La medida fue decretada por el juez de Garantías Nº 2, Guillermo Mércuri, tres años después de que la fiscal Marina Lara decidiera archivar la causa por falta de pruebas contra el acusado.

Francisco Favrat, abogado defensor de Cantanhede Ferreira, presentó el pedido de sobreseimiento de su cliente en más de una ocasión, pero anteriormente la fiscalía y la justicia de Garantías se habían opuesto.

Sin embargo, esta vez el Ministerio Público Fiscal no se opuso y el particular damnificado no contestó el pedido de sobreseimiento hecho por la defensa.

El Código Procesal Penal bonaerense prevé que, cuando una causa con autor determinado está archivada, la defensa puede solicitar el sobreseimiento definitivo del imputado si transcurrieron tres años desde el archivo de la investigación, en casos de delitos penales.

La denuncia fue radicada por una feligresa de la parroquia San Roque, quien declaró que el sacerdote le pidió fotografías suyas de índole sexual, y que él le mandó fotos de bailarinas desnudas.

La chica relató además que el párroco le confesó que “se masturbaba con ese tipo de imágenes” y que luego le pidió que le “practicara sexo oral y hubo cosas que no fueron consentidas”, según relató la denunciante.

Como se informara, el juez Hugo Adrián De Rosa, del Tribunal en lo Criminal Nº 1, sentenció a 7 años de cárcel a Alan Ezequiel Ábalos (26), Franco Fabián Apis (28), Erik Dalla Riva (27), Kevin Dalla Riva (29), Fernando Nicolás Queral Herrera (27), Alexis Gaspar Roa (28) y Enzo Gustavo Torres (27).

Los encontró responsables del delito de abuso sexual con acceso carnal, en los términos del artículo 119, tercer párrafo, del Código Penal.

"Estamos conformes con que se haya tomado nuestra teoría del caso. Es muy difícil obtener una condena de este tipo, con una coautoría funcional en un abuso sexual", indicó en declaraciones al servicio informativo de LU2. 

"Es la primera vez que ocurre en el departamento judicial de Bahía Blanca y sólo encontramos una sentencia similar en Quilmes. Es una teoría que se aplica por lo general en los robos bancarios. Aquí cada uno hizo una tarea y hubo dos de ellos que cometieron el abuso sexual, pero todos coadyuvaron para que eso sucediera. Además, la acción se interrumpió por la amiga de la víctima que dijo que iba a llamar a la policía", siguió diciendo.

El representante del Ministerio Público consideró que "todo fue planeado".

"Había sido invitada solamente la víctima a ese cumpleaños, pero ella le dijo a una amiga que por suerte concurrió y fue la testigo principal de la causa. Se planificó un juego de cartas que le iban a enseñar y en el que la persona que perdía debía sacarse una prenda y finalmente tirarse a un estanque de agua. Siempre le ocurría a ella y cuando se tiró le escondieron la ropa en diferentes lugares".

"A la chica la hicieron ir a buscar la ropa a una habitación donde la encerraron cuando ingresó. Apagaron la luz, la rodearon y le exigieron que mantuviera relaciones sexuales".

Romero Jardín sostuvo que por estas horas evalúa la posibilidad de apelar la decisión del juez de no decretar la detención de los procesados.

Finalmente, admitió que le llamó la atención el silencio de los jóvenes condenados.

"Pensé que alguno de ellos iba a prestar declaración, fundamentalmente la persona que no había accedido a la víctima y simplemente había colaborado con algún accionar. Eligieron guardar silencio durante toda la investigación y también en el juicio. La estrategia defensista se limitó a realizar planteos técnicos".

El acusado fue identificado como Federico Alejo Kemmler Davyt, quien el 30 de agosto de 2021 fue declarado autor penalmente responsable de abuso sexual con acceso carnal y recibió la pena de 6 años y 6 meses de prisión.

