En el lugar fue aprehendido Maximiliano Daniel Argüello, de 41 años, luego de que los efectivos constataran que la credencial de legítimo usuario del arma se encontraba vencida desde 2018. Y quedó imputado por una presunta infracción al artículo 189 bis del Código Penal.

La investigación se inició el pasado miércoles, a partir de una denuncia presentada por una mujer de 46 años, expareja del acusado, con quien convivió durante diez años y tiene dos hijos en común.

Según la denuncia, el episodio habría ocurrido cuando el hombre se presentó para retirar a los menores, ya que, presuntamente, realizó gestos con las manos simulando un arma y apuntándole con los dedos.

La mujer también dijo que su expareja tendría armas de fuego y que anteriormente habría realizado comentarios intimidatorios sobre su utilización.

Así se logró identificar al denunciado y se determinó que tenía registrada a su nombre una carabina semiautomática calibre 22.

Intervino la UFIJ N° 12 y la Ayudantía Fiscal de Coronel Rosales, en tanto el Juzgado de Garantías N° 3 autorizó el allanamiento, que se realizó con la colaboración de personal de la Policía de Establecimientos Navales.

Los efectivos secuestraron una carabina semiautomática calibre 22 marca Marlin, equipada con una mira telescópica marca Shilba, un cargador vacío y 49 municiones del mismo calibre.

En uno de los domicilios fue aprehendida Gisella Soledad Gómez, de 28 años, quien quedó vinculada a la causa.

La investigación se inició a partir de la denuncia del adulto mayor, domiciliado en calle Estados Unidos al 400, quien manifestó que un hombre y una mujer le habrían sustraído el dinero correspondiente a su jubilación y sus tarjetas de cobro.

Se realizaron distintas tareas que permitieron avanzar en el esclarecimiento del hecho, como la declaración de un testigo presencial y el análisis de cámaras de seguridad particulares, que resultaron fundamentales para identificar a los presuntos involucrados.

Así se dispuso allanamientos en dos domicilios ubicados en Saavedra al 2800 y Morel al 400.

Se secuestraron prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el hecho y otros elementos considerados de interés para la investigación.

La aprehensión de Gómez se concretó en el inmueble de calle Morel , según información policial, la mujer registraría antecedentes por hechos de similares características y delitos contra la propiedad.

En el fallo se dispuso además su declaración de reincidencia y se ordenó una medida cautelar inédita: la prohibición de disponer de teléfonos celulares con acceso a internet y redes sociales.

La resolución dio por acreditada una trama de ciberacoso y abuso que se inició cuando Chico aún se encontraba privado de la libertad, cumpliendo una condena previa por delitos contra la integridad sexual, y que continuó en las etapas en que fue beneficiado con salidas transitorias y libertad condicional por parte de la Justicia de Ejecución Penal.

Según surgió de la investigación -realizada por la UFIJ N° 3, a cargo de la fiscal Agustina Olguín- y del debate oral, el imputado utilizaba teléfonos celulares para crear múltiples perfiles falsos en redes sociales como Tik Tok, Instagram, Facebook y WhatsApp, mediante los cuales engañaba y abordaba a niñas de entre 12 y 14 años.

A través de identidades falsas y amenazas coactivas -en las que afirmaba que mataría o dañaría a sus familiares si no accedían a sus pretensiones-, Chico lograba que las menores le enviaran imágenes y videos íntimos, además de obligarlas a realizar prácticas sexuales coercitivas y degradantes.

En uno de los hechos juzgados, la investigación constató que Chico citó y sometió sexualmente con acceso carnal en al menos cuatro oportunidades a una menor de 13 años en su domicilio de Carmen de Patagones, e incluso ingresó a la vivienda de la víctima para consumar los abusos.

Creyó que era su hija

Respecto de otra de las víctimas, de 12 años, el acusado actuó creyendo que se trataba de su propia hija biológica, exigiéndole material pornográfico e instándola a autolesionarse y someterse a prácticas vejatorias. La posterior pericia de ADN descartó la paternidad biológica, aunque se valoró su convicción como un indicador de alto desprecio por la integridad de la menor.

El caso se comenzó a desentrañar luego de que una prima de una de las víctimas descubriera los chats en un teléfono celular, lo que motivó la intervención familiar y la posterior denuncia en la comisaría de la Mujer de Carmen de Patagones.

