Fuentes oficiales indicaron que efectivos de la comisaría Cuarta arrestaron a Rodolfo Ariel Molina en la zona de Capitán Montero al 2.200.

La medida fue solicitada por el fiscal Mauricio Del Cero y autorizada por el Juzgado de Garantías N° 2, a cargo del doctor Guillermo Mércuri.

Los voceros mencionaron que el sujeto está acusado de "haber comercializado cocaína y marihuana, al menos durante el periodo comprendido entre el 2 de Octubre de 2024 y el 15 de enero del 2026, en distintos puntos de la ciudad".

También se lo acusa de haber tenido en su poder y para la venta 2.5 gramos de cocaína encontrados durante el allanamiento efectuado a principios de este año en su vivienda, ubicada en el sector donde fue arrestado. Allí también incautaron seis celulares, chips de teléfonos y una planta de cannabis sativa.

Destacaron que la investigación se puso en marcha el 17 de diciembre pasado, cuando efectivos de la seccional de Villa Mitre tomaron conocimiento de que el sospechoso "se dedicaría a la venta de drogas".

"De la visualización del teléfono de Molina surgen numerosas transferencias y comunicaciones vinculadas al delito investigado en las que se habla de bolsas, gramos, frascos, precios y puntos de encuentro", explicaron.

Finalmente se informó que el sujeto será indagado en las próximas horas en la sede del Ministerio Público.

El fallo, resuelto en un juicio abreviado por el integrante del Tribunal en lo Criminal Nº 3, Julián Saldías, recayó en Lucas Blanco.

El imputado fue sentenciado a seis meses de prisión por el delito de encubrimiento y declarado reincidente.

Como el individuo contaba con dos condenas anteriores (por robo y tentativa de robo agravado), el magistrado dictó una pena única de dos años y nueve meses de cárcel.

El juez consideró probado que con anterioridad al 4 de agosto de 2025, en la vecina localidad balnearia, el procesado recibió "con conocimiento de su procedencia ilícita o debiendo suponerla", una licuadora, una pava eléctrica de acero inoxidable, dos parlantes bluetooth, cuatro ollas de acero inoxidable, un set de cocina con mangos de madera metal y plástico, un organizador de mimbre conteniendo un set de cubierto y una cuchilla.

Se determinó que los objetos, secuestrados durante un allanamiento en un departamento de la primera cuadra de calle Dufaur, habían sido sustraídos de un domicilio situado en Avenida Bahía Blanca al 900.

Todos los elementos incautados en el procedimientos fueron reconocidos por el damnificado, quien al concurrir a su propiedad descubrió lo sucedido.

Saldías señaló que el imputado fue arrestado mientras estaba realizando tareas en una obra en construcción ubicado en Lucinda Sutton al 1.300 y que los artículos sustraídos fueron encontrados en la propiedad donde residía.

Finalmente, consideró como agravante las condenas que el sujeto recibió previamente.

Por esa infracción, en la cual consta "sin certificado de habilitación", en mayo pasado, desde el Tribunal Municipal de Faltas le fijaron a sus titulares una audiencia para el martes de la semana que viene, que se realizará más allá del trágico resultado del último sábado.

El camino de dicha acta es bastante confuso, según pudo reconstruir La Nueva. 

Si bien para la audiencia de la semana que viene están citados los responsables de Power Zone SRL, a cargo de la franquicia local del gimnasio, en el acta figuran los responsables de Rudda Coffe Club, un café que tiene asiento en el mismo establecimiento.

Muerte en el gimnasio: quiénes son los responsables de la franquicia loca

Como el acta del inspector municipal no es del todo clara, no se sabe si la falta de habilitación labrada tiene que ver con todo el complejo o solo con el restaurante. Y tampoco se determinó si Rudda Coffe Club pertenece a Power Zone SRL, pese a que en el escrito así lo mencionó el inspector.

Dos caminos

Se explicó que en cualquier caso de una inspección comercial (por ejemplo, por falta de habilitación o higiene o por presencia de roedores), los agentes comunales tienen dos caminos para formalizar un acta: 

1- Clausura preventiva del local (en ese caso el juzgado de Faltas tiene 24 horas para ratificar o no la medida).

2- Tramitación de acta sin clausura (se le da curso como cualquier infracción de tránsito).

