Dentro del planteo formulado a través de la Resolución SC 2.917/26, el máximo tribunal provincial pidió por la conformación de un juzgado de familia para Coronel Rosales -tal como lo había hecho en 2023- así como por la puesta en marcha del Tribunal de Trabajo Nº 3 en Bahía, que existe por ley hace más de una década pero nunca entró en funciones.

La Corte, con las firmas de los jueces Sergio Torres, Daniel Soria e Hilda Kogan, enfatizó la necesidad de garantizar la infraestructura edilicia, la partida presupuestaria y la asignación de cargos indispensalbes para la efectiva puesta en marcha de dichos organismos.

En el caso del Tribunal de Trabajo Nº 3 de Bahía Blanca -creado por la Ley 14.729- le solicitó a la Legislatura bonaerense las modificaciones de competencia territorial.

Es que en dicha normativa quedó escrito que dicho tribunal va a tener competencia "en todo el Departamento Judicial Bahía Blanca", pero esto no es así porque los distritos de Tres Arroyos y Gonzales Chaves ya tienen cuerpo propio en materia laboral.

La solicitud, en otros departamentos judiciales, también incluye los fueros Penal, Civil y Comercial y Contencioso Administrativo.

El fallo fue resuelto por el Tribunal en lo Criminal Nº 2, integrado por los jueces Claudia Fortunatti, María Mercedes Rico y Eugenio Casas.

De acuerdo a la investigación de la fiscal Agustina Olguín, los hechos ocurrieron entre 2021 y principios de 2025, cuando una de las víctimas tenía entre 7 y 10 años y se encontraba al cuidado de su padre, quien aprovechaba esas circunstancias para someterla y le tapaba la boca para que no llorara.

Además, se determinó que en febrero de 2024 el hombre abusó a su sobrina de 4 años, también en momentos en que estaba solo junto a la niña.

Fuentes del Ministerio Público indicaron que los magistrados "desestimaron los planteos de la defensa -vinculados con la posible violación del principio de congruencia y el derecho de defensa al incorporar como hechos nuevos el contexto de violencia de género y el contagio de la enfermedad de transmisión sexual a la hija- y confirmaron la gravedad de los delitos juzgados".

Para fijar el monto de la pena, consideraron múltiples agravantes planteadas por la fiscalía.

Destacaron el marco de violencia de género, el aprovechamiento del vínculo familiar y de la guarda, la corta edad de las niñas y la marcada superioridad física y psíquica que ejercía el imputado sobre ellas.

Asimismo, se valoró de forma determinante la extensión del daño.

"En el caso de su hija, los abusos provocaron el contagio de una enfermedad de transmisión sexual que derivó en cirugías, internaciones e interrupción escolar. En relación a su sobrina, se acreditaron alteraciones del comportamiento y la necesidad de tratamiento psicológico", explicaron desde la fiscalía.

El Tribunal computó además la extrema vulnerabilidad de la hija, quien no contaba con otra figura de referencia paterna y presentaba dificultades cognitivas, lo que redujo su capacidad de defensa.

Todo sucedió en un inmueble de la avenida La Plata al 1.600, lindante con el canal Maldonado, y la Policía tomó intervención sobre las 21.15.

El denunciante dijo que, mediante Grindr -una app destinada principalmente a la comunidad LGBTQ+- conoció a un hombre de entre 30 y 40 años, que se presentó en su vivienda y luego de compartir unos mates, en un momento le rozó la cara y comenzó a descomponerse hasta perder el conocimiento.

Al recuperar la conciencia -cuando se hizo presente una amiga, que lo encontró acostado y dio aviso al 911- el damnificado detectó el faltante de su teléfono celular Samsung A21, 20 mil pesos en efectivo, ropa interior y un proyector. 

Además descubrió que había perdido acceso a todas sus billeteras virtuales, correo electrónico y WhatsApp.