Los allanamientos posteriores y los peritajes informáticos sobre los dispositivos incautados por personal especialista en Cibercrimen permitieron vincular las líneas telefónicas, los perfiles falsos y las cuentas de usuario con el teléfono Samsung del imputado, donde se hallaron también representaciones de menores dedicados a actividades sexuales explícitas.

Al fijar el monto de la pena, la jueza sopesó un abanico de circunstancias agravantes, entre las que destacó el contexto de violencia de género, la asimetría y gran diferencia de edad entre el acusado y las niñas, la planificación pormenorizada mediante identidades múltiples, el daño psicológico severo provocado en las víctimas y el hecho de que Chico desplegara y continuara este accionar delictivo desde el ámbito carcelario y durante el goce de beneficios del régimen de la libertad.

En su veredicto, el tribunal impuso formalmente a Chico la pena de 30 años de prisión y dispuso, con carácter cautelar, la prohibición estricta de utilizar teléfonos móviles con conectividad a internet o acceso a redes sociales en su lugar de alojamiento en la Unidad Penal Nº 4, medida que fue notificada a las autoridades penitenciarias y al Juzgado de Ejecución Penal.

El operativo, a cargo de personal de la comisaría Quinta, se está realiza en Fortín Vanguardia 660, entre Patricios y Holdich, en el villa Caracol.

Se trata de la vivienda de Kevin Carreras, quien está sindicado como autor de los disparos a otro joven, Milton Ariel Escobar (20), quien resultó herido en sus piernas y fue trasladado al hospital Penna.

El hecho quedó registrado por un video en el cual se observa cómo un joven a caballo (sería Carreras) dispara hacia la víctima, cuando se encontraba con su madre, en Ricchieri al 1.900.

"Las familias que tienen problemas viven en el mismo terreno, una en un departamento interno, en el fondo, y la otra en la vivienda delantera. Tenían discusiones recurrentes por los límites internos, un medidor de gas, etc.", comentó una fuente policial.

Se informó que la fiscalía pidió la detención del joven pero la Justicia de Garantías no hizo lugar al pedido.

Sin embargo sí ordenó el allanamiento en la vivienda y secuestaron un chaleco de abrigo negro, una campera color salmón, un par de zapatillas (serían las prendas que vestía el hombre a caballo que se observa en el video) y tres municiones.

El debate se hará los días 22, 23, 29, 30 y 31 de marzo del próximo año, y será dirigido por la jueza en lo Correccional Nº 4 bahiense, María Laura Pinto de Almeida Castro.

Por el caso de mala praxis están acusados el pediatra Jonathan Maximiliano Vázquez y la cirujana Solange de los Ángeles Calvo, quienes al menos en ese momento trabajaban en el Hospital Municipal "Pedro Ecay", de aquella ciudad cabecera del partido de Patagones.

El hecho se produjo entre el 28 de febrero y el 1 de marzo de 2021, cuando, según la fiscalía, los procesados incumplieron los deberes de cuidado que tenían a su cargo por su rol de médicos tratantes del menor fallecido.

El 27 de febrero de ese año se derivó al paciente del hospital Arancibia de Villalonga (de donde era oriundo) al Ecay, a raíz de un cuadro de leucocitosis y diagnóstico de abdomen agudo inflamatorio (apendicitis aguda).

La investigación estuvo a cargo del fiscal de homicidios culposos bahiense, Cristian Aguilar.

De acuerdo con la acusación, pese a la existencia de un nuevo síntoma de íleo parcial (bloqueo parcial del intestino), Vázquez no solicitó la pronta valoración clínica por un cirujano.

Tampoco ordenó la realización de una tomografía computada de abdomen, ya que existía una ecografía de abdomen normal previa.

Aguilar también le imputa al médico pediatra no haber hecho un "seguimiento clínico estrecho del cuadro sintomático", para valorar la eventual progresión de síntomas abdominales que motivaran una intervención quirúrgica de urgencia.

Por otra parte, más tarde Calvo ordenó el traslado del niño a un centro médico en Viedma para que se le practique un estudio por imágenes, en vez de "ejecutar y/u ordenar una conducta quirúrgica urgente", teniendo en cuenta que el paciente estaba en shock, "probablemente de inicio hipovolémico con posible componente séptico que implicaba una conducta urgente de tratamiento médico y quirúrgico".

