con una coautoría funcional en un abuso sexual", indicó en declaraciones al servicio informativo de LU2. 

"Es la primera vez que ocurre en el departamento judicial de Bahía Blanca y sólo encontramos una sentencia similar en Quilmes. Es una teoría que se aplica por lo general en los robos bancarios. Aquí cada uno hizo una tarea y hubo dos de ellos que cometieron el abuso sexual, pero todos coadyuvaron para que eso sucediera. Además, la acción se interrumpió por la amiga de la víctima que dijo que iba a llamar a la policía", siguió diciendo.

El representante del Ministerio Público consideró que "todo fue planeado".

"Había sido invitada solamente la víctima a ese cumpleaños, pero ella le dijo a una amiga que por suerte concurrió y fue la testigo principal de la causa. Se planificó un juego de cartas que le iban a enseñar y en el que la persona que perdía debía sacarse una prenda y finalmente tirarse a un estanque de agua. Siempre le ocurría a ella y cuando se tiró le escondieron la ropa en diferentes lugares".

"A la chica la hicieron ir a buscar la ropa a una habitación donde la encerraron cuando ingresó. Apagaron la luz, la rodearon y le exigieron que mantuviera relaciones sexuales".

Romero Jardín sostuvo que por estas horas evalúa la posibilidad de apelar la decisión del juez de no decretar la detención de los procesados.

Finalmente, admitió que le llamó la atención el silencio de los jóvenes condenados.

"Pensé que alguno de ellos iba a prestar declaración, fundamentalmente la persona que no había accedido a la víctima y simplemente había colaborado con algún accionar. Eligieron guardar silencio durante toda la investigación y también en el juicio. La estrategia defensista se limitó a realizar planteos técnicos".

El acusado fue identificado como Federico Alejo Kemmler Davyt, quien el 30 de agosto de 2021 fue declarado autor penalmente responsable de abuso sexual con acceso carnal y recibió la pena de 6 años y 6 meses de prisión.

Como llegó en libertad al juicio -a cargo del Tribunal en lo Criminal Nº 3 de Bahía Blanca- recién se pidió su detención el 22 de noviembre de 2024, cuando el fallo adquirió firmeza.

Sin embargo, Kemmler Davyt no pudo ser encontrado en su domicilio ni en los lugares que frecuentaba y el 18 de febrero del año pasado se ordenó formalmente su pedido de detención.

El delito se cometió el 23 de diciembre de 2018, en un domicilio ubicado en Gabino Prieto y Tres Lomas, de Villa Iris, donde un grupo de excompañeros de la escuela se reencontraron para compartir un asado.

En esas circunstancias Kemmler habría abusado de una mujer que aparentemente se encontraba en estado de ebriedad, provocándole lesiones en las zonas abdominal, lumbar y piernas, además de escoriaciones y equimosis en sus partes íntimas.

Durante el juicio, la víctima, muy angustiada, pudo recordar que durante el delito fue golpeada muy fuerte contra un cerco recuperable.

"Pido que puedan ayudarnos para que se haga menos tedioso el hecho de poder encontrarlo o que alguien pueda brindar información sobre el paradero de este violador", declaró a lanueva.com Betiana, madre de la víctima.

"Necesitamos que cumpla su condena donde debe ser, tras las rejas, y así poder respirar aires de justicia y cerrar finalmente este tramo de vida q tuvimos q sobrellevar", agregó la mujer.

Dónde lo buscan

La fiscalía de Bahía Blanca -a través de la ayudantía fiscal de Puan- mantiene vigente, con distintas medidas de instrucción, la búsqueda de Kemmler Davyt en distintos frentes.

Se analiza su entorno familiar, ya que prácticamente toda la familia -dedicada a la apicultura- se habría mudado de Villa Iris después del hecho, aunque algunos de sus integrantes regresa de manera periódica.  

En ese marco se realizaron allanamientos en la zona de Añelo, provincia de Neuquén, donde tendría domicilio un hermano del acusado, aunque el resultado fue negativo.

Los investigadores, a su vez, se comunicaron con sus pares de Río Negro y también con el área de Recapturas de La Pampa, porque había surgido un dato que podía estar en esa provincia, pero por el momento no hubo novedades sobre su paradero. 

