Así le respondió el acusador al defensor particular Carlos Carnevale, quien había manifestado en diferentes medios periodísticos que su clienta, Mariela Agunín (32), está presa en vinculación con un único caso en el que la Policía secuestró 7 gramos de marihuana en la plaza Rivadavia.

Según Del Cero, la imputación que sostiene contra Agunín y que avaló la justicia de Garantías bahiense es comercialización y suministro oneroso de estupefacientes, ambos delitos agravados por cometerse en lugares de esparcimiento público.

"El defensor afirma que Agunín fue detenida por tener en su poder sólo 7 gramos de marihuana, pero eso es falso. En primer lugar ella está detenida por comercializar estupefacientes durante un período determinado entre el 15 de noviembre de 2024 y el 9 de enero de 2025", precisó el fiscal especializado en materia de drogas.

Es decir que la procesada con prisión preventiva al parecer consumó ventas de cannabis sativa por casi dos meses, lapso que la fiscalía acreditó mediante el peritaje al teléfono celular de la mujer.

El titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 19 se refirió además al hecho del 9 de enero de 2025, cuando cámaras del CeÚM registraron a Agunín suministrándole los 7 gramos de marihuana a una chica en Chiclana y Alsina.

"No sólo fue filmada, sino que también está (el comprobante de) la transferencia de dinero por Mercado Pago que recibió la acusada", enfatizó Del Cero.

"Decir que a Agunín la detuvieron por esa cantidad de marihuana es falso, porque ese intercambio se detectó cuando la compradora ya estaba en posesión de la droga. Ni siquiera la tenía la imputada", agregó.

A la acusada se le atribuyen "varios" hechos de comercialización de estupefaciente, y no sólo el de la plaza Rivadavia, ya que este tipo de delito requiere "habitualidad" en su comisión, según indicó el fiscal de la causa.

De lo contrario -continuó- el juez de Garantías Nº 3 interviniente, Alberto Manzi, no habría autorizado la detención de Agunín.

En línea con el temperamento que suelen adoptar los jueces de Garantías, Manzi permitió que se obtenga sólo la información almacenada durante dos meses en el celular de la detenida secuestrado y peritado.

"Por eso surgieron las comercializaciones de ese período. Podríamos pedir la ampliación del peritaje y estoy seguro de que se detectarían más hechos", señaló Del Cero.

Agunín está privada de la libertad desde hace aproximadamente un mes y medio, procesada con prisión preventiva y alojada en la cárcel de Saavedra.

Ahora la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal debe resolver si morigera la medida cautelar, luego de que el defensor solicitara la excarcelación extraordinaria o el arresto domiciliario de su asistida.

Tanto la venta como el suministro oneroso de droga prevén penas de entre 4 y 15 años de prisión, escala que se eleva a entre 6 y 20 años si la operatoria ilícita se concreta en espacios públicos.

Uno de los fundamentos de la prisión preventiva es la magnitud de la pena en expectativa, que para estos casos es alta.

"Es lo que autoriza la ley o uno de los parámetros a tener en cuenta al momento de solicitar esa medida cautelar", explicó Del Cero.

"Para mí no correspondería la morigeración (de la preventiva) ni una excarcelación extraordinaria, porque el hecho es grave y la imputada no cumple ninguno de los requisitos establecidos por el Código Procesal Penal (para obtener esos beneficios)".

"No está embarazada, no es madre de niños pequeños ni tiene una enfermedad grave terminal", finalizó el fiscal.

En medios de comunicación locales, el defensor Carnevale había declarado que la pena en expectativa de los delitos que se le imputan a Agunín, es el "único motivo" por el que su patrocinada permanece detenida.

Además aseveró que, tras el análisis al celular de su clienta, los peritos no hallaron elementos que la incriminen en relación con la comercialización de droga, ni tampoco durante el allanamiento en su domicilio.

“Lo único que encuentran es el intercambio de mensajes por el cual Mariela y su amiga arreglan encontrarse en la Plaza Rivadavia. Para el fiscal esa situación configura el delito de comercialización de estupefacientes agravada por ser cometida en un espacio público, que para nuestra legislación tiene una pena de entre 6 y 20 años de prisión. La expectativa de pena es el único motivo por el que ella hoy está detenida”, planteó Carnevale en declaraciones radiales.

