El fallo, resuelto en un juicio abreviado, fue dictado por el juez del Tribunal en lo Criminal N° 2, Eugenio Casas, y recayó en Sebastián Agustín Artola.

El procesado se encuentra detenido desde el pasado 8 de junio, cuando, por orden del Juzgado de Garantías N° 3, fue interceptado en la primera cuadra de calle Las Heras por efectivos de la DDI local.

El magistrado halló probado que, de acuerdo a la investigación del fiscal Mauricio del Cero, el imputado comercializó estupefacientes, particularmente cocaína, al menos entre el 12 de octubre de 2024 y el 15 de diciembre de 2025, bajo la modalidad de delivery y en su domicilio de Undiano al 100.

La causa comenzó hace dos años, cuando personal de Drogas Ilícitas llevó adelante tareas de vigilancia encubierta y establecieron movimientos compatibles con la venta de drogas.

Incluso, detectaron la presencia en la vivienda del sospechoso de un sujeto que estaba siendo investigado en otro caso.

El 13 de febrero de 2025 los policías allanaron el inmueble y secuestraron estupefacientes, recortes de nylon, sustancias de corte, una balanza y un teléfono celular.

"Del informe (del dispositivo) surgen numerosa cantidad de diálogos, con distintos contactos, en los que se puede advertir, por su contenido, palabras utilizadas, formas de expresión, duración de los mensajes, horarios, y contexto, que se trata de conversaciones relacionadas con la compra-venta de sustancia estupefaciente", indicó el juez.

Mencionó además que en algunos casos el sujeto proporcionaba un alias para que los presuntos compradores realizaran transferencias.

Por todo ello, finalmente el magistrado sostuvo que "tengo por debidamente probada la intervención atribuida al imputado en el hecho".

Los voceros señalaron que el procedimiento se puso en marcha cuando los operadores del CeUM observaron a los adolescentes en la zona de Maipú y Necochea, cuando se movilizaban en un rodado marca Zanella ZB.

También detectaron que en determinado momento los jóvenes de 16 y 17 años abandonaron el vehículo, aunque a los pocos metros fueron interceptados por efectivos del Comando de Patrulla.

Poco después, los policías establecieron que la moto presentaba un pedido de secuestro elevado el pasado 19 de septiembre, cuando fue sustraída en la zona de Fitz Roy y Chile.

Por el caso se iniciaron actuaciones por el delito de encubrimiento, con intervención de la seccional Primera.

Personal de la Policía Federal, bajo órdenes del Juzgado Federal N° 1 de este medio, revisó las oficinas de White Gulf, ubicadas en el muelle Ministro Carranza de la terminal local, el domicilio del dueño de la firma, Yi Sun, un lujoso piso en la segunda cuadra de Hipólito Yrigoyen, y otras viviendas de directivos de la empresa.

La lupa de la entonces AFIP -a través de la Dirección General de Aduanas- se había posado en dos asiáticos: además de Yi Sun figuraba Rong Ding, su principal accionista.

Y también se investigaba a un despachante de aduana y a una contadora, a partir de la denuncia, formulada en octubre de 2021, que daba cuenta de posibles maniobras de contrabando, una millonaria evasión tributaria y, presuntamente, hasta lavado de activos.

La principal hipótesis apuntaba a que, para la venta de productos al exterior -especialmente merluza-, se valían de una triangulación que permitía evadir impuestos y sacar ganancias a cuentas de afuera por más de 100 millones de dólares.

En los allanamientos se secuestraron varias computadoras, notebooks, pendrives y celulares, además de casi 30 cajas con archivos de documentos que motivaron un minucioso y prolongado análisis por parte de peritos. 

El paso del tiempo, como sucede con cualquier caso que en un principio concita interés público, le quitó cartelera a la noticia. 

En medio de la instrucción sumarial, los empresarios decidieron acogerse a un regimen de regularización de deudas, habilitado por la Ley 27.743. 

Más allá de tratar de saldar la deuda, el objetivo de la defensa de los asiáticos era otro: lograr la suspensión y la extinción de la acción penal. 

