Fuentes oficiales indicaron que las tareas se desarrollaron en jurisdicción de las comisarías Primera, Quinta y Sexta, respondiendo al análisis del mapa del delitos que realizan las autoridades de la fuerza bonaerense en la ciudad.

El punto de partida del procedimiento fue el denominado Parque Noroeste, donde estuvo presente el intendente municipal Federico Susbielles; el Subsecretario del Ministerio de Seguridad, Federico Montero; el Director de la Agencia de Seguridad local, Martin Pacheco; el comisario general Gonzalo Bezos y el comisario mayor Gonzalo Sandobal.

Además del personal de las dependencias señaladas, del UTOI y de la Policía Local, entre otras áreas, tomaron parte oficiales de la Comisaría de la Mujer y la Familia que llevaron adelante la entrega de folletería e información sobre la temática que atiende esa repartición.

Los voceros mencionaron que durante las tareas de control e identificación de personas y vehículo, se puso a disposición de la justicia a 13 individuos (3 de ellos menores), incautaron dos armas de fuego, una moto con pedido de secuestro y 20 gramos de marihuana y 15 de cocaína.

Se trata de una causa por supuesta asociación ilícita y fraude al Estado que, entre 1999 y 2000, tuvo gran repercusión.

Pese al tiempo, el expediente se cerró sin condenas porque luego de distintas instancias judiciales los imputados llegaron a un acuerdo reparatorio y decidieron aportar dinero a la Cooperadora del hospital Penna.

Más de 6 millones de pesos fueron destinados al policlínico regional, que resultó gravemente afectado por la inundación del 7 de marzo de 2025.

Recientemente, y luego de aportarse los comprobantes de pago, el juez Ernesto Sebastián, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de nuestra ciudad, declaró extinguida la acción penal y dictó el sobreseimiento de cinco de los seis imputados.

Se trata de Pedro Alberto Montes, al momento de los hechos coordinador de la gerencia de Calidad de Vida del PAMI; Norberto Enrique Carli, subgerente del plan 'ProBienestar'; Guillermo Damián Gori, asesor de la gerencia de Calidad de Vida; Nanci Beatriz Tarantino, coordinadora operativa de la subgerencia; y Sonia Daysi Cergneux, titular de la delegación local.

El primero abonó 1.500.000 pesos, mientras que el resto de los procesados aportaron 1.200.000 cada uno de ellos.

Liliana Díaz, quien en ese momento era coordinadora de la delegación V, con asiento en Bahía, también acordó una reparación, pero como aún no abonó lo convenido no fue incluida en la resolución.

La mujer alegó no disponer del efectivo por cuestiones de fuerza mayor y realizó una propuesta para cumplir con el compromiso.

Maniobra

¿De qué se los acusó? De otorgar, en 1999, subsidios a centros de jubilados para la compra de equipos de imprenta o maquinarias para confeccionar bolsas de polietileno.

Se entregaron montos por 13.000 y 14.000 pesos (actualmente unos 27 millones de pesos, según el cálculo inflacionario) cuando los equipos, para esa época, tenían un valor de mercado de entre 3.000 y 6.000 pesos. Y siempre cotizaban dos empresas: Juan Carlos Russo, de Lomas de Zamora y Magnotec, de Villa Ballester.

En Bahía detectaron la acción en tres centros de jubilados: Grunbein, Barrios del Sur y Loma Paraguaya.

Les decían a los directivos de esas entidades -según la investigación- que debían firmar una nota en blanco para el pedido y después avanzaban con la maniobra.

Un jubilado declaró que habían rechazado la propuesta por no adaptarse a las necesidades del sector, muy humilde, y porque los asistentes no iban a entender cómo manejar las máquinas, aunque tuvo que ceder frente a la insistencia de uno de los imputados, quien le aseguró que “eran unos privilegiados” por haber salido sorteados.

“A los integrantes de su centro de jubilados les sorprendió el monto que les dio el PAMI, porque en otras oportunidades habían solicitado unos pocos ladrillos y nunca fueron entregados”, indicó en ese momento una fuente de la investigación.

Demasiado largo

El 11 de julio de 2000 (5 días después de la denuncia), el entonces juez Luis Ramón Dardanelli Alsina resolvió instruir sumario y corrió vista para fijar la competencia.

