Se trata de Luciano Alfredo Canevari, de 32 años, y Matías Sebastián Canevari (18), quienes fueron aprehendidos por amenazas agravadas y tenencia de armas de fuego, luego de que la policía secuestrara una pistola calibre 22 y más de 100 municiones.

En tanto, Esteban Durán Polanco, de 33 años, y Maximiliano Silveri (36), fueron detenidos porque registraban requerimientos judiciales pendientes.

El procedimiento se desarrolló entre las 18 y las 20, con la participación de efectivos del Gabinete Investigativo de la Comisaría Primera, el Escuadrón de Caballería y personal de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI).

El procedimiento que derivó en el secuestro del arma tuvo lugar en Undiano al 300, luego de un llamado al servicio de emergencias 911.

Según informaron fuentes policiales, los hermanos Canevari habrían intentado agredir momentos a una persona de 34 años, en el marco de un conflicto por problemas personales.

Allí se secuestró una pistola automática calibre 22 y más de 100 municiones que estaban en poder de los sospechosos.

Interviene la UFIJ N° 15 del DJBB.

Asimismo, en el mismo operativo se detuvo a Esteban Durán Polanco, quien registraba una captura activa por una causa por robo, además de  Maximiliano Silveri, sobre quien pesaba un requerimiento judicial por infracciones a los artículos 72 y 74 de la Ley 8031.

Ambos pedidos correspondían al Departamento Judicial Bahía Blanca.

En horas de la noche del lunes, la jueza María Mercedes Rico, subrogante del Juzgado en lo Correccional Nº 2, tomó la medida ya que el abogado defensor de la exlegisladora, Martín De Prada, había presentado un certificado debido a un problema de salud y no había podido presentarse a la audiencia.

Por esta razón, la primera jornada del juicio había debido suspenderse en la mañana del lunes.

En los próximos días la magistrada fijará una nueva fecha de debate.

“No hay delito”

En la mañana del lunes, Corrado había dicho encontrarse tranquila porque "no hay delito".

"Este juicio ya fue resuelto, no entendí muy bien por qué se lleva a cabo. La causa principal se resolvió oportunamente con la absolución de los acusados, porque no hay delito. Aquel jovenzuelo que reclamaba la indemnización debe ser abuelo", ironizó. 

"Él (por Maximiliano Rodríguez Labastía) tiene su derecho de reclamar. Son cosas que han pasado. Una cosa es lo que puede plantear y otra cosa es que un juez nos dé la razón. Acá hubo varios imparciales, porque la Cámara también consideró que no había delito. No alcanzo a entender mucho la insistencia, pero estoy a derecho", dijo.

Corrado aclaró que no solo el abogado De Prada presentó un certificado de salud sino que ella también tendría que estar en reposo por haber sufrido una fractura por estrés en uno de sus talones.

"Esto sucedió en julio de 2005, más de 21 años… ¿Qué cabeza puede aguantar psíquicamente un acoso, una persecución, un capricho? Yo no me siento ni víctima ni me hago la víctima, pero hay que aguantar...", dijo.

El hecho ocurrió alrededor de las 16.30 en un local ubicado en 12 de Octubre al 500, donde esta persona ingresó provocado daños en distintas estatuas de cerámica que se encontraban en el interior.

Tras el episodio, salió a la calle y, en aparente estado de ebriedad, comenzó a ocasionar disturbios y alterar el orden público, lo que motivó la intervención de efectivos del Comando de Patrullas.

Los uniformados procedieron a reducirlo y aprehenderlo, para luego dar intervención a las autoridades judiciales correspondientes.

Interviene la Comisaría Segunda y la UFIJ N° 15 del DJBB, juntamente con el Juzgado Correccional en turno.

La causa fue caratulada como daño e infracción a los artículos 72 y 74 del Decreto-Ley 8031/73.