Sin embargo, los jueces de instancias inferiores -tanto Walter López Da Silva como la Cámara Federal de Apelaciones de nuestra ciudad- rechazaron sucesivamente la pretensión defensista, bajo el argumento que se debía profundizar la investigación.

Es decir que no descartaban la posible existencia de una asociación ilícita y maniobras de lavado de activos, sugeridas por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Proselac).

De todas maneras, el caso llegó a la Cámara Federal de Casación Penal y en los últimos días ese cuerpo modificó la postura judicial, anuló los fallos previos  y, por mayoría de opiniones, le "bajó línea" a los jueces preliminares para suspender y extinguir la acción penal contra los imputados.

Defensa y acusación

La defensa de los extranjeros argumentó que la empresa había cancelado íntegramente la deuda correspondiente al Impuesto a las Ganancias del periodo fiscal 2017 y que se encontraba en un plan vigente de regularización respecto de la aduanera, con lo cual correspondía disponer la extinción de la acción penal.

También advirtió que la decisión de los primeros fallos se fundó en un informe de la Proselac y en hipótesis delictivas que no fueron expuestas a la defensa para  controvertirlas u ofrecer pruebas. 

Por el otro lado, la acusación fiscal y la representación de ARCA-DGA solicitó la confirmación de los fallos al entender la operatoria investigada excedería una mera infracción tributaria o aduanera y revelaría un accionar coordinado, sostenido en el tiempo y con intervención de varias personas, susceptible de ser examinado bajo la figura de asociación ilícita, y que la investigación comprendería otros bienes jurídicos. 

"La hipótesis del caso ya no se limitaría a los delitos de contrabando y evasión tributaria, sino que comprendería una única maniobra pluriofensiva, susceptible de involucrar también los delitos de asociación ilícita y lavado de activos", explicaron.

Sin fundamentos

"El pronunciamiento impugnado presenta una fundamentación tan solo aparente, equiparable a la ausencia de fundamentación, lo que configura un supuesto de arbitrariedad de sentencia", explicaron los jueces Mariano Hernán Borinsky y Javier Carbajo, mientras que Gustavo Hornos votó en sentido contrario.

La mayoría entendió que la posibilidad de profundizar la investigación penal contra White Gulf, al menos de momento, se basaba en "hipótesis meramente eventuales", con lo cual "se afectaban garantías constitucionales".

Y remarcó que el régimen de la Ley 27.743, así como su decreto reglamentario, establece con claridad los efectos suspensivos y extintivos ante la cancelación o regularización de las obligaciones tributarias y aduaneras.

"El rechazo del beneficio se sustentó en un escenario futuro e incierto vinculado a otras figuras penales que aún no formaban parte de un auto de mérito formal en la causa, apartándose de las constancias comprobadas del expediente y del dictamen del Ministerio Público Fiscal", agregó Casación.

De perfil bajo

El presidente de White Gulf es el chino Yi Sun, cuyo domicilio, en un edificio de la segunda cuadra de Hipólito Yrigoyen, también fue allanado, tiene una historia muy particular.

Yi Sun es un empresario de perfil bajo, que hace mucho tiempo vive en Bahía Blanca.

Está casado (con una mujer también de nacionalidad china) y tiene hijos. Hace varios años que se asentó en Bahía Blanca, donde socialmente se lo conoce por jugar al golf de manera habitual.

Dicen que llegó a nuestro país hace más de 30 años, en un pesquero que arribó al puerto de Mar del Plata y que luego se trasladó a nuestra zona para avanzar con la empresa del rubro.

Además de Yi Sun, el otro empresario de origen oriental que estaba bajo la lupa es Rong Ding, cuyo departamento, de la primera cuadra de la calle Terrada, también fue requisado.

Y en su caso, a su vez, requisaron un domicilio en la avenida Libertador 4040, piso 6, La Lucila, partido de Vicente López.