En el caso del acta realizada en abril en la avenida Cabrera al 4.100 se dio por esta segunda vía (quedó a criterio del inspector que concurrió al lugar), con lo cual el sumario siguió el camino más largo y debió respetar los tiempos de la cargada agenda del Tribunal Municipal de Faltas.

"Este tipo de trámite, por la segunda vía, se da aproximadamente en el 90% de los casos", sostuvo una fuente consultada. 

Se supo también que en diciembre último se había labrado otra acta en ese domicilio, que también está pendiente de resolución porque los responsables no concurrieron a la primera audiencia y se les reprogramó una nueva reunión para más adelante.

Al margen de estos trámites, lo concreto es que hoy el gimnasio está clausurado y con futuro incierto.

El fiscal Cristian Aguilar, titular de la UFIJ Nº 1, dispuso esa medida preventiva inmediatamente después de tomar intervención en la causa Cafasso y luego giró las actuaciones al Municipio, que le dio traslado al Tribunal de Faltas para ratificar el cierre transitorio del local.

El profesional del Derecho bahiense presidirá el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (COLPROBA) durante el período 2026-2028.

Gentili fue electo presidente durante una sesión del consejo superior de la entidad provincial, de la que participaron los titulares de los 20 departamentos judiciales bonaerenses.

En el mismo acto también se designaron a María Victoria Lorences (Lomas de Zamora) como vicepresidente primera del COLPROBA; a Juan Pablo Cremonte (Dolores) como vicepresidente segundo; y a Jorge Omar Frega (Morón) como secretario.

El fallo, resuelto por el juez del Tribunal en lo Criminal Nº 1, doctor Hugo Adrián De Rosa, recayó en José Ariel Contreras (42), quien actualmente reside en la provincia de Salta.

Al momento de los alegatos la fiscal Agustina Olguin había solicitado una sanción de 4 años de cárcel para el procesado, mientras que el defensor Sergio Oscar Ferreri pidió la absolución del sujeto.

Para el magistrado quedó probado que el 24 de mayo de 2023, en el interior de un centro de estética que funcionaba en 25 de mayo al 300 de la vecina ciudad, durante una sesión de masajes, y cuando la víctima se encontraba recostada en una camilla, el imputado intentó accederla carnalmente.

La mujer declaró que conocía al individuo y a su esposa, y que había concurrido en otras dos ocasiones antes del incidente denunciado.

Explicó que padecía dolores recurrentes en la espalda y la zona cervical, por lo que había acudido al local para recibir masajes descontracturantes.

Dijo que en las sesiones anteriores estaban otras personas en el lugar y que el día de los hechos Contreras se encontraba solo, lo que le llamó la atención.

La víctima, que también dejó Punta Alta a partir de lo ocurrido, relató las circunstancias en que se produjo el intento de abuso.

Detalló que se resistió, le recriminó al sujeto por su conducta y logró retirarse del sitio.

Agregó que el acusado “comenzó a pedirle disculpas reiteradamente y a decirle que no había sido su intención”.

Mencionó también que le contó a una amiga y por su consejo realizó la denuncia penal.

Pruebas y decisión

En la causa declaró, además del esposo y la madre de la mujer, un psicólogo que la asistió por la afectación que le produjo lo sucedido.

Un perito oficial indicó que no halló elementos de fabulación en el relato de la damnificada, ademàs de detectar la presencia de un "desborde emocional al tratar los hechos denunciados".

Durante una evaluación que se le realizó al imputado, el mismo negó las acusaciones y consideró la presentación en su contra como una especie de “despecho” por no responder a “actitudes de seducción y provocación” por parte de la mujer.

De Rosa destacó que la víctima fue “coherente, precisa y persistente a lo largo del tiempo”.

Argumentó también que “su relato mantuvo una línea narrativa uniforme desde la denuncia inicial hasta su declaración en el juicio, describiendo con detalle las circunstancias previas, concomitantes y posteriores al episodio investigado”.

Dijo que su versión encuentra confirmación en las declaraciones de otras personas y profesionales, quienes describen lo que la mujer les contó y la angustia que le provocó lo sucedido.

También aclaró que “la hipótesis defensiva sostenida por el imputado no logra generar una duda razonable”.

