El hombre, que ya contaba con antecedentes, fue hallado culpable de un violento asalto, de sustraer dinero de una estación de servicio y de amenazar de muerte a una persona.

En las últimas horas, en el marco de un debate abreviado, la jueza del Tribunal en lo Criminal Nº 3, Daniela Fabiana Castaño, condenó a acusado a la pena de 7 años y medio de prisión.

Para la magistrada quedó probado que el 21 de noviembre de 2024, poco antes de las 5, el procesado se presentó en el expendio de combustible ubicado en la avenida Casey y Garibaldi, con la excusa de comprar bebidas energizantes.

En esas circunstancias, aprovechó un descuido del playero para acceder a una oficina y apoderarse de unos 50 mil pesos de la recaudación.

Apenas 48 horas después protagonizó un violento asalto, cuando abordó a un hombre en la vía pública y lo amenazó con un cuchillo.

El hecho se produjo sobre las 3.30, en Lavalle y la avenida Sixto Rodríguez, donde interceptó a la víctima y la obligó a trasladarse hacia una zona de monoblocks situada en Lacunza al 900.

Una vez allí comenzó a golpear al damnificado y le efectuó varios cortes con el arma blanca, para finalmente apoderarse de una riñonera, algo más de 40 mil pesos y un teléfono celular.

En tanto, el 26 de noviembre, poco antes de la medianoche, Gorordo se presentó armado en un domicilio de la avenida Del Molino al 2.000 y amenazó al dueño con matarlo.

Reconocido

El empleado de la estación de servicio declaró en la causa y sostuvo que la jornada de los hechos el acusado arribó al local y de manera agresiva le solicitó cigarrillos y bebidas energizantes.

Dijo que permaneció en el sector del “nochero” y poco después descubrió el faltante de dinero.

Describió que dos días después el sujeto regresó y nuevamente lo intimidó para que le diera plata.

Detalló que en primera instancia le manifestó que tenía un cordero para vender, luego le indicó que quería comprar aceite y finalmente le reclamó “haceme la segunda y dame la plata de la caja”.

El trabajador se negó y comenzó a hacerle señas a un patrullero, lo que provocó que el delincuente escapara en bicicleta.

La víctima consideró que se trató de la misma persona que había sustraído efectivo de la caja y posteriormente reconoció a Gorordo mediante la exhibición de fotografías.

Violento ataque

Dos días después, un hombre que había llegado a Coronel Suárez para participar de una muestra de arte fue abordado por un delincuente que lo agredió con un arma blanca y le sustrajo elementos.

La víctima indicó que el sujeto lo interceptó y le pidió un cigarrillo, para luego extraer un cuchillo y amenazarlo.

Comentó que le colocó el arma blanca en la cintura y lo obligó a trasladarse hacia una zona de departamentos, donde comenzó a golpearlo y atacarlo.

Describió que sufrió cortes en sus manos al intentar defenderse.

La víctima señaló que tras el ataque pidió ayuda e ingresó al hospital en estado de shock.

En tanto, distintas cámaras de seguridad reflejaron la presencia del acusado en el sector, antes y después del ataque, así como su llegada a la estación de servicio donde había robado dinero 48 horas antes (lo declaró el playero del lugar).

El damnificado también identificó al imputado por fotografías.

Gorordo fue arrestado por la Policía tres días después del asalto, cuando amenazó de muerte a un hombre.

Esa persona había declarado que la madrugada del asalto el acusado se presentó en su casa con la campera ensagrentada y le dijo que había apuñalado a una persona.

El juez sostuvo que “la autoría y responsabilidad” del procesado “surge de los elementos recabados en la causa”.

Por todo ello, fue declarado culpable de los delitos atribuidos por la fiscalía y recibió la condena.

Le dio la libertad condicional a un hombre condenado por violar a una adolescente en Puan, aunque la Cámara Penal revocó la medida -como suele suceder en estos casos- y ordenó dar marcha atrás, pero el acusado mantendrá el beneficio hasta que el fallo quede firme.

La polémica situación afecta a Ricardo Rubén Sena (61), quien en septiembre de 2017 fue sancionado a purgar 12 años de prisión, por el delito en perjuicio de una chica que en aquel momento tenía 12 y quedó embarazada producto del terrible ataque sexual.

Sena está detenido desde el 22 de noviembre de 2016 y la pena vence el 21 de noviembre de 2028, con lo cual cumple el requisito temporal para obtener la libertad condicional, tal como se la dio Stemphelet.

Sin embargo, los camaristas Gustavo Barbieri y Natalia Giombi encontraron reparos en los informes criminológicos y, a diferencia del juez de primera instancia, decidieron que no es conveniente que se mantenga en libertad.

De esa manera, la Sala I de la Cámara aceptó la apelación presentada por el fiscal Marcelo Romero Jardín, para quien había una errónea interpretación de la normativa aplicable por parte de Stemphelet, además de una "absurda valoración" de las circunstancias del caso y los informes.

Sostuvo el fiscal que el juez omitió evaluar los aspectos que revelan "la persistencia de patrones de conducta disfuncionales, la falta de  comprensión del daño causado a la víctima y a la sociedad y la existencia de factores de riesgo para la reincidencia".

"Indicadores" de alerta

Y la Cámara reconoció que en el caso "no se abastecen todos los requerimientos que prevé la normativa para la concesión del beneficio", más allá de estar cumplido el requisito temporal.

Existen "indicadores" que le ponen freno al beneficio, dijeron.