El fiscal de la causa entiende que Vázquez y Calvo "permitieron el agravamiento del estado de salud del niño, al no adoptar medidas tendientes a concretar los cuidados y tratamientos médicos adecuados para evitar la evolución negativa del cuadro", que causó su muerte a raíz de una "perforación intestinal y peritonitis generalizada que le produjo un shock".

El abogado bahiense Guillermo Ortiz asesora a la familia de la víctima fatal.

Los defensores particulares Ornella Scarano y Sebastián Cuevas patrocinan a Vázquez y Calvo, respectivamente.

El fallo, resuelto en un debate abreviado por el juez del Tribunal en lo Criminal Nº 1, Ricardo Gutiérrez, recayó en Jonathan Tarabelli (35), quien fue hallado culpable de los delitos de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, lesiones y violación de domicilio.

Del mismo modo, el magistrado decidió revocar la libertad condicional que el 4 de diciembre de 2023 le había otorgado el Juzgado de Ejecución Penal Nº 2 y que estaba cumpliendo cuando se produjo el incidente por el que ahora resultó sentenciado.

Quedó probado que el 1 de julio de 2024, poco antes de las 18 horas, el sujeto ingresó por la fuerza en una vivienda ubicada en 25 de Mayo al 2.100 y efectuó al menos cuatro disparos dirigidos a Emanuel Alejandro Colo, uno de los cuales lo hirió en la zona torácica.

Al momento del ataque estaban en el lugar varias mujeres y un bebé de apenas dos meses de vida.

Incluso, una de ellas fue golpeada por el acusado cuando intentó detenerlo.

Tarabelli logró escapar y finalmente fue detenido poco después en Segunda España al 2.200.

El sujeto fue hallado con un disparo en la zona abdominal que recibió en medio de un forcejeo con la víctima.

Los testigos declararon que el acusado "irrumpió de manera violenta tras derribar la puerta de una patada", que portaba un arma y le refirió a Colo: "viste que te ibas a regalar".

El damnificado dijo que habían tenido varias discusiones con Tarabelli y que previamente le había referido que le iba "dar un tiro".

El planteo del titular de la UFIJ Nº 4  se relaciona con la denuncia de una exjugadora de Monte Hermoso, cuando el sospechoso era entrenador en esa ciudad, hace más de una década.

Asensio fue detenido a mediados de septiembre en Mar del Plata (actualmente era entrenador en el club Sporting de esa ciudad). En principio se lo vinculó con dos o tres abusos sexuales a jugadoras menores de hockey en Monte Hermoso, aunque finalmente solo una de las supuestas víctimas lo denunciaron y las otras desistieron de hacerlo, aunque prestaron testimonio.

La detención se produjo en la vivienda del exfuncionario montehermoseño en Mar del Plata, en el bosque Peralta Ramos. Hoy está alojado en la cárcel de Villa Floresta.

El pedido del fiscal Torres tendrá que ser resuelto por la jueza de Garantías Nº 4, Marisa Promé.

Mientras tanto, la defensa de Asensio, a cargo del abogado Maximiliano De Mira, pidió su sobreseimiento.

Según se informó, el propietario hizo la denuncia en el destacamento de Stroeder, partido de Carmen de Patagones. Doijo que había dejado estacionada su camioneta frente a su domicilio, en Santiago del Estero 75, con la llave colocada. Al salir de su casa, esta mañana, advirtió que se habían llevado el rodado.

Se emitió una alerta a las dependencias policiales de la zona y, cerca del mediodía, las cámaras de seguridad del partido de Villarino detectaron una camioneta de características similares circulando por la ruta e ingresando al balneario La Salada.

Efectivos de la Comisaría de Pedro Luro y del destacamento de La Salada localizaron el vehículo en la costanera de la laguna y aprehendieron a sus ocupantes. La camioneta, una Chevrolet gris patente CPC 183, fue secuestrada.

Ambos quedaron imputados por el delito de hurto automotor, con intervención de la Fiscalía Nº 15 de Bahía Blanca.

De acuerdo con el parte policial, el hombre de 27 años había sido aprehendido el pasado 4 de octubre en Mayor Buratovich, acusado de sustraer una motocicleta Yamaha de 150 centímetros cúbicos, propiedad de un joven de 28 años.

En ese moment, recuperó la libertad al día siguiente por disposición judicial, pero ahora volvió a quedar involucrado en una investigación penal por el robo de la camioneta en Stroeder.

El hombre fue trasladado este mediodía a la sede de la UFIJ N° 5, donde brindó su versión de los hechos ante el fiscal Jorge Viego.