Como llegó en libertad al juicio -a cargo del Tribunal en lo Criminal Nº 3 de Bahía Blanca- recién se pidió su detención el 22 de noviembre de 2024, cuando el fallo adquirió firmeza.

Sin embargo, Kemmler Davyt no pudo ser encontrado en su domicilio ni en los lugares que frecuentaba y el 18 de febrero del año pasado se ordenó formalmente su pedido de detención.

El delito se cometió el 23 de diciembre de 2018, en un domicilio ubicado en Gabino Prieto y Tres Lomas, de Villa Iris, donde un grupo de excompañeros de la escuela se reencontraron para compartir un asado.

En esas circunstancias Kemmler habría abusado de una mujer que aparentemente se encontraba en estado de ebriedad, provocándole lesiones en las zonas abdominal, lumbar y piernas, además de escoriaciones y equimosis en sus partes íntimas.

Durante el juicio, la víctima, muy angustiada, pudo recordar que durante el delito fue golpeada muy fuerte contra un cerco recuperable.

"Pido que puedan ayudarnos para que se haga menos tedioso el hecho de poder encontrarlo o que alguien pueda brindar información sobre el paradero de este violador", declaró a lanueva.com Betiana, madre de la víctima.

"Necesitamos que cumpla su condena donde debe ser, tras las rejas, y así poder respirar aires de justicia y cerrar finalmente este tramo de vida q tuvimos q sobrellevar", agregó la mujer.

Dónde lo buscan

La fiscalía de Bahía Blanca -a través de la ayudantía fiscal de Puan- mantiene vigente, con distintas medidas de instrucción, la búsqueda de Kemmler Davyt en distintos frentes.

Se analiza su entorno familiar, ya que prácticamente toda la familia -dedicada a la apicultura- se habría mudado de Villa Iris después del hecho, aunque algunos de sus integrantes regresa de manera periódica.  

En ese marco se realizaron allanamientos en la zona de Añelo, provincia de Neuquén, donde tendría domicilio un hermano del acusado, aunque el resultado fue negativo.

Los investigadores, a su vez, se comunicaron con sus pares de Río Negro y también con el área de Recapturas de La Pampa, porque había surgido un dato que podía estar en esa provincia, pero por el momento no hubo novedades sobre su paradero. 

"Sus datos ya están cargados en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop), con captura a nivel nacional", aclaró una fuente.

Se trata de Luis Ramírez, de 52 años, y Gabriela Noemí Such (46), quienes están imputados del delito de estafa.

La investigación, a cargo de la DDI de Bahía Blanca, se originó el 20 de abril pasado, a mediodía, cuando el damnificado, quien vive en la primera cuadra de la calle Pueyrredón (a corta distancia de esa sede policial), sufrió el delito.

El vecino denunció que una mujer, con voz congestionada, llamó a su teléfono y se hizo pasar por su hija. Le dijo que había recibido un llamado de un tal Marcos, que trabaja en el Banco Nación, quien le manifestó que los dólares de una serie determinada serían sacados de circulación antes de las 15 de ese día.

La supuesta hija le pidió que revise el número de serie de sus ahorros y que iba a pasar una persona de su confianza, a quien identificó como Andrea Díaz, a retirar el dinero.

Finalmente el hombre colocó 183.000 dólares de sus ahorros en un bolso de tela de jean y los entregó a la mujer que pasó a retirarlos. 

Las Cámaras del Centro Único de Monitoreo (CeUM) y otros registros particulares fueron clave para esclarecer el delito. 

Se pudo reconstruir el camino de la sospechosa que se llevó el efectivo, que subió a un Toyota Corolla blanco ubicado a unos 300 metros del lugar. Con los datos del vehículo se establecieron sus movimientos previos y posteriores y que el vehículo estaba al mando de José Luis Ramírez, un hombre con antedentes por este tipo de hechos.

Los investigadores sabían que Ramírez era oriundo de Neuquén y por ese motivo se solicitó colaboración a la Brigada de Investigaciones de aquella capital, que realizó allanamientos a dos domicilios del lugar, aunque sin resultados positivos.

