Voceros del Comando de Patrulla señalaron que el episodio ocurrió alrededor de las 21:30, en Santa María la 600, cuando efectivos de esa repartición realizaban tareas preventivas e intentaron identificar al conductor de un rodado marca Keller.

Mencionaron que al advertir la presencia policial el individuo, identificado como Cristian Rodríguez (23), intentó evadir el control mediante una maniobra brusca, perdiendo el dominio del rodado e impactando contra el paragolpes delantero de un móvil.

Del mismo modo, señalaron que al verificar los datos de la moto determinaron que sobre la misma pesaba un pedido de secuestro por hurto, solicitado por la UFIJ N° 7 de nuestra ciudad.

Por esa razón, se iniciaron actuaciones por el delito de encubrimiento con intervención de la comisaría Cuarta.

Desde el Comando de Patrulla indicaron que el hecho se produjo poco antes de las 23, cuando personal de esa dependencia acudió en respuesta a un llamado al 911 alertando sobre un incidente en Podestá y 1810.

Señalaron que al arribar al sitio los policías "fueron recibidos de manera violenta" por los involucrados, quienes arremetieron contra ellos portando un caño de unos 80 centímetros de largo y un hacha.

Los voceros describieron que allí se produjo un forcejeo y durante el mismo una sargento de esa repartición sufrió una lesión en la mano derecha.

Una vez que lograron controlar la situación procedieron a las aprehensiones de Juan Cruz González (36) y Florencia Daiana Carballo (33).

Agregaron que en poder del sujeto hallaron un envoltorio que contenía cocaína.

Ambos fueron trasladados a la comisaría Primera y quedaron imputados de los delitos de atentado y resistencia a la autoridad, lesiones e infracción a la Ley 23.737.

El fallo radica en que la condena incluye a la abuela de la víctima, por no haber cumplido con el deber de cuidado de su nieta, pese a estar al tanto de las acusaciones previas contra su pareja, el abuelastro de la menor.

El Juzgado en lo Civil y Comercial N° 7 sentenció a la pareja a abonar, en conjunto, 66 millones de pesos por el daño moral provocado a la niña y a su madre, por hechos sucedidos en Stroeder.

La decisión judicial dispuso que J.C.I. e I.M. paguen 44 millones de pesos a favor de la joven y de 22 millones para su madre, con más intereses y costas  a cargo de los demandados.

En la acción presentada en abril de 2024, el abogado Guillermo Ortiz, patrocinante de la familia damnificada, había reclamado un total de 26,1 millones de pesos: 17,4 millones para la menor abusada y 8,7 millones para su mamá.

Sin embargo la jueza María Fernanda Arzuaga ordenó un pago superior, al  no compartir la “pauta de referencia” usada para calcular el monto del reclamo de la niña, porque se trataba de una suma estimada para comprar un rodado que "ella no podrá disfrutar de manera directa".

Según explicó Arzuaga, el dinero deberá servir como compensación concreta y les "permitirá a las actoras adquirir una vivienda en Stroeder, en la cual, una vez establecido el núcleo familiar, puedan generar nuevos recuerdos y mayor seguridad".

Si los condenados no pagan, la Justicia ejecutará bienes de su propiedad.

La jueza decretó también que "deberán arbitrarse los medios para que la menor resulte titular registral de las dos terceras partes del inmueble que se adquiera".

A fines de agosto de 2024, el Tribunal en lo Criminal Nº 3 local condenó al abuelastro a 11 años de prisión, al considerarlo autor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual simple -reiterado- agravado por la guarda.

La investigación de estos hechos estuvo a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 14, de delitos sexuales, por aquel entonces a cargo de la fiscal Marina Lara.

Los ultrajes se produjeron entre el 20 de diciembre de 2021 y el 25 de septiembre de 2022, en perjuicio de la menor que al inicio de los incidentes tenía 4 años.

Esa sentencia penal tiene valor de cosa juzgada en el fuero civil, por lo que la responsabilidad de J.C.I. quedó comprobada.

El abuelastro de la niña tiene aproximadamente 73 años y cumple su condena en la cárcel de Villa Floresta.

En cambio, la intervención de la abuela de la menor se basó en otra conducta: su falta de cuidado.

Para la jueza Arzuaga se probó que, a pesar de que la mujer tenía conocimiento de denuncias previas contra su pareja, continuó con la relación amorosa y recibió a su nieta en su casa.

El fallo sostuvo que la mujer permitió que la menor durmiera en la misma habitación que ella y su pareja, algo que "operó como 'el escenario perfecto'" para los abusos sexuales por parte del condenado.

La jueza agregó que ese deber de cuidado surge también de la Convención sobre los Derechos del Niño (rango constitucional).

Para determinar la reparación monetaria a la niña y su progenitora, Arzuaga valoró testimonios y peritajes psicológicos y psiquiátricos.

Los testigos describieron a la pequeña como "retraída, muy sumisa, con problemas para relacionarse con varones y dificultades en la escuela".

Respecto de la madre, una médica psiquiatra constató un "trastorno adaptativo moderado y crónico" y otra perito describió un cuadro de "depresión, trastornos del sueño y ataques de pánico que requirieron medicación".