El delincuente fue identificado, además, como un hombre robusto, de tez trigueña, 1.76 de estatura, que vestía de negro, tenía un piercing tipo argolla en la nariz y tonada de tipo correntina.

"Todavía no tenemos en claro si 'lo durmió'  o si tomaron demasiado y se durmió. Creemos que tomaron alcohol en demasía y eso pudo causar el desenlace", dijo un investigador. 

El procedimiento se realizó en una vivienda ubicada en las calles 40 y 18, donde los policías incautaron un aire comprimido marca Fox, calibre 5.5.

Los investigadores identificaron como morador del inmueble a Carlos Noli, a quien se le imputó el hecho.

Las actuaciones quedaron a disposición de la Ayudantía Fiscal pringlense.

La investigación de la causa por maltrato animal se inició el 26 de septiembre, cuando la damnificada denunció que su gato había sido asesinado por un vecino con un aire comprimido.

El hecho está contemplado en la Ley de protección animal (14.346), que prevé penas de prisión de 15 días a un año para quien "someta a un animal a malos tratos o actos de crueldad".

Se trata de los crímenes de Myriam Velázquez y su hija Mariana Bustos, cometidos la tarde/noche del 7 de octubre del año pasado en una vivienda de Santa Fe al 2.300, que el autor del hecho incendió con el fin de borrar huellas de su accionar.

La movilización -que como se hizo el año pasado será con velas- se iniciará a las 20 y será frente al Palacio Municipal, en Alsina 65.

Además de los seres cercanos a las mujeres atacadas habrá familiares de víctimas de otros delitos cometidos en nuestra ciudad, que también reclamarán por justicia.

Por el doble femicidio está con prisión preventiva Maximiliano Velázquez, primo de Myriam y tío segundo de Mariana, quien decidió -junto con su abogado Valentín Fernández- ser juzgado a través de un juicio por jurados que todavía no tiene fecha definida.

Según la investigación de la UFIJ Nº 5, a cargo del fiscal Jorge Viego, el 7 de octubre de 2025 el imputado habría ingresado al domicilio de la mujer, provocando la muerte de ambas, en medio de la resistencia de la hija. Velázquez terminó con escoriaciones múltiples provocadas por las uñas de la joven. Asimismo, en esa oportunidad causó un incendio del inmueble.

La fiscalía sostuvo que todas esas conductas fueron desplegadas en un contexto de violencia de género basado en una relación desigual de poder entre un hombre y una mujer.

Además, se lo acusa de haber provocado el incendio de la casa mediante la aplicación de un líquido acelerante sobre textiles, originando dos focos ígneos en habitaciones distintas del inmueble, lo que generó que se propagara por el resto de la casa, poniendo en peligro la vida y los bienes de terceros por la cercanía del resto de las casas.

Velázquez llega a juicio acusado de los delitos de doble homicidio agravado por mediar violencia de género, incendio con peligro común y tenencia ilegal de arma de fuego (por una carabina que encontraron durante el allaniento a su casa).

La investigación permitió identificar la motocicleta que habría sido utilizada durante el hecho. A partir del análisis de cámaras de seguridad, se autorizó un allanamiento en el domicilio del sospechoso.

Durante el procedimiento, personal de la DDI Bahía Blanca secuestró una moto Keller 110 centímetros cúbicos, un casco, dos teléfonos celulares y seis municiones calibre 22.

También encontraron una Honda Biz que registraba un pedido de secuestro activo.

El hombre fue aprehendido por robo y encubrimiento, aunque posteriormente recuperó la libertad por disposición de la Fiscalía interviniente.

Se trata de Miguel Ángel Guayquipán, de 48 años, quien tiene domicilio en el barrio Autoconstrucción, diagonal 103, de aquella localidad del partido de Villarino.

Su familia denunció que el miércoles 30 del mes pasado, sobre las 7, partió desde Buratovich hacia la provincia norteña, pero con la idea de hacer una parada en la casa de unos amigos bahienses, en la calle Chaco al 500.

