Se trata de Hernán López, de 32 años, conocido en el ambiente delictivo como El Chimango, quien recientemente había caído por robar una motocicleta en Avenida Cerri al 800 y por sustraer en una vivienda en Luiggi al 200. En estos últimos dos casos, quedó filmado por cámaras del CeUM y privadas.

En esta ocasión, el ilícito se produjo en una vivienda de Coronel Morel al 100.

En este marco, personal policial realizó un allanamiento en una de las pensiones de Soler al 600, donde fue capturado nuevamente el delincuente y se hallaron dinero en efectivo y tarjetas varias.

Todo esto se dio en el marco de un allanamiento llevado a cabo en Vieytes al 1.800.

En ese lugar fue aprehendido Santiago Lambretch, de 29 años, por el delito de robo una bicicleta y un teléfono celular el último domingo en Vieytes e Inglaterra, arrebatándoselos a su dueño a punta de cuchillo junto con otras personas.

Además del secuestro del arma en cuestión, se hallaron 3,2 gramos de marihuana, por lo que se sumó Infracción a la Ley 27.373 al delito de Robo calificado.

Por el momento, no se informó respecto de los otros delincuentes que participaron del ilícito.

Desde la subcomisaría de la vecina localidad indicaron que el procedimiento, en conjunto con el Comando de Patrulla, se desarrolló esta mañana, alrededor de las 8, en Parera y Balboa, cuando a partir de las cámaras del Centro Único de Monitoreo se observó la presencia de un rodado Fiat Siena, de color blanco, vinculado al hecho registrado en las últimas horas.

Los efectivos interceptaron el vehículo y aprehendieron a Sergio Víctor Quintero (45). En el sitio incautaron, además del auto, dinero en efectivo, prendas de vestir y calzado.

El sujeto está sospechado de intervenir en el hurto ocurrido en calle Mariano Moreno al 400, de Cerri, donde reside un hombre de 99 años.

Los voceros indicaron el individuo, aprovechando la avanzada edad de la víctima y mediante engaños, habría logrado acceder a la propiedad y sustrajo plata y otros elementos.

Además de testimonios, los investigadores lograron recolectar en la zona imágenes de una cámara de seguridad particular para poder identificar al responsable.

Quintero quedó imputado del delito de hurto y fue puesto a disposición de la fiscalía.

También señalaron que el sospechoso posee antecedentes por delitos bajo la misma modalidad.

La joven de 27 años fue víctima del despojo de su rodado Motomel 150 Skua, patente A2460XI, de color azul, el pasado jueves 21 de mayo, después de la 0.30, cuando la unidad estaba estacionada, con traba volante, en el patio de su casa, en la calle Marcos Mora al 200.

La moto tiene como señas particulares el cuero del asiento dañado y el caño de escape oxidado.

"Lo que más me duele es que el 23 de mayo se cumplía exactamente un año desde que la había comprado, un logro que conseguí con mucho esfuerzo y sacrificio. Para muchas personas una moto puede ser solo un vehículo, pero para mí era una herramienta fundamental de trabajo y de todos los días. Representa mucho más que un medio de transporte, un medio de vida", relató.

Dijo Katherine que con el vehículo iba a los mayoristas a comprar mercadería para su emprendimiento, realizaba entregas a domicilio y podía organizar sus tiempos para sostener el trabajo.

"Además, soy mamá de dos niños que asisten a diferentes escuelas y tienen actividades y terapias que requieren traslados constantes. Desde que me la robaron, todo se volvió mucho más difícil. Hoy me encuentro con serias complicaciones para trabajar, cumplir con mis responsabilidades y acompañar a mis hijos como necesitan", declaró.

Por ese motivo solicitó colaboración si es que alguien vio algo o tiene información sobre la Motomel, que se comunique al 911 o con cualquier comisaría.

"Cualquier dato, por más pequeño que parezca, puede ayudar", dijo.

Se lo identificó como Héctor Manuel Carranza, quien fue acusado del delito de estafa.

El Comando de Patrullas Bahía Blanca informó que durante la madrugada fue esclarecido el hecho, que tuvo como víctimas a dos abuelos que viven en Alberti al 400.

El procedimiento se originó sobre las 5, cuando una mujer de 82 años recibió una llamada telefónica en la que le hacían creer que su hija había sido secuestrada y que debían entregar dinero para lograr su liberación.

Tras tomar intervención, los uniformados comprobaron rápidamente que la supuesta víctima del secuestro se encontraba en perfecto estado de salud en su domicilio, por lo que se montó un operativo para intentar identificar y detener a quien pasaría a retirar el dinero exigido.

Minutos después, un hombre arribó al lugar a bordo de una motocicleta y logró retirar el "rescate", aunque durante la fuga abandonó el rodado, un casco, un teléfono celular y el efectivo.

A partir de las tareas desplegadas en la zona y con el aporte de CeUM, personal policial logró la aprehensión de Carranza, quien tenía en su poder documentación y elementos vinculados a la motocicleta utilizada en la maniobra.