En tanto, la psicóloga que la atendía contó que la mujer quedó "desbordada" y que la actitud de su propia madre le generó "angustia y desilusión".

La madre de la menor declaró que la relación previa a los abusos entre los abuelos y su hija era "la habitual", aunque reconoció que, en una ocasión, cuando retiró a su hija del domicilio de su madre, notó que tenía un comportamiento "extraño, estaba callada".

El hombre condenado penalmente pidió arresto domiciliario en más de una ocasión, pero la Justicia se lo rechazó.

Al llegar a su vivienda, su hija le contó que su abuelastro la había manoseado y besado en la boca, entre otros sometimientos concretados en distintas ocasiones mientras su abuela estaba presente.

La mamá de la pequeña viajó a Bahía y radicó la denuncia penal.

En septiembre de 2022 se intentó practicar el examen médico legal a la niña, pero no fue posible por su estado de "angustia y llanto", pero al mes siguiente un perito médico constató que había sido abusada.

Después de denunciar al abuelastro, el caso tuvo gran repercusión en Stroeder, un pequeño pueblo del partido de Patagones.

En aquel momento distintas mujeres acusaban al hombre de abusar de sus hijas, pero la esposa del acusado siempre desoyó los reclamos.

Una de esas agresiones sexuales en perjuicio de menores habría sucedido en 2015, pero la demandada no tomó ninguna precaución al respecto y siguió conviviendo con el demandado.

Tampoco le avisó a su hija de ese presunto abuso, “violando así el deber de cuidado” de su nieta y exponiéndola al “peligro” cuando estaba en su casa.

No son muchos los antecedentes conocidos de víctimas de agresiones sexuales o violencia de género que reciban una reparación económica.

Una mujer de Coronel Suárez, en 2022, le ganó un juicio a su expareja, después de 8 años de agresiones.

En ese caso también fue la jueza Arzuaga quien ordenó a un hombre pagar $ 2.085.000, más intereses, a la víctima por el daño moral y psicológico causado.

En el fuero penal, el hombre había sido condenado, por amenazas, a 10 meses de prisión en suspenso.

Frente a ese escenario, la mujer recurrió a la vía civil, un camino poco habitual: su abogada, Melisa Lang, dijo no conocer otro caso similar en la Provincia.

Su colega Hugo Fernández remarcó que en lo civil la acción la tiene la víctima y que afectar el patrimonio del agresor puede ser más disuasivo que una pena de prisión en suspenso.

Pocas víctimas reclaman una indemnización civil a su abusador y esto se debe a distintas razones.

"Cecilia", quien fuera abusada a los 10 años en Tres Arroyos por un militar retirado ya condenado a 7 años de prisión, ganó en primera instancia una demanda de $ 40 millones, aunque la Cámara revocó el fallo por prescripción: el plazo, de dos años según el viejo Código Civil, había vencido en 2013 y la demanda fue en 2019.

Abogadas que trabajaron en ese caso explicaron por qué casi nadie reclama este tipo de acciones civiles: el plazo es corto frente a víctimas que dan a conocer los hechos cuando pueden, muchas veces años después de cometidos.

Además, los procesos son largos y la mayoría de las damnificadas desconoce que pueden pedir un resarcimiento o buscan reparación solo en lo penal. 

En algunos casos saben que sus agresores suelen no tener bienes para responder de manera económica, y desisten.

En el pedido del titular del área de Transición de la Unidad Fiscal Bahía Blanca, se le atribuye a la médica participación en uno de los procedimientos irregulares realizados por Herrero, quien se había desempeñado como instructor de perros de búsqueda y atribuido a sus animales marcaciones que fueron consideradas falsas en la sentencia condenatoria que recibió, a 7 años de cárcel.

Esas maniobras derivaron en el hallazgo de elementos que se presentaron como vinculados con la víctima y que se utilizaron para sustentar declaraciones falsas que perjudicaban a efectivos policiales.

El procedimiento bajo análisis se realizó el 18 de febrero de 2021 en el destacamento policial de Teniente Origone, donde Creimer intervino como perito de parte de la querella, junto con Herrero y otros funcionarios, y encontró una pequeña piedra negra, identificada posteriormente como una turmalina, que fue relacionada a un colgante de Astudillo Castro. El objeto fue incorporado como evidencia en la causa por la desaparición y muerte del joven.

En su requerimiento, presentado ante el Juzgado Federal N°1, Martínez pidió el procesamiento de la imputada como partícipe necesaria del delito de falso testimonio agravado cometido por Herrero, en los términos de los artículos 45 y 275, segundo párrafo, del Código Penal, lo que prevé una pena de 1 a 10 años de prisión.

La pesquisa contra Creimer se centra en aquella inspección realizada en el destacamento de Teniente Origone. Según el acta, la médica encontró el objeto negro, de aproximadamente un centímetro, durante una revisión del suelo del antiguo calabozo.

Según los testimonios recogidos por el fiscal Martínez, fue la acusada quien insistió en registrar por tercera vez el suelo de la celda, luego de que en las dos oportunidades anteriores no se encontraran elementos de interés.

En su análisis, el fiscal destacó que el lugar ya había sido inspeccionado anteriormente y que, durante la diligencia, el perro de Herrero no habría realizado marcaciones claras que permitieran vincular el hallazgo con una detección odorífica.

Los registros audiovisuales incorporados a la investigación fueron considerados relevantes para reconstruir lo sucedido.

Según el análisis fiscal, muestran que el animal deambuló por el recinto y mordió un colchón, sin señalar de manera inequívoca la presencia de la turmalina. También registran las reiteraciones de la búsqueda y la intervención de Creimer en la revisión de los sedimentos recolectados.

Intervención deliberada

“La evidencia no permite afirmar, por ahora, que Creimer haya intervenido materialmente en la colocación del mineral; pero ha demostrado, con el grado de probabilidad requerido para esta etapa, que conocía previamente su existencia y que intervino deliberadamente en la fase posterior de localización, recuperación y presentación del elemento como evidencia”, señaló el fiscal en el requerimiento.

Martínez consideró que la intervención de Creimer no se limitó al hallazgo de la piedra, sino que formó parte de una secuencia que habría permitido dar apariencia de corroboración objetiva a las afirmaciones falsas de Herrero sobre las supuestas marcaciones de sus perros.

“La turmalina no fue un elemento independiente de la declaración falsa. Fue el resultado material que permitió exteriorizar y reforzar la supuesta capacidad detectora del perro”, sostuvo Martínez. Según la hipótesis fiscal, la médica conocía previamente la existencia del objeto y orientó la diligencia hacia su recuperación.

“Creimer realizó un aporte doloso, concreto y funcionalmente indispensable para la consumación del plan delictivo ejecutado junto a Herrero”, indicó el fiscal. Asimismo, señaló que su aporte “fue esencial porque sin la recuperación del objeto en esas condiciones no se habría producido el resultado que completaba la maniobra”.

El grupo se congregó frente al edificio del Poder Judicial bonaerense ubicado en avenida Colón 46.

"La justicia no tiene los mismos tiempos que nosotros y necesito que mi marido esté en mi casa con mis hijos. No sé cómo explicarles que hoy la delincuencia tiene más derechos que nosotros. Mi papá me educó para hacer las cosas correctamente y lamentablemente estamos viviendo en una sociedad donde lo correcto no está bien. No sé qué decirle a mi hijo: si tiene que trabajar todos los días como su papá para salir adelante o ser un delincuente más, porque tienen más derechos que nosotros", sostuvo Victoria Moyano, esposa del hombre.

Salazar se encuentra investigado por la muerte de Gonzalo Nicolás Bustos, de 23 años, registrada el pasado 21 de septiembre, alrededor de las 3, en inmediaciones de Juana Azurduy y Juana Gabriela Moro. 

"Para mí él nunca va a ser un asesino. Lamentablemente pasó lo que pasó. No está bien, lo dije desde el primer día, pero no merece estar donde está, porque no es una mala persona. Él no eligió salir a matar, el delincuente elige todos los días salir a robar, a hacerle daño a la gente y a matar, porque este muchacho salió con un arma. No era la misma, pero salió con eso", agregó la mujer.

Mencionó además que "somos una familia que educa a sus hijos para que sean gente de bien, para que no les pase nada el día de mañana. Están ganando terreno los delincuentes, no puede ser que uno vaya a hacer una denuncia y el ladrón salga riéndose delante nuestro".

Finalmente indicó que "lo que pido es que si mi marido tiene que cumplir, y sé que debe hacerlo porque no está bien lo que hizo, que lo cumpla en mi casa".

Decisión judicial

A pedido de la fiscalía, en las últimas horas la Justicia de Garantías dictó la prisión preventiva de Salazar.

El hombre se encuentra acusado por los delitos de homicidio agravado y tenencia ilegal de arma de fuego.

Días atrás declaró ante el doctor Jorge Viego, a cargo de la UFIJ Nº 5, y brindó su versión de lo ocurrido.

Fuentes consultadas mencionaron que Salazar describió que esa madrugada salió de su casa al advertir por las cámaras de seguridad la presencia de una persona.

Indicó que inicialmente hizo un disparo al aire y otros dos cuando el sujeto escapaba del lugar y lo persiguió.

En ese sentido, el procesado manifestó que efectuó los tiros en dirección al piso.

Cabe señalar que Bustos recibió dos impactos en la zona de la espalda que determinaron su deceso.

"La mecánica de los hechos que refiere, por lo menos sobre la forma en que apuntó, no se condice con los datos que refiere la autopsia. De todas maneras, hay que seguir trabajando en el caso con el resto de los elementos probatorios hallados en el lugar", indicaron los voceros.

La medida tiene relación con una investigación a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 3, a cargo de la fiscal Agustina Olguín, ante quien fue trasladado el sospechoso, pero no declaró.

De acuerdo con la causa, los hechos se registraron entre 2012 y 2018, en el domicilio donde convivía la familia en la localidad de Villa General Arias, partido de Coronel Rosales.