Desde ese domicilio se habría retirado el viernes 2 de este mes, momento en que se perdió todo tipo de contacto con el hombre.

Guayquipán mide 1.68 de estatura, es delgado, tiene cabellos cortos negros, tez trigueña y no presenta tatuajes ni piersing. Por última vez fue visto con una campera roja (la de la foto), buzo blanco de hilo y jean celeste. Se aclaró que el hombre es reincidente en este tipo de situaciones y que no tiene DNI.

Cualquier información al respecto deberá ser comunicada al 911 o al teléfono (0291) 4552984, de la seccional actuante. 

¿Puede una sentencia ser correcta desde el punto de vista jurídico y, al mismo tiempo, resultar incomprensible para quien debe cumplirla?

La pregunta atravesó durante dos jornadas la capital provincial, donde más de 1.200 personas participaron de la III Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible.

Jueces, funcionarios, académicos, especialistas y representantes de organismos públicos de distintos países debatieron sobre una cuestión que parece sencilla, pero que puede modificar profundamente la relación entre las instituciones y la ciudadanía: que la gente pueda entender lo que el Estado le dice.

El encuentro terminó con una decisión de alcance internacional.

El cierre de la convención estuvo marcado por la firma de la “Declaración de La Plata”, mediante la cual se creó la Red Iberoamericana de Lenguaje Claro y Accesible.

La nueva organización buscará reunir y coordinar a instituciones de países de habla española y portuguesa comprometidas con una misma idea: que el lenguaje claro no sea solamente una recomendación, sino una herramienta para garantizar derechos.

La firma estuvo encabezada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Sergio Gabriel Torres; el vicepresidente del tribunal, Daniel Fernando Soria; y el director de la Real Academia Española y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, Santiago Muñoz Machado.

También participó del cierre el procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte-Grand, quien había formado parte además de las actividades de apertura y de distintas exposiciones.

“Comprender es un derecho”

Una de las definiciones que quedó instalada durante la Convención fue pronunciada por Torres: comprender es un derecho fundamental.

La frase resume buena parte del espíritu del encuentro.

Porque cuando una persona recibe una resolución judicial, una notificación, una explicación administrativa o cualquier otra comunicación oficial, no alcanza con que el texto sea técnicamente correcto. También debe poder entender qué significa y qué consecuencias tiene.

Desde esa perspectiva, el lenguaje claro aparece como una herramienta vinculada directamente con el acceso a la Justicia.

Muñoz Machado, por su parte, puso el acento en la necesidad de construir una cultura de la transparencia y la claridad, acompañada por capacitación y educación.

La magnitud del encuentro quedó reflejada en sus números: 275 exposiciones y más de 1.200 asistentes.

Durante las jornadas se habló de comunicación judicial, derecho a comprender, accesibilidad cognitiva, lectura fácil, formación profesional y comunicación institucional.

Pero también hubo lugar para temas que ya están modificando la manera en que las personas se relacionan con las instituciones: inteligencia artificial, tecnologías del lenguaje y comunicación pública digital.

Representantes del Ministerio Público bonaerense expusieron además sobre procesos penales, atención a víctimas, juicio por jurados, comunicación institucional y herramientas para mejorar la comprensión de la información judicial.

El planteo de fondo es sencillo: si una persona no entiende lo que dice una institución, difícilmente pueda ejercer plenamente sus derechos.

El fallo, del Tribunal en lo Criminal Nº 1, fue producto de un acuerdo de juicio abreviado, en el cual la fiscalía, la defensa y el imputado brindaron su consentimiento.

La investigación, a cargo de la UFIJ Nº 19, a cargo del fiscal Mauricio Del Cero, comprobó que Uboldi comercializó cocaína y marihuana al menos desde octubre de 2024 hasta mayo último.

El condenado utilizaba cuentas virtuales a su nombre para recibir las transferencias de dinero y coordinaba los pedidos a través de WhatsApp, Instagram y Messenger. La entrega de la sustancia se realizaba bajo la modalidad de cadetería a domicilio o mediante encuentros pautados en la vía pública.

