Fuentes oficiales indicaron que al momento del procedimiento había unas 50 personas en el lugar, las que fueron desalojadas para luego volver a sellar el acceso con una faja colocada por los inspectores del área de Fiscalización de la comuna.

Los voceros mencionaron que se confeccionaron dos actas: una de ellas por la violación de la clausura que pesaba sobre el establecimiento y la restante por la infracción constatada durante el procedimiento (falta de habilitación).

Las actuaciones quedaron a cargo de las áreas municipales competentes.

Se trata de Martín Alejandro Sosa (18) y Stella Maris Acoria (20), quienes fueron indagados por el fiscal Mauricio Del Cero y decidieron hacer uso de su derecho a guardar silencio.

Tras la audiencia, el titular de la UFIJ N° 19 solicitó a la Justicia de Garantías la conversión de la aprehensión en detención para ambos.

Como se informara, el miércoles pasado personal policial que estaba realizando recorridas preventivas detectó un "pasamano" (venta de droga al menudeo) en la zona de Pasaje Rosa Maier y San Luis, en Pueblo Santa Trinidad.

En esas circunstancias interceptó a las dos personas observadas y arrestó a Sosa, quien le habría entregado una "bocha" de cocaína al otro individuo.

En poder del sospechoso incautaron 30 mil pesos y una pistola de aire comprimido.

Por orden del fiscal los efectivos allanaron poco después la vivienda del hombre, situada en Luis de Bernardi y Combatientes de Malvinas, a unos 50 metros del sitio donde se produjo el arresto.

Previo a la diligencia, y mientras vigilaban el lugar, los uniformados interceptaron a Acoria (pareja de Sosa) cuando salió del inmueble transportando una caja de cartón, en cuyo interior hallaron 321 gramos de cocaína, 25 de cannabis sativa, una balanza de precisión, recortes de nylon, 71 mil pesos y dos celulares.

Con el convencimiento de que en las sentencias debe primar el razonamiento humano y no el de una IA, el máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires abrió una consulta para que magistrados y funcionarios propongan posibles cambios al reglamento.

Según el juez bahiense Eduardo d'Empaire, el uso de IA sin control ni responsabilidad humana vulnera las garantías del debido proceso, por eso -agregó- este recurso digital procura acelerar las gestiones previas a los fallos sin reemplazar la función jurisdiccional del juzgador.

En este sentido la postura del entrevistado es que la IA "nunca podría utilizarse para el proceso de toma de decisiones".

El reglamento publicado por la Corte prohíbe expresamente la automatización de las sentencias, y así garantiza que la resolución de conflictos esté a cargo de seres humanos y no de una máquina.

"Las decisiones las tienen que tomar las personas que están designadas por la Constitución para tal fin, o sea los jueces", explicó d'Empaire, presidente del Colegio de Magistrados de Bahía Blanca.

"La Inteligencia Artificial es una herramienta valiosa para mejorar la administración de justicia, pero nunca podrá suplir la decisión del juez", enfatizó.

El plan de la Corte tiene como ejes la transparencia y la auditoría de la labor de los operadores judiciales que emplean la tecnología.

La fiabilidad que se logra gracias a la "supervisión permanente" de las tareas hechas con IA "es un reaseguro para el juez en el ejercicio de su función".

En el marco de este proyecto, el operador del servicio de justicia es siempre responsable de los resultados finales, independientemente de que la información aportada por la IA y utilizada en una resolución sea potencialmente errónea o inexacta.

Por otra parte, el representante del Poder Judicial está de acuerdo con la obligación de informar en el expediente cuándo y cómo se usó una IA, tal como prevé el borrador presentado por la Corte.

El proyecto prevé la creación de una comisión de gobernanza que definirá y dictará las capacitaciones obligatorias a magistrados, funcionarios y agentes judiciales.

Para d'Empaire, la formación constante es una "obligación ética de quienes integramos el Poder Judicial", más allá de lo que establece este reglamento.

"Este proceso de innovación debe estar centrado en las personas que interactúan en el ámbito de la función judicial. Hoy por hoy se están utilizando herramientas de IA aplicadas a procesos de gestión que facilitan el trabajo diario y el acceso a la justicia. Hay iniciativas particulares creadas por distintos operadores", dijo el juez. 