En ese sentido, reconocieron que "se observan avances" en el desempeño institucional de Sena (conducta y concepto), pero ello "resulta insuficiente" para considerar cumplidos con todos los requisitos establecidos por el legislador nacional y provincial para la procedencia de la libertad condicional.

El informe de la sección Clasificación de la Unidad Penal Nº 4, firmado el 13 de enero pasado, marca "un posicionamiento desafectivizado y poco reflexivo" del condenado respecto del delito que le imputan, en cuanto al vínculo con la menor abusada.

"Asumir lo acontecido no supone rectificación a nivel subjetivo sobre sus dificultades para construir límites interpersonales fundamentales, dando paso a conductas heteroagresivas trasgresoras", explicaron los peritos.

Si bien la autoridad penitenciaria aconsejó -aún con reservas- la viabilidad de la libertad condicional de Sena, para la Cámara esa medida "resulta prematura", teniendo en cuenta el citado informe.

Los jueces remarcaron que los informes criminológicos no son vinculantes para su decisión, lo cual les permite distanciarse de las recomentaciones del Departamento Técnico Criminológico, porque "no tiene respaldo" en los informes de los profesionales que lo evaluaron.

En conclusión, revocaron el beneficio pero como la defensa puede apelar a Casación, Sena, por el momento, seguirá en libertad.

La víctima tuvo un hijo por el ataque

Médica. El caso que derivó en la condena fue producto de una denuncia de una médica de Puan que examinó a la menor y confirmó que estaba embarazada.

Abreviado. El juicio fue abreviado y el fallo lo dictó el entonces juez Raúl Guillermo López Camelo, del Tribunal en lo Criminal Nº 3.

En 2010. Para el juez se pudo acreditar que los hechos habrían comenzado durante la primavera de 2010, cuando la víctima tenía 12 años. De acuerdo a la investigación, la chica trabajaba cuidando niños en la vivienda donde vivía el sospechoso, circunstancia que habría aprovechado para someterla.

Bebé. Producto de los abusos la menor dio a luz a un bebé. Sena fue detenido en noviembre de 2016, cuando vivía en Pigüé.

Pruebas. Entre los elementos probatorios se tuvieron en cuenta el informe de la médica, la declaración de la víctima y su madre, así como un estudio de ADN, que determinó la paternidad de Sena.

El siniestro se produjo poco después de las 9, en Cambaceres y Bermúdez, cuando por cuestiones que se están investigando colisión un rodado Iveco al servicio de la empresa SAPEM, guiado por Esteban Villarreal, y una moto Bajaj Rousser 125cc., al mando de Matías Rivas de 19 años.

Producto del impacto Rivas sufrió lesiones de gravedad y fue trasladado de urgencia en una ambulancia del servicio de emergencias Siempre.

Voceros consultados señalaron que pese a los esfuerzos de los médicos la víctima ingresó sin vida a la guardia del Hospital Penna.

Por el caso se iniciaron actuaciones por homicidio culposo, con intervención de la UFIJ N° 1.

Desde el Comando de Patrulla indicaron que el hecho se desencadenó poco después de la 1, en Segunda Colombia y General Alvear, donde arrestaron a Álvaro Tomás Cavillo, de 20 años de edad, quien circulaba al mando de un rodado Honda CG 150cc. sin patente colocada.

Los voceros señalaron que el sujeto pretendió eludir el control y en la fuga impactó el auto de los agentes municipales, arrancando el sector izquierdo del paragolpes delantero de la unidad.

Mencionaron además que al advertir la presencia policial intentó escapar, pero finalmente fue reducido y aprehendido. En el operativo también intervinieron operadores del CeUM.

En tanto, la moto fue secuestrada y remitida al corralón municipal.

Por el caso se iniciaron actuaciones por desobediencia, daño e infracción a la Ley 24.449.

Disturbios

Una mujer fue demorada esta madrugada por la policía luego de que provocara disturbios en un boliche céntrico.

Fuentes del Comando de Patrulla manifestaron que alrededor de las 4 fueron convocados a Fitz Roy al 300, donde personal de seguridad del local había retirado del interior a la acusada.

Indicaron que los efectivos la invitaron a retirarse del sitio, aunque la mujer no hizo caso a la orden e intentó agredir a los uniformados, por lo que fue reducida y trasladada a la seccional Primera.

Fuentes oficiales indicaron que efectivos de Florencia Varela incautaron un Peugeot 2008, de color gris, sobre el que pesaba un pedido de secuestro solicitado por la justicia.

Al momento del procedimiento el rodado era guiado por una persona extranjera, quien fue identificada y recuperó la libertad.

El hecho ocurrió el pasado 13 de diciembre, en la plaza de la localidad del partido de Villarino, en la intersección de las calles 10 y 3.

En esas circunstancias una mujer de 73 años fue abordada por dos sujetos, bien vestidos y con acento extranjero, quienes comenzaron a referirle cuestiones ligadas a la religión y lograron ganar su confianza.

Mediante engaños la convencieron de colocar el dinero que tenía en su poder en una bolsa negra, aunque en un momento la cambiaron y se apoderaron de la plata.

Cuentos del tío y estafas: el delito no cesa y obliga a mantener la guardia alta

Cuando la damnificada arribó a su casa descubrió que en la bolsa que tenía solo había papeles, por lo que dio aviso a la policía.