Luego de algunos días sin novedades, ayer, tras una comunicación del CeUM, se estableció que el Toyota había vuelto a ingresar a Bahía sobre las 10.20.

De esa manera se pudo determinar que se encontraba frente a un domicilio de Moreno al 700 -donde la pareja alquilaba- y se montó una guardia que permitió la detención de ambos sospechosos.

Además del vehículo en cuestión, la Policía secuestró 1,7 millones de pesos argentinos, un bolso de gamuza marrón, un par de lentes de sol (utilizados durante la estafa), dos pendrive, tres teléfonos celulares (cuyo contenido será analizado) y documentación varia.

El hecho ocurrió alrededor de la 1 de la mañana en Güiraldes al 500, cuando personal de la Unidad de Prevención de Policía Local acudió al lugar tras un llamado que alertaba sobre la presencia de un hombre alterado.

Al arribar, los efectivos aprehendieron a Víctor Muñoz y secuestraron el machete que llevaba consigo. Posteriormente fue trasladado a la comisaría Séptima para las actuaciones correspondientes. La causa fue caratulada como amenazas agravadas y quedó a cargo de la UFIJ Nº 15.

Según informaron fuentes oficiales, los propietarios de la vivienda aseguraron que no conocen al aprehendido. Además, se procura establecer por qué ingresó al domicilio y cuál fue el motivo de las amenazas.

Se trata de Ignacio Rafael Epulef, quien quedó a disposición de la justicia tras la aprehensión que se realizó en Fournier al 2100.

A partir de tareas investigativas, análisis de filmaciones de cámaras de seguridad y distintas diligencias, personal de la Comisaría de Saavedra, Seccional Primera de Pigüé, junto a la Comisaría Cuarta de Bahía Blanca, logró reunir elementos que permitieron solicitar la orden de allanamiento.

El procedimiento fue ordenado por el Juzgado de Garantías N° 4 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

Durante el operativo también se secuestraron un automóvil Chevrolet Celta y dinero en efectivo, elementos considerados de interés para la causa.

De acuerdo con lo informado, el detenido registra numerosos antecedentes por delitos contra la propiedad y las personas, varios de ellos en distintas localidades de la región, con víctimas en su mayoría adultos mayores.

La captura de Jorge Daniel Méndez, de 25 años, obedece al robo de un televisor de 32 pulgadas llevado a cabo el domingo en una vivienda ubicada en Patricios al 600.

El procedimiento fue llevado a cabo por personal de la comisaria Segunda a raíz de amplias tareas investigativas, recepción de testimonios y revisión de cámaras de seguridad.

El ahora detenido está imputado por el delito de "hurto". Toma intervención la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio número 7 y el Juzgado de Garantías número 4 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

Todos fueron imputados del delito de abuso sexual con acceso carnal, en los términos del artículo 119, tercer párrafo, del Código Penal, por parte del juez Hugo Adrián De Rosa, del Tribunal en lo Criminal N° 1 de nuestra ciudad.

Los condenados son Alan Ezequiel Ábalos (26), Franco Fabián Apis (28), Erik Dalla Riva (27), Kevin Dalla Riva (29), Fernando Nicolás Queral Herrera (27), Alexis Gaspar Roa (28) y Enzo Gustavo Torres (27).

Por el mismo hecho también hay otras tres personas que al momento del delito eran menores y serán juzgadas en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

Pese al pedido de la acusación en el juicio -encabezada por el fiscal Marcelo Romero Jardín y el abogado querellante, Mauro De Mira- el juez De Rosa no hizo lugar al pedido de inmediata detención de los imputados, al menos hasta que la sentencia adquiera firmeza.