"Ahora aparece la necesidad de este reglamento para el desarrollo y uso responsable de la IA; es necesario establecer reglas que determinen su ámbito de aplicación. Los jueces saben que deben tomar las decisiones por ellos mismos y que siempre tienen que rendir cuentas", continuó el profesional del Derecho.

En la medida en que la IA no se use para la toma de decisiones -acotó-, "cualquier error" en su utilización implica "cuestiones de gestión que pueden reconducirse, como hacemos a diario".

"Cuando la IA se usa para facilitar el trabajo, como la búsqueda de jurisprudencia o la sistematización de fuentes, el operador judicial es quien lo chequea", indicó el juez del Tribunal en lo Criminal Nº 3.

La comisión estará integrada por las secretarías de Planificación, Tecnología informática y Servicios jurisdiccionales, que actuará como autoridad de aplicación.

Entre otras funciones, deberá autorizar sistemas de alto riesgo, ordenar auditorías periódicas (semestrales para alto riesgo y anuales para bajo riesgo) y publicar un informe anual.

Desde la pandemia se implementa una política de innovación tecnológica en el trabajo del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires.

A entender de  D'Empaire, la IA es una herramienta más de este proceso de modernización.

"Actualmente trabajamos con actuaciones digitales; las presentaciones de los abogados son electrónicas y las notificaciones también, lo que redunda en una mayor celeridad", señaló el vocero.

"En este contexto la aparición de herramientas como la IA es un desafío en el proceso permanente de innovación que propone el presidente de la Corte, Sergio Torres".

De hecho, ya se ven avances tecnológicos en las tareas diarias de los actores de la justicia.

Por ejemplo, en el juzgado Civil y Comercial Nº 2 bahiense, a cargo de la jueza María Selva Fortunato, se creó una aplicación para hacer "determinados cálculos" correspondientes a procesos de sucesiones.

En el fuero penal de Bahía también se emplea IA para investigar, por caso, delitos cometidos con criptoactivos.

Según d'Empaire, las instrucciones (prompts) que el usuario le da a la IA permiten obtener resultados "más precisos y rápidos" para sistematizar fuentes o buscar jurisprudencia.

El Colegio de Magistrados local estudia el reglamento para hacer aportes que aseguren un "debido proceso",  que respete la "imparcialidad y el derecho de las partes a ser oídas".

El proceso de regulación del uso de IA permanecerá en etapa de consulta hasta el 7 de agosto. El formulario está dirigido también a instituciones académicas, colegios profesionales y "demás interesados".

La resolución de la Corte provincial estipula que la función jurisdiccional es "indelegable e insustituible".

"Bajo ninguna circunstancia se puede delegar en una IA la toma de decisiones judiciales que impliquen la resolución del proceso o procedimiento administrativo, la valoración de pruebas o la construcción del razonamiento jurídico que fundamenta una resolución o sentencia", advierte la disposición.

"El uso de herramientas de IA no exime de su plena responsabilidad al operador judicial, por el contenido, validez y legalidad de los actos en los que aquellas hubieren intervenido, debiendo en todos los casos ejercer un control sustantivo, efectivo y documentado sobre los resultados producidos por dichos sistemas, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiere corresponder al proveedor de la herramienta", sigue el documento.

El tratamiento de datos personales mediante sistemas de IA debe ajustarse a lo dispuesto por la Ley de protección de los datos personales, asegurando la "confidencialidad, integridad y seguridad" de la información.

La incorporación de IA a la resolución de disputas y al apoyo de decisiones judiciales conlleva "riesgos estructurales" inevitables.

"Lejos de ser neutrales u objetivos, los sistemas de IA pueden reproducir -e incluso amplificar- sesgos, errores y patrones discriminatorios presentes en los datos con los que fueron entrenados", se aclara en el reglamento.

También pueden "debilitar el juicio crítico" de los operadores por medio del "sesgo de automatización, que lleva a otorgar confianza excesiva a las recomendaciones algorítmicas".

"Estas circunstancias exigen una estratificación clara de los usos según su nivel de afectación potencial a los derechos fundamentales, aplicando criterios de proporcionalidad en la gestión", acota la resolución.