Poco después, mediante el uso de las cámaras del Centro de Monitoreo de Villarino, los investigadores lograron determinar las características del vehículo en el que se movilizaban los delincuentes y solicitaron su secuestro.

Los voceros indicaron que a partir del hallazgo del rodado se continúa trabajando para identificar a los autores de la estafa.

Elías Osvaldo Pérez pidió salir de prisión con el beneficio de libertad condicional, aunque la opinión de los profesionales que lo evaluaron resultó decisiva para que los jueces resuelvan que permanezca detenido en la Unidad Penal Nº 19 de Saavedra.

La Sala II de la Cámara Penal local, con los votos de los doctores Guillermo Petersen y Guillermo Emir Rodríguez, rechazó una apelación de la defensa del sujeto y ratificó la decisión del juez de Ejecución Penal Nº 1, Claudio Brun.

Los magistrados sostuvieron que la resolución que negó el beneficio solicitado por el condenado está fundada principalmente “en los marcados elementos de tenor cautelar que surgen del informe psicológico”.

Refirieron que esto se fundamenta con las opiniones de los profesionales del área psicológica de la cárcel en la que Pérez permanece alojado y de la Asesoría Pericial Departamental.

Señalaron que el letrado que representa al detenido no logró “revertir los fundados argumentos desarrollados en el resolutorio y que sustentan la posición adversa a sus pretensiones”.

Víctima cosificada

Uno de los informes elaborados por un psicólogo señala que si bien Pérez “sostiene un posicionamiento responsable desde el punto de vista jurídico”, en su relato no se advierte “nada del orden de la movilización” respecto de la víctima.

“El sujeto no logra cuestionar o problematizar esta conducta impregnada de violencia psicológica, sexual y física. Se advierte que cosifica a la víctima, apareciendo en su relato una y otra vez esta situación que no problematiza: se vale del cuerpo de la menor para satisfacer su tendencia al sometimiento del otro”, indicó el profesional.

Según se indica, el detenido describió lo sucedido “como un momento de confusión”, relacionándolo con el “consumo problemático” que presenta desde la adolescencia y un estilo de vida “al límite”.

“Este posicionamiento, que refleja su tendencia a la proyección y la minimización, le impide ponerse en contacto con aspectos más fallidos del sí mismo. En su discurso esto aparece como un acontecimiento más sin que emerja nada del orden del malestar, empatía o angustia”, agregó.

También sostuvo la necesidad que se le ofrezcan herramientas tendientes a garantizar que, una vez que recupere la libertad, no repita la conducta que lo llevó a prisión.

Sin culpa

En tanto, un psiquiatra de la Asesoría Pericial sostuvo que no detectó en Pérez “sentimientos culpógenos y malestar psíquico que dé cuenta de un proceso reflexivo y/o autocritico en torno a los hechos”.

Por otra parte, consideró que el individuo presenta un “riesgo moderado” de violencia (peligrosidad).

Desde la unidad penal saavedrense, donde Pérez cumple actualmente su condena, destacaron la importancia de incluirlo en el programa denominado “Deconstruyendo Masculinidades”, además de, en caso de que sea de su interés, renovar la propuesta de cursos de formación profesional.

Elementos suficientes

“En el caso traído a consideración, dichas reservas adquieren especial trascendencia si se tiene en cuenta el tipo de delito por el que fue condenado y resultan suficientes para denegar el beneficio”, señalaron los camaristas.

En definitiva, los magistrados indicaron que “si bien se encuentran abastecidos los recaudos temporal y de cumplimiento regular de los reglamentos carcelarios”, resultan decisivos la opinión sobre la “inviabilidad” del beneficio por parte de las autoridades carcelarias y los elementos de tenor cautelar expuestos por los profesionales que evaluaron a Elías Pérez.

Ataque en el barrio 1º de Junio

Sentencia. El 4 de junio de 2018 el Tribunal en lo Criminal Nº 1 sentenció a Elías Osvaldo Pérez  por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante y tentativa de abuso sexual con acceso carnal.

El hecho. El episodio se produjo el 9 de octubre de 2016, en la vivienda que el sujeto ocupaba en el barrio 1º de Junio. En esas circunstancias atacó a la víctima, de 7 años, quien había concurrido a devolverle juguetes a una amiga que vivía en una casa situada detrás de la del condenado. En ese momento Pérez habría introducido a la niña en su domicilio con la excusa de que esperara allí a la otra chica.

Fechas. Pérez fue detenido el 24 de agosto de 2017, cuando, a pedido de la fiscalía, la Justicia de Garantías ordenó su arresto. El 25 de septiembre de ese año las autoridades dictaron la prisión preventiva del imputado.

Finalización. Fuentes oficiales informaron que la sanción que le impuso la justicia bahiense finalizará el 23 de agosto de 2027.

Será la primera vez que Romero Jardín proponga esta acusación durante un debate por delitos contra la integridad sexual.

El titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 14 considera que en esta causa todos los imputados son coautores funcionales de abuso sexual con acceso carnal o, alternativamente, de abuso sexual gravemente ultrajante, porque la agresión sexual es una figura integrada por dos elementos típicos: el acto de carácter sexual y el empleo de violencia o intimidación.

Según el acusador, la totalidad de los procesados actuó con violencia o mediante intimidación al encerrar a la víctima -por entonces menor de edad- en una habitación oscura, rodearla y amenazarla de manera coactiva.

Si bien sólo dos de los acusados, al parecer, abusaron sexualmente de la chica, todos eran conscientes de lo que sucedía en ese cuarto y pretendían el resultado buscado y planificado antes.

