De esa manera, los jueces Víctor Horacio Violini y Mario Kohan ratificaron la sanción impuesta por el juez técnico Eduardo d'Empaire, con penas de prisión perpetua y 15 años de cárcel, respectivamente.

Romero Miranda, conocido como "Mendocino", fue asesinado el 6 de septiembre de 2021. Tanto él como los acusados estaban relacionados con el negocio de la droga en Bahía Blanca.

Su cadáver, con un balazo en la nuca desde corta distancia, además de heridas cortantes, fue abandonado en la caja de su camioneta, en un terreno de Villa Buenos Aires.

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Sin embargo, para la acusación el crimen se cometió en el quincho de la casa de Rossi, en Hueque 90 del barrio Patagonia, donde finalmente fueron detenidos los dos sospechosos.

Tanto Rossi como Mejuto se habían alejado de la posición de autores del crimen, aunque el jurado popular los encontró culpables a ambos.

Los defensores Juan Vitalini (Rossi) y Mariano Jara (Mejuto) pidieron que se anule el veredicto de culpabilidad y la sentencia, tras considerar que no había motivación suficiente para condenarlos, que no se les permitió introducir prueba testimonial y que se violaron principios de legalidad y proporcionalidad.

"Del control de lo actuado no se advierte un grave y manifiesto error o carencia en las instrucciones impartidas que recale en una equivocación o confusión para condicionar perjudicialmente la actividad decisoria del jurado y con ello confluir en la nulidad del juicio y lo obrado en consecuencia pues, en definitiva, se hizo lo que se debía hacer", sostuvo Casación.

Los jueces explicaron que, a partir de la investigación, quedó claro que ambos "se dedicaban a la comercialización de estupefacientes y que el homicidio de Juan Ramón Romero Miranda, del que se hablaba en mensajes intercambiados entre ellos, tenía por finalidad amplificar la comercialización de drogas, tomando el 'territorio' de la víctima".

Se trata de Agostina María Cornou, de 20 años, quien debe responder por el delito de homicidio en grado de tentativa a Marcelo Ernesto Ullman (44), quien será el primero en declarar en la audiencia.

El juez técnico que conduce el debate -que se realiza en el quinto piso de Estomba 34- es el doctor Eugenio Casas, integrante del Tribunal en lo Criminal Nº 2.

El ataque, por motivos que no quedaron claros, se produjo en la madrugada del 18 de febrero de 2025, en el interior de la vivienda del excorredor de midget, en la primera cuadra de la calle Matheu.

Para la fiscalía, Cornou -asesorada en el juicio por el abogado Sebastián Martínez- y las menores intentaron dar muerte a la víctima de manera premeditada, aplicándole varias puñaladas en zonas vitales, como la cabeza, el tórax y el cuello.

Ullman fue trasladado gravemente herido al hospital Penna, donde debió ser intervenido quirúrgicamente.

Poco tiempo después fueron detenidas las sospechosas en el barrio Espora.

Las dos menores, que al momento del hecho tenían 16 y 17 años, tienen que ser juzgadas por el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

El delito se cometió anoche, sobre las 22.40, en la sociedad de fomento Máximo Acosta, ubicada en Saavedra al 3.300, donde personal del Comando de Patrullas intervino tras un llamado al 911.

Según la primera información, dos personas habían ingresado en el lugar luego de violentar la puerta principal y se apoderaron de tres ollas y dos tapas de aluminio.

Uno de los involucrados logró darse a la fuga, mientras que el restante fue aprehendido en el lugar y fue identificado como un menor de 12 años. Se logró recuperar todos los elementos.

Por disposición de la autoridad judicial, el adolescente fue restituido a su entorno familiar tras las actuaciones correspondientes.

Intervienen la UFIJ N°2 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, el Juzgado de Garantías del Joven, la Defensoría del Joven y el Servicio Local.

Según informaron desde la Comisaría local, los interceptaron a las 3:30 de la madrugada, en 9 de Julio al 1.000.

Agregaron que entre sus prendas llevaban 41 gramos de cocaína además de marihuana y un total de $ 889.000, elementos que fueron secuestrados junto con las manoplas y dos celulares. 

Quedaron a disposición de la Fiscalía N° 19 del Departamento Judicial Bahía Blanca, acusado de infracción a la ley de estupefacientes.
 

La mañana del 22 de septiembre de 2021, Norma caminaba junto a una amiga por la bicisenda de la avenida La Plata al 1.200, a la altura de Harrington, hasta que una situación tan imprevista como desgraciada les frustró el paseo que ya era una rutina.

"En un momento desapareció de mi lado, de golpe no estuvo más", contó la otra caminante para graficar cómo la pierna derecha de Norma cayó hasta su rodilla en un pozo que "mordía" el camino peatonal cubierto por pastos altos. 

La mujer sufrió la fractura del pilón tibial y debió ser sometida a una cirugía que incluyó osteosíntesis con placa y tornillos.

Luego de superar la angustia del primer trance, Norma decidió demandar a la Municipalidad por entender que era responsabilidad de la administración pública tener en condiciones dicho paso, usado con frecuencia no solo por peatones, sino también runners y ciclistas.

Pidió un resarcimiento de 2,3 millones de pesos (más intereses) por la incapacidad sobreviniente, el daño moral, la pérdida de chance y gastos médicos.