Salazar se encuentra investigado por la muerte de Gonzalo Nicolás Bustos, de 23 años, registrada el pasado 21 de septiembre, alrededor de las 3, en inmediaciones de Juana Azurduy y Juana Gabriela Moro.

Cabe recordar que tras los primeros datos recogidos en el lugar, fuentes oficiales mencionaron que la víctima habría estado merodeando un camión que el acusado tenía estacionado en la vía pública con supuestas intenciones de robo, por lo que el imputado salió de su vivienda y le disparó.

Bustos recibió dos impactos en la zona de la espalda que determinaron su deceso.

Fuentes consultadas mencionaron que Salazar describió que esa madrugada salió de su casa al advertir por las cámaras de seguridad la presencia de una persona.

Indicó que inicialmente hizo un disparo al aire y otros dos cuando el sujeto escapaba del lugar y lo persiguió.

En ese sentido, el procesado manifestó que efectuó los tiros en dirección al piso.

"La mecánica de los hechos que refiere, por lo menos sobre la forma en que apuntó, no se condice con los datos que refiere la autopsia. De todas maneras, hay que seguir trabajando en el caso con el resto de los elementos probatorios hallados en el lugar", indicaron los voceros.

En el lugar la policía incautó dos cuchillos, uno a poca distancia del fallecido y otro en la campera que llevaba colocada.

"Menciona que no ve qué tiene, sino que observa algo con brillo", agregaron.

Este mediodía familiares y allegados de Salazar llevaron adelante una manifestación pacífica frente a la fiscalía y reclamaron su liberación.

Sus padres y su esposa, además de familiares, allegados y amigos, se congregaron pacíficamente para acompañar al hombre, quien pidió declarar ante el fiscal Jorge Viego para brindar su versión de lo ocurrido.

Salazar se encuentra investigado por la muerte de Gonzalo Nicolás Bustos, de 23 años, registrada el pasado 21 de septiembre, alrededor de las 3, en inmediaciones de Juana Azurduy y Juana Gabriela Moro.

El titular de la UFIJ Nº 5 le imputó el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación de arma de fuego de uso civil sin autorización.

Luego de su arresto el hombre se negó a declarar, aunque la abogada Maia González había adelantado que tras la producción de las pericias iba a solicitar la posibilidad de defenderse y explicar lo sucedido. 

Cabe recordar que tras los primeros datos recogidos en el lugar, fuentes oficiales mencionaron que la víctima habría estado merodeando un camión que el acusado tenía estacionado en la vía pública con supuestas intenciones de robo, por lo que Salazar salió de su vivienda y le disparó.

El fallo fue dictado tras un juicio abreviado, con acuerdo firmado entre la fiscalía, la defensa y la propia acusada.

Según la investigación, a cargo de la UFIJ Nº 11, cuyo titular es el fiscal Diego Conti, el hecho se produjo en la madrugada del 27 de octubre de 2024, en una vivienda de la calle Azara al 1.600.

Portela se contactó por mensaje con la víctima, con quien mantenía una relación de amistad desde hacía años, y le pidió pasar por su domicilio junto a una joven.

Al ingresar, la acusada le solicitó que le abonara el viaje en Uber. Cuando el hombre desbloqueó su celular frente a ellas para realizar la transferencia a través de la aplicación Mercado Pago, Portela observó su clave de acceso, extrajo un revólver de su bolsillo y lo encañonó exigiéndole que no se moviera.

Tras sustraerle el teléfono, Portela se lo entregó a su acompañante para que huyera. La víctima intentó perseguirlas, pero en la huida a la asaltante se le cayó el arma en el patio de la vivienda. Al salir a la calle, el hombre fue interceptado por un automóvil Chevrolet Corsa gris con dos hombres a bordo, uno de los cuales lo apuntó con otra arma de fuego para garantizar el escape del grupo.

Minutos después del robo, Portela utilizó el celular sustraído para concretar una serie de transacciones financieras dirigidas a su propia cuenta bancaria del Banco Nación.

Realizó transferencias inmediatas por montos de 550.000, 13.000 y 20.000 pesos y además solicitó dos créditos personales a través de la plataforma por 150.000 pesos cada uno.

En total, la mujer despojó a la víctima de más de 880.000 pesos antes de que el afectado pudiera bloquear y cerrar su cuenta.

Arma no apta para el disparo

El arma abandonada en el lugar, un revólver calibre 22 corto, fue sometida a peritajes técnicos por personal especializado.