"Todos los imputados se pusieron de acuerdo e hicieron algo indispensable para que el hecho se lleve a cabo. Es como el robo en un banco; todos ponen su parte en el accionar, con división de tareas", explicó el fiscal de delitos sexuales bahiense.

Esta calificación legal está tipificada en el artículo 119 del Código Penal, que impone penas de 6 meses a 4 años de prisión a quien abuse sexualmente de una persona menor de 13 años o cuando medie "violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad o de poder, o aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción".

La escala penal se agravará (de 6 a 15 años de cárcel) cuando, mediando las circunstancias anteriores, haya "acceso carnal por vía anal, vaginal u oral" o se realicen "otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías".

A criterio de Romero Jardín, corresponde aplicar este último rango sancionatorio a todos los imputados, en caso de ser condenados.

"Los montos de penas dependen del aporte de cada uno de los imputados", dijo el funcionario público después de pedir la elevación de la causa a juicio, que dirigirá el Tribunal en lo Criminal Nº 1.

Romero Jardín ahondó sobre el concepto de coautoría funcional y citó el texto "Derecho Penal. El delito imprudente. Autoría y participación criminal", del jurista Edgardo Donna.

"Si pensamos en el sujeto que amenaza a la víctima con un arma mientras su compañero le sustrae la cartera, o en el que sostiene a la mujer por la fuerza mientras otro la accede sexualmente, veremos que hay casos en que varias personas correalizan la ejecución del hecho en distintos papeles o funciones, de forma que sus aportes al hecho completan la total realización del tipo", se indica en el libro.

"El dominio del hecho de cada uno, en estos casos, no se apoya en la ejecución de aquel por propia mano, sino que lo importante es la división del trabajo, sin la cual la comisión del tipo penal sería irrealizable, de manera que esta aportación lo conforma en su totalidad".

"Cada uno de los coautores tiene en sus manos el dominio del hecho a través de su función específica en la ejecución del suceso total, porque como el plan concreto incluye su aporte, si él no hace su parte, el hecho fracasa".

Para Donna, la posibilidad de la coautoría se limita a los hechos dolosos.

"Solo un tipo delictivo pasible de ser cometido con dolo puede constituir el fundamento de la coautoría, entendida como la concurrencia querida, consciente y con división del trabajo de varios autores", agrega el jurista.

Los ultrajes se habrían producido en la madrugada del 30 de noviembre de 2017, durante un festejo de cumpleaños en una quinta en el partido de Villarino.

La víctima asistió a esa propiedad, donde también estaban Alan Kevin Ábalos, Franco Fabián Apis, Erik Dalla Riva, Kevin Dalla Riva, Fernando Herrera, Alexis Gaspar Roa y Enzo Gustavo Torres, así como 3 menores no identificados, quienes realizaron un acuerdo de voluntades para concretar un ataque sexual masivo contra ella.

"Por ahora no hubo ofrecimiento de juicio abreviado; hay que resolver cuestiones de prueba y fijar fecha de juicio oral", se indicó desde el Criminal 1.

El juicio hacia el que se avanza será para los 7 mayores mencionados, mientras que los menores serán juzgados en trámite aparte por el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

Resonante. Un caso resonante en el que también se imputó coautoría funcional es la aparente "violación grupal" contra una menor de 14 cometida el 1 de enero de 2019 en el camping El durazno, en Miramar. El juicio por jurados en el que se absolvió a los 3 acusados se anuló por decisión de Casación, pero luego la Corte bonaerense revocó ese fallo y confirmó el veredicto de no culpabilidad.

Defensa. Los abogados bahienses Álvaro Coleffi y Marcelo Ciccola patrocinan a los 7 coimputados mayores en vinculación con el caso en Villarino.

Participación. "Hay casos con condena, pero aluden a participación necesaria, no a coautoría funcional", dijo Romero Jardín.

Aquel "Fallo Arriola" no dispuso la despenalización del consumo, pese a que muchos colectivos lo interpretaron como una señal en ese sentido.

Entre intereses sectoriales, falta de educación y prevención sanitaria y límites difusos entre lo público y lo privado -o lo permitido y lo prohibido-, la costumbre social le fue socavando terreno a lo legal. 

Hoy existen conductas "aceptadas" pese a estar penadas por la Ley 23.737 y que muchas veces ponen en "aprietos" a los jueces a la hora de tomar decisiones, porque la normativa alude a frases difusas como "escasa cantidad" (¿cuánto es escaso?) o "inequívocamente para uso personal".

Por ejemplo, fumar marihuana en un recital, en un estadio de fútbol o en un parque está prohibido y es punible, pero ya casi no tiene sanción de hecho.

Tampoco está permitido consumir mientras se conduce un vehículo, no solo por los riesgos viales sino porque esa decisión puede afectar a terceros.

La Cámara Penal bahiense le acaba de confirmar la prisión preventiva a Juan Ignacio Crucianelli, a quien en enero pasado observaron por las cámaras del CEUM cuando aspiraba cocaína mientras manejaba un Renault Megane. Le secuestraron 1,04 gramos.

Su defensa aseguraba que Crucianelli, con esa conducta, no causaba riesgos ni representaba un peligro para la propagación de drogas a otras personas.

Sin embargo, los camaristas Gustavo Barbieri y Natalia Giombi lo mantuvieron detenido porque ese consumo sí "trascendió a terceros" desde que se lo observó por las cámaras consumiendo en un auto en la vía pública.