De todas maneras, les ordenó la prohibición de salida del país, así como de todo tipo de contacto con la víctima, ya sea en forma personal o por cualquier otro medio (teléfono, correo electrónico, redes sociales), además de estar impedidos de realizar actos de hostigamiento, intimidación o acercamiento a su persona o los lugares que frecuenta.

El ataque sexual se produjo en medio de una fiesta de cumpleaños que se realizaba en una quinta ubicada sobre la ruta 22, en cercanía de Médanos, la madrugada del 30 de noviembre de 2017.

Juego de cartas y engaño

La víctima asistió a esa propiedad, donde también estaban los acusados quienes, mediante un acuerdo de voluntades, abusaron sexualmente de ella.

Los jóvenes habrían ideado un juego de naipes mediante el cual obligaron a desnudarse a la menor cuando perdió la partida, para luego arrojarse a un estanque de agua. 

Una vez que volvió por sus prendas, la engañaron para que ingresara en una habitación, donde finalmente apagaron la luz, cerraron la puerta con llave y la sometieron, pese a los gritos de auxilio de la víctima y el intento de ayudarla de una amiga, que logró cesar la acción una vez que gritó que iba a llamar a la Policía.

El funcionario, que a su vez encabeza el equipo de lucha contra el maltrato animal, confirmó que hoy intentarán abrir los celulares de Juan Bautista Bravo e Imanol Santerre, los estudiantes de Huanguelén que mataron a golpes al coipo en nuestra ciudad, a principios de este mes, y filmaron la acción.

"Vamos a abrir el contenido de los celulares secuestrados con la esperanza de poder encontrar la información que estamos buscando. Si está borrada, someteremos a los equipos al UFED (Universal Forensic Extraction Device). Demorará un poco más pero esta semana tendremos los datos", explicó Garrido en declaraciones a LU2.

"Queremos juntar elementos de prueba para fortalecer la acusación. La secuencia que esperábamos encontrar en la parte previa o posterior, de otros videos, sería para sostener las declaraciones testimoniales de quienes estuvieron desde el inicio del acto hasta la parte final. Nos da el grado de participación de cada uno de los imputados", amplió el secretario.

En esa misma línea aclaró que también buscan información o datos sobre otros posibles imputados por el delito de encubrimiento.

"Buscamos mensajes con terceras personas que fueron las que concurrieron ese sábado a la mañana para llevarse el cuerpo del coipo, momentos antes de que llegue la Policía Ecológica para trasladar el cuerpo y hacer la autopsia", dijo.

Garrido destacó que, de manera paralela a esta investigación, corre otra causa por amenazas, ante la UFIJ Nº 9, en la cual Bravo y Santerre figuran como víctimas.

"Una gran oportunidad"

"Todo esto generó una gran oportunidad para que los representantes de la sociedad bahiense, el Concejo Deliberante, sancionen una ordenanza que busque proteger y sancionar a nivel de falta municipal muchas conductas, con efecto preventivo, ayudando a la tarea del Ministerio Público Fiscal a la hora de sancionar los delitos.

"Hay algo que es positivo, el hecho de haber puesto en la agenda de discusión pública los casos de maltrato animal de manera tan fuerte, ha hecho que los representantes políticos quieran mejorar la situación en Bahía Blanca", sostuvo.

Y aclaró que la pena exigua que marca la ley de maltrato animal (un año de prisión como máximo) tiene que ver con que se trata de una normativa con más de 70 años de vigencia.

"Mucha gente está indignada con respecto a la poca pena que corresponde aplicarle a los imputados, pero eso es un tema del Congreso de la Nación, con una ley que está vigente hace 72 años y que tiene una pena muy pequeña, de 15 días a un año. La ley fue pionera pero pasó mucho tiempo y la concepción cambió. La sociedad, y particularmente la bahiense, tiene muy arraigado el concepto de la familia multiespecie y considera que estos hechos merecen una mayor sanción", cerró Garrido.

