Se trata de un joven de 17 años que no fue identificado por razones legales, a quien se le imputó el delito de tenencia ilegal de arma de fuego e infracción al artículo 289 del Código Penal.

El procedimiento se dio sobre la 1, en la esquina de Fournier y Francisco Abel.

Cuando los uniformados identificaron al joven detectaron que, entre sus prendas de vestir (guardada en su pantalón) llevaba un revólver calibre 22 corto, marca Italo Gra, con varios proyectiles intactos y una vaina servida cargados en su tambor.

Los peritos, una vez trasladado el menor a la seccional (luego fue entregado a su padre), descubrieron que el arma era apta para el disparo.

La causa tramita ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 3 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Bahía Blanca.

Efectivos policiales pringlenses allanaron ayer una vivienda donde aprehendieron al sospechoso Horacio Ariel Cerdán, de 25 años de edad.

Cerdán al parecer es empleado de un campo cercano al lugar donde se consumó el robo de hacienda.

En el inmueble registrado los uniformados secuestraron dos cueros de oveja recién faenados, numerosos cortes de carne ovina recién despostada, la ropa que el cuatrero habría usado durante el hecho y el teléfono celular de Cerdán.

Los cortes cárnicos estaban en una heladera y también colgados en un galpón y en una planta, oreándose.

Según se informó oficialmente, el viernes un productor agropecuario de esa zona denunció haber visto a un individuo sustraer corderos del interior de su campo.

Posteriormente los investigadores del caso establecieron que el autor del hecho sería empleado de un establecimiento vecino, y la justicia de Garantías de Bahía Blanca ordenó el allanamiento.

Al joven se lo acusa de abigeato, por eso la causa está a cargo del equipo de delitos rurales de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 20 bahiense.

Se trata de Axel Barroso, de 25 años, quien fue atrapado en su vivienda de la calle Pigüé 2880 cuando intervinieron efectivos del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la citada seccional.

Durante la diligencia ordenada por la Justicia, además, se secuestró un televisor led, que es propiedad de la víctima del hecho investigado, cometido el sábado pasado en Roberto Arlt al 2.000.

En la vivienda también se incautaron distintas prendas de vestir como las que llevaba puestas el autor del delito.

Barroso cuenta con fuertes antecedentes delictivos y se encontraba bajo la lupa de los investigadores al estar presuntamente vinculado a múltiples delitos contra la propiedad cometidos en esa zona de la ciudad.

Fuentes judiciales informaron que la víctima presentaba lesiones defensivas leves en las muñecas.

En este sentido, los voceros vinculados a la investigación señalaron que los peritos extrajeron muestras para los estudios toxicológicos, histopatológicos y complementarios de rigor.

La causa fue reasumida por el juez Guillermo Rongo, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 22 de la Ciudad de Buenos Aires, quien en las próximas horas le tomará declaración indagatoria a Renato Iván Tabella, de 28 años, acusado también por el femicidio de Daniela Villalba, ocurrido en la provincia de Córdoba.

Las primeras tareas investigativas fueron encabezadas por el fiscal Matías Di Lello, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 53.

El arresto de Itabella se concretó luego de un operativo conjunto entre la Policía de la Ciudad y la Policía de Córdoba. Personal de la Brigada 5 de la División Homicidios, en cumplimiento de la orden de allanamiento, detención y secuestro librada por el magistrado interviniente.

En este marco, se secuestraron dos celulares; dinero en efectivo; cuatro tarjetas con chips de telefonía celular, dos de ellos en el envoltorio sin abrir y dos abiertos; documentación personal y prendas varias de vestir.

El hombre también es señalado por el crimen de Daniela Villalba en la provincia de Córdoba. Su cuerpo fue hallado hace menos de una semana en una vivienda ubicada sobre el bulevar Las Heras al 200, frente al Parque Las Heras. Según las primeras informaciones, presentaba heridas en el cuello y cortes en los brazos, y estaba acostada en una cama, cubierta con sábanas.

La investigación inició el pasado martes 20 de octubre, cuando recolectores de residuos encontraron una valija con manchas de sangre y una peluca en un contenedor ubicado en la esquina de La Rioja y Sucre. En el equipaje había un nombre que coincidía con el de una mujer cuya desaparición había sido denunciada por una amiga.

Fuentes del caso le confirmaron a este medio que ambas víctimas serían supuestas trabajadoras sexuales y que detrás de ambas muertes está Tavella, por lo que el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Giménez, y su par de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, brindan hoy una conferencia de prensa.

El hallazgo del cuerpo de Fernández ocurrió este domingo a las 8.40 cuando una amiga, preocupada porque no respondía los mensajes, llamó a un cerrajero para ingresar al lugar, ya que estaba cerrado con llave y allí la encontró muerta.

El hecho se produjo en un domicilio situado en la calle Libertad al 1.200, frente al edificio de la SIDE, donde se encontró a la joven sin vida, al costado de la cama y tapada con una sábana.

Según los primeros datos, la mujer había acordado una cita la noche anterior con un hombre identificado como Iván, a quien conoció a través de una aplicación. (con información de NA)

La captura se llevó a cabo en la vía pública, sobre las 20, luego de tareas encubiertas de vigilancia.