El fiscal Hugo Cañón creía que debía seguir interviniendo Bahía. El 26 de octubre de 2000, el magistrado se declaró incompetente y mandó la causa a la justicia federal porteña.

Casi un año después, la Cámara Federal de Buenos Aires revocó esa medida y envió de vuelta las actuaciones a nuestra ciudad.

El 30 de mayo de 2004, Dardanelli Alsina dispuso citar a indagatoria a los acusados y decidió tener por querellante al PAMI.

Cuatro años después, y tras diversos pedidos de las defensas, se llevaron adelante las audiencias.

El 12 de agosto de 2008, el juez decretó el procesamiento de los 6 acusados, por fraude a la administración pública en función de estafas reiteradas en grado de tentativa, en concurso real con el de asociación ilícita y los dejó en libertad.

Planteos , cambios de jueces y defensas, y situaciones procesales estiraron los plazos, hasta que a mediados de 2020 la Cámara Federal de Casación Penal anuló el sobreseimiento de los imputados y ordenó juzgarlos.

Esto no ocurrió, porque los acusados acordaron reparar el daño causado y "gambetear" definitivamente el debate.

Solo un imputado sigue en Bahía

Se alejaron. Según el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal, apenas uno de los seis imputados en la causa permanece en Bahía Blanca. Solo Diez se encuentra radicada en nuestra ciudad.

Destinos. Montes y Tarantino fijaron domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que Carli vive en el partido de Lanús. Cergneux reside en Esquel, provincia de Chubut, mientras que Gori se estableció en Estados Unidos, en el estado de Florida. 

Los acusados son los hermanos Alejandro Nicolás y Bernardo Comisso, oriundos de Choele Choel, quienes a través de la firma Viviendas Compac engañaron a clientes mediante la supuesta construcción de viviendas en seco y la venta de terrenos.

La compañía comenzó a funcionar en 2019, con oficinas administrativas y el local comercial ubicados en Donado al 300 de nuestra ciudad.

Con sucursales abiertas al público, empleados, materiales acopiados y catálogos de viviendas supuestamente ya construidas, los estafadores generaron confianza en sus clientes, que después se convertían en víctimas.

Los compradores entregaban anticipos de dinero, muchas veces equivalentes al 70% del valor total de la obra, o por medio del pago en efectivo de cuotas mensuales y transferencias bancarias, según estableció el Ministerio Público Fiscal de Neuquén.

Pero las obras nunca se iniciaban o evidenciaban avances mínimos.

Ante los reclamos, los hermanos Comisso atribuían las demoras a problemas de salud, dificultades derivadas de la pandemia o a la falta de materiales.

Finalmente los imputados abandonaban las oficinas y dejaban de tener contacto con los clientes, mientras que el dinero recibido se utilizaba para "cubrir deudas previas, gastos corrientes y consumos personales", en vez de destinarse a las obras comprometidas.

El juez que homologó el trámite abreviado confirmó que el perjuicio económico probado asciende a "244.937 dólares y 20.523.248,58 pesos", de acuerdo con los peritajes contables realizados.

En juicio abreviado, el fiscal de delitos económicos de Neuquén, Juan Manuel Narváez, pidió una pena de prisión de cumplimiento efectivo para Alejandro Comisso (38), quien se responsabilizó penalmente por 14 hechos de estafa.

En la audiencia de cesura, las partes del proceso debatirán sobre el monto de la condena a imponer al imputado que, al parecer, está radicado en Bahía.

Su hermano Bernardo (43) también fue condenado, pero a 3 años de prisión en suspenso, como partícipe de 11 maniobras estafatorias bajo esta modalidad.

Además, durante el mismo período, deberá cumplir reglas de conducta, como mantener domicilio actualizado, presentarse periódicamente ante el Instituto de Liberados neuquino y concretar 288 horas de trabajo comunitario.

En el marco de la megacausa, la fiscalía especializada neuquina también investigó a la madre de la hija de Alejandro, aunque luego a la mujer -con domicilio en Bahía- se la desvinculó de los delitos.

Narváez afirmó que en 2024, desde la UFIJ Nº 10 bahiense, el fiscal Gustavo Zorzano le pidió "información" sobre esta pesquisa.

Sin embargo, desconoce si se abrieron causas penales en Bahía. Desde la fiscalía local, a su vez, no dieron respuesta a esa consulta.