El aprehendido fue trasladado a la comisaría Séptima y quedó a disposición de la UFIJ Nº 15.

La denuncia fue formulada por Sebastián Darío Ascheri (38) en la comisaría Quinta.

Relató que de la vivienda ubicada en Juan Molina 1.250, donde vive su hermano Diego Alejandro, desconocidos se llevaron una bicicleta Overtech de aluminio, colores gris y negra, rodado 29.

El hecho, según consta en la denuncia, se habría registrado entre las 3.30 y las 4, cuando los damnificados escucharon ruidos en el patio.

"Mi hermano tenía el proyecto de armar la bicicleta con un motor para viajar al sur. La habíamos traído desde Pradere -donde vive Sebastián- para llevarla a lo de un mecánico, pero como el mecánico no tenía lugar, la bicicleta quedó en la casa", explicó el denunciante, quien también hizo público su reclamo a través de las redes sociales.

"Un montón de sacrificio e ilusiones quedaron nulas gracias a esta gente de mierd@", escribió.

Ascheri pidió viralizar la noticia para tratar de recuperar el vehículo porque "los que los conocen saben lo que luchamos para comprar las cosas".

Rosell está acusado de haberle pedido a un adolescente de 16 años el envío de imágenes íntimas, a cambio de dinero.

En la fiscalía general de Vieytes y Gorriti, el imputado participó del trámite en compañía de su abogado defensor, Sebastián Martínez.

La diligencia -establecida por el artículo 308 del Código Procesal Penal bonaerense- estaba prevista para la semana pasada, pero se postergó por problemas de agenda del titular de la fiscalía especializada en materia de delitos informáticos.

La madre de la víctima denunció el hecho y, en el marco de esta causa, un testigo declaró que tiempo atrás también había sufrido este tipo de agresión contra su integridad sexual, por parte de Rosell.

El juez de Garantías Nº 2, Guillermo Mércuri, le había otorgado la eximición de prisión al imputado, quien fue separado de su cargo deportivo.

La víctima fue conducida al hospital Pedro Ecay, luego del siniestro que se produjo en la calle Colectora al 600, sobre las 20.30 del pasado sábado.

El comandante Juan Carlos Macri, jefe del cuartel de bomberos voluntarios maragato, indicó que una vecina vio la emergencia y se comunicó telefónicamente con el cuartel.

“Rápidamente se desplazó una dotación en la Unidad 18 quienes, al arribo al lugar, se encontraron con una vivienda donde el fuego había sido controlado, como consecuencia de un colchón que se encontraba cercano a la salida de un calefactor”, explicó.

Es decir que el siniestro se inició en el exterior y se propagó hacia adentro, afectando el cielorraso y provocando ahumamiento general.

“Lo que hicieron los bomberos fue controlar materiales incandescentes y que no haya ningún foco ígneo, no pasando a mayores los daños materiales, más allá del traslado de una persona el hospital”, sostuvo Macri.

Además de los bomberos, en el lugar trabajo personal de Defensa Civil, Tránsito, Policía Comunal y una ambulancia del hospital Ecay (agencia Patagones).

Se trata de Tristán Francisco Torres, titular del establecimiento que lleva su apellido y ubicado en Brickman al 400.

En fechas no precisadas con exactitud, pero entre mayo de 2020 y enero de 2021, por la mañana, el hombre, en repetidas ocasiones, habría tocado con sus brazos, de manera sorpresiva, los senos de la citada trabajadora. 

La fiscalía consideró probada esa situación, no solo a partir de la denuncia y del testimonio de la víctima, sino también de pericias psicológicas y psiquiátricas y la declaración de otras empleadas que reconocieron haber sufrido por parte de Torres situaciones de acoso, que no llegaron al aspecto físico.

La jueza de Garantías N° 4, Marisa Promé, ordenó la elevación a juicio de la causa, pero la defensa del metalúrgico, a cargo del abogado Hernán Pablo Silva, apeló esa medida y pidió el sobreseimiento de su asistido.

Sin embargo, la Cámara Penal acaba de ratificar la decisión de primera instancia y el empresario tendrá que ir a juicio para responder por el delito de abuso sexual simple reiterado, en los términos del artículo 119, primer párrafo, del Código Penal.

Para Silva, los elementos de cargo no tuvieron el análisis requerido, con disparidad entre las pruebas de la acusación y de descargo, siendo que, a su criterio, la versión de Torres y sus testigos no fueron recibidas de la misma manera que la declaración de la víctima.

Consideró el defensor que la denuncia, los testimonios y las pericias incorporadas a la causa "no pasaban el test de razonabilidad", que los dichos de las otras mujeres surgieron a partir de lo que sabían de referencia de la denunciante y que un acoso laboral no es lo mismo que un delito sexual.

"Probabilidad positiva"

Los camaristas Gustavo Barbieri y Christian Yesari, de la Sala I, rechazaron los argumentos de la defensa y confirmaron la elevación a juicio de la causa contra Torres.