Según se informó desde las fuerzas de seguridad, en este marco fue detenido Mariano Puccinelli, de 40 años, quien a fin de agosto había ingresado ilegalmente a una vivienda ubicada en inmediaciones de Villa Talleres II, donde había robado distintos elementos entre los que se encontraba la tarjeta de crédito.

Posteriormente, el delincuente hizo compras con ella en locales del centro bahiense, por un monto aproximado de 2,5 millones de pesos.

De esta manera, Puccinelli pudo ser identificado y posteriormente detenido, a partir de una orden de allanamiento librada por el Juzgado de Garantías Nº 2 a requerimiento de la UFIJ Nº 7, a cargo de la doctora Marina Lara. 

Este hombre  es sospechado de varios hechos ocurridos bajo el mismo modus operandi.

La conductora del Citroën C4 Cactus, identificada como Antonela Galesio, de 31 años, resultó herida luego de que el vehículo que conducía impactara desde atrás contra una camioneta Fiat Toro, al mando de Luciano Baraldi, de 47 años.

La mujer fue asistida y trasladada al Hospital Municipal, donde ingresó con politraumatismos varios aunque, según el informe oficial, sus lesiones no revestían riesgo de vida.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de Tránsito, Defensa Civil y una ambulancia del servicio de emergencias. 

Interviene la UFIJ N° 1 del DJBB, bajo la carátula de lesiones culposas.

Según la investigación, el imputado sometió sexualmente a una de las niñas entre el 12 de octubre de 2011 y noviembre de 2019 en el interior de un automóvil, en dos viviendas de aquella ciudad y en un hotel alojamiento de Bahía Blanca, cuando la víctima tenía entre 8 y 16 años.

Asimismo, la pesquisa determinó que el condenado perpetró reiterados y diversos actos abusivos en perjuicio de la hermana de la niña -quien tenía entre 13 y 23 años-, en hechos que se repitieron hasta 2020 en dos inmuebles y un hotel de la ciudad rosaleña.

Del mismo modo, la Justicia lo encontró responsable de exhibirle material pornográfico a una de las víctimas con el propósito de generarle conocimientos sexuales prematuros y acelerar su desarrollo psicosexual.

Al analizar la extensión del pedido de pena, se computó la diferencia de edad entre las víctimas y el imputado, fundamentando que existió un aprovechamiento de su superioridad física y se remarcó la interseccionalidad de la vulnerabilidad de las víctimas por su condición de mujeres y menores de edad.

Entre los parámetros valorados para medir la extensión del daño causado se computó el prolongado período en que se extendieron los abusos -unos 9 años- y la diversidad de ámbitos donde fueron ejecutados, entre los que se incluyeron albergues transitorios, domicilios particulares y el propio automóvil del encausado.

El hombre fue condenado como autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual gravemente ultrajante agravado por haber sido cometido con aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente con una menor de 18 años y corrupción de menores, todos en concurso real de delitos.

Las jornadas, que tendrán lugar jueves y viernes próximos en Sierra de la Ventana, serán abiertas con una disertación del presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, doctor Sergio Gabriel Torres, quien además encabezará distintas actividades en Bahía y la región desde mañana. 

A lo largo de los dos días de debate, los jueces y funcionarios asistentes abordarán problemáticas actuales de alta sensibilidad comunitaria. 

Entre los ejes temáticos previstos se destacan:

- Inteligencia Artificial: se debatirá sobre su uso diario y aplicación en el acontecer cotidiano del Poder Judicial.

- Gestión y cercanía: desafíos para la Justicia de Paz contemporánea y las herramientas tecnológicas concretas aplicadas al fuero.

- Medios y redes: los nuevos desafíos en la comunicación, diagnósticos y posibles cursos de acción.

- Conflictos de familia y niñez: disertaciones enfocadas en la responsabilidad parental, cuidado de los hijos y el abordaje de las infancias, juventudes y género.

- Argumentación y procesos: Técnicas sobre cómo argumentar sentencias en casos complejos y análisis comparativos de reformas procesales civiles.

Para comprender la magnitud del encuentro es necesario destacar el rol que cumplen los juzgados de paz en el tejido social que son, por definición, de proximidad y cercanía inmediata con el ciudadano.

A diferencia de los grandes tribunales concentrados en las cabeceras departamentales, los juzgados de paz se ubican en cada uno de los municipios del interior provincial. 

Su función es resolver los conflictos cotidianos y urgentes de los vecinos en sus propios lugares de residencia, abarcando desde problemáticas familiares y de violencia doméstica hasta cuestiones de menor cuantía, faltas locales y certificaciones de trámites esenciales. 

De este modo, los jueces de paz se transforman en la cara visible y más accesible del Poder Judicial para las comunidades más pequeñas y alejadas de los grandes centros urbanos.

Conferencia sobre la ESMA

Como antesala a las jornadas en la comarca serrana, el doctor Torres realizará mañana una actividad académica abierta al público en Bahía Blanca. 

Bajo el título "ESMA, la investigación judicial", el cortesano dictará una conferencia y debate en el auditorio Héctor Furlong del Colegio de Abogados de Bahía Blanca, Sarmiento 54, primer piso.

La actividad presencial es libre y gratuita, pero bajo inscripción a través de iej.scba.gov.ar o cabb.org.ar.

Torres, como juez federal, fue quien condujo la investigación de la emblemática megacausa de la Escuela de Mecánica de la Armada (que se inició en 2003 y se prolongó por 16 años), por crímenes de lesa humanidad cometidos en ese centro clandestino -por el cual pasaron más de 5 mil víctimas del terrorismo de Estado- durante la última dictadura cívico-militar, entre 1976 y 1983.

El caso terminó con decenas de condenas, varias a prisión perpetua, por lo que se consideró parte de un planificado y sistemático genocidio que incluyó los llamados "vuelos de la muerte", un macabro método de exterminio que consistía en arrojar a personas vivas al Río de la Plata desde un avión.

Previo a la conferencia del martes, ese mismo día el presidente de la Corte tiene previsto visitar los juzgados de paz de Villarino y Carmen de Patagones, mientras que el miércoles hará lo propio con el de Tornquist y algunas recorridas por organismos de nuestra ciudad.

El aprehendido es Lucas Hugo Ramiro García Muena.

El hecho se produjo pocos minutos después de las 23.30, en una vivienda ubicada en Nicolás Pírez al 2000.

El dueño del inmueble, de 53 años, escuchó ruidos en el techo y, al observar, vio a una persona desconocida que se ocultaba detrás de un portón.

Rápidamente el morador del domicilio dio aviso a la Policía.

Efectivos del Comando de Patrullas llegaron al lugar y, con permiso del propietario, ingresaron en la propiedad.

Luego de revisar el sector, los policías hallaron al sospechoso escondido en el patio y lo aprehendieron.

García Muena fue trasladado a la comisaría Quinta y quedó a disposición de la fiscalía de flagrancia, en relación con el delito de violación de domicilio.

El hecho ocurrió en la noche del sábado, en un comercio ubicado en Juan de La Piedra y Julián Murga.

Según se indicó, minutos antes de las 21, los delincuentes amenazaron a una empleada con un arma de fuego, sustrayendo un teléfono celular y dinero en efectivo, y luego se escaparon a pie.

Seguidamente, personal policial, luego de recabar características de los delincuentes y verificar las cámaras de seguridad de la zona, montaron un operativo cerrojo y los interceptaron en Juan de la Piedra y Buenos Aires.

Al ser cacheados se constata que entre sus prendas poseían un cuchillo tipo Tramontina y el teléfono celular robado.

Posteriormente, se llevaron a cabo dos allanamientos en los domicilios de los ladrones, donde se secuestraron prendas de vestir, dinero en efectivo -que sería coincidente con el sustraído en el ilícito-, una pistola de aire comprimido -indicada como elemento utilizado por los malvivientes para amedrentar a la víctima-, y un cuchillo tipo multifunción.

Ambos sujetos fueron trasladados a la sede policial. Tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 15 del Departamento Judicial de Bahía Blanca. La carátula es robo calificado. (Agencia Carmen de Patagones)

Ocurrió alrededor de las 22:15, en un comercio ubicado en José ingenieros al 2.200 del barrio Laura.

Allí llegaron los móviles policiales, luego de un llamado de emergencia que alertaba sobre el ingreso de los sujetos al comercio.

Según informaron desde la Comisaría local, durante el tiroteo los asaltantes utilizaron al dueño del local como escudo, hasta que finalmente lo soltaron y emprendieron la fuga.

Agregaron que tanto las víctimas como los efectivos resultaron ilesos.

Personal de la Sub-DDI local y de la Policía Comunal trabajan para esclarecer el hecho, en una causa por robo agravado por el uso de arma de fuego.

Se trata de Guillermo Patricio “Galli” Bullón, quien el 18 de marzo de 2014 fue hallado culpable del crimen de Marcela Andrea García (32).

El hecho se produjo el 21 de octubre de 2012 y solo por 53 días evitó que su conducta fuera tipificada como femicidio y recibiera la pena de prisión perpetua.

El 14 de diciembre de ese año se publicó en el Boletín Oficial la Ley 26.791, que incorporó la citada figura al Código Penal, dentro del artículo 80.

Recientemente la Sala II de la Cámara Penal rechazó la apelación del defensor Cristian Daniel Firpo y ratificó la decisión del juez de Ejecución Penal Nº 1, Claudio Brun, quien negó otorgarle al sujeto el beneficio de la libertad condicional.

El juez Brun consideró que si bien Bullón -detenido en la Unidad Penal Nº 19 de Saavedra- se encuentra en condiciones temporales de acceder al beneficio, existen elementos de “tenor cautelar” que impiden hacer lugar al requerimiento.

En el mismo sentido votaron los camaristas Guillermo Petersen y Guillermo Emir Rodríguez.

Cuestionamientos

Mientras que el Departamento Técnico Criminológico de la cárcel aconsejó la liberación del interno, el informe de un psiquiatra de la Asesoría Pericial Departamental sostuvo que “no es posible descartar la ocurrencia de nuevos incidentes del mismo orden de aquellos por los que fuera condenado en caso de no contar con un control externo que le brinde protección y asistencia adecuada”.