El acusador neuquino sí habló de demandas civiles en Bahía contra los Comisso.

En estos casos los condenados habrían incumplido los contratos de construcción que ofrecían.

"En Neuquén establecimos que la conducta de los hermanos configura un delito penal (estafa), en vez de un incumplimiento de contrato. Ellos no tenían recursos para construir esas viviendas en 60 días", dijo el representante del Ministerio Público Fiscal neuquino.

Los delincuentes también ofrecían a la venta terrenos en Neuquén, Centenario y Plottier.

En 2019 Alejandro Comisso formó la sociedad Viviendas Compac con Luciano Pacciaroni, dedicada al rubro mencionado.

Alquiló un galpón en Chile al 1700 de esta ciudad, donde se construían los módulos prefabricados de las viviendas que luego se ensamblaban en los lotes de los clientes.

Además contrató personal especializado y comenzó la venta de viviendas. Los compradores pagaban entre un 50% y un 60% del costo para adquirir los materiales.

Los titulares de la firma alquilaron también un local ubicado en la calle J.J. Lastra 1120, de Neuquén capital, donde funcionó una sucursal de ventas.

A menos de un año del inicio de actividades, la empresa ya había construido y entregado 8 unidades habitacionales y tenía comprometidas otras 20 casas.

Sin embargo, en mayo de 2020 la firma cesó la fabricación de viviendas a raíz de la pandemia, pero los empleadores tuvieron que seguir pagando los sueldos de los trabajadores y los alquileres de los inmuebles.

Esta situación generó una gran pérdida económica para la empresa, según se indica en el concurso preventivo presentado en su momento por la firma.

En Bahía Blanca, la compañía "fantasma" también habría tenido una oficina en O'Higgins 458, según los investigadores neuquinos.

Limitación. El menor de los Comisso no está detenido, pero en el marco de la causa en Neuquén, como medidas de coerción, debe comparecer mensualmente en la Unidad Fiscal de Delitos Económicos de aquella provincia y tiene prohibido salir del país.

Bienes. La Justicia neuquina dispuso además la inhibición general de bienes en perjuicio de Alejandro Comisso.

Cipolletti. Hace unos días, la Policía rionegrina demoró al nombrado en Cipolletti, en torno de una investigación también por estafas. Este tipo de ilícitos los habría cometido además en Choele Choel.

Automotores. Según señaló Narváez, a Alejandro Comisso también se lo vinculó con fraudes mediante la falsa promoción de planes de ahorro para la compra de vehículos, aunque en verdad no tenía relación comercial con ninguna concesionaria.

Zona. "Hay un caso, por ejemplo, de una señora que lo contrató para construir una casa en Monte Hermoso y la estafó", dijo Narváez.

El 6 de diciembre de 2018 era todo alegría para C.R.P., un vecino de Coronel Pringles que, no sin esfuerzo, había llegado a su 0km.

Aquel día se dirigió a Centenario Automotores S.A., una concesionaria ubicada en la localidad de Bragado, y retiró el Chevrolet Cruze LTZ, turbo, de 4 puertas, que había adquirido previamente. 

Luego del papeleo de rigor, el hombre retomó camino de regreso a su ciudad de origen, pero a los 300 kilómetros el vehículo comenzó a evidenciar fallas que le impidieron continuar.

Varado en la ruta, C.R.P. llamó al service y un remolque trasladó el auto al concesionario oficial de General Motors en Coronel Suárez, a fin de ser sometido a una evaluación y su eventual reparación.

Luego de distintas evaluaciones, la pericia mecánica determinó falencias en la batería y el módulo de climatización del Cruze.

Reclamó por “ruidos” en su 0km, pero hubo marcha y contramarcha

Sin embargo, el cliente recién pudo retirar su vehículo casi un año después: el 20 de septiembre de 2019.

Como el hombre no tuvo respuesta a la carta documento que les envió, tanto a la fábrica como a la concesionaria, ni una solución efectiva a su reclamo iniciado a través de la OMIC de Coronel Pringles, decidió avanzar por la vía judicial.

Entendió que ambas partes no cumplieron con el deber de información, al no recibir ningún tipo de llamado o aviso sobre los defectos de su automóvil y acerca de la demora en la reparación.

"Defecto de fábrica"

Por otra parte, tuvo en cuenta que el perito determinó que la unidad tenía "defecto de fabricación y una falta de control de calidad".