El caso quedó radicado en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Bahía, que es el órgano que responde ante situaciones que vinculan al Estado.

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En principio, el juez Agustín López Cóppola no hizo lugar al planteo de N.C.O., pero la mujer recurrió ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata (articula con Bahía) y le acaban de dar la razón.

El juez de origen, tras analizar la prueba documental y testimonial, concluyó que el hecho existió tal como relató la víctima y reconoció que la doctrina impone a la administración la obligación de mantener en condiciones el uso y goce de los bienes de dominio público.

Sin embargo, opinó que "ese deber" no puede interpretarse en términos que "transformen al Estado en un asegurador universal frente a cualquier daño sufrido por los particulares".

Y también dijo que la mujer no aportó pruebas que dieran cuenta que el municipio estaba al tanto de la falencia. 

"Exigir a la autoridad pública que garantice de manera permanente la inexistencia absoluta de irregularidades en la vía pública implicaría imponerle un estándar de diligencia irrazonable", consideró el juez bahiense al rechazar el resarcimiento.

Sin embargo, al llegar a la Cámara marplatense, los jueces Diego Fernando Ucin y Roberto Daniel Mora, dieron vuelta el resultado y fallaron a favor de la mujer lesionada. 

En la apelación, el abogado de N.C.O. sostuvo que se configuró una situación de grave peligro al no mantener un espacio público destinado al tránsito y paseo de los ciudadanos y que, por ende, no podía eximirse de responsabilidad al Estado con el argumento que no medió aviso alguno respecto de una situación que ciertamente conocía.

"Era de larga data"

La Cámara marplatense reconoció que "sería irrazonable" obligar al Estado a afianzar que "ningún habitante sufra daños de ningún tipo", porque ello demandaría "una previsión extrema que "no solo sería insoportablemente costosa para la comunidad", sino que limitaría la libertad.

"No existe un deber de evitar todo daño", aclaró, en consonancia con fallos de la Corte.

Sin embargo, a diferencia del juez bahiense, entendió que la rotura "era de larga data" y que por ese motivo "la autoridad debió tener conocimiento".

A esta conclusión llegó  por testimonios que dieron cuenta de la presencia habitual de operarios dedicados al mantenimiento del césped en el sector que, a su vez, es un espacio de "alta transitabilidad".

Los camaristas relativizaron el juicio de López Cóppola acerca de que la autoridad efectivamente no tenía conocimiento del mal estado de la vía. 

"Si bien no existía una denuncia formal, la administración debió anoticiarse de la potencialidad dañosa del lugar, lo cual se refuerza al considerar que el mentado espacio estaría destinado al tránsito peatonal, de runners y de bicicletas en modo recreativo, en tanto ello acentuaría la obligación de garantizar en condiciones mínimas de seguridad", dijo la Cámara.

Los jueces de alzada calificaron al pozo, oculto entre pastizales crecidos, como "una suerte de trampa" en la circulación, con lo cual descartaon un obrar precipitado o imprudente de la víctima.

En consecuencia, hicieron lugar a la apelación y ordenaron que el juzgado de primera instancia en nuestra ciudad que fije el monto de la demanda.

El aporte de testigos 

Vecinos. Uno de los lugareños declaró que la caída de la mujer se produjo en la denominada "bicisenda", mientras que otro vecino del sector reconoció que el pozo "estaba con pastos altos y no se veía" y ratificó que "personal municipal" hacía mantenimiento regularmente en el sector. 

Acompañante. La amiga de la víctima, que caminaba junto a ella, expresó que aquella mañana Norma "desapareció de costado" y que de golpe "no estuvo más". 

Profundo. La acompañante también dijo que la pierna de su acompañante quedó "adentro del pozo" hasta la altura de la rodilla y que el pasto en ese tramo estaba "super alto".

Presencia. La testigo, a su vez, confirmó que justamente el día del hecho había un hombre cortando el pasto y que, según entendió, sería personal del municipio.

Fotografías. En la causa instruida ante la Justicia Contencioso Administrativo, además de los testimonios, se sumaron fotos ("elocuentes", según los jueces) sobre la rotura.

El hecho se produjo cerca de las 22 en calle Río Negro al 300, de la vecina localidad, cuando los efectivos interceptaron a Juan Cruz Miller, de 27 años, quien circulaba en una moto y, al notar la presencia policial, abandonó rápidamente el vehículo e intentó escaparse de a pie, aunque no pudo lograr su intento de huida. 

Miller quedó demorado por el personal, quien constató que entre sus prendas tenía un "envoltorio conteniendo sustancia similar a cocaína, arrojando un pesaje de 6.6 Gs".

En paralelo, se logra establecer que la motocicleta en la que se desplazaba -una Honda Wave- cuenta con un pedido de secuestro activo por hurto, mientras se encontraba estacionada en el centro de Punta Alta.

Intervienen en las causas las UFIJ 19 y 12 del DJBB y la Ayudantía Fiscal de Coronel Rosales.

Los daños, según fuentes oficiales, se dieron en Villa del Carmen, en la plaza Chacabuco y Villa Morabdo, entre otros sectores afectados.

En estos lugares trabajan las áreas de Defensa Civil, Espacios Verdes, Tránsito y Servicios Públicos, con el apoyo de una cuadrilla de la empresa EDES.