"Los agravios que en esta oportunidad formula el recurrente constituyen una reiteración de aquellos esgrimidos al momento de oponerse a la elevación a juicio de las actuaciones. Cada uno de ellos recibió respuesta por parte de la magistrada y, en esta oportunidad, el letrado vuelve sobre aquellas mismas críticas. 

"La sana crítica y demuestran que se ha alcanzado el grado de probabilidad positiva que debe reunirse para justificar el avance hacia la siguiente etapa procesal", sentenciaron los jueces.

Remarcaron que el testimonio de la víctima se mantuvo "incólume" y que tanto su médico psiquiatra como la psicóloga tratante, así como la perito oficial, coincidieron en afirmar que aludía no solo a hechos de acoso laboral sino también sexual, con abuso.

"El estado de la señora al momento de relatar las situaciones fue con mucha angustia, impotencia de la situación vivenciada, enojo por el accionar de la otra persona y un gran sentir de indefensión", concluyó uno de los profesionales.

La perito oficial, en tanto, remarcó que la mujer "relata situaciones de acercamiento inapropiado en el lugar de trabajo e intercambio de mensajes de manera privada con el denunciado" y que "presenta características de vulnerabilidad psíquica que probablemente se reactiva con las situaciones denunciadas que desembocan en la pérdida del trabajo".

Más allá de la víctima, hay una testigo, que no es amiga de ella, pero que trabajó en la misma empresa, que "también fue víctima del accionar del aquí denunciado".

Dijo que había trabajado para Torres a fines de 2020 y que "me fui por haber sufrido situaciones de violencia laboral y acoso".

"Yo sufría acoso sexual de parte de Tristán Torres, pero a (la otra mujer) llegó a tocarla. Ella sí sufrió ese tipo de cosas. A mí y a las otras compañeras nos acosaba; nos decía cuestiones sexuales", amplió.

Al empresario lo acusan de abuso sexual simple (reiterado), según el artículo 119 del Código Penal, que prevé penas de 6 meses a 4 años de prisión.

El acusado negó los cargos

Indagatoria. Tristán Torres, al prestar declaración indagatoria (artículo 308 del Código Procesal Penal bonaerense), negó haber abusado de la denunciante.

Mensajes. El hombre, consultado por la fiscalía, negó haber tenido contacto vía mensajes con la presunta víctima, situación que sí quedó acreditada.

Sin problemas. "Nunca he tenido ningún problema con ninguna de las administrativas ni con el resto de las empleadas domésticas, ni las chicas de la parte técnica", declaró Torres.

Los capturados fueron identificados como Cristian Maulucci, de 31 años -el principal involucrado-; su hermana Karen, de 21, y Daiana Torres, de 33.

Estos procedimientos están relacionados con lo registrado en la vecina ciudad el pasado martes 19, durante una fiesta de cumpleaños a la que habían sido invitadas varias personas.

Fue cuando el denunciante —quien reconoce tener una problemática con el consumo de estupefacientes— se retiró del lugar llevándose aparentemente un sobre con 10 gramos de cocaína, sin autorización, hacia la casa de una mujer en las cercanías.

Luego de consumir droga y dormirse, despertó con Maulucci, quien era "el dueño" de la cocaína, encima suyo.

La víctima estaba atada de pies y manos y había sufrido cortes en toda la cara con una navaja, además de golpes.

La violenta situación quedó registrada en un video —que circuló por todo Coronel Pringles— en el que se observa al agresor presionando la punta de una cuchilla en el rostro todo ensangrentado de la víctima.

Finalmente, con la ayuda de algunos amigos, pudo zafar de la situación y realizar la denuncia.

En este marco, con tareas investigativas, testimonios, distintas imágenes fílmicas y el video en cuestión, se estableció la autoría del hecho por parte de Cristian y Karen Maulucci y de Daiana Torres.

Además, en las viviendas allanadas se secuestraron un par de zapatillas de color azul, propiedad de la víctima, dos celulares, dos navajas, una gorra visera gris y 14 teléfonos celulares en desuso.

En la denuncia se indicó que Maulucci vendería drogas al menudeo y que sería el proveedor del denunciante.

También se señaló que cuando se encontraba atado de pies y manos en la cama, este hombre lo amenazó primero con una navaja y le efectuó cortes en el rostro para que devolviese la sustancia; luego lo amenazó con un revólver de color plateado, junto con su hermana Karen, quien le efectuó cortes en las plantas de los pies, para despojarlo y sustraerle todas sus prendas de vestir, un bolso y una bicicleta, antes de que un amigo pudiera retirarlo del lugar y llevarlo a un hospital.

El hecho ocurrió sobre las 15.30 en José Hernández al 1.700.

En ese lugar perdió la vida Carlos Galvarini, de 58 años, quien estaba al mando de un Renaul Logan y, por razones que no fueron informadas, terminó volcando en una de las banquinas.

