Por el hurto se investiga a un exdueño de la embarcación, dueño de los dos inmuebles allanados y quien por el momento continúa en libertad.

La investigación se originó sobre las 22.20 del domingo, cuando Carlos Luciano Alaiz, de 42 años, denunció la desaparición de una lancha blanca, con motor Mercury negro, de 40HP, que se encontraba en un terreno ubicado en Río Dulce y Pandeles, de Monte Hermoso.

El hombre relató que la unidad la había "comprado de palabra" y que la había visto por última vez sobre las 18 del sábado.

Al revisar las cámaras del centro de monitoreo se pudo establecer que la lancha fue retirada de Monte -pasada la medianoche- con una camioneta Toyota Hilux gris, patente AB957PX.

Se pudo establecer que dicho vehículo es de un exdueño de la lancha, quien vive en Villa del Mar, partido de Coronel Rosales y que, según el denunciante, tendría documentación de la misma en su poder. 

El juez de Garantías N° 3, Alberto Manzi, ordenó dos allanamientos, uno en Chacabuco al 200 de Villa del Mar y otro en Fortinero al 1.300 de Bahía, ambas propiedades del exdueño de la embarcación.

Los operativos se hicieron hoy y en nuestro medio se logró recuperar la lancha, mientras que en la localidad rosaleña se secuestró la Toyota utilizada.

Por el momento no se informó sobre aprehendidos y se dijo que continúa la investigación.

Según indicaron desde la Comisaría local, alrededor de las 13:15 recibieron la denuncia de una vecina que había dejado su moto estacionada en la vereda de una casa en Mitre al 1.000 y al salir ya no estaba. Agregó que en la baulera del vehículo tenía su billetera con documentación y dinero en efectivo.

De recorridas por el sector, los efectivos lograron hallar a tres cuadras del lugar, en un descampado de Saenz Peña al 400, una moto marca Gilera Smash 110cc.

La moto, sin faltantes y sin ocupantes, fue restituida a su propietaria, junto con sus pertenencias.
 

De esa manera, la jueza Claudia Olivera se aceptó el pedido formulado por el fiscal Jorge Viego, titular de la UFIJ N° 5, y el principal acusado del doble crimen cometido hace un mes en el barrio Thompson permanecerá entre rejas, al menos, hasta el juicio.

Con los elementos de prueba reunidos hasta el momento, el fiscal solicitó que el hecho sea calificado como homicidio agravado por haber sido perpetrado por un hombre a una mujer, mediando violencia de género. En caso de ser condenado, la pena es de prisión perpetua.

"Lo mejor para seguir adelante es que se esclarezca"

Los hechos sucedieron el 7 de octubre pasado, cuando el hombre habría ingresado al domicilio de la calle Santa Fe al 2.300, sobre las 18.40, para retirarse a las 23.30 aproximadamente.

En ese franja horaria habría provocado la muerte de ambas mujeres, una de las cuales se resistió lesionando con sus uñas al acusado, luego de lo cual el hombre causó un incendio en el inmueble.

Todas esas conductas fueron desplegadas en un contexto de violencia de género basado en una relación desigual de poder entre un hombre y una mujer.

La jueza Olivera compartió el criterio del fiscal, por lo que realizó el encuadre legal correspondiente y otorgó la medida restrictiva de la libertad para Velázquez.

La jueza Claudia Fortunatti, integrante del Tribunal en lo Criminal Nº 2, decidió esta mañana concluir la audiencia frente a la imposibilidad de lograr reunir a los 18 integrantes (12 titulares y 6 suplentes) necesarios para llevar adelante el debate.

Voceros judiciales indicaron que la magistrada decidió establecer un cuarto intermedio hasta mañana para intentar, por tercera oportunidad, establecer el jurado.

Según la investigación realizada por la UFIJ N.º 4, a cargo del fiscal Diego Torres, los hechos abusivos imputados al hombre habrían ocurrido entre 2019 y 2020 en el interior de dos domicilios contiguos pertenecientes al acusado, quien se encontraba separado de la madre de la víctima, y donde el pequeño de 3 años iba de visita para tomar contacto con él.

La denuncia fue radicada por la progenitora del chico, quien observó comportamientos extraños en el niño y una reiterada negativa a ir con su padre, acompañada de angustia y llanto, lo que derivó en visita a profesionales psicólogos infantiles quienes detectaron los primeros indicios de abuso.

Se trata del presidente del club, Leandro Ginóbili, y de la jefa del departamento Habilitaciones del municipio, Laura Fabiana Soberón.

Hasta el momento, el único  acusado, por el delito de estrago culposo seguido de muerte y lesiones culposas agravadas por la pluralidad de víctimas -la tragedia se registró durante la fiesta de fin de año de la escuela de patín de la entidad- es el ingeniero Pablo Ascolani, quien ya fue indagado.

A Ginobili se le imputa el mismo delito que a Ascolani, mientras que a Soberón, incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El hermano de "Manu" fue citado a indagatoria para el miércoles 10 de diciembre, mientras que a la funcionaria la interrogarán el jueves 4 del mes que viene.

A mediados de este año, La Nueva. publicó un informe que daba cuenta de las conclusiones de tres peritos de la Suprema Corte de Justicia bonaerense y de un ingeniero propuesto por la querella, quienes concluyeron que en la construcción actual de la institución seguía habiendo riesgos. 