Explicaron que la Corte, con "Arriola", pidió evaluar "caso por caso" y en este, además, incidieron los antecedentes del hombre y que se encontraba en libertad condicional.

Lo concreto, más allá de la causa Crucianelli, es que el panorama posiblemente exige una reforma legal con límites más nítidos y una mayor incorporación de recursos a la asistencia de adictos y dependientes, como paso prioritario antes de abordar lo sancionatorio.

También debería evaluarse una diferenciación punitiva entre quienes se dedican al "narcomenudeo" (muchas veces por la necesidad de consumo) y los escalones más organizados del narcotráfico, porque prácticamente tienen las mismas penas (parten de un piso de 4 años) y la población carcelaria está cada vez más nutrida de los eslabones débiles.

Límites penales

"A partir de 'Arriola' se instaló la idea que, siempre y en todos los casos, funciona la despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal, pero ese fallo declaró, en síntesis, que es inconstitucional penalizar a alguien por posesión de estupefacientes solo si es muy escasa la cantidad y no hay trascendencia hacia terceros, es decir que la conducta sea en un ámbito de estricta privacidad", explicó el fiscal Mauricio del Cero, a cargo de la unidad especializada en la materia.

Remarcó del Cero que si esto último no ocurre "'Arriola' no aplica y aunque la posesión de drogas sea para consumo, el poseedor podría recibir sanción penal".

La Justicia bahiense, de hecho, condenó a otros automovilistas que -como Crucianelli- fueron sorprendidos con pequeñas cantidades de cocaína o marihuana en su poder.

"Ese tipo de conductas nada tienen que ver con aquel fallo de la Corte, porque tener drogas en un auto y/o conducir drogado no es una conducta que se lleve a cabo sin trascendencia a terceros, sino que pone en peligro la salud, además de la vida y la integridad de otras personas", amplió.

El "Fallo Arriola" tampoco aplica a quien difunda públicamente el uso de drogas o induzca a otro a consumirlos, delitos que pueden tener graves consecuencias penales: de 2 a 6 años de prisión.

El fiscal también confirmó que las causas relacionadas con conductores  que circulan bajo los efectos de drogas se están incrementando, en especial luego de la pandemia.

"Se presta a confusión"

El doctor Carmelo Nápoli, médico legista y psiquiatra forense, reconoció que los límites relacionados con el consumo problemático "están en discusión permanente".

"Lo de 'escasa cantidad' es una interpretación sui géneris. Para mi, escaso pueden ser 10 miligramos y para otro, 2 miligramos. Siempre se presta a confusión. Si les damos a los abogados y a los jueces esa definición, puede ser un problema", sostuvo.

Nápoli remarcó que "las drogas más permitidas socialmente, a largo plazo, van a generar el mismo efecto nocivo que las menos permitidas. Si fumás un porro social, uno o dos por día, puede ser algo pacificador en lo inmediato, pero a los 10 años el cerebro pasa factura, tiene más deterioro y no tendrá las mismas conexiones sinápticas. 

"Tanto la marihuana como la cocaína generan acostumbramiento y dependencia psicológica y física. Estos fenómenos se van dando cada vez más temprano. Los adolescentes, en general, dicen que para ellos no es peligroso y cuando se internaliza que lo van a dominar, que es un consumo aislado, partimos de una falacia", agregó.

En esta línea de "naturalizar el consumo", Nápoli se refirió al Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN), que habilita el uso de la planta de marihuana pero con fines medicinales o farmacológicos.

"Es una vía permitida, pero también está discutida, porque el programa apunta a la atención de chicos, por ejemplo, con epilepsia refractaria o alguna otra patología, pero no para alguien que fuma por placer. Estar anotado en el REPROCANN no te habilita a consumir públicamente o tener plantaciones", dijo.

Nápoli, por último, dijo que aboga por mantener este tipo de alertas y redoblar esfuerzos en materia educativa.

"Tiene que ser como cuando el policía a la escuela y nos hablaba de educación vial, de los semáforos, del cinturón de seguridad, de cómo cruzar por la senda peatonal. Lo que se aprende de chico, se respeta de adulto. Con la droga hay que hacer lo mismo y no dejar el tema al libre albedrío", cerró el especialista en investigación científica del delito.

Enfoque prevencional

La licenciada en criminalística Olga Fernández Chávez consideró que el tema es complejo porque, por un lado, está el derecho a la intimidad y, por otro, la problemática del consumo "que puede tapar distintas patologías".

"Existen cuadros de depresión y otros que detonan con episodios psicóticos breves, alucinaciones y/o delirios, debido a los efectos directos de una sustancia o de la abstinencia", dijo.

Según la perito forense, viene creciendo "el policonsumo de sustancias" y se detecta "mayor concentración" en cada dosis.

"La mayoría de los tratamientos son de origen religioso. Y no está mal. El tema es que necesitás una red de contención porque si la persona recae demandará un acompañante terapéutico. Si toma la misma droga que tomó antes, como el cuerpo dejó de tener los recapturadores de dopamina, puede sufrir sobredosis o muerte súbita", amplió.

Fernández Chavez insistió en que, al margen de lo legal, es necesario profundizar el enfoque preventivo y de atención temprana.

"Los tratamientos están bastante abandonados, especialmente de drogas que causan destrucción a corto plazo, como el paco", advirtió.

