Según indicaron desde la institución, el hecho ocurrió pocos días después del primer robo, cuando todavía no habían terminado de instalarse los elementos de iluminación que formarían parte de la obra destinada a mejorar el espacio deportivo.

La situación generó preocupación e indignación entre quienes forman parte del centro comunitario, ya que los trabajos habían sido impulsados con esfuerzo y gestiones para brindar mejores condiciones a los más de 100 chicos y chicas que asisten a la escuelita de fútbol.

El proyecto incluía la colocación de nuevas luminarias en las canchas y había sido financiado mediante aportes gestionados para fortalecer las actividades deportivas y sociales que desarrolla la institución.

Desde el Centro Loyola remarcaron el impacto que estos hechos tienen sobre toda la comunidad y señalaron que cada robo representa un duro golpe para un espacio que cumple funciones de contención e inclusión social para niños y jóvenes del sector.

El hecho ocurrió cerca del área de preembarque nacional en el primer piso, en una sala técnica, pero alejada de la zona de pasajeros.

Fuentes oficiales informaron que un tablero eléctrico de la sala de máquinas se cayó e impactó contra un tubo de dióxido de carbono que provocó la rotura de su válvula de seguridad. En ese momento, los trabajadores quedaron atrapados lo que generó que una víctima fatal por inhalación del gas.

Ante esa situación, personal médico se acercó hacia el lugar para asistirlos y constataron la muerte de uno de los trabajadores.

La Policía de Seguridad Aeroportuaria confirmó que la víctima fatal era un empleado de la firma Maxiseguridad, empresa dedicada a la venta y recarga de matafuegos y contratada por Aeropuertos Argentina.

En tanto, el otro trabajador también resultó herido, pero presentó lesiones leves y recibió asistencia médica en el lugar.

La Fiscalía interviniente dispuso el resguardo del sector, el traslado del cuerpo y el secuestro de la ropa que usaban ambos para iniciar una investigación. Además, se tomará la declaración testimonial al personal de Aeropuertos Argentina y de la empresa a la que pertenecían. La Justicia busca establecer cómo sucedió el episodio y qué falló en el protocolo. (con información de TN)

Los 90 allanamientos se llevaron a cabo a partir de más de un centenar de hechos ilícitos denunciados en distintos departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires. Para ello, se procedió a un análisis en conjunto que detectó similares modalidades de fraude que comienzan habitualmente con publicaciones o contactos directos que prometen ganancias rápidas y seguras.

El operativo contó con presencia bahiense, ya que de la investigación participaron el fiscal Gustavo Zorzano y el equipo de la UFI de Delitos Complejos, entre otros funcionarios judiciales y representantes policiales.

En este marco, se comprobó que en el operar de estas estafas se utilizan logos, nombres, dominios de correo electrónico y diseños web que imitan instituciones o empresas reales y, a menudo, se recurre al uso de la imagen de figuras públicas, celebridades o expertos financieros para validar el fraude. Luego de captar la atención de la víctima, los estafadores simulan operaciones financieras o bursátiles y solicitan sucesivas transferencias de dinero destinadas a supuestas inversiones de trading o cripto. En una de las organizaciones investigadas, se determinó la participación de ciudadanos de origen oriental en la operatoria delictiva.

Como resultado de estos procedimientos, se procedió al secuestro de casi $60.000.000 e incautaciones en criptoactivos por más de 8.000.000 USDT (equivalente a más de 8 millones de dólares en criptoactivos), así como CPUs, tablets, computadoras y 80 teléfonos celulares. Los montos incautados y congelados, con la colaboración de empresas privadas proveedoras de servicios de activos virtuales, representan el mayor volumen de incautación registrado en los últimos tiempos, superando los más de 2 millones de dólares estadounidenses secuestrados por el equipo especializado en criptoactivos durante la operación RainbowEx, en 2024.

Modalidades detectadas

Entre las modalidades detectadas se encuentran las estafas de inversión, para las cuales se utilizaba una aplicación disponible para descarga en Google Play Store, mediante la cual se inducía a las víctimas a creer que se trataba de una plataforma legítima de inversiones con supuestas ganancias reales.