Ese dato fue ratificado por el abogado Sebastián Mazza, quien representa a víctimas y a su vez se vio directamente afectado por la caída del muro, aquel 16 de diciembre de 2023, porque entre los 13 fallecidos estaba Juliana Barquero, su esposa.

El agravante, a partir de aquel estudio llegado desde La Plata, es que no solo ese muro presentaba fallas, "sino que otras dos paredes tienen las mismas deficiencias estructurales", dijo Mazza.

"Hay 4 peritos que advierten eso, los tres oficiales de la Corte y el ingeniero Marcelo Hourcade (representante de víctimas), quien tiene amplia trayectoria académica en La Plata", agregó el abogado.

Por otra parte, en marzo pasado el fiscal Aguilar había solicitado la clausura del gimnasio, pero la Justicia de Garantías derivó la decisión al Juzgado de Faltas, aunque la inundación postergó todo.

"El 21 de marzo, un inspector de fiscalización fue a labrar un acta, pero apareció el dirigente Leandro Ginóbili con un permiso precario de funcionamiento, por 60 días, que supuestamente estaba firmado del día anterior", aseguró Mazza.

Además de Barquero, por la caída del muro perdieron la vida Federico Dúo (44) y su mujer María Laura Rodríguez (43); Rubén Baldi (45) y su hijo Benicio (5); los jubilados Norma Nieto (61), Adriana María Contento y el matrimonio integrado por Luis Pérez y Juana Graciela Danszyt (67); Diego Carrasco; Bryan Ortega (27); Rosa Miguelina Figueroa (66) y Diego Cassati (45).

El juicio oral está programado hasta mañana y a los imputados se les atribuyen los delitos de coacción agravada y tentativa de homicidio agravada por el uso de arma de fuego.

El hombre acusado también afronta cargos por portación ilegal de arma de fuego de uso civil.

Los incidentes ocurrieron el 1 de marzo de 2024, cuando los procesados al parecer amenazaron de muerte a su hermano Juan Gabriel Tobar para despojarlo de un inmueble ubicado en Beruti y Tarija, cerca de la rotonda de Indiada y Drago.

Los imputados irrumpieron en el domicilio después de forzar una ventana, golpearon a su hermano y le gatillaron un arma de fuego en su cabeza varias veces, sin que se produjeran los disparos.

La mujer atacó a Juan Gabriel con un cuchillo y lo lesionó en distintas zonas de su cuerpo, hasta que la Policía llegó al lugar y aprehendió a los agresores.

Los efectivos policiales intervinientes secuestraron afuera de la casa el revólver calibre 22 que esgrimió Roberto.

El trámite de la causa estuvo a cargo del fiscal de homicidios, Jorge Viego.

A poco más de un mes del doble crimen de su madre y su hermana -Myriam Velázquez y Mariana Bustos- y con la angustia y el dolor a cuestas, Leandro Bustos volvió a la vivienda de Santa Fe al 2.300 para contar los avances de la investigación.

"Uno siempre está disconforme (sobre cómo marcha la causa) porrque, desde afuera, siempre cree que se puede hacer más, pero sabemos bien, porque somos testigos, que se trabajó demasiado y a los dos días ya habían hecho un allanamiento en la casa del acusado", explicó Leandro, acompañado por su mujer Julieta y su pequeña hija.

Por el doble homicidio está detenido Maximiliano Walter Velázquez, primo de Myriam. Se cree que una relación sexual -consentida o forzada- podría haber desencadenado el hecho.

"La mejor opción que tengo para seguir adelante es que se esclarezca. La mayoría de las personas (en una situación así) si piensan demasiado en lo que pasó, se tiran al pozo de la depresión y van a estar todo el día llorando. Uno necesita salir, hacer. Ese es mi cable a tierra para seguir adelante", afirmó Leandro.

Ya dentro de la casa, el joven relató ante los medios cómo encontraron a su madre y su hermana y algunos detalles de la investigación

"Lamentablemente tuve que ver las fotos de cómo estaban las dos, en la pieza, para también definir qué es lo que había pasado. En un momento se comenta que ellas podrían haber estado dormidas, que el fuego pudo haber sido ocasionado intencionalmente, como que fue un robo y prendieron fuego la casa, pero el fuego se ocasiona en la pieza y entre ellas dos", dijo.

Leandro también confesó que casi se pierde una prueba que fue importante para avanzar en la causa.

"En el fondo (de la habitación) había un placard embutido en la pared y, cuando empezamos a levantar escombros, encontramos un mechón de pelos, en el momento no nos dimos cuenta y empezamos a tirar todo al contenedor. Después nos dimos cuenta de que era una prueba fehaciente de que hubo violencia, es donde viene Científica y recoge el mechón y encuentra un mechón de pelo más", sostuvo.

Habló el fiscal y dejó entrever cuál es la principal hipótesis

Sobre la localización de las víctimas, detalló: "A mi hermana la encuentran acostada sobre la cama y de este lado, en el piso, estaba mi mamá, sin ropa interior del torso para abajo. Los cuerpos estaban totalmente deteriorados".

Dijo que la familia no se comunica directamente con el fiscal Jorge Viego, a cargo de la investigación, sino que lo hacen a través de una abogada.