La Corte clasificó tres categorías de sistemas de IA según su nivel de riesgo.

Uno de bajo riesgo para la gestión administrativa, que prevé tareas como la organización de expedientes, transcripción de audiencias, traducción, chatbots de información general y la corrección de textos, entre otras. Su uso está permitido y no tiene mayores restricciones.

Otro de los sistemas se considera de alto riesgo y se lo vincula con labores de la función jurisdiccional, como análisis de jurisprudencia, valoración de pruebas y propuestas de sentencia.

Este tipo de herramientas requiere autorización expresa de la Corte, análisis de impacto previo, supervisión humana y mecanismos de impugnación para las partes.

Por otra parte, se prohíben la automatización total de decisiones judiciales con IA, los sistemas sin supervisión humana efectiva y el uso de esta herramienta para producir prueba pericial sin participación activa del perito, entre otras restricciones.

El proyecto contempla además la creación de un "repositorio público" con información sobre cada sistema de IA en uso, como proveedor, propósito, datos de entrenamiento y resultados de auditorías.

Los operadores judiciales estarán obligados a informar expresamente cuándo usaron IA generativa en una decisión, identificando la herramienta y el modo de uso.

Hasta que se apruebe su versión definitiva, el reglamento tiene carácter "orientador y no vinculante".

Una fuerte controversia se generó el año pasado en la justicia de Chubut, donde un juez olvidó eliminar de su sentencia una cita textual suministrada por la IA.

Por tal motivo, con un fallo inédito, la Cámara Penal de Esquel anuló el decisorio del magistrado de primera instancia que había sido confeccionado, al menos parcialmente, mediante el uso de un asistente de IA generativa, y ordenó la realización de un nuevo juicio.

El órgano revisor entendió que el juez vulneró los principios de "fundamentación, control humano y transparencia en la elaboración de su fallo", al incorporar "textualmente" una respuesta del sistema "sin supervisión adecuada ni comunicación a las partes".

Sin embargo, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut revocó el fallo de la Cámara al argumentar que "el proceso penal no controla los métodos que utiliza un juez para elaborar su razonamiento, sino el contenido final de la sentencia y la solidez de sus fundamentos".

El máximo tribunal chubutense planteó además que el uso de estas herramientas "no invalida por sí mismo una sentencia si no se demuestra un perjuicio concreto en la decisión".

El expediente se había originado a raíz de una condena dictada el 4 de junio de 2025, cuando el juzgador le impuso al acusado la pena de dos años y medio de prisión efectiva por un robo.

Inicialmente, las diligencias se ordenaron por el robo de una cámara de seguridad ubicada en la intersección de las calles Cesar Fournier y Domingo de Oro ocurrido durante el martes.

En este contexto, en el reciente procedimiento se pudo recuperar el artículo sustraído en el delito que, además, había quedado registrado a través de imágenes del Centro de Monitoreo de la Municipalidad de Patagones.

Además, se incautó marihuana y cocaína fraccionadas, listas para su posible comercialización. También dos balanzas de precisión, recortes de nylon, dinero en efectivo, y diez teléfonos celulares.

Se trata de Miqueas Andrés Vázquez (21 años) y Alexis Nahuel Ide (25), quienes al momento de solicitarles la documentación correspondiente adoptaron una actitud hostil, se negaron a identificarse y opusieron resistencia durante el procedimiento, incluso cuando eran trasladados a la dependencia policial.

Actuó personal de la Comisaría Segunda, con apoyo del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), la Unidad Motorizada Local y agentes de Tránsito Municipal, en el marco del denominado "Operativo Modalidad Motochorros".

Como parte de los controles, personal de Tránsito Municipal secuestró un automóvil Chevrolet Corsa, dominio GBI026, por carecer del seguro obligatorio.

Asimismo, fue secuestrada una motocicleta Guerrero G110 Trip, dominio 070EZU, por falta de documentación, siendo trasladada al corralón municipal.

La causa quedó caratulada como resistencia a la autoridad, con intervención de la UFIJ N.º 15 del DJBB.

Se trata de Brian Gabriel Mendieta Pereyra, de 20 años, arrestado horas después de la agresión a Edgardo Estay (43), quien permanece internado en grave estado en el hospital Municipal.