Los operativos de 2022 también incluyeron en la investigación a la firma Cominter, dedicada al asesoramiento logístico y el despacho de aduana, siendo allanadas oficinas de Vieytes al 700; Roca al 600; la vivienda de su director, en Garay al 4.700 y un piso de Portugal al 500.

Finalmente, en el barrio Patagonia (en la primera cuadra de la calle Michai), se allanó la vivienda de una contadora.

La planta de White Gulf, en el puerto bahiense, volvió a ser noticia a poco más de un año de los allanamientos, cuando se produjo un incendio de grandes dimensiones, que dejó importantes daños materiales pero, por fortuna, fue sin heridos.

Los bomberos -tanto oficiales como voluntarios- y el personal de Defensa Civil actuaron rápidamente, en principio para evacuar a los trabajadores presentes, ante el temor de que se produjeran detonaciones en los tanques de amoníaco de la empresa.

Para ese entonces la firma tenía unos 120 operarios, aunque no todos estaban presentes esa mañana, que fue la del sábado 30 de diciembre de 2023.

El procedimiento fue pedido por el fiscal Rodolfo De Lucia, de la UFIJ N° 20 y ordenado por el Juzgado de Garantías N° 1,

La causa se inició en agosto último, tras una serie de reportes de NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children) respecto de una misma persona que fueron enviados al Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming dependiente de la Procuración de la provincia de Buenos Aires.

En esos informes se daba cuenta de la existencia de más de 100 videos y fotos con contenido de abuso sexual infantil. Algunos enviados por Instagram y otros detectados a través de Google fotos.

Las tareas investigativas permitieron identificar al responsable de esas cuentas y su lugar de residencia, por lo que se solicitó un allanamiento para obtener más pruebas para la investigación.

En el domicilio, el personal de Cibercrimen Región Interior Sur logró secuestrar el teléfono celular de la persona investigada -no fue identificada por el momento- que será peritado para determinar la existencia del material ilícito.

La resolución consideró que estarían acreditados 4 hechos (por la misma cantidad de hijos, entre ellos el que nació fruto de una violación y por la cual se discute si la causa está prescripta) todo en concurso real y bajo los artículos 1 de la Ley 13.944, pero también el 2 bis, que agrava la figura por ocultamiento malicioso de bienes del patrimonio con la finalidad de eludir el cumplimiento de las obligaciones alimentarias. 

La jueza destacó que la investigación de la fiscalía reunió testimonios e informes  (como de bancos y Mercado Libre) que indicarían que Del Valle desarrolló durante años actividades remuneradas -principalmente trabajos de albañilería, construcción y mantenimiento-, pero habría canalizado cobros mediante cuentas de terceras personas, entre ellas las de su madre y su pareja, además de recibir pagos en efectivo y utilizar bienes que no figuraban registrados a su nombre.

Puan: tras el caso Del Valle, impulsan la búsqueda de otro presunto abusador

El fallo también tuvo especialmente en cuenta la situación atravesada por sus hijos. Un informe de Promoción Social de la Municipalidad de Puan señaló que, desde fines de 2009, el grupo familiar quedó a cargo de la madre y requirió durante años asistencia estatal para cubrir alimentación, salud, servicios y necesidades habitacionales.

Para disponer la prisión preventiva, la Justicia valoró además la existencia de riesgos procesales, particularmente el peligro de fuga, teniendo en cuenta que Del Valle permaneció sustraído del proceso durante un extenso período. También se ponderaron elementos vinculados con un eventual entorpecimiento de la investigación.

La prisión prevetiva dictada no implica una condena definitiva, sino una medida cautelar adoptada mientras continúa el proceso judicial. La decisión puede ser recurrida por la defensa.

El planteo lo realizó formalmente hoy el abogado Maximiliano De Mira, al presentarse como defensor particular del acusado.

A través de un escrito de cuatro páginas, que entregó en la fiscalía del doctor Diego Torres, a cargo de la investigación, De Mira consideró prescripta la acción penal por el paso del tiempo, en una situación análoga a la de Alberto Martín Del Valle.

De esa manera solicitó su inmediata libertad.