"Sus datos ya están cargados en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop), con captura a nivel nacional", aclaró una fuente.

Se trata de Luis Ramírez, de 52 años, y Gabriela Noemí Such (46), quienes están imputados del delito de estafa.

La investigación, a cargo de la DDI de Bahía Blanca, se originó el 20 de abril pasado, a mediodía, cuando el damnificado, quien vive en la primera cuadra de la calle Pueyrredón (a corta distancia de esa sede policial), sufrió el delito.

El vecino denunció que una mujer, con voz congestionada, llamó a su teléfono y se hizo pasar por su hija. Le dijo que había recibido un llamado de un tal Marcos, que trabaja en el Banco Nación, quien le manifestó que los dólares de una serie determinada serían sacados de circulación antes de las 15 de ese día.

La supuesta hija le pidió que revise el número de serie de sus ahorros y que iba a pasar una persona de su confianza, a quien identificó como Andrea Díaz, a retirar el dinero.

Finalmente el hombre colocó 183.000 dólares de sus ahorros en un bolso de tela de jean y los entregó a la mujer que pasó a retirarlos. 

Las Cámaras del Centro Único de Monitoreo (CeUM) y otros registros particulares fueron clave para esclarecer el delito. 

Se pudo reconstruir el camino de la sospechosa que se llevó el efectivo, que subió a un Toyota Corolla blanco ubicado a unos 300 metros del lugar. Con los datos del vehículo se establecieron sus movimientos previos y posteriores y que el vehículo estaba al mando de José Luis Ramírez, un hombre con antedentes por este tipo de hechos.

Los investigadores sabían que Ramírez era oriundo de Neuquén y por ese motivo se solicitó colaboración a la Brigada de Investigaciones de aquella capital, que realizó allanamientos a dos domicilios del lugar, aunque sin resultados positivos.

Luego de algunos días sin novedades, ayer, tras una comunicación del CeUM, se estableció que el Toyota había vuelto a ingresar a Bahía sobre las 10.20.

De esa manera se pudo determinar que se encontraba frente a un domicilio de Moreno al 700 -donde la pareja alquilaba- y se montó una guardia que permitió la detención de ambos sospechosos.

Además del vehículo en cuestión, la Policía secuestró 1,7 millones de pesos argentinos, un bolso de gamuza marrón, un par de lentes de sol (utilizados durante la estafa), dos pendrive, tres teléfonos celulares (cuyo contenido será analizado) y documentación varia.

El hecho ocurrió alrededor de la 1 de la mañana en Güiraldes al 500, cuando personal de la Unidad de Prevención de Policía Local acudió al lugar tras un llamado que alertaba sobre la presencia de un hombre alterado.

Al arribar, los efectivos aprehendieron a Víctor Muñoz y secuestraron el machete que llevaba consigo. Posteriormente fue trasladado a la comisaría Séptima para las actuaciones correspondientes. La causa fue caratulada como amenazas agravadas y quedó a cargo de la UFIJ Nº 15.

Según informaron fuentes oficiales, los propietarios de la vivienda aseguraron que no conocen al aprehendido. Además, se procura establecer por qué ingresó al domicilio y cuál fue el motivo de las amenazas.

Se trata de Ignacio Rafael Epulef, quien quedó a disposición de la justicia tras la aprehensión que se realizó en Fournier al 2100.

A partir de tareas investigativas, análisis de filmaciones de cámaras de seguridad y distintas diligencias, personal de la Comisaría de Saavedra, Seccional Primera de Pigüé, junto a la Comisaría Cuarta de Bahía Blanca, logró reunir elementos que permitieron solicitar la orden de allanamiento.

El procedimiento fue ordenado por el Juzgado de Garantías N° 4 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

Durante el operativo también se secuestraron un automóvil Chevrolet Celta y dinero en efectivo, elementos considerados de interés para la causa.

De acuerdo con lo informado, el detenido registra numerosos antecedentes por delitos contra la propiedad y las personas, varios de ellos en distintas localidades de la región, con víctimas en su mayoría adultos mayores.

