Se trata de Rubén Trobiani, de 36 años, quien fue imputado por el delito de robo agravado por escalamiento.

La captura se dio a partir de distintas tareas de campo e inteligencia llevadas a cabo por personal del Gabinete Técnico Operativo, luego del análisis de las cámaras del Centro Único de Monitoreo. Así se logró identificar el automóvil utilizado por los autores para darse a la fuga.

Con los elementos probatorios recabados, el Juzgado de Garantías N° 1 ordenó la ejecución de múltiples allanamientos. Uno de ellos se desarrolló en Güemes al 2.900, con resultado negativo, mientras que el siguiente, en Córdoba al 100, fue exitoso.

En ese lugar se procedió al secuestro de un Volkswagen Vento implicado en la fuga, además de herramientas de corte, guantes, prendas de vestir presumiblemente utilizadas al momento de cometer el ilícito, y tres teléfonos celulares de interés para la causa.

La investigación comenzó el pasado lunes, a raíz de la denuncia del propietario del comercio: tras ser alertado por el sistema de seguridad privada, el damnificado constató que algunos delincuentes habían realizado boquetes en el techo del local, logrando sustraer dos cajas fuertes. Una de ellas fue hallada luego, forzada y sin dinero, en una propiedad lindante. En la escena del crimen, los delincuentes abandonaron una mochila y un handy.

Los operativos fueron desplegados por el personal de la Comisaría Séptima, con el apoyo táctico y logístico de la Comisaría Segunda, la Unidad de Policía de Prevención Local y el Grupo de Apoyo Departamental.

Dos delincuentes que se movilizaban en una moto, con la cual chocaron a las pocas cuadras, en la fuga, escaparon a pie y son buscados.

Todo se originó poco después de las 21 en Esquiú al 1.100.

Se cree que los ladrones, que circulaban en una moto negra de 150cc., tenían el dato de la llegada de un camión repartidor de huevos, procedente de Mar del Plata, que no solo distribuye periódicamente en Bahía sino también en Punta Alta.

Si bien el transporte no había arribado, los asaltantes irrumpieron contra una camioneta Volkswagen Amarok a cargo del hijo del granjero mayorista.

Este hombre, Pablo Rizzo (49), logró buscar refugio junto con otras personas que estaban en la calle porque los desconocidos venían a los tiros.

Después de efectuar no menos de 10 disparos (comentado por vecinos), rompieron la ventanilla de la camioneta y se llevaron un bolso que, a decir de Rizzo, solo tenía ropa y medicamentos.

En la rápida huida, los delincuentes chocaron un Renault Megane en Nicolás Pirez y Terrada.

Abandonaron la.moto, un revólver 32 y escaparon a pie.

Ahora las comisarías Quinta y Séptima analizan cámaras y testimonios para dar con los autores del delito.

El allanamiento estuvo a cargo de personal de Prefectura Naval Argentina, en el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes.

El procedimiento se realizó en Faro Recalada al 1.365, por orden de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 19, a cargo del fiscal Mauricio Del Cero.

Según se informó, además de la droga, se incautaron una balanza de precisión y teléfonos celulares, que serán sometidos a las correspondientes pericias. La pesquisa se encontraba en curso desde hacía aproximadamente un mes.

Asimismo, se indicó que una persona vinculada a este hecho permanece prófuga, por lo que las tareas investigativas continúan con el objetivo de determinar su paradero y establecer las responsabilidades correspondientes.

Se los capturó en medio de cuatro allanamientos que ordenó el juez de Garantías Guillermo Mércuri, por pedido del fiscal Mauricio Del Cero.

Los operativos tuvieron lugar en Cramer al 300, Rufino Rojas al 2.000, Mascarello al 200 y Cacique Venancio al 500.

La causa inició por la presunta infracción a la ley 23.737 de parte de Walter Uboldi, quien fuera detenido en mayo pasado, durante un allanamiento en Cramer al 300.