Se trata de Nicolás Domingo Arbaizar (46 años), quien circulaba en su moto por Brown 145 y al ser requisado evadió el operativo policial emprendiendo la fuga de a pie, no acatando las órdenes impartidas.

Se le secuestró cocaína, que llevaba en un envoltorio de nylon negro.

Intervienen en el caso la UFIJ N°15 y 19 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

Se trata de Stella Maris Distel, quien es acusada por la UFIJ Nº 20, a cargo del fiscal Rodolfo De Lucia.

Según la investigación, los hechos se produjeron entre principios de 2022 y noviembre de 2024, cuando la mujer obligó al hombre a entregarle dinero en múltiples oportunidades y realizar transferencias por más de 4 millones de pesos, bajo amenazas de hacer públicas fotografías íntimas.

Todo comenzó cuando la víctima concurrió a la casa de la mujer para realizarse masajes y en ese marco profundizaron la relación y mantuvieron comunicaciones por videollamadas, algunas de las cuales la mujer habría capturado para posteriormente extorsionarlo.

Además, también lo obligó a comprarle varios elementos a través de Mercado Libre, como un reloj, un taladro, una balanza digital y panificados, por un valor superior a los 100 mil pesos.

La víctima realizó la denuncia en diciembre de 2024, aportando parte de las conversaciones extorsivas y transacciones. A lo largo de la investigación se lograron obtener numerosas pruebas que dieron cuenta de las maniobras que realizó la mujer para obligar al hombre a concretar múltiples entregas de dinero.

La mujer llega a juicio imputada del delito de extorsión y próximamente se llevará a cabo la designación del tribunal criminal que se encargará de analizar los hechos. Luego se fijará la fecha de debate. 

Se trata de Valentino Derrac, de 20 años de edad, quien se encuentra siendo asistido en el área de Terapia Intensiva del Hospital Municipal.

"Fue evaluado inicialmente en la guardia, donde ingresó lúcido y con una herida de arma blanca penetrante en la fosa lumbar derecha. Es un espacio que se encuentra donde terminan las costillas y comienza la cadera. Es una cavidad virtual, que es el retroperitoneo, donde están los alojados los riñones", describió la vocera del centro asistencial, la doctora Garciela González Prieto.

"Se hizo un abordaje quirúrgico exploratorio donde inicialmente no se observaron lesiones en ninguno de los órganos allí alojados, advirtiendo una colección de sangre importante. Se va a repetir una tomografía para determinar si hay o no daño renal", agregó.

La médica calificó a la lesión como "una herida penetrante y profunda".

"Se produjo en una zona donde hay órganos muy importantes como el páncreas y el riñón. Hay alguna otra signología que nos hacer pensar que puede haber algún daño renal. Está sedado y con respirador", siguió diciendo.

Grave incidente

El hecho se produjo ayer a la tarde, cuando un grupo de jóvenes comenzaron a confrontar en un sector de la plaza.

Efectivos de la Policía Local acudieron a la emergencia a partir del aviso de los operadores de las cámaras del Centro Único de Monitoreo (CeUM).

Ante la magintud que tomó el evento debieron convocar a otros uniformados para lograr contener la situación.

 En esas circunstancias aprehendieron a un menor de 15 años acusado de lesionar con un arma blanca a Derrac y a otro joven (sufrió una herida cortante).

El adolescente fue imputado del delito de tentativa de homicidio y quedó a disposición de la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

La medida fue dispuesta por la fiscalía y no por el Juzgado de Faltas porque se iniciaron actuaciones judiciales por infracción al artículo 193 bis del Código Penal.

Esa normativa prevé penas de 6 meses a 3 años -y el doble de inhabilitación para manejar- al conductor que "creare una situación de peligro para la vida o la integridad física de las personas, mediante la participación en una prueba de velocidad o de destreza con un vehículo con motor realizada sin la debida autorización de la autoridad competente".

Se aclaró, no obstante, que la causa penal contra el acusado, Dylan Fernández Corvalán (22), sigue su curso.

Fernández Corvalán había sido arrestado el miércoles a la tarde en Villa Mitre, luego de ser perseguido por la Policía Motorizada, tras conducir una Honda Tornado de manera peligrosa, poniendo en riesgo a transeúntes y muy cerca de la plaza central del sector.

Cuando se le dio la voz de alto emprendió la fuga, pero fue interceptado en Alberdi y Agustín de Arrieta, gracias a la intervención no solo de la UPPL Motorizada sino también del Centro de Monitoreo (CeUM).

El hecho se produjo en el sector de calle Huaura al 500, de Villa Italia, cuando los delincuentes robaron los objetos del interior de una camioneta estacionada en la vía pública.

"Esto ocurrió anteayer, alrededor de las 19. Se llevaron una valija marca Milwaukee llena de herramientas, como rotomartillo, atornilladores, mechas, tornillos, es decir, todo lo que uso para trabajar", relató Rolando Delsart en declaraciones al programa Panorama de LU2.

El hombre agregó que los sujetos "no forzaron el vehículo, sacaron las cosas y lo dejaron cerrado de vuelta, entonces tardamos en darnos cuenta de lo que había pasado".

También consideró que los desconocidos aguardaron el momento preciso para cometer el robo.

"Me venían estudiando. Supongo que estaban esperando la oportunidad, porque generalmente guardo la camioneta. Fueron solamente unos minutos que estuvo (el vehículo) en la calle".

Acerca de lo sustraído, Delsart manifestó que "si no lo tengo no puedo trabajar".