El alerta naranja por fuertes vientos en la región se extenderán, en principio, hasta las 18. Luego regirá un alerta amarilla, también por la misma razón. (Agencia Carmen de Patagones)

Se trata de Hugo Vicente Nápoli (43), apodado “Flaco”, quien también fue señalado por otras dos personas que realizaron denuncias anónimas vinculándolo con la comercialización de estupefacientes.

Estos elementos fueron vitales para poner en marcha la investigación y que el juez del Tribunal en lo Criminal Nº 1, Hugo Adrián De Rosa, lo condene en un debate abreviado a la pena de 4 años y 2 meses de cárcel.

En la sentencia Nápoli fue declarado reincidente, ya que anteriormente había sido hallado culpable por un delito similar.

Previamente, el fiscal Mauricio Del Cero y el defensor oficial Eduardo Zalba, con la aceptación del acusado, acordaron la sanción y la calificación legal del caso.

Para el magistrado quedó acreditado que el procesado tuvo en su poder 6,02 gramos de cocaína, 6,64 gramos de marihuana y una planta de cannabis sativa.

Los elementos fueron secuestrados durante un allanamiento realizado el 8 de mayo de 2025 en una vivienda ubicada en España al 800 de Pringles.

El procedimiento fue solicitado por el fiscal Mauricio Del Cero y autorizado por el Juzgado de Garantías Nº 1.

Nápoli fue interceptado por los policías cuando ingresaba a su casa e intentó descartarse de un envoltorio que contenía 5,61 gramos de cocaína.

Punto de partida

En febrero del año pasado los denunciantes anónimos manifestaron tener conocimiento que el imputado vendía drogas en su domicilio.

Brindaron detalles del lugar y las características de las maniobras que se llevaban adelante.

Un mes después una mujer se presentó en el Servicio Local municipal y pidió ayuda para una familiar que tenía cercanía con Nápoli y experimentaba complicaciones por el consumo de estupefacientes.

Dijo que el sujeto “contaba con antecedentes por venta de drogas” y que seguía dedicándose a esa actividad ilícita, “involucrando” a su allegada.

A partir de esta información, efectivos policiales comenzaron a realizar vigilancia encubierta y lograron tomar fotografías y constatar movimientos compatibles con el comercio de sustancias en el domicilio del sospechoso.

Señalaron “la presencia de público y su corta permanencia en el lugar, mayoritariamente en horario nocturno, como así también bajo la modalidad de delivery”.

Fotos y mensajes

El juez también valoró los elementos hallados al realizar peritajes sobre los teléfonos celulares secuestrados al momento del allanamiento en la vivienda de Nápoli.

En uno de los aparatos los investigadores descubrieron 42 chats de WhatsApp, casi la totalidad correspondientes al día del procedimiento en la casa, lo que evidenció que diariamente eliminaba las conversaciones.

“Amigo armame media copada” o “¿Vas a tener una media hoy para aguantarme?”, son algunos de los mensajes constatados.

También negativas a “vender fiado” o consultas sobre la pureza de la sustancia. 

Por ejemplo, en una comunicación se halló el mensaje de una persona que ante la falta de dinero le ofrecía la entrega de un celular a cambio de drogas.

De la misma forma, quedó constatado que utilizaba billeteras virtuales para recibir pagos a cambio de drogas.

En una cuenta de Gmail “se produjo el hallazgo de correos de Mercado Pago sobre ingresos de dinero de terceros y de Mercado Libre ,que confirman la adquisición de una balanza digital de precisión”.

En otro dispositivo se advirtió la existencia de una galería de imágenes de cocaína fraccionada en líneas sobre un celular y fotos de flores de marihuana en frascos, junto a una balanza de precisión marcando 24.11 gramos”.

Delito probado

Al momento de resolver, el juez consideró que “analizada en forma integral la prueba precedentemente reseñada, tengo por debidamente acreditada la conducta atribuida a Nápoli”.

Describió que esta situación se determinó a partir “del secuestro de sustancia estupefaciente prohibida que se encontraba bajo la esfera de custodia del imputado, de la cantidad de dosis umbrales que de la misma podrían obtenerse, del hallazgo de una balanza y demás elementos corroborantes”.

De Rosa se refirió también a la presencia de personas que llegaban por corto tiempo a la casa del imputado, sosteniendo que esto resultaba “un patrón típico de comercialización”.

Destino del secuestro

En la resolución se determinó, tal cual lo acordado por las partes, el decomiso en favor del Estado de los elementos incautados durante la investigación.

Al respecto, se ordenó la entrega de la balanza de precisión secuestrada a la delegación local de Drogas Ilícitas para la utilización en las investigaciones.

Por último, también se estableció que los celulares sean destinados al Ministerio Público bahiense para su reciclaje.

Cuatro episodios, siempre con la misma modalidad, se produjeron en el negocio denominado "La Esquinita", ubicado en Charlone y Almafuerte.

"Estamos un poco acobardados. Nos entraron a robar cuatro veces en dos meses. El daño material se arregla, pero te queda la incertidumbre. Las chicas trabajan con miedo y no vemos ningún tipo de solución", dijo a La Nueva. el propietario del lugar.

Mauricio Cáceres mencionó que el último hecho ocurrió esta madrugada, alrededor de las 3, cuando los delincuentes rompieron un cristal cercano al sector de cajas.