En los días previos a esa fecha, según se supo, Uboldi había tenido una confrontación con su hermano Emiliano, quien se encontraba bajo arresto domiciliario por tener cocaína para la comercialización.

Al realizar allanamientos en ese momento, se arrestó a distintas personas, entre ellas Miranda y Vargas.

Cuando los peritos analizaron el contenido de los teléfonos, surgieron de ambos conversaciones y mensajes claramente identificados con la venta de drogas (aludían a peso, precios, cantidad y calidad del material).

Ambos detenidos serán indagados en las próximas horas por el fiscal Del Cero.

Se trata de María José Dupak, quien fue arrestada el pasado jueves 16, por efectivos de la DDI bahiense, en la zona de Azara al 1.900, en el barrio Miramar.

Tras su detención, los efectivos allanaron su vivienda, en Monteagudo al 600 del barrio San Martín, donde secuestraron elementos de corte y fraccionamiento, cocaína, marihuana y teléfonos celulares.

La imputada era investigada desde el 7 de febrero de 2025, cuando operadores del Centro Único de Monitoreo (CeUM) advirtieron movimientos de “pasamanos” (entrega de droga a cambio de dinero) en la primera cuadra de la calle Montevideo.

De inmediato dieron aviso a los efectivos del Comando de Patrullas, que interceptaron a Dupak y secuestraron en su poder marihuana y un teléfono.

“Del análisis del dispositivo surge la conversación mantenida previamente con el comprador, así como otras ventas -de marihuana y cocaína- acreditadas con las constancias de las transferencias”, señalaron fuentes judiciales.

Mencionaron que Dupak se encuentra acusada de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y comercialización de sustancias entre el 7 de noviembre de 2024 y el momento de su captura. 

Al momento de declarar en la fiscalía, la mujer dijo que era inocente y “negó la tenencia de la cocaína”.

Dupak cuenta con antecedentes por el mismo delito: el 27 de septiembre de 2022 había sido condenada por el Tribunal en lo Criminal Nº 1 a 4 años de prisión.

El joven JSM, es conocido como "Mayonesa". Además, otras 16 personas resultaron aprehendidas tras el megaoperativo efectuado en el asentamiento de Ciudadela. En este marco, efectivos de la Policía Bonaerense llevaron a cabo 24 allanamientos para dar con el paradero del presunto integrante de la banda narcocriminal involucrada en el homicidio de Molina, que prestaba servicio en la Fuerza Barrial de Aproximación

Oficiales de las Fuerzas de Operaciones Especiales UTOI, GPM, GAD y HALCÓN colaboraron en los procedimientos mediante los que se concretó el arresto del implicado, quien fue ayudado por cómplices que lo encubrieron. 

Los uniformados concretaron los arrestos de un hombre, dos mujeres y el menor -quien sería el segundo de Guillermo Agustín Geréz, apodado "Gordo Tilín", señalado por ser el cabecilla de la organización-, y las aprehensiones de ocho varones y otras ocho femeninas, al tiempo que secuestraron 15 celulares, cocaína, marihuana, ocho balanzas de precisión, elementos de corte y dinero en efectivo ($1.235.000).

Las autoridades incautaron también una pistola Browning calibre 9 milímetros sin numeración visible, con cargador y municiones; un revólver Bersa Thunder 9 con leyenda "Policía Provincia de Buenos Aires", con cargador y 17 municiones, que posee una solicitud de secuestro activo a requerimiento de la UFI 10 de San Martín desde el 16 de marzo pasado, y una pistola Bersa Thunder sin numeración con cargador y municiones.

Además, se realizó un operativo de saturación mediante el que se identificaron 430 personas, se requisaron 470 vehículos, se secuestraron 15 motos y otros cuatro autos por carecer de documentación.

El menor quedó a disposición de la Fiscalía del Fuero Penal Juvenil del Departamento Judicial de San Martín por el delito de homicidio.

Molina, que tenía 26 años y era padre de un bebé de dos meses, concurrió el 18 de julio a Fuerte Apache a ese lugar junto a otros policías.

