El episodio comenzó alrededor de las 16 en avenida El Benteveo, entre la rotonda de Indiada y el denominado “Triángulo”, donde un Peugeot 206 despistó y volcó. Su conductor abandonó el rodado y se dio a la fuga, lo que motivó un operativo en la zona.

Personal del Comando de Patrullas logró interceptarlo en inmediaciones de Los Tamariscos y Bouchard, donde fue identificado como Pablo Antonio Zura, de 27 años.

Según se informó, el mismo sujeto había intentado previamente robar un Ford Ka en calle Rafael Obligado al 4400, aunque desistió al ser sorprendido por el propietario.

Asimismo, se confirmó que el vehículo siniestrado había sido sustraído momentos antes en calle Santa Cruz al 100, donde su dueño lo había dejado en marcha.

El aprehendido quedó a disposición de la justicia, imputado por tentativa de robo automotor agravado y hurto automotor.

Del domicilio ubicado en Ing. Luiggi al 1300, donde reside el imputado de la causa, secuestraron un arma de fuego calibre 9 milímetros, marca Bersa, color verde, con su respectivo cargador, conteniendo 8 municiones.

Se recuerda que sobre el hombre de 33 años pesa una denuncia, realizada este lunes, por su hermano, de 29 años, por haberle exhibido ese arma durante una discusión en forma intimidante.

El procedimiento fue autorizado por el Juzgado de Garantías número 4 del Departamento Judicial Bahía Blanca. Interviene, además, la Ayudantía Fiscal de Coronel Rosales.

Los retenes se llevaron a cabo en lugares como el macrocentro bahiense y el barrio San Martín, con apoyo de personal de Policía Local Motorizada y UTOI, además de Control de Tránsito Municipal.

Así, en Brown y EE.UU. se detuvo a Valeria Vásquez, de 39 años, sobre quien pesaba un pedido de paradero activo por el delito de amenazas, solicitado por el Juzgado Correccional N° 3.

En el mismo lugar se procedió a la detención de Gabriel Cartez, de 27 años, quien era buscado por el delito de robo, solicitado por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 12.

Asimismo, en Pedro Pico y Brickman se capturó a Marcelo Bullones, de 26 años, quien registraba un comparendo compulsivo solicitado por el Juzgado Correccional N° 1 por el delito de robo. Lo propio se hizo con Guillermo Pedrocini, de 64 años, quien tenía un pedido de paradero activo por hurto, solicitado por la UFIJ N° 8.

También en el marco del operativo, se procedió al secuestro de más de diez motovehículos por tener una situación documental irregular.

Según se indicó, este tipo de operativos se realizan en base al estudio de los mapas del delito, que se analizan y coordinan en conjunto con la Jefatura Departamental, como también al análisis de las estadísticas delictuales.

El operativo se desarrolló a partir de una orden librada por el Tribunal en lo Criminal N° 2 del Departamento Judicial Bahía Blanca, en Terrada al 1.700.

En ese lugar, personal policial, detuvo a Alan Maicol López, en una causa por robo calificado por el uso de armas.

El operativo fue realizado por orden del Tribunal en lo Criminal N° 2 del Departamento Judicial Bahía Blanca, en Patricios al 2.300 de nuestra ciudad.

En ese lugar se hallaba Fernando Gómez, de 34 años, a quien se le revocó la prisión domiciliaria y se procedió a su detención.

Además, se secuestró un equipo de monitoreo.

La causa está caratulada como comercialización y tenencia de estupefacientes.

El fallo, resuelto en un juicio abreviado, fue decidido por el Tribunal en lo Criminal N.º 2.

Según la causa, investigada por el fiscal Marcelo Romero Jardín, los hechos ocurrieron entre 2019 y 2020, en reiteradas oportunidades, en la vivienda que compartían, sobre la motocicleta del imputado y dentro de un auto en la ciudad de Mar del Plata.

El hombre -no se lo identifica para preservar a la niña- aprovechaba diversas situaciones para someter a la niña, quien tenía entre 7 y 8 años de edad, amenazándola con matar a su madre.