"Hicieron un boquete en el vidrio, se asomaron y con la mano sacaron cosas. Rompieron el monitor y la computadora para llevarse algo. Todo esto, repito, da bronca e intranquilidad".

Recordó que el primer incidente se produjo el fin de semana de Carnaval.

"Estaba de viaje y ese domingo rompen el vidrio y se llevan toda la mercadería que pudieron. Incluso, saben y tienen calculado lo que tarda en llegar el servicio de vigilancia y la policía. Desde Mar del Plata coordiné para que arreglen el cristal y el martes siguiente, a la 10:30, rompieron la vidriera de al lado de la misma manera, llevándose balanzas y fiambres".

Agregó que, por ejemplo, el pasado 24 de marzo volvieron a intentar una maniobra similar, aunque se trató de una vidriera laminada, entonces explotó y se activó la alarma, por lo que los ladrones se dieron a la fuga.

Cáceres indicó que tienen cámaras de seguridad propias, pero consideró que sería bueno dotar al sector con dispositivos de la comuna.

"Esperamos que la policía haga algo en la zona y se pueda controlar esta situación", finalizó.

El hurto ocurrió ayer a la tarde, en José Ingenieros al 1.300 del barrio Ciudad Atlántida, cuando un conductor de 44 años dejó su Nissan Frontier estacionada en marcha y al regresar constató que le faltaba una mochila con diversas pertenencias.

Según informaron desde la Comisaría local, tras el análisis de cámaras de seguridad se logró establecer la identidad de la sospechosa, quien cerca de la noche fue aprehendida por efectivos del Destacamento Sur, en una vivienda de Jesús María al 1.000, en el mismo barrio.

Fue identificada como Candela Castaño, de 26 años, quien quedó acusada de hurto, a disposición de la Ayudantía Fiscal de Coronel Rosales, que interviene en la causa.

Agregaron que en su poder tenía prendas de vestir, una cartuchera, un frasco de pastillas, un cable USB, documentación y un sello pertenecientes al dueño de la camioneta. Además, incautaron la ropa con la que habría sido divisada en las cámaras de seguridad durante el hurto.

Fue identificado como Oscar Cosnard (37), a quien detuvieron ayer a la 1 de mañana, en una casa de 7 de Marzo al 600 (barrio Norte), por los delitos de lesiones agravadas por el vínculo y amenazas, a disposición de la Fiscalía N° 15.

De acuerdo con información oficial, Cosnar le provocó lesiones en el rostro a su pareja de 29 años y luego la amenazó con un destornillador, considerado un elemento punzocortante.

Agregaron que la mujer instó la acción penal y se dispusieron medidas cautelares de protección.
 

Los voceros señalaron que el episodio se desencadenó alrededor de las 7:30, en la zona de avenida Alem al 1.000, donde efectivos de la Policía Local concurrieron tras un aviso de los operadores del Centro Único de Monitoreo (CeUM).

Mencionaron que en el sitio identificaron a Brian Mendieta, de 20 años de edad, quien "habría participado minutos antes en una pelea con varios individuos".

Detallaron que al advertir la presencia de los uniformados el imputado "descartó un cuchillo de caza de grandes dimensiones" que fue secuestrado en el lugar.

El sujeto fue imputado por la portación del arma blanca y derivado a la comisaría Segunda.

Persecución y secuestro

Un sujeto que circulaba en una motocicleta que presentaba irregularidades fue interceptado tras escapar de un control policial.

Desde la Policía Local señalaron que el hecho se produjo poco después de las 3, en el interior del Parque de Mayo, cuando los efectivos advirtieron la presencia del individuo y pretendieron identificarlo.

Las fuentes explicaron que el acusado se dio a la fuga y comenzó una persecución que finalizó en República Siria al 1.400, cuando finalmente Facundo Echeverría (26) fue aprehendido y reducido.

Describieron que la moto Yamaha Crypton en la que se movilizaba presentaba la numeración del motor suprimida, por lo que se produjo el secuestro de la unidad.

El hombre fue imputado de los delitos de desobediencia e infracción al artículo 289, inciso 3°, del Código Penal.

Los voceros indicaron que todo comenzó aproximadamente a las 6, cuando el sospechoso abordó el auto de alquiler en Bernardo de Irigoyen al 1.100 y tras circular por la zona céntrica subieron también al rodado dos mujeres que posteriormente descendieron en distintos lugares.

Luego, al arribar al sector de Rodríguez Peña y Rivadavia, el pasajero exhibió un arma y le apuntó al rostro al chofer, quien descendió de la unidad y escapó.

Poco después el rodado Fiat Siena de la víctima fue hallado en el sitio y se detectó el faltante de 15 mil pesos y otros elementos.

A partir de testimonios y tareas investigativas la policía detuvo en la zona donde había comenzado el viaje a Simón Casco, de 35 años de edad.

Mencionaron que en su poder se incautó una mochila que contenía documentación perteneciente al damnificado.

Por el caso se iniciaron actuaciones por el delito de robo agravado.

Casco fue detenido en julio del año pasado, acusado de ser uno de los que atacó por la espalda a un inspector de Tránsito de la Comuna rosaleña, cuando trabajaba para restablecer la circulación vehicular en la plaza del centro puntaltense, luego de los festejos por el aniversario de la ciudad.

Meses más tarde, a principios de octubre, volvieron a detenerlo acusado de realizar amenazas con un arma de fuego en la calle y de conducir un auto robado en Mar del Plata.