Mendieta Pereyra, quien cuenta con antecedentes delictivos y violentos, fue derivado a la Unidad Penal N° 4 por personal de la comisaría Segunda, que está a cargo de las actuaciones sumariales por razones de jurisdicción.

La causa, encuadrada como homicidio en grado de tentativa, está a cargo de la UFIJ N° 5.

El hecho se produjo el sábado pasado, durante la madrugada, en la calle San Juan, a metros de la avenida Alem.

La investigación se direccionó hacia el acusado a partir del análisis de distintas cámaras de seguridad, tanto privadas (que registraron la violentísima agresión) como del Centro Único de Monitoreo (CeUM).

En su poder se encontraron prendas de vestir y zapatillas con manchas de sangre. 

Más de 70 golpes

"La víctima salió en aparente estado de ebriedad del Club y se topó en la vereda con un grupo de seis personas, con quienes intercambió algunos insultos. El resto se fue pero uno de ellos (Mendieta Pereyra) regresó y comenzó a golpearlo de manera muy violenta", explicó un vocero del caso.

En las imágenes se puede apreciar que, aún en estado de inconsciencia, tendido en el suelo, Estay recibió más de 70 golpes de puño, patadas y pisotones, la mayoría en su cabeza.

El hombre, que alquila en nuestro medio pero es oriundo de Villarino, sufrió un traumatismo de cráneo grave y politraumatismos y debió ser sometido a la asistencia respiratoria mecánica.

La polémica medida la dictó la Sala V del cuerpo judicial platense, con los votos de los jueces Manuel Alberto Bouchoux y Mario Kohan. Se trata de la misma sala que había confirmado la sentencia a fines de 2024.

De esa manera se confirmó lo que había dispuesto el exjuez de Ejecución Penal bahiense, Onildo Stemphelet, y se revocó el fallo de la Sala I de la Cámara Penal local, que consideraba que Alarcón debía seguir en la cárcel.

Para llegar a la controvertida resolución, Bouchoux, con la adhesión de Kohan, consideraron que la postura de la Cámara bahiense era arbitraria y carecía de base legal.

Explicaron que la mujer había recibido el beneficio por sufrir desde 2015 una enfermedad delicada y tener 4 hijos menores, de entre 4 y 14 años de edad.

"Es necesario decir que el enfoque de género es fundamental en los procesos penales seguidos a mujeres imputadas por delitos vinculados a estupefacientes, a fin de neutralizar y contrarrestar los sesgos o estereotipos subyacentes en la administración de justicia. 

"La aplicación de esta perspectiva permite advertir que, con frecuencia, la participación de las mujeres en esta clase de ilícitos no violentos se encuentra determinada por contextos de extrema vulnerabilidad social, económica o de sumisión a redes de criminalidad bajo violencia de género", remarcó Casación.

En consecuencia, Alarcón seguirá cumpliendo la condena bajo arresto domiciliario, teniendo en cuenta que la revocatoria intermedia de la Cámara no tuvo efectos prácticos porque estaba pendiente este fallo de Casación.

Otras cinco condenas

El Tribunal en lo Criminal N° 3 de nuestra ciudad le había impuesto la pena más alta a Alarcón, como coautora de comercialización de drogas en dosis fraccionadas destinadas de manera directa a potenciales consumidores, agravado por la intervención organizada de 3 o más personas y por servirse en su operatoria de menores.

En ese debate también recibieron 8 años de cárcel Matías Delgado y Ezequiel Cuevas; 7 años, Sergio Cortez; 6 años y medio, Ayelén Díaz y 6 años, Sabrina Cuevas. 

Según la imputación, entre marzo de 2018 y enero de 2021, los procesados habían comercializado drogas "en domicilios ubicados en Falcón al 2.800, "en una casaquinta y otras dependencias anexas emplazadas en la intersección noreste de las vías del ferrocarril y el cauce del arroyo Napostá, y en la Unidad Penal N°4".

Se indicó que durante la investigación también se determinó que "los acusados realizaban entregas de droga mediante encuentros acordados previamente o delivery, valiéndose de la utilización de menores de edad".