Agregó que la “supuesta represalia por no haber accedido a insinuaciones de carácter sexual efectuadas por la víctima carece de respaldo objetivo alguno y aparece sustentada exclusivamente en sus propias manifestaciones”.

Finalmente, además de la pena en suspenso, el juez le impuso al acusado reglas de conducta que deberá obedecer por espacio de 4 años, entre ellas evitar contactar o acercarse a la víctima.

Ese es uno de los puntos relevantes que busca dilucidar el fiscal Cristian Aguilar, luego del allanamiento y la inspección realizados ayer en las instalaciones -que siguen clausuradas- ubicadas en la avenida Cabrera al 4.100.

Muerte en el gimnasio: quiénes son los responsables de la franquicia local

En esa línea, seguramente se consultará con un perito ingeniero para determinar si, como se cree, en los planos figura la construcción de una pared en el sector donde solo estaban las gigantografías que el sábado provocaron la caída al vacío del cliente de 69 años, luego de trastabillar al bajar de un elíptico.

Y de confirmarse esa presunción podría quedar comprometida la situación procesal del responsable de la obra, cuyo nombre no trascendió.

El fiscal, por otro lado, también evalúa citar a una persona, con seudónimo, que realizó un comentario como forista en una nota de La Nueva. sobre este drama y se refirió a un antecedente que, por milagro, no llegó a tragedia.

Se trata, según dijo, de un hombre que realizaba tareas de plomería y, según dicho lector, cayó por el mismo cielorraso y luego quedó colgado a 2,5 metros de altura, hasta que finalmente fue rescatado.

Los voceros indicaron que el procedimiento se desarrolló tras el aviso de los operadores del Centro Único de Monitoreo, quienes observaron a un sujeto pretendiendo cortar el candado con el que estaba asegurada una moto marca Rouser 200cc. en la zona de calle O`higgins al 100.

Efectivos del Comando de Patrulla se dirigieron al sitio y lograron interceptar a Leandro Ariel Alba, de 37 años, secuestrando en su poder una pinza, un destornillador y un cuchillo, los que presuntamente habría utilizado poco antes.

Los policías también demoraron a una mujer que acompañaba al acusado y que no tenía documentación personal.

Fueron trasladados a la comisaría Primera, donde iniciaron actuaciones por el delito de tentativa de robo. 

Vehículo robado

Un menor fue arrestado anoche cuando circulaba al mando de una moto con pedido de secuestro.

El joven, de 16 años, fue interceptado en la zona de Parera al 2.200 cuando circulaba en una moto Honda Wave 110cc que no tenía patente colocada.

Los efectivos verificaron la numeración del rodado y detectaron que era sustraído, por lo que procedieron a secuestrarlo. También advirtieron que la identificación del cuadro estaba limada.

El adolescente fue imputado de encubrimiento e infracción al artículo 289 del Código Penal.

En las imágenes se observa cómo el hombre, encapuchado y con gorra, se apodera de una amoladora, un cable extensión, un martillo percutor y taladros, para irse con absoluto cuidado para no despertar a los damnificados.

"Otra vez fuimos víctimas de la inseguridad" escribió la mujer en sus redes sociales.

"Este delincuente ingresó saltando el cerco de nuestra vivienda y nos robó herramientas de trabajo: amoladoras, taladros, alargues, martillo percutor y otros elementos que utilizamos para ganarnos el sustento día a día", agregó.

"Lo más indignante es que no es la primera vez: esta misma persona ya ingresó tres veces a nuestra casa, incluso estando nosotros adentro" aseguró Patricia.

A su vez, pidió a la comunidad que no compre los elementos si se los ofrecen a bajo costo.

"Compartimos las imágenes para que la comunidad esté alerta. Si alguien les ofrece herramientas de estas características para vender, les pedimos que nos avisen, ya que podrían ser parte de lo que nos fue robado", mencionó.

"Y si alguien reconoce a la persona que aparece en el video, le agradecemos que nos informe por privado o que aporte los datos correspondientes a las autoridades para que este hecho no quede impune.Trabajamos con esfuerzo para conseguir nuestras cosas y duele ver cómo actúan con total impunidad. Gracias a todos por compartir y ayudar" cerró.

Según informaron fuentes oficiales, el procedimiento se inició a partir de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de varias personas sobre el techo del establecimiento.