Denuncia anónima

La causa se inició tras una denuncia anónima a principios de año, lo que motivó tareas de vigilancia y filmaciones por parte de agentes de Prefectura Naval.

Los efectivos registraron maniobras compatibles con la venta de droga en la zona y reunieron el material probatorio suficiente para que la Fiscalía solicite la media a la Justicia de Garantías.

El arresto definitivo se registró a fines de mayo pasado cuando, luego de mantener una pelea con un hermano suyo, Emiliano Gabriel Uboldi. 

Al notar la llegada de los agentes a su domicilio, en Cramer al 300, Walter Uboldi intentó escapar e ingresó sin autorización al patio de la casa de un vecino.

Tras ser reducido, la Policía encontró dentro de su mochila seis envoltorios con cocaína, frascos con marihuana, una balanza digital de precisión, municiones, dinero en efectivo y un celular.

Ubodi fue condenado por tenencia y venta de estupefacientes en concurso con violación de domicilio. Asimismo, se dispuso el decomiso y la destrucción de la sustancia secuestrada, junto con el decomiso de los instrumentos y teléfonos utilizados para concretar el delito.

"Le sacaron el respirador, está haciéndolo por sus propios medios y se encuentra estable. No está fuera de peligro, porque aún tiene un drenaje pleural y eso hay que cuidarlo mucho, pero gracias a Dios, dentro de todo lo malo que pasó, está saliendo adelante", dijo Daiana, tía de Benjamín.

El joven permanece internado en el Hospital Penna, donde es asistido por las heridas sufridas durante el hecho que se produjo en la zona de James Harris al 300.

"Recibió cuatro puñaladas del lado izquierdo del cuerpo, entre la espalda, las costillas y en un brazo y una mano", describió la mujer en diálogo con el programa Panorama de LU2.

Por el caso fue arrestado Nazareno Ezequiel Fri (20), quien se encuentra imputado del delito de tentativa de homicidio agravado.

Voceros oficiales indicaron que el sujeto declaró y brindó su versión de lo sucedido. 

Tras la audiencia, los responsables de la UFIJ Nº 5, a cargo del doctor Jorge Viego, solicitaron a la Justicia de Garantías la conversión de la aprehensión en detención.

Acerca del incidente, la mujer mencionó que "los vecinos nos contaron que el chico tenía todo premeditado".

"Esperó para ingresar que los amigos de mi sobrino y de otros chicos que estaban ahí se vayan. Entró y empieza a decirle a una sobrina y a una chica que es su expareja `es él, es él´, creyendo que Benjamín tenía una relación con ella. Él (por la víctima) no lo conocía".

Describió que "lo sacaron de la casa y lo llevaron hasta la esquina, donde se pelea con mi sobrino, saca un cuchillo y lo apuñala. Andaba en moto y la dejó a la vuelta. Fue directamente a hacer daño".

Sobre el accionar del acusado, Daiana sostuvo que "me decían que estaba endemoniado. Mi sobrina me dijo que daba miedo verle la cara".

"Nosotros no queremos que esto quede así, queremos que se haga justicia. No lo mató porque mi sobrino es joven, porque le pone muchas ganas para recuperarse y porque los médicos del hospital son geniales".

La resolución judicial integró las sanciones relacionadas con tres causas tramitadas de forma independiente. El primero corresponde a un intento de homicidio con un arma de fuego cometido en noviembre de 2020.

Las otras dos responden a un robo agravado en la vía pública y a la tenencia de drogas fraccionadas para su comercialización, hechos que se registraron, de forma simultánea, en septiembre de 2025.

Durante el proceso, la fiscalía solicitó sumar cada una de las condenas de manera directa y estricta, amparándose en la reforma del Código Penal aprobada por la Ley 27.785.