Los voceros indicaron que se trata de Jorge Alberto Damboriana, quien fue arrestado cuando accedió a la provincia de Misiones por el puente internacional Tancredo Neves, ubicado sobre el río Iguazú.

Mencionaron que personal de Migraciones detectó que sobre su persona pesaba una orden de captura emitida en mayo de 2024, por lo que dieron aviso a los efectivos de Gendarmería Nacional apostados en el acceso al territorio argentino.

Las fuentes describieron que la causa se puso en marcha en octubre de 2023, cuando efectivos de la Estación de Policía Comunal de Monte Hermoso secuestraron en poder de Damboriana 2,7 gramos de cocaína fraccionada, una balanza y un teléfono celular.

"Del análisis del dispositivo se pudo determinar que presuntamente tenía la sustancia con fines de comercialización y que junto a otra persona habrían vendido estupefacientes, particularmente cocaína, en Monte Hermoso y Sauce Grande al menos entre junio y octubre de ese año", mencionaron.

Incluso, describieron que también se hallaron conversaciones del sospechoso con Alfredo Reguito, quien a principios de 2025 fue condenado a 4 años y 4 meses de prisión por el comercio de drogas al menudeo.

Damboriana fue indagado mediante videollamada y se negó a declarar.

Por estas horas, se indicó, las autoridades están llevando adelante las gestiones para el traslado del imputado a nuestra ciudad.

En las últimas horas quedó registrado un curioso incidente, cuando las cámaras de seguridad captaron el accionar de una persona que sustrajo árboles de un sector del campo de deportes de la entidad tricolor.

"Ayer a la tarde avisaron que habían captado la secuencia de una persona que llegó hasta el lugar con un auto blanco, taló árboles y se los llevó arrastrándolos con el vehículo", indicó un vocero.

La fuente agregó que la situación se produjo en "una extensión del predio", donde continúan trabajando para adecuar el sitio a diferentes prácticas deportivas.

Explicó que se trata de ejemplares de "entre 8 y 10 metros de altura".

"Es como que alguien entró al patio de tu casa y se lleva los árboles. Lo sentimos así. Cuando se hizo la primera plantación se produjeron algunos pocos robos, pero nunca uno imagina una cosa así".

Describió también que hace algunos meses habían sufrido nuevamente el robo de un tramo de alambrado.

La reiteración de episodios determinó que los directivos del club decidieran en el último tiempo aumentar los recursos en materia de seguridad, instalando cámaras y hasta incorporando seguridad privada.

También en Cerri

Una situación similar informaron en las últimas horas dirigentes del Club Sansinena.

Mediante un comunicado publicado en sus redes sociales indicaron que desconocidos causaron daños en el ingreso al predio de la entidad cerrense, donde recientemente realizaron obras de refacción.

"Lamentablemente, desde que finalizaron los trabajos el ingreso ya fue dañado y/o robado en dos oportunidades", indicaron.

Agregaron que "estos hechos perjudican no solo al club, sino también a todos los socios, deportistas e hinchas que colaboran día a día para el crecimiento de nuestra institución".

El hecho ocurrió cerca de las 21 y los motivos aún son materia de investigación, ya que el rodado salió de su trayectoria y terminó en un sector no habilitado para la circulación, entre el puente fijo original de la Ruta 3 y el puente Bailey.

Al momento del accidente viajaban seis personas en el vehículo.

Fueron identificados Ricardo Cao, de 33 años; Nahuel Mesa, Antonella Nahuel, Javier Rojas y otro ocupante cuyos datos restaban establecer; además de la conductora, identificada como Andrea Beatriz Gómez Soto.

La chofer fue asistida por personal médico de una ambulancia y trasladada al hospital Municipal, con dolor en el pecho y politraumatismos.

El resto de los pasajeros presentaba golpes, aunque fueron atendidos en el lugar sin necesidad de traslado.

Efectivos de la comisaría Quinta, junto con personal de la UPPL y CP, trabajaron en el operativo para retirar el vehículo del canal.

No se registraron daños en las estructuras de los dos puentes.

La investigación quedó caratulada como "lesiones culposas" y se busca determinar las causas que provocaron el accidente.

Las niñas son Isabella Francesca Aranda, de 6 años, y Aixa Rebeca Aranda, de 4 años. Su progenitora, Erika Analía VIllalba, cerró todas sus redes sociales, desactivó su Whatsapp y no responde ninguna llamada.