También se detectaron inversiones y transacciones de compraventa por hackeos de WhatsApp, maniobra en la cual los delincuentes se contactaban con las víctimas haciéndose pasar por conocidos y, tras obtener sus números telefónicos mediante un presunto hackeo, les ofrecían operaciones de compra de dólares.

En dos de los casos analizados, las víctimas transfirieron sumas millonarias que luego fueron derivadas a distintas cuentas bancarias y billeteras virtuales, desde donde parte del dinero fue utilizado para adquirir criptomonedas USDT mediante operaciones P2P en Binance. Posteriormente, los criptoactivos fueron enviados a usuarios registrados en Venezuela a través de Binance Pay.

También se detectaron casos de piratería digital, mediante aplicaciones falsas e infracción a la propiedad intelectual, llevados a cabo por una organización criminal de origen chino, que derivaron en el secuestro de aproximadamente 8 millones de dólares en criptoactivos.

La banda se dedicaba a la creación, desarrollo y distribución de plataformas que vulneraban derechos de propiedad intelectual y que, además, funcionaban como programas "infostealer", diseñados para sustraer ilegalmente información de los usuarios. A través de tareas de trazabilidad sobre las operaciones con criptomonedas, los investigadores lograron identificar e incautar flujos de dinero vinculados a las maniobras ilícitas.

Dos de las 6 mujeres -entre ellas dos niñas- que viajaban en el utilitario Renault Kangoo que se embistió de frente con un camión perdieron la vida en el acto.

La Policía las identificó hace minutos como Jaqueline Cardozo Vargas, de 33 años, y Sandra Vargas Rodríguez, de 56.

Fueron trasladadas a los hospitales de Tornquist y Pigüé, en principio sin lesiones de suma gravedad, las menores Catalina Zárate Cardozo, de 6 años y Mía Zárate Cardozo, de 1, además de Perla Rocibel Larzábal (35) y Porfiria Flores Subía (59).

"Sabemos que son todas familiares, pero todavía no sabemos cómo es el parentesco", explicó una fuente policial.

El camión, un Fiat Iveco blanco con semirremolque, estaba al mando de Facundo Dotti (31), domiciliado en General Rodríguez, quien circulaba en dirección Pigüé-Bahía Blanca, mientras que la Kangoo lo hacía en sentido contrario.

La sanción fue impuesta por el Tribunal en lo Criminal N° 1, compuesto por los jueces Hugo Adrián De Rosa, Ricardo Gutiérrez y Julián Saldías, quienes hallaron culpable al uniformado por el delito de abuso simple agravado por haber sido cometido por personal de las fuerzas de seguridad en ejercicio de sus funciones (al menos 5 hechos).

Los magistrados no hicieron lugar al pedido de detención del procesado, aunque le impusieron una prohibición de acercamiento a menos de 200 metros de la víctima o mantener contacto con ella por cualquier medio, la imposibilidad de salir de la provincia de Buenos Aires y del país, y presentarse mensualmente ante el Patronato de Liberados.

Durante los alegatos el fiscal Diego Torres había solicitado una sentencia de 8 años de cárcel, mientras que la abogada representante de la víctima, Viviana Lozano, pidió 15.

Según la causa, entre 2019 y 2021, Umaño aprovechó diversas situaciones dentro de la dependencia ubicada en Castelli al 400 para abrazar, tocar y besar a la mujer en contra de su voluntad.

Todas estas situaciones abusivas se repetían de manera cotidiana durante la jornada laboral, aprovechando el hombre su superioridad jerárquica.

El acusado, de 37 años, fue arrestado en Emilio De la Calle al 1.000 por personal de la Estación de Policía de Seguridad Comunal tresarroyense.

El procedimiento se dio en la tarde de ayer, cuando el sospechoso -a quien no se identificó- forzó la puerta del garaje de una casa ubicada en Pedro N. Carrera al 1.000, propiedad de un hombre de 63, a quien despojó de una mochila con alargues varios, una masa, estribos y otros elementos.

Un familiar del damnificado vio cómo se consumaba el hecho y siguió tras los pasos del ladrón, mientras daba aviso de la situación al teléfono de emergencias.