El procedimiento se registró alrededor de las 13.40, en una vivienda ubicada en Fortín Vanguardia al 600, del barrio Villa Caracol, donde efectivos del Comando de Patrullas acudieron tras recibir un aviso por un conflicto entre integrantes de una misma familia.

Al llegar al lugar, los uniformados identificaron a González Estefanía Ayelén, de 20 años, y Francisco María Belén, de 26, quienes momentos antes habían mantenido una discusión verbal en el interior del domicilio.

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Mientras el personal policial intentaba mediar para restablecer la calma, ambas mujeres comenzaron a agredirse físicamente mediante golpes de puño. Ante esta situación, los efectivos intervinieron para separarlas y controlar el conflicto.

Intervino personal de la Comisaría Quinta y la UFIJ N° 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

Se trata de Lucas Macchi, de 37 años, y de Maximiliano Modinger, de 19.

Según se indicó, el procedimiento se inició alrededor de las 9.45, luego de que desde el Centro Único de Monitoreo advirtieran la presencia de dos hombres que intentaban abrir vehículos estacionados en el sector de Pampa Central y Maldonado.

A partir de esta información, efectivos del Comando de Patrullas interceptaron a los sospechosos en Chaco y Maldonado, luego de que fueran observados saliendo de una camioneta Fiat Fiorino.

Al momento de la identificación, ambos tenían en su poder ropas deportivas y alimentos, elementos que fueron reconocidos por el propietario del vehículo como de su pertenencia.

Asimismo, se procedió al secuestro de un teléfono celular Motorola G04S de color azul, con funda transparente, cuya procedencia no pudo ser acreditada inicialmente por los aprehendidos.

Posteriormente se logró establecer que el teléfono había sido sustraído alrededor de las 8.30 del interior de un camión de reparto estacionado en inmediaciones del Hospital Penna.

En ese mismo hecho también habían sido sustraídos un par de guantes negros marca Vértigo, los cuales se encontraban entre los elementos que tenían en su poder los aprehendidos.

Los aprehendidos fueron trasladados a la Comisaría Quinta y quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 15. La carátula es hurtos reiterados.

Los procedimientos se realizaron en avenida Colón al 100 de Punta Alta y en el “Comando Anfibios” de la Base Naval de Puerto Belgrano, ubicado en las calles internas de esa Base Naval.

El expediente se inició tras la denuncia radicada por familiares de una menor de edad, quienes alertaron sobre el envio del material de fotos íntimas que la menor se había tomado y la recepción de amenazas y exigencias -mediante perfiles falsos en redes sociales- para coaccionar a la víctima con el fin de que le enviara a esa persona más fotos íntimas.

A raíz de las tareas investigativas desplegadas por personal de Cibercrimen, se recolectaron elementos probatorios -incluyendo análisis de direcciones IP, registros de líneas telefónicas e impactos de antenas- que permitieron vincular de forma presunta al investigado, quien había sido pareja de la madre, con la creación y administración de los perfiles utilizados para perpetrar los hechos.

Para evitar la pérdida de evidencia digital se ordenaron los allanamientos que terminaron con el secuestro de un teléfono celular y el disco rígido de una computadora. Estos elementos tecnológicos serán peritados en busca de mayores elementos de interés para la causa.

El cuerpo de enjuiciamiento también ordenó el decomiso de un automóvil BMW que el acusado utilizaba para consumar la actividad ilícita.

En marzo de 2017 el tribunal había condenado a Larriaga a 12 años de prisión, pero en octubre de 2018 la Cámara Federal de Casación Penal anuló lo resuelto sobre esa pena y el decomiso de cuatro vehículos, así como dispuso el dictado de un nuevo fallo.

La jueza Ángela Ledesma, de la Sala II de Casación, advirtió "un déficit en la fundamentación de la pena" y respecto de los rodados señaló que los jueces bahienses "no entablaron ninguna vinculación entre los bienes secuestrados y los sucesos ilícitos investigados".