Agunín presentaría problemas de salud, por eso su defensor apeló la prisión preventiva y pidió su excarcelación extraordinaria y, de manera subsidiaria, arresto domiciliario.

“Lo pedimos teniendo en cuenta que la regla es la libertad y más en un caso como este, en el que ella no tiene antecedentes penales, tiene una familia que la acompaña y tenía expectativas de trabajo. Es decir, es una persona que está fuera del sistema penal y no hay ningún riesgo procesal por el que ella no pueda transitar en libertad el proceso”, fundamentó.

"El fiscal Del Cero tiene una postura en general y no la cambia más allá de los casos", expresó Carnevale.

Según la defensa, Agunín consume cannabis medicinal por problemas de insomnio y, al momento de iniciarse la investigación, tenía en trámite el Registro Nacional de Pacientes en Tratamiento con Cannabis (Reprocann), certificado que recibió ya encarcelada.

Fuentes oficiales indicaron que el siniestro se produjo sobre la ruta 51, a unos 10 kilómetros de distancia de esa ciudad.

Por cuestiones que se tratan de establecer la víctima perdió el control de la unidad, la que terminó volcada sobre uno de sus laterales en la banquina.

También se produjo el derrame de la carga de canto rodado que transportaba, aunque no hubo necesidad de interrumpir el tránsito por la zona.

Los voceros mencionaron que el conductor -ni se brindó la identidad- padeció algunos golpes y recibió atención médica. (El Orden)

Se trata de Pablo Andrés Castillo Antipe y Camilo Germán Pardo Villarroel, a quienes les desestimaron el ingreso a nuestro país el 8 de abril pasado, regresando de inmediato a tierras chilenas, con lo cual se cree que retornaron de forma clandestina.

El tercero, Leonel Antonio Villa Villa, sí tiene registro oficial de ingreso el 27 de mayo último, luego de que también se le impidiera pasar el 8 de abril.

Se descubrió que al menos dos de ellos tienen prontuario chileno.

En junio de 2014, a Pardo Villarroel le dictaron la prisión preventiva en Temuco, acusado de robar en un supermercado junto con otras dos personas.

Mientras que en abril de 2022, Castillo Antipe fue acusado, junto con otro delincuente, de operar desde el interior de una cárcel para cometer estafas reiteradas en la compra-venta de vehículos.

En Moreno y Güemes

Por otra parte, se determinó que, además del robo de más de 40 millones de pesos a la distribuidora Santarossa -botín que se recuperó casi en su totalidad en la estación de micros-, los extranjeros estarían relacionados con otros delitos en este medio.

Sería, por caso, quienes el miércoles pasado, a primera hora de la tarde y utilizando un inhibidor de señales, accedieron a un vehículo Renault Sandero estacionado en Moreno y Güemes.

Del vehículo, perteneciente a un hombre de 43 años, sustrajeron un maletín con escrituras, recetas y sellos, además de tarjetas de crédito y débito varias y otra documentación.

Los tres acusados quedaron a disposición de la fiscalía de Bahía Blanca y tendrán que responder, al menos, por los dos hechos más recientes cometidos en la ciudad.

Se trata de Juan Cruz Domenichetti, quien a fines de 2023 fue condenado por el Tribunal en lo Criminal a 5 años de prisión tras ser sorprendido con armas de fuego en su poder. Su pena vence el 18 de abril de 2028.

Voceros oficiales señalaron que el juez Onildo Stemphelet, quien hasta diciembre pasado ocupaba el Juzgado de Ejecución Penal Nº 2, le había otorgado al sujeto la posibilidad de usfructuar salidas transitorias laborales.

Se supo que cumplía tareas en un carro de comidas en la ciudad de Punta Alta y que ayer a la tarde personal de monitoreo detectó que se produjo un corte en la tobillera electrónica que le habían colocado.

Por otra parte, las autoridades penitenciarias confirmaron que Domenichetti no regresó a la Unidad Penal Nº 4 de Villa Floresta.

El caso por el que fue sentenciado se produjo el 19 de abril de 2023, en Punta Alta, cuando personal policial interceptó el Peugeot 207 en el que se movilizaba junto a otras dos personas.