En ese momento quisieron identificar a dos hombres que escaparon en dirección al interior del Nudo 1. Él se adelantó unos a metros respecto de sus compañeros y, cuando ingresó a esa zona, resultó herido de bala. Alan fue trasladado al hospital Carrillo de Ciudadela, el personal de salud constató lesiones en la axila derecha y otra en la cintura del lado izquierdo, sin orificio de salida, y luego confirmó su deceso. (con información de NA)

Como consecuencia de esta situación, la muerte del oriundo de Pedro Luro nunca quedó asentada en el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).

La fiscal federal Iara Silvestre le pidió al juez federal Nº 1 bahiense, Walter López da Silva, que emita un nuevo oficio para inscribir el fallecimiento de Facundo y así "subsanar" el error administrativo, aunque sin investigar qué pasó con el documento original.

Pero López da Silva se negó a emitir una nueva documentación al plantear que la orden original de hace seis años sigue vigente y que no puede "reemplazar" un documento público desaparecido.

Entonces el magistrado les ordenó a los fiscales Silvestre, Horacio Azzolín y Alberto Gentile investigar qué sucedió con el certificado original que estaba en manos de la perito Creimer.

La Cámara Federal de Apelaciones de Bahía adhirió a la postura de López da Silva, argumentando que se debe investigar el paradero del certificado entregado a Creimer, en vez de decretar una medida nueva.

Según el expediente, el 3 de septiembre de 2020 el Cuerpo Médico Forense entregó el certificado original a la perito de la querella, Virginia Creimer.

La entrega fue autorizada por la jueza federal Nº 2 bahiense que en ese momento investigaba la desaparición del joven, María Gabriela Marrón, a pedido de los abogados de la madre de Facundo.

Al no haberse presentado el certificado ante el RENAPER, para el Estado argentino Astudillo Castro no figura legalmente como fallecido.

El incidente salió a la luz porque autoridades del cementerio de Pedro Luro le exigieron a Cristina Castro, madre de Facundo, la entrega de la "licencia de inhumación".

Además advirtieron que a raíz de la inexistencia de este documento, podrían tener que remover los restos del joven por falta de identificación legal.

Es que la Cámara Penal de Bahía Blanca rechazó su libertad asistida, medida que se otorga a quienes están a meses de finalizar temporalmente la sentencia.

De esa manera la Sala I (votos de los jueces Gustavo Barbieri y Christian Yesari) confirmó la resolución adoptada por el juez Claudio Brun, interinamente a cargo del Juzgado de Ejecución Penal Nº 2.

Caramelli, exdirector de Parques Municipales, fue sentenciado en tres causas diferentes. La primera de ellas, en 2017, por extorsión y exacciones ilegales; la segunda, en 2019, por el homicidio culposo de Daiana y la omisión de sus funciones y la tercera, el mismo año, por extorsión reiterada (6 casos) y tentativa de extorsión.

Su defensora particular, Bárbara Sager, apeló la decisión de no hacer lugar a la libertad asistida, al considerar que el juez Brun no había tenido en cuenta un dictamen pericial de mayo pasado, favorable a su asistido.

Autocrítica limitada

Sin embargo, los camaristas Barbieri y Yesari ratificaron el fallo.

"Entiendo que en autos no se cuenta con un informe de peritos que pronostique en forma individualizada y favorable la reinserción social del condenado. Ello con fundamento en los elementos de tenor cautelar que surgirían de los informes psicológicos", explicó Barbieri, con la adhesión de Yesari.

En la última pericia, conocida en junio último, se destacó cierta evolución en el condenado, pero se concluyó que su autocrítica es "limitada" (frente a los hechos que motivaron su condena) y que presenta "falta de elaboración de dificultades en el plano subjetivo".

Así la Cámara entendió que existen "aspectos cautelares" que impiden otorgar el beneficio y, en consecuencia, consideró "improcedente" el recurso de la defensa.