De esa manera se logró la captura del acusado y se recuperó lo sustraído. Tomó intervención en el caso, encuadrado como robo en grado de tentativa, la UFIJ Nº 13.

En ese lugar, que pertenece al distrito de Villarino, personal de la Gendarmería Nacional interceptó un vehículo con tres personas a bordo, que se dirigía en sentido norte-sur, y en el cual secuestraron la droga.

El procedimiento tuvo lugar el pasado sábado y el hallazgo se dio en medio de un control de rutina, cuando los uniformados observaron algunos movimientos sospechoso en el auto, un Fiat Fastback, y utilizaron un can adiestrado.

Si bien los tres viajeros -todos de nacionalidad extranjera- dijeron que iban hacia Bariloche para realizar tareas de albañilería, se descubrió que llevaban tres panes de droga en la zona del torpedo del rodado, con un peso total de 2.557,70 gramos.

Preventiva por seis meses

Ayer se realizó la audiencia de formalización, con intervención de las áreas de Atención Inicial de Delitos Complejos de la Unidad Fiscal de Bahía Blanca.

La conducta atribuida a los ocupantes del rodado se encuadró prima facie en el delito de tráfico de estupefacientes, en la modalidad de transporte agravado por la intervención organizada de tres o más personas. 

Luego de la diligencia, se dispuso la prisión preventiva de los sospechosos por el término de 6 meses.

Las tres personas fueron identificadas extraoficialmente como Teófilo Saldaña Magín, Santo Dámaso Báez Arias y Luis Alejandro Martínez Salcedo. 

Voceros indicaron que el siniestro se produjo minutos antes de las 9, en el kilómetro 85, cuando por causas que se tratan de establecer colisionaron un utilitario Renault Kangoo y un camión de carga.

Producto del impacto el rodado mayor terminó saliendo de la cinta asfáltica y deteniendo su marcha contra el alambrado de un campo, mientras que la camioneta quedó sobre el pavimento con importantes daños.

Al lugar concurrieron bomberos voluntarios, personal policial y de salud.

Las víctimas fatales viajaban en el utilitario, mientras que al menos otras cuatro personas fueron derivadas a hospitales de Tornquist y Pigüé. (Noticias Radio Reflejos y La Nueva.)

Si bien la información se conoció ayer, el violento episodio habría tenido lugar en la madrugada del pasado sábado en este populoso barrio.

Personal policial fue alertado por vecinos que, en el lugar, un grupo de revoltosos estaría ocasionando disturbios en la vía pública.

Al llegar, los agentes divisan a un hombre con dos heridas de arma blanca, quien indica que su atacante se encontraría a pocos metros del lugar, por lo que, tomando todas las medidas de seguridad necesarias acorde a la situación, la Policía dio con el mismo y lo aprehendió.

El sujeto se encontraba junto a otros hombres quienes, ante el procedimiento policial, comenzaron a increpar a los uniformados, arrojando piedras hacia los patrulleros. Finalmente, también fueron reducidos, aunque de ninguno se dio a conocer la identidad.

Los tres imputados en la causa, caratulada “lesiones mediante usa de arma blanca, desobediencia y resistencia a la autoridad”, fueron puestos a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 3 de Bahía Blanca.

Sin actividad para el 101

Por otra parte, la Jefatura de Policía de Seguridad Comunal de Patagones informó que, por el momento, no funciona el número de emergencias 101.

Debido a problemas técnicos, la Estación de Policía está hoy sin receptor a través de esa línea, siendo por el momento la única vía telefónica habilitada para la ciudadanía en general, el abonado (02920) 463885.

Una vez restablecido el servicio con normalidad, será informado por los respectivos medios de comunicación (agencia Carmen de Patagones).

El ex técnico de Liniers está acusado de la comisión de "contacto electrónico" con el fin de concretar otro "contra la integridad sexual" de un menor.

Inicialmente estaba previsto que hoy comparezca ante el titular de la UFIJ Nº 20, Rodolfo De Lucia, aunque "problemas de agenda" determinaron la reprogramación de la audiencia para el próximo lunes.

Se recuerda que el caso se inició cuando una mujer lo denunció ante la Justicia luego de que su hijo, de 16 años, recibiera reiterados pedidos para que enviara imágenes íntimas a cambio de dinero.