"No queremos molestar, ni entorpecer", aclaró. 

En cuanto al resultado de las autopsias y la mecánica de las muertes, Leandro dijo que "por el estado en que se encuentran los cuerpos, en una primera instancia no llegan a delimitar de qué manera pudieron haber fallecido. Hay una mecánica, no totalmente definida, la autopsia misma dice que se encuentra espuma en la parte traqueal y el pulmón, y es que las ahorcaron".

Y confirmó que el acusado presentaba lesiones de defensa, como rasguños y moretones.

"Tiene golpes que, seguramente, fueron de mi hermana, porque era una chica que tenía mucha fuerza. Llego a creer que fueron principalmente de ellas. También se comenta en la autopsia que pudieron haber estado maniatadas con sogas o precintos y cuando entra Científica a la casa encuentra los precintos arriba de la mesa, en la cocina. No hay una hipótesis formada, pero sí una especulación bastante acertada", relató. 

En ese tramo de la entrevista el joven aludió al posible móvil del hecho: "Pienso que mi mamá estaba siendo atacada o posiblemente violada cuando llega mi hermana y se encuentra con esto y ella empieza a atacar a Maximiliano".

El hecho comenzó alrededor de las 4 de la mañana del domingo, cuando un empleado de la estación de servicio de Corrientes y Brandsen denunció que un sujeto le había sustraído una bicicleta.

Minutos más tarde, cerca de las 4.50, y gracias al apoyo del Centro de Monitoreo, efectivos observaron a tres hombres y una mujer salir de una vivienda con una bicicleta similar a la robada.

Se apersonaron y detectaron a dos sospechosos que circulaban en bicicleta, quienes ignoraron la voz de alto y huyeron, descartando en el trayecto dos televisores y otra bicicleta.

Tras un breve seguimiento, la Policía logró aprehender a Leandro Lihuel Colmegna (de 33 años), acusado de hurto; Marcelo Fernández Sauma (35), por atentado, desobediencia y resistencia a la autoridad; y José Feliciano Schell (43), demorado para averiguación de identidad y medios de vida.

Los elementos secuestrados —dos televisores y dos bicicletas— fueron incautados y quedaron bajo averiguación de procedencia, para determinar su titularidad y posible vinculación con otros hechos delictivos.

Los detenidos y los objetos recuperados fueron trasladados a la comisaría Primera, donde se continúan las diligencias correspondientes.

El hecho ocurrió alrededor de las 23.30 cuando, el damnificado, de 18 años, denunció que mientras caminaba fue interceptado por un individuo con campera blanca y negra, quien le sustrajo un celular Motorola E20 celeste —sin funda— y un par de lentes recetados, para luego darse a la fuga.

Minutos más tarde, en la intersección de 3 de Febrero y Punta Alta, efectivos del Comando de Patrullas divisaron a un sujeto con las mismas características físicas y de vestimenta. Tras realizarle un cacheo preventivo, se hallaron entre sus pertenencias los elementos sustraídos.

El sospechoso, identificado como Cristian Jesús Benítez, fue trasladado a la comisaría Cuarta, donde quedó a disposición de la Justicia.

El conductor, identificado como Jorge Nicolás Aperhanz, de 35 años, circulaba a bordo de un Volkswagen Gol Trend cuando, por causas que se investigan, perdió el control del vehículo e impactó contra el frente de una casa.

Al lugar acudieron móviles policiales, una ambulancia del servicio de emergencias, personal de Defensa Civil y agentes de Tránsito.

Tras realizarle el correspondiente test de alcoholemia, se constató que el resultado fue positivo, por lo que el automóvil fue secuestrado.

No se registraron personas heridas como consecuencia del hecho.

El organismo a cargo del fiscal general adjunto Gabriel González Da Silva, elaboró un nuevo documento técnico titulado “Indicadores de riesgos relacionados con testaferros de armas de fuego”, que sistematiza información relevada en diversas investigaciones preliminares y procura aportar herramientas para la detección temprana de maniobras de desvío de armas hacia el mercado ilegal.

En el informe se destaca que se trata de un fenómeno de creciente relevancia la de los testaferros que, siendo legítimos usuarios, “adquieren armas de fuego en el mercado legal, pero para ser ilícitamente transferidas a terceros no habilitados, los que, no puede descartarse, pueden estar vinculados a organizaciones criminales”.

A partir de los casos confirmados de esta nueva modalidad, la UFIARM identificó patrones de comportamiento en las maniobras detectadas y, sobre esa base, presentó un listado no taxativo de indicadores de riesgo que pueden orientar la labor de fiscalías, como así también de otros organismos vinculados al control, detección, persecución y enjuiciamiento de estas maniobras.

Desde el portal Fiscales señalan que, entre los indicadores identificados, “se destacan factores vinculados al domicilio denunciado, la capacidad contributiva, la cantidad y tipo de armas adquiridas -incluyendo periodicidad-, y el paradero o destino de las armas”.

El documento subraya que, si bien algunas conductas pueden encuadrarse en la figura penal de entrega ilegal de armas (artículo 189 bis del Código Penal), “en muchos casos se trata de esquemas complejos y organizados, en los que participan múltiples actores -legítimos usuarios, gestores, armerías y organizaciones criminales”.