Galvarini iba acompañado por su hijo Luciano, de 27 años, quien fue trasladado en código rojo al Hospital Municipal. Según se indicó, por el momento se encuentra en estado estable y consciente en el shock room del centro de salud.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Séptima, Bomberos, Defensa Civil y Tránsito.

El atentado contra sí mismo fue fallido y debió ser asistido, rápidamente, por el servicio médico del lugar. El hombre de 32 años se encuentra estabilizado y bajo efectos de sedación para evitar que intente otro episodio similar.

Este hecho ocurrió en el marco de la investigación por el femicidio de Vega, donde es el único detenido y principal sospechoso por la desaparición de Vega, luego de que su cuerpo fuera hallado desmembrado.

Barrelier era un amigo cercano de Melisa Heredia, madre de la menor, con quien presuntamente mantendría un vínculo amoroso. Se desempeñaba como empleado en el área de Tránsito de la Municipalidad de Córdoba, organismo que lo dio de baja tras conocerse este hecho.

Asimismo, cuenta con antecedentes dos penales previos a esta situación: delito de privación ilegítima de la libertad agravada (secuestro) y amenazas. Por ambas acusaciones, el hombre se encuentra imputado.

Respecto a las evidencias que lo vinculan con el caso de Vega, se encontraron cámaras de seguridad de la zona de su domicilio, ubicado en el barrio Cofico, donde registraron el momento en el que la adolescente descendía de un remís e ingresaba junto a él a la propiedad el sábado 23 por la noche. Además, su celular también impactó en antenas cercanas. (con información de NA)

La primera de las capturas se llevó a cabo minutos después de las 7, cuando personal policial acudió a Cacique Venancio y Castelar tras un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de un sujeto agresivo en la vía pública.

Al arribar los efectivos, el hombre comenzó a insultarlos, se negó a identificarse y emprendió la fuga. Tras una breve persecución fue interceptado en inmediaciones de Misioneros al 400, donde opuso resistencia y forcejeó con los uniformados, siendo finalmente aprehendido.

Fue liberado minutos después, luego de que se caratulara una causa en su contra como desobediencia, atentado y resistencia a la autoridad. Sin embargo, luego del mediodía de este domingo fue capturado nuevamente, esta vez por robo.

Sobre las 12.10, un llamado al 911 alertó sobre un hombre que había intentado cometer un robo en una vivienda ubicada en Cacique Venancio al 200.

Al llegar al lugar, el personal policial constató que Escobar Zelaya había ingresado al inmueble provocando daños en el sistema de alarmas. El sospechoso fue reducido nuevamente y trasladado a a la comisaria Cuarta, quedando a disposición de la UFIJ N°15.

Esto quedó reflejado en lo que le ocurrió a una chica de 13 años en Coronel Suárez, quien fue violada en tres ocasiones por la pareja de su madre en el interior de distintos cementerios de esa ciudad.

La chica no solo debió “luchar” contra los ultrajes, sino también soportar que su madre y hasta alguna de sus hermanas no creyeran en sus pedidos de ayuda.

Finalmente, como suele ocurrir, la joven encontró contención en la escuela y su padre biológico realizó la denuncia al tomar conocimiento de la situación.

En las últimas jornadas, y en el marco de un debate abreviado, el sujeto -no se lo identifica para preservar a la niña- fue condenado a 15 años de cárcel por el juez del Tribunal en lo Criminal Nº 1, Hugo Adrián De Rosa.

El magistrado lo halló culpable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante en concurso real con abuso sexual con acceso carnal reiterado, ambos agravados por haber sido cometidos mediante el aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente con una menor de 18 años de edad.

Previamente la fiscal Agustina Olguín y el defensor oficial Augusto Duprat, con la aceptación del procesado, acordaron la calificación legal de los hechos y la sanción.

El imputado se encuentra detenido en la cárcel de Villa Floresta, aunque podría ser trasladado próximamente a la Unidad Nº 19 de Saavedra. 

Para el juez quedó probado que, entre enero y febrero de 2020, con frecuencia diaria y en varias ocasiones por jornada, en el interior de la vivienda que compartían en Pueblo San José, el procesado sometió a la víctima a manoseos.

Los hechos eran cometidos aprovechando la situación de convivencia y amenazando a la víctima, a quien le refería que si contaba lo que pasaba “se alejaría y su madre sufriría”.

Al mismo tiempo, en el interior de los cementerios de Pueblo San José y Pueblo Santa Trinidad, tomó por la fuerza de los brazos a la menor y la empujó contra una pared, para luego accederla carnalmente.

Estos hechos se reiteraron en tres ocasiones y contra la voluntad de la niña. 

Descubrimiento

El caso salió a la luz el 20 de febrero de 2020, cuando el padre biológico de la adolescente fue convocado a la escuela a la que concurría su hija.

Allí le mencionaron que desde hacía días observaban a la menor muy triste y que, consultada por una profesora, la chica le dijo que “su padrastro la acosaba, le controlaba el celular, le mandaba mensajes y que también la manoseó en varias oportunidades”.