En aquel momento, de acuerdo con lo informado, el contacto entre el adulto y el menor habría tenido inicio tres meses antes aproximadamente, cuando el denunciado le habría solicitado fotografías de carácter íntimo.

Villacorta estaba sindicado como uno de los cinco delincuentes que a principios de año ingresó a robar en una financiera del barrio La Falda para llevarse una gran caja fuerte en una camioneta.

Desde su "accidentada" captura quedó detenido y ahora se complicó su situación procesal porque la Cámara Penal le acaba de confirmar la prisión preventiva. 

De esa manera se ratificó lo dispuesto por el Juzgado de Garantías Nº 1, transitoriamente a cargo de la jueza Claudia Olivera, por el delito de robo agravado en poblado y en banda en calidad de coautor.

La defensa del sospechoso asegura que las pruebas son insuficientes para relacionarlo con el delito y que no existen rastros para confirmar que Villacorta era la persona que iba como acompañante en la camioneta Jeep Renegade que interceptó la Policía en Ingeniero White. 

En ese procedimiento, pocas horas después del robo -cometido la madrugada del 23 de enero en Witcomb 38-, se detuvo a Lucas Ezequiel Tali, otro de los imputados.

El asalto tuvo la particularidad que una vecina escuchó los ruidos y filmó el hecho desde su departamento.

No hay una prueba aislada

Los camaristas Gustavo Barbieri y Christian Yesari confirmaron que "la secuencia de elementos que llevan a esa identificación no reposa en una sola prueba aislada -el video aportado por la testigo- sino en la convergencia de varios factores independientes que se refuerzan mutuamente".

En ese sentido, también se analizaron las cámaras del Bulevar Juan B. Justo, donde se vio escapar a un hombre de tez trigueña, delgado, con buzo gris, pantalón negro, zapatillas blancas y guantes negros.

De esa manera estaría vestido Villacorta al momento del delito, según pudieron establecer los policías que analizaron el video de la vecina y lo conocían por sus fuertes antecedentes.

Por otro lado, se tuvo en cuenta que el peligro procesal en caso de dejarlo en libertad, porque el detenido afronta una imputación de 3 a 10 años de prisión, con una pena que sería de cumplimiento efectivo en caso de confirmarse.

Se trata del padre de la pequeña de 12 años que había sido intoxicada con drogas y alcohol y que, se creía, podría haber sido víctima de abuso sexual.

El hombre, al que no se identifica para preservar a la niña, fue detenido por personal del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la comisaría Segunda, tras un procedimiento realizado en una vivienda de la.primera cuadra de la calle Tucumán.

Según informó la Policía, habría ingresado sin autorización en el domicilio, habitado por una persona conocida de la familia de la nena.

Intervienen la UFIJ N° 15 y 19.

Las aprehensiones se llevaron a cabo durante un allanamiento en una vivienda de la vecina ciudad.

En ese lugar se capturó a Ariel Ibarra, de 25 años; Tomás Ibarra, de 20, y Kevin Jensen, de 18. Lo propio se hizo con cuatro menores: dos de 15, uno de 16 y otro de 17.

Además, en el lugar se secuestraron 494 gramos de marihuana prensada y compactas  en "medio ladrillo";  50 gramos de cogollos de marihuana fraccionados;  una pistola de aire comprimido; diez teléfonos celulares; una balanza digital de precisión; cuatro dispositivos para triturar hierba; 15 mil pesos, y anotaciones varias de venta y clientes.

Los menores fueron restituidos a sus familias.

Alrededor de las 22 del lunes, los bomberos voluntarios maragatos recibieron un llamado telefónico, que daba cuenta de un incendio en una casa de El Ceibo.

"Una vecina manifestó que había fuego en una casa y supuestamente menores o la familia en el interior", relató a La Nueva. el comandante Juan Carlos Macri, jefe del cuartel.

"El hecho se produjo en la calle Melchor Gutiérrez al 900. Al arribo de la primera dotación se encuentran con emanación de humo de adentro de la casa, donde se encontraban parte de los moradores. Había dos menores intoxicados por inhalación, también una mujer y un hombre con inconvenientes respiratorios por el humo e importantes quemaduras”, destacó el uniformado.