El incidente se produjo alrededor de la 1, cuando los efectivos de la dependencia rosaleña concurrieron a un domicilio ubicado en calle 7 de Marzo al 600.

En el lugar arrestaron a un sujeto de 37 años de edad acusado de atacar a su pareja de 29 y propinarle un golpe de puño en el rostro.

En las mismas circunstancias, según se indicó, el acusado tomó un destornillador y lo utilizó para amenazar a la mujer.

Los voceros mencionaron que la mujer denunció el hecho y se dispusieron medidas cautelares de protección.

El imputado fue trasladado a la dependencia policial y puesto inicialmente a disposición de la fiscalía de flagrancia.

Hurto de elementos

Una mujer fue arrestada ayer por la policía puntaltense imputada de sustraer objetos del interior de un vehículo.

Se trata de Candela Itatí Castaño, de 26 años de edad, quien fue identificada mediante las cámaras de seguridad municipales.

El hurto se produjo en José Ingenieros al 1.300, donde habría tomado del interior de una camioneta Nissan Frontier una mochila con pertenencias.

Algunas horas después la mujer fue interceptada en Jesús María al 1.000, secuestrando una serie de objetos en su poder.

Los voceros describieron el hallazgo de prendas de vestir, un frasco con pastillas, una cable USB, documentación y un sello perteneciente al damnificado, entre otras cosas.

Por el caso se le dio intervención a la Ayudantía Fiscal de Coronel Rosales.

El operario terminó herido de gravedad y el hecho generó conmoción, por sus características, y demandó la intervención de los bomberos.

El contacto de las chispas de una amoladora con los gases acumulados en la cisterna habrían provocado la detonación.

Como primeras medidas preventivas, antes de las pericias, se clausuró el local. 

Los investigadores determinaron que tanto el titular del taller, Alejandro Javier Pacini, como la dueña de la empresa Ar Trans, Andrea Viviana Ospital, no adoptaron las medidas de prevención necesarias para evitar las heridas de Daria.

Fueron imputados de lesiones graves culposas, se los indagó y la causa avanza hacia el juicio.

La titular interina del Juzgado de Garantías Nº 3, Daniela Castaño, rechazó el sobreseimiento de ambos y ahora la Cámara Penal confirma esa medida, con lo cual ambos tendrá que responder por el delito en juicio.

Los defensores particulares de Ospital y Pacini, Hernán Pablo Silva y Daniel Fabio Weiman, respectivamente, formularon su apelación, pero no tuvieron éxito.

Silva consideró que la responsabilidad del siniestro correspondía únicamente a la víctima, quien supuestamente contradijo las instrucciones que le dieron para realizar el trabajo y utilizó una amoladora.

Weiman, por su lado, alegó que Daria tenía experiencia en la tarea y que un testigo aseguró que no era necesario el uso de la amoladora para cambiar las juntas.

También dijo que quedó demostrado que el operario "se encontraba disperso" y que era propenso a los accidentes y que no obedecía los consejos que le daban sus compañeros.

Responsabilidad

La Cámara Penal advirtió que, si bien ambos abogados aseguraron que el origen del siniestro fue por única responsabilidad de la víctima, es correcta la decisión de la jueza de primera instancia de imputar a la dueña del transporte y al tallerista.

Marcaron, en este sentido, lo que dispone la Resolución 287/2007 de la secretaría de Política Ambiental de la provincia de Buenos Aires.

El artículo 1 establece que los transportes con residuos especiales deben lavarse cuando tienen que llevar un residuo incompatible al anterior o cuando debe ser sometido a reparación verificación o inspección.

Y el artículo 3 marca que las unidades que deben lavarse son los tractores, las partes exteriores de los chasis y carrocerías cuando hubieran estado en contacto con residuos especiales; el interior de las cisternas y el exterior de las mismas cuando hubiera derrames.

"Esta normativa era conocida por ambas partes, desde que tanto los empleados que trabajaban en la firma donde se efectuaban las reparaciones (bajo el mando de Pacini) y los representantes de la empresa de transporte propietaria del vehículo siniestrado (Ar Trans) conocían las medidas que se debían adoptar", sostuvo el doctor Barbieri, con la adhesión de su colega Yesari.

Consideró "inadmisible" que hayan justificado el incumplimiento de las medidas de seguridad en la "sencillez" de la tarea que se debía realizar.

"De todo el cuadro probatorio descripto queda claro -al menos con el grado de probabilidad positiva que este estadío procesal requiere- que ninguno de los imputados era ajeno a la necesidad de que el vehículo se encontrara lavado en forma previa a realizar reparaciones, de allí que en la selección de medios adoptada es donde recae su responsabilidad, desde que de haber adoptado los recaudos que la normativa legal les imponía, el hecho se habría evitado", concluyó la Cámara.

Declaración de los testigos

Aviso. Un compañero de Daria dijo que aquel día llegó el camión y su chofer avisó que el tanque tenía producto, pero que había estado abierto todo el fin de semana. "Alrededor de la junta había combustible", manifestó.

Herramientas. Otro operario declaró: "El trabajo este se hacía con sierra o usando llaves y fuerza. En ese caso no se iba a soldar porque el tanque no estaba desgasificado", declaró. Un compañero suyo dijo que era Pacini quien siempre recibía los camiones a reparar.