De inmediato el hombre concurrió a la comisaría y denunció la situación, por lo que se requirieron las pericias de rigor.

El informe del médico de Policía que evaluó a la víctima detalló la presencia de “signos de violencia ejercidos sobre la región genital”. 

Personal del Servicio Local municipal se entrevistó con la madre de la chica, quien refirió que su expareja “le hace la vida imposible” y que su hija “está complicidad con él”

"Usa ropa corta"

La mujer descreyó de la veracidad de lo denunciado y hasta consideró que su hija es “la que provoca por usar ropa corta”.

Una hermana de la chica dijo que nunca tuvo problemas con el acusado y que nunca vio que la sometiera a manoseos.

La víctima declaró en la causa y describió cómo era la convivencia en la vivienda, donde, según dijo, dormían todos en una misma habitación.

Relató que mientras su madre se estaba conociendo con el procesado, su hermana mayor le mencionó a la progenitora que el hombre había intentado acercarse a ella, aunque la mujer, al igual que en su caso, no le creyó. El sujeto, consultado al respecto, negó esa afirmación.

La chica contó la forma en que iniciaron los abusos (dos meses después de comenzar a convivir), los mensajes que el hombre le enviaba y la forma en que la intimidaba para que no contara nada.

Explicó que los manoseos se producían cuando su madre estaba en el patio o se descuidaba un instante.

Acerca de su progenitora, sostuvo que “nunca me defendió, nunca me creyó”.

Comentó que las violaciones ocurridas en el cementerio se produjeron en ocasiones en las que le pedían realizar distintas diligencias y el hombre se “ofrecía” a llevarla.

Detalló que en todos los casos el individuo se detuvo frente a esos lugares y con distintas excusas la hacía ingresar, para luego someterla contra su voluntad.

Señaló que el sujeto la amenazaba y le decía que si contaba algo nadie le iba a creer.

También admitió que lo ocurrido provocó que "tuviera miedo de estar con hombres".

Pruebas decisivas

El juez consideró que la declaración de la chica “se presentó coherente, persistente en lo sustancial y exenta de contradicciones relevantes a lo largo de las distintas intervenciones efectuadas durante el proceso”.

Agregó que “la joven describió con claridad la dinámica de los hechos investigados, precisando las agresiones sufridas contra su integridad física y sexual, así como las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que aquéllas ocurrieron”.

Destacó también que “las manifestaciones de la víctima encuentran sólido respaldo en diversos elementos objetivos de corroboración externa”.

Finalmente, explicó también que “adquieren especial relevancia las intervenciones de los profesionales de la salud y del equipo técnico interviniente, quienes constataron indicadores emocionales y psicológicos compatibles con situaciones de abuso sexual y experiencias traumáticas de significativa intensidad”.

Fuentes oficiales indicaron que las tareas se desarrollaron en jurisdicción de las comisarías Primera, Quinta y Sexta, respondiendo al análisis del mapa del delitos que realizan las autoridades de la fuerza bonaerense en la ciudad.

El punto de partida del procedimiento fue el denominado Parque Noroeste, donde estuvo presente el intendente municipal Federico Susbielles; el Subsecretario del Ministerio de Seguridad, Federico Montero; el Director de la Agencia de Seguridad local, Martin Pacheco; el comisario general Gonzalo Bezos y el comisario mayor Gonzalo Sandobal.

Además del personal de las dependencias señaladas, del UTOI y de la Policía Local, entre otras áreas, tomaron parte oficiales de la Comisaría de la Mujer y la Familia que llevaron adelante la entrega de folletería e información sobre la temática que atiende esa repartición.

Los voceros mencionaron que durante las tareas de control e identificación de personas y vehículo, se puso a disposición de la justicia a 13 individuos (3 de ellos menores), incautaron dos armas de fuego, una moto con pedido de secuestro y 20 gramos de marihuana y 15 de cocaína.

Se trata de una causa por supuesta asociación ilícita y fraude al Estado que, entre 1999 y 2000, tuvo gran repercusión.

Pese al tiempo, el expediente se cerró sin condenas porque luego de distintas instancias judiciales los imputados llegaron a un acuerdo reparatorio y decidieron aportar dinero a la Cooperadora del hospital Penna.

Más de 6 millones de pesos fueron destinados al policlínico regional, que resultó gravemente afectado por la inundación del 7 de marzo de 2025.

Recientemente, y luego de aportarse los comprobantes de pago, el juez Ernesto Sebastián, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de nuestra ciudad, declaró extinguida la acción penal y dictó el sobreseimiento de cinco de los seis imputados.

Se trata de Pedro Alberto Montes, al momento de los hechos coordinador de la gerencia de Calidad de Vida del PAMI; Norberto Enrique Carli, subgerente del plan 'ProBienestar'; Guillermo Damián Gori, asesor de la gerencia de Calidad de Vida; Nanci Beatriz Tarantino, coordinadora operativa de la subgerencia; y Sonia Daysi Cergneux, titular de la delegación local.