Las autoridades sostienen que este escenario configura en la realización de maniobras que pueden involucrar otros delitos, como falsificación de documentos públicos, asociación ilícita o contrabando.

“Con este trabajo, la UFIARM busca fortalecer las capacidades institucionales en la identificación y prevención de desvíos de material controlado, promoviendo la cooperación interinstitucional y la investigación articulada frente a posibles entramados delictivos que ponen en riesgo la seguridad ciudadana”, expresan. (NA)

El hecho ocurrió en la madrugada del domingo, en Malvinas al 300. 

En ese lugar, las fuerzas de seguridad capturaron a Alejandro Emanuel Varela de 33 años de edad, quien había lesionado -mediante golpes de
puño- a un hombre de 46.

Además, al momento de la aprehensión, trató de agredir a los efectivos policiales, sin lograrlo.

La carátula es Lesiones, Resistencia a la autoridad y Amenazas.

De esa forma, los jueces de la Sala II del Tribunal de Casación bonaerense confirmaron la condena a siete años y 10 meses de prisión para un hombre que encerró y violó a una mujer en una vivienda de Coronel Suárez.

El pasado 5 de mayo, los jueces del Tribunal en lo Criminal Nº 1 sentenciaron a Gustavo Martín Kruger Ríos por los delitos de abuso sexual con acceso carnal y privación ilegítima de la libertad. 

El fallo fue apelado por el defensor oficial Eduardo Zalba, quien consideró que los magistrados no valoraron la versión del procesado, quien dijo que las relaciones sexuales con la víctima fueron consentidas.

Sostuvo que las consideraciones del informe médico no se condicen con el relato efectuado por la mujer, al tiempo de rechazar que el acusado haya ejercido violencia contra ella.

Por otra parte, el abogado también cuestionó el monto de la sanción impuesta a Kruger Ríos.

No obstante, los doctores María Florencia Budiño y Fernando Luís María Mancini, de Casación, consideraron que la apelación resultó “improcedente”.

Violencia y amenazas

El hecho por el que resultó sentenciado Kruger Ríos se produjo entre el 14 y el 15 de julio de 2024, en un inmueble ubicado en la calle Jencquel al 300, de Coronel Suárez.

En esas circunstancias, el sujeto  abusó de una mujer a quien tomó por el cuello y amenazó diciéndole: “vas a hacer lo que yo te diga o sino te mato”.

Por entonces la víctima se encontraba residiendo temporalmente en la vivienda del acusado.

Ante la negativa de la mujer, el hombre la sometió y cerró la puerta del domicilio con llave, privándola ilegítimamente de la libertad durante varias horas.

Aprovechando un momento de distracción la joven logró enviarle un mensaje a un amigo, quien dio aviso a la Policía y permitió que los efectivos se presentaran en la vivienda y lograran liberarla.

Los policías declararon que cuando llegaron al lugar fueron atendidos por el imputado y que en ese momento escucharon a la joven que pedía ayuda.

Señalaron que les indicó que “se quería ir”del sitio y que se encontraba “llorando, temblorosa y con dificultad para expresarse”.

Los tres factores

Los magistrados consideraron que en el fallo se respaldó la declaración de la víctima a partir de verficar tres factores determinantes, como “la ausencia de incredibilidad subjetiva”, “verosimilitud por corroboración a través de elementos periféricos” y “persistencia en la incriminación”.

Respecto de esto último, el tribunal bahiense destacó que la mujer sostuvo su relato en la Fiscalía, ante la Policía, frente al médico legista y ante un licenciado en psicología.

Los integrantes de la Sala II de Casación refirieron que al resolver los jueces entendieron que las declaraciones de la mujer fueron “espontáneas y no direccionadas", resultando “sinceras, coherentes, fluidas y razonables”.

Otras pruebas

También indicaron que “el testimonio propiciado por la denunciante encontró respaldo en otros medios de prueba que convalidaron su contenido”.

En este sentido, mencionaron en la resolución la opinión de un psicólogo que entrevistó a la joven y el testimonio del amigo a quien la víctima le envió un mensaje solicitándole ayuda.

Del mismo modo, se valoró el hallazgo en el inmueble de una soga y un cuchillo (elementos utilizados para amedrentar a la mujer y lograr su cometido sexual), además de rastros de PSA (antígeno prostático específico) en la víctima y en prendas de vestir.

El descargo

Acerca de la versión exculpatoria brindada por el imputado, los jueces destacaron que se limitó a “sembrar diversos estereotipos de género en perjuicio de la joven”.

Señalaron que sus dichos no lograron revertir “el robusto cuadro de cargo que pesa sobre él”.

Describieron que la decisión fue “una conclusión fundada, razonada, y con total apego a las reglas de la sana critica, brindando una explicación certera acerca de por qué seleccionó determinados elementos de prueba en desmedro de otros”.

Finalmente, también rechazaron la postura de la defensa respecto al monto de la pena de prisión efectiva impuesta a Kruger Ríos.

La condena al conductor de una camioneta que a principios de 2023 protagonizó un choque con saldo fatal en el cruce de la ruta 3 sur y Charlone, que afectó a dos jóvenes que iban en moto a trabajar al Balneario Maldonado, fue confirmada en segunda instancia.