Se trata de Germán Alberto Streitemberger, quien se presentó la semana pasada en la sede tribunalicia de Estomba y sería derivado -en caso de obtener cupo- a la Unidad Penal N° 15 de Batán (Mar del Plata), donde deberá purgar la sanción que le había impuesto hace casi 7 años el Tribunal en lo Criminal N° 1 de Bahía Blanca.

El fallo adquirió firmeza recién ahora porque la defensa del uniformado agotó todas las instancias recursivas y llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que finalmente rechazó la última instancia apelatoria.

Personal de Gendarmería había detenido a Streitemberger en 2017, acusado de extorsionar a comerciantes de Darregueira -supuestamente a cambio de brindarles seguridad o evitarles controles-, aunque luego atravesó el proceso judicial en libertad.

Por los mismos hechos -extorsión reiterada (dos hechos) e incumplimiento de los deberes de funcionario público- también habían sido sentenciados, aunque con penas de prisión en suspenso, dos uniformados subalternos del comisario, el subcomisario Martín Noel Aguilar y el sargento Franco Andrada Zurita.

Streitemberger ya había sido condenado por no haber denunciado apremios ilegales que le habría provocado su personal a cuatro cazadores furtivos.

Se trata de la paraguaya Reinalda Villalba, conocida como "La Reina", de 59 años, y Daiana Micaela Villalba, de 21.

La más grande ellas recibió 6 años y medio de prisión por tenencia de estupefacientes para comercialización, mientras que la joven fue sentenciada a 4 años y dos meses de cárcel.

De esa manera se confirmó el juicio abreviado que tuvo como parte acusadora al fiscal Mauricio Del Cero, titular de la UFIJ Nº 19 y al defensor oficial Eduardo Zalba.

La detención de ambas mujeres se dio en septiembre del año pasado, cuando personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas recolectó elementos de prueba que confirmaron las denuncias y se sumaron dos causas que estaban en trámite, todas relacionadas con venta de drogas.

También se dieron tareas de vigilancia y filmación en la vivienda de Villalba, ubicada en Río Gallegos al 1.000 del barrio Esperanza, que dieron por probadas las maniobras delictivas.

Y en los teléfonos se detectaron distintas conversaciones incriminatorias con clientes.

El día del allanamiento secuestraron cocaína fraccionada, una balanza digital de precisión, dinero en efectivo (pesos argentinos y guaraníes), recortes de nylon y teléfonos celulares.

Concretamente les imputaron dos hechos. El primero de ellos es que tuvieron en su poder, en forma conjunta y con fines de comercialización en dosis fraccionadas, 53,4 gramos de cocaína.

El otro hecho fue que entre el 5 de marzo de 2025 y el 18 de septiembre del mismo año, madre e hija vendieron cocaína y marihuana en distintos puntos de Monte Hermoso, mediante la modalidad de entregas pactadas, particularmente en su domicilio.

El hecho, que dejó como saldo un fallecido, se produjo cuando se embistieron un camión Ford Cargo, al mando de Adrián Montero (40), domiciliado en Bahía Blanca, que se moviliza en sentido sur-norte, y un automóvil Chevrolet Classic LT blanco.

El conductor del rodado menor, un hombre de 70 años oriundo de Saldungaray, identificado como Antonio Baccucco, perdió la vida en el acto.

Por esta situación la ruta está totalmente cortada en ese tramo, a fin de permitir el trabajo de bomberos, ambulancias, Guardia Urbana Municipal y peritos de la Policía Científica.

Como consecuencia de esta situación, se solicitó a quienes circulen por esa carretera que extremen las medidas de prevención hasta que se normalice la zona.

NOTICIA EN DESARROLLO

Se trata de L.G. (no se lo identifica para preservar al niño) quien es fundador de la ONG Crianza Sana, que justamente combate la obstrucción de vínculos, la manipulación infantil y las falsas denuncias en contextos de divorcios conflictivos (como el que él atravesó).

La denuncia de su exmujer se formalizó durante la pandemia, cuando su hijo tenía poco más de 3 años de edad. 