El profesional, que nació en Bahía Blanca hace 43 años, dirigirá la subsecretaría de Relaciones con el Poder Judicial y la Comunidad Académica, dependiente de la secretaría de Justicia del ministerio de Justicia nacional, a cargo de Juan Bautista Mahiques.

El funcionario oriundo de Bahía, graduado de la carrera de Derecho en la Universidad de Buenos Aires (UBA), se especializó en crimen organizado, corrupción y terrorismo, así como completó una diplomatura en la Universidad de Salamanca, en España.

También se desempeña como docente universitario.

Una de las principales tareas de la subsecretaría a cargo de Manfredi es la articulación de vínculos entre la cartera de Justicia, el Poder Judicial (incluido el Consejo de la Magistratura) y las instituciones académicas.

La dependencia además coordinará políticas de diálogo entre el Ejecutivo y los diferentes actores del sistema judicial, y organizará actividades educativas conjuntas con universidades y centros de investigación jurídica.

Además, promoverá proyectos que requieran la participación de magistrados, funcionarios judiciales y especialistas en Derecho, como también elaborará propuestas que necesiten el aporte de distintos sectores del servicio de justicia.

El nombramiento se formalizó ayer por medio del decreto 663/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el primer mandatario argentino.

Manfredi tiene vasta experiencia en la justicia federal y hasta esta designación era secretario del juez nacional en lo Criminal y Correccional federal Nº 2, Sebastián Ramos, que interviene en causas por delitos complejos y corrupción, entre otras.

Antes había cumplido tareas en el juzgado federal Criminal y Correccional Nº 3, también de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y fue secretario del juzgado federal de Ushuaia.

Desde 2001 está radicado en Capital Federal y en 2003 ingresó a trabajar en el Poder Judicial de la Nación.

Sus estudios primarios los cursó en la Escuela Nº 5 y después estudió en el colegio secundario La Inmaculada, ambas instituciones de Bahía Blanca.

La medida se adoptó tras el pedido de los abogados de la querella, Martiniano Greco y Carlos Carnevale, en el marco de la investigación por el traumático fallecimiento del abogado de 68 años, quien el 6 de junio pasado cayó desde un entrepiso -sin protección ni autorización de construcción-, luego de trastabillar.

Los celulares deben ser entregados bajo la figura de orden judicial de presentación (no es allanamiento) y pertenecen a los dueños de la franquicia: Ariel Gustavo y Graciela Fernanda Vecchi y Ernesto German Decker; al gerente, Lucas Roberto Abraham y a la encargada de seguridad e higiene Alejandra Nora Molina.

Muerte en el gimnasio: por qué la querella podría ir por el dolo eventual

La decisión también incluye a un arquitecto necochense, Eber Nicolás Panscin, quien estuvo a cargo de la obra ubicada en la avenida Cabrera.

Trascendió que algunos de los equipos (como el de Graciela Vecchi) ya están en poder de Aguilar, mientras que otros todavía no. Ariel Vecchi, por caso, avisó que lo iba a entregar una vez que regresara de un viaje que cursa en los Estados Unidos.

La querella (abogados de la familia de Cafasso) solicitó la búsqueda de diálogos en comunicaciones cruzadas entre los distintos actores, con distintas palabras clave.

Los términos propuestos son: "Entrepiso”, “baranda”, “barandas”, “contención”, “madera”, “pared”, “banners”, “lona”, “cartel”, “elíptico”, “elípticos”, “máquinas”, “cardio”, “cielorraso”, “techo”, “caída”, “botella”, “riesgo”, “peligro”, “seguridad”, “higiene”, “habilitación”, “municipalidad”, “inspección”, “plano”, “obra”, “Eber”, “arquitecto”, “Molina”, “Lucas”, “Ariel”, “Graciela”, “Decker”, “SportClub”, “Power Zone”, “intimación”, “cese” y “clausura”.

El análisis -desde septiembre de 2025 hasta la fecha del deceso- se hará a través del sistema UFED Cellebrite Premium, que permite recuperar toda la información contenida en los aparatos, incluso aquellos datos borrados recientemente.