Al registrar las pertenencias los oficiales encontraron en una mochila una pistola Beretta calibre .22 con 8 municiones y un revólver calibre .38 cargado con 4 municiones, además de otros dos revólveres descargados entre las prendas de Carlos Astiasarán (sentenciado a 4 años de cárcel).

Celda allanada

Personal policial registró en los últimos días la celda que hasta ahora ocupaba Domenichetti en una causa que se investiga la presunta comercialización de drogas.

La medida tiene relación con la detención de Yoel Brian Rodríguez, quien fue detenido por orden del Juzgado de Garantías Nº 2, durante un allanamiento en una vivienda del barrio 27 de Septiembre de Punta Alta.

Voceros judiciales explicaron que la causa se puso en marcha el 16 de octubre del año pasado, cuando en Brown y Rivadavia de la vecina ciudad la policía interceptó a Rodríguez cuando circulaba en una moto sin documentación del rodado ni licencia de conducir.

También se determinó que "tenía vigente una inhabilitación para conducir solicitada por el Juzgado de Garantías N° 3 en el marco de una causa por homicidio culposo".

En su poder hallaron en el interior de una mochila "dos celulares, una balanza de precisión, un cuaderno con anotaciones, un envoltorio con cocaína y unos 156 mil pesos".

"De la visualización del teléfono se extrajeron multiples comunicaciones que dan cuenta de la presunta comercialización de cocaína por parte de Rodriguez en puntos preacordados de la localidad de Punta Alta", agregaron los voceros.

Rodríguez fue indagado en la víspera por el fiscal Mauricio Del Cero y se negó a declarar.

El sospechoso, identificado como Osvaldo Fasseta de 47 años, fue detenido luego de una serie de entrevistas que dio en los medios, en donde contó detalles sobre la búsqueda de Agostina. Su abogado, Eduardo Allende Medina, confirmó que lo acusan de supuesto "encubrimiento agravado”.

“Yo no vi el expediente, pero sí sé que en Córdoba cuando los fiscales no tienen nada que hacer, hacen algo para justificar que hacen y dictan prisiones preventivas. Son las cosas que hacen rápidamente todos -apuntó-. Él no estuvo el sábado, él llegó el domingo a la casa. Dice que lo que le pareció raro es que había dejado unas frazadas gris oscuro y encontró unas frazadas blancas”.

“Mi cliente tiene las pruebas. Al lado de donde trabaja mi cliente, hay una panadería y la policía secuestró las cámaras de seguridad de ese lugar, que demuestran que él estuvo trabajando hasta por lo menos las 4 de la madrugada”, precisó el letrado.

Según indicó, su defendido conoció a Barrelier hace diez meses: “Se conocían por ser hinchas de Instituto. (Claudio) es el que le presenta a la madre de Agostina y a Agostina. Él le ofreció su casa; él se quedaba ahí”.

De todas formas, aclaró que Fasseta se estaba quedando en la casa de su mamá, donde también estaban sus dos hijos. “Esta tarde estaba muy mal, agobiado. Me dijo: ‘La próxima vez me van a tener que sacar con agua hirviendo porque no me voy de la casa ni a palos’”, concluyó.

Se espera que en las próximas horas se avance con la declaración indagatoria y no descartan nuevas detenciones.

El testimonio del segundo detenido por el femicidio de Agostina Vega

Más temprano, Fasseta reveló un detalle que le llamó la atención el domingo, unas horas después de desaparición de la adolescente: “Habían puesto un acolchado color clarito en la cama donde yo dormía”.

“Las colchas que yo tenía el sábado al mediodía, antes de irme, eran grises. Cuando volví, era otra, una color cremita. No la había visto nunca”, sostuvo.

Según relató, el sábado pasaron todo el día con Barrelier y la familia de la adolescente. “Al mediodía, me fui con Claudio a donde él jugaba al fútbol. Ahí estaba Agostina con su hermano más chico y su mamá, que solían ir al mismo complejo. Estuvimos juntos. De ahí nos fuimos a un cumpleaños, los cinco juntos y de ahí Agostina, su mamá y el nene se fueron a su casa. Claudio se fue conmigo hasta mi lugar de trabajo. Cerca de las 21, él se fue. Me dijo que iba hasta la casa de una amiga y que después se iba a la casa”, precisó y aseguró que las cámaras de seguridad de la cuadra pueden constatar su versión.