El primero abonó 1.500.000 pesos, mientras que el resto de los procesados aportaron 1.200.000 cada uno de ellos.

Liliana Díaz, quien en ese momento era coordinadora de la delegación V, con asiento en Bahía, también acordó una reparación, pero como aún no abonó lo convenido no fue incluida en la resolución.

La mujer alegó no disponer del efectivo por cuestiones de fuerza mayor y realizó una propuesta para cumplir con el compromiso.

Maniobra

¿De qué se los acusó? De otorgar, en 1999, subsidios a centros de jubilados para la compra de equipos de imprenta o maquinarias para confeccionar bolsas de polietileno.

Se entregaron montos por 13.000 y 14.000 pesos (actualmente unos 27 millones de pesos, según el cálculo inflacionario) cuando los equipos, para esa época, tenían un valor de mercado de entre 3.000 y 6.000 pesos. Y siempre cotizaban dos empresas: Juan Carlos Russo, de Lomas de Zamora y Magnotec, de Villa Ballester.

En Bahía detectaron la acción en tres centros de jubilados: Grunbein, Barrios del Sur y Loma Paraguaya.

Les decían a los directivos de esas entidades -según la investigación- que debían firmar una nota en blanco para el pedido y después avanzaban con la maniobra.

Un jubilado declaró que habían rechazado la propuesta por no adaptarse a las necesidades del sector, muy humilde, y porque los asistentes no iban a entender cómo manejar las máquinas, aunque tuvo que ceder frente a la insistencia de uno de los imputados, quien le aseguró que “eran unos privilegiados” por haber salido sorteados.

“A los integrantes de su centro de jubilados les sorprendió el monto que les dio el PAMI, porque en otras oportunidades habían solicitado unos pocos ladrillos y nunca fueron entregados”, indicó en ese momento una fuente de la investigación.

Demasiado largo

El 11 de julio de 2000 (5 días después de la denuncia), el entonces juez Luis Ramón Dardanelli Alsina resolvió instruir sumario y corrió vista para fijar la competencia.

El fiscal Hugo Cañón creía que debía seguir interviniendo Bahía. El 26 de octubre de 2000, el magistrado se declaró incompetente y mandó la causa a la justicia federal porteña.

Casi un año después, la Cámara Federal de Buenos Aires revocó esa medida y envió de vuelta las actuaciones a nuestra ciudad.

El 30 de mayo de 2004, Dardanelli Alsina dispuso citar a indagatoria a los acusados y decidió tener por querellante al PAMI.

Cuatro años después, y tras diversos pedidos de las defensas, se llevaron adelante las audiencias.

El 12 de agosto de 2008, el juez decretó el procesamiento de los 6 acusados, por fraude a la administración pública en función de estafas reiteradas en grado de tentativa, en concurso real con el de asociación ilícita y los dejó en libertad.

Planteos , cambios de jueces y defensas, y situaciones procesales estiraron los plazos, hasta que a mediados de 2020 la Cámara Federal de Casación Penal anuló el sobreseimiento de los imputados y ordenó juzgarlos.

Esto no ocurrió, porque los acusados acordaron reparar el daño causado y "gambetear" definitivamente el debate.

Solo un imputado sigue en Bahía

Se alejaron. Según el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal, apenas uno de los seis imputados en la causa permanece en Bahía Blanca. Solo Diez se encuentra radicada en nuestra ciudad.

Destinos. Montes y Tarantino fijaron domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que Carli vive en el partido de Lanús. Cergneux reside en Esquel, provincia de Chubut, mientras que Gori se estableció en Estados Unidos, en el estado de Florida. 

Los acusados son los hermanos Alejandro Nicolás y Bernardo Comisso, oriundos de Choele Choel, quienes a través de la firma Viviendas Compac engañaron a clientes mediante la supuesta construcción de viviendas en seco y la venta de terrenos.

La compañía comenzó a funcionar en 2019, con oficinas administrativas y el local comercial ubicados en Donado al 300 de nuestra ciudad.

Con sucursales abiertas al público, empleados, materiales acopiados y catálogos de viviendas supuestamente ya construidas, los estafadores generaron confianza en sus clientes, que después se convertían en víctimas.

Los compradores entregaban anticipos de dinero, muchas veces equivalentes al 70% del valor total de la obra, o por medio del pago en efectivo de cuotas mensuales y transferencias bancarias, según estableció el Ministerio Público Fiscal de Neuquén.

Pero las obras nunca se iniciaban o evidenciaban avances mínimos.

Ante los reclamos, los hermanos Comisso atribuían las demoras a problemas de salud, dificultades derivadas de la pandemia o a la falta de materiales.

Finalmente los imputados abandonaban las oficinas y dejaban de tener contacto con los clientes, mientras que el dinero recibido se utilizaba para "cubrir deudas previas, gastos corrientes y consumos personales", en vez de destinarse a las obras comprometidas.