El rastreo abarcará WhatsApp, Telegram, Signal, SMS, iMessage, correos electrónicos, registro de llamadas, contactos, grupos, archivos adjuntos, fotos, videos, documentos PDF, planos, informes, notas y calendarios, entre otros servicios y aplicaciones.

Los investigadores buscarán determinar si, antes del hecho, existieron diálogos sobre los peligros del entrepiso montado, que tenía banners que simulaban paredes, pero no tenían ningún tipo de contención.

La detención de Sebastián Emiliano Roa (21) se concretó ayer a la noche, en una vivienda ubicada en Julio César Avanza 2060, donde los efectivos policiales incautaron prendas de vestir y calzado usados al momento de la sustracción.

El procedimiento había sido ordenado por el juzgado de Garantías Nº 1.

Roa está sospechado de ser uno de los autores de un robo cometido el sábado, en una propiedad situada en Paraná al 2200, en donde habría ingresado con su novia después de forzar el candado de la puerta principal.

Allí sustrajeron mercadería, dos garrafas y otros bienes, pero el delincuente pudo darse a la fuga del lugar.

El arresto del joven se pudo materializar dos días después del robo, gracias al análisis de imágenes registradas por cámaras de seguridad.

El mismo día del hecho delictivo, los uniformados habían arrestado a Rocío Belén Cabrera (27), pareja de Roa.

La Policía recuperó parte del botín que estaba en poder de la aprehendida.

El Juzgado de Garantías Nº 3, de esa manera, hizo lugar al pedido del fiscal Mauricio Del Cero, a cargo de la causa. 

La captura del sospechoso se dio el jueves 16, por parte de personal de la comisaría Quinta, aunque se lo venía investigando desde hace varios años.

El 17 de septiembre de 2021, Méndez había sido sorprendido con unos 200 gramos de marihuana en su poder, mientras que el 19 de enero de 2023 lo interceptaron con poco menos de 4 gramos de cocaína.

"En este caso la causa se puso en marcha con la actuación del personal del Comando de Patrullas, cuando interceptó un vehículo sin dominio en inmediaciones a Newton y Necochea, en el que Méndez circulaba como acompañante”, describieron.

Al momento de ser indagado por el fiscal el acusado hizo uso de su derecho de guardar silencio.

Se explicó que el análisis del teléfono celular del sospechoso arrojó el hallazgo de comunicaciones y mensajes de los cuales surge “la finalidad de comercialización de la sustancia”.

Los peritos determinaron contactos entre Méndez y una persona detenida en otra investigación, también por infracción a la ley 23.737.

Se trata de Rodolfo Ariel Molina, quien el 12 de junio pasado fue atrapado en Capitán Montero al 2.200, acusado de haber comercializado cocaína y marihuana entre octubre de 2024 y el 15 de enero de este año, en distintos puntos de la ciudad.

La maniobra quedó registrada en los videos del local, ubicado en Zelarrayán al 2.900, que analiza la Policía junto con otros elementos de prueba.

Por el momento no hubo avances que puedan ser mencionados públicamente en la investigación, bajo la instrucción de la fiscalía.

"Hasta ahora no tenemos noticias", confirmó hoy Ayelén Martín, una de las titulares de Ciudad Mágica.

En las imágenes se puede observar cómo uno de los ladrones desciende a una oficina mediante el uso de una soga y luego de gatear hacia los cofres los toma y -tras ascender a una silla- los sube para que los tome su cómplice, que se encontraba en el techo.

"No de estas características, pero tuvimos muchos robos y, ante cada hecho, ponemos más seguridad. Ahora seguramente tendremos que volver a reforzar", había dicho Ayelén Martín a poco de consumado el delito.

"Se llevaron dos cajas fuertes y las dos tenían dinero. Una era más grande, que es la que tiran a lo del vecino (por la calle El Resero) y que al caer se abre, se rompe y queda vacía, y la otra es la chica, que directamente se la llevaron. Había bastante dinero, no puedo asegurar el monto porque recién abrimos", agregó.