Se informó que fue el propio dueño de casa quien controló el fuego, mientras que los bomberos debieron atender algunos incandescentes, ventilar y enfriar el lugar.

"Viendo la escena, fue un hecho accidental, con la consecuencia de la derivación de las personas en el lugar y daños productos del fuego y el ahumamiento”, concluyó Macri (agencia Carmen de Patagones).

De acuerdo con la información oficial, el episodio se registró alrededor de la 1:30, cuando operadores del sistema CeUM detectaron a los involucrados intentando robar una Motomel S2 de 110 cc., tras dañar el trabavolante del rodado.

Al advertir la presencia policial, los menores emprendieron la fuga a pie, aunque fueron interceptados poco después en inmediaciones de Pesquero Narwal al 2000.

Durante el procedimiento se procedió al secuestro del motovehículo involucrado y al traslado de los adolescentes a la sede policial correspondiente.

En la causa tomó intervención la UFIJ de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 1, el Juzgado de Garantías del Joven Nº 1 y la Defensoría del Joven Nº 2.

La causa fue caratulada como “robo en grado de tentativa agravado por motovehículo dejado en la vía pública”.

El operativo estuvo encabezado por la DDI de Azul junto con la Fiscalía N°16 del Departamento Judicial de Azul, a cargo del fiscal Marcelo Eguzquiza. Como resultado fueron detenidos dos ciudadanos chilenos que tenían pedidos de captura internacional con alerta roja de Interpol, además de un sospechoso argentino y otros dos hombres de nacionalidad chilena que quedaron aprehendidos.

La investigación comenzó el 15 de mayo, cuando Patricia Lucas, de 66 años y madre del prestigioso extenista, denunció que varios delincuentes habían entrado a su casa entre las 17 y las 19. De acuerdo a su relato, los ladrones rompieron una ventana del living para ingresar a la vivienda.

Tras ello, los asaltantes se llevaron una cadena de oro con un dije en forma de cruz, una alianza con la inscripción “Patri 23/12/1983”, una raqueta de tenis Babolat blanca y amarilla, y dos relojes fuera de funcionamiento, uno marca Swatch blanco y otro Nike rojo. Al ampliar su declaración al día siguiente, la víctima agregó que también faltaban alrededor de 1.000 dólares, un reloj cuya marca no pudo precisar, prendas de vestir, perfumes importados, aros de fantasía, un reloj Rolex, cadenas de oro, pulseras y medallas obtenidas por su hijo en torneos deportivos.

A partir de tareas de campo y del análisis de cámaras de seguridad, los investigadores identificaron el vehículo utilizado por la banda: un Chevrolet Astra bordó patente DUU-150.

Días después, personal de la Dirección General de Administración de Infracciones detectó que el auto había recibido una multa en la Ciudad de Buenos Aires el 14 de mayo. En esa infracción figuraba como conductor Ignacio Aquiles Zuñiga Cartes, ciudadano chileno con domicilio en CABA, quien además había cedido el volante a Walter D’Amelio, un hombre argentino.

Con esos datos, los investigadores solicitaron información migratoria sobre Zuñiga Cartes y reconstruyeron parte del recorrido realizado tras el robo. Así determinaron que el vehículo había pasado por Ayacucho y que sus ocupantes cargaron combustible en una estación de servicio Puma ubicada sobre las rutas provinciales 29 y 74.

Mientras avanzaban las tareas investigativas, los detectives establecieron, además, que Zuñiga Cartes habría integrado una organización delictiva que operó en Estados Unidos y que se dedicaba al robo de viviendas de deportistas famosos, entre ellos a Travis Kelce, jugador de fútbol americano y pareja de la cantante Taylor Swift.

Durante los días siguientes, la DDI continuó analizando comunicaciones telefónicas y registros de cámaras. De esa manera detectaron movimientos de una línea telefónica en distintas ciudades coincidentes con los desplazamientos de los sospechosos hacia y desde la casa de la víctima.