"Siempre digo que la herramienta más importante soy yo, pero sin estas cosas es complicado brindar el servicio que debemos darle a los clientes. En el último tiempo me he dedicado mucho a realizar terminaciones de obras, entonces necesitás de elementos de precisión para que el resultado sea óptimo. Fui a comprar algo como para seguir trabajando, pero no pude reponer todo lo que se llevaron".

Finalmente afirmó que "el sector venía tranquilo hasta el momento, hacía rato que no pasaba nada. Lamentablemente me tocó".

El allanamiento se dio ayer en una vivienda de Moreno al 1.600, donde vive un joven identificado como Lautaro Martínez (26), que sería quien quedó registrado el mes pasado por las cámaras cuando realizaba las maniobras peligrosas al mando de una Honda CG 150, de color negro y patente 814 KXK.

La orden judicial, que habilitó al operativo del Gabinete Técnico Operativo de la comisaría Primera suarense, se dio en el marco de una infracción al artículo 193 bis del Código Penal, porque son acciones que representan un riesgo concreto tanto para quienes las ejecutan como para la ciudadanía en general.

La moto Honda fue incautada y puesta a disposición de la fiscalía interviniente.

Desde la seccional suarense se informó que ya tienen en curso otras investigaciones vinculadas a hechos similares donde conductores imprudentes realizan maniobras prohibidas que ponen en riesgo la integridad física de terceros y la seguridad vial en general.

Trabajan de manera mancomunada con la secretaría municipal de Seguridad.

En pueblos de la zona

Personal del destacamento policial Santa María, en tanto, procedió al secuestro de una motocicleta Honda Titan 150, por infracción al artículo 3 de la Ordenanza Municipal 8305.

Una medida similar tomó la Policía de Pueblo Santa Trinidad, al incautar un vehículo de las mismas características y por la misma falta.

Las autoridades pidieron conciencia ciudadana y remarcaron que la vía pública es un espacio compartido, donde cada decisión al conducir un vehículo puede marcar una diferencia entre preservar la vida o ponerla en peligro.

También instaron a que se colabore en el respeto de las normas, evitar el consumo de alcohol al volante, no realizar maniobras indebidas y mantener las unidades en condiciones reglamentarias. Y se aclaró que continuarán con los operativos.

Según se informó, desconocidos se están comunicando con distintas personas, argumentando pertenecer al municipio de Bahía Blanca y ofreciendo soluciones o ayuda para acceder a los aportes que se comprometieron desde el ministerio de Seguridad de la Nación.

Por ello, desde la comuna se advirtió que la municipalidad “no se encuentra llamando a los ciudadanos bahienses”.

“Se recomienda no brindar datos personales, no acceder a enlaces sospechosos e informarse por vías oficiales”, se explicó.

El subsidio SUR fue un programa implementado desde la Nación para ayudar a familias bahienses que habían sido afectadas por la trágica inundación del 7 de marzo. En este marco, se presentaba un formulario web donde se debían cargar datos personales para acceder a montos de 2 y 3 millones de pesos, dependiendo del nivel de afectación del área donde residían.

La implementación de la iniciativa fue complicada desde un principio, ya que se pedía un código que se puede encontrar en la boleta de electricidad para poder ingresar la información. Además, para quienes no tenían el servicio a su nombre, se permitía cargar la factura de otro servicio, mientras que para quienes no contaban con ello, podían llamar a una línea gratuita 0-800.

En los dos últimos casos, la comprobación de la veracidad de los datos ingresados supuso una complicación extra, por lo cual los subsidios terminaron siendo entregados entre tres y cuatro meses después de la inundación.

Además, se originó una gran polémica respecto de los fondos enviados a la ciudad: si bien la Nación había destinado 200 mil millones de pesos para ayudar a las familias bahienses, la cantidad de inscriptos no alcanzó a agotar esa partida, por lo cual quedó un remanente importante de ese dinero sin utilizar.

El procedimiento, pedido por la UFIJ N° 7 a cargo de la fiscal Marina Lara, y tras un trabajo del Equipo de Investigación de Delitos Rurales, tuvo lugar en el campo Don Pepe, ubicado sobre las ruta provincial 51.

La causa se había iniciado hace más de 4 años por la denuncia del damnificado, dueño del establecimiento denominado 26 de Abril, ubicado en el Cuartel XVI de Coronel Dorrego.

La máquina recuperada, marca Steelfer, Modelo F-30, de colores naranja y blanco, pesa cerca de dos toneladas y se encontraba desarmada, cuando fue encontrada por los efectivos del Comando de Prevención Rural de Coronel Pringles, quienes tuvieron a su cargo la concreción del procedimiento.

Las tareas investigativas continúan a fin de determinar quién o quiénes son los autores del ilícito y su vinculación con el lugar donde fue encontraba la máquina.

El titular de la UFIJ Nº 20 solicitó las sanciones en el marco de los alegatos del debate oral que lleva adelante el juez Julián Saldías, del Tribunal en lo Criminal Nº 3.

Saldías dará a conocer el fallo recién el 29 de octubre, debido a la cantidad de documentación con la que cuenta la causa.

El representante del Ministerio Público Fiscal pidió condenas de 9 años y medio de cárcel para Antonio Agustín Cardinali, Daiana Paola Bustos y Enrique Cardinali, y de 6 años y medio para Valentina Nerea La Cruz.