Al llegar al lugar, efectivos del Comando de Patrullas y de la Unidad de Prevención de Policía Local (UPPL) observaron a tres individuos que escapaban por el sector de las vías férreas. Tras un rápido rastrillaje, lograron aprehender a dos de ellos, ambos de 17 años, mientras que un tercer sospechoso consiguió darse a la fuga.

Durante el operativo se secuestraron dos mochilas que contenían cinco paquetes de tiras de luces LED con sus respectivos transformadores, una botella de vodka y dos teléfonos celulares. Además, los efectivos incautaron tres bicicletas que habían sido abandonadas en las inmediaciones.

Posteriormente, en presencia del responsable del local, se constató que los autores habían ingresado tras escalar un paredón de aproximadamente cinco metros y forzar una ventana balcón. También se verificó que las tiras de luces LED recuperadas pertenecían al establecimiento.

Los adolescentes fueron trasladados al Destacamento Palihue, con intervención del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, el Juzgado de Garantías del Joven y la Defensoría del Joven.

La causa fue caratulada como "robo en grado de tentativa agravado por escalamiento y averiguación de procedencia".

Es que la fiscalía encontró una forma de agravar la imputación a Juan Bautista Bravo e Imanol Santerre, a quienes ayer les allanaron sus viviendas para el secuestro de los celulares.

Además de infracción a la ley de maltrato animal (Nº 14.346), y que prevé una pena de un año de prisión, los acusarán por violar la ley de conservación de fauna (22.421) -por el tipo de animal atacado-, que sube un año más la posible sanción.

Pero eso no es todo. Esta última normativa prevé la inhabilitación para su autor -una pena accesoria a la prisión que impide temporalmente al infractor ejercer actividades relacionadas con los animales silvestres- lo cual le impide al procesado obtener una suspensión de juicio a prueba (conocida como probation).

Quiere decir que, de concretarse la estrategia consensuada entre la fiscal Marina Lara, a cargo de la causa, y el secretario de la fiscalía general, Santiago Garrido, Bravo y Santerre no podrán evitar llegar a juicio.

Y más allá de que seguramente no recibirían una condena de prisión efectiva, sino que sería en suspenso, el hecho de llegar a juicio y ser sentenciados les podrá correr como un antecedente penal.

En cambio, quienes logran la suspensión de juicio a prueba, en caso de cumplir lo pautado por la Justicia (pagar su delito con dinero o hacer tareas comunitarias y cumplir determinadas reglas de conducta) quedan finalmente sobreseídos y, al extinguirse la acción penal, no se registran antecedentes.

"En el juicio seguramente podrían recibir una pena de prisión condicional, pero les va a quedar como antecedente", explicó Garrido.

El funcionario explicó que los teléfonos fueron secuestrados con el objetivo de obtener los videos originales de las escenas que trascendieron públicamente así como diálogos entre ellos y la posible intervención de alguna otra persona.

Se sabe que hay un tercer joven que habría retirado el cuerpo del coipo del lugar donde fue arrojado y que podría ser pasible del delito de encubrimiento.

El abogado Juan Roberto Cafasso, de 69 años, falleció al desplomarse desde poco más de 3,5 metros de altura, cuando bajó de una máquina elíptica ubicada en el primer piso, trastabilló y trató de apoyarse en unas gigantografías que aparentaban ser pared, pero cayó al vacío.

El fiscal Cristian Aguilar, quien ayer allanó e inspeccionó el establecimiento ubicado en la avenida Cabrera al 4.100, aseguró que en el lugar "hay un faltante evidente de medidas de seguridad" y que se trató de "una desgracia evitable".

Las instalaciones contaban con una habilitación municipal provisoria, que a su vez estaba vencida desde enero pasado.

La sociedad a cargo de la franquicia, según pudo averiguar La Nueva., está integrada por empresarios que no vienen de ese rubro sino de otros relacionados con el transporte y la venta de camiones.

De hecho, Power Zone fue asentada, según el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires, con sede en el kilómetro 695 de la ruta 3 sur, donde existen las empresas precedentes de estas personas.

Los integrantes de la SRL son Ariel Gustavo Vecchi (50) y Graciela Fernanda Vecchi (48) y Roberto Gastón Decker (43) y Ernesto Germán Decker (50).

Los Vecchi forman parte de VAVG, una empresa familiar de Bahía Blanca con más de 30 años dedicados a soluciones logísticas, transportes de carga a granel y combustibles.