El hombre, aunque nunca estuvo detenido, fue imputado formalmente de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo, la UFIJ Nº 4 avanzó con la causa y llevó a L.G. a juicio, pese a que él siempre proclamó su inocencia.

En los últimos días, el jurado popular, por unanimidad, consideró al acusado no culpable, con lo cual quedó desvinculado de la causa penal.

"Bloquearon el vínculo"

El abogado Julio Alonso, quien asesoró legalmente a L.G. junto con su colega Patricia Anzoátegui, reconoció estar "muy feliz" por el resultado y aseguró que el desafío próximo es que el hombre pueda revincularse con su hijo.

"El sistema judicial y la familia materna bloquearon ese vínculo, tanto de él como de toda la familia paterna con el chico", reconoció Alonso.

"La gravedad de esto es que al chico se lo trató como abusado, cuando no lo era, y a él se lo juzgó como si fuese culpable y quedó demostrado que todo el relato era falso", agregó.

Sin embargo, el imputado quedó "desterrado psicológicamente, socialmente y hasta económicamente".

El abogado cuestionó la labor de "las psicólogas de familia" que tomaron parte del debate, al afirmar que admitieron que no podían profundizar la investigación "porque no dan abasto".

"Ahí es donde se producen los casos Lucio (Dupuy, a quien mataron a golpes en Santa Rosa) o Ángel (López, asesinado en Comodoro Rivadavia). Se olvidan del niño. Y pasa con un montón de casos. Se trata con liviandad a los niños. Se prioriza el género antes que la niñez", sostuvo Alonso.

El abogado consideró este caso como "Crónica de una falsa denuncia anunciada, cuando la acusación es un arma y el niño es territorio en disputa".

"Fue un juicio intenso, técnico, humano y profundamente exigente. Reivindicamos que la defensa también es justicia y que la presunción de inocencia no es una frase, es una garantía", cerró Alonso.

El hecho se produjo alrededor de las 17:30, cuando efectivos de la Unidad de Prevención de Policía Local advirtieron el paso de una Motomel C110 que no tenía dominio colocado.

Según informaron fuentes oficiales, los uniformados intentaron identificar a la conductora en la intersección de Luis Vera y Camino La Carrindanga, aunque la motociclista desobedeció la orden de detenerse y emprendió la fuga.

Durante la breve persecución, la joven realizó un giro en "U" sobre el mismo camino y utilizó la bicisenda para intentar escapar. Finalmente, los efectivos lograron interceptarla y procedieron a su aprehensión.

La motocicleta fue secuestrada por infracción a la Ley Nacional de Tránsito 24.449, ya que carecía de la documentación correspondiente. Las actuaciones fueron labradas en la comisaría Séptima, con intervención de la fiscalía de turno por el delito de desobediencia.

La captura de Mariano Galván se efectivizó en Belisario Roldán al 1.400, luego de las 20 de ayer.

El delincuente fue identificado por las ropas que llevaba puestas, a partir de un llamado al teléfono de emergencias 911.

El hecho fue catalogado como hurto, y se encuentra en la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 15.

De movida su familia entendió que hubo una falla en la atención médica, porque ella volvió al menos dos veces, por dolores abdominales, antes de quedar nuevamente internada y sufrir una neumonía letal por virus intrahospitalario.

Y la presunción de sus allegados tiene sustento.

La Justicia acaba de rechazar el sobreseimiento de dos médicos y ordenó que vayan a juicio por homicidio culposo.

Se trata de Guido Potente y Luis Fernando Pérez, cuyos argumentos de defensa fueron rechazados por la Cámara Penal de Bahía.

El abogado de Potente, Germán Soria, consideró arbitraria la decisión judicial porque, a su criterio, no se había demostrado el nexo causal entre el fallecimiento de la víctima y la atención médica que le prestara su asistido.

También opinó que fue "deficitaria y parcializada" la investigación.