De esa manera avanzó con la demanda contra quienes intervinieron en la cadena de comercialización, ya sea General Motors Argentina (fabricante) y Centenario Automotores (vendedor). 

En primera instancia, la Justicia le dio la razón al vecino pringlense y ordenó a las imputadas pagar 11.045.100 pesos más intereses, por daños moral y punitivo.

Y ahora la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de nuestra ciudad, a través de los jueces Fernando Kalemkerian, Marcelo Restivo y Lombardi, ratifica ese fallo.

En cuanto al daño moral, se consideró afectada "la legítima expectativa de utilizar y aprovechar un automóvil nuevo, así como de que se le brinde un servicio posventa rápido y eficaz".

"Perturbación"

"Es factible de generar un estado de perturbación espiritual capaz de sobrepasar el umbral de ocasionales trastornos e incomodidades propias del ámbito negocial", sostuvo la Cámara.

El rubro de daño moral se calculó en 6.000.000 de pesos (más intereses), lo cual le permitiría al hombre acceder a un viaje de placer con su familia -matrimonio y dos hijos- a Florianópolis, con pasajes aéreos y estadía de 7 noches, destinado a mitigar las secuelas emocionales causadas. 

Sobre el daño punitivo, se lo tomó como viable por "la falta de toda comunicación y respuesta tempestiva y efectiva" de parte de quienes tenían que responder por la falla.

Esa situación evidencia, según agregaron los camaristas, "la dispensa de un trato indebido hacia el consumidor". 

Por esa falencia se los condenó a pagar 5.000.000 de pesos e intereses.

Si bien la concesionaria buscó escudarse y trasladar la responsabilidad a la fábrica, la Justicia rechazó sus argumentos. 

"No comparto que haya cumplido cabalmente con su obligación, pues la suya radicaba en entregar un vehículo que sirviera para circular. Sin embargo, el automóvil recién adquirido solo pudo ser usado unas escasísimas horas, pues a los 300 kilómetros se hizo evidente el desperfecto y no pudo continuar su marcha", explicaron los jueces.

En ese sentido, remarcaron que el comprador debió solicitar un remolque en plena ruta y enviarlo al taller del concesionario más cercano "lugar en el que estuvo en reparación durante 10 meses".

En definitiva, no puede soslayarse su carácter de "proveedor" y eslabón de la cadena por la que, como vendedor, lucró.

"Desatención y destrato"

Daño punitivo. Los jueces de la Cámara Civil de Bahía Blanca explicaron que existe un consolidado consenso doctrinario que determina que no basta un simple incumplimiento contractual para aplicar la multa prevista por la Ley del Consumidor.

Propósito. Se explicó que ese incumplimiento, como presupuesto de procedencia de la sanción impuesta, debe ir acompañado de un propósito deliberado par obtener un rédito o beneficio injusto.

Nivel. Los camaristas consideraron probado que la conducta, tanto de la fábrica como de la concesionaria, alcanzaron "el nivel de reprochabilidad requerido" para imponer una sanción considerada disuasoria y ejemplificativa.

Destrato. "Es patente el alto grado de desatención que sufrió el actor. Este proceso nace justamente por la falta absoluta de información y el destrato hacia el adquirente del vehículo cero kilómetro contradictoria con el ordenamiento consumeril", dijeron por último los jueces para fijar la sentencia.

Tuvo lugar en un domicilio ubicado en calle Humberto al 900 de la vecina ciudad, donde reside Carlos Gustavo Astiasarán, de 56 años.

Los efectivos secuestraron un arma de fuego calibre 32 largo con municiones, cartuchos de escopeta de distintos calibres, proyectiles calibre 7.62, una sustancia compatible con cocaína -con un peso total de 122,3 gramos-, dos teléfonos celulares, dinero en efectivo, dos balanzas de precisión y elementos para el fraccionamiento de estupefacientes.

Como resultado del operativo, el hombre fue aprehendido por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes y quedó a disposición de la UFIJ N° 19 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

Se indicó que el imputado se encontraba cumpliendo arresto domiciliario al momento del allanamiento.

El joven, según expone la policóa, emprendió la fuga al ser interceptado por personal del Cuerpo Motorizado de la UPPL y del GTO de la Comisaría Sexta. Durante la huida, habría descartado un arma de fuego tipo pistola (calibre 22), marca Tala, con munición en el cargador.