Precisamente, los hechos se registraban cuando la progenitora no estaba en el inmueble y la menor quedaba al cuidado del procesado.

Recién en septiembre de 2022 la chica estuvo en condiciones de contarle a su madre, quien de inmediato realizó la denuncia.

El hombre fue condenado como autor de los delitos de delito de abuso sexual gravemente ultrajante en concurso real con abuso sexual con acceso carnal; ambos reiterados y agravados por el aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente con una menor de 18 años.

Este miércoles, efectivos de la Delegación de Prevención Ecologica y Sustancias Peligrosas Bahía Blanca, hallaron un Renault 19 que había sido sustraído el año pasado a un efectivo policial de esta ciudad.

El auto tenía un pedido de secuestro activo a requerimiento de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 7.

El vehículo se encontraba en un desarmadero ubicado en cercanías de las intersecciones de la ruta nacional 3 Sur y el camino Sesquicentenario.

Desde la fuerza agradecen a vecinos y medios de comunicación por la colaboración brindada durante la búsqueda.

Se trata de Gladys Noemí Milants, quien fue vista por última vez el pasado 28 de abril, cuando se retiró de su domicilio ubicado en Chiclana 3.580.

Milants tiene 1,65 metros de altura, contextura delgada, tez trigueña, cabello oscuro con flequillo y ojos marrones. Al momento de su desaparición vestía un buzo de lana de varios colores, pantalón negro y zapatos negros de taco.

Como dato relevante, la mujer no posee tatuajes ni cicatrices, no tiene celular, no registra adicciones ni utiliza redes sociales. Sí cuenta con tarjeta SUBE con saldo. Se presume que circularía a pie.

Las autoridades solicitaron a la población que, ante cualquier información sobre su paradero, se comunique de inmediato al 911 o a la Comisaría Primera, en calle Beruti 650. También se encuentra disponible la línea telefónica 291-4551902 para recibir datos que puedan ayudar a dar con su ubicación.

El planteo fue formulado hoy en los despachos de la avenida Colón 46, donde funciona el Juzgado de Garantías N° 3, a cargo del juez Alberto Antonio Manzi, quien tiene un plazo legal de 5 días para definir, aunque podría hacerlo antes de ese término.

En la audiencia estuvo presente el propio Montiel y, una vez finalizada, volvió a los calabozos de la comisaría Primera, donde está alojado desde el martes 14 de este mes.

El planteo de la defensa es que se le otorgue una excarcelación extraordinaria bajo juramento, porque no hay ningún indicio para suponer que el imputado pueda profugarse o entorpecer la investigación.

"El tiempo de la resolución depende de cómo se van respondiendo, punto por punto, lo que planteó tanto la defensa como la fiscalía", explicó una fuente judicial.

Montiel, quien negó los cargos al declarar días atrás ante la fiscal Marina Lara, afronta una pena en expectativa alta.

Para la acusación sería autor penalmente responsable de los delitos de privación de la libertad agravada, coacción agravada, violación de domicilio y daño reiterado (cuatro hechos).

Se trata de Diego Canoni, a quien se detuvo ayer -a pedido del abogado Martiniano Greco, asesor de la víctima Alejandro Peña- mientras se realizaba una audiencia en el ámbito de la Cámara Federal que determinó el cambio de competencia de la causa a la Justicia provincial.

Según la querella, el delito que podría configurar en este caso sería el de secuestro coactivo, en los términos del artículo 142 bis del Código Penal.

Esa norma prevé penas de 5 a 15 años de prisión a quien "sustrajere, retuviere u ocultare a una persona con el fin de obligar a la víctima o a un tercero, a hacer, no hacer, o tolerar algo contra su voluntad. Si el autor lograre su propósito, el mínimo de la pena se elevará a ocho (8) años".

Pero la sanción se puede agravar, de 10 a 25 años de cárcel, si se dan distintas posibilidades, entre ellas cuando participaran en el hecho tres o más personas, como se cree que sucedió en este caso.