El informe balístico determinó que la pieza carecía de martillo de percusión y se encontraba rota, calificándola como no apta para el disparo. Por este motivo, el hecho se encuadró legalmente como un robo agravado por el uso de arma no pudo ser acreditada.

Al fijar la pena, el magistrado evaluó diversos factores agravantes, entre ellos el aprovechamiento de la nocturnidad, la participación de múltiples personas en la logística, el uso de un vehículo para la huida y la magnitud del daño económico ocasionado a la víctima.

Además de la condena a 3 años y medio de prisión, el tribunal ordenó la formación de un incidente para la unificación de penas, debido a que la imputada cuenta con condenas previas dictadas por la justicia Correccional.

Asimismo, se dispuso el decomiso y la destrucción del arma de fuego secuestrada.

Los operativos, ordenados por el Juzgado de Garantías Nº 3 y con intervención de la UFIJ Nº 7, estuvieron a cargo del Comando de Patrulla Rural, en el marco de actuaciones por infracción al artículo 206 del Código Penal.

La causa se originó la semana pasada y se identificó a Néstor Gabriel Norambuena, conocido como "El Wata", como la persona que podría estar vinculada a la faena y comercialización clandestina de carne vacuna.

En consecuencia se dispusieron los allanamientos en dos domicilios de Médanos, arrojando resultado positivo.

En el primero de los domicilios se secuestraron 13 bolsas de nylon con cortes cárnicos bovinos, con un pesaje de 15 kilos, ademàs de elementos relacionados a la faena.

En el segundo objetivo, en tanto, incautaron en un galpón, dentro de 5 freezers, un total de 581,460 kilos de carne que carecían de controles higiénicos sanitarios.

En este lugar, a su vez, secuestraron el celular de Norambuena, para quien la fiscalía, por el momento, no adoptó ninguna restricción, salvo identificarlo de la sustanciación de la causa. 

El hecho fue descubierto y denunciado a la Policía por las autoridades del establecimiento, la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 1 (EEST N°1), ubicada en Jaime Harris 41 de esa ciudad.

Cuando el personal de la comisaría maragata llegó al lugar, confirmó que uno de los estudiantes, que cursa el segundo año, tenía en su mochila una pistola calibre 32, muy deteriorada y con óxido, con un cargador sin municiones y un proyectil calibre 9mm. suelto.

Todavía no se pudo determinar por su estado si el arma es apta para el disparo, aunque se la secuestró a los fines periciales, mientras que el joven fue trasladado preventivamente a la comisaría, hasta la entrega a familiares responsables.

La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 2, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, inició actuaciones sumariales por infracción al artículo 189 bis del Código Penal, según se informó desde la Policía.

La presente causa tuvo su origen a partir de una denuncia referente a la venta de una motocicleta con documentación adulterada.

En ese marco, intervino la Unidad Fiscal de Bahía Blanca, a cargo de la doctora Elisa Trinchín, que consecuentemente convocó a la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Bahía Blanca para investigar el caso.

Los detectives federales desarrollaron tareas de campo, rastrillajes y análisis de la información recabada, estableciendo la identidad de un hombre que estaría sindicado como autor de la maniobra previamente nombrada. Asimismo, se constató un domicilio vinculado al sospechoso.

Por ende, el Juzgado Federal de Garantías N° 2, a cargo de la doctora María Gabriela Marrón, ordenó el correspondiente allanamiento en la vivienda ubicada sobre la calle Castelar (no se dio precisión de la altura).

Durante el procedimiento se logró identificar a un joven de 19 años quien, por disposición de la Justicia, fue notificado de la causa por el delito de falsificación de documentos.

Al no hallarse en ese lugar la moto en cuestión, se obtuvo documentación que daba cuenta que se encontraba en un taller mecánico cercano a ese domicilio y, con el aval judicial, la secuestraron.

El Tribunal en lo Criminal Nº 3 le impuso una pena de 5 años de cárcel a Pablo Bernabé Pereira, mientras que Rubén Heriberto recibió una sanción de 6.

El hecho ocurrió el 21 de octubre de 2025, cuando el último de los imputados ingresó al Mercado de Abasto, ubicado en calle Thompson y 1810, para sustraer una bolsa de tutucas de 20 kilogramos de un camión estacionado.