Peligroso. "Estas declaraciones resultan sumamente ilustrativas de que en el caso no se respetó ninguna de las previsiones legales que habrían evitado el resultado dañoso", afirmó la Cámara. 

Conocimiento. "Todos conocían la peligrosidad de la tarea a realizar y la necesidad de tomar recaudos adicionales (en el caso no utilizar una amoladora), pues el vehículo no estaba debidamente lavado y presentaba restos de combustible", remarcó la Justicia al rechazar el sobreseimiento de los acusados.

Diego Javier Banfi (51) tenía un rol definido en la organización: era quien "barría" la ruta previamente para que sus compañeros pudieran viajar en otro vehículo y no tener problemas con el transporte de droga a gran escala. 

Pero aquel mediodía del 7 de marzo de 2024 algo falló. Un repentino control de la Policía Rural de Coronel Rosales detuvo la marcha del BMW 320 en el cual trasladaban 5 kilos de cocaína en panes hacia Bahía Blanca. Fue en la ruta 3, a la altura de Bajo Hondo. 

Marcos Ezequiel Vázquez, su conductor, se vio sorprendido con una pequeña bolsa de droga en su poder y no tuvo tiempo de disimular frente al retén.

El hombre, que viajaba junto a su novia, Johanna Luján Rodríguez, y una pequeña niña, tenía la nariz visiblemente blanca. Quiso aspirar el polvo de golpe, para evitar complicaciones, aunque "se regaló".

"Soy consumidor", les dijo a los uniformados, pero no le creyeron. Incluso sufrió taquicardia y debió ser internado.  

Se pidieron refuerzos, requisaron el vehículo y encontraron los ladrillos de cocaína envueltos en papel amarillo.

Esa imprudente acción en la cadena delictiva terminó por derrumbar una organización con eje en el Conurbano, que proveía de drogas a gran escala no solo a Bahía.

Ya suman 7 las condenas, con las tres recientes que se dieron ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca, luego de un juicio abreviado.

La investigación permitió establecer que la banda tenía conexiones para llegar no solo a nuestra ciudad, sino también a General Roca y a Entre Ríos, entre otros puntos todavía no establecidos.

La churrasquería El Parrillón, ubicada en Yrigoyen 340 de Avellaneda y propiedad de Diego Gastón Gómez (49), era uno de los puntos de encuentro del grupo delictivo, según quedó registrado en las escuchas a las que tuvo acceso La Nueva. 

"Diego Parri Ave", como tenían agendado a Gómez, era quien tenía los contactos con eslabones superiores de la cadena del tráfico de estupefacientes aportada a la organización y también el que gestionó, a través de Vázquez, el envío de drogas a otros puntos del país.

La conexión local, también condenada, es otro de cierto "peso": Maximiliano Ezequiel Núñez se encargaba de distribuir la cocaína en Bahía, para darle destino de narcomenudeo.

Núñez tiene múltiples antecedentes delictivos y a mediados de 2022 había sido investigado por la Policía de Chubut, también como nexo local en el mismo "rubro", entre Buenos Aires y Puerto Madryn. 

Vázquez, su novia Johanna, Núñez y Pablo Javier Prieto (dueño del BMW y encargado de conseguir los vehículos para el transporte) fueron sentenciados en diciembre por el tribunal bahiense y están en distintas cárceles, salvo la mujer, que recibió 3 años de prisión en suspenso como partícipe secundaria.

Vázquez (el del "nariguetazo") recibió 7 años de cárcel y sus cómplices, 6 años por transporte y comercio de estupefacientes.

En los últimos días llegaron a la misma instancia de sentencia el parrillero Gómez, el "barredor" Banfi y Danilo Mariano Alonso (49), otro de los "choferes", a quien a su vez se lo condenó por tener sin permiso, en su casa de El Talar, una pistola Bersa Thunder 380 con 50 proyectiles. Y se le contó una condena anterior por asociación ilícita.

Este último recibió 5 años de cárcel (la cumple en el penal de Rawson) y los otros dos (recluidos en el complejo federal de Marcos Paz), 4 años y 6 meses de prisión. 

Los tres asumieron un rol secundario en el comercio ilegal, según la Justicia.

Para los investigadores, el grupo, al menos entre diciembre de 2023 y aquel 7 de marzo de 2024, traficó cocaína desde distintos lugares del Gran Buenos Aires y hacia diferentes regiones, no solo la nuestra, con importante fluidez

Tirar de la cuerda

Una vez que Vázquez cayó por su incontrolable dependencia, los investigadores se movieron rápido. 

La Justicia Federal bahiense ordenó el secuestro de su celular y logró establecer que quien figuraba como "Negro Maxi", y le había hecho varias llamadas perdidas, era Núñez, quien estaba impaciente por la llegada del pedido.

Después surgieron "Danilo" (Alonso), "Javi" (Banfi) -también lo llamó varias veces ese mediodía por WhatsApp- y "Diego Parri Ave" (Gómez).

Vinieron los allanamientos -algunos en Bahía y otros en Tigre, Avellaneda y Los Polvorines- y el análisis del contenido telefónico por parte de la Prefectura, que fue clave para desentrañar los roles y el pivoteo con la parrilla como uno de los centros donde se coordinaba la acción.