La captura de Jorge Daniel Méndez, de 25 años, obedece al robo de un televisor de 32 pulgadas llevado a cabo el domingo en una vivienda ubicada en Patricios al 600.

El procedimiento fue llevado a cabo por personal de la comisaria Segunda a raíz de amplias tareas investigativas, recepción de testimonios y revisión de cámaras de seguridad.

El ahora detenido está imputado por el delito de "hurto". Toma intervención la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio número 7 y el Juzgado de Garantías número 4 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

Todos fueron imputados del delito de abuso sexual con acceso carnal, en los términos del artículo 119, tercer párrafo, del Código Penal, por parte del juez Hugo Adrián De Rosa, del Tribunal en lo Criminal N° 1 de nuestra ciudad.

Los condenados son Alan Ezequiel Ábalos (26), Franco Fabián Apis (28), Erik Dalla Riva (27), Kevin Dalla Riva (29), Fernando Nicolás Queral Herrera (27), Alexis Gaspar Roa (28) y Enzo Gustavo Torres (27).

Por el mismo hecho también hay otras tres personas que al momento del delito eran menores y serán juzgadas en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

Pese al pedido de la acusación en el juicio -encabezada por el fiscal Marcelo Romero Jardín y el abogado querellante, Mauro De Mira- el juez De Rosa no hizo lugar al pedido de inmediata detención de los imputados, al menos hasta que la sentencia adquiera firmeza.

De todas maneras, les ordenó la prohibición de salida del país, así como de todo tipo de contacto con la víctima, ya sea en forma personal o por cualquier otro medio (teléfono, correo electrónico, redes sociales), además de estar impedidos de realizar actos de hostigamiento, intimidación o acercamiento a su persona o los lugares que frecuenta.

El ataque sexual se produjo en medio de una fiesta de cumpleaños que se realizaba en una quinta ubicada sobre la ruta 22, en cercanía de Médanos, la madrugada del 30 de noviembre de 2017.

Juego de cartas y engaño

La víctima asistió a esa propiedad, donde también estaban los acusados quienes, mediante un acuerdo de voluntades, abusaron sexualmente de ella.

Los jóvenes habrían ideado un juego de naipes mediante el cual obligaron a desnudarse a la menor cuando perdió la partida, para luego arrojarse a un estanque de agua. 

Una vez que volvió por sus prendas, la engañaron para que ingresara en una habitación, donde finalmente apagaron la luz, cerraron la puerta con llave y la sometieron, pese a los gritos de auxilio de la víctima y el intento de ayudarla de una amiga, que logró cesar la acción una vez que gritó que iba a llamar a la Policía.

El funcionario, que a su vez encabeza el equipo de lucha contra el maltrato animal, confirmó que hoy intentarán abrir los celulares de Juan Bautista Bravo e Imanol Santerre, los estudiantes de Huanguelén que mataron a golpes al coipo en nuestra ciudad, a principios de este mes, y filmaron la acción.

"Vamos a abrir el contenido de los celulares secuestrados con la esperanza de poder encontrar la información que estamos buscando. Si está borrada, someteremos a los equipos al UFED (Universal Forensic Extraction Device). Demorará un poco más pero esta semana tendremos los datos", explicó Garrido en declaraciones a LU2.

"Queremos juntar elementos de prueba para fortalecer la acusación. La secuencia que esperábamos encontrar en la parte previa o posterior, de otros videos, sería para sostener las declaraciones testimoniales de quienes estuvieron desde el inicio del acto hasta la parte final. Nos da el grado de participación de cada uno de los imputados", amplió el secretario.

En esa misma línea aclaró que también buscan información o datos sobre otros posibles imputados por el delito de encubrimiento.

"Buscamos mensajes con terceras personas que fueron las que concurrieron ese sábado a la mañana para llevarse el cuerpo del coipo, momentos antes de que llegue la Policía Ecológica para trasladar el cuerpo y hacer la autopsia", dijo.

Garrido destacó que, de manera paralela a esta investigación, corre otra causa por amenazas, ante la UFIJ Nº 9, en la cual Bravo y Santerre figuran como víctimas.