Explicó, entre sus fundamentos, que para el propio fiscal Torres se trata de un delito continuado y no de un concurso real, "por lo tnato no distingue aconecimientos separables o hechos independientes, sino que imputa claramente un accionar abusivo iniciado desde los 13/14 años de la denunciante hasta los 17 años de la misma".

Asensio fue detenido hace una semana en Mar del Plata (actualmente era entrenador en un club de esa ciudad), vinculado a entre dos y tres abusos sexuales a jugadoras menores de hockey en Monte Hermoso, hechos que se habrían registrado hace más de una década.

La detención se produjo en la vivienda del exfuncionario montehermoseño en Mar del Plata, en el bosque Peralta Ramos. Actualmente estaba dirigiendo a Sporting, en la ciudad balnearia.

Si bien la fiscalía se opone al pedido, el mismo fue girado a la jueza Promé para que resuelva.

El hecho se produjo sobre el camino asfaltado 082, que une a esa ciudad con la localidad de Azopardo.

Según informó la Policía, Mabel Margarita Villa, de 64 años y domiciliada en Bordenave, perdió la vida cuando el auto que manejaba, un Fiat Uno, patente AAS 839, salió de la ruta y volcó.

Producto del siniestro, la víctima fatal fue despedida del habitáculo. A su vez, Olga Argentina Villa (69), terminó con heridas de menor consideración.

En el lugar del hecho trabajaron los bomberos voluntarios de Puan y el servicio de emergencias médicas del hospital puanense.

Se cree que en principio no hubo intervención de otros vehículos en el despite, aunque se iniciaron actuaciones con intervención de la ayudantía fiscal de Puan.

Este lunes la justicia Civil y Comercial de Bariloche condenó a una mujer a indemnizar con medio millón de pesos a los dueños de una pollería en la localidad de Dina Huapi, a raíz de los agravios contra los comerciantes que ella publicó en un grupo de Facebook.

El resarcimiento económico es por el "daño moral" provocado a los trabajadores por parte de la demandada.

La condenada es Claudia Núñez, que dentro de los próximos 10 días también deberá postear la sentencia completa en el perfil de Facebook "Soy de Dina Huapi".

El 10 de julio de 2021 Núñez publicó en ese grupo, con casi 12.000 miembros en aquel momento, acusaciones contra Hugo Mario Tarabini y Mabel Lucía Spinelli afirmando que alimentaban "chimangos y gatos con restos de pollo", lo que "atraía ratas a la zona".

La mujer además convocaba a juntar firmas para actuar contra los propietarios del comercio.

"Me queda alertar a los vecinos que andan cerca, que se cuiden. No vaya ser que les caiga algo de la basura de esta gente desagradable encima. Y si así cuidan la higiene, no quiero imaginar cómo elaboraran sus productos", escribió Núñez en su publicación.

Tarabini y Spinelli, que además denunciaron haber sido señalados por vecinos que "se sumaron a las mentiras y ofensas" en los comentarios del posteo, certificaron la publicación ante escribano público y llevaron el caso a la justicia.

La sancionada también deberá abonar los intereses desde la fecha del posteo hasta su efectivo pago, así como afrontar las costas del proceso que superan los $ 1,3 millones, entre los honorarios de los abogados y el perito informático actuantes.

Núñez afirmó que no quiso difamar a nadie y que su reclamo apuntaba sólo a que los comerciantes dejaran de alimentar chimangos y gatos, porque -aseguró- un "trozo de pollo" había caído en el patio de su casa.

Sin embargo, la prueba jugó en contra de la demandada.

Un informe municipal acreditó que las denuncias radicadas por Núñez habían sido declaradas nulas y que los actores nunca fueron multados.

Ningún testigo pudo confirmar haber visto a los dueños de la pollería alimentando animales.

Mariano Castro, juez de la Unidad jurisdiccional civil Nº 1 barilochense, opinó que, "más allá de que Núñez pudiera haber tenido razones válidas para reclamar por el manejo de los residuos, eso no la habilitaba a exponer públicamente a los comerciantes como personas sucias y desagradables sin pruebas concretas".