También descubrieron comunicaciones con un taller mecánico y servicio de grúas de Capital Federal. La investigación permitió establecer que el Chevrolet Astra utilizado en el robo estaba siendo reparado en ese lugar. Así, con las pruebas reunidas, el 23 de mayo la Justicia autorizó intervenciones telefónicas y ordenó las detenciones de Ignacio Zuñiga Cartes, Walter D’Amelio y Bastian Jimenez Freraut.

Ese mismo día, en un operativo conjunta con la Policía Federal Argentina, los investigadores detuvieron a Zuñiga Cartes y a Jimenez Freraut en la terminal de Retiro, cuando estaban por subir a un micro con destino a Posadas, Misiones.

Sobre ambos pesaban alertas rojas de Interpol a pedido de Estados Unidos por integrar una banda dedicada al robo de viviendas de deportistas de elite. Además, tenían pedidos de captura vigentes emitidos por el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago de Chile por causas de “robo con intimidación”.

En paralelo, la policía secuestró el Chevrolet Astra bordó utilizado en el hecho, que se encontraba en un taller mecánico de la calle Estados Unidos al 3000, en la Ciudad de Buenos Aires.

La investigación continuó durante la madrugada del 24 de mayo, cuando a través de escuchas telefónicas detectaron movimientos sobre la Ruta Provincial 7 en dirección a Junín. Con apoyo de la DDI de Junín y Seguridad Vial bonaerense, los agentes interceptaron un Fiat Cronos negro patente AE964ZA.

En ese vehículo viajaba Walter D’Amelio, quien quedó detenido por orden judicial. También fueron demorados los ciudadanos chilenos Rodolfo Esteban Cartes Escobar y Alfredo Eduardo Espinoza Gallardo, que luego quedaron aprehendidos en la causa. Además, fue identificada una mujer argentina llamada Marcela Jara.

Durante los procedimientos se secuestraron cinco teléfonos celulares, dos relojes, una cartera blanca y el Fiat Cronos utilizado por los sospechosos. Ahora los investigadores intentan determinar si la organización participó en otros robos similares cometidos en distintos puntos del país. (con información de TN)

Según la información a la que accedió este medio, alrededor de las 9.10 se realizó el acta de constatación en el lugar, mientras en el inmueble se encontraban unas 117 personas.

El procedimiento terminó con una nueva clausura de la vivienda, que ya había sido escenario de operativos similares en otras oportunidades.

Además de efectivos policiales y personal municipal, debió concurrir una ambulancia debido a que una persona quedó inconsciente en la vereda, aunque no trascendieron detalles sobre su estado de salud.

El episodio se suma a antecedentes recientes registrados en el mismo sector por fiestas y encuentros no habilitados.

La Justicia admitió la condena a prisión en suspenso de uno de los imputados y el acuerdo para que otros dos procesados aporten importantes sumas de dinero en favor de un hospital y una institución que asiste a personas discapacitadas.

Se cree que Suris, condenado por narcotráfico y asociación ilícita fiscal (facturas truchas), ingresó al circuito comercial legal, mediante la adquisición de diversos bienes y constitución de sociedades, el dinero proveniente de la comisión de esos dos delitos. 

Para concretar esas maniobras se habrían valido de la estructuras de las firmas Scarsur Bahía SA, E&J Argentina SRL, MMagna SRL, CPV Industria SA, Crear Visión SA, Attimo Bahía Blanca SA y Brocker Group SA y de la adquisición de más de 10 vehículos (varios de alta gama) respecto de los cuales Suris se encontraba autorizado para su conducción o había contratado las pólizas de seguro sin ser su titular.

También se descubrieron importantes acreditaciones de fondos en las cuentas bancarias de las mencionadas firmas, por más de 14 millones de pesos.

Esta investigación se inició en 2012, a raíz de la extracción de testimonios en la causa seguida a Suris por la venta de drogas

Se estima que Suris, con el lavado, alcanzó réditos millonarios, así como un incremento patrimonial que no pudo justificar.

En ese supuesto entramado habrían intervenido, como partícipes necesarios, los contadores Rogelio Alberto Chanquía y Domingo Tomás Goenaga, junto a Nicolás Ibarra Gutiérrez, Ezequiel Norberto Ferrari Reynoso y Fabio Héctor Crucianelli.