Lo que quedó firme es la responsabilidad penal de Larriaga; sólo se reabrió la discusión sobre el monto de pena y qué hacer con los bienes incautados en el marco de la investigación.

Larriaga fue condenado como autor penalmente responsable del delito de comercialización de estupefacientes agravada por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo.

En la audiencia celebrada el lunes 5 de este mes, la auxiliar fiscal María Kairuz pidió 10 años de prisión para Larriaga, la mitad de lo que había reclamado en el primer juicio.

La escala penal para este delito es de entre 6 y 20 años de prisión.

Los jueces del tribunal bahiense que el martes pasado emitieron el nuevo fallo (Sebastián Foglia, Ernesto Sebastián y Roberto Minguillón), argumentaron que este último pedido de la fiscalía funciona como un "techo".

"El pedido de pena del Ministerio Público Fiscal, en un proceso penal acusatorio, debe resultar el límite de la respuesta estatal", sostuvieron los magistrados.

Citaron además el nuevo Código Procesal Penal Federal, que establece que los jueces "no podrán imponer una pena más grave que la solicitada por los acusadores".

La defensa, a cargo de Sebastián Martínez y Micaela Romero, había solicitado el mínimo legal.

Martínez sostuvo que ninguno de los agravantes planteados por la fiscalía estaba debidamente acreditado.

Como agravante, el tribunal de juicio valoró la cantidad de droga secuestrada en la causa.

En un allanamiento hecho en Soler 130 se incautaron 1.002 gramos de cocaína y en el BMW, ocultos bajo alfombras, aparecieron dos ladrillos de 1.014 y 1.022 gramos de la misma droga.

Según el fallo, esa magnitud impide que la pena quede en "el límite mínimo de 6 años".

Otro agravante de responsabilidad es el 'corte' de la cocaína con una sustancia antiparasitaria prohibida para consumo humano, situación que el tribunal calificó como "gravísima".

Los representantes del Poder Judicial de la Nación también tuvieron en cuenta "el rol preponderante que (Larriaga) ocupaba dentro de la organización" criminal, y la duración de los hechos, que se extendieron al menos desde el 8 de febrero de 2011 hasta el 5 de septiembre de 2014.

Por último analizaron como agravante los antecedentes del imputado, que registra condenas previas por tenencia simple y suministro oneroso de estupefacientes.

El tribunal consideró esas sanciones como "un modo de proceder notoriamente compatible con un claro desprecio por la norma".

La sentencia todavía no está firme.

Se lo identificó como Walter Nahuel Raúl "Paco" Martínez, de 38 años, cuya captura fue ordenada por el Juzgado de Garantías Nº 4, a pedido del fiscal Maurcio Del Cero, quien lo indagará mañana.

La investigación se inició el 29 de noviembre del año pasado, con un allanamiento efectuado por otra causa en el domicilio de República Argentina al 300, en donde se incautaron 8 envoltorios con cocaína, una balanza de precisión y recortes de nylon.

Martínez tenía dos condenas previas, una por violencia de género y otra por encubrimiento, por lo que se dispuso su detención, la cual fue efectivizada, en la vía pública (en la intersección de las calles Granderos y Merceditas), por personal de la Estación de Policía de Seguridad Comunal Coronel Suárez Primera.

Asimismo, en el día de la fecha se allanó su vivienda y se secuestraron 20,1 gramos de cocaína y más de 370 gramos de marihuana.

Su aprehensión, sobre las 9.45, en Catamarca al 900, por parte de personal de la comisaría Segunda, tiene relación con un robo cometido entre el viernes a la noche y la madrugada del sábado en el edificio de Blandengues 261.

Ese día, un desconocido trepó hasta el quinto piso y, luego de dañar una malla de protección del balcón, ingresó en la propiedad y sustrajo dinero en efectivo y documentación.

Se investiga a Lagos Musotto, a su vez, como autor de al menos otros 6 o 7 delitos con la misma modalidad, por ejemplo en Blandengues al 700 (piso 1), Juan Molina al 400 (piso 1), 9 de Julio al 500 (piso 4), Blandengues al 200 (piso 5), Zelarrayán al 200 (piso 3) y primera cuadra de Mendoza (piso 3).

En principio fue imputado como robo agravado por escalamiento, con intervención de la UFIJ Nº 7.

El acto de maltrato animal, conocido en las últimos días, se produjo el miércoles de la semana pasada y motivó la intervención de la UFIJ Nº 9, que, según informó, habría obtenido material probatorio en dos allanamientos.

Por un supuesto problema entre personas, la yegua tobiana colorada, conocida como "Gorda", terminó con profundos cortes en su cabeza y una fractura en su hocico -habría sido provocado por un objeto contundente-, que demandaron una urgente intervención sanitaria para sus curaciones.
 

"Hubo problemas entre dos vecinos, aparentemente se metieron en un campo a cazar y el dueño de la yegua, que es el empleado de ese campo, discutió con estas personas y al otro día encontró la yegua así", comentó una proteccionista de Dorrego que se comunicó con lanueva.com para dar a conocer el caso.

La mujer, de todas maneras, prefirió no identificarse porque, según dijo, tiene temor a represalias.

"Yo soy una persona que amo los animales y este es un pueblo chico y empezaron a hacerse viral las fotos. Es muy duro todo lo que pasó y por eso queríamos que se conociera porque el periodismo aporta muchísimo a estas causas", dijo.

El delito investigado figura bajo el encuadre de la Ley 14.346, de maltrato y actos de crueldad hacia los animales.

Los allanamientos, en la vivienda de un mayor y en la de un menor (en su caso tomó intervención la UFIJ N° 3 del fuero respectivo), dieron como resultado el secuestro de prendas con manchas de sangre, elementos de corte y teléfonos celulares que serán analizados.

Al padre del menor, en tanto, lo aprehendieron por tener en su poder un arma de fuego sin registro, aunque el hombre no tiene relación con el ataque animal.

Su declaración se dio esta mañana en el Palacio de Tribunales, minutos antes del horario del juicio, que corre riesgo de realizarse porque el defensor de la exfiscal, Martín De Prada, presentó un certificado de salud y no podría asistir a la audiencia.

La jueza María Mercedes Rico, subrogante del Juzgado en lo Correccional Nº 2, resolvió intimar al defensor de Corrado a que especifique su inconveniente de salud y cuánto tiempo lo imposibilita.

En consecuencia, la audiencia de hoy fue suspendida a la espera de los detalles y mañana se definirá si se inicia o no el debate.

"Este juicio ya fue resuelto, no entendí muy bien por qué se lleva a cabo. La causa principal se resolvió oportunamente con la absolución de los acusados, porque no hay delito. Aquel jovenzuelo que reclamaba la indemnización debe ser abuelo", ironizó Corrado. 

"Él (por Maximiliano Rodríguez Labastía) tiene su derecho de reclamar. Son cosas que han pasado. Una cosa es lo que puede plantear y otra cosa es que un juez nos dé la razón. Acá hubo varios imparciales, porque la Cámara también consideró que no había delito. No alcanzo a entender mucho la insistencia, pero estoy a derecho", dijo.

Corrado aclaró que no solo el abogado De Prada presentó un certificado de salud sino que ella también tendría que estar en reposo por haber sufrido una fractura por estrés en uno de sus talones.

"Esto sucedió en julio de 2005, más de 21 años, qué cabeza puede aguantar psíquicamente un acoso, una persecución, un capricho, yo no me siento ni víctima ni me hago la víctima, pero hay que aguantar...", dijo.

Por último, Corrado remarcó que la Justicia ya dijo que la única heredera de su excuñado fallecido era la madre del hombre.

El caso estará bajo el análisis de la jueza María Mercedes Rico, quien subroga en dicho juzgado.

Corrado está acusada de haber realizado maniobras estafatorias tendientes a desapoderar de la herencia sucesoria perteneciente a su excuñado, Adolfo José Luis Herro, que le correspondía al hijo y único heredero universal Maximiliano Antonio Rodríguez Labastía.

Según la causa, los hechos se registraron a partir del 25 de julio de 2005, fecha en la que se produjo la muerte de Adolfo Herro.

Allí un grupo de personas de la familia y amigos, entre los que se encontraba Corrado, habrían llevado a cabo diversas acciones para vaciar el acervo sucesorio lo que le impidió a Rodríguez Labastía acceder a lo que por derecho le correspondía.

En octubre de 2022 fueron juzgados por el hecho -y absueltos- 6 integrantes de la familia y amigos.

El fallo del doctor Gabriel Giuliani, titular del Juzgado Correccional Nº 1, fue recurrido y se encuentra pendiente de resolución definitiva.

El procedimiento se registró alrededor de las 14.20, en un domicilio ubicado en calle Nueva Provincia al 300, luego de que se activara un botón antipánico, lo que motivó la inmediata intervención de efectivos del Comando de Patrullas.

Al arribar al lugar, los uniformados constataron que el aprehendido -identificado como Maximiliano Oscar Magallanes Kraser, de 36 años- había ingresado sin consentimiento a la vivienda de su expareja, una mujer de 46 años, por lo que procedieron a su aprehensión.

Asimismo, mediante la consulta a los sistemas informáticos policiales, se estableció que el imputado registraba una medida cautelar de restricción perimetral vigente desde el 15 de septiembre, dispuesta a requerimiento del Juzgado de Garantías N° 2 de Bahía Blanca.

En consecuencia, el hombre fue trasladado a la Comisaría Primera, quedando a disposición de la UFIJ 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

El procedimiento se registró alrededor de las 14, en una vivienda ubicada en Ángel Brunel al 200, donde se produjo un conflicto de pareja que motivó la intervención policial.

De acuerdo con las actuaciones, tras mantener una discusión, el detenido -identificado como Pablo Ezequiel Domínguez, de 33 años- habría agredido físicamente a su pareja, una mujer de 55 años, provocándole lesiones en el brazo izquierdo y excoriaciones en ambas rodillas.

Al intervenir los efectivos del Comando de Patrullas, el imputado opuso resistencia física y forcejeó con el personal policial, intentando impedir el procedimiento, por lo que se procedió a su inmediata aprehensión.

Domínguez quedó a disposición de la UFIJ N.° 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca, en el marco de las actuaciones correspondientes.

El caso tuvo la participación de una “viuda negra” que brindó información para que un grupo de sujetos le robara una millonaria suma de dinero a un vecino de Pedro Luro, pero también a tres policías que habrían “mejicaneado” el botín.

El juez Ricardo Gutiérrez, del Tribunal en lo Criminal Nº 1, le impuso, tras un debate abreviado, la pena de 3 años de prisión a Mario Ariel Migone por ser coautor del delito de robo en poblado y en banda y con escalamiento.

Para el magistrado quedó probado que el 24 de octubre de 2022, poco antes de mediodía, Migone condujo la camioneta Volkswagen Amarok en la que transportó a tres personas hasta una vivienda ubicada en la calle 32, entre 1 y 101, de la localidad ubicada en el partido de Villarino.

Los individuos accedieron a la propiedad por un ventiluz del baño, posteriormente se apoderaron del dispositivo que controlaba las cámaras de seguridad y finalmente robaron una caja de seguridad que contenía 83 mil dólares y unos 3 millones de pesos. 

También se estableció que, para llevar adelante la maniobra, los ladrones contaron con la participación de una joven que “indujo a la víctima a que se retirara de su domicilio a los fines de dejar sola la vivienda y facilitar el robo”.

Redes y datos

La víctima manifestó que 3 meses antes del hecho había conocido a una joven a través de las redes sociales, con la cual inició una “relación ocasional”.

Dijo que esa mujer estuvo en dos ocasiones en su casa, la última el día del robo, cuando le pidió al damnificado que la llevara a Bahía Blanca.

El hombre también indicó que era la única persona ajena a su círculo que había ingresado en el último tiempo a la propiedad.

Describió que el 7 de octubre de ese año la chica había concurrido a su domicilio y que advirtió que “había revisado” el lugar, aunque no le dio mayor importancia.

Agregó que el 23 de ese mismo mes lo visitó nuevamente y que al día siguiente le pidió que la trajera a Bahía.

Explicó que al regresar a Pedro Luro advirtió que desconocidos habían ingresado a su casa y le robaron la caja de seguridad.

Dos testigos declararon que vieron a los ladrones transportando la caja y que la subieron a una camioneta.

En tanto, las cámaras de seguridad reflejaron a un par de individuos saliendo del domicilio de la víctima, mientras que también localizaron al vehículo transitando por la ruta 3 en dirección a nuestra ciudad.

Encuentro y teléfonos

Los investigadores establecieron que Migone, quien tenía domicilio en San Antonio Oeste, se había alojado en un hotel de nuestra ciudad junto a la chica que había contactado al damnificado.

También determinaron que en el lugar se reunieron con Claudio Calandria, quien en mayo de 2024 fue sentenciado a 3 años por el mismo robo. 

Calandria fue detenido poco después del hecho y cumplió su condena, que finalizó el 27 de diciembre de 2025.

En el celular de este último se hallaron más de 600 mensajes de WhatsApp enviados a Migone, cuyo teléfono fue detectado por las antenas en la zona de Villarino el día del robo.

Los de "enfrente"

Calandria, paralelamente, denunció a principios de 2023 que tres policías de Villarino que estaban investigando el delito se habían presentado en su vivienda de Mar del Plata para robarle una importante cantidad de dólares.

En su teléfono hallaron mensajes donde se quejaba porque “alguien” había filtrado información”.

“Tuve un problema en mi casa con los de la vereda del frente (por la Policía). Me cayeron y me chorearon, les tuve que hacer la denuncia porque vinieron sin orden”, indicó.

Por ese caso la Justicia marplatense condenó a los tres policías. Damián Sandobal recibió 4 años de cárcel, por robo agravado, mientras que Diego Domingual y Juan Pablo Argañaraz recibieron 3, por encubrimiento agravado.

“Perdí todo”

Migone declaró en la causa y dijo que en esa época padecía problemas de adicciones, aunque no admitió su participación en el robo.

“No me importaba nada, yo me olvide de muchas cosas, perdí mi familia, mi hijo, mi casa, perdí todo”.

El juez sostuvo que el descargo no introduce “una explicación alternativa que permita neutralizar el conjunto de indicios, serios y concordantes”.

La Sala II de la Cámara Penal de Bahía Blanca acaba de ratificar la sentencia, a un año de cárcel de ejecución condicional que, en agosto pasado, le impuso el Juzgado en lo Correccional N° 4 a N.A.R.B. (se la identifica con las iniciales para preservar a los menores).

De esa manera se hizo lugar a la denuncia presentada por R.G.C., quien tiene domicilio en el partido de Coronel Rosales.

El delito en el cual se encuadró el caso es impedimento de contacto de hijos menores con su padre no conviviente, agravado por la edad de los niños (según el artículo 1, segundo párrafo, de la Ley 24.270).

El conflicto conyugal escaló con el inicio de la pandemia de COVID-19. 

A comienzos de 2020 el matrimonio se separó y con la llegada, en marzo, de las restricciones por el distanciamiento social (ASPO), el padre dejó de tener contacto con sus hijos, que en esos momentos tenían 6 meses de vida y 2 y 4 años, respectivamente.

Algunos meses después, el entonces juez de paz de Punta Alta, Norberto Arévalo, homologó un regimen de comunicación, fijando como residencia principal para los niños la vivienda de la mujer, en Monte Hermoso.

El hombre había sido habilitado para llamar por teléfono o realizar videollamadas de WhatsApp todos los días, entre las 17.30 y las 21, medida que la mujer debía facilitar, en un entorno de privacidad entre los chicos y su padre.

Sin ningún contacto

Sin embargo, tras una primera etapa de cumplimiento, comenzaron las dilaciones y negativas. 

Según se probó en la causa, la mujer dejó de responder las llamadas y los mensajes de audio. Tan solo entre noviembre y diciembre de 2021 se registraron 11 comunicaciones consecutivas del hombre que fueron ignoradas.

El padre -junto con su madre (la abuela paterna) y otros familiares- viajó repetidamente al balneario para ver a sus hijos, pero el bloqueo fue continuo.

En noviembre de 2021, en una de esas visitas, la abuela paterna intentó saludar a sus nietos y la madre se lo impidió de manera tajante. 

El episodio quedó registrado en la comisaría local por parte de R.G.C..

Ya enero del año siguiente, durante el cumpleaños de cinco años del mayor de los niños, el hombre regresó a Monte Hermoso y también notificó de la situación a la Policía. 

Al llamar al teléfono fijo de la vivienda de la madre, una voz femenina atendió y respondió que se trataba de un "número equivocado".

En mayo de 2022, ante un nuevo rechazo en la puerta de la vivienda, el padre directamente decidió radicar la denuncia penal correspondiente en la seccional montehermoseña.

Rechazo a la defensa

Durante el proceso judicial, N. A. R. B. argumentó que eran los propios chicos quienes no deseaban hablar con el padre y que ella incumplía el acuerdo, porque actuaba siguiendo recomendaciones profesionales.

Sin embargo, los jueces de la Cámara Penal —Guillermo Federico Petersen y Guillermo Emir Rodríguez— desestimaron el recurso presentado por el abogado defensor, Facundo Martín Rojo. 

Los camaristas destacaron las conclusiones de los peritos del equipo interdisciplinario del Juzgado de Paz de Monte Hermoso, que acreditó el vínculo al afirmar que los niños "reconocen tanto la presencia física y emocional de su padre".

Los peritos sugirieron mantener el contacto telefónico diario y avanzar hacia encuentros presenciales, subrayando la necesidad de una "apertura emocional por parte de la madre" para hacer efectivo el régimen.

Por otro lado, en el expediente judicial no existía ningún dictamen técnico que desaconsejara la revinculación paterno-filial.

La Cámara Penal coincidió con la jueza Pinto en que la acusada negó de forma "dolosa y sistemática" el derecho de los menores a relacionarse con su padre y por ese motivo se ratificó la condena a un año de prisión de ejecución condicional.

La sanción está sujeta a reglas de conducta que la imputada deberá cumplir estrictamente durante dos años para evitar que la pena se vuelva de cumplimiento efectivo en prisión.

Qué dice la Ley 24.270

Configuración. La normativa, sancionada en noviembre de 1993, configura como delito al padre o tercero que impidiere u obstruyere el contacto de menores de edad con sus padres no convivientes.

Sanción. El artículo 1 reprime con prisión de un mes a un año "al padre o tercero que, ilegalmente, impidiere u obstruyere el contacto de menores de edad con sus padres no convivientes".

Agravante. Si se tratare de un menor de 10 años (como el caso) o de un discapacitado, la pena será de 6 meses a 3 años de prisión.

Mudanza. Las mismas penas serán para el padre o tercero que, para impedir el contacto del menor con el padre no conviviente, lo mudare de domicilio sin autorización. Si con la misma finalidad se fuera al extranjero, las penas de prisión se elevarán al doble del mínimo y a la mitad del máximo.

El fallo, resuelto en un debate abreviado por el Tribunal en lo Criminal N° 3, recayó en Jonathan Ignacio Alarcón, quien fue hallado culpable del delito de robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada.