"Una gran oportunidad"

"Todo esto generó una gran oportunidad para que los representantes de la sociedad bahiense, el Concejo Deliberante, sancionen una ordenanza que busque proteger y sancionar a nivel de falta municipal muchas conductas, con efecto preventivo, ayudando a la tarea del Ministerio Público Fiscal a la hora de sancionar los delitos.

"Hay algo que es positivo, el hecho de haber puesto en la agenda de discusión pública los casos de maltrato animal de manera tan fuerte, ha hecho que los representantes políticos quieran mejorar la situación en Bahía Blanca", sostuvo.

Y aclaró que la pena exigua que marca la ley de maltrato animal (un año de prisión como máximo) tiene que ver con que se trata de una normativa con más de 70 años de vigencia.

"Mucha gente está indignada con respecto a la poca pena que corresponde aplicarle a los imputados, pero eso es un tema del Congreso de la Nación, con una ley que está vigente hace 72 años y que tiene una pena muy pequeña, de 15 días a un año. La ley fue pionera pero pasó mucho tiempo y la concepción cambió. La sociedad, y particularmente la bahiense, tiene muy arraigado el concepto de la familia multiespecie y considera que estos hechos merecen una mayor sanción", cerró Garrido.

Se trata de Germán Alberto Streitemberger, quien se presentó la semana pasada en la sede tribunalicia de Estomba y sería derivado -en caso de obtener cupo- a la Unidad Penal N° 15 de Batán (Mar del Plata), donde deberá purgar la sanción que le había impuesto hace casi 7 años el Tribunal en lo Criminal N° 1 de Bahía Blanca.

El fallo adquirió firmeza recién ahora porque la defensa del uniformado agotó todas las instancias recursivas y llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que finalmente rechazó la última instancia apelatoria.

Personal de Gendarmería había detenido a Streitemberger en 2017, acusado de extorsionar a comerciantes de Darregueira -supuestamente a cambio de brindarles seguridad o evitarles controles-, aunque luego atravesó el proceso judicial en libertad.

Por los mismos hechos -extorsión reiterada (dos hechos) e incumplimiento de los deberes de funcionario público- también habían sido sentenciados, aunque con penas de prisión en suspenso, dos uniformados subalternos del comisario, el subcomisario Martín Noel Aguilar y el sargento Franco Andrada Zurita.

Streitemberger ya había sido condenado por no haber denunciado apremios ilegales que le habría provocado su personal a cuatro cazadores furtivos.

Se trata de la paraguaya Reinalda Villalba, conocida como "La Reina", de 59 años, y Daiana Micaela Villalba, de 21.

La más grande ellas recibió 6 años y medio de prisión por tenencia de estupefacientes para comercialización, mientras que la joven fue sentenciada a 4 años y dos meses de cárcel.

De esa manera se confirmó el juicio abreviado que tuvo como parte acusadora al fiscal Mauricio Del Cero, titular de la UFIJ Nº 19 y al defensor oficial Eduardo Zalba.

La detención de ambas mujeres se dio en septiembre del año pasado, cuando personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas recolectó elementos de prueba que confirmaron las denuncias y se sumaron dos causas que estaban en trámite, todas relacionadas con venta de drogas.

También se dieron tareas de vigilancia y filmación en la vivienda de Villalba, ubicada en Río Gallegos al 1.000 del barrio Esperanza, que dieron por probadas las maniobras delictivas.

Y en los teléfonos se detectaron distintas conversaciones incriminatorias con clientes.

El día del allanamiento secuestraron cocaína fraccionada, una balanza digital de precisión, dinero en efectivo (pesos argentinos y guaraníes), recortes de nylon y teléfonos celulares.

Concretamente les imputaron dos hechos. El primero de ellos es que tuvieron en su poder, en forma conjunta y con fines de comercialización en dosis fraccionadas, 53,4 gramos de cocaína.

El otro hecho fue que entre el 5 de marzo de 2025 y el 18 de septiembre del mismo año, madre e hija vendieron cocaína y marihuana en distintos puntos de Monte Hermoso, mediante la modalidad de entregas pactadas, particularmente en su domicilio.