Por esta razón, en estos momentos la Estación de Policía Comunal Villarino Segunda-Pedro Luro, con la colaboración de la DDI Bahía Blanca, están buscando tanto a las pequeñas como a su madre.

Ante cualquier dato de relevancia, comunicarse con la comisaría más cercana, o llamar a los teléfonos 911 o 291-5741633.

Es que el Juzgado de Garantías N° 1 rechazó el sobreseimiento del dirigente de la entidad deportiva -por existencia de dudas que deben resolverse en el debate oral-, planteado por la defensa, a cargo del abogado Sebastián Cuevas.

La causa, técnicamente, todavía no fue elevada a juicio porque Cuevas apelará la decisión ante la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca.

Junto con Ginóbili también deben responder Laura Fabiana Soberon, jefa del departamento Habilitaciones del municipio, y el ingeniero Pablo Ascolani, quien habría presentado informes favorables sobre la deficiente estructura que se derrumbó en medio del temporal.

Los dos hombres están acusados del delito de estrago culposo seguido de muerte y lesiones culposas agravadas por la pluralidad de víctimas, mientras que la mujer, por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

De forma paralela se instruye otra causa, como desprendimiento de la principal, que investiga un presunto entramado de falso testimonio y encubrimiento, que involucra a directivos del club y un perito oficial.

Todo surgió del análisis del celular de Ginóbili, en el cual se habrían descubierto audios que dieron motivos suficientes a la Justicia para formar una nueva causa.

Las sospechas apuntan a Ginóbili y Darío Faure, también de Bahiense, así como al perito Enrique Gil y al ingeniero Horacio Varela, quien actuó como perito por parte de la entidad de Salta 28.

Peligro latente

Un informe de tres peritos de la Suprema Corte de Justicia bonaerense y de un ingeniero propuesto por la querella concluyó que, además de las deficiencias en el muro derrumbado, en la construcción actual de la institución seguía habiendo riesgos. 

Ese dato fue ratificado por el abogado Sebastián Mazza, quien representa a víctimas y a su vez se vio directamente afectado por la caída del muro, aquel 16 de diciembre de 2023, porque entre los 13 fallecidos estaba Juliana Barquero, su esposa.

El agravante, a partir de aquel estudio llegado desde La Plata, es que no solo ese muro presentaba fallas, "sino que otras dos paredes tienen las mismas deficiencias estructurales", dijo Mazza.

Además de Barquero, por la caída del muro perdieron la vida Federico Dúo (44) y su mujer María Laura Rodríguez (43); Rubén Baldi (45) y su hijo Benicio (5); los jubilados Norma Nieto (61), Adriana María Contento y el matrimonio integrado por Luis Pérez y Juana Graciela Danszyt (67); Diego Carrasco; Bryan Ortega (27); Rosa Miguelina Figueroa (66) y Diego Cassati (45).

Se trata de Maximiliano Ortiz, de 29 años, quien en las últimas horas, por orden del Juzgado de Garantías Nº 3, fue arrestado en la primera cuadra de la avenida Colón por efectivos de la DDI.

El imputado fue indagado por el fiscal de la UFIJ Nº 4, Diego Torres, y negó que haya habido cualquier tipo de encuentro sexual con la víctima.

Recordamos que el hecho investigado habría ocurrido el pasado miércoles 10, entre dos personas que se encuentran en situación de calle.

Ese día, el denunciante, de 23 años, señaló haber sido atacado y abusado sexualmente en la vía pública "por un conocido del sector".

"Sostuvo que ese presunto encuentro sexual no existió, ni en forma violenta ni de manera consentida", comentó una fuente judicial.

Allegados a la investigación sostuvieron que de todas maneras la versión del damnificado "es muy creíble" y que existen testigos de diferentes situaciones, además de evidencia científica (lesiones en el cuerpo de la víctima).

Ahora, luego de desarrollarse la audiencia indagatoria, el Ministerio Público tiene un plazo máximo de un mes para solicitar la prisión preventiva del imputado.