“Cuando estábamos en la cancha, escuché que Agostina le pidió (a Claudio) su número de teléfono. En ese momento él no se lo da. La mamá estaba cerca de ella”, recordó.

De acuerdo a su testimonio, se enteró de la desaparición de la joven cuando Heredia lo llamó para pedirle ayuda: “A las 5 de la mañana me llamó la mamá y me contó. Cerré el negocio y, con dos amigos que estaban ahí con movilidad, estuvimos dando un par de vueltas y fuimos al domicilio de Melisa a ver si encontrábamos a su hija”.

“La buscamos en plazas y en la calle. Y después nos fuimos a la comisaría a hacer la exposición. Estuvimos un rato y nos dijeron que fuéramos a la Unidad Judicial a hacer la denuncia. Hasta que nos tomaron la denuncia se hicieron las 8 de la mañana”, sostuvo.

Respecto de la presencia de Barrelier en la búsqueda, aclaró: “No colaboró con nosotros. En ese momento, con la desesperación que tenía la madre, cerré el kiosco y nos fuimos. Lo que menos pensamos es si él estaba colaborando o no. Fuimos a darle una mano a una mamá que estaba desesperada y sola en la casa”.

Sobre el cierre, Fasseta admitió que tenía miedo: “Miedo de que alguien venga a vengarse y miedo de quedar pegado como un perejil”. (con información de TN)

Desde la comisaría Primera los identificaron como Leonel Antonio Villa Villa, de 42 años, Pablo Andrés Castillo Antipe (44) y Camilo Germán Pardo Villarroel (33), todos con domicilio en la ciudad trasandina de Temuco.

Los tres estaban a punto de tomar un micro hacia la ciudad de Mar del Plata, con el botín en su poder, cuando se produjo la detención, de la que tuvieron activa participación los comisarios Cristian Lombardo y Hernán Taccari, de las seccionales Primera y Segunda, así como su personal y otras dependencias.

En un valija les secuestraron fajos de dinero en efectivo por un total de 35.995.730 pesos de moneda nacional, dinero que fue reconcido por las autoridades de la distribuidora Santarossa,  a partir de algunas inscripciones en los fajos.

Trascendió que el monto de lo robado superaría los 40 millones de pesos, con lo cual no se descarta que alguna conexión local de los tres arrestados podría haberse alzado con el resto.

En la terminal también secuestraron un handy (inhibidor), herramientas varias de corte con signos de haber sido utilizadas en el cielorraso del comercio, guantes y capuchas.

Las prendas secuestradas, a su vez, son las utilizadas para cometer el hecho según el análisis fílmico como así también las herramientas.

Además de las imputaciones por robo doblemente agravado por efracción y por cometerse en poblado y en banda, a los extranjeros se les iniciaron actuaciones por cohecho, porque quisieron coimear a los primeros policías que llegaron a interceptarlos.

El operativo se produjo en la terminal de colectivos local, a pocos metros de la sede del Centro Único de Monitoreo, cuando presuntamente pretendían dejar la ciudad con destino a Mar del Plata.

El funcionario comentó que las cámaras pudieron reconstruir movimientos que los aprehendidos habían realizado anoche en un sector de la ciudad.

"Los operadores advirtieron movimientos sospechosos y se hizo el seguimiento. Se pudo establecer dónde habían alquilado el auto, qué habían hecho, y finalmente se logró identificarlos en la terminal con una mochila".

Agregó que "compartimos las imágenes con la policía y se avanzó. El trabajo del monitoreo es muy importante y fundamental la coordinación con la fuerza para tener más seguridad".

Respecto a los individuos, consideró que "son personas que vienen, cometen el ilícito y se van de la ciudad. No habíamos tenido este tipo de casos en el último tiempo. Con las cámaras y el trabajo policial son hechos que se pueden resolver".

La información sobre los presuntos autores del millonario robo, en la modalidad boqueteros, a la distribuidora de Brandsen al 700 la confirmó Federico Montero, subsecretario bonaerense de Fiscalización y Control Policial.

"Es un procedimiento importante, por el momento que había pasado los dueños de la firma (Distribuidora Santarossa) y lo que cuesta todo hoy. Felicito en primer término al trabajo en conjunto entre la Policía y el Centro de Monitoreo. Han sido vitales las cámaras para poder llegar a estas resolución", confirmó Montero.