"En las intervenciones telefónicas de las investigaciones de narcotráfico, cuando hay pluralidad de imputados y los partícipes se relacionan unos con otros (...) es común que eviten hablar directa y claramente, precisamente para evitar ser descubiertos.  A tal fin suelen usar rodeos, subterfugios, palabras en clave, simulaciones", explicó el juez José Fabián Asís, del tribunal bahiense, al dictar el fallo tras el acuerdo alcanzado entre el fiscal Gabriel González Da Silva y los defensores.

"En esos casos, las conversaciones incoherentes, inconexas, en las que recurrentemente se acude a palabras que aparecen descontextualizadas o inentendibles, son altamente sospechosas, pero –como se afirma en la bibliografía específica- 'no alcanzan para un juicio de certeza si no van acompañadas de las actividades investigativas de corroboración suficiente para concluir que se está en presencia de un caso concreto de narcotráfico'", agregó, al citar bibliografía.

El Patrón del Norte

Los investigadores, una vez conocido el último fallo, revelaron un dato hasta ahora desconocido: los panes de cocaína secuestrados en Bahía tenían el logo de un delfín.

"Evidentemente es el logo de la organización de Castedo", explicó uno de ellos.

Castedo es Reynaldo Delfín Castedo, conocido como "El Patrón del Norte", considerado un capo narco del norte del país, quien purga una condena a 16 años de prisión.

"Creemos que este de Bahía era un subgrupo de toda la organización. Tenían una forma muy sofisticada de actuar, borraban todos los mensajes y se comunicaban solo por WhatsApp, con lo cual no quedaban muchos registros. Todo era encriptado", amplió.

Si bien Bahía Blanca, General Roca y Entre Ríos figuraban entre los destinos habituales de la banda, no se descarta que hayan adoptado otras rutas, de acuerdo con lo que se evaluó en la investigación que se esclareció a partir del "nariguetazo".

De pureza media

Peritaje. De los 5,2 kilos de polvo compactado que se secuestraron en los 5 ladrillos hallados en el BMW, solo 2,5 kilos eran cocaína. Se calculó una pureza del orden del 51%, con alcance para más de 102 dosis intravenosas, 80 mil intranasales y 61 fumadas.

Decomiso. El arma y las municiones secuestrados fueron remitidos a la ANMaC, para su destrucción, mientras que el dinero incautado ($3 millones), según la ley 23.737, quedará a disposición de la comisión mixta de Registro, Administración y Disposición de la Corte.

Más elementos. También se secuestraron y pasan al Estado una camioneta Volkswagen Amarok, propiedad de Banfi; dos celulares y dos tablet, entre otros elementos.

El órgano revisor ratificó el fallo dictado en mayo del año pasado por el Tribunal en lo Criminal Nº 2 de Bahía Blanca, que había condenado a Nora Marta Lozano (68) como autora de los delitos de homicidio agravado por alevosía en perjuicio de Jorge Scali (65), falsa denuncia y tenencia de arma de fuego sin autorización legal.

La defensa oficial de la imputada presentó recurso de casación contra la sentencia de primera instancia que, según la apelante, incurrió en "arbitrariedad manifiesta" al atribuirle a Lozano el asesinato en base a una "construcción falaz, sustentada en indicios ambiguos, interpretaciones forzadas y ausencia de prueba directa, sobre todo porque la valoración probatoria no está debidamente motivada o explicada".

La defensora planteó que solo puede darse por probado que a la madrugada del 17 de septiembre de 2022, Lozano retiró a Scali del geriátrico Del Carmen, ubicado en Carmen de Patagones.

"Pero no puede tenerse por probado -como lo hizo el tribunal bahiense- que la imputada haya ocasionado intencionalmente la muerte de Scali", opinó la defensa en su presentación.

Agregó que no hay testigos directos del hecho ni evidencia material (huellas o ADN) que vinculen a Lozano con el homicidio.

La patrocinante de la condenada sostuvo además que la "confesión" parcial de su clienta durante el allanamiento fue tomada "sin asistencia letrada", bajo un contexto de dudosa espontaneidad y "sin valor probatorio autónomo".

Los jueces Víctor Violini y Carlos Natiello, de la Sala III de Casación, rechazaron el planteo defensista y confirmaron la decisión del Criminal Nº 2, al entender que el recurso es "improcedente" porque la defensa "no logra articular ninguna crítica concreta a los fundados argumentos expuestos en la sentencia impugnada, que determinaron la existencia de los hechos y la autoría penalmente responsable de Lozano".

Las críticas de la recurrente, sobre que no hay testigos del hecho, registro audiovisual ni evidencia biológica o pericial que vincule directamente a Lozano con el lugar del hallazgo del cuerpo ni con el momento de muerte de la víctima, "no son suficientes para poner en duda la intervención de la imputada en el hecho, puesto que la ausencia de prueba directa no impide que el cúmulo de indicios y elementos objetivos valorados den cuenta de la intervención de Lozano en la muerte de Scali".

"La postulación de la defensa no supera el umbral de la mera discrepancia en la valoración o interpretación dada por el Tribunal (de grado) a los elementos que le permitieron reconstruir históricamente el hecho y así atribuir la autoría a Lozano, debiéndose rechazarse la pretensión de la contraparte", analizó Violini, que votó primero.