En el procedimiento también fueron aprehendidos Juan Gabriel Aquino (19) y Matías Néstor Mansilla (18), quienes se encontraban junto al menor y habrían intentado evadir el accionar policial.

Al momento de su interceptación, a Mansilla se le secuestó un cuchillo -tipo carnicero- entre sus prendas.

La investigación quedó a cargo de la Comisaría Sexta, con intervención de la UFIJ de Responsabilidad Penal Juvenil, la Defensoría y el Juzgado de Garantías del Joven, el Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos, la UFIJ N° 15 y el Juzgado Correccional de turno.

Los imputados enfrentan cargos por desobediencia y resistencia a la autoridad, entre otros.

Durante tres procedimientos hechos en simultáneo, efectivos policiales marplatenses secuestraron una gran cantidad de productos médicos valuados en un monto millonario, sumas en pesos y dólares y documentos de interés para la causa.

La única requisa que se hizo en Bahía tuvo lugar en un inmueble de la primera cuadra de la calle Patricios.

En los operativos además se identificó a los responsables de las maniobras ilícitas y se localizaron los centros de acopio de la mercadería, según confirmó una fuente del caso.

Según la investigación, la banda al parecer importaba de manera irregular material quirúrgico extranjero y después lo distribuía en localidades de la provincia de Buenos Aires, pero sin cumplir con los controles legales correspondientes.

El caso está siendo investigado por la fiscalía federal de Mar del Plata.

La pesquisa se originó a raíz de una denuncia en la que se advertía sobre la comercialización clandestina de este tipo de insumos, que ingresaban en la Argentina ilegalmente.

El juzgado federal de Garantías Nº 2 marplatense había ordenado tareas de vigilancia, análisis criminal y coordinación entre diferentes dependencias policiales para reconstruir el circuito de venta de los insumos.

Una vez recabada la prueba, se dispusieron los tres allanamientos desarrollados en las últimas horas.

Además del festejante, que padece problemas de consumo, había otros invitados.

Según consta en la denuncia, tomaron bebidas alcohólicas y también drogas y luego de la cena llegó su novia (de 25 años), a quien supuestamente el dueño de casa "se le insinuó".

Esa situación motivó una discusión y el cumpleañero se fue del lugar, pero se llevó sin autorización un sobre con 10 gramos de cocaína.

Estuvo unas horas en la casa de una mujer que vive en las cercanías, donde continuó con la ingesta, hasta que se sintió descompuesto y se recostó.

Poco más tarde, el joven se despertó con el "dueño de la droga" encima suyo. Estaba atado de pies y manos y había sufrido cortes en toda la cara con una navaja y golpes.

Esa violenta situación quedó registrada en un video en el cual se observa al agresor presionando la punta de una cuchilla en el rostro todo ensangrentado de la víctima.

El herido pudo zafar por la ayuda de algunos amigos y al otro día formuló una denuncia. 

Allanaron cuatro viviendas

Como las lesiones fueron calificadas de leves y se produjeron en un ámbito cerrado, se consideró al delito de instancia privada, con lo cual el sumario se instruyó con cierta reserva, al punto que por ahora no se dieron a conocer las identidades de los involucrados.

Sin embargo, la ayudantía fiscal de Coronel Pringles, bajo supervisión de la UFIJ Nº 9, pidió allanamientos que dispuso el Juzgado de Paz en los últimos días.

Se allanaron cuatro viviendas, entre ellas la del agresor, donde se habrían secuestrado dos navajas mariposa (una plateada y otra azul), un cuchillo de 25 centímetros de hoja con cabo plástico verde y marrón, otra navaja, una tarjeta de crédito a nombre del denunciante y una billetera.

Ahora se aguarda el análisis de las pruebas reunidas para definir la situación procesal, según se informó.

Mientras tanto, el video de la agresión rápidamente se viralizó en Pringles, situación que motivó preocupación. Algunas versiones dan cuenta que fue la propia familia de la víctima la que lo difundió a modo de "seguro".
 

Los voceros señalaron que el hecho ser produjo alrededor de las 7, en la intersección de Brown y Villarino, cuando en circunstancias que se tratan de establecer un rodado Chevrolet Celta, al mando de Maricel Ibarra (47), impactó a Claudia Beatriz Verna (61).

La víctima padeció una herida cortante en la frente y traumatismo de tórax, por lo que fue derivada en una ambulancia del servicio de emergencias Siempre al Hospital Español.

En el lugar trabajaron efectivos del Comando de Patrulla, la guardia de Defensa Civil y peritos de Policía Científica.

El procedimiento se llevó a cabo cerca de las 16:50, luego de que el Centro Único de Monitoreo alertara sobre la circulación de un Volkswagen Suran azul, patente GJM-933, denunciado como sustraído durante la madrugada en Godoy Cruz al 1300.

Efectivos del Comando de Patrullas localizaron el vehículo en la intersección de Alem y Trelew y concretaron la interceptación.

Según indicaron fuentes policiales, el conductor fue identificado como Lautaro Aguilar, quien quedó aprehendido acusado de encubrimiento, debido a que se encontraba al mando del rodado robado.

Durante la requisa también se encontraron cuatro gramos de marihuana, motivo por el cual se iniciaron actuaciones por infracción a la Ley 23.737.

En ese marco, fue aprehendido Diego Ezequiel Fernández, de 33 años, quien registraba un pedido de paradero activo en una causa por lesiones agravadas y desobediencia, requerido por la UFIJ N°12 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

Además, en un control realizado en la intersección de calles Estados Unidos y Brown, se detuvo a Cruz Agustín, de 21 años, a quien se le secuestraron 14 gramos de Cannabis Sativa entre sus pertenencias.

Por este último hecho tomó intervención la Fiscalía Especializada N° 19, en el marco de una infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.

Los operativos continuarán desarrollándose en distintos sectores de la ciudad con el objetivo de desalentar hechos delictivos vinculados al uso de motos.

El hallazgo se produjo alrededor de las 14.30 en calle Cristo Redentor al 2100. Según informaron fuentes policiales, los efectivos divisaron un Volkswagen Gol Trend que despertó sospechas.

Al ingresar el dominio (la chapa patente) en el sistema informático de la policía, el resultado dio negativo: el auto, en teoría, no registraba ningún tipo de impedimento legal para circular. Sin embargo, el olfato policial llevó a los agentes a realizar una inspección más exhaustiva.

Al verificar los grabados de los cristales y la numeración del chasis, los uniformados constataron que los datos grabados en el coche no coincidían con la documentación visible. Ante esta evidente irregularidad (modalidad comúnmente conocida como "auto mellizo"), se convocó a testigos para profundizar la requisa.

Tras el cotejo final de los números reales de la carrocería, el sistema arrojó la verdadera situación del vehículo: poseía un pedido de secuestro activo por el delito de "hurto automotor", solicitado por la UFI ODEPA de Mar del Plata, con fecha de alta del 28 de noviembre de 2024.

Investigación en curso

Por estas horas, las autoridades locales mantienen abierta una etapa investigativa urgente para intentar determinar la identidad de la persona que dejó el rodado estacionado en ese sector de la ciudad y cómo llegó el vehículo desde la localidad balnearia hasta Bahía.

Las actuaciones legales correspondientes fueron remitidas a la comisaría Cuarta, y el caso quedó bajo la órbita de la UFIJ N° 7.

El procedimiento lo llevó a cabo personal del Gabinete Técnico Operativo (GTO) junto a la Sección Motorizada, quienes realizaron tareas de relevamiento y análisis de cámaras de seguridad privadas de la zona, logrando identificar al presunto autor del hecho.

Con las pruebas, la UFIJ N°7 del Departamento Judicial de Bahía Blanca autorizó un allanamiento en un domicilio ubicado en calle Carlos Gardel al 2000.

Durante la diligencia judicial, los efectivos secuestraron prendas de vestir que habrían sido utilizadas al momento del ilícito y procedieron a la aprehensión de un hombre de 43 años, imputado por el delito de hurto.

El detenido y los elementos incautados quedaron a disposición de la fiscalía interviniente.

El operativo se produjo poco después de las 9, cuando a partir de un llamado al 911 efectivos del Comando de Patrulla y de la comisaría Segunda tomaron conocimiento de un hecho ocurrido en Almafuerte y Roca, donde un sujeto sustrajo un bolso con elementos del interior de un camión perteneciente a la firma Dorodi.

Los voceros señalaron que los operadores del Centro Único de Monitoreo (CeUM) detectaron que el individuo se movilizaba en un Peugeot 206 de color rojo, por lo que comenzaron un rastrillaje utilizando las cámaras de seguridad.

Con ese aporte los uniformados lograron interceptar y arrestar al sospechoso en Pampa Central al 2.800, donde lograron recuperar los objetos del damnificado.

El acusado, identificado como Juan Manuel Vega, de 45 años, fue trasladado a la seccional de calle Roca y quedó imputado del delito de hurto.

Las iglesias vinculadas con la sociedad espírita Paz y elevación, ubicadas en Patricios al 300, de Bahía Blanca, y en 11 de Septiembre al 700, en la vecina localidad, continúan clausuradas por orden de la justicia en lo Civil y Comercial bahiense.

En medio de la contienda entre familiares de la difunta hermana fundadora, Teresa Bruno, a principios de este mes los representantes de la obra espiritista mencionada fueron desalojados de ambos edificios por la fuerza pública.

Ricardo Tapia, abogado de los demandantes, se quejó por la excesiva demora en la devolución del mandamiento mediante el cual se despojó a sus clientes de bienes existentes en los templos.

"Hoy es 28 y la oficina de mandamientos y notificaciones todavía no devolvió el mandamiento (firmado el jueves 7 pasado). No sabemos qué inventario hicieron en las iglesias los oficiales de justicia intervinientes", explicó Tapia a La Nueva.

"Vamos a plantear la nulidad del mandamiento porque, para nosotros, el inventario está mal hecho. No lo pueden hacer mediante filmación, sino que tienen que contar objeto por objeto. No nos permiten asistir al inventario", agregó.

El letrado debe acreditar en la Suprema Corte de Justicia bonaerense el "perjuicio" contra los representantes de Paz y elevación a raíz del "desapoderamiento de los bienes", como el manto de la hermana Teresa y bibliografía.

"Sin el informe de la oficina de mandamientos ni el mandamiento diligenciado, no puedo hacer esa petición en la Suprema Corte", continuó la fuente consultada.

Pese a que la cuestión judicial de fondo está pendiente de resolución, ya que existe una queja presentada ante la Corte provincial, los miembros de la sociedad temen por el avance material sobre los bienes y el cierre definitivo del espacio espiritual (reconocido oficialmente por el Estado), porque se les negó toda posibilidad de participación y control.

Juan Carlos Rochón, nieto de Teresa y vicepresidente de Paz y elevación, mostró indignación por el cierre de las iglesias y adelantó que le solicitarán a la mesa interreligiosa cultural que tome cartas en el asunto.

"Cerrar dos iglesias y que los jueces no actúen, es algo de no creer. No nos queda otra opción que salir a la calle para manifestarnos. Esperamos que todos nos apoyen porque esto es una injusticia total", remarcó Rochón.

"Tenemos programado hacer marchas de paz porque estamos reclamando por dos iglesias, que son lugares donde justamente encontramos paz".

"Pedimos justicia para todos los que somos realmente personas de fe y creemos en una Justicia justa", finalizó el dirigente desalojado.

"Cumbre" es un perro de raza ovejero belga malinois, de color caoba carbonado, que nació el 29 de octubre de 2020 en Colonia Caroya, Córdoba.

Para "formarse" como un animal detector de narcóticos, recibió entrenamiento en el Centro de Capacitación Veterinaria (Cecave), ubicado en Campo de Mayo.

Lleva dos años y medio en la fuerza federal, ya que arribó a la unidad especializada el 29 de enero de 2024.

La sección Seguridad Vial de Villarino, dependiente del Escuadrón 70 Bahía Blanca, secuestró tres paquetes rectangulares de cocaína el pasado fin de semana, durante un control de rutina en el puesto del kilómetro 714 de la ruta 3.

En el auto donde tenían oculta la droga fueron arrestados tres ciudadanos de nacionalidades peruana, dominicana y venezolana, que se dirigían hacia la provincia de la ciudad rionegrina de Bariloche.

El perro se sienta luego de finalizar el juego que permitió "marcar" el hallazgo de estupefacientes.

"Cumbre" alertó a los gendarmes sobre la supuesta presencia de sustancias ilícitas en el rodado y de esa manera se avanzó en el procedimiento.

Los tres sospechosos, puestos a disposición de la Justicia Federal de Bahía Blanca, quedaron con prisión preventiva por 6 meses, alojados en dependencias de la Prefectura y la Policía Federal.

Se los identificó como Teófilo Saldaña Magín, Santo Dámaso Báez Arias y Luis Alejandro Martínez Salcedo. 

El hecho, el segundo en menos de una semana, se produjo anoche en el campo de deportes ubicado en Esmeralda al 1.200.

"Rompieron toda la instalación realizada en el vestuario y solo para robar los cables", manifestó la mujer en declaraciones al programa Panorama de LU2.

El sitio ya había sido blanco de los delincuentes el sábado pasado, cuando se apoderaron de luminarias.

"Suponemos que son los mismos. El fin de semana pasado se llevaron las luces y revolvieron la tierra para sacar los cables subterráneos. Ahora cortaron la luz para poder arrancar lo que estaba en el vestuario. Suponemos que deben haber estado mirando el trabajo que estábamos haciendo".

Agregó que "ayer a la mañana cortaron uno de los cables dentro del medidor. Vino EDES y lo reconectó, pero a la tarde, entre las 19 y 20 horas, cuando terminamos nuestras actividades en el Centro Comunitario, fuimos a mirar y nos encontramos con que habían roto todo".

Agüero consideró que "esta gente no toma dimensión del daño que le está haciendo a los chicos que hacen actividades ahí. Es una gente sin corazón".

También sostuvo que procurarán tener un encuentro con autoridades policiales para intentar reforzar la seguridad en el sector.

"Hemos tenido otros robos, pero lo que viene pasando con la escuelita de fútbol es indignante. No tenemos idea de la razón por la que se han ensañado con nosotros y los chicos".

 Como se informara, la obra había sido realizada mediante un aporte de 10 millones de pesos otorgado por Fundación River y Fundación Banco Provincia de Buenos Aires, a través de gestiones realizadas por la Secretaría de Deportes del Municipio.

"Pese a esto seguimos trabajando y tratando de mejorar el lugar para quienes concurren. Esto nos limita para poroyectar a futuro y saber si podemos mejorar o nos van a seguir impidiendo todo el tiempo".

"Quedamos en cero otra vez. Tenemos que evaluar y pensar cómo hacemos para recuperar lo que se perdió", finalizó.

El hecho, según informó la Jefatura de la Policía Comunal de Patagones, tuvo lugar en cercanías de la zona céntrica de la ciudad, cuando personal policial fue alertado por la presencia de una joven que intentaba sustraer pertenencias del interior de un rodado estacionado en la vía pública.

Dirigiéndose rápidamente al lugar, sorprendiendo a la sospechosa en plena comisión del delito, siendo aprehendida inmediatamente y trasladada a sede policial para ser puesta a disposición de la Justicia por tentativa de hurto (agencia Carmen de Patagones).

El visitante, incluso, realizó un disparo en la casa de Cramer al 300 que, por fortuna, no hirió a nadie.

Rosendo López: allanaron dos comercios donde venderían drogas

Al activarse la pulsera electrónica del menor de los Uboldi, la Policía lo arrestó y le secuestró una pistola calibre 22 con municiones en el cargador y una caja con 26 proyectiles más, además de un frasco con cogollos de marihuana.

Esa situación aceleró una investigación que se venía llevando con prudencia -también por presunto comercio de drogas- y motivó un allanamiento en la vivienda del mayor de los Uboldi, ordenado por el Juzgado de Garantías Nº 3.

Walter Uboldi se aproximaba a su casa cuando la estaban allanando y pretendió escapar, pero el personal de la comisaría Cuarta lo persiguió y atrapó a unos 40 metros. 

En su mochila encontraron tres frascos con marihuana, 6 envoltorios con cocaína, recortes de nylon varios y un celular.

En la vivienda, además, secuestraron más frascos con cannabis, otros tres envoltorios con cocaína, una balanza, material de corte y estiramiento y otros cuatro teléfonos que serán peritados.

Otras cuatro personas que estaban en el lugar quedaron aprehendidas en relación con la infracción a la Ley 23.737.

Se trata de Brian Ezequiel Frangioni (31), Camila Prandelstein (23), Juan Carlos Miranda (49) y Cristian Ariel Vargas (43).