El hecho se produjo el 11 de noviembre de 2025, en Provincias Unidas y D´Orbigny, cuando el acusado y un cómplice (no pudo ser identificado) se movilizaban en una moto y abordaron a una persona que circulaba al mando de un rodado Honda Titán.

Los delincuentes amenazaron a la víctima con un revólver y la obligaron a descender del vehículo, que fue abordado por uno de los asaltantes.

Finalmente ambos se dieron a la fuga por la primera de las arterias.

"Poco más de una hora después, personal policial de la comisaría Cuarta observó el paso a alta velocidad del vehículo utilizado en el hecho. Tras una persecución que finalizó al perder el control y caer al suelo en Darregueira al 3.000, los sospechosos intentaron huir a pie, lográndose la aprehensión de Alarcón", señalaron desde el Ministerio Público.

Los procedimientos fueron llevados adelante por personal policial con intervención del Juzgado de Garantías Nº 3 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

Durante las diligencias, los efectivos secuestraron un aire acondicionado marca RCA, una garrafa de 10 kilos y otros elementos considerados de interés para la investigación. Además, incautaron cinco plantines de marihuana y una sustancia compatible con cocaína, con un peso de 1,2 gramos.

Como resultado de los operativos, Javier Galván fue aprehendido en el marco de la causa por robo. En tanto, Thiago Angulo quedó aprehendido por una presunta infracción a la Ley 23.737, vinculada a estupefacientes, mientras que Iván y Gabriel Maidana fueron aprehendidos por resistencia a la autoridad.

En las actuaciones intervienen la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) Nº 15, la UFIJ Nº 19 y la Ayudantía Fiscal de Coronel Rosales, todas dependientes del Departamento Judicial Bahía Blanca.

Los cuatro aprehendidos fueron trasladados a la comisaría, donde permanecen a la espera de ser indagados por la Justicia.

Los voceros señalaron que un hombre de 54 años denunció que alrededor de las 2:30 dejó su vehículo en la zona de Paraná al 900 y que posteriormente advirtió lo ocurrido.

Describió que regresó al sitio dos horas después y descubrió que la puerta del conductor estaba torcida y que había sufrido el robo de algo más de un millón de pesos que se encontraban en un morral, una guitarra criolla y un termo, entre otras cosas. 

El hecho fue denunciado y es investigado por efectivos de la comisaría Segunda.

Desde la comisaría Quinta indicaron que en las últimas horas, con la autorización del Juzgado de Garantías N° 3 y a pedido de la UFIJ N° 7, llevaron adelante allanamientos vinculados con el hecho.

En este sentido, mencionaron que para solicitar los registros se utilizó información recolectada por el Gabinete Investigativo de la dependencia y filmaciones de las cámaras del Centro Único de Monitoreo (CeUM).

Uno de los procedimientos se desarrolló en una vivienda de Manzana de las Luces al 2.000, donde los efectivos secuestraron un Chevrolet Cruze de color gris, un reloj pulsera que fue reconocido por el denunciante, prendas de vestir, teléfonos celulares y herramientas.

En el lugar aprehendieron a Rodrigo Acuña (26) y Juan José Rubio Del Fino (30).

Los voceros mencionaron que ambos fueron trasladados a la seccional y que posteriormente recuperaron la libertad por disposición de la fiscalía, aunque permanecen ligados a la investigación.

También registraron una propiedad situada en Río Atuel al 3.000, aunque el operativo no arrojó novedades de interés para la causa.

El hecho se produjo hace una semana, cuando dos delincuentes realizaron un boquete en el techo y accedieron al local denominado Gema, ubicado en Don Bosco al 1.300, de donde sustrajeron dos relojes.

Trascendió que los sujetos habrían pretendido ingresar de la misma forma a un comercio lindero, aunque la activación de la alarma los puso en fuga.