La Cámara Penal consideró justo el fallo dictado, a mediados de este año, por la jueza en lo Correccional María Laura Pinto contra Fabricio Exequiel Peralta, a tres años de prisión en suspenso (no irá a la cárcel salvo que incumpla reglas de conductas impuestas por el mismo periodo) y 10 de inhabilitación para conducir vehículos automotores.

Peralta es quien, el 15 de enero de 2023, conducía -a una velocidad superior a la permitida- una camioneta Nissan Frontier por la ruta 3 y, en el cruce con Charlone, embistió a una moto ocupada por Sebastián Leonardo Insabraldis (26), quien falleció producto del impacto, y Rodrigo Nicolás García, quien terminó con heridas de gravedad (sufrió la amputación parcial de la pierna izquierda).

Le imputaron los delitos de homicidio culposo agravado por la conducción de vehículo automotor y exceso de velocidad y lesiones culposas gravísimas agravadas por la conducción de vehículo automotor y exceso de velocidad, en concurso ideal de delitos.

Apelación

Los abogados Alejandro Cantaro y Jorge Otharán, defensores de Peralta, apelaron la resolución judicial al considerarla arbitraria.

Sin embargo, la Sala II de la Cámara (votos de los doctores Guillermo Federico Petersen y Guillermo Emir Rodríguez) ratificó el fallo y los argumentos de primera instancia.

La defensa reclamaba que la jueza descartó, sin dar razones, la violación del deber de cuidado del motociclista, cuando intentó cruzar la ruta en dirección al Balneario Maldonado y que aún cuando los peritos oficiales no pudieron determinar su velocidad, sí afirmaron que "venía lanzado en velocidad".

Los camaristas explicaron que "sin perjuicio de que el accionar de Sebastián Insabraldis resultó a su vez violatorio del deber de cuidado", el análisis conjunto de las pruebas (con una exposición "clara, lógica y completa" de la jueza) llevó a sostener "que la velocidad que llevaba el rodado mayor conducido por el encartado (Peralta) resultó  factor contribuyente sin el cual el resultado lesivo no se hubiera producido".

Los peritos oficial determinaron que la Nissan circulaba a más de 87 kilómetros por hora, cuando en el sector la máxima permitida, según la cartelería del lugar es de 60.

La Cámara aclaró que la única hipótesis que podría haber exonerado al acusado es la culpa exclusiva de la víctima y en este caso no se acreditó.

Sostuvieron los jueces que Peralta "violó el deber de cuidado propio de la actividad que llevaba a cabo (conducción) y que su acción antirreglamentaria tiene vinculación con el resultado producido.

Producción de prueba

La Cámara destacó la producción de la prueba, especialmente en el debate, para confirmar la condena.

Citó, en ese sentido, la declaración del joven sobreviviente. 

Nicolás García confirmó que iba con Sebastián Insalbridis a trabajar en horario nocturno al Balneario Maldonado y que el cruce "era una boca de lobo" y dio detalles de cómo fue la maniobra.

Su declaración fue respaldada por la pericia planimétrica (ubicación de vehículos, restos de plásticos y vidrios y huellas de derrape) y la declaración de peritos mecánicos y de accidentología vial.

La jueza también destacó la mala iluminación del lugar -también remarcada por García- y la existencia de un semáforo intermitente, reductores de velocidad y cartelería sobre el cruce y la máxima permitida de 60 km/h.

Explicó la Justicia que esas señales advierten "la presencia de un cruce peligroso frente al cual se debe aminorar la marcha y cruzar con precaución".

En consecuencia, concluyeron que "el rodado conducido por el procesado Peralta se desplazaba a una velocidad en exceso de la permitida en el sector", con un exceso de 27 kilómetros por hora de la velociad máxima reglamentaria en el sector.

Tareas comunitarias

Reglas. Como parte de la sentencia, además de la pena de prisión en suspenso y la inhabilitación para conducir vehículos automotores durante 10 años, Peralta debe cumplir distintas reglas de conducta.

Control. En el tiempo que dure la condena (a tres años en suspenso), el acusado deberá fijar residencia, de la cual no podrá ausentarse por más de 24 horas sin dar aviso previo a la Justicia y también se someterá al control del Patronato de Liberados.

Entidad. La jueza también le fijó como pena la realización de tareas comunitarias, un total de 700 horas que deberá cumplir en una institución de bien público que definirá el imputado una vez que el fallo quede firme.

Calificación legal. Fabricio Peralta fue imputado de los delitos de homicidio culposo agravado por la conducción de vehículo automotor y exceso de velocidad y lesiones culposas gravísimas agravadas por la conducción de vehículo automotor y exceso de velocidad, en concurso ideal de delitos.

Tomás Enrique Fernández, de 33 años, fue abordado por personal policial en el momento en que llevaba un inodoro del cual no pudo precisar su procedencia.

Según la información proporcionada por la fuerza policial, en ese momento se acercó un vecino para comunicar a los uniformados que dicha pieza de baño era de su propiedad y que para sustraerlo le rompieron el vidrio de una ventana.

La información Interviene la UFIJ 15 y el Juzgado de Garantías Nº3.

La sustancia identificada como 25E-NBOH, y conocida como “La bomba”, es una droga de diseño más tóxica que el LSD y que causa consecuencias graves a la salud, las que se potencian en el caso de su consumo junto con bebidas alcohólicas.

Recientemente, los ministerios de Salud y Seguridad de la Nación emitieron un alerta luego de que recepcionaran una notificación del Laboratorio de Toxicología y Química Forense del Cuerpo de Investigaciones Judiciales, correspondiente al Ministerio Público de CABA, acerca del análisis de 23 troqueles incautados durante un operativo, junto a dosis de ketamina y éxtasis.

Se trata, según informaron fuentes judiciales, de una sustancia cuyo hallazgo no es común en el último tiempo, aunque sí se registraron varios secuestros en el país entre 2010 y 2022.

Las autoridades nacionales destacaron que resulta necesaria el alerta pública porque “no es común la  identificación del sustituyente etilo” dentro de la composición química, y debido a que es muy limitada “la información bibliográfica sobre los mecanismos de acción, efectos y riesgos” de la sustancia.

Precisamente, en los últimos días la Justicia bahiense condenó a un joven que en 2021 fue sorprendido con esta droga en su poder.

En el marco de un debate abreviado, el juez del Tribunal en lo Criminal Nº 1, doctor Hugo Adrián De Rosa, sentenció a Luciano Jonathan Rodríguez (21) a la pena de 4 años y medio de prisión.

Una discusión entre el imputado y otra persona, registrada en un sector de Villa Mitre, derivó en un procedimiento policial durante el cual se produjo el hallazgo de 28 troqueles de 25E-NBOH.

Composición y efectos

Los especialistas indicaron que se trata de un “alucinógeno sintético derivado de la N-benzil feniletilamina”.

Agregaron que “los efectos adversos de esta sustancia pueden incluir alteraciones en la percepción, cambios en el estado de ánimo, dolor de cabeza, confusión, pérdida de la memoria, agitación, sensación de debilidad y malestar estomacal”.

Detallaron que “no existen antídotos específicos para la serie de compuestos NBOH, y todas las intoxicaciones agudas se gestionan mediante tratamientos sintomáticos”.

Respecto de las vías de administración y consumo, describieron la ingesta “sublingual y oral (masticación bucal)”.

La droga “se presenta más comúnmente en forma de polvo, gotas sublinguales o en mezclas con otras sustancias impregnadas sobre papel secante, blotters o troqueles”.

Señalaron además que “la dosis y la pureza de la sustancia son factores que pueden influir en la toxicidad”.

Una sustancia rara

"Es un derivado anfetamínico, que es mucho más concentrado que el LSD y los efectos suelen ser más largos. Es muy parecido en su acción, aunque más concentrado y psicoactivo”, indicó el médico psiquiatra Juan Miguel Mella sobre las características de la droga 25E-NBOH.

El profesional, que se desempeña en los Centro de Prevención de las Adicciones (CPA) de Bahía Blanca y Punta Alta, agregó que “es una sustancia rara. Inicialmente era utilizada en un marcador para hacer tomografías con emisión de positrones (PET) y terminó siendo utilizado como droga sintética”.

"Se fabrica en laboratorio y es derivado de otra anfetamina”, siguió diciendo.

Finalmente, sostuvo que “hasta el momento no vi ni escuché de esta sustancia acá en Bahía, lo que es bueno. Por el contrario, sí me enteré del aviso de las autoridades nacionales y el alerta emitido sobre el hallazgo reciente”.

Navidad de 2021

El único secuestro conocido de esta sustancia en nuestra ciudad se remonta a la Navidad de 2021, cuando Luciano Rodríguez, recientemente sentenciado, fue aprehendido por la Policía.

Para el juez De Rosa quedó demostrado que el 25 de diciembre de ese año, alrededor de las 13.30, en el sector de la calle Garibaldi al 200, el acusado tuvo en su poder, “con fines de comercialización en dosis fraccionadas destinadas para su venta a potenciales consumidores”, 28 troqueles de la sustancia 25E-NHBOH con el dibujo del personaje de “El Sombrerero” de “Alicia en el País de las Maravillas”.

En el fallo también indicó que “comercializó estupefacientes (particularmente marihuana y 25E-NBOH)” durante el período comprendido, al menos, entre el 13 y el 25 de diciembre de ese año, “mediante la modalidad de encuentros en lugares previamente acordados de la ciudad de Bahía Blanca”.

En tanto, el 21 de noviembre del año pasado, durante una requisa ordenada por el Juzgado de Garantías Nº 2, en un domicilio ubicado en Pasaje Roca al 3.500, policías de Drogas Ilícitas le secuestraron 9 plantas de cannabis sativa (con un peso de casi 2 kilogramos entre tallos, ramas y hojas) y un cigarrillo de armado casero.

En el lugar también fue hallada una joven que finalmente fue sentenciada a un año y medio de prisión en suspenso por la tenencia simple del material estupefaciente.

Confrontación

Los policías que intervinieron en el secuestro de “La bomba” indicaron que ese día concurrieron a un sector de Villa Mitre a partir de una discusión entre dos personas en la vereda de un local comercial.

Indicaron que luego de identificar a ambos, el imputado se mostraba nervioso, por lo que lo registraron y hallaron una caja metálica de cigarrillos en un bolsillo de su bermuda.

Agregaron que en el interior de ese objeto descubrieron un envoltorio de papel que contenía los troqueles de 25E-NHBOH. También secuestraron un teléfono celular.

El juez refirió que el análisis de la sustancia determinó la presencia “fenetilamina psicodélica de duración media”, que se encuentra incluida en las prescripciones de la Ley 23.737 (de drogas).

Por otra parte, el análisis del celular secuestrado en poder del procesado determinó la existencia de mensajes de interés para la investigación.

“Perrito cuánto las pelis”, “¿sale plancha?”,  “salen sueltos a 200” y “tenés un churro que me vendas?”, son algunas de las frases descubiertas entre Rodríguez y algunos de sus contactos.

“No existen dudas de que el aquí imputado ha cometido los hechos referenciados, ello no solo en virtud de las sustancias que les fuera secuestrada, sino también por el contenido de los mensajes obtenidos de sus teléfonos celulares, los cuales aportan evidencia clara y directa de la actividad ilícita investigada”, señaló De Rosa al momento de establecer la pena.

La sentencia fue dictada en los últimos días por la Cámara en lo Civil y Comercial, que amplió el monto estipulado en primera instancia.

De esa manera se buscar resarcir a G.C.D y E.Y.R., una pareja de nuestra ciudad que el 29 de mayo de 2018 viajaba desde nuestra ciudad a la Capital, en un colectivo de la empresa El Valle-Vía Bariloche, para disfrutar de unas vacaciones que se vieron truncas por un imprevisto.

De madrugada, cuando el matrimonio dormía en las butacas 13 y 14 del micro, se despertaron de manera violenta porque se les derramó agua hirviendo del dispositivo de café de la unidad.

Ambos sufrieron quemaduras, aunque el hombre recibió las heridas más importantes en el rostro, un hombro y un brazo.

¿Por un bache?

El abogado que representa a la empresa de transporte y la Protección Mutual de Seguros del Transporte Público de Pasajeros alegó que el derrame se produjo por efectos de un bache en la ruta que el chofer no pudo esquivar. 

"Eso causó que el agua caliente de la cafetera hiciera presión en la tapa de la misma y se volcara, mojando a los pasajeros", sostuvo el abogado, para luego negar que el líquido estuviera hirviendo.

Sin embargo, la defensa no prosperó.

El juez de primera instancia, Darío Graziábile, consideró que no se discutió el hecho ni las circunstancias ni que la pareja era transportada en el colectivo y que el agua caliente los afectara.

Asistencia médica al viajero: rechazan la demanda de una bahiense

Sumó una pericia médica que dio cuenta de las afectaciones no solo físicas sino también psicológicas, con traumas y angustias que desmejoraron la calidad de vida de las víctimas.

La aceptación de la demanda de parte de Graziábile fue solo por el daño psicológico y los gastos médicos (132.000 pesos más intereses), pero la Cámara Civil amplió la indemnización, al tener en cuenta el daño moral de ambas personas, y la llevó a más de 6 millones de pesos e intereses.

Los camaristas Leopoldo Peralta Mariscal y Jorge Federico Mercado, de la Sala II, remarcaron que el daño moral sí está configurado.

"Como he explicado en otras oportunidades, la 'lesión estética' o bien incide en la capacidad de generar recursos, configurando un daño patrimonial, o bien perturba su ánimo, lo que lleva a cuadrarlo dentro del daño moral", explicó Peralta Mariscal. 

"Ya he explicado en reiteradas oportunidades que cuando la víctima sufre lesiones físicas, el daño moral se presume. Y no solo se presume sino que es tan evidente que bastaría con la descripción del hecho y la solicitud de indemnización para que el resarcimiento proceda", agregó el camarista. 

Como resultado del incidente, el hombre, que para el momento del hecho tenía 39 años de edad, terminó con cicatrices en la región frontal y entrecejo y en la cara anterior del hombro izquierdo.

"Un viaje que debía ser placentero se tornó en un verdadero drama, al derramarse abundante cantidad de líquido caliente sobre partes extremadamente delicadas de su cuerpo, lo que ha de haber sido muy doloroso", dijo el camarista.

"Despertarse con semejante sensación y dolor importa un sufrimiento emocional que no se puede desconocer", sostuvo. 

Y aunque con un monto menor, la Cámara también aceptó el daño moral en el caso de la mujer -sufrió lesiones de menor entidad-, quien también sufrió la situación traumática.

"El hecho de presenciar el accidente de su esposo, verlo sufrir quemaduras graves en partes sensibles del cuerpo (rostro y hombro), experimentar el desconcierto y angustia del momento, y ser ella misma víctima de salpicaduras de líquido caliente, no puede calificarse como un hecho insignificante", cerró la Cámara.

Parámetros para el daño moral 

Relevante. Para el cálculo del daño moral, la Justicia tiene como "relevante" la condición económica y social de cada víctima.

Situación. El mismo daño en distintas personas no puede ser compensado de la misma manera. 

Ejemplo. Dos personas sufren la misma lesión. A una -de escasísimos recursos- se la puede indemnizar con un auto nuevo modesto, pero para otra -con otro poder adquisitivo y varios autos- seguramente será inapropiada porque ese monto no alcanzará para compensar su dolor. 

Viaje. En el caso analizado, respecto del hombre, propusieron compensarlo con dinero suficiente para viajar 10 días a una playa de Brasil, base doble, por 10 días.

La defensa del acusado apeló la resolución de primera instancia ante la Cámara Penal trenquelauquense, que deberá decidir si acepta o no el planteo de la defensa.

Además del beneficio solicitado para su cliente, Roberto Bigliani, defensor particular del maestro investigado, pidió que su patrocinado preste declaración indagatoria ante el fiscal de la causa en Trenque Lauquen, Fabio Arcomano.

Por otra parte, el abogado afirmó que los dos peritajes médicos oficiales hechos a la supuesta víctima tuvieron resultados "negativos" en cuanto a lesiones compatibles con abuso sexual con acceso carnal.

La información contradice a la versión aportada por una tía del niño de 9 años, quien aseguró -en una nota previa de La Nueva.- que el pediatra de cabecera del chico y otro médico del hospital Municipal carhuense lo revisaron y confirmaron evidencia física de la aparente violación.

Además de la denuncia radicada por la madre del nene y las pericias mencionadas, en el expediente constan declaraciones testimoniales de empleados del establecimiento escolar donde se habría cometido la agresión sexual.

Todos coincidieron en que el denunciado "nunca estuvo solo con el menor" en las instalaciones educativas, y que en esas ocasiones "siempre había  al menos dos docentes", por lo que habrían descartado la comisión del aparente abuso.

Así lo indicó el letrado de Trenque Lauquen consultado, en base a los relatos de testigos.

La maestra del menor relató "circunstancias del niño y conductas inverecundas de su madre" para con él, las cuales son un "anticipo de un perfil conflictivo que se debe investigar", consideró Bigliani.

La secretaria de la escuela atestiguó "de manera similar a las otras docentes y a la acompañante terapéutica".

"Todos los testigos coinciden sobre la agresividad del menor, de sus problemas conductuales en el establecimiento y de las tormentosas reacciones sociales de su madre", dijo el informante.

En su declaración, el médico Eduardo Fino, quien fue convocado para examinar al niño, se refirió a la "presión de la madre al menor para que inculpe" al denunciado como el autor de "lesiones de tipo sexual".

"El dato aportado por el médico es otra muestra, de tipo 'homeopática', de intenciones aviesas de la madre del menor con el denunciado", opinó Bigliani.

"Los testimonios alejan o neutralizan al extremo la creencia de que el hecho denunciado pueda ser cierto", continuó diciendo el patrocinante legal del acusado.

María Belén Cabrera, inspectora jefa de Educación del distrito de Adolfo Alsina, fue consultada sobre el caso en dos oportunidades aunque no suministró precisiones acerca de la situación del denunciado, puntualmente si permanece en su cargo o fue separado de forma preventiva.

"Estamos trabajando con la intervención de la dirección de Nivel Primario y no podemos dar información sobre el estado de la investigación (administrativa)", se limitó a manifestar Cabrera.

En la investigación penal intervienen la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 3, a cargo del fiscal Arcomano (en uso de licencia), y el juzgado de Garantías Nº 2, ambos de Trenque Lauquen.

La mamá del niño radicó la denuncia contra la autoridad educativa a mediados del mes pasado en la comisaría de la Mujer y la Familia carhuense, después de que el menor, al parecer, no soportó más la angustia, se "quebró" y contó todo, primero a su padrastro y luego a su progenitora.

Hasta ese momento la madre del chico no sospechaba nada, pese a los cambios en el comportamiento que el niño evidenciaba, de acuerdo con los dichos de su tía.

La denunciante no entendía por qué su hijo no quería ir a la escuela, lloraba con frecuencia y estaba agresivo.

"Todos los días volvía mal de la escuela, pero no contaba nada. Hacía meses que venía pasando esto sin que mi hermana se diera cuenta, hasta que el nene no aguantó más y le contó todo a su mamá", afirmó la familiar del menor.

Indagatoria. "Teniendo en cuenta el plexo probatorio actual, incluyendo el reconocimiento médicolegal que descarta lesiones de índole aguda genitales o extragenitales, decidí que mi cliente preste la declaración prevista en el artículo 308 del Código Procesal Penal (indagatoria fiscal), que importa el más eficaz ejercicio de defensa que pueda hacer", planteó Bigliani.

Versión. Según el defensor, el relato del padrastro del menor "no pudo sostener lo afirmado por su concubina".

El detenido es Alberto Martín Sánchez, de 42 años, quien se trasladaba en una bicicleta que contenía una piedra de afilado en el manubrio y que anunciaba su paso -en la vía pública- utilizando un chiflo.

En calle España, la mujer solicitó los servicios del afilador y una vez finalizado el trabajo fue víctima de una amenaza, habida cuenta que Sánchez exigió una cifra -190.000 pesos- mayor a la pactada.

La denunciante detalló los rasgos de cómo estaba vestido Sánchez y la policía (Comando de Patrulla) lo interceptó en Ángel Brunel al 200.

Fue trasladado a la Comisaría Primera e interviene la UFIJ N° 15 DJBB.

Tiene 14 años, 1,60 metro de altura, es delgado, de cabello corto y negro, además de poseer un aro en su oreja derecha.

Vestía pantalón jean gris, un buzo negro con capucha, chaleco (negro), visera negra y zapatillas negras Nike, además de una mochila negra.

No portaba celular, dinero ni tarjeta SUBE.

Cualquier información sobre su paradero, comunicarse con la Comisaría Cuarta de Bahía Blanca.