El magistrado agregó que la publicación generó "una mortificación susceptible de ser reparada", agravada por tratarse del sustento económico de una familia dedicada a la elaboración de alimentos.

El fallo también dejó una reflexión sobre el fenómeno de fondo: advirtió que el uso de las redes sociales "ha generado que se incremente la exposición de conductas que afectan la intimidad y el honor de las personas, y que ese formato parece hacer desaparecer en la conciencia colectiva la antijuricidad de injurias y ofensas que, en otro contexto, serían evidentes".

Pamela Cantero, asesora legal de la OMIC bahiense, confirmó que en la dependencia no se registraron reclamos ni consultas vinculadas con este tipo de conductas agraviantes difundidas en redes sociales.

De todos modos la intervención de la oficina se limita a la vía administrativa entre consumidores y proveedores y no alcanza a conflictos de esta naturaleza, que, como el resuelto en Bariloche, deben dirimirse por la vía judicial.

La medida fue solicitada por el titular de la UFIJ Nº 5, Jorge Viego, quien imputó al procesado del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación de arma de fuego de uso civil sin autorización.

Según la causa, el lunes pasado, en la vía pública y en inmediaciones de Juana Azurduy y Juana Gabriela Moro, Salazar le habría efectuado dos disparos de arma de fuego por la espalda a Gonzalo Bustos que le causaron la muerte.

Además, de acuerdo a lo señalado, "se lo acusa de haber portado una pistola semiautomática calibre 22".

Al ser indagado el hombre se negó a declarar, aunque la abogada Maia González adelantó que esperarían la producción de la prueba para luego brindar su versión de los hechos.

Cabe recordar que tras los primeros datos recogidos en el lugar, fuentes oficiales mencionaron que Bustos habría estado merodeando un camión que el imputado tenía estacionado en la vía pública con supuestas intenciones de robo, por lo que Salazar salió de su vivienda y le disparó.

El hecho se produjo en el local situado en Almirante Brown al 3.600, propiedad de Fernando Mazzella.

"Un vecino me avisó que habían ingresado a una subestación de EDES que está pegada al lavadero. Esta persona ve salir a un hombre del lugar, por lo que vine enseguida y descubrí que me habían robado", describió el damnificado al programa Panorama de LU2.

Agregó que "ese lugar (por la subestación) tiene unos respiraderos con banderolas de metal, las que doblaron para poder meter los brazos o algún elemento y arrimar las cosas para poder tomarlas".

Indicó que el individuo se apoderó de una notebook marca Aiwa y algunas herramientas que utiliza para realizar su trabajo.

"Lo más problemático es la máquina, porque tenemos datos de facturación e información vital para el negocio".

"Me dicen que ultimamente vieron gente rondando de noche por el lugar, así que seguramente estuvieron mirando para poder ingresar. Llama la antención que el robo fue alrededor de las 20:30, cuando hay movimiento en la zona y otros comercios abiertos".

Finalmente, Mazzella indicó que la sustracción fue denunciada en la comisaría Tercera.

Por el hecho, ayer, fue detenido un menor de 16 -no identificado-, que también estaba presente en la fiesta de la comunidad boliviana en conmemoración de la Virgen de Copacabana, patrona de su país.

Si bien en principio algunos testigos dijeron que no vieron de qué manera se había desvanecido Flores, encontrado tendido en la calle, la secuencia fílmica echó luz al caso.

En principio los investigadores observaron cómo el atacante y la víctima, en la vereda del salón y poco después de las 2 del pasado lunes, estaban cara a cara, en aparente estado de ebriedad, y por momentos forcejeando.

Luego salen del registro de la cámara y quedan otros dos jóvenes que, pasados unos segundos, se alejan unos metros. En esas circunstancias se observa cómo el acusado empuja a Flores desde la vereda hacia la calle. El hombre cae pesadamente de espaldas y, sin ningún tipo de resistencia, golpea su cabeza contra el asfalto.