El profesional agregó que el acusado cuestionó el juicio y el fallo.

Los jueces indicaron que esa evaluación es complementaria a la realizada por un psicólogo del penal, quien refirió que Bullón experimentó un proceso de reflexión respecto de los hechos que lo condujeron a la detención y lo que esto provocó en su entorno familia, aunque “subjetivando las consecuencias en la víctima y sus allegados”. 

Incluso, allí se sugirió el “el acompañamiento de instituciones afines a efectos de favorecer un proyecto de vida y un mejor retorno al espacio social”.

En este sentido, desde la unidad penal refirieron que en caso de ser liberado resultaba “imprescindible” un “acompañamiento estricto” y “garantizar la continuidad del dispositivo terapéutico” iniciado en prisión.

Al momento de resolver, los camaristas sostuvieron que el dictamen favorable de los profesionales carcelarios “fue efectuado sin la debida perspectiva de género que el caso ameritaba”.

Agregaron que no resulta suficiente la recomendación de continuar con el tratamiento comenzado durante la detención.

Consideraron por ello que Bullón no alcanzó aún los objetivos perseguidos para evitar “que aquel que ha delinquido vuelva a hacerlo” e “internalizar lo reprochable de su accionar”.

El crimen

El hecho de sangre se desencadenó a fines de 2012, en una vivienda ubicada en Echeverría al 1400, de la vecina ciudad.

El Tribunal en lo Criminal Nº 3, integrado entonces por los jueces Daniela Fabiana Castaño, Eduardo Alfredo d'Empaire y Raúl Guillermo López Camelo, declaró a Bullón autor de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”.

Para los magistrados, se demostró que entre las 7 y las 7.30, el acusado efectuó un disparo con un revólver calibre 32 a Marcela García, ocasionándole una herida en la sien izquierda que determinó el deceso de la mujer por un paro cardiorrespiratorio.

Entre las pruebas se citó el testimonio del médico forense Mauro Sueldo, quien realizó la autopsia y describió que el orificio de entrada del proyectil “no tenía ahumamiento ni la marca del cañón, y sí tatuaje de pólvora”, por lo que concluyó que “el disparo no fue realizado con el arma apoyada sobre la piel, aunque sí a corta distancia”, estimando la misma entre 20 y 30 centímetros.

Del mismo modo se tuvo en cuenta la prueba de dermotest positiva en las manos del acusado.

Una explicación que los jueces no consideraron

Versión. Al momento de declarar en la causa, el acusado negó haber tenido intenciones de asesinar a la víctima.

Desenlace. Bullón, en su indagatoria, sostuvo que  en el marco de una discusión su pareja trató de suicidarse con el arma y que al pretender impedirlo se produjo el disparo letal.

Problemas. Una hermana de la víctima calificó a la relación de la pareja como “buena”, hasta que se “complicó” por los celos del acusado. También dijo que la víctima había recibido mensajes de texto con amenazas de muerte.

Hallazgo. El tribunal dijo que tales intimidaciones fueron constatadas en el celular de la víctima, entre ellas una que rezaba: “T voy a matar si t toka otro”, del 11 de septiembre de 2012. En total eran doce las comunicaciones de similar tenor.

Ratificación. La Sala III del Tribunal de Casación provincial, en marzo de 2015, había confirmado el fallo condenatorio de la Justicia bahiense.

Hace dos años, el vecino de Bahía Blanca compró un Volkswagen Fox que había sido publicado en una cuenta de Facebook en La Plata y al verano siguiente fue interceptado en un control de tránsito en Chapadmalal y se descubrió que la cédula era falsa.

Por tratarse de la adulteración de un documento, se le dio intervención a la Justicia Federal y, pese a que Toloza insistió con que fue engañado, la causa judicial avanzó.

Una pericia scopométrica determinó que, aunque imperceptible, la tarjeta verde estaba adulterada tanto en su soporte, como medidas de seguridad e impresión. Incluso el sello del titular del Registro Automotor de La Plata fue replicado con una impresora de inyección de tinta.

La Justicia todavía tiene dudas sobre si Toloza es culpable o inocente. 

El juez federal Nº 1 de Mar del Plata, Santiago Inchausti, rechazó un pedido de sobreseimiento a su favor pero decidió no procesarlo. Quedó en un punto intermedio: la falta de mérito.

Ante el juez, Toloza contó que todo se inició en septiembre de 2024, cuando vio publicado un Volkswagen Fox blanco en La Plata y se interesó en su compra. 

“Yo soy de Bahía Blanca, la distancia no permite ir”, le dijo al vendedor.

Le pidió entonces a un amigo que vive en Quilmes que lo revisara. El encuentro fue el 12 de septiembre de 2024, cerca del Hospital de Niños de La Plata. Según el relato, el vendedor salió del hospital vestido con un ambo, mostró el auto y envió fotos de los formularios y de la cédula verde.

Todo parecía normal. El precio acordado fue de $8.200.000, pagados por transferencia a una cuenta de Mercado Libre.

Y agregó que después de la compra intentó comunicarse con el vendedor (identificado como Agustín Cortelo) pero no pudo: “Es la primera vez que me sucede esto”.