"Misma suerte corre el planteo que busca conmover la calificación asignada al hecho, pues tengo dicho que la agravante alevosía consiste en el 'empleo de medios, modos o formas en la ejecución, que tiendan, directa y especialmente a asegurar el homicidio, sin riesgo para el autor, de acciones que procedan de la defensa que pudiera hacer el ofendido'; y en el aspecto subjetivo requiere 'el ánimo del autor de aprovecharse, mediante esos procedimientos, de la situación de indefensión de la víctima'", acotó el magistrado.

El juez Natiello adhirió a los fundamentos brindados por su colega preopinante.

Según Casación, Lozano retiró a Scali del geriátrico y, valiéndose de la relación que tenía con él, actuó "sobre seguro y lo sorprendió atacándolo, aprovechándose del total estado de indefensión", a raíz de tener también discapacidad visual en ambos ojos.

Así, la enjuiciada "obró a traición, sin riesgo para sí y con la clara intención de darle muerte" a su hijastro, a quien le aplicó 28 puñaladas por la espalda, provocándole insuficiencia respiratoria por neumotórax traumático.

El 26 de septiembre de 2022 se halló el cuerpo sin vida de un hombre cerca de un camino vecinal ubicado en el kilómetro 740 de la ruta 3.

Desde ese momento transcurrió casi un año hasta que los peritos pudieron identificar al fallecido como Jorge Scali.

El 27 de julio de 2023 Lozano se presentó en una comisaría de Lanús y denunció falsamente que había perdido de vista a Scali dentro del cementerio de aquella localidad, sin poder encontrarlo.

De esta manera se inició una investigación por averiguación de paradero y la Policía activó los protocolos correspondientes.

Al día siguiente se allanó el domicilio de Lozano en la ciudad de Remedios de Escalada, donde los investigadores secuestraron dos armas de fuego que no contaban con la debida autorización legal.

Testigos. Empleadas del geriátrico coincidieron en que Lozano manifestó que se llevaba a Scali del establecimiento porque iban a radicarse a Paraguay, pero el hombre no estaba de acuerdo con esa decisión, según dijeron las declarantes.

Escena. El argumento de la defensa sobre que la sentencia no explica cómo la imputada pudo "arrastrar el cuerpo" hasta un monte de eucaliptus "se cae por su propio peso, puesto que el especialista en planimetría y otros funcionarios policiales que participaron en la investigación concluyeron que el lugar donde fue hallado el cuerpo de Scali es el mismo donde se produjo su muerte, es decir que no fue arrastrado o llevado hasta allí, por lo que los infundados planteos decaen".

"Inconstitucionalidad". El defensor ante la Casación mantuvo (sin éxito) el recurso de su par de grado y añadió como nuevo motivo de agravio la "inconstitucionalidad" de las normas que fijan la pena de perpetua.

El operativo se llevó a cabo alrededor de las 14.30 en una vivienda ubicada en calle Patagones al 500, de la vecina localidad, tras las tareas investigativas realizadas por efectivos policiales y el Comando de Patrullas.

El detenido, identificado como Claudio Andrés Aliante (43 años), tenía en su poder una moto marca Honda Wave, que al ser verificada en el sistema registró un pedido de secuestro activo con fecha del 23 de abril de este año, en el marco de una causa por hurto de motovehículo.

El rodado, según se informó, había sido sustraído en diciembre de 2024 en calle Paula Albarracín al 2000, en perjuicio de un joven de 19 años.

Interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°2 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

Está acusado de la comisión de "contacto electrónico" con el fin de concretar otro "contra la integridad sexual" de un menor.

El ex entrenador del primer equipo de la entidad de calle Alem fue a citado para el miércoles 27 de mayo a las 10.

En la audiencia se le tomará declaración indagatoria, que estará a cargo del fiscal Rodolfo De Lucía

Se recuerda que el caso se inició cuando una mujer lo denunció ante la Justicia luego de que su hijo, de 16 años, recibiera reiterados pedidos para que enviara imágenes íntimas a cambio de dinero.

En aquel momento, de acuerdo con lo informado, el contacto entre el adulto y el menor habría tenido inicio tres meses antes aproximadamente, cuando el denunciado le habría solicitado fotografías de carácter íntimo.

Estaba acusado de plantar evidencia y mentir para perjudicar a efectivos de la Policía Bonaerense en la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro, ocurrida durante la pandemia de coronavirus.

El ahora condenado fue a juicio por brindar una versión ficticia en el marco de la causa vinculada al joven de 22 años visto por última vez el 30 de abril de 2020 en Pedro Luro, hasta que su cuerpo apareció esqueletizado unos meses después en un cangrejal de General Daniel Cerri.

Por otro lado, Casación revocó la pena condicional de ocho meses impuesta por la justicia de Mendoza por hallarlo autor del delito de encubrimiento simple. Por unificación de sanciones, el tribunal impuso una pena única de 7 años y 8 meses de prisión de cumplimiento efectivo.

Se recuerda que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca había sentenciado a Marcos Herrero como autor penalmente responsable del delito de falso testimonio reiterado en 7 oportunidades, agravado por haber sido cometido en causa criminal contra los investigados.

El fiscal federal de nuestra ciudad, Santiago Ulpiano Martínez, descubrió que cuando Herrero llevó a sus perros a la búsqueda de Astudillo, inventó que habían detectado el rastro de olor del joven en móviles y dependencias policiales. También detalló que el falso perito había “plantado” un amuleto que le pertenecía al joven desaparecido. (Infobae/La Nueva)