Acuerdo

Respecto de los dos profesionales, el Tribunal Federal de Juicio de la ciudad admitió el acuerdo entre la fiscalía y los defensores sobre la reparación del daño producido, según los hechos atribuidos en la elevación a juicio de la causa.

Chanquía aceptó realizar una “donación” de 23.726.757,80 de pesos (lo abonará en 24 cuotas) en favor del área de Neonatología del hospital Penna, que resultó especialmente afectada en la inundación del 7 de marzo del año pasado.

Goenaga, en tanto,  acordó la entrega de 20.459.000,74 pesos (en 15 cuotas) al Instituto de Custodia y Adaptación para Disminuidos Psicofísicos (INCUDI).

El juez José Fabián Asis señaló que “los imputados no revestían la calidad de funcionario público, los hechos no se vinculan con contextos de violencia o discriminación, ni se advierte contradicción con normativa nacional o internacional aplicable”.

Agregó que “el Ministerio Público Fiscal ha ponderado que el acuerdo celebrado por las partes constituye una vía idónea para reparar el daño ocasionado y dar respuesta adecuada a los fines del derecho penal, en consonancia con los principios de proporcionalidad y razonabilidad”. 

Firmas y maniobras

En otro tramo del fallo, el magistrado aceptó el acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre el Ministerio Público y el abogado defensor de Ibarra Gutiérrez.

Según la imputación, al menos entre 2008 y 2013, el sujeto intervino en el lavado de activos “mediante la conversión, transferencia, administración, venta, gravamen o disimulación de bienes provenientes de ilícitos cometidos por Juan Ignacio Suris, entre otros”.

Los investigadores determinaron que junto a este último constituyó cuatro firmas, las que no desarrollaban actividades por las cuales se encontraban registradas.

En esas circunstancias habrían emitido y comercializado facturas, librado cheques, recibido acreditaciones bancarias y adquirido dólares.  

El juez sostuvo que de la prueba reunida se estableció que Ibarra Gutiérrez “integraba el círculo de personas que colaboraban con el beneficiario de las maniobras de lavado de activos, Juan Suris, prestando su intervención en distintas operaciones vinculadas con la canalización y circulación de los fondos de origen ilícito, de forma tal que se disimulara y ocultara el origen y titularidad de tales fondos”.

Agregó que “no registraba actividades comerciales lícitas que justifiquen la adquisición de bienes, ni declaraba ganancias, habiéndose debidamente comprobado (por sentencia firme) el desarrollo de dos ilícitos precedentes de los cuales surgieron los bienes objeto de las operaciones de lavado”.  

Por ello le impuso una pena única de 3 años de prisión en suspenso (había sido condenado por el delito de asociación ilícita fiscal) y una multa de unos 7 millones de pesos.

Por decisión judicial, y dentro de las reglas de conducta impuestas, el acusado acordó donar 400 mil pesos en favor de una entidad de bien público y reparará el daño causado con el pago de unos 12 millones de pesos.

Preso y esperando el juicio

En la cárcel. Juan Ignacio Suris se encuentra detenido en el Complejo Penitenciario Nº 1 de Ezeiza. donde aguarda el juicio oral en la causa por lavado de activos. Fuentes judiciales indicaron que aún no hay fecha establecida para la realización del debate.

Arresto. A fines de noviembre de 2023, y tras la condena a 5 años de cárcel en la investigación de asociación ilícita fiscal, Suris fue detenido en la localidad santafesina de Esperanza.

Otras penas. En esa causa también fue condenado Ibarra Gutiérrez, a tres años de prisión en suspenso y el cumplimiento durante el mismo tiempo de reglas de conducta. En tanto, la Justicia fijó suspensión de juicio a prueba en favor de Goenaga.

Se trata de la doctora Marina Castelluccio, de 40 años de edad, a quien se le impuso una sanción de 2 millones de pesos a modo de reparación y la obligación de colaborar, durante un año -y a razón de dos horas semanales- en el área Materno Infantil del Hospital Municipal de Coronel Suárez. 

La medida, conocida como probation, fue dispuesta por el juez federal Nº 1 de nuestra ciudad, Walter López Da Silva, tras el acuerdo al que llegaron la defensa de la mujer y la fiscalía, desde donde pretendían avanzar hacia el procesamiento de la facultativa, aunque aceptaron una salida previa al debate oral y público.