Dijo el funcionario que todas las comisarías se pusieron a trabajar de manera articulada una vez conocido el delito esta mañana.

"Hace un rato alerta Monitoreo de una conducta anómala por las cámaras, que coincidía con lo que estábamos buscando, obviamente todo va a ser materia pericial. El dueño de la firma reconoció en primer término la plata", agregó. 

Montero aclaró que no se descarta que los extranjeros sean autores de otros delitos bajo la misma modalidad u otra y que la fiscalía será la encargada de resolver en consecuencia.

"Tenemos la sospecha que tienen algún tipo de delito en su haber y que la fiscalía defina si son o no son", sostuvo, para agregar que evalúan "una posible conexión interna".

El operativo policial permitió, a su vez, el secuestro de valijas con una importante cantidad de dinero en efectivo -la sustracción había sido del orden de los 50 millones de pesos-, herramientas y otros elementos probatorios.

"Creemos que tenían conocimiento", dijo el dueño de la distribuidora

Para llegar a los presuntos delincuentes fue clave, según se informó, el seguimiento que se hizo de los ladrones a través de las cámaras del Centro Único de Monitoreo (CeUM).

Al lugar del procedimiento arribaron el comisario Gonzalo Sandobal, jefe de la Policía bahiense y Federico Montero, subsecretario de Fiscalización y Control Policial del Ministerio de Seguridad, entre otras autoridades.

Los sospechosos, según fuentes policiales, son tres hombres de nacionalidad chilena -no identificados por el momento aunque se supo que tienen domicilio en la ciudad de Temuco- que, a minutos del operativo, tenían previsto tomar un colectivo de larga distancia hacia la ciudad de Mar del Plata. 

También se informó que aparentemente habrían tratado de coimear a los primeros policías para poder continuar con el viaje, pero no obtuvieron una respuesta favorable.

Según las primeras informaciones, los ladrones sustrajeron al parecer 50 millones de pesos que había en una oficina del comercio ubicado en Brandsen al 700.

La alarma del depósito se activó ayer a la noche y personal de la empresa de vigilancia contratada se hizo presente e inspeccionó las instalaciones, pero no detectó nada sospechoso.

Sin embargo esta mañana Osvaldo Santarossa (71), propietario de Distribuidora Santarossa, constató el faltante del dinero con el que se iban a pagar sueldos y a proveedores.

El supermercado también cuenta con un sistema de monitoreo, por eso ahora los investigadores intentar obtener imágenes de lo sucedido.

En el lugar trabajaron efectivos policiales de la comisaría Primera y peritos de la Policía Científica.

Dijo el empresario que los delincuentes ingresaron por los techos de su oficina y bajaron mediante una soga. "Se cruzaron a la oficina de enfrente donde tenía todo el dinero para pagar sueldos y proveedores", declaró.

En ese mismo sentido, el denunciante sostuvo: "Creemos que tenían conocimiento, que sabían dónde está la oficina con la plata. Por la fecha (de pagos), deduzco que sabían y en qué parte se guardaba y por dónde se podía entrar".

Si bien Santarossa no dio detalles del monto sustraído y se limitó a decir que era "bastante", algunas versiones dan cuenta que le llevaron unos 50 millones de pesos.

"Era dinero para abonar los sueldos, para depositar y para pagar a los proveedores. Quedó el dinero de cambio, unos 10 millones de pesos, que para mi no tuvieron tiempo suficiente, porque cuando se dispara la alarma, subieron rápido", detalló.

Santarossa dijo que hacía tiempo que no tenían un delito de estas características  y que no sabe cómo ajustar más las medidas de seguridad.

"Tenemos cámaras, vigilancias, pero vamos a ver lo que podemos hacer, no sabemos qué podemos hacer", finalizó.

El hecho ocurrió pasadas las 9, en inmediaciones a la calle Brasil, cuando personal policial tomó conocimiento de la sustracción de una bicicleta del interior del patio de una vivienda. 

Rápidamente los uniformados lograron dar con el hombre -no identificado-, quien se movilizaba a bordo del rodado sustraído, siendo aprehendido inmediatamente y trasladado a sede policial. 

Posteriormente se presentó una mujer en la dependencia policial de Villalonga denunciando la sustracción de su auto, el que se encontraba estacionado fuera de su domicilio, siendo hallado a los pocos minutos por el personal policial, estableciéndose que el autor del hecho sería el mismo sujeto aprehendido. 