Así describió la forma en que transita las primeras horas en su domicilio el taxista Oscar Elvio Peralta, quien recibió el alta médica tras permanecer internado un mes como consecuencia de las graves heridas que sufrió por la explosión del vehículo que conducía. 

"Por suerte esto de vuelta en casa. Aún con la traquea abierta, pero con el apoyo de mi familia para seguir recuperándome", describió en declaraciones al programa Panorama de LU2.

El hecho, que quedó registrado por las cámaras de seguridad públicas, se produjo el pasado 3 de junio, en horas de la madrugada, en el sector de la avenida Napostá y Brandsen.

Peralta conducía un taxi Fiat Cronos, cuando el vehículo sufrió una explosión mientras circulaba, presuntamente a causa de un desperfecto en el sistema de GNC.

"Ese día había subido por primera vez a eso de las 16 horas ese día para trabajar. Era un auto nuevo, de unos 40 mil kilómetros. Supuestamente, y por comentarios, ya había tenido tres entradas al taller por pérdidas, pero yo no estaba enterado de eso".

Explicó que "cuando llego a la esquina explota el interruptor de cambio de nafta a gas. Afortunadamente no llevaba pasajeros. Al estar solo la reacción fue la de salir rápidamente del auto. Por suerte la puedo contar".

También indicó que cuando descendió de la unidad comenzó a realizar señas en dirección a las cámaras de seguridad del CeUM.

"En ese momento se acercó una moto pero se va, calculo que asustado por lo que había pasado. Después se acerca otro motociclista, no sé si es el anterior u otro".

El hombre describió que hoy tendrá acceso al informe que elaboraron los peritos del cuartel Central de bomberos respecto del incidente.

Del mismo modo, agradeció a las personas que lo estuvieron acompañando en este tiempo.

"Quiero agradecer el apoyo de mucha gente que ni conozco. También de mis vecinos del barrio 5 de Abril, de los compañeros taxistas de la terminal y de otras paradas, además de los médicos y enfermeros".

Finalmente sostuvo que ante la imposibilidad de volver a trabajar están realizando rifas para poder salir adelante.

Para aquellos que quieran colaborar está habilitado el alias tizimelina, a nombre de Noelia Soledad Lamandía.

La emergencia se originó sobre la 1.30 en Nicolás Pírez 2.440, cuando Víctor Alejandro Sepúlveda, de 31 años, llegó a dar aviso al 911 sobre la situación que vivía su familia.

El hombre llegó a relatar que se fueron a acostar con los calefactores encendidos -uno en cada habitación- y que, luego de un tiempo, comenzaron a sufrir malestar (dolor de cabeza, taquicardia y mareos) todos los integrantes del grupo, incluyendo a su mujer, Estefanía Lobos (33), su hija de 11 y su hijo de 10.

Una vez que llegó la ambulancia a la emergencia, trasladó a la familia preventivamente al hospital Municipal. En principio ninguno de los cuadros sería de gravedad.

"Está toda la familia en la guardia. Los dos adultos se van de alta esta mañana y los dos menores quedarán en observación 24 horas. Lo que se hizo fue darles oxígeno y también los trataron en la cámara hiperbárica", explicaron fuentes sanitarias. 

En el caso tomó intervención la comisaría Quinta, por razones de jurisdicción, y la UFIJ Nº 2.

Se trata de Oscar Elvio Peralta, de 47 años, quien se retiró ayer del Hospital Interzonal Doctor José Penna, según confirmaron compañeros del chofer.

Si bien en un primer momento se pensó que el trabajador no había sufrido lesiones graves, el cuadro se complicó por las quemaduras que presentaba, entre otras partes, en el rostro.

Debió ser sometido a cirugías y estuvo internado tanto en la terapia intensiva como en la terapia intermedia. 

En lo sucesivo continuará con curaciones en su domicilio particular, en particular para el cierre de la traqueomotía.

El hecho, que quedó registrado por las cámaras de seguridad públicas, se produjo el 3 de junio, en horas de la madrugada, en el sector de la avenida Napostá y Brandsen.

Peralta conducía un taxi Fiat Cronos, de madrugada, cuando el vehículo sufrió una explosión mientras circulaba, presuntamente a causa de un desperfecto mecánico.