Por su parte, la Defensoría Oficial cuestionó ese planteo y solicitó aplicar un criterio de composición graduado, fijando un monto total más adecuado y acorde con la ley vigente al momento del primer hecho.

La jueza le dio la razón a la defensa y rechazó la suma directa. En su fallo explicó que no se puede aplicar una regla más dura de forma retroactiva, ya que el primer delito ocurrió en 2020, cuando esa norma más estricta todavía no existía.

Con esta resolución firmada en el tribunal, el expediente quedó cerrado a la espera del trámite final. Una vez que la sentencia quede fija, un juez de ejecución penal se encargará de controlar que el detenido cumpla la totalidad de la condena en la cárcel.

El delito se cometió el pasado domingo, cuando un desconocido ingresó en el buffet-cantina de Once Corazones y se apoderó de packs de cervezas, vino, algunos comestibles, golosinas, algo de dinero y una cuchilla blanca.

La Policía logró avanzar con la investigación y relacionó a un joven de 22 años con el hecho. Con las pruebas reunidas obtuvo una orden judicial de allanamiento en una vivienda de Libertador 550, de Indio Rico.

En el patio de la vivienda, escondido debajo de unos arbustos, y dentro de un pozo en la tierra, los uniformados pudieron secuestrar parte del material sustraído.

Además se secuestró una bolsa con un remito de papel con la inscripción Once Corazones y una lista de precios y cupones de socios de la entidad.

A unos cinco metros del pozo, entre pastizales, se pudo recuperar la cuchilla, con hoja de 25 centímetros de largo.

En cuanto al presunto autor, la Policía lo identificó como Valentín Emiliano Monzón, quien había sido aprehendido en agosto pasado por la tenencia de un arma de fuego en su domicilio, que en ese caso había sido allanado por una causa de lesiones (agencia Coronel Pringles).

Según las primeras informaciones, el impacto afectó gran parte de la fachada y dejó la estructura frontal seriamente dañada.

Tras el hecho, se aguardaba la intervención de las autoridades correspondientes para evaluar el estado del edificio y determinar si existe algún riesgo para quienes concurren al establecimiento o circulan por el sector.

Hasta el momento no se informaron mayores detalles sobre las circunstancias en las que se produjo el choque ni sobre posibles personas heridas.

Los detenidos fueron Juan Salgado, de 36 años, y Darío Juan Ramírez (51), mientras que Nicolás Chamorro (29), fue aprehendido en otro procedimiento.

El operativo se llevó a cabo en distintos puntos de la ciudad, entre ellos la zona del macrocentro, en inmediaciones de Brown y Estados Unidos, y el barrio Villa Rosario Sur.

El despliegue estuvo a cargo del Gabinete Investigativo de Comisaría Primera, con la colaboración del Escuadrón de Caballería y efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI).

En uno de los procedimientos se concretó la detención de Juan Salgado, sobre quien pesaba un comparendo compulsivo solicitado por el Juzgado Correccional N° 2.

También fue detenido Darío Juan Ramírez, quien registraba un comparendo compulsivo activo solicitado por el Juzgado Correccional N° 3, en una causa por homicidio calificado en grado de tentativa. Ambos requerimientos corresponden al DJBB.

Por otra parte, en calle La Niña al 600, en Villa Rosario Sur, los efectivos aprehendieron a Nicolás Chamorro, en el marco de una causa por tenencia de estupefacientes.

Durante el procedimiento, los policías secuestraron aproximadamente 15 gramos de cannabis sativa (marihuana) que se encontraban en poder del sospechoso. Además, se constató que Chamorro registraba un pedido de paradero activo por el delito de encubrimiento.

En la tarde de este lunes el dirigente Pablo Such, presidente de la institución puntaltense, le confirmó a "La Nueva." que un camionero de Coronel Suárez encontró anoche mismo los bolsos al costado del camino, en la misma zona del paraje El Guanaco donde el equipo de rugby sufrió el robo.

"Aparecieron las cosas. Me las encontró un camionero anoche, dijo que estaban acomodadas así, como se ven en la foto, al costado de la ruta. Se ve que las habían dejado así para recogerlas luego pero pasó el camionero antes y las recuperó. Están en Coronel Suárez je, pero bueno. Aparentemente está todo", dijo Such.

El directivo del PARC contó que en la noche del domingo y de regreso luego de disputar una competencia deportiva en Santa Rosa, el colectivo que trasladaba al plantel había sufrido el robo casi imperceptible para los pasajeros y choferes.

"Están haciendo un tramo nuevo, entre la ruta acá que va para Ingeniero White y El Guanaco y está todo roto. La otra vez desbarrancó un camión en un terraplén. Hay que pasar despacio. Y se ve que cuando pasamos despacio, nos abrieron la baulera (del colectivo). Nos llevaron los dos bolsos de las camisetas de la Primera y de la Intermedia, el bolso de pelotas y un par de bolsos más de unos chicos", había dicho esta mañana.

El club también publicó un comunicado en sus redes sociales donde detalló lo ocurrido y el faltante.

"El hecho ocurrió sobre la Ruta Nacional 3, luego de pasar la rotonda de la Ruta 252, en las inmediaciones del puente ubicado sobre la Ruta 3, en sentido hacia la Planta de Tratamiento Cloacal de ABSA", indicaron.

"2 bolsos grandes que contenían camisetas oficiales del club, con aproximadamente 25 camisetas cada uno; 2 bolsos medianos, pertenecientes a los jugadores Leonel Barragán y Mauricio Mesa, con pertenencias personales y deportivas, incluyendo botines, ropa deportiva y toallones. En uno de ellos también se encontraba documentación y tarjetas personales", agregaron.

"1 bolso grande que contenía pelotas de rugby y otros elementos utilizados para las prácticas y 1 bolso con materiales de entrenamiento, entre ellos conos, vallas y botellas de agua", indicaron.

"Se solicita a quienes puedan aportar información sobre el hecho o hayan encontrado alguno de estos bolsos o elementos que se comuniquen con el Punta Alta Rugby Club. Toda información que permita recuperar las pertenencias será de gran ayuda para el club y sus jugadores", explicaron.

El hecho se registró alrededor de las 2.10, cuando efectivos policiales acudieron al lugar a raíz de un llamado al servicio de emergencias 911.

De acuerdo con el reporte policial, el imputado -identificado como Nazareno Ezequiel Fri, de 20 años- se habría presentado en el domicilio e increpado a su expareja. En esas circunstancias, un joven de 16 años, familiar de la joven, intervino en su defensa, iniciándose una confrontación física.

Durante el enfrentamiento, Fri habría utilizado un arma blanca para agredir al adolescente, provocándole un corte en el antebrazo izquierdo y una herida cortopunzante en la región lumbar, tras lo cual se retiró del lugar a bordo de una moto Zanella ZR 150 cc, en dirección a Ingeniero White.

La víctima fue asistida inicialmente por personal sanitario y trasladada en ambulancia al Hospital Penna para recibir atención médica.

Minutos después del hecho, Fri fue aprehendido por personal del Comando de Patrullas.

Las actuaciones fueron iniciadas en primera instancia bajo la calificación de lesiones agravadas por el uso de arma blanca.

Posteriormente, a partir de la evaluación de la entidad y gravedad de las lesiones constatadas, la causa fue recaratulada como homicidio en grado de tentativa, quedando la investigación bajo intervención de la UFIJ N.° 5 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

El debate se extenderá hasta este viernes y como juez técnico actúa Hugo de Rosa, en representación del Tribunal en lo Criminal Nº 1.

El hecho de sangre se cometió entre el 8 y el 9 de octubre de 2024, en un campo de Hilario Ascasubi, en el partido de Villarino.

Según la investigación a cargo del fiscal de homicidios bahiense, Jorge Viego, los acusados ingresaron en el establecimiento Buena Ventura y atacaron brutalmente a Rodas Ortiz, que era de nacionalidad boliviana.

Los asaltantes golpearon al hombre y le provocaron heridas cortantes profundas en el tórax, que afectaron el pulmón y el corazón y le causaron la muerte.

Poco antes Rodas Ortiz había cobrado una suma millonaria por la venta de cebolla, que los delincuentes habrían sustraído.

El cuerpo sin vida del agricultor fue hallado por otro productor rural, que llegó al lugar y dio aviso a la Policía.

La fiscalía sostiene que la víctima había vendido cebolla y tenía el dinero en efectivo de esa operación.

En base a tareas investigativas posteriores, el fiscal Viego pudo vincular a los tres procesados con el hecho.

El juicio se desarrolla en el quinto piso de Tribunales, en Estomba 34.

El fallo, del Tribunal en lo Criminal Nº 2, fue resuelto en el marco de un proceso de juicio abreviado.

Se le impuso la pena de 6 años de prisión a Raúl Marcelo Morales, al considerarlo autor penalmente responsable de dos tentativas de homicidio, agravadas por el uso de arma de fuego.

Por su parte, a Gustavo Heriberto Vera se le aplicó la pena de 3 años y 2 meses de prisión, tras ser hallado partícipe secundario de los dos intentos de homicidio agravados.

El hecho, investigado por la UFIJ Nº 5, a cargo del fiscal Jorge Viego, se registró el 24 de mayo del año pasado, en las inmediaciones de las calles Euzkadi y Chancay, en Pringles.

Hasta allí arribaron Morales y Vera, a bordo de un automóvil Chevrolet Aveo de color azul oscuro.

En medio de una discusión previa con las víctimas, identificadas como Domingo Emanuel Ferreyra y Matías Javier Trejo, Morales se dirigió al vehículo, tomó una escopeta y disparó a corta distancia contra ambos con la clara intención de provocarles la muerte.

Como consecuencia del ataque, Ferreyra sufrió lesiones múltiples en el tórax, abdomen, brazos y muslos. La gravedad de sus heridas puso en riesgo su vida y requirió intervención quirúrgica con pronóstico reservado.

Tras la agresión, Morales corrió hacia el vehículo donde Vera lo aguardaba con el motor encendido para concretar la fuga hacia la calle Tierra del Fuego.

En ese instante, Trejo intentó perseguir el automóvil, momento en el que Morales volvió a efectuar un disparo desde el interior del rodado en movimiento. A raíz de este segundo ataque, la víctima sufrió heridas por perdigones en su mano derecha y en la pierna derecha.

En el fallo, el juez Eugenio Casas, valoró la gravedad del ilícito, el disvalor tanto de la acción como del resultado y la mecánica llevada a cabo, ya que efectuaron los disparos en la vía pública, poniendo en riesgo la vida de terceros.

El hecho ocurrió alrededor de las 15 en Drago al 2100.

Durante el procedimiento, personal de la Policía Local aprehendió a Dante René Riquelme, quien momentos antes había proferido amenazas contra la otra persona involucrada.

Según se indicó, tras el hecho el arma fue descartada y, posteriormente, el personal interviniente realizó un rastrillaje en la zona. Como resultado del operativo, encontró en la primera cuadra de calle Sosa un revólver marca Galand calibre 22 con dos municiones intactas en sus alveolos.

El aprehendido, el arma secuestrada, el damnificado y los testigos fueron trasladados a la comisaría Cuarta. 

La causa fue establecida como amenazas agravadas e infracción al artículo 189 bis del Código Penal. La intervención judicial quedó a cargo de la UFIJ N.º 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

Después del despiste, el auto fue hacia la banquina, chocó contra un árbol, volcó y terminó nuevamente en la ruta 72, pero a unos 80 metros de donde se produjo el violento choque.

La investigación determinó que Rafael Pozos estaba alcoholizado y circulaba a elevada velocidad al momento de la colisión.

A fines de 2024, el juez en lo Correccional de Tres Arroyos, Gabriel Giuliani, sentenció a Pozos 6 años de cárcel, por los delitos de homicidio culposo agravado y lesiones culposas leves agravadas.

También le impuso una prohibición para conducir vehículos por una década.

La defensa del joven apeló el fallo, aunque la Sala I de la Cámara Penal bahiense solo atendió algunas cuestiones y ratificó el veredicto condenatorio, determinando una reducción de seis meses en la sanción privativa de la libertad.

En ese sentido, fuentes judiciales mencionaron que el 29 de diciembre de 2025, el automovilista fue excarcelado en los términos de la libertad asistida. 

En la presentación, el abogado del imputado atacó la acreditación del estado de alcoholemia del procesado y los protocolos que se utilizaron.

El camarista Gustavo Barbieri describió que las muestras de sangre y orina obtenidas pocas horas después del siniestro arrojaron la presencia de un “nivel de alcoholemia y alcoholuria de 2.1 gramos por litro de sangre y 3.4 gramos por litro de orina” en el organismo de Pozos.

Agregó que las enfermeras de la Unidad Sanitaria de Oriente describieron la forma en que llevaron adelante el proceso y consideró que no se evidenció “algún tipo de irregularidad que pudiera afectar la calidad las muestras y la fiabilidad del resultado”.

Del mismo modo, detalló que algunos testigos manifestaron que el individuo “no caminaba bien”, que “se encontraba borracho” y “casi no podía hablar”.

Más adelante se refirió a las condiciones climáticas existentes al momento del impacto, coincidiendo con Giuliani que estaba lloviendo cuando se produjo la fatal colisión que le costó la vida a Iván Carrizo (41), Ángel Javier Román (16), Jeremías García (16) y Ceferino Palmas (22).

Alta velocidad

Un aspecto cuestionado por la defensa fue la velocidad a la que circulaba la camioneta.

Barbieri mencionó que otros conductores dijeron haber sido sobrepasados por Pozos, señalando que “nos pasó rápido” o “nos pasó muchísimo más ligero”.

En tanto, un perito estimó que el vehículo se movilizaba a unos 130 kilómetros por hora, mientras que la computadora del rodado estableció que lo hacía a 124, previo al impacto.

Señaló que, a partir de lo planteado en el recurso, no existen evidencias de que el auto habría estado detenido sobre la cinta asfáltica.

De la misma forma, se descartó que el daño que presentaba uno de los neumáticos del Laguna se habría registrado previo al impacto.

“Tampoco asiste razón respecto de la entidad determinante que se asigna a la falta de utilización del cinturón de seguridad por parte de los ocupantes del automóvil impactado, respecto de la producción de los resultados fatales”, agregó el magistrado.

En resumen, estimó que “atento la dimensión de los daños que se han observado en los rodados, la excesiva velocidad de circulación de la camioneta al momento del impacto, considero que la hipótesis defensista no alcanza para desplazar la interpretación de los hechos del veredicto".

Descartaron agravantes de la sanción

Pedido. La defensa del imputado, entre otras consideraciones, rechazó las agravantes contempladas por el juez en lo Correccional, Gabriel Giuliani, para determinar el monto de la pena.

Decisión. El camarista Gustavo Barbieri admitió parcialmente los fundamentos y resolvió reducir en seis meses la sanción.

Aceptación. Barbieri consideró acertado tener en cuenta la pluralidad de víctimas registradas como consecuencia del choque.

Rechazo. Sin embargo,  descartó como agravante la "insensibilidad e indiferencia del imputado ante el siniestro protagonizado inmediatamente luego de acaecido". De la misma forma, estimó que tampoco corresponde valorar la condición de estudiante de Derecho del procesado.

Acompañante. Finalmente, el camarista indicó que lo mismo sucede respecto de la extensión del daño padecido por la joven que circulaba como acompañante en la camioneta y que resultó con lesiones leves.