Lejos de cesar con su agresión, se aproxima a la víctima, totalmente indefensa, y le da una patada en la cabeza.

En ese momento es cuando varias personas -especialmente mujeres- salen del salón para auxiliar al herido y tratar de retirar al menor que, mediante forcejeos, pretendía seguir cerca de la víctima. Incluso en un momento se aleja y de repente regresa y le da otra patada en el cráneo.

Flores fue trasladado de urgencia al hospital Penna, donde falleció en la tarde del lunes.

El menor, en tanto, quedó desde ayer a disposición de la fiscalía N° 3 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil y del Juzgado de Garantías del Joven N° 1.

Durante el allanamiento en su vivienda, personal de la comisaría de Pedro Luro secuestró las prendas que vestía aquella noche y su teléfono celular.

Se trata de Federico Alejo Kemmler Davyt, de 29 años, quien en agosto de 2021 fue declarado autor penalmente responsable de abuso sexual con acceso carnal y condenado a 6 años y medio de prisión.

A raíz de que llegó en libertad al debate, a cargo del Tribunal en lo Criminal Nº 3 de Bahía Blanca, recién se solicitó su detención el 22 de noviembre de 2024, cuando el fallo adquirió firmeza.

Sin embargo, Kemmler Davyt no pudo ser encontrado en su vivienda ni en los lugares que frecuentaba y el 18 de febrero del año pasado se ordenó formalmente su captura.

El joven, de nacionalidad argentina, registraba su último domicilio conocido en Moreno 23 de Bahía Blanca.

Desde la Oficina de Búsqueda de Personas y Antecedentes Penales de la Fiscalía General Bahía Blanca realizaron distintas tareas de análisis de redes, contactos y entorno y se lo buscó, a través de oficios girados a distintas fuerzas policiales, en las provincias de La Pampa, Río Negro y Neuquén, pero con resultado negativo.

Reencuentro y drama

La violación se cometió el 23 de diciembre de 2018, en un domicilio ubicado en Gabino Prieto y Tres Lomas, de Villa Iris, donde un grupo de excompañeros de la escuela se reencontró para compartir un asado.

En esas circunstancias Kemmler Davyt habría abusado de una mujer, a quien le provocó lesiones en las zonas abdominal, lumbar y piernas, además de escoriaciones y equimosis en sus partes íntimas.

El Ministerio de Seguridad provincial ofreció recompensa de hasta 10 millones de pesos por "información fehaciente que permita la localización y detención" del condenado, garantizando "estricta reserva de identidad" para los informantes.

"Ahora nos acompaña en la lucha Yamila Segovia (abogada que redobló esfuerzos para capturar a Alberto Martín Del Valle). Tanto Kemmler como Del Valle son prófugos del partido de Puan", dijeron a lanueva.com desde la familia de la joven ultrajada.

"Comparto este mensaje con una profunda esperanza en el corazón. Si las autoridades lograron encontrar a Del Valle después de 15 años de evadir la Justicia, no tengo ninguna duda de que con Kemmler sucederá lo mismo, con mucha más razón ya que se mueve no muy lejos", agregaron.

Dónde aportar datos

Quienes posean datos sobre el paradero del nombrado pueden presentarse en la ayudantía fiscal puanense, situada en Hipólito Yrigoyen 698 de aquella localidad; comunicarse al (02923) 488667; o enviar un mail a ayudantiafiscalpuan@mpba.gov.ar

También pueden concurrir a la Dirección provincial de registro de personas desaparecidas (calle 2, entre 51 y 53, oficina 118, en La Plata), así como están habilitados el número (0221) 4293015 y el correo electrónico profugos@mseg.gba.gov.ar

Los informantes, además, pueden contactarse con la línea de emergencias 911.

"La estructura es la misma que había el 4 de septiembre. No cambió nada, no llegó ningún tipo de suplemento de recursos. La realidad es que sería deseable que la situación fuera mejor", indicó el juez Pedro Morán en diálogo con el programa Panorama de LU2.