El imputado aprovechaba la ausencia de la madre -quien se encontraba trabajando- para someter a las víctimas a diversas situaciones de contenido abusivo, las cuales incluían tocamientos e ingresos a sus camas durante la noche. Al momento de los hechos, una de las menores tenía entre 6 y 11 años y la otra, entre 9 y 13.

En su requerimiento de detención -ordenado por la Justicia en noviembre de 2025-, la fiscalía sostuvo que el acusado se valió de la convivencia y de la corta edad de las víctimas para cometer los hechos y subrayó que la reiteración de los hechos durante un extenso período de tiempo produjo un grave ultraje contra la sexualidad de ambas niñas.

El hombre,  a quien no se identifica para preservar a las niñas, quedó formalmente imputado por dos hechos de abuso sexual gravemente ultrajante y tentativa de abuso sexual con acceso carnal, todos ellos agravados por el vínculo y por la convivencia.

Según informaron desde la Comisaría local, la investigación comenzó el lunes, cuando un hombre de 59 años denunció que fue agredido y amenazado de muerte por un grupo de personas, en el frente de su vivienda. Entre los sospechosos se encontraba un vecino de 21 años.

A partir de las tareas realizadas, el Juzgado de Garantías Nº 4 dispuso el allanamiento, durante el cual el personal del Destacamento Zona Norte y del GTO lograron incautar un cuchillo de trinchar mediano, con hoja lisa y punta, considerado de interés para la causa.
 

El debate contará, como prueba infrecuente, con una reconstrucción del hecho, para que los ciudadanos del jurado evalúen la evidencia en tiempo real.

La gran particularidad de este juicio radica en que la producción de la prueba incluirá la inspección ocular a la hora en que se cometieron los crímenes de Myriam Adriana Velázquez y su hija, Mariana Belén Bustos.

Esta medida fue solicitada por el abogado de Velázquez, Valentín Fernández, y aceptada por el juez Hugo Adrián De Rosa.  

Habló el fiscal Viego y dejó entrever cuál es la principal hipótesis

Se llevará a cabo de noche, respetando la hora exacta en la que ocurrieron los hechos originales, con el objetivo de reproducir con la mayor fidelidad posible las condiciones de luz y visibilidad. 

Además, esa diligencia contará con la declaración de al menos un testigo presencial en el mismo sitio, quien deberá relatar y señalar ante los jurados lo que vio aquel 7 de octubre de 2025 en la vivienda de Santa Fe al 2.300.

Oficio a la Municipalidad

Se dispuso, en el mismo sentido, enviar un oficio a la Municipalidad para que informe sobre la infraestructura de alumbrado de la zona y si es posible determinar diferencias entre la luminaria actual y la que existía la noche del doble crimen. El dato apunta a que la reconstrucción se acerque lo más posible a las condiciones reales.

El tribunal -que aceptó incorporar toda la prueba testimonial, documental e informativa propuesta por las partes- aclaró que será carga exclusiva de la acusación y la defensa diligenciar toda la logística para la prueba de la que pretendan valerse.

El juicio tendrá lugar en el quinto piso del Palacio de Tribunales. Se iniciará el lunes 17 de mayo de 2027 y continuará hasta el viernes 21 de ese mes, inclusive.

El primer día, antes del comienzo de la audiencia, deberá realizarse el sorteo oficial entre los 48 ciudadanos preseleccionados de la lista de candidatos para conformar el jurado, con 12 titulares y 6 suplentes.

El operativo llevado a cabo por personal de la comisaría Primera permitió capturar a Lautaro Quesada, de 23 años, y Leandro Germain, de 50. 

Sobre el Peugeot Feline 208, patente AB 868 MB y color gris, en el que se movilizaba Quesada se pudo comprobar que tenía la placa, cédula de identificación, grabado de chasis y motor adulterados.

El vehículo posee pedido de secuestro activo desde la ciudad de Moreno por un robo a mano armada ocurrido en mayo de 2026. Se detalló, además, que el aprehendido tiene antecedentes por delitos contra la propiedad y por tenencia de arma de fuego.

También se informó que luego de notar a a Germain "excesivamente nervioso" durante el control de rutina, se le encontró un frasco de vidrio lleno de floración de marihuana, con un peso de 50 gramos aproximadamente. 

Por último se recordó que estos operativos, de rutina, tienen como finalidad "desalentar ese tipo de delitos".

El detenido fue identificado como Raúl Andrés Berth, oriundo de Bahía Blanca, y el robo ocurrió el martes 13 de este mes, alrededor de las 20.30, en una casa ubicada en calle 3 al 300.

Según señala la policía, tres hombres encapuchados ingresaron al domicilio -uno de ellos armado- y redujeron a sus moradores, dos personas de 74 y 72 años y un hombre de 46.

Los delincuentes inmovilizaron a las víctimas con precintos y cables y les sustrajeron 8.000 dólares y 300.000 pesos en efectivo antes de escapar.

A partir de las tareas investigativas, el análisis de cámaras de seguridad -incluidas las de la barrera sanitaria fitosanitaria-, el trabajo de campo y la recepción de testimonios, se logró establecer la identidad de uno de los sospechosos y vincularlo con el vehículo presuntamente utilizado por la banda.

Así este jueves, cerca de las 18.30, se realizó un allanamiento en una propiedad ubicada en Casilda Igarzábal al 200, en Bahía, donde se secuestraron 1.200.000 pesos en efectivo, dos teléfonos celulares, dos pares de zapatillas, comprobantes de compras y documentación relacionada con transferencias bancarias.

En paralelo, en la vía pública, sobre calle Drago al 1700, se incautó una camioneta Mercedes-Benz ML 220, dominio DRF 925, que habría sido utilizada para cometer el asalto.

La causa fue caratulada como robo calificado bajo la modalidad entradera e interviene la UFIJ descentralizada de Villarino.

Participó personal de la Superintendencia de Seguridad Región Interior Sur, con intervención de la Policía de Seguridad Comunal de Villarino y la Estación de Policía Comunal Villarino Primera.

La clave del monitoreo

El trabajo articulado entre los centros de monitoreo de Villarino y Bahía Blanca, junto con la investigación policial y la colaboración de los vecinos, permitió avanzar en el esclarecimiento del robo calificado.

Gustavo Pacheco, secretario de Protección Ciudadana de Villarino, destacó que las imágenes de las cámaras fueron fundamentales para reconstruir el recorrido del vehículo, identificar sus movimientos y aportar pruebas a la Justicia.

Y valoró especialmente la colaboración del Centro Único de Monitoreo de Bahía Blanca y el trabajo de campo realizado por la Policía Comunal de Villarino.

El funcionario también resaltó la importancia de la participación de los vecinos, cuyos aportes contribuyeron al avance de la investigación.

La causa continúa bajo investigación judicial, con el análisis de los elementos secuestrados y la búsqueda de las otras dos personas prófugas.

"Estamos todos acá, nos estamos ahogando, es un lugar chiquito. Están cortando las rejas con una moladora para entrar", apuntó el detenido hasta el momento en que se entrecortó la comunicación y empezó a tocer.

Fuentes oficiales informaron a esta agencia: "Todo controlado. Policia liberado". En línea con lo mencionado por el reo. Además, el efectivo liberado fue atendido por personal del SAME, entre ellos el director ddel mismo, Roberto Crescenti y el cuerpo de psicólogos.

El parte oficial, al que tuvo acceso este medio, indicó que el incidente se produjo entre internos, dentro de una celda y se laboró para resolverlo. En medio del inconveniente, personal del SAME y bomberos ingresaron al lugar para trabajar dentro. El personal también ingresó con dos camillas.

Anteriormente, en declaraciones a la prensa, un comisario sostuvo que no hay rehenes en el momento. Al tiempo en que señaló que "está controlada la situación". Sin embargo, fuentes cercanas al hecho, indicaron a esta agencia que, en principio, los internos mantuvieron de rehenes a tres personas, un subcomisario, un inspector y un oficial.

En un audio al que tuvo acceso este medio, un subcomisario informó: "Me encuentro con el sargento de guardia de la alcaldía de Lavalle. Aparentemente, lo que sucedió, es que tienen al jefe del lugar, al jefe de servicio y aun celador. Los tienen privados, con facas, en un pasillo interno".

Finalmente y, según la misma fuente, los presos liberaron al inspector y al subcomisario; no se trataría de un simple conflicto entre detenidos. Además, personal de fuerzas especiales de la Ciudad trabaja en el lugar. 

Tiempo después, un repartidor de comida llevó pizzas hasta el lugar. Por su parte, desde el interior de la comisaría, pidieron que ingrese un periodista, al salir del lugar, el comunicador informó que le pidieron que "bajen los drones" porque dificultaban la "estrategia". Al tiempo, señalaron que no habrá novedades hasta que se resuelva el conflicto.

El auxiliar fiscal de la UFLA Este, Marco Juliano Zunino interviene en el caso.

Dos videos filmados por los propios reclusos se conocieron. En las imágenes, los detenidos se filmaron mientras celebraban su imagen en los medios de comunicación, al tiempo que pidieron "Bajá al fiscal"; además, se puede ver a un policía dentro de la celda.

En un segundo material, uno de los detenidos inició la grabación con el foco en otro reo que hacía una videollamada con otra persona a quien le mostraba, alegre, que había "salido en la tele". Entre la escena donde se encuentran, por lo menos, ocho detenidos.

Quien sostiene el teléfono con el cual filma, reclamó: “Bajen al fiscal”, frase a la que se sumaron otros presos, mientras golpeaban algún elemento contundente para hacer ruido.

Durante el conflicto, la pareja de uno de los detenidos se encontraba en la puerta de la comisaría, brindó declaraciones televisivas y explicó los motivos por los que pusieron colchones detrás de las rejas: “Es en caso de que rompan la puerta y todos se unan en el motín”.

“Escuché que el rehén estaba bien y tranquilo”, añadió la mujer. Además, sostuvo que se encuentra en el lugar para “ver qué pasa” con su “marido”: “Ahora no hablamos porque no me llamó, me llama desde un número privado y se comunican una sola vez”.

La familiar informó que los detenidos no están armados y confirmó que el conflicto habría ocurrido porque los internos no quieren ser trasladados al penal de Marcos Paz: “Más que seguro que si”.

Asimismo, señaló que su pareja le dijo que “tenía miedo de que le sumarán estas causas a su condena”. No obstante, sostuvo que su pareja no es parte de quienes iniciaron el conflicto: “Adentro es horrible. Hoy me dijo ‘Creo que va a haber motín, amor, hablale a mi mamá”.

Luego de la liberación del rehén, se retiró del lugar el cuerpo de bomberos y el personal de operaciones espaciales porteños, mientras que el ministro de Seguridad, Horacio Giménez ingresó en la comisaría.

El fallo de la  jueza Claudia Olivera, como subrogante del Juzgado de Garantías Nº 1, alcanzó al ingeniero Andrés Arturo Goñi y al encargado del predio del Sindicato del Personal de Industrias Químicas, Petroquímicas y Afines de Bahía Blanca, Fabricio Fabián Canteros.

Según la acusación, el chico quedó atrapado por la succión de la boca de salida de agua de la pileta principal, que no tenía la rejilla protectora -exigida por el decreto provincial 3.181-, mientras la bomba de filtrado estaba encendida.

Ambas personas están acusadas del delito de homicidio culposo en perjuicio de Agustín Elián Alarcón (13), registrado el 11 de febrero de 2025.

La jueza, en cambio, decidió sobreseer al inspector municipal Lucas Partal, al entender que la planilla de inspección no incluía el control de rejillas y que, por una práctica del municipio, esa verificación quedaba en manos de un informe técnico privado.

“No puede penarse por omisiones a deberes no exigidos”, sostuvo.

El resto de los imputados

Olivera argumentó que Goñi firmó un informe en el que aseguraba que las piletas cumplían la norma, pese a que las pericias indicaron que nunca hubo rejillas. 

"La defensa pretende exculpar al imputado transfiriendo la responsabilidad de lo ocurrido a los rescatistas, pero ello no puede convalidarse. En primer término, el hecho ocurrió debido a la falta de la rejilla, no debido a una falla en el accionar de los rescatistas.

El niño quedó atrapado bajo el agua producto de la succión de la bomba y falleció debido a un ahogamiento. La acción de atrapamiento solo habría podido evitarse de existir la rejilla que el imputado aseguró falsamente que existía", sentenció.

A Canteros, a su turno, le reprochó haber desconocido la normativa que regía la actividad que supervisaba en el natatorio ubicado en la avenida Pernicia y Alvarado de Cerri.

"Habiendo Canteros reconocido que desconocía la obligación de que la pileta contara con rejillas, no existen elementos que excluyan su responsabilidad, en tanto ha quedado demostrado su actuar negligente ya que no conocía la normativa que regulaba la actividad que supervisaba", entendió la jueza.

En caso de quedar firme la decisión de la jueza, el caso -previo sorteo- pasará a uno de los juzgados en lo Correccional de la ciudad para su resolución.

Sin embargo, se aclaró que todas las partes -incluida la acusación, representada por el fiscal Cristian Aguilar y el abogado de la familia, Martiniano Greco- están en condiciones de apelar la resolución ante la Cámara Penal.

La captura, a cargo de personal de la Estacion de Policia de Seguridad Comunal tresarroyense, se produjo en la calle Pringles al 100.

El hecho que motivó el arresto se había registrado el domingo 11 de este mes, en perjuicio de un hombre de 42.

Sucedió en una vivienda de la avenida Güemes al 1.700, cuando el acusado se presentó para recriminarle a la víctima supuestos maltratos al hijo que tiene en común con la actual concubina del agredido.

Hubo una discusión que culminó cuando el visitante extrajo un arma blanca y atacó a su oponente, para luego abandonar el cuchillo y darse a la fuga en una camioneta que fue secuestrada. 

La víctima fue conducida al hospital municipal, con leisones de gravedad y, con el avance de la investigación, se realizaron distintos allanamientos que permitieron el secuestro de prendas de vestir, el vehículo y, finalmente, la detención.

No se dieron a conocer las identidades de las personas involucradas para preservar al menor de edad.

Maniobras peligrosas

Anoche, en tanto, la Policía de Tres Arroyos aprehendió a un joven de 18 años por desobediencia y atentado y resistencia a la autoridad.

Fue sobre las 22, en la calle 1º de Mayo 1.100.

Se informó que poco antes el joven, al mando de una moto Gilera Smash de 110cc., realizaba maniobras peligrosas. Al observar la presencia policial supuestamente se fugó, con lo cual se inició una persecución hasta su reducción.

"Está con antibióticos y calmantes. La fui a ver el martes y tiene todas las heridas curadas. El dueño dice que le pusieron 144 puntos de sutura, sufrió cortes de cartílagos. Y justamente lo que tiene en la cara es crema de ordeñe, que es para que no le tiren tanto los puntos", comentó una proteccionista del lugar.

El animal también fue sometido a un tratamiento con agua oxigenada, que permitió que despidiera algunos pequeños restos óseos por la nariz, teniendo en cuenta que también recibió un golpe con un objeto contundente que le fracturó el hocico.