El juez que homologó el trámite abreviado confirmó que el perjuicio económico probado asciende a "244.937 dólares y 20.523.248,58 pesos", de acuerdo con los peritajes contables realizados.

En juicio abreviado, el fiscal de delitos económicos de Neuquén, Juan Manuel Narváez, pidió una pena de prisión de cumplimiento efectivo para Alejandro Comisso (38), quien se responsabilizó penalmente por 14 hechos de estafa.

En la audiencia de cesura, las partes del proceso debatirán sobre el monto de la condena a imponer al imputado que, al parecer, está radicado en Bahía.

Su hermano Bernardo (43) también fue condenado, pero a 3 años de prisión en suspenso, como partícipe de 11 maniobras estafatorias bajo esta modalidad.

Además, durante el mismo período, deberá cumplir reglas de conducta, como mantener domicilio actualizado, presentarse periódicamente ante el Instituto de Liberados neuquino y concretar 288 horas de trabajo comunitario.

En el marco de la megacausa, la fiscalía especializada neuquina también investigó a la madre de la hija de Alejandro, aunque luego a la mujer -con domicilio en Bahía- se la desvinculó de los delitos.

Narváez afirmó que en 2024, desde la UFIJ Nº 10 bahiense, el fiscal Gustavo Zorzano le pidió "información" sobre esta pesquisa.

Sin embargo, desconoce si se abrieron causas penales en Bahía. Desde la fiscalía local, a su vez, no dieron respuesta a esa consulta.

El acusador neuquino sí habló de demandas civiles en Bahía contra los Comisso.

En estos casos los condenados habrían incumplido los contratos de construcción que ofrecían.

"En Neuquén establecimos que la conducta de los hermanos configura un delito penal (estafa), en vez de un incumplimiento de contrato. Ellos no tenían recursos para construir esas viviendas en 60 días", dijo el representante del Ministerio Público Fiscal neuquino.

Los delincuentes también ofrecían a la venta terrenos en Neuquén, Centenario y Plottier.

En 2019 Alejandro Comisso formó la sociedad Viviendas Compac con Luciano Pacciaroni, dedicada al rubro mencionado.

Alquiló un galpón en Chile al 1700 de esta ciudad, donde se construían los módulos prefabricados de las viviendas que luego se ensamblaban en los lotes de los clientes.

Además contrató personal especializado y comenzó la venta de viviendas. Los compradores pagaban entre un 50% y un 60% del costo para adquirir los materiales.

Los titulares de la firma alquilaron también un local ubicado en la calle J.J. Lastra 1120, de Neuquén capital, donde funcionó una sucursal de ventas.

A menos de un año del inicio de actividades, la empresa ya había construido y entregado 8 unidades habitacionales y tenía comprometidas otras 20 casas.

Sin embargo, en mayo de 2020 la firma cesó la fabricación de viviendas a raíz de la pandemia, pero los empleadores tuvieron que seguir pagando los sueldos de los trabajadores y los alquileres de los inmuebles.

Esta situación generó una gran pérdida económica para la empresa, según se indica en el concurso preventivo presentado en su momento por la firma.

En Bahía Blanca, la compañía "fantasma" también habría tenido una oficina en O'Higgins 458, según los investigadores neuquinos.

Limitación. El menor de los Comisso no está detenido, pero en el marco de la causa en Neuquén, como medidas de coerción, debe comparecer mensualmente en la Unidad Fiscal de Delitos Económicos de aquella provincia y tiene prohibido salir del país.

Bienes. La Justicia neuquina dispuso además la inhibición general de bienes en perjuicio de Alejandro Comisso.

Cipolletti. Hace unos días, la Policía rionegrina demoró al nombrado en Cipolletti, en torno de una investigación también por estafas. Este tipo de ilícitos los habría cometido además en Choele Choel.

Automotores. Según señaló Narváez, a Alejandro Comisso también se lo vinculó con fraudes mediante la falsa promoción de planes de ahorro para la compra de vehículos, aunque en verdad no tenía relación comercial con ninguna concesionaria.

Zona. "Hay un caso, por ejemplo, de una señora que lo contrató para construir una casa en Monte Hermoso y la estafó", dijo Narváez.

El 6 de diciembre de 2018 era todo alegría para C.R.P., un vecino de Coronel Pringles que, no sin esfuerzo, había llegado a su 0km.

Aquel día se dirigió a Centenario Automotores S.A., una concesionaria ubicada en la localidad de Bragado, y retiró el Chevrolet Cruze LTZ, turbo, de 4 puertas, que había adquirido previamente. 

Luego del papeleo de rigor, el hombre retomó camino de regreso a su ciudad de origen, pero a los 300 kilómetros el vehículo comenzó a evidenciar fallas que le impidieron continuar.

Varado en la ruta, C.R.P. llamó al service y un remolque trasladó el auto al concesionario oficial de General Motors en Coronel Suárez, a fin de ser sometido a una evaluación y su eventual reparación.