Mientras que los Decker están a cargo de una tradicional concesionaria de camiones, con representación oficial de la marca Volvo, que también cuenta con taller para reparaciones.

Salvo Roberto Decker, que tiene domicilio en. Necochea, el resto vive en nuestra ciudad.

La sociedad que crearon el 17 de enero de 2025 fijó como objeto la "explotación, administración y operación de gimnasios, piscinas y centros de acondicionamiento físico", pero también se anotó en otros rubros, como transporte, construcción, importación y exportación y alquiler de salones.

Representación legal

La familia de la víctima ya cuenta con representación legal en la causa penal.

Se trata del abogado Martiniano Greco, quien fue presentado formalmente en la Investigación Penal Preparatoria que tramita ante la UFIJ N° 1, por el presunto homicidio culposo del doctor Cafasso.

Por otra parte, trascendió que al menos algunos integrantes de la sociedad aludida habrían entablado contacto con abogados de Mar del Plata para obtener su asesoramiento.

Dos de los operativos se dieron en nuestra ciudad y los restantes en aquella localidad, todos en relación con domicilios de Juan Bautista Bravo e Imanol Santerre, quienes se filmaron el pasado fin de semana cuando mataban a patadas a un ejemplar de coipo (nutria) en las calles de Bahía.

Los allanamientos -que tuvieron la colaboración de personal de la comisaría Segunda y de la seccional de Huanguelén- se dieron por pedido de la fiscal Marina Lara, quien tiene a su cargo la causa, y orden del juez de Garantías N° 3, Alberto Manzi.

Se supo que los domicilios allanados están ubicados en Zelarrayán al 800 (Bravo), Mitre al 900 (Santerre) y en las calles 8 (familia de Bravo) y 50 (Santerre), de Huanguelén.

"Se secuestraron teléfonos celulares, tal como mandaba la orden", confirmó un investigador del caso.

La División Ecológica es la dependencia que inició la investigación e instruyó las actuaciones en complemento con la fiscalía actuante.

El hecho, de gran relevancia local, regional y nacional, fue denunciado a través de las redes sociales por vecinos y entidades proteccionistas que observaron el video publicado por los mismos jóvenes.

La acción motivó reacciones desde distintos ámbitos, incluso la Municipalidad, el Concejo Deliberante y la UTN, donde uno de los jóvenes estudia.

Desde la comisaría Tercera identificaron al sospechoso como Bahiano Alexander Peralta, de 26 años de edad, quien fue aprehendido durante un allanamiento realizado en Maestro Piccioli al 3.200. 

En el procedimiento, solicitado por la UFIJ Nº 11, del doctor Diego Conti, y autorizado por el Juzgado de Garantías Nº 3, los uniformados secuestraron prendas de vestir y el elemento que habría sido utilizado para amenazar a la víctima.

El hecho investigado se produjo el viernes pasado, en un sector del barrio Vialidad, cuando un joven fue abordado en la vía pública por un sujeto que lo golpeó y le apuntó con un arma tipo "tumbera" para apoderarse de un teléfono celular.

Los voceros mencionaron que se logró obtener un registro fílmico de lo ocurrido.

Peralta fue trasladado a la seccional whitense y será indagado en las próximas horas.

Una vez concluida la diligencia ordenada por la Justicia de Garantías, el titular de la UFIJ Nº 1 dio detalles de la investigación por el homicidio culposo de Juan Roberto Cafasso.

"Pedí una orden de allanamiento para hacer nuevas pericias, inspeccionar nuevamente el lugar y secuestrar documentación para determinar quiénes son los dueños, la franquicia existente, e hicimos nuevas pericias con gente de la Asesoría Pericial", explicó.

Aguilar confirmó la mecánica del hecho: "La víctima estaba en un elíptico, se cae una botella de agua, cuando va a agarrar la botella, se cae hacia atrás y no había pared. Se cae desde una altura de 3,5 metros y se produce la fractura de cráneo. No había pared, había gigantografías".

También explicó que el piso desde donde cayó Cafasso era de madera y tenía un zócalo de Durlock de apenas 20 centímetros de alto.

"Después no hay nada. Y el elíptico está a 20 centímetros de ese zócalo", aclaró.