Control de rutina

El 4 de enero de 2025, la Policía de Seguridad Vial detuvo en la ruta 11, cerca de Chapadmalal, el Volkswagen Fox que ya estaba en poder de Toloza.

Tras revisar la documentación, los uniformados notaron que la cédula verde sería  adulterada. 

Al cruzar los datos, apareció algo peor: aunque el número de chasis coincidía con el de la cédula, sobre el auto (que estaba con otras patentes) pesaba un pedido de secuestro activo por robo con armas, del 19 de agosto de 2024, un mes antes de la transacción. 

“De buena fe”

La abogada defensora, Ofelia Garrido, pidió el sobreseimiento de Toloza. 

Sostuvo que su cliente es “un adquirente de buena fe”, que siempre se presentó a la Justicia, aportó datos del vendedor y no tiene antecedentes.

Del otro lado, el fiscal marcó que Toloza trabaja en una concesionaria de autos y que declaró tener tres vehículos. Señaló que el título automotor que le mostraron durante la negociación tenía un número de cédula distinto del de la cédula secuestrada, y que también diferían los números de chasis y motor. Esas diferencias, dijo, “pasaron completamente desapercibidas” para alguien que, por su tarea, “debería tener los conocimientos”.

Y recordó que, consultado por el juez sobre qué hizo para verificar el auto, el imputado respondió que “tenía entendido que el informe de dominio lo pide la parte vendedora”.

La decisión

El juez Inchausti rechazó el sobreseimiento, pero tampoco procesó a Toloza. 

Dictó la falta de mérito, una figura que, según explicó, no cierra el proceso sino que deja abierta la investigación.

Consideró acreditado que el documento es falso, pero dijo que falta determinar si el acusado sabía de la falsedad o si, por el contrario, “fue víctima de una maniobra defraudatoria”. 

Aún así, fue duro con la forma de comprar: aludió a “una negligencia rayana en la aceptación del riesgo prohibido”, por no haber pedido un informe de dominio propio ni verificado el historial del auto.

Y para avanzar en el esclarecimiento del caso ordenó una audiencia testimonial para el amigo que revisó el vehículo, pidió informes a dos bancos para confirmar las transferencias y que el acusado presente la póliza de seguro.

El juez aclaró que seguir investigando no vulnera la inocencia de Toloza sino que busca “no continuar con el estado de incertidumbre” que lo afecta.

Compras a distancia: cuidados a tomar

Más allá de cómo termine esta causa, el expediente que sigue abierto ante la Justicia Federal de Mar del Plata dejó varias advertencias para quienes compran un vehículo usado por las redes sociales.

En principio se aconseja a los compradores de buena fe pedir un informe de dominio en el Registro del Automotor. 

No aceptes el que te pueda llegar a mandar el vendedor, que puede estar adulterado. 

Compará todos los datos que figuren en la cédula con el título de propiedad y los formularios respectivos: números de chasis y de motor, patente y titular del dominio. 

Desconfiá del apuro y de un precio económico: una oferta que cierra demasiado fácil es una señal de alarma. 

Verificá quién es el titular y que el vendedor sea esa persona. 

Vigilá la trayectoria del dinero que destines a la eventual compra: transferir a una cuenta de un tercero, que no figura en la documentación del vehículo, es un riesgo muy importante en este contexto.  

Finalmente, que el auto lo revise alguien de confianza y con conocimientos y, de ser posible, un gestor o escribano. 

El hecho se produjo poco antes de las 2, en 14 de Julio y San Lorenzo, y fue protagonizado por un rodado Motomel 150cc., en el que circulaban Martín Salazar y una menor de 14 años, quienes, según indicaron, no tenían casco.

Los voceros mencionaron que el conductor habría girado la vista y perdió el control del rodado.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Local, la guardia de Defensa Civil y una ambulancia del servicio de emergencias Siempre que trasladó a los lesionados para recibir atención en un hospital.

Por otra parte, inspectores de Tránsito de la comuna secuestraron el vehículo al constatarse infracciones a la Ley de Tránsito.

Conductor fracturado

Otro motociclista sufrió anoche lesiones de consideración en un choque ocurrido en la esquina de Pueyrredón y Thompson.

El siniestro se desencadenó poco después de las 22, cuando una moto Yamaha YBR 125cc., al mando de Jeremías Jerez (23), colisionó con una camioneta Ford EcoSport, guiada por Damián Sánchez (40).

Producto del impacto el ocupante del rodado menor sufrió una fractura y fue derivado en una ambulancia al Hospital Municipal.

Voceros policiales indicaron que el conductor del otro vehículo fue sometido a un control de alcoholemia que arrojó resultado negativo.

Voceros del Comando de Patrulla señalaron que el episodio ocurrió alrededor de las 21:30, en Santa María la 600, cuando efectivos de esa repartición realizaban tareas preventivas e intentaron identificar al conductor de un rodado marca Keller.

Mencionaron que al advertir la presencia policial el individuo, identificado como Cristian Rodríguez (23), intentó evadir el control mediante una maniobra brusca, perdiendo el dominio del rodado e impactando contra el paragolpes delantero de un móvil.

Del mismo modo, señalaron que al verificar los datos de la moto determinaron que sobre la misma pesaba un pedido de secuestro por hurto, solicitado por la UFIJ N° 7 de nuestra ciudad.

Por esa razón, se iniciaron actuaciones por el delito de encubrimiento con intervención de la comisaría Cuarta.

Desde el Comando de Patrulla indicaron que el hecho se produjo poco antes de las 23, cuando personal de esa dependencia acudió en respuesta a un llamado al 911 alertando sobre un incidente en Podestá y 1810.

Señalaron que al arribar al sitio los policías "fueron recibidos de manera violenta" por los involucrados, quienes arremetieron contra ellos portando un caño de unos 80 centímetros de largo y un hacha.

Los voceros describieron que allí se produjo un forcejeo y durante el mismo una sargento de esa repartición sufrió una lesión en la mano derecha.

Una vez que lograron controlar la situación procedieron a las aprehensiones de Juan Cruz González (36) y Florencia Daiana Carballo (33).

Agregaron que en poder del sujeto hallaron un envoltorio que contenía cocaína.

Ambos fueron trasladados a la comisaría Primera y quedaron imputados de los delitos de atentado y resistencia a la autoridad, lesiones e infracción a la Ley 23.737.

El fallo radica en que la condena incluye a la abuela de la víctima, por no haber cumplido con el deber de cuidado de su nieta, pese a estar al tanto de las acusaciones previas contra su pareja, el abuelastro de la menor.

El Juzgado en lo Civil y Comercial N° 7 sentenció a la pareja a abonar, en conjunto, 66 millones de pesos por el daño moral provocado a la niña y a su madre, por hechos sucedidos en Stroeder.

La decisión judicial dispuso que J.C.I. e I.M. paguen 44 millones de pesos a favor de la joven y de 22 millones para su madre, con más intereses y costas  a cargo de los demandados.

En la acción presentada en abril de 2024, el abogado Guillermo Ortiz, patrocinante de la familia damnificada, había reclamado un total de 26,1 millones de pesos: 17,4 millones para la menor abusada y 8,7 millones para su mamá.

Sin embargo la jueza María Fernanda Arzuaga ordenó un pago superior, al  no compartir la “pauta de referencia” usada para calcular el monto del reclamo de la niña, porque se trataba de una suma estimada para comprar un rodado que "ella no podrá disfrutar de manera directa".

Según explicó Arzuaga, el dinero deberá servir como compensación concreta y les "permitirá a las actoras adquirir una vivienda en Stroeder, en la cual, una vez establecido el núcleo familiar, puedan generar nuevos recuerdos y mayor seguridad".

Si los condenados no pagan, la Justicia ejecutará bienes de su propiedad.

La jueza decretó también que "deberán arbitrarse los medios para que la menor resulte titular registral de las dos terceras partes del inmueble que se adquiera".

A fines de agosto de 2024, el Tribunal en lo Criminal Nº 3 local condenó al abuelastro a 11 años de prisión, al considerarlo autor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual simple -reiterado- agravado por la guarda.

La investigación de estos hechos estuvo a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 14, de delitos sexuales, por aquel entonces a cargo de la fiscal Marina Lara.

Los ultrajes se produjeron entre el 20 de diciembre de 2021 y el 25 de septiembre de 2022, en perjuicio de la menor que al inicio de los incidentes tenía 4 años.

Esa sentencia penal tiene valor de cosa juzgada en el fuero civil, por lo que la responsabilidad de J.C.I. quedó comprobada.

El abuelastro de la niña tiene aproximadamente 73 años y cumple su condena en la cárcel de Villa Floresta.

En cambio, la intervención de la abuela de la menor se basó en otra conducta: su falta de cuidado.

Para la jueza Arzuaga se probó que, a pesar de que la mujer tenía conocimiento de denuncias previas contra su pareja, continuó con la relación amorosa y recibió a su nieta en su casa.

El fallo sostuvo que la mujer permitió que la menor durmiera en la misma habitación que ella y su pareja, algo que "operó como 'el escenario perfecto'" para los abusos sexuales por parte del condenado.

La jueza agregó que ese deber de cuidado surge también de la Convención sobre los Derechos del Niño (rango constitucional).

Para determinar la reparación monetaria a la niña y su progenitora, Arzuaga valoró testimonios y peritajes psicológicos y psiquiátricos.

Los testigos describieron a la pequeña como "retraída, muy sumisa, con problemas para relacionarse con varones y dificultades en la escuela".

Respecto de la madre, una médica psiquiatra constató un "trastorno adaptativo moderado y crónico" y otra perito describió un cuadro de "depresión, trastornos del sueño y ataques de pánico que requirieron medicación".

En tanto, la psicóloga que la atendía contó que la mujer quedó "desbordada" y que la actitud de su propia madre le generó "angustia y desilusión".

La madre de la menor declaró que la relación previa a los abusos entre los abuelos y su hija era "la habitual", aunque reconoció que, en una ocasión, cuando retiró a su hija del domicilio de su madre, notó que tenía un comportamiento "extraño, estaba callada".

El hombre condenado penalmente pidió arresto domiciliario en más de una ocasión, pero la Justicia se lo rechazó.

Al llegar a su vivienda, su hija le contó que su abuelastro la había manoseado y besado en la boca, entre otros sometimientos concretados en distintas ocasiones mientras su abuela estaba presente.

La mamá de la pequeña viajó a Bahía y radicó la denuncia penal.

En septiembre de 2022 se intentó practicar el examen médico legal a la niña, pero no fue posible por su estado de "angustia y llanto", pero al mes siguiente un perito médico constató que había sido abusada.

Después de denunciar al abuelastro, el caso tuvo gran repercusión en Stroeder, un pequeño pueblo del partido de Patagones.

En aquel momento distintas mujeres acusaban al hombre de abusar de sus hijas, pero la esposa del acusado siempre desoyó los reclamos.

Una de esas agresiones sexuales en perjuicio de menores habría sucedido en 2015, pero la demandada no tomó ninguna precaución al respecto y siguió conviviendo con el demandado.

Tampoco le avisó a su hija de ese presunto abuso, “violando así el deber de cuidado” de su nieta y exponiéndola al “peligro” cuando estaba en su casa.

No son muchos los antecedentes conocidos de víctimas de agresiones sexuales o violencia de género que reciban una reparación económica.

Una mujer de Coronel Suárez, en 2022, le ganó un juicio a su expareja, después de 8 años de agresiones.

En ese caso también fue la jueza Arzuaga quien ordenó a un hombre pagar $ 2.085.000, más intereses, a la víctima por el daño moral y psicológico causado.

En el fuero penal, el hombre había sido condenado, por amenazas, a 10 meses de prisión en suspenso.

Frente a ese escenario, la mujer recurrió a la vía civil, un camino poco habitual: su abogada, Melisa Lang, dijo no conocer otro caso similar en la Provincia.

Su colega Hugo Fernández remarcó que en lo civil la acción la tiene la víctima y que afectar el patrimonio del agresor puede ser más disuasivo que una pena de prisión en suspenso.

Pocas víctimas reclaman una indemnización civil a su abusador y esto se debe a distintas razones.

"Cecilia", quien fuera abusada a los 10 años en Tres Arroyos por un militar retirado ya condenado a 7 años de prisión, ganó en primera instancia una demanda de $ 40 millones, aunque la Cámara revocó el fallo por prescripción: el plazo, de dos años según el viejo Código Civil, había vencido en 2013 y la demanda fue en 2019.

Abogadas que trabajaron en ese caso explicaron por qué casi nadie reclama este tipo de acciones civiles: el plazo es corto frente a víctimas que dan a conocer los hechos cuando pueden, muchas veces años después de cometidos.

Además, los procesos son largos y la mayoría de las damnificadas desconoce que pueden pedir un resarcimiento o buscan reparación solo en lo penal. 

En algunos casos saben que sus agresores suelen no tener bienes para responder de manera económica, y desisten.

En el pedido del titular del área de Transición de la Unidad Fiscal Bahía Blanca, se le atribuye a la médica participación en uno de los procedimientos irregulares realizados por Herrero, quien se había desempeñado como instructor de perros de búsqueda y atribuido a sus animales marcaciones que fueron consideradas falsas en la sentencia condenatoria que recibió, a 7 años de cárcel.

Esas maniobras derivaron en el hallazgo de elementos que se presentaron como vinculados con la víctima y que se utilizaron para sustentar declaraciones falsas que perjudicaban a efectivos policiales.

El procedimiento bajo análisis se realizó el 18 de febrero de 2021 en el destacamento policial de Teniente Origone, donde Creimer intervino como perito de parte de la querella, junto con Herrero y otros funcionarios, y encontró una pequeña piedra negra, identificada posteriormente como una turmalina, que fue relacionada a un colgante de Astudillo Castro. El objeto fue incorporado como evidencia en la causa por la desaparición y muerte del joven.

En su requerimiento, presentado ante el Juzgado Federal N°1, Martínez pidió el procesamiento de la imputada como partícipe necesaria del delito de falso testimonio agravado cometido por Herrero, en los términos de los artículos 45 y 275, segundo párrafo, del Código Penal, lo que prevé una pena de 1 a 10 años de prisión.

La pesquisa contra Creimer se centra en aquella inspección realizada en el destacamento de Teniente Origone. Según el acta, la médica encontró el objeto negro, de aproximadamente un centímetro, durante una revisión del suelo del antiguo calabozo.

Según los testimonios recogidos por el fiscal Martínez, fue la acusada quien insistió en registrar por tercera vez el suelo de la celda, luego de que en las dos oportunidades anteriores no se encontraran elementos de interés.

En su análisis, el fiscal destacó que el lugar ya había sido inspeccionado anteriormente y que, durante la diligencia, el perro de Herrero no habría realizado marcaciones claras que permitieran vincular el hallazgo con una detección odorífica.

Los registros audiovisuales incorporados a la investigación fueron considerados relevantes para reconstruir lo sucedido.

Según el análisis fiscal, muestran que el animal deambuló por el recinto y mordió un colchón, sin señalar de manera inequívoca la presencia de la turmalina. También registran las reiteraciones de la búsqueda y la intervención de Creimer en la revisión de los sedimentos recolectados.

Intervención deliberada

“La evidencia no permite afirmar, por ahora, que Creimer haya intervenido materialmente en la colocación del mineral; pero ha demostrado, con el grado de probabilidad requerido para esta etapa, que conocía previamente su existencia y que intervino deliberadamente en la fase posterior de localización, recuperación y presentación del elemento como evidencia”, señaló el fiscal en el requerimiento.

Martínez consideró que la intervención de Creimer no se limitó al hallazgo de la piedra, sino que formó parte de una secuencia que habría permitido dar apariencia de corroboración objetiva a las afirmaciones falsas de Herrero sobre las supuestas marcaciones de sus perros.

“La turmalina no fue un elemento independiente de la declaración falsa. Fue el resultado material que permitió exteriorizar y reforzar la supuesta capacidad detectora del perro”, sostuvo Martínez. Según la hipótesis fiscal, la médica conocía previamente la existencia del objeto y orientó la diligencia hacia su recuperación.

“Creimer realizó un aporte doloso, concreto y funcionalmente indispensable para la consumación del plan delictivo ejecutado junto a Herrero”, indicó el fiscal. Asimismo, señaló que su aporte “fue esencial porque sin la recuperación del objeto en esas condiciones no se habría producido el resultado que completaba la maniobra”.

El grupo se congregó frente al edificio del Poder Judicial bonaerense ubicado en avenida Colón 46.

"La justicia no tiene los mismos tiempos que nosotros y necesito que mi marido esté en mi casa con mis hijos. No sé cómo explicarles que hoy la delincuencia tiene más derechos que nosotros. Mi papá me educó para hacer las cosas correctamente y lamentablemente estamos viviendo en una sociedad donde lo correcto no está bien. No sé qué decirle a mi hijo: si tiene que trabajar todos los días como su papá para salir adelante o ser un delincuente más, porque tienen más derechos que nosotros", sostuvo Victoria Moyano, esposa del hombre.

Salazar se encuentra investigado por la muerte de Gonzalo Nicolás Bustos, de 23 años, registrada el pasado 21 de septiembre, alrededor de las 3, en inmediaciones de Juana Azurduy y Juana Gabriela Moro. 

"Para mí él nunca va a ser un asesino. Lamentablemente pasó lo que pasó. No está bien, lo dije desde el primer día, pero no merece estar donde está, porque no es una mala persona. Él no eligió salir a matar, el delincuente elige todos los días salir a robar, a hacerle daño a la gente y a matar, porque este muchacho salió con un arma. No era la misma, pero salió con eso", agregó la mujer.

Mencionó además que "somos una familia que educa a sus hijos para que sean gente de bien, para que no les pase nada el día de mañana. Están ganando terreno los delincuentes, no puede ser que uno vaya a hacer una denuncia y el ladrón salga riéndose delante nuestro".

Finalmente indicó que "lo que pido es que si mi marido tiene que cumplir, y sé que debe hacerlo porque no está bien lo que hizo, que lo cumpla en mi casa".

Decisión judicial

A pedido de la fiscalía, en las últimas horas la Justicia de Garantías dictó la prisión preventiva de Salazar.

El hombre se encuentra acusado por los delitos de homicidio agravado y tenencia ilegal de arma de fuego.

Días atrás declaró ante el doctor Jorge Viego, a cargo de la UFIJ Nº 5, y brindó su versión de lo ocurrido.

Fuentes consultadas mencionaron que Salazar describió que esa madrugada salió de su casa al advertir por las cámaras de seguridad la presencia de una persona.

Indicó que inicialmente hizo un disparo al aire y otros dos cuando el sujeto escapaba del lugar y lo persiguió.

En ese sentido, el procesado manifestó que efectuó los tiros en dirección al piso.

Cabe señalar que Bustos recibió dos impactos en la zona de la espalda que determinaron su deceso.

"La mecánica de los hechos que refiere, por lo menos sobre la forma en que apuntó, no se condice con los datos que refiere la autopsia. De todas maneras, hay que seguir trabajando en el caso con el resto de los elementos probatorios hallados en el lugar", indicaron los voceros.

La medida tiene relación con una investigación a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 3, a cargo de la fiscal Agustina Olguín, ante quien fue trasladado el sospechoso, pero no declaró.

De acuerdo con la causa, los hechos se registraron entre 2012 y 2018, en el domicilio donde convivía la familia en la localidad de Villa General Arias, partido de Coronel Rosales.

El imputado aprovechaba la ausencia de la madre -quien se encontraba trabajando- para someter a las víctimas a diversas situaciones de contenido abusivo, las cuales incluían tocamientos e ingresos a sus camas durante la noche. Al momento de los hechos, una de las menores tenía entre 6 y 11 años y la otra, entre 9 y 13.

En su requerimiento de detención -ordenado por la Justicia en noviembre de 2025-, la fiscalía sostuvo que el acusado se valió de la convivencia y de la corta edad de las víctimas para cometer los hechos y subrayó que la reiteración de los hechos durante un extenso período de tiempo produjo un grave ultraje contra la sexualidad de ambas niñas.

El hombre,  a quien no se identifica para preservar a las niñas, quedó formalmente imputado por dos hechos de abuso sexual gravemente ultrajante y tentativa de abuso sexual con acceso carnal, todos ellos agravados por el vínculo y por la convivencia.