La defensa de Pérez, a cargo de Daniel González Stier, entendió que la prueba no era suficiente para disponer la elevación a juicio y que se trató de un "análisis de evidencias incompletas".

Sin embargo, la Sala I de la Cámara Penal de Bahía Blanca confirmó la decisión del juzgado de Garantías de Tres Arroyos y dispuso que la suerte de ambos se defina en un juicio.

Claras falencias

Los camaristas Gustavo Barbieri y Cristian Yesari consideraron que los argumentos de los imputados son insuficientes.

"En ambos recursos se observa, como punto común, que se han centrado en plantear que la investigación se presentaba como incompleta en lo que hace, principalmente, a la determinación de la fecha en que se originó la infección que motivara la complicaciones en el estado de salud de la víctima y en lo que se refiere a la actividades realizadas por otros profesionales en medicina que la atendieron desde la cesárea realizada hasta su fallecimiento. Entiendo, por distintas razones, que dicho argumento no resulta suficiente para justificar la revocación pretendida", sostuvo la Cámara.

En estado de puerperio, y con dificultades físicas, Gómez de Saravia fue atendida el 16 de abril de 2020 por Pérez y el 25 de abril (ya con estado febril y dolor abdominal), por Potente.

"El primero de ellos, ante esos síntomas, prescribió ibuprofeno y diclofenac, otorgándole el alta, y el segundo le recetó cefalexina, enviando a la paciente a su hogar. Ninguno dispuso otros estudios complementarios, ni efectuó una interconsulta con el servicio de ginecología", explicaron los jueces.

Un perito médico (Rodríguez Forgues) explicó en la causa que la fiebre en una paciente puérpera "puede ser una complicación", mientras que una auxiliar de enfermería del hospital, Elis Eladia Yema, refirió que "debería haberse dado aviso al sector de ginecología al ser una puérpera con 38 de fiebre".

Otro médico, Rubén Neme, de la Asesoría Pericial de La Plata, explicó que "la principal causa de infección puerperal es la endometritis, cuadro que aparece en los primeros 10 días del puerperio, como consecuencias de la infección posparto (o cesárea) del tejido endomitrial. La cesárea constituye el principal fatcor de riesgo de endometritis".

El mismo profesional remarcó que ante esos cuadros es necesario internar a la paciente de inmediato, a fin de "iniciar un tratamiento antibiótico endovenoso de manera precoz", ya que "es una patología potencialmente grave que, sin tratamiento adecuado y oportuno, puede evolucionar en un cuadro infeccioso más complicado: SRIS (Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica), sepsis, shock séptico, fallo multiorgánico e incluso la muerte".

Cuando la mujer llegó para su internación final, el 27 de abril de 2020, le refirió a la médica que la atendió que hacía una semana que no iba de cuerpo, que se sentía hinchada y con dolor abdominal, lo cual podía corresponderse con "un cuadro de infección intrabdominal, útero perforado o infección uterina".

Finalmente se estableció que la infección sufrida por Gómez de Saravia se había dado en el lecho placentario por endometritis.

El "nexo causal"

Conclusión. La Asesoría Pericial de La Plata concluyó que "el proceso infeccioso debió haber comenzado luego del alta de la cesárea y en días previos a su reinternación, con manifestaciones que no fueron jerarquizadas en las consultas por guardia referidas (lo cual hubiera permitido un diagnóstico precoz y tratamiento oportuno)".

Relación. Para la Justicia, de la prueba surge "vinculación causal" entre las cesáreas y el riesgo de producción de infecciones (endometritis y sepsis puerperal).

Omisión. En ese sentido, consideraron acreditado que los dos médicos omitieron el adecuado diagnóstico y control de la situación de salud de la víctima y no realizaron medidas complementarias, estudios y laboratorios o interconsulta con Ginecología.

Cuidado. "Han constituido conductas violatorias de los deberes de cuidado que les eran exigidos por su función como médicos de guardia hospitalaria y que han resultado causalmente determinantes del resultado", concluyeron los jueces de la Cámara.