"Al intentar escapar fue interceptado por el oficial de policía Nelson Lagos, quien realizaba tareas de seguridad. En ese momento, Pablo Pereira intervino a bordo de una motocicleta, golpeando al efectivo con un casco en la cabeza para liberar a su hermano", mencionaron fuentes del Ministerio Público.

Agregaron que "a continuación ambos atacaron al efectivo, provocándole traumatismo de cráneo, hematomas y excoriaciones. Le arrojaron una piedra y lo amenazaron de muerte apuntándole con un arma de fuego antes de darse a la fuga".

Durante el debate los jueces descartaron la versión de los imputados, confirmando la responsabilidad de ambos en la agresión y el despojo.

Los hermanos fueron encontrados culpables del delito de robo doblemente agravado por el uso de arma y por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo comprobarse.

Además, el Tribunal declaró la reincidencia de Rubén Pereira por contar con condenas anteriores.

La medida fue ordenada por el Juzgado de Garantías Nº 4, a partir de una solicitud efectuada por el fiscal Mauricio Del Cero, titular de la UFIJ Nº 19, especializada en materia de drogas.

El procedimiento estuvo a cargo del personal de la comisaría de Pueblo San José.

En el marco de la misma causa, los efectivos policiales concretaron además un registro en una vivienda situada en la calle Olavarría al 800, donde se procedió al secuestro de dispositivos celulares que serán sometidos a peritajes en los próximos días.

Drogas: estuvo prófugo durante dos años y cayó en Coronel Suárez

La causa tuvo su origen el pasado 25 de agosto, a partir de datos aportados por la propia seccional de Pueblo San José.

Por ese motivo se dispusieron tareas de campo e inteligencia en la zona.

"Pasamanos"

Durante las jornadas de vigilancia previa, los investigadores constataron maniobras altamente compatibles con la venta de drogas al menudeo, como entradas y salidas fugaces de personas de la vivienda de Sarries -con permanencias de entre 9 y 30 segundos- e intercambios tipo “pasamanos” en la vía pública.

Con las pruebas recabadas, el 3 de septiembre se ejecutó un primer allanamiento en el inmueble del imputado. En aquel operativo, la Policía incautó cocaína fraccionada en 19 envoltorios de nylon, una balanza de precisión y teléfonos móviles.

El posterior análisis del material extraído del teléfono celular del sospechoso resultó decisivo para avanzar hacia la detención dado que se detectaron conversaciones e intercambios de mensajes donde se coordinaban puntos de encuentro para la entrega de la sustancia, se pactaban los montos de dinero, negociaciones y alias de cuentas donde se concretaban las transferencias bancarias.

Se prevé que el detenido sea trasladado ante el fiscal durante la jornada de mañana para prestar declaración indagatoria.

Si bien los primeros indicios apuntan a que se quitó la vida (fue encontrado en el baño y la vivienda cerrada con llave desde adentro), la investigación la lleva adelante la UFIJ Nº 12, a cargo de la fiscal Leila Scavarda.

Mientras tanto, su colega Marcelo Romero Jardín (UFIJ Nº 14) sigue con la causa por el delito sexual denunciado el pasado fin de semana por el joven, junto a sus padres.

El abuso se habría registrado en la casa de Ochoa, ubicada en Diagonal Cabildo 878, de Punta Alta, y por parte de una persona calva, cuya descripción coincidía con la del fallecido.

En principio se hizo un allanamiento para secuestrar material probatorio (prendas de vestir, sábanas, un teléfono, medicamentos y jeringas) y luego la Justicia ordenó la detención, pero cuando fue personal de la SubDDI de Coronel Rosales, sobre las 17.40 de ayer, se encontró con el trágico cuadro.

Si bien en un primer momento el menor aludió a dos personas en el lugar del delito sexual, "solo describió como abusador al hombre con las características fisonómicas de Ochoa", explicó un investigador.

"La otra persona sí estuvo en un primer momento, pero luego se fue y quedó solo Ochoa", agregó.

De esta manera, la investigación por el abuso podría avanzar hacia el archivo (por el fallecimiento del imputado), aunque previamente se deben completar distintas pericias del material secuestrado y se analizarán otras pruebas para descartar la intervención de terceros, según se informó.

El nombre de Ochoa había adquirido notoriedad hace más de 10 años, cuando el 1 de enero de 2018, mientras conducía a toda velocidad y alcoholizado por la autovía Alfonsín, atropelló a Matías Streitemberger -un joven de 18 años que perdió la vida virtualmente en el acto- y se dio a la fuga.