Luego de distintas evaluaciones, la pericia mecánica determinó falencias en la batería y el módulo de climatización del Cruze.

Reclamó por “ruidos” en su 0km, pero hubo marcha y contramarcha

Sin embargo, el cliente recién pudo retirar su vehículo casi un año después: el 20 de septiembre de 2019.

Como el hombre no tuvo respuesta a la carta documento que les envió, tanto a la fábrica como a la concesionaria, ni una solución efectiva a su reclamo iniciado a través de la OMIC de Coronel Pringles, decidió avanzar por la vía judicial.

Entendió que ambas partes no cumplieron con el deber de información, al no recibir ningún tipo de llamado o aviso sobre los defectos de su automóvil y acerca de la demora en la reparación.

"Defecto de fábrica"

Por otra parte, tuvo en cuenta que el perito determinó que la unidad tenía "defecto de fabricación y una falta de control de calidad".

De esa manera avanzó con la demanda contra quienes intervinieron en la cadena de comercialización, ya sea General Motors Argentina (fabricante) y Centenario Automotores (vendedor). 

En primera instancia, la Justicia le dio la razón al vecino pringlense y ordenó a las imputadas pagar 11.045.100 pesos más intereses, por daños moral y punitivo.

Y ahora la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de nuestra ciudad, a través de los jueces Fernando Kalemkerian, Marcelo Restivo y Lombardi, ratifica ese fallo.

En cuanto al daño moral, se consideró afectada "la legítima expectativa de utilizar y aprovechar un automóvil nuevo, así como de que se le brinde un servicio posventa rápido y eficaz".

"Perturbación"

"Es factible de generar un estado de perturbación espiritual capaz de sobrepasar el umbral de ocasionales trastornos e incomodidades propias del ámbito negocial", sostuvo la Cámara.

El rubro de daño moral se calculó en 6.000.000 de pesos (más intereses), lo cual le permitiría al hombre acceder a un viaje de placer con su familia -matrimonio y dos hijos- a Florianópolis, con pasajes aéreos y estadía de 7 noches, destinado a mitigar las secuelas emocionales causadas. 

Sobre el daño punitivo, se lo tomó como viable por "la falta de toda comunicación y respuesta tempestiva y efectiva" de parte de quienes tenían que responder por la falla.

Esa situación evidencia, según agregaron los camaristas, "la dispensa de un trato indebido hacia el consumidor". 

Por esa falencia se los condenó a pagar 5.000.000 de pesos e intereses.

Si bien la concesionaria buscó escudarse y trasladar la responsabilidad a la fábrica, la Justicia rechazó sus argumentos. 

"No comparto que haya cumplido cabalmente con su obligación, pues la suya radicaba en entregar un vehículo que sirviera para circular. Sin embargo, el automóvil recién adquirido solo pudo ser usado unas escasísimas horas, pues a los 300 kilómetros se hizo evidente el desperfecto y no pudo continuar su marcha", explicaron los jueces.

En ese sentido, remarcaron que el comprador debió solicitar un remolque en plena ruta y enviarlo al taller del concesionario más cercano "lugar en el que estuvo en reparación durante 10 meses".

En definitiva, no puede soslayarse su carácter de "proveedor" y eslabón de la cadena por la que, como vendedor, lucró.

"Desatención y destrato"

Daño punitivo. Los jueces de la Cámara Civil de Bahía Blanca explicaron que existe un consolidado consenso doctrinario que determina que no basta un simple incumplimiento contractual para aplicar la multa prevista por la Ley del Consumidor.

Propósito. Se explicó que ese incumplimiento, como presupuesto de procedencia de la sanción impuesta, debe ir acompañado de un propósito deliberado par obtener un rédito o beneficio injusto.

Nivel. Los camaristas consideraron probado que la conducta, tanto de la fábrica como de la concesionaria, alcanzaron "el nivel de reprochabilidad requerido" para imponer una sanción considerada disuasoria y ejemplificativa.

Destrato. "Es patente el alto grado de desatención que sufrió el actor. Este proceso nace justamente por la falta absoluta de información y el destrato hacia el adquirente del vehículo cero kilómetro contradictoria con el ordenamiento consumeril", dijeron por último los jueces para fijar la sentencia.

Tuvo lugar en un domicilio ubicado en calle Humberto al 900 de la vecina ciudad, donde reside Carlos Gustavo Astiasarán, de 56 años.

Los efectivos secuestraron un arma de fuego calibre 32 largo con municiones, cartuchos de escopeta de distintos calibres, proyectiles calibre 7.62, una sustancia compatible con cocaína -con un peso total de 122,3 gramos-, dos teléfonos celulares, dinero en efectivo, dos balanzas de precisión y elementos para el fraccionamiento de estupefacientes.

Como resultado del operativo, el hombre fue aprehendido por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes y quedó a disposición de la UFIJ N° 19 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

Se indicó que el imputado se encontraba cumpliendo arresto domiciliario al momento del allanamiento.