Según la acusación, a partir de febrero de 2019 los procesados habrían integrado una asociación ilícita para consumar maniobras defraudatorias (43 hechos) por medio de la cesión de derechos y acciones posesorias sobre inmuebles.

Al parecer ofrecían lotes a la venta a través de Facebook y Marketplace, y después se reunían con los potenciales compradores para mostrarles los terrenos.

Los detenidos presuntamente usaron documentación falsa y firmaron contratos que le daban apariencia de legalidad a las operaciones concretadas, sin tener derechos legítimos sobre las tierras que ofrecían.

En algunos casos los acusados habrían vendido un mismo lote a diferentes personas.

En la mayoría de las operatorias, según establecieron los investigadores, los estafadores exhibían y entregaban a los compradores copias de proyectos de subdivisión, informes de dominio, estados parcelarios, boletos de cesión de acciones y derechos posesorios.

La defensa pidió la absolución de sus defendidos y, en caso de condena, que se aplique el mínimo de la pena.

Hasta el momento el fiscal de delitos sexuales bahiense, Marcelo Romero Jardín, recibió e investiga 6 denuncias en las que se señala a Rojas como autor de ultrajes a chicas de entre 8 y 15 años de edad.

Sin embargo el titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 14 no descarta que en los próximos días se radiquen nuevas denuncias contra el expresidente del bloque Unión por la Patria.

En tanto, el acusador solicitó al juzgado de Garantías Nº 3 que fije las audiencias de cámara Gesell para los días 22, 23, 25, 29 y 30 de este mes, pero la Justicia todavía no resolvió al respecto.

"Se le pide al juez que las designe porque las dirige él. La cámara Gesell es adelanto extraordinario de prueba y tiene que haber contradicción entre las partes, como si fuera en el debate", explicó Romero Jardín.

Después de las entrevistas con psicólogos dirigidas a las damnificadas, el fiscal de las dos causas en trámite indagaría al exfuncionario público denunciado.

En principio todos los hechos configurarían el delito de abuso sexual simple, según confirmó el informante.

"De todos modos la investigación recién empieza y muchas veces ocurre que, por vergüenza, las víctimas no les cuentan a sus mamás los hechos completos y después surgen otras acciones", dijo la fuente consultada.

"Por eso hay que esperar los resultados de las cámaras Gesell", agregó.

Como consecuencia de lo sucedido, Rojas presentó su renuncia a la banca justicialista en el Concejo Deliberante tornquistense.

Una de las denunciantes remarcó que Rojas es conocido en Saldungaray por ser bastante "sociable".

"Este es un pueblo chico y nos conocemos entre todos", aseguró la habitante de aquella localidad del distrito de Tornquist.

"El primer hecho fue hace 20 años, pero la chica no quiso callar más y lo publicó en Facebook. El tipo (por Rojas), cuando lo etiquetaron, borró sus redes. Su mujer también porque es cómplice", acotó.

Otras de las agresiones sexuales denunciadas se habrían consumado el año pasado.

"Hay otras chicas que no quieren denunciar porque tienen miedo. Al principio la gente decía que esto tenía que ver con la política, pero nada que ver; estamos desamparadas”, finalizó la madre de una de las niñas al parecer abusadas.

Se trata del encargado del complejo perteneciente al Sindicato del Personal de Industrias Químicas, Petroquímicas y Afines de Bahía Blanca (ubicado en la avenida Pernicia y Alvarado, de la vecina localidad), a un inspector municipal y a un ingeniero que inspeccionó la obra, todos por el delito de homicidio culposo.

Muerte en la pileta: ¿se puede repetir la tragedia de Petroquímicos?

Según la fiscalía, con anterioridad al 11 de febrero de este año, Fabricio Fabián Canteros, en su carácter de encargado del complejo; Lucas Partal, quien se desempeñaba como inspector de la Municipalidad de Bahía Blanca y Andrés Arturo Goñi, en su carácter de ingeniero que inspeccionó las piletas, incumplieron los deberes de cuidado de cada uno de sus roles al no cumplir con la exigencia respecto de la colocación de las rejillas que cubren las bocas de salida del agua de la pileta principal.

En el caso Canteros, se lo acusa de no cumplir con esa medida y a Partal y a Goñi, por no advertir la ausencia de esas rejillas, en los informes que presentaron en el expediente municipal.

Como consecuencia de esa negligencia o imprudencia, se produjo el fallecimiento de Agustín Elian Alarcón (13) por ahogamiento por inmersión cuando uno de sus miembros superiores quedó atrapado por la succión de la boca de salida del agua.

De acuerdo a las citaciones, el 29 de octubre se producirá la indagatoria de Partal; el 31 de octubre, de Goñi y el 3 de noviembre, de Canteros.

Fuentes oficiales informaron que el sospechoso intentó escapar ignorando la voz de alto de los efectivos. Durante la fuga perdió el equilibrio y cayó al suelo; luego intentó huir a pie, pero fue reducido por personal del Comando de Patrullas.

Durante el cacheo, los uniformados hallaron entre sus pertenencias un envoltorio de nylon con un trozo de sustancia blanca de unos 50 gramos, 63.400 pesos en efectivo y un teléfono celular Motorola.

El aprehendido fue trasladado en ambulancia al Hospital Municipal, aunque las autoridades aseguraron que no corría riesgo de vida.

La causa está a cargo de la UFIJ Nº 15 y Nº 19 del Departamento Judicial Bahía Blanca, por los delitos de robo, desobediencia e infracción a la Ley 23.737.