Alguna versión daba cuenta que "Gorda" podría ser derivada a Coronel Suárez para una cirugía reparatoria del hocico, aunque esa información no fue confirmada.

"Lo que nosotros podemos decir es que está cuidada y mimada por la familia que la tiene a cargo. El dueño está un poco preoucpado porque la ve flaca", agregó la mujer que no se quiere identificar por temor a represalias.

La brutal agresión, que se registró la semana pasada y tomó repercusión pública nacional, motivó la intervención de la UFIJ Nº 9, con el Equipo de Maltrato Animal de la Fiscalía General de Bahía Blanca, a cargo del doctor Santiago Garrido.

Con el avance de la investigación, la Justicia ordenó dos allanamientos -uno en la casa de un adulto y otro, en la de un menor-, donde se secuestraron ropas con manchas de sangre, teléfonos que están siendo analizados y otros elementos de prueba.

Los acusados no fueron aprehendidos pero sí se los identificó en el expediente, que sigue su curso.

El ataque se habría registrado un día después de que el dueño de la yegua le recriminara a estas personas haber ingresado a cazar sin permiso al campo en el cual trabaja y se cree que el hecho sería a modo de venganza.

Durante un allanamiento llevado a cabo en Río Atuel al 2900, los efectivos se llevaron nuevamente detenido a Marcos Andrés Amorena, de 34 años.

En el procedimiento, además, se secuestraron soportes metálicos, bases de radiadores con cañerías de cobre ya seccionadas, presumiblemente para su posterior reducción y comercialización clandestina, y diversas herramientas de fuerza.

Está vinculado, al menos, a dos episodios delictivos ocurridos a principios de mes que incluyen la sustracción de radiadores de camiones y maquinaria agrícola.

El operativo conjunto estuvo a cargo de efectivos del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la comisaría séptima, con colaboración del GTO de la comisaría quinta y personal de la subcomisaría de General Daniel Cerri,

Quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 07 del Departamento Judicial Bahía Blanca, imputado formalmente por el delito de "robo". 

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 18 en una vivienda ubicada en calle Provincias Unidas al 900, en el barrio Rosendo López, donde se procedió a la aprehensión de Mariano Monsalvo, de 42 años, por su presunta vinculación con el hecho investigado.

El operativo estuvo a cargo del Grupo Técnico Operativo (GTO), con apoyo de efectivos de la Policía Local Motorizada.

Según se informó hubo tareas investigativas que incluyeron el análisis de registros fílmicos y la recopilación de pruebas documentales.

La causa se inició a partir de una denuncia radicada el pasado lunes12 de este mes por un hurto que tuvo como víctima al propietario de un comercio del rubro ferretería, ubicado en el barrio Anchorena.

Interviene la UFIJ Nº 7 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

El proyecto fue impulsado por el Frente Renovador y promovido por el diputado provincial Carlos Puglelli, titular de la comisión. El despacho reúne cinco iniciativas presentadas por legisladores de distintos espacios y obtuvo el acompañamiento de La Libertad Avanza, el PRO, Unión y Libertad, Nuevos Aires y el diputado Juan José Esper, entre otros.

El avance se produjo, sin embargo, con una particularidad política: dentro del oficialismo bonaerense, el proyecto no contó con el respaldo del sector que responde al gobernador Axel Kicillof, así como tampoco acompañó La Cámpora. El tema vuelve así a mostrar diferencias en el peronismo.

La iniciativa propone modificar la Ley 13.482 para incorporar dispositivos electrónicos que producen descargas mediante proyectiles y generan efectos temporales en el organismo, sin provocar la pérdida de conocimiento. El texto también prohíbe los dispositivos eléctricos de contacto directo cuyo objetivo o efecto principal sea causar dolor mediante descargas.

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El objetivo es incorporar una herramienta intermedia entre la persuasión verbal, las técnicas de reducción física y el uso de armas de fuego. De todos modos, la habilitación no supone un permiso irrestricto: el proyecto establece que estos dispositivos deberán utilizarse bajo criterios de legalidad, necesidad, razonabilidad, progresividad y proporcionalidad.

La utilización quedará limitada a situaciones en las que los medios no violentos resulten insuficientes y exista un peligro real, actual e inminente para la integridad física del policía, de terceras personas o de la persona involucrada en el procedimiento, con las excepciones previstas para situaciones de urgencia.

Capacitación obligatoria y controles para los efectivos

Otro de los puntos centrales es la formación que deberán recibir los policías antes de poder portar estos dispositivos. El proyecto contempla capacitación específica, obligatoria y continua, con evaluaciones técnicas y psicofísicas para el personal habilitado.

El programa incluirá el manejo de las armas, sus efectos y riesgos sobre el cuerpo humano, los protocolos de actuación, las técnicas de desescalada, los principios de uso gradual de la fuerza y los primeros auxilios.

Además, el texto prevé mecanismos de registro y trazabilidad de cada intervención, junto con la asignación individual de los dispositivos. La intención es que el uso de estas herramientas quede sujeto a controles y procedimientos definidos.