Para la Justicia ese hecho fue un homicidio simple con dolo eventual y condenó al hombre a 12 años de prisión, pena que cumplió durante un tiempo prolongado en prisión.

El año pasado recibió la libertad condicional y fijó domicilio en Punta Alta, teniendo que cumplir distintas reglas de conducta, a disposición del Juzgado de Ejecución Penal Nº 2.

Fuentes policiales confirmaron a La Nueva. que el cuerpo del hombre de 50 años fue hallado, cerca de las 17.40, en el baño de la vivienda ubicada en Diagonal Cabildo al 800, de la vecina ciudad.

"Lo encontraron ahorcado", indicaron los voceros, para agregar que la casa estaba cerrada con llave por dentro.

Al lugar concurrieron personal de la subDDI de Coronel Rosales, peritos de la Policía Científica y la ayudante fiscal puntaltense Lorena Villagra, quien recibió instrucciones del doctor Marcelo Romero Jardín, titular de la UFIJ N° 14 y encargado de investigar el delito sexual.

Ese hecho fue denunciado sobre las 10.30 del domingo por parte de los padres de la víctima, quienes dieron cuenta que su hijo había llegado a la casa "golpeado y drogado".

El joven, ya en presencia de los uniformados, relató que el hecho se habría registrado -entre la noche del sábado y la madrugada del domingo- en la vivienda cercana a la de un familiar suyo y aportó la descripción de dos personas (dijo que uno es pelado), que podrían ser los autores del delito. 

La otra persona que habría tomado parte del delito también estaría identificada y el inmueble donde se habría registrado el abuso ya había sido allanado para el secuestro de un teléfono, sábanas y medicación, que estaba siendo motivo de análisis.

Fuentes judiciales informaron que efectivos de la Estación de Comunal de Pueblo San José arrestaron a Gustavo Edgardo Casali.

La medida fue ordenada por el Tribunal en lo Criminal N° 1 luego de que quedara firme el fallo por el que el 2 de marzo de 2022 fue sentenciado a 4 años y medio de cárcel por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. También se lo declaró reincidente.

La causa en la que resultó imputado se inició a partir de un allanamiento realizado en agosto de 2019 en una vivienda de avenida Balcarce al 400, de aquella ciudad, cuando los uniformados secuestraron cocaína y otros elementos.

A mediados de 2022 la sentencia fue confirmada por el Tribunal de Casación, que también denegó a la defensa de Casali la posibilidad de interponer un recurso extraordinario.

Finalmente, en mayo de 2024, la Suprema Corte provincial rechazó un recurso de queja y posteriormente la sanción adquirió firmeza.

El 30 de julio de ese año el juez Ricardo Gutiérrez, integrante del Tribunal bahiense, ordenó la detención del sujeto para cumplir la pena.

Casali no pudo ser hallado en su domicilio y desde ese momento se mantuvo prófugo.

Los voceros mencionaron que en las últimas jornadas se detectó su presencia en Coronel Suárez y se dispuso el operativo que finalmente permitió arrestarlo.

La información fue suministrada por la Jefatura de Policía de Seguridad Comunal de Coronel Pringles y dio cuenta que sobre las 5.45 de hoy, el personal que patrullaba la zona céntrica interceptó al joven -no identificado por razones legales- cuando se encontraba en el interior de un utilitario Fiat Fiorino ajeno, en Rivadavia al 1.400.

Se pudo constatar que había abierto la guantera para apoderarse del dinero que se encontraba en su interior.

En su poder se encontraron una pistola de aire comprimido y un perfume masculino, que habrían sido sustraídos de otro auto, un Ford Focus, estacionado en la misma cuadra.

Se determinó, a su vez, que sería el mismo autor de la forzadura de la manija del portón trasero de otro vehículo.

Luego de ser trasladado a la comisaría pringlense, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 3, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, dispuso avanzar con el proceso aunque entregar al menor a un "adulto responsable".

"Habiendo transcurrido una hora, el mismo joven fue reducido por parte de tres vecinos que lo sorprendieron in fraganti delito, sustrayendo elementos del interior de un vehículo Citroen Xsara Picasso, estacionado en la calle Rauch al 100. 

Nuevamente intervino la Policía y traslado al joven en principio al hospital Municipal y luego a la seccional, donde intervino personal del Servicio Local de Protección y Promoción de los Derechos del Niño (agencia Coronel Pringles).