El hecho ocurrió el miércoles 10, entre dos personas que se encuentran en situación de calle. Ese día, el denunciante, de 23 años, señaló haber sido atacado y abusado sexualmente en la vía pública "por un conocido del sector".

Producto de investigaciones, análisis de cámaras de seguridad y testimonios, personal policial pudo identificar a Maximiliano Ortiz, de 29 años, como el autor de la agresión.

Por ello, luego de la orden del Juzgado de Garantías N° 3, el violador fue detenido en la primera cuadra de avenida Colón y fue trasladado a la sede de la DDI.

Interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 4. La carátula es abuso sexual con acceso carnal.

El paciente había sido hospitalizado el sábado a la mañana con pérdida de conocimiento a raíz de un traumatismo grave de cráneo, según se informó esta mañana desde el sanatorio comunal.

Actualmente, el joven recibe asistencia respiratoria mecánica.

Después de un aviso al 911 alrededor de las 7.30, efectivos policiales hallaron a la víctima inconsciente en la calle San Juan, a pocos metros de la avenida Alem, y con "signos de haber sido agredida".

Por este hecho, la Policía aprehendió a Brian Gabriel Mendieta Pereyra (20), que tenía manchas de sangre en el pantalón y las zapatillas.

Con el análisis de imágenes registradas por cámaras privadas y del Centro Único de Monitoreo, los investigadores establecieron que aproximadamente a las "6.40 de anteayer Mendieta Pereyra interceptó a la víctima y la agredió a golpes de puños y patadas, sin existir una pelea" entre ambos, indicó la Policía.

El nombrado quedó aprehendido por el delito de tentativa de homicidio, con intervención del fiscal Jorge Viego.

Mendieta Pereyra tiene numerosos antecedentes policiales por delitos contra la propiedad y las personas. De hecho, en los últimos dos años se lo arrestó ocho veces.

El procedimiento fue llevado a cabo por personal del Gabinete Investigativo de la Comisaría Primera, que detuvo a Luis Guiñez en la intersección de las calles Thompson y Estados Unidos, luego de una investigación iniciada a partir de la denuncia de una mujer de 74 años.

Según informaron fuentes policiales, la víctima recibió un llamado telefónico mediante el cual fue engañada. Poco después, un hombre se presentó en su domicilio y logró apoderarse de una importante suma de dinero en moneda extranjera -dólares y euros-, además de varias joyas, para luego darse a la fuga.

A partir del análisis de cámaras de seguridad particulares y del trabajo conjunto con el Centro Único de Monitoreo Municipal, los investigadores lograron identificar al presunto autor del hecho y reconstruir la maniobra utilizada para concretar la estafa.

Tras diversas tareas investigativas y de vigilancia, este lunes se concretó la aprehensión de Guiñez, quien quedó a disposición de la Fiscalía Nº 18 del Departamento Judicial Bahía Blanca, especializada en delitos complejos.

Según la información oficial, el detenido registra antecedentes penales por delitos de similares características, además de otros hechos contra la propiedad y robos a mano armada, por los que ya había cumplido una condena.

El procedimiento se dio sobre las 2 de hoy, cuando se tomó conocimiento sobre un hecho que aparentaba ser un conflicto de índole familiar en una vivienda del barrio Loteo Aire Puro, ubicado en el camino a Villa 7 de Marzo, a unos 5 kilómetros de la ciudad cabecera.

“Ya en el lugar se procedió a la detención de un hombre de 42 años, quien momentos antes habría amenazado de muerte a su concubina, intimidándola con un arma de fuego, tipo carabina calibre 22. Además se estableció que no poseía documentación del arma que acreditara propiedad, ni autorizara a su tenencia”, se informó.

En consecuencia se iniciaron actuaciones sumariales por amenazas agravadas e infracción al artículo 189 bis del Código penal.

Con droga

Por otra parte, alrededor de las 4, en medio de recorridas de prevención, la Policía identificó un sujeto de 26 años que, entre sus prendas, guardaba un envoltorio con cocaína.

De esa manera se iniciaron actuaciones por infracción a la ley 23.737.

Ambos detenidos fueron trasladados a la sede policial, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 15 y la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 19, ambas del Departamento Judicial de Bahía Blanca (agencia Carmen de Patagones).