Describió que la nueva ley "crea un universo más amplio de menores que pueden ser sometidos a un proceso penal a partir de los 14 años. El régimen anterior precisaba que los jóvenes eran parcialmente punibles entre los 16 y 18 años, donde si la pena prevista no superaba los dos años tampoco se los sometía a proceso. Es decir, quedaban fuera delitos de amenazas, lesiones leves y daños, entre otros. Hoy esos casos son procesables y esto impacta primero en la etapa de investigación (fiscalía y justicia de Garantías) y, de acá a un tiempo, también en los juzgados".

Describió que en el ámbito de nuestro departamento judicial bahiense existen vacantes en dos Juzgados de Garantías del Joven (una en Bahía Blanca y la restante en Tres Arroyos), en una fiscalía y en una unidad de defensa.

Morán aclaró que "las medidas que disponen los jueces pueden ser privativas de la libertad o para cumplir reglas de conducta en un ámbito de libertad y con la supervisión de organismos. En ambos aspectos estamos muy deficientes".

Recordó que "desde que se produjo el incendio en el Valentín Vergara solo quedó un centro de recepción, dispuesto para permanencias cortas de jóvenes detenidos hasta que se dispone su prisión preventiva".

"Hoy dispone de cuatro lugares para todo nuestro departamento judicial, pero ante la superpoblación de plazas en el conurbano, muchas veces están ocupadas por jóvenes del Gran Buenos Aires".

Detalló que el joven que destinado a un régimen de semilibertad es alojado en institutos de Tandil o Dolores, mientras que si le corresponde un ámbito cerrado es derivado a Azul o Mar del Plata. 

"Esto pone en desventaja a un menor respecto de un mayor, que pueden cumplir la detención en Bahía Blanca o Saavedra, con la cercanía de su familia".

Finalmente, consideró que "estamos llenos de buenas intenciones, pero a veces cuesta llevarlas a cabo. Celebro que se haya intentado renovar la legislación que estaba vigente desde el año `80. Contempla cuestiones que estaban en la convención de los Derechos del Niño, que tiene jerarquía constitucional, y que no se reflejaban en la ley nacional".

La víctima fue identificada como Víctor Flores Aguilar y su deceso se produjo en el hospital Penna de nuestra ciudad, hacia donde fue trasladado desde el centro asistencial de aquella localidad de Villarino.

"El hombre murió a las 18.30 (del lunes) en UTI (terapia intensiva), por criterios neurológicos", comentaron desde el Penna. 

En principio se informó que el domingo a la noche el hombre tomaba parte de una fiesta comunitaria en un salón del barrio Primavera, en Buratovich, en conmemoración de la Virgen de Copacabana, patrona del vecino país.

"Cuando arriba el móvil policial estaba tendido en el asfalto y se lo llevan al hospital, aunque luego fallece en el Penna", comentó un investigador, para agregar que "están trabajando para determinar las causas del fallecimiento y si hubo personas involucradas en el hecho".

La misma fuente confirmó que Flores "estaba muy alcoholizado" y que no presentaba lesiones visibles ni sangrado. De todas maneras, no se descarta que el hombre se haya visto afectado por la acción de terceros.

"De todas maneras, ninguno de los testigos presenciales refirió haber visto una agresión", explicó el vocero.

El operativo se originó sobre la 1 y el arresto se produjo en Bernardo de Irigoyen 75, aunque el local comercial, perteneciente a un hombre de 60 años, está ubicado a unos 500 metros, en Dorrego 329.

Se estableció la sustracción de un teléfono celular Samsung, una bolsa de nylon con distintas mercaderías (carne, levadura y gaseosas).

El celular fue encontrado en poder de Valle, mientras que en un baldío cercano, entre los pastizales, se encontró la bolsa con el resto de los materiales.

Entre las ropas del acusado, a su vez, secuestraron 18,38 gramos de marihuana.