La discusión por las Taser lleva varios años en la provincia. Durante su gestión como ministro de Seguridad, Sergio Berni había impulsado la compra de estos dispositivos, aunque no llegaron a incorporarse de manera efectiva a la portación policial. En sentido contrario, sectores del peronismo también promovieron iniciativas para prohibir las armas de descarga eléctrica.

El proyecto del Frente Renovador forma parte de una agenda de seguridad que Sergio Massa busca impulsar a través de sus legisladores bonaerenses, con propuestas vinculadas a problemas concretos de gestión y con impacto en los municipios.

Con el dictamen aprobado, la iniciativa quedó en condiciones de avanzar en el trámite legislativo. El próximo paso será su tratamiento en el recinto de la Cámara de Diputados bonaerense, donde deberá reunir los votos necesarios para convertirse en ley. (TN)

El fallo fue dictado por mayoría de opiniones, ya que los jueces Diego Barroetaveña y Javier Carbajo votaron en ese sentido, mientras que su colega Gustavo Hornos entendía que la decisión de la Cámara bahiense no era recurrible porque no se trataba de una sentencia definitiva.

La medida benefició a distintos referentes de firmas como PBB Polisur, Solvay Indupa, Profertil, Compañía Mega, Petrobrás Energía, Transportadora de Gas del Sur, Cargill y Oiltanking Ebytem.

También figuran exfuncionarios como Eduardo Conghos, entonces subsecretario de Gestión Ambiental del municipio; José Manuel Molina, director ejecutivo del Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable y autoridades del Consorcio de Gestión del Puerto.

Barroetaveña y Carbajo entendieron que le asistía razón a las defensas cuando plantearon que la decisión de la Cámara Federal bahiense -de revocar el sobreseimiento que había dictado el juzgado federal de primera instancia- era arbitraria.

Casación opinó que en ese fallo existía una "autocontradicción insalvable".

Por un lado se reconocía ausencia de pruebas incriminantes y que las empresas operaban dentro de los parámetros legales permitidos pero, por otro, se ordenó revocar los sobreseimientos y continuar la investigación.

La Justicia entendió además que, a más de 14 años de tramitación de la causa, no se logró probar el nexo causal entre la actividad industrial de las firmas involucradas y los signos de contaminación detectados en el estuario.

Los magistrados subrayaron que el ordenamiento procesal penal faculta el dictado del sobreseimiento aún cuando no se haya tomado declaración indagatoria previa, toda vez que la persona señalada como partícipe de un hecho ilícito tiene derecho a un pronunciamiento definitivo que ponga fin a su estado de incertidumbre.

El debate al cual deben a someter a la exfiscal penal y exdiputada provincial debía iniciarse esta semana pero fue postergado por razones de salud de la defensa.

Ahora la jueza reprogramó las audiencias para los días 12, 13, 14, 15 y 16 de abril venideros.

La acusación sostiene que Corrado llevó a cabo maniobras estafatorias para desapoderar de la herencia sucesoria de su excuñado, Adolfo José Luis Herro -asesinado en Cariló el 25 de julio de 2005-, afectando los derechos de su hijo y único heredero universal, Maximiliano Antonio Rodríguez Labastía.

De acuerdo con la causa, un grupo de familiares y conocidos ejecutó diversas acciones para vaciar el acervo sucesorio e impedir que el heredero accediera a los bienes que le correspondían.

En octubre de 2022, seis integrantes de ese entorno familiar y social ya habían sido juzgados y absueltos por el titular del Juzgado Correccional Nº 1, Gabriel Giuliani, aunque ese fallo fue recurrido y se encuentra pendiente de resolución definitiva.

"A partir de septiembre del año pasado la gente no pudo realizar más extracciones presenciales. Hay quienes tienen ahorros de muchos años y otras personas que vendieron propiedades y depositaron allí su dinero", sostuvo Noelia Cruz en declaraciones al programa Panorama de LU2.

Días atrás la policía allanó una vivienda ubicada en Avellaneda al 500, donde reside Alberto Alfonsi, titular de la financiera, y las oficinas de Humberto al 500.

Durante los registros, se secuestraron diversos elementos que serán analizados para esclarecer lo sucedido.

"Estoy en un grupo en el que somos casi 200 personas, pero hay damnificados distribuidos por todos lados".

Agregó que "hace 15 días fuimos a reclamarle a la casa, salió y nos dijo que estaba enfermo y no podía asistir a la financiera. Mencionó que a los pocos días iba a estar en las oficinas, pero cuando concurrimos nos encontramos con un cartel de que estaba cerrado porque no había sistema".

"hace casi un mes que no abren. Están las oficinas cerradas y no hay personal ni vigilancia. No hay movimiento", detalló.

Fuentes del Ministerio Público indicaron que hasta el momento se recibieron denuncias de casi 50 damnificados, perjudicados por montos totales de casi 200 mil dólares y cerca de 450 millones de pesos.

"Creemos que no hay voluntad de devolver el dinero. Hace un año que nos viene diciendo que hoy, que mañana, que la semana que viene, pero no se resuelve nada. Si bien él está inhibido de vender sus propiedades, no hay respuesta hasta el momento. Es mucho el dinero invertido allí", finalizó.