Esa es la versión aportada por la víctima, que el jueves 16 de este mes fue citada a la estación de servicio ubicada en el acceso al Paseo del Sol, en la avenida Cabrera.

Engañado concurrió y, en esas circunstancias, habría sido amenazado y reducido por Canoni y otras personas, quienes lo trasladaron a un precario inmueble ubicado en el paraje La Escondida, cerca del Paso Vanoli.

Luego lo obligaron a transferir una importante suma de dinero y a firmar un formulario 08 para la cesión de un vehículo.

No obstante, más allá de la postura del abogado Greco, ahora la causa tendrá que tomar su curso en el ámbito provincial, a cargo de la fiscal Marina Lara y la Justicia de Garantías.

Si bien el secuestro es un delito de competencia de la Justicia Federal se consideró el traslado de la causa al ámbito provincial porque en este caso no hubo participación de agentes de las fuerzas armadas o de seguridad, la actuación de una banda organizada para cometer este tipo de delitos o una situación de interjurisdiccionalidad.

Del lado del acusado se asegura que no se trató de un secuestro sino que fue una reunión para exigir el pago de una deuda que mantendría Peña con Canoni por unos 60 millones de pesos.

Se dijo que Peña tiene una fábrica de viviendas industrializadas y que Canoni, además de ser su locatario, era su proveedor de aberturas.

Desde la comisaría Séptima informaron que el operativo se desarrolló minutos antes de las 5, cuando los efectivos estaban recorriendo la zona y tomaron conocimiento de la presencia del sujeto movilizándose en un rodado marca Motomel que había sido sustraído algunas horas antes en 14 de Julio al 200.

Los voceros explicaron que localizaron al sospechoso con la colaboración de los operadores del Centro Único de Monitoreo (CeUM).

Mencionaron que el hombre pretendió escapar, aunque finalmente fue interceptado y reducido en Alvarado al 2.100.

Allí aprehendieron a Emiliano Roa, de 21 años, quien fue imputado de desobediencia y robo de motovehículo.

El allanamiento se llevó a cabo en base a las constantes denuncias realizadas por autoridades escolares locales, por amenazas que se han encontrado en distintos establecimientos educativos maragatos.

Según se indicó desde las fuerzas de seguridad, en este marco se desarrollaron tres allanamientos en esta ciudad, en los que fueron encontrados y secuestrados una pistola 9 milímetros, 150 municiones intactas de este calibre, 12 cartuchos intactos calibre 12/70, cuatro municiones intactas calibre 22, una réplica de arma de fuego tipo pistola ametralladora de aire comprimido, y un teléfono celular.

Los operativos los realizaron personal de la Policía Comunal Carmen de Patagones, con colaboración de la Unidad Investigativa de DDI Patagones.

Se trata de Diego Canoni, quien fue acusado del delito de secuestro coactivo, según los términos del artículo 142 bis del Código Penal, según confirmaron fuentes allegadas al caso.

La detención se dispuso luego del pedido del abogado querellante, Martiniano Greco.

La Justicia Federal, a su vez, dispuso declinar la competencia federal y enviar las actuaciones a la Fiscalía provincial.

Se cree que el expediente quedará en manos de la fiscal Marina Lara.

Canoni está acusado de reducir contra su voluntad a Alejandro Peña, dueño del inmueble el cual era alquilado por el acusado para desarrollar su taller de aberturas de aluminio en la calle French al 1.300, de Villa Ressia.

La causa se originó a partir de una denuncia radicada el jueves pasado por parte de la víctima a quien, al parecer, retuvieron en un vehículo y una vivienda para despojarlo de una importante suma de dinero y un vehículo, estableciéndose que el "captor" -que actuó con otras personas- lo conocía.

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Fue clave para avanzar con la investigación tanto el entrecruzamiento telefónico como las cámaras del Centro Único de Monitoreo (CEUM), que permitieron el seguimiento de algunos vehículos, según se dijo.

De esa manera se llegó a los allanamientos realizados, uno en Salliqueló al 400 de Aldea Romana y otro en una propiedad cercana al paraje La Escondida, en inmediaciones del Paso Vanoli.

En ambos domicilios se reunió prueba de interés para la causa (como el formulario 08 que habría firmado la víctima para ceder una camioneta).

Según indicaron desde la comisaría local, cerca de las 23:45 se tomó una denuncia por la sustracción de una moto Guerrero GXR 200.

Agregaron que casi en simultáneo se recibió un aviso radial informando que un grupo de vecinos había reducido a un sujeto junto con una moto de similares características, en calle Moreno al 100, del barrio Villa Mora.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que la moto era la denunciada como robada e identificaron al sospechoso como Aarón Kimpe, de 22 años.

Kimpe quedó aprehendido, acusado de hurto de motovehículo, a disposición de la Fiscalía N° 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

Fue identificado como Maximiliano Andrés Alarcón, quien dejó de existir cuando era asistido en el hospital René Favaloro de Santa Rosa.

El joven, según se informó, se movilizaba en una moto por la calle Padre Buodo, cuando imprevistamente una camioneta que estaba estacionada inició su marcha y habría girado en “U”, para aparentemente marcharse hacia su localidad (Bernasconi), sin advertir que venía el rodado menor.

Como consecuencia del impacto de la moto contra la puerta trasera de la camioneta, el joven sufrió traumatismo severo en su cabeza a pesar de llevar colocado el casco.

El herido fue atendido de inmediato por personal sanitario de Aráuz aunque, ante la gravedad de las lesiones sufridas, lo derivaron de inmediato al hospital Favaloro de la capital provincial.

En el lugar del siniestro vial trabajó personal policial junto a la Agencia de Investigación Científica, quienes llevaron adelante las tareas periciales correspondientes.

Asimismo, se procedió al secuestro de ambos vehículos involucrados y a la extracción de muestras para los análisis de rigor (con información del diario La Arena).

El hombre, de 25 años, está imputado por el delito de homicidio culposo agravado, derivado de la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo automotor, con pluralidad de víctimas, ausencia de socorro y darse a la fuga.

Palella había sido acusado de protagonizar un doble homicidio culposo tras un accidente de tránsito ocurrido a las 5.25 del sábado, a la altura del ingreso al Aeroclub suarense.

Esa mañana, al llegar al lugar del accidente, personal policial constató que una mujer se encontraba sin vida sobre la banquina, mientras que el hombre que la acompañaba fue trasladado en ambulancia al hospital local, donde falleció posteriormente a raíz de las lesiones sufridas.

Las víctimas eran Maira Melisa Videla, de 31 años,  y Jorge Damián Videla, de 33.

Según se determinó, los hermanos circulaban en moto cuando habrían sido embestidas por una camioneta que transitaba en el mismo sentido, cuyo conductor se dio a la fuga tras el impacto.

Horas más tarde, la Policía aprehendió a Palella, domiciliado en La Colina (General La Madrid), quien había sido indicado como conductor del rodado involucrado. 

Posteriormente se secuestró una camioneta Chevrolet S10 en inmediaciones del Aero Golf Club, que habría participado en el siniestro. Asimismo, fueron identificados los acompañantes que viajaban en el rodado mayor.

El procedimiento se realizó en conjunto con el área de Ganadería de la provincia y personal del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), en el marco de una política sostenida de fiscalización impulsada por el municipio para garantizar la seguridad alimentaria de la comunidad.

Este tipo de acciones responden a una línea de trabajo clara: fortalecer los controles en los comercios del rubro cárnico y prevenir riesgos sanitarios para los vecinos y vecinas.

“Estos operativos forman parte de un seguimiento permanente que el Gobierno municipal viene realizando junto a Ganadería, con presencia territorial en carnicerías y otros puntos de comercialización”, remarcó el subsecretario de Protección Ciudadana, Norberto Domínguez,.