Para esta resolución se tuvo en cuenta lo que establece el artículo 22 del Código Procesal Penal Federal.

Esa normativa está referida a las soluciones alternativas "que mejor se adecuaran al restablecimiento de la armonía entre sus protagonistas y a la paz social".

La denuncia

La causa judicial se había iniciado con la comunicación de una denuncia efectuada por el titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos cometidos en el ámbito del PAMI.

Daba cuenta de que Castelluccio, como médica de cabecera de la institución asistencial, "exigía indebidas sumas de dinero a los afiliados del INSSJP de la ciudad de Coronel Suárez, como contraprestación de consultas, emisión de recetas de prescripción de medicamentos, estudios y diversas prácticas, siendo que todas ellas tenían cobertura íntegra de la obra social".

El 29 de abril pasado se realizó una audiencia para formalizar la suspensión de juicio a prueba y la defensa de la médica propuso el citado resarcimiento y el destino de las tareas comunitarias, medida que fue aceptada por la acusación, teniendo en cuenta que la acusada ya trabaja en el Hospital Municipal de Coronel Suárez, dedicada a la atención de consultas por diabetes.

"Atento a las características del hecho imputado, el consentimiento expreso brindado por el titular de la acción pública (fiscal) y en consideración a la ausencia de antecedentes penales (de la imputada)y la razonabilidad de la reparación ofrecida, corresponde conceder la suspensión del juicio a prueba", expresó el juez López Da Silva en el fallo.

A un merendero

En cuanto al dinero que tendrá que entregar la acusada, se definió que será donado -en dos cuotas iguales de un millón de pesos- al merendero Agrupación Movimiento por los Niños.

La primera de las dos cuotas, en carácter de reparación del daño causado, se tendrá que pagar dentro de los 10 días posteriores a que el fallo adquiera firmeza y la siguiente, a los 30 días siguientes. 

Por otra parte, a Castelluccio se le fijaron distintas reglas de conducta que tendrá que cumplir durante un año. Entre ellas figuran la fijación de residencia, de la que no podrá ausentarse por un plazo mayor a las 48 horas, salvo que se comunique con la secretaría del juzgado.  

La medida judicial, dispuesta por el Juzgado Federal Nº 1, rige por el plazo de un año. 

De cumplir la profesional con todas las reglas que se le impusieron y, una vez superado el término fijado, será sobreseída definitivamente.

Según informaron desde la institución, el hecho fue descubierto este sábado por la mañana, cuando integrantes de la entidad llegaron al predio para disputar partidos correspondientes a la Liga Municipal de Fútbol.

De acuerdo al comunicado difundido por la presidenta del Centro Comunitario Loyola, Mabel Agüero, las luminarias habían sido adquiridas mediante un aporte de 10 millones de pesos otorgado por Fundación River y Fundación Banco Provincia de Buenos Aires, a través de gestiones realizadas por la Secretaría de Deportes del Municipio.

La obra, que aún no había sido inaugurada oficialmente, debía finalizar este martes. Sin embargo, tras el robo, desde la institución señalaron que existe incertidumbre sobre la continuidad del proyecto.

El valor estimado de los elementos sustraídos asciende a aproximadamente 2 millones de pesos.

"Estas luces no eran simplemente luminarias. Eran el resultado de muchísimo esfuerzo, sacrificio, trabajo voluntario y gestiones realizadas durante mucho tiempo, pensando únicamente en nuestros chicos y chicas", expresaron en el escrito.

La escuelita reúne a alrededor de 100 niños y jóvenes distribuidos en cinco categorías. Desde el Centro Comunitario destacaron que el espacio cumple una función social y de contención para quienes participan de las actividades deportivas.

"Hoy no solo nos robaron luces. Nos golpearon la ilusión, el esfuerzo y el trabajo de toda una comunidad que lucha cada día para darles oportunidades a nuestros chicos", manifestaron.

La denuncia fue radicada en la comisaría Primera. Además, desde la entidad solicitaron colaboración a la comunidad para "cuidar y defender estos lugares que son de todos".