En el hecho tomó intervención Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 15 y la Ayudantia Fiscal del partido de Patagones, ambos del Departamento Judicial Bahía Blanca.

Esa información fue confirmada por Julieta Benítez, nuera y cuñada de las fallecidas.

"La causa va avanzando, no hay dudas de que fue él", dijo la entrevistada al Servicio Informativo de LU2.

Julieta ratificó que la familia fue notificada hace algunos días de los últimos estudios foreneses.

"Bajo sus uñas había ADN de ambas, llegaron todos los resultados y las pericias, también su ropa con nafta, hay varias cosas que lo definen a él", declaró.

Incendio y muertes: quiénes eran las víctimas del barrio Thompson

Los crímenes se registraron el 7 de octubre pasado, cuando el hombre habría ingresado al domicilio de la calle Santa Fe al 2.300, sobre las 18.40, para retirarse a las 23.30 aproximadamente.

En ese franja horaria habría provocado la muerte de ambas mujeres -nunca quedó claro el móvil-, una de las cuales se resistió lesionando con sus uñas al acusado, luego de lo cual el hombre causó un incendio en el inmueble.

"Ahora se cumplen 8 meses y nos habían dado el plazo de 10 meses para que finalice la causa. Esperamos el juicio para verle la cara. Sabemos que nunca nos va a decir por qué, pero al menos verle la cara, y ver a su familia también, porque nunca se acercaron ni siquiera a pedirnos disculpas", declaró Julieta.

Velázquez, quien era primo de Myriam y tío segundo de Mariana, busca el beneficio del arresto domiciliario, ya que supuestamente está con problemas de salud.

"Queremos que no lo saquen (de la cárcel) por una diabetes que nunca le interesó. Esto es un femicidio y él tiene una mujer e hijas, qué sucedería si saldría, se expone a toda la familia, quién lo va a controlar. Eso nos deja intranquilos", relató la familiar de las víctimas.

Julieta, por último, reconoció que el caso de Agostina Vega en Córdoba "los movilizó", porque "siguen pasando estas situaciones".

"Es super difícil este momento. Mi marido (Leandro, hijo y hermano de las víctimas) ya no se ríe y trabaja todo el día. Tenemos un nene con una operación por un tumor cerebral y es todo muy complicado. A ellas las sentimos presentes en cada cosa del nene", afirmó.

Se trata de Alex Oscar Sepúlveda, de 26 años, a quien le imputan los delitos de robo y robo en grado de tentativa.

El acusado utilizó una piedra para romper un cristal de la oficina, pero al activarse la alarma de seguridad fue reducido, pese a que intentó emprender la fuga y se produjo una breve persecución.

Una vez trasladado a la sede policial, y a partir del análisis de registros fílmicos, los investigadores lograron establecer que Sepúlveda también había sido el autor de un robo consumado el pasado lunes en un minimercado ubicado en inmediaciones de Brandsen y Dorrego.

En ese hecho, el delincuente había ingresado al comercio tras romper un cristal de la parte frontal, apoderándose de dinero en efectivo, bebidas alcohólicas y cigarrillos, para luego darse a la fuga.

Con las pruebas reunidas, Sepúlveda quedó imputado y puesto a disposición de las UFIJ N°15, 7 y 2 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

Los voceros indicaron que el episodio se produjo alrededor de las 16, en la zona de Martín Lutero y Chubut.

Mencionaron que Ezequiel Suárez, de 18 años, fue atacado por un par de individuos que se movilizaban en una motocicleta y escaparon tras efectuar un tiro.

La víctima fue atendida en el lugar por un médico del servicio de emergencias Siempre y no hubo necesidad de derivarla a un hospital.

"Podría tratarse de un conflicto de vieja data entre familias, aunque se está investigando el motivo de la agresión", explicó la fuente.

El caso es investigado por personal de la seccional Sexta.

El procedimiento se desarrolló alrededor de las 14.30, cuando personal del Cuerpo Motorizado acudió al lugar ante una alerta emitida por el 911. Al llegar a la zona de calle Pampa Central al 100, los efectivos interceptaron al sospechoso, identificado como Jorge Damián Cuevas.

Según se informó, momentos antes el hombre había tomado diversos elementos del interior de una Fiat Fiorino que se encontraba estacionada en la primera cuadra de Emilio Rosas.

Los objetos sustraídos fueron recuperados y Cuevas quedó aprehendido por el delito de hurto en grado de tentativa.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 15, mientras que las actuaciones fueron realizadas en la Comisaría Primera.

Daniela describió que mediante la estafa fue despojada de la mitad del dinero que cobra por su jubilación.

"Se contactó alguien por WhatsApp haciéndose pasar por mi hija desde un teléfono con característica de Bahía, diciendome que se le había roto el celular y me pidió si le podía pasar plata. Dijo algunas cosas que me hicieron pensar que podía ser ella, me hablaba muy directamente", comentó la víctima en declaraciones al programa Panorama de LU2.

"Lo hice inocentemente. Uno piensa que cuando suceden estas cosas se va a dar cuenta, pero me pasó. A mucha gente le ocurre", agregó.

También sostuvo que el delincuente tenía mucha información, ya que utilizó una cuenta en la que aparecía la foto y el nombre de su hija.

"Sabía que era la madre, evidentemente le han hackeado el celular y me engañaron. Me dijeron que este tipo de estafas es muy común, pero que no habían visto la preparación que hubo en este caso".

La damnificada realizó la denuncia y el caso es investigado por la justicia.

"Son profesionales de la mentira y saben qué cosas decirnos, sobre todo a las madres", finalizó. 

El sospechoso fue identificado como Walter Gabriel Trui Trui, de 32 años, a quien le imputaron los delitos de tentativa de robo agravado por escalamiento, desobediencia, resistencia a la autoridad y lesiones.

El operativo se originó sobre las 17 del martes, a partir de un llamado al 911 que alertó sobre una persona que había escalado un paredón para acceder al inmueble.

Al arribar el primer patrullero, los efectivos encontraron al sospechoso oculto debajo de una camioneta, dentro de la propiedad.

Previamente, según se constató, había dañado los cristales de una ventana para ingresar y ya tenía varios elementos preparados -especialmente cables y herramientas- para la sustracción.

El aprehendido quedó a disposición de la UFIJ N° 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

Se informó que Trui Trui cuenta con amplios antecedentes delictivos, habiendo purgado varias veces penas en el penal de nuestra ciudad.
 

Se lo identificó como Leandro Ricardo Riveros, quien no solo cuenta con acusaciones en nuestro medio -por obras pendientes y cobros anticipados- sino también en Neuquén y el Valle rionegrino, de donde sería oriundo.

A Riveros no solo le imputan ese tipo de situaciones sino también actos de amenazas y violencia, según relató Gisela Ragadale (43), la última denunciante.

La mujer, que prestó declaración testimonial el lunes en la comisaría Primera, relató que, sin saber de esta situación, había contratado los servicios de Riveros para acondicionar los calefactores de su vivienda y también realizar trabajos de reparación en el techo de la casa de su padre.

Sin embargo, según dijo, el operario le fue pidiendo distintas entregas de dinero -más de 500 mil pesos en total-, pero las tareas no concluyeron.

"Su forma de operar es ir sacando plata de a poco a personas que no entienden del tema: mujeres solas, abuelos, gente grande...", explicó Ragadale.

"El trabajo nunca lo termina y, cuando se le exige, se pone en modo amenazador", agregó.

La mujer pidió difundir el caso para que no haya más víctimas de esta persona que, según dijo, tiene domicilio en la primera cuadra de la calle Beruti.

Según informaron fuentes oficiales, el episodio se registró en una casa ubicada en calle 25 de Mayo al 100, donde Fabián Héctor Aramburu habría arrojado piedras contra el inmueble, provocando daños en una persiana.

Posteriormente, en el marco de una discusión que tendría su origen en conflictos económicos familiares, el hombre habría intentado agredir a su hermano con un cuchillo tipo carnicero.

Al llegar al lugar, efectivos policiales intervinieron para controlar la situación. En ese contexto, Aramburu habría opuesto resistencia al procedimiento, aunque finalmente fue reducido y aprehendido.

Las mismas fuentes señalaron que no se registraron personas lesionadas durante el incidente.

El acusado fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca, en una causa caratulada como amenazas agravadas, daño y resistencia a la autoridad.