El dramático episodio ocurrió el domingo 19 de julio en el cruce de las calles Presidente Néstor Kirchner y 17. La dramática secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de la zona y generó impacto.

En las imágenes que fueron viralizadas se puede observar como dos vehículos circulaban sobre la avenida hasta que uno de ellos, un Peugeot 206, pasó sobre una boca de tormenta.

En ese momento, el auto despistó, chocó contra el otro vehículo y se incendió. En medio del rombo que realizó durante el siniestro, terminó completamente destrozado.

A causa del impactante choque, hay dos jóvenes de 18 años heridos de gravedad que continúan hospitalizados.

Los vecinos señalaron que desde hace tiempo realizan reclamos para que arreglen la tapa de alcantarilla, la cual quedó suelta luego de una refacción y habría sido la desencadenante del accidente.

Pese a que pasó más de una semana del impacto, todavía quedaron restos del auto sobre la calle, un árbol que permanece afectado y un cantero que también quedó destruido. Por otra parte, varios sectores de la misma avenida continúan en obra y la propia boca de tormenta tampoco fue arreglada. (con información de TN)

El operativo, para el cual fue clave la colaboración de las cámaras del centro de monitoreo, se dio sobre las 3.50 de hoy.

Las capturas, a cargo de personal de la comisaría Primera de esa ciudad, se dio en Dean Funes y Dorrego, aunque el comercio afectado, denominado Empilchados, está ubicado en Colón 542.

Los menores, acusados de robo agravado por su comisión en poblado y en banda, ya fueron entregados a sus padres.

Se estableció que habían sustraído distintas prendas de vestir (22 jeans, 3 pantalones de vestir y 5 buzos), que descartaron en la zona de 25 de Mayo y Libertad. 

Matías Lorea, de 23 años, refirió que los desconocidos cortaron la chapa del techo de una oficina y sustrajeron un millón de pesos y una notebook.

El hecho, según quedó registrado en las cámaras internas, se habría registrado en la madrugada del domingo, aunque recién se constató hoy.

Personal de la comisaría Segunda, junto con el CeUM, la Policía Científica y la DDI, trabaja en el esclarecimiento del delito, con intervención de la UFIJ Nº 2.

"Es la primera vez"

Matías Lorea, en declaraciones al Servicio Informativo de LU2, confirmó que es la primera vez que ingresan a robar en los 5 años de funcionamiento del negocio y que la situación causa "bronca por el despelote que generan".

"Estaban dubitativos, en el video se ve que no sabían que había una cámara y van agachados por el piso. Estuvieron 5 minutos", relató.

Además de dinero, se llevaron una computadora, con información del local, que estaba encriptada. 

"Estábamos por instalar la alarma en el local. Además del daño en el techo, barretearon la puerta del depósito para entrar. Y también dejaron desorden", detalló el comerciante.

Sobre la posibilidad de que sean los mismos autores que en Ciudad Mágica, Lorea dijo que algunos policías "sospechaban de las mismas personas, como si hubiera venido gente de afuera durante el fin de semana".

El incidente se produjo sobre las 9, cuando Nicolás Mariano Fernández, de 38 años, se presentó de urgencia en la seccional de Villa Mitre, porque su hija Aurelia, de apenas 5 días, se encontraba morada y sin poder respirar. 

En medio de la desesperante situación, la sargento Lorena Méndez tomó a la pequeña y le realizó maniobras de emergencia, logrando reanimarla. Se pudo establecer que la bebé tenía obstruidas las vías respiratorias con su propio vómito.

Una ambulancia fue citada a la emergencia y el personal médico "no constató otra anormalidad" en la pequeña, que se retiró junto a su padre.

Ayelén Martín, una de las titulares de la firma Ciudad Mágica, que hoy a la madrugada fue blanco de boqueteros, dio detalles del hecho que investiga la Policía.