Dos testigos directos del hecho ya fueron identificados y confirmaron la secuencia, aunque tendrán que declarar de manera formal en la fiscalía, mientras que ninguna de las cámaras captó el momento del hecho.

En cuanto a la habilitación del local, Aguilar respondió que "forma parte de la complejidad de las faltas de medidas de seguridad".

"La investigación puede involucrar a muchas personas, hay que analizar la situación de los dueños y de quienes debían cumplir con las medidas. Es una franquicia en todo el país, aunque los dueños del gimnasio son de Bahía Blanca", detalló.

El fiscal descartó que pueda evaluarse la figura del dolo eventual (con una potencial pena más grave) y ratificó que mantendrá la clausura "para que nadie ingrese al lugar".

"No tenemos todavía toda esa información (sobre las normativas vigentes para la apertura de gimnasios), pero hay una cuestión de sentido común: no podés tener un elíptico a 20 centímetros del vacío", recalcó.

Fuentes oficiales informaron que Sebastián Agustín Artola fue interceptado por efectivos de la DDI en la primera cuadra de calle Las Heras.

El procedimiento fue solicitado por el fiscal de la UFIJ Nº 19, Mauricio Del Cero, y ordenado por el titular del Juzgado de Garantías Nº 3, Alberto Manzi.

Los voceros señalaron que la investigación comenzó en abril de 2024, cuando "se pudo ver a Artola efectuando, en su vivienda de calle Undiano al 100, maniobras compatibles con la venta de estupefacientes".

A partir de los elementos recolectados, el año pasado se allanó la casa del sospechoso, donde los efectivos incautaron cocaína, bicarbonato para el corte y dispositivos celulares.

"Del análisis de su contenido se pudo determinar que Artola comercializó cocaína, al menos entre el 13 de enero y el 13 de febrero de 2025, en puntos preacordados de Bahía Blanca bajo la modalidad delivery y en su domicilio".

El sujeto fue indagado esta mañana por el fiscal y decidió hacer uso de su derecho de guardar silencio.

La medida, confirmada por fuentes de la investigación, se da en el marco de la investigación por el homicidio culposo del abogado de 69 años, quien cayó al vacío desde el primer piso (poco más de 3,5 metros de altura) de las instalaciones ubicadas en la avenida Cabrera al 4.100, cuando realizaba actividad física.

El hombre, según se pudo reconstruir, habría trastabillado al tratar de agarrar una botella de agua en la zona de las máquinas elípticas y se desplomó a través de una zona de báner que aparentaban ser una pared. 

Aguilar está acompañado por instructores de su fiscalía, así como de peritos de la Policía Científica y autoridades de la Policía.

Se informó que, por un lado, el fiscal busca recolectar documentación de interés para la causa y, por otro, los investigadores de la Científica realizan otras medidas de prueba de campo.

Desde afuera se pudo observar cómo algunos investigadores realizaban movimientos con los báners ubicados en el sector de la tragedia, para observar su prácticamente nulo nivel de resistencia a una fuerza externa, como puede ser la caída de un cuerpo humano.

En las últimas hora se conocieron detalles de la autopsia, cuya conclusión es que Cafasso falleció por un traumatismo encefalocraneano grave.

Se lo identificó como Gustavo Javier Alzugaray, de 48 años, a quien se imputó del delito de hurto agravado por vehículo dejado en la vía pública, siendo puesto a disposición de la UFIJ Nº 15.

El delito se originó cuando el delincuente aprovechó un descuido de un hombre de 57 años, dueño del Ford Ka, patente AC 757 KK, de color gris, que había dejado en marcha el vehículo, con las llaves colocadas. 

Una vez denunciado el caso al 911 se montó un rápido operativo, con participación clave de agentes del Centro Único de Monitoreo (CeUM), personal de la Policía Local, del Comando de Patrullas y la comisaría Segunda.

De esa manera se pudo interceptar el vehículo en Santa Cruz al 600 y se arrestó a Alzugaray al mando del mismo.

Luego se estableció que sobre el sospechoso, a su vez, recaía un pedido de comparendo compulsivo del martes 2 de este mes en una causa que tramita ante el Juzgado de Ejecución Nº 1.

Lo venían investigando

Alzugaray, conocido como "Banana", está vinculado a distintas investigaciones por delitos contra la propiedad registrados en Bahía en los últimos meses.