El fallo fue dictado en un debate abreviado por el juez del Tribunal en lo Criminal Nº 1, Hugo Adrián De Rosa, quien imputó al sujeto, de 37 años de edad, por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante en concurso real con abuso sexual con acceso carnal reiterado, agravados por el vínculo y el aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente con una menor de 18 años.

Para el magistrado quedó probado que entre 2022 y 2024, en un domicilio ubicado en la zona del barrio Stella Maris, el procesado ultrajo en reiteradas ocasiones a la menor, que por entonces tenía 10 años.

También se estableció que la amenazaba con matarla para que guarde silencio y no cuente lo que sucedía.

El caso fue denunciado por la madre de la niña, luego de que la chica le revelara lo que pasaba cuando se quedaba en la casa del padre.

Precisamente, la mujer declaró y manifestó la forma en que tomó conocimiento de la situación, sosteniendo además que un hermano de la chica pudo observar uno de los abusos.

La menor le habría contado también a su abuela (madre del acusado), aunque esta no le dio importancia y le dijo que "estaba loca".

Pruebas decisivas

El juez valoró el testimonio de la víctima, indicando que "se presentó coherente, persistente en lo sustancial y exento de contradicciones relevantes a lo largo del proceso".

Agregó que "la joven describió con claridad la dinámica de los hechos investigados, precisando las agresiones sufridas contra su integridad física y sexual, así como las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron".

Señaló además que el examen médico realizado a la chica determinó la existencia de lesiones compatibles con el delito denunciado.

Al momento de establecer la sanción se tuvo en cuenta como agravantes la diferencia de edad entre ambos y "la violencia de género propia de una agresión sexual en contra de una mujer niña".

También valoró "el extenso período de tiempo durante el que los hechos tuvieron lugar, la reiteración de los accesos carnales imputados y los antecedentes penales del sujeto.

Por todo ello, y tal como acordaron previamente la fiscalía y la defensa oficial, De Rosa le impuso la pena de 14 años de prisión.

Este se encuentra en condiciones óptimas y con sus familiares.

El chofer accidentado es Edgardo Esquivel, a quien se lo trasladó en ambulancia al Hospital Municipal olavarriense con fisuras en un brazo y costillas, pero su vida no corre peligro.

Por causas que aún son materia de investigación, ambos camiones de la compañía Transportes EG chocaron en un tramo de la ruta provincial 51, a pocos kilómetros de aquella ciudad bonaerense.

Según información policial, los vehículos Volkswagen y Mercedes Benz transitaban en sentido a Olavarría cuando el VW, al mando de Esquivel, embistió aparentemente de atrás al otro transporte conducido por Alejandro Burgos.

Este último transportista resultó ileso.

Producto del potente impacto, la tolva del Volkswagen se desprendió de los sistemas de seguridad y golpeó contra la cabina. El rodado terminó volcado.

Por el siniestro vial se labraron actuaciones caratuladas “lesiones culposas”, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 4 del Departamento Judicial Azul.

(Con información de infoeme.com)

Según indicaron fuentes oficiales se encuentra en buen estado de salud.

El sospechoso fue identificado como Mariano Díaz, a quien venía investigando la UFIJ Nº 19, a cargo del fiscal Mauricio Del Cero.

Por orden del Juzgado de Garantías Nº 3, la Policía requisó la vivienda, ubicada en Cramer al 2.200, y además de los estupefacientes secuestró un revólver, municiones, una balanza de precisión, dinero en efectivo y celulares y otros dispositivos que serán analizados. 

La causa se inició a mediados de agosto último, a partir de denuncias que alertaban sobre presuntas maniobras compatibles con la venta de drogas al menudeo en esa casa, frente a la plaza del barrio.

A raíz de las tareas investigativas realizadas por la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Bahía Blanca, los trabajos de vigilancia, observaciones estáticas y registros audiovisuales del lugar, se logró documentar reiteradas conductas asociadas al intercambio de sustancias ilícitas en distintas horas del día.

Con las pruebas reunidas por la fiscalía, Garantías otorgó la correspondiente orden de allanamiento, concretada en la tarde de ayer.

Díaz será indagado hoy por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil.