El hecho se produjo en Roca al 900 de esa ciudad y se frustró cuando el dueño de casa, que estaba presente, utilizó el pulsador de alarma y rápidamente se presentaron móviles de seguridad en el lugar.

No está claro qué fines tenía la mujer, aunque se supo que ambos se conocían. Por el momento fue imputada de violación de domicilio y daño, con intervención de una UFIJ tresarroyense.

Con captura

La comisaría Primera de Tres Arroyos, por otra parte, atrapó ayer a un hombre de 27 años que tenía pedido de captura, desde ayer, por los delitos de lesiones agravadas, violación de domicilio y daño.

El procedimiento, en principio a cargo del Grupo Táctico Operativo de la seccional, se dio en Ayacucho al 900.

La solicitud de restricción era del Juzgado de Ejecución Penal N° 1. Una vez que se tomó conocimiento de la novedad, el joven quedó bajo arresto domiciliario.

El arresto del sospechoso se produjo en las últimas horas y fue ordenado por la Justicia de Garantías tras el pedido del fiscal Diego Torres.

Los hechos comenzaron a ser investigados tras una denuncia presentada en noviembre del año pasado.

En la presentación manifestaron que el sujeto sometió a una adolescente de 14 años de edad, aprovechando los momentos en los que quedaba al cuidado de la víctima.

Los voceros mencionaron que a partir de declaraciones testimoniales y la realización de pericias, el Ministerio Público imputó al individuo del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado.

Por otra parte, señalaron que en las próximas horas será indagado en la sede de la fiscalía.

Sin embargo, el fiscal Jorge Viego, titular de la UFIJ Nº 5, ordenó distintas medidas de prueba para tratar de ratificar la principal hipótesis de la tragedia descubierta ayer en la ciudad de Punta Alta.

"Hay una investigación en curso y se ordenaron las autopsias de ambas personas, la apertura de los teléfonos que fueron secuestrados, para ser peritados, la declaratoria de testigos y el registro fílmico de cámaras privadas y públicas", detalló Federico Montero, subsecretario de Fiscalización y Control Policial del Ministerio de Seguridad bonaerense.

Montero, quien estuvo presente ayer en Corrientes al 1.000 de la vecina ciudad, cuando en las primeras horas de la tarde de ayer se descubrió el cuerpo de Noelia, confirmó que la mujer había realizado al menos una denuncia previa por violencia de género y que su ex tenía una restricción de acercamiento de 200 metros, con vigencia al menos hasta el 19 de octubre.

Sin embargo, dijo que la mujer había denunciado el mes pasado que Ferreyra había incumplido esa medida cautelar.

"Coronel Rosales tiene un sistema para monitorear este tipo de situaciones, que se llama Ojos en Alerta, y la última comunicación de Noelia a esa plataforma fue el 7 de septiembre, cuando (Ferreyra) pasó en bicicleta por la puerta del domicilio y describió la vestimenta. Los móviles fueron y se monitoreó el lugar", sostuvo Montero. 

De todas maneras, familiares de la víctima habrían reconocido que ambos se seguían frecuentando.

Incluso, en la noche previa al crimen Ferreyra se presentó en el departamento interno de Noelia y esa situación estaba al tanto de la madre de la mujer -vecina contigua- porque ella le fue a pedir un velador y le comentó que estaba con el hombre.

El cuerpo del hombre fue encontrado en el patio de su vivienda, en la avenida Tucumán al 800, a unos 700 metros de la casa de su ex. Se cree que se quitó la vida luego de ultimar a Noelia. 

El asesinato se había producido durante un intento de robo contra el chacarero, entre el 8 y 9 de octubre de 2024.

En tanto, el tercer acusado, Rodrigo Uribe fue encontrado no culpable.

Si bien el jurado popular resolvió en la tarde del jueves sobre esta cuestión, el juez técnico Hugo de Rosa, en representación del Tribunal en lo Criminal Nº 1 tendrá que fijar la pena de los dos culpables.

Según la investigación -a cargo del fiscal de homicidios bahiense, Jorge Viego-, Berg y Kunzli ingresaron en esa ocasión en el establecimiento Buena Ventura y atacaron brutalmente a Rodas Ortiz, que era de nacionalidad boliviana.

Allí, golpearon al productor y le provocaron heridas cortantes profundas en el tórax, que afectaron el pulmón y el corazón y le causaron la muerte.

Poco antes Rodas Ortiz había cobrado una suma millonaria por la venta de cebolla, que los delincuentes habrían sustraído.

El cuerpo sin vida del agricultor fue hallado por otro productor rural, que llegó al lugar y dio aviso a la Policía.

Esto lo pudo confirmar la madre de la mujer, quien vivía en una vivienda lindante a la de Corrientes al 1.000, donde se produjo el femicidio.

"El sujeto la visitaba con frecuencia y la madre de ella sabía de esta situación, ya que vive en el mismo terreno, en una casa humilde contigua. Ayer la madre sabía que estaban juntos porque su hija le pidió un velador y le dijo que estaba con él", comentó un investigador a lanueva.com.

"Se presume que, por algún motivo, discutieron y él la mató, luego fue a su casa, que está a 7 u 8 cuadras (en la avenida Tucumán  al 800) y se ahorcó con un cable en el patio", agregó.

En el estado de WhatsApp de Ferreyra, a las 6.07, apareció un mensaje que habría escrito el hombre y se relaciona directamente con el crimen cometido: "Perdón, la amaba".

Si bien el caso recién está siendo materia de investigación, se cree que se pudo haber tratado de un femicidio seguido de suicidio.

Las dos personas fallecidas fueron identificadas como Noelia Díaz y Daniel Ferreyra.

Se supo que había denuncias preexistentes por violencia de género y, si bien existía una medida cautelar vigente -de prohibición de acercamiento hasta el 19 de octubre próximo- el hombre la visitaba con frecuencia.

Todo se originó este mediodía, cuando la madre de la mujer, que vive en el mismo terreno de Corrientes al 1.000, pero en una vivienda contigua, no recibía respuestas de ella y descubrió el primer cuadro macabro. 

Encontró a su hija sin vida, sobre la cama de su habitación, aparentemente con un cable sujeto a su cuello y una herida cortante.

Al entender los familiares que en el hecho podría estar involucrado su exnovio, los uniformados se presentaron de inmediato en la casa del hombre, en la avenida Tucumán al 800 -a unos 700 metros del otro inmueble- y también lo encontraron sin vida, ahorcado con un cable en el patio.

Las máximas autoridades de la fuerza, encabezadas por Federico Montero, subsecretario de Fiscalización y Control Policial del Ministerio de Seguridad, se están dirigiendo hacia la vecina ciudad, con el fin de trabajar bajo órdenes de la fiscalía a cargo del doctor Jorge Viego (UFIJ N° 5).

Fuentes oficiales mencionaron que el hecho se produjo en el local denominado "La Carni", situado en San Lorenzo al 1.900.

Los voceros manifestaron que los delincuentes violentaron la puerta de acceso al local para apoderarse de elementos y dinero de la caja registradora, además de mercadería.

Trascendió que están analizando las imágenes de las cámaras de seguridad para intentar identificar a los responsables.

Por el hecho se iniciaron actuaciones en la seccional Cuarta por el delito de robo, con intervención de la UFIJ Nº 2.

Melina Donnini, propietaria de un local dedicado a la venta de fundas y accesorios de telefonía, admitió que está atravesando un momento muy difícil y que no tiene respuestas de la empresa.

"Nos ingresaron a la cuenta y nos robaron 10 millones de pesos entre tarjetas de crédito, dinero disponible y lo de Mercado Crédito", describió la víctima al servicio informativo de LU2.

"Primero nos dimos cuenta que faltaba el dinero y por eso empezamos a llamar a la empresa. Después vimos lo de las compras e inicialmente nos dijeron que eran 32, pero investigando la aplicación ingresamos a un lugar donde pudimos ver que realizaron 59 transacciones", agregó.

Siguió diciendo que "por parte de la empresa recibimos información a cuentagotas. Era llamar para desconocer las compras a Mercado Pago y a los bancos y tarjetas. La verdad que fue un momento desesperante". 

Donnini dijo que pasaron varios días y "no tenemos respuesta y nos desconocen los reclamos que estamos haciendo. No sé qué más hacer".

Respecto de las compras, indicó que hicieron dos compras en el sitio de una marca deportiva y el resto a una empresa relacionada con juegos y tecnología.

"No sabemos cómo se produjo la maniobra, porque tenemos los pasos de seguridad activados. Tampoco recibimos alertas de que alguien estuviera iniciando una sesión en nuestro usuario. No le encontramos explicación".

Finalmente, la mujer dijo que denunciaron la situación ante las tarjetas y también en la fiscalía bahiense, además de entrevistarse con personal de la OMIC.

A principios del mes pasado, los jurados ciudadanos habían emitido veredicto de culpabilidad contra Lorenzo, por el delito de lesiones graves en exceso de legítima defensa.

Según la causa a cargo del fiscal de homicidios, Jorge Viego, el hecho ocurrió el 28 de enero de 2024, cuando un grupo de vecinos festejaba en la calle Las Glicinas al 900 del barrio Punta Blanca, donde reside Lorenzo.

El condenado, de 45 años, discutió con los participantes de la fiesta a raíz del elevado volumen de la música.

En esas circunstancias, Facundo Andrés Armani se acercó a la reja de ingreso de la vivienda y el acusado le aplicó dos puntazos con el arma blanca: uno en el cuello y otro en un brazo.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Penna.

La herida en el cuello, sobre el primer anillo traqueal, debió ser tratada mediante cirugía, y la lesión en la parte media del brazo derecho afectó una arteria.

Además de fijar la pena al imputado, el magistrado Casas le impuso reglas de conducta que deberá cumplir durante tres años, como fijar residencia, someterse al cuidado del Patronato de Liberados y no tener contacto con Armani por cualquier medio.

El hecho ocurrió alrededor de las 18.40 en 19 de Mayo al 100.

Con la colaboración del Centro Único de Monitoreo, el personal policial capturó a ambos jóvenes en Fuerte Argentino al 700.

Además, durante el procedimiento se secuestró un destornillador que habría sido utilizado para violentar el tambor de arranque de una motocicleta Honda Wave.

Intervienen la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 2, el Juzgado de Garantías del Joven N° 2, la Defensoría del Joven N° 3 y la Comisaría Segunda.

Dentro del planteo formulado a través de la Resolución SC 2.917/26, el máximo tribunal provincial pidió por la conformación de un juzgado de familia para Coronel Rosales -tal como lo había hecho en 2023- así como por la puesta en marcha del Tribunal de Trabajo Nº 3 en Bahía, que existe por ley hace más de una década pero nunca entró en funciones.

La Corte, con las firmas de los jueces Sergio Torres, Daniel Soria e Hilda Kogan, enfatizó la necesidad de garantizar la infraestructura edilicia, la partida presupuestaria y la asignación de cargos indispensalbes para la efectiva puesta en marcha de dichos organismos.

En el caso del Tribunal de Trabajo Nº 3 de Bahía Blanca -creado por la Ley 14.729- le solicitó a la Legislatura bonaerense las modificaciones de competencia territorial.

Es que en dicha normativa quedó escrito que dicho tribunal va a tener competencia "en todo el Departamento Judicial Bahía Blanca", pero esto no es así porque los distritos de Tres Arroyos y Gonzales Chaves ya tienen cuerpo propio en materia laboral.

La solicitud, en otros departamentos judiciales, también incluye los fueros Penal, Civil y Comercial y Contencioso Administrativo.

El fallo fue resuelto por el Tribunal en lo Criminal Nº 2, integrado por los jueces Claudia Fortunatti, María Mercedes Rico y Eugenio Casas.

De acuerdo a la investigación de la fiscal Agustina Olguín, los hechos ocurrieron entre 2021 y principios de 2025, cuando una de las víctimas tenía entre 7 y 10 años y se encontraba al cuidado de su padre, quien aprovechaba esas circunstancias para someterla y le tapaba la boca para que no llorara.

Además, se determinó que en febrero de 2024 el hombre abusó a su sobrina de 4 años, también en momentos en que estaba solo junto a la niña.

Fuentes del Ministerio Público indicaron que los magistrados "desestimaron los planteos de la defensa -vinculados con la posible violación del principio de congruencia y el derecho de defensa al incorporar como hechos nuevos el contexto de violencia de género y el contagio de la enfermedad de transmisión sexual a la hija- y confirmaron la gravedad de los delitos juzgados".

Para fijar el monto de la pena, consideraron múltiples agravantes planteadas por la fiscalía.

Destacaron el marco de violencia de género, el aprovechamiento del vínculo familiar y de la guarda, la corta edad de las niñas y la marcada superioridad física y psíquica que ejercía el imputado sobre ellas.

Asimismo, se valoró de forma determinante la extensión del daño.

"En el caso de su hija, los abusos provocaron el contagio de una enfermedad de transmisión sexual que derivó en cirugías, internaciones e interrupción escolar. En relación a su sobrina, se acreditaron alteraciones del comportamiento y la necesidad de tratamiento psicológico", explicaron desde la fiscalía.

El Tribunal computó además la extrema vulnerabilidad de la hija, quien no contaba con otra figura de referencia paterna y presentaba dificultades cognitivas, lo que redujo su capacidad de defensa.

Todo sucedió en un inmueble de la avenida La Plata al 1.600, lindante con el canal Maldonado, y la Policía tomó intervención sobre las 21.15.

El denunciante dijo que, mediante Grindr -una app destinada principalmente a la comunidad LGBTQ+- conoció a un hombre de entre 30 y 40 años, que se presentó en su vivienda y luego de compartir unos mates, en un momento le rozó la cara y comenzó a descomponerse hasta perder el conocimiento.

Al recuperar la conciencia -cuando se hizo presente una amiga, que lo encontró acostado y dio aviso al 911- el damnificado detectó el faltante de su teléfono celular Samsung A21, 20 mil pesos en efectivo, ropa interior y un proyector. 

Además descubrió que había perdido acceso a todas sus billeteras virtuales, correo electrónico y WhatsApp.

El delincuente fue identificado, además, como un hombre robusto, de tez trigueña, 1.76 de estatura, que vestía de negro, tenía un piercing tipo argolla en la nariz y tonada de tipo correntina.

"Todavía no tenemos en claro si 'lo durmió'  o si tomaron demasiado y se durmió. Creemos que tomaron alcohol en demasía y eso pudo causar el desenlace", dijo un investigador. 

El procedimiento se realizó en una vivienda ubicada en las calles 40 y 18, donde los policías incautaron un aire comprimido marca Fox, calibre 5.5.

Los investigadores identificaron como morador del inmueble a Carlos Noli, a quien se le imputó el hecho.

Las actuaciones quedaron a disposición de la Ayudantía Fiscal pringlense.

La investigación de la causa por maltrato animal se inició el 26 de septiembre, cuando la damnificada denunció que su gato había sido asesinado por un vecino con un aire comprimido.

El hecho está contemplado en la Ley de protección animal (14.346), que prevé penas de prisión de 15 días a un año para quien "someta a un animal a malos tratos o actos de crueldad".

Se trata de los crímenes de Myriam Velázquez y su hija Mariana Bustos, cometidos la tarde/noche del 7 de octubre del año pasado en una vivienda de Santa Fe al 2.300, que el autor del hecho incendió con el fin de borrar huellas de su accionar.

La movilización -que como se hizo el año pasado será con velas- se iniciará a las 20 y será frente al Palacio Municipal, en Alsina 65.

Además de los seres cercanos a las mujeres atacadas habrá familiares de víctimas de otros delitos cometidos en nuestra ciudad, que también reclamarán por justicia.

Por el doble femicidio está con prisión preventiva Maximiliano Velázquez, primo de Myriam y tío segundo de Mariana, quien decidió -junto con su abogado Valentín Fernández- ser juzgado a través de un juicio por jurados que todavía no tiene fecha definida.

Según la investigación de la UFIJ Nº 5, a cargo del fiscal Jorge Viego, el 7 de octubre de 2025 el imputado habría ingresado al domicilio de la mujer, provocando la muerte de ambas, en medio de la resistencia de la hija. Velázquez terminó con escoriaciones múltiples provocadas por las uñas de la joven. Asimismo, en esa oportunidad causó un incendio del inmueble.

La fiscalía sostuvo que todas esas conductas fueron desplegadas en un contexto de violencia de género basado en una relación desigual de poder entre un hombre y una mujer.

Además, se lo acusa de haber provocado el incendio de la casa mediante la aplicación de un líquido acelerante sobre textiles, originando dos focos ígneos en habitaciones distintas del inmueble, lo que generó que se propagara por el resto de la casa, poniendo en peligro la vida y los bienes de terceros por la cercanía del resto de las casas.

Velázquez llega a juicio acusado de los delitos de doble homicidio agravado por mediar violencia de género, incendio con peligro común y tenencia ilegal de arma de fuego (por una carabina que encontraron durante el allaniento a su casa).

La investigación permitió identificar la motocicleta que habría sido utilizada durante el hecho. A partir del análisis de cámaras de seguridad, se autorizó un allanamiento en el domicilio del sospechoso.

Durante el procedimiento, personal de la DDI Bahía Blanca secuestró una moto Keller 110 centímetros cúbicos, un casco, dos teléfonos celulares y seis municiones calibre 22.

También encontraron una Honda Biz que registraba un pedido de secuestro activo.

El hombre fue aprehendido por robo y encubrimiento, aunque posteriormente recuperó la libertad por disposición de la Fiscalía interviniente.

Se trata de Miguel Ángel Guayquipán, de 48 años, quien tiene domicilio en el barrio Autoconstrucción, diagonal 103, de aquella localidad del partido de Villarino.

Su familia denunció que el miércoles 30 del mes pasado, sobre las 7, partió desde Buratovich hacia la provincia norteña, pero con la idea de hacer una parada en la casa de unos amigos bahienses, en la calle Chaco al 500.

Desde ese domicilio se habría retirado el viernes 2 de este mes, momento en que se perdió todo tipo de contacto con el hombre.

Guayquipán mide 1.68 de estatura, es delgado, tiene cabellos cortos negros, tez trigueña y no presenta tatuajes ni piersing. Por última vez fue visto con una campera roja (la de la foto), buzo blanco de hilo y jean celeste. Se aclaró que el hombre es reincidente en este tipo de situaciones y que no tiene DNI.

Cualquier información al respecto deberá ser comunicada al 911 o al teléfono (0291) 4552984, de la seccional actuante. 

¿Puede una sentencia ser correcta desde el punto de vista jurídico y, al mismo tiempo, resultar incomprensible para quien debe cumplirla?

La pregunta atravesó durante dos jornadas la capital provincial, donde más de 1.200 personas participaron de la III Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible.

Jueces, funcionarios, académicos, especialistas y representantes de organismos públicos de distintos países debatieron sobre una cuestión que parece sencilla, pero que puede modificar profundamente la relación entre las instituciones y la ciudadanía: que la gente pueda entender lo que el Estado le dice.

El encuentro terminó con una decisión de alcance internacional.

El cierre de la convención estuvo marcado por la firma de la “Declaración de La Plata”, mediante la cual se creó la Red Iberoamericana de Lenguaje Claro y Accesible.

La nueva organización buscará reunir y coordinar a instituciones de países de habla española y portuguesa comprometidas con una misma idea: que el lenguaje claro no sea solamente una recomendación, sino una herramienta para garantizar derechos.

La firma estuvo encabezada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Sergio Gabriel Torres; el vicepresidente del tribunal, Daniel Fernando Soria; y el director de la Real Academia Española y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, Santiago Muñoz Machado.

También participó del cierre el procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte-Grand, quien había formado parte además de las actividades de apertura y de distintas exposiciones.

“Comprender es un derecho”

Una de las definiciones que quedó instalada durante la Convención fue pronunciada por Torres: comprender es un derecho fundamental.

La frase resume buena parte del espíritu del encuentro.

Porque cuando una persona recibe una resolución judicial, una notificación, una explicación administrativa o cualquier otra comunicación oficial, no alcanza con que el texto sea técnicamente correcto. También debe poder entender qué significa y qué consecuencias tiene.

Desde esa perspectiva, el lenguaje claro aparece como una herramienta vinculada directamente con el acceso a la Justicia.

Muñoz Machado, por su parte, puso el acento en la necesidad de construir una cultura de la transparencia y la claridad, acompañada por capacitación y educación.

La magnitud del encuentro quedó reflejada en sus números: 275 exposiciones y más de 1.200 asistentes.

Durante las jornadas se habló de comunicación judicial, derecho a comprender, accesibilidad cognitiva, lectura fácil, formación profesional y comunicación institucional.

Pero también hubo lugar para temas que ya están modificando la manera en que las personas se relacionan con las instituciones: inteligencia artificial, tecnologías del lenguaje y comunicación pública digital.

Representantes del Ministerio Público bonaerense expusieron además sobre procesos penales, atención a víctimas, juicio por jurados, comunicación institucional y herramientas para mejorar la comprensión de la información judicial.

El planteo de fondo es sencillo: si una persona no entiende lo que dice una institución, difícilmente pueda ejercer plenamente sus derechos.

El fallo, del Tribunal en lo Criminal Nº 1, fue producto de un acuerdo de juicio abreviado, en el cual la fiscalía, la defensa y el imputado brindaron su consentimiento.

La investigación, a cargo de la UFIJ Nº 19, a cargo del fiscal Mauricio Del Cero, comprobó que Uboldi comercializó cocaína y marihuana al menos desde octubre de 2024 hasta mayo último.

El condenado utilizaba cuentas virtuales a su nombre para recibir las transferencias de dinero y coordinaba los pedidos a través de WhatsApp, Instagram y Messenger. La entrega de la sustancia se realizaba bajo la modalidad de cadetería a domicilio o mediante encuentros pautados en la vía pública.

Denuncia anónima

La causa se inició tras una denuncia anónima a principios de año, lo que motivó tareas de vigilancia y filmaciones por parte de agentes de Prefectura Naval.

Los efectivos registraron maniobras compatibles con la venta de droga en la zona y reunieron el material probatorio suficiente para que la Fiscalía solicite la media a la Justicia de Garantías.

El arresto definitivo se registró a fines de mayo pasado cuando, luego de mantener una pelea con un hermano suyo, Emiliano Gabriel Uboldi. 

Al notar la llegada de los agentes a su domicilio, en Cramer al 300, Walter Uboldi intentó escapar e ingresó sin autorización al patio de la casa de un vecino.

Tras ser reducido, la Policía encontró dentro de su mochila seis envoltorios con cocaína, frascos con marihuana, una balanza digital de precisión, municiones, dinero en efectivo y un celular.

Ubodi fue condenado por tenencia y venta de estupefacientes en concurso con violación de domicilio. Asimismo, se dispuso el decomiso y la destrucción de la sustancia secuestrada, junto con el decomiso de los instrumentos y teléfonos utilizados para concretar el delito.

"Le sacaron el respirador, está haciéndolo por sus propios medios y se encuentra estable. No está fuera de peligro, porque aún tiene un drenaje pleural y eso hay que cuidarlo mucho, pero gracias a Dios, dentro de todo lo malo que pasó, está saliendo adelante", dijo Daiana, tía de Benjamín.

El joven permanece internado en el Hospital Penna, donde es asistido por las heridas sufridas durante el hecho que se produjo en la zona de James Harris al 300.

"Recibió cuatro puñaladas del lado izquierdo del cuerpo, entre la espalda, las costillas y en un brazo y una mano", describió la mujer en diálogo con el programa Panorama de LU2.

Por el caso fue arrestado Nazareno Ezequiel Fri (20), quien se encuentra imputado del delito de tentativa de homicidio agravado.

Voceros oficiales indicaron que el sujeto declaró y brindó su versión de lo sucedido. 

Tras la audiencia, los responsables de la UFIJ Nº 5, a cargo del doctor Jorge Viego, solicitaron a la Justicia de Garantías la conversión de la aprehensión en detención.

Acerca del incidente, la mujer mencionó que "los vecinos nos contaron que el chico tenía todo premeditado".

"Esperó para ingresar que los amigos de mi sobrino y de otros chicos que estaban ahí se vayan. Entró y empieza a decirle a una sobrina y a una chica que es su expareja `es él, es él´, creyendo que Benjamín tenía una relación con ella. Él (por la víctima) no lo conocía".

Describió que "lo sacaron de la casa y lo llevaron hasta la esquina, donde se pelea con mi sobrino, saca un cuchillo y lo apuñala. Andaba en moto y la dejó a la vuelta. Fue directamente a hacer daño".

Sobre el accionar del acusado, Daiana sostuvo que "me decían que estaba endemoniado. Mi sobrina me dijo que daba miedo verle la cara".

"Nosotros no queremos que esto quede así, queremos que se haga justicia. No lo mató porque mi sobrino es joven, porque le pone muchas ganas para recuperarse y porque los médicos del hospital son geniales".