"Se llevaron dos cajas fuertes y las dos tenían dinero. Una era más grande, que es la que tiran a lo del vecino (por la calle El Resero) y que al caer se abre, se rompe y queda vacía, y la otra es la chica, que directamente se la llevaron. Había bastante dinero, no puedo asegurar el monto porque recién abrimos", relató.

El local, ubicado en Zelarrrayán al 2.900, cuenta con cámaras y alarmas -funcionan con o sin iluminación- que registraron el hecho, aunque no se activaron los sensores del techo, que es por donde ingresaron los delincuentes.

"Tenemos que ver por qué no funcionó el sensor del techo, que no es nuevo sino que estaba instalado hace rato", agregó Martín.

"En las cámaras se ven claramente a dos personas, una que baja con una soga y una sábana, y la otra que se queda en el techo recibiendo lo que le alcanzan", detalló.

La comerciante aclaró que en este momento no puede asegurar que los ladrones tenían información precisa, porque "tal vez fue casualidad", pero que seguramente será motivo de investigación.

"Lo que sí fue todo muy rápido, desde que sonó la alarma llegamos en 5 o 10 minutos y también ya estaba la Policía, pero se habían retirado", declaró.

Al menos de las cámaras de seguridad privadas no se observa el empleo de algún vehículo, aunque no se descarta que estuviera alejado de la esquina. Sí se ve a los desconocidos cuando escapan a pie.

El siniestro se produjo poco después de la una de la madrugada, en un inmueble de Blandengues 2000, donde Milagros Gabriela Fernández terminó con quemaduras de gravedad.

La joven, de 21 años, recibe asistencia en la Terapia Intensiva del Hospital Municipal, donde está conectada a un respirador artificial.

Fernández permanece internada con pronóstico reservado, compromiso de las vías aéreas y bajo sedación y analgesia, a raíz de haber sufrido quemaduras en el 40 por ciento de su cuerpo.

Según publicó una tía de la víctima en redes sociales, el hecho habría sido intencional y que a su sobrina al parecer "la ataron y la prendieron fuego".

En el lugar trabajan peritos bomberos para intentar establecer la causa del foco ígneo.

Pocos minutos antes del incidente, vecinos del sector supuestamente escucharon gritos provenientes de la finca incendiada, que estaría usurpada.

Cuando salieron a la vía pública, al parecer hallaron a Fernández inconsciente tendida sobre la calle.

Policías de la comisaría Quinta se presentaron anoche en el lugar del hecho, después de un aviso al número de emergencias 911.

Poco después arribaron bomberos del Cuartel Central y apagaron el fuego, que destruyó la propiedad por completo.

También intervinieron operarios de guardia de Defensa Civil.

La causa, por ahora caratulada "averiguación causal de incendio", está en trámite en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 2.

El hecho se produjo esta madrugada en el comercio de la cadena Ciudad Mágica, ubicado en Zelarrayán al 2.900.

Sobre las 4, según la denuncia del dueño, Eduardo Martín (61), se recibió un aviso de la empresa de vigilancia Securitas, cuyo personal llegó al lugar porque se activó la alarma y detectó la existencia de al menos tres boquetes en el techo del local.

Los delincuentes -que quedaron filmados por las cámaras privadas, aunque estaban con rostros cubiertos- accedieron a la oficina donde había dos cajas fuertes -una más grande que la otra- y escaparon en apenas 3 minutos, tras descender con una soga y una sábana. 

Uno de los cofres -abierto y vacío- lo abandonaron en una casa vecina, mientras que con el otro se lo llevaron una importante suma de dinero -no trascendió cuánto- que estaba prevista para el pago de proveedores hoy.

Con la llegada de la Policía y los peritos de la Policía Científica, se detectaron una mochila y un handy abandonado en la parte superior del negocio.

Todas las fuerzas de seguridad y la DDI, en coordinación con el Centro Único de Monitoreo (CeUM), trabajan para tratar de dar con los delincuentes.