En ese sentido, sostuvo que “el objetivo central es garantizar la seguridad alimentaria”, tal como lo ha planteado el intendente Marcos Castro, entendiendo que la fiscalización constante es una herramienta clave para mejorar las prácticas dentro del sector.

“A partir de los resultados obtenidos, se profundizarán las instancias de diálogo y capacitación con los actores involucrados. Creemos necesario seguir generando espacios de encuentro con comerciantes, matarifes y organismos provinciales para fortalecer el cumplimiento de las normativas y mejorar el funcionamiento del rubro”, destacó.

Por su parte, el secretario de Ganadería de Río Negro, Norberto Tabaré Bassi, valoró la articulación con el municipio y subrayó que estos controles permiten resguardar la inocuidad de los alimentos y combatir prácticas ilegales como el abigeato.

Estos operativos continuarán desarrollándose en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de consolidar un sistema de control eficiente que garantice alimentos seguros y proteja la salud de toda la población. (Agencia Carmen de Patagones)

De esa manera, los jueces Víctor Horacio Violini y Mario Kohan ratificaron la sanción impuesta por el juez técnico Eduardo d'Empaire, con penas de prisión perpetua y 15 años de cárcel, respectivamente.

Romero Miranda, conocido como "Mendocino", fue asesinado el 6 de septiembre de 2021. Tanto él como los acusados estaban relacionados con el negocio de la droga en Bahía Blanca.

Su cadáver, con un balazo en la nuca desde corta distancia, además de heridas cortantes, fue abandonado en la caja de su camioneta, en un terreno de Villa Buenos Aires.

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Sin embargo, para la acusación el crimen se cometió en el quincho de la casa de Rossi, en Hueque 90 del barrio Patagonia, donde finalmente fueron detenidos los dos sospechosos.

Tanto Rossi como Mejuto se habían alejado de la posición de autores del crimen, aunque el jurado popular los encontró culpables a ambos.

Los defensores Juan Vitalini (Rossi) y Mariano Jara (Mejuto) pidieron que se anule el veredicto de culpabilidad y la sentencia, tras considerar que no había motivación suficiente para condenarlos, que no se les permitió introducir prueba testimonial y que se violaron principios de legalidad y proporcionalidad.

"Del control de lo actuado no se advierte un grave y manifiesto error o carencia en las instrucciones impartidas que recale en una equivocación o confusión para condicionar perjudicialmente la actividad decisoria del jurado y con ello confluir en la nulidad del juicio y lo obrado en consecuencia pues, en definitiva, se hizo lo que se debía hacer", sostuvo Casación.

Los jueces explicaron que, a partir de la investigación, quedó claro que ambos "se dedicaban a la comercialización de estupefacientes y que el homicidio de Juan Ramón Romero Miranda, del que se hablaba en mensajes intercambiados entre ellos, tenía por finalidad amplificar la comercialización de drogas, tomando el 'territorio' de la víctima".

Se trata de Agostina María Cornou, de 20 años, quien debe responder por el delito de homicidio en grado de tentativa a Marcelo Ernesto Ullman (44), quien será el primero en declarar en la audiencia.

El juez técnico que conduce el debate -que se realiza en el quinto piso de Estomba 34- es el doctor Eugenio Casas, integrante del Tribunal en lo Criminal Nº 2.

El ataque, por motivos que no quedaron claros, se produjo en la madrugada del 18 de febrero de 2025, en el interior de la vivienda del excorredor de midget, en la primera cuadra de la calle Matheu.

Para la fiscalía, Cornou -asesorada en el juicio por el abogado Sebastián Martínez- y las menores intentaron dar muerte a la víctima de manera premeditada, aplicándole varias puñaladas en zonas vitales, como la cabeza, el tórax y el cuello.

Ullman fue trasladado gravemente herido al hospital Penna, donde debió ser intervenido quirúrgicamente.

Poco tiempo después fueron detenidas las sospechosas en el barrio Espora.

Las dos menores, que al momento del hecho tenían 16 y 17 años, tienen que ser juzgadas por el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.