Entre ellos figura una causa iniciada el 12 de marzo pasado, cuando fue denunciada la sustracción de una billetera en Rondeau 76, cuyas tarjetas, posteriormente, habrían sido utilizadas en un comercio de Chiclana al 100.

También se encuentra imputado en una investigación por la sustracción de una bicicleta, cometida el 16 de abril último en Moreno 69, y en otra causa por el robo de diferentes pertenencias, en Gorriti 49, el 21 de abril.

Por último registra una imputación en una causa relacionada con la sustracción de un vehículo perteneciente a la Subdirección de Fiscalización de Bahía Blanca, encontrándose bajo análisis su posible participación en otros hechos.

El abogado, de 69 años, falleció el sábado, sobre las 13.30, cuando realizaba actividad física en el gimnasio Sport Club Bahía, en la avenida Cabrera al 4.100, y cayó al vacío desde poco más de 3,5 metros de altura.

Según la primera reconstrucción, el hombre trastabilló cuando estaba en el primer piso, en la zona de los elípticos, y cayó al vacío luego de traspasar unos báner de lona que simulaban una pared, pero que no tenían ningún tipo de oposición, salvo un pequeño zócalo.

Muerte en el gimnasio: los investigadores creen que fue una tragedia evitable

Al desplomarse, Cafasso traspasó un techo de placas de yeso y terminó tendido en el piso de la planta baja.

La autopsia, a cargo de una médica de la Policía, concluyó que el deceso (causa inmediata) fue por "traumatismo de cráneo grave, con destrucción de centros nerviosos superiores, por caída de altura".

Luego de esa medida procesal, desde la morgue se hizo entrega del cuerpo a los familiares de Cafasso.

El fiscal Aguilar, en tanto, recibió las primeras pericias planimétricas del lugar y busca determinar el camino de la apertura del gimnasio, que inauguró en noviembre último y contaba con una habilitación municipal provisoria que había vencido en enero.

También se identificaron a testigos presenciales, que prestarán declaración en la causa, y Lucas Abraham, a quien la Policía identificó como gerente del lugar, entregó copias del registro de las cámaras de seguridad, además de planos y la documentación del comercio.

Las fuerzas de seguridad fueron alertadas de una discusión intrafamiliar que culminó con la mujer y su hijo retirándose de su hogar. Momentos después, su pareja los interceptó en la vía pública y los condujo de manera violenta, con golpes y en contra de su deseos a la camioneta que estaba conduciendo.

Al arribar a su domicilio, la pareja del aprehendido pudo escaparse y pedir ayuda a los vecinos, mientras que él se retiró en la camioneta con el menor, para luego ser detenido por las fuerzas policiales al retornar al lugar.

En la causa interviene la UFIJNº 15.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguna víctima, llamá al 144: es gratis y atiende las 24 horas.

Los acusados recibieron penas de seis años de prisión de cumplimiento efectivo, luego de que las partes acordaran considerarlos responsables del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravada por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerla.

La causa, a cargo del área de casos complejos de la unidad fiscal Bahía Blanca, se inició a raíz de una denuncia recibida en marzo que permitió probar la "existencia de una maniobra organizada" de venta de esa droga.

Durante allanamientos se secuestró "más de un kilo y medio de cocaína, elementos para corte y fraccionamiento de la sustancia, dinero en efectivo y teléfonos celulares, cuyo análisis resultó central para reconstruir la actividad del grupo" delictivo.

El órgano acusador informó que fueron condenados Mauricio Gabriel Aramayo, Daniel Alejandro Aybar y Juan Emilio Cruz.

El juez federal Walter López da Silva homologó los acuerdos plenos celebrados entre la fiscalía federal, los imputados y sus defensores, y dictó sentencia condenatoria en los términos convenidos.

"La investigación, la acusación y los acuerdos homologados se concretaron en un plazo de aproximadamente tres meses desde el inicio de las actuaciones, lo que da cuenta de la eficacia del sistema acusatorio federal y del trabajo articulado entre el Ministerio Público Fiscal y las fuerzas de seguridad intervinientes", se informó desde fiscalía.

En el caso actuaron el titular de la unidad fiscal, Santiago Ulpiano Martínez, y la auxiliar fiscal del área de casos complejos, Gisela Moggia.