Es que antes de ser degollada en 2009, en vinculación con un presunto ajuste de cuentas por otro asesinato, Celia Delfina Curuil (62) había denunciado reiteradamente intimidaciones contra ella por parte de su homicida, Adrián Andrés Gon (41).

Entre octubre de 2007 y abril de 2008 se radicaron cinco denuncias, cuatro presentadas por la propia Curuil y la restante, por su hijo Néstor Leiva.

En tres de esas denuncias, al parecer, se puso de manifiesto el "temor" de la mujer y su familia a raíz de las amenazas concretadas por Gon.

En 2017, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata ratificó la condena resarcitoria contra el Estado provincial impuesta por el juzgado de primera instancia en lo Contencioso Administrativo bahiense.

Aquel tribunal de alzada planteó que las autoridades evidenciaron "inercia" y "desoyeron" las señales de alerta de la víctima.

"Se desinteresó de la suerte de una mujer atemorizada que en varias oportunidades incitó la intervención pública frente a un cuadro de agresión palpable, con claros visos de espiralizar en gravedad y daño", indicó la sentencia de la Cámara marplatense.

"Los escasos movimientos que experimentaran las  IPP (investigaciones penales preparatorias) iniciadas antes del homicidio, su tratamiento compartimentado, su parálisis por largo tiempo y, finalmente, el inmediato archivo luego de constatada la muerte de Curuil, son una prueba cabal del desdén estatal que rodeó este caso", agregó.

Según los camaristas, "no beneficia al Estado provincial que mediara un interregno temporal de varios meses entre la última presentación que hiciera la víctima" y el posterior ataque mortal de Gon.

Por el hecho, el asesino recibió una pena de 10 años y medio de prisión.

De acuerdo con testimonios, la "ausencia de todo accionar estatal frente a las denuncias efectuadas contra Gon bien pudo convencer a Curuil y a sus seres cercanos de haber sido abandonada a su suerte, al punto tal de recurrir a sus vecinos y clientes de su almacén en procura de acompañamiento y protección frente a la constante conducta intimidatoria" de su victimario.

La "parálisis burocrática" contribuyó al "fatal desenlace que aquí se examina a los fines reparatorios", según los jueces marplatenses.

"El homicida pudo materializar el publicitado móvil de su prolongada acechanza, esto es, vengar la muerte de su hermano ultimando a la madre de quien lo asesinara, y lo hizo sin encontrar resistencia oportuna de la autoridad pública, pese a que ella fue debidamente alertada, temprana y reiteradamente, de su delictual objetivo".

En todas las instancias del proceso, la Provincia argumentó que las denuncias fueron tramitadas "correctamente" por la fiscalía y que no hay "vínculo causal directo entre su actuación y el homicidio".

Esa postura fue desestimada por el juzgado de Bahía, la Cámara marplatense y la Corte provincial, que en 2022 rechazó por mayoría el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.

El Estado bonaerense fue en queja a la Corte de Nación, pero la semana pasada los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti declararon inadmisible el recurso por unanimidad.

Así, el máximo tribunal del país dejó firme la condena que obliga a la provincia de Buenos Aires a indemnizar a la familia de Curuil.

El 2 de marzo de 2009 Gon le cortó el cuello a la mujer, apodada 'Peti', aparentemente en venganza por la muerte de su hermano José Feliciano (17), quien un año y medio antes había fallecido por un disparo accidental causado por Pablo Daniel Leiva, hijo de Curuil.

Ambos hechos de sangre sucedieron en una casa ubicada en Pacífico al 1300.

La investigación por el asesinato de Curuil estuvo a cargo del por entonces fiscal de homicidios bahiense, Christian Long.

Como resultado de los procedimientos, fueron secuestradas 13 motos por distintas infracciones detectadas durante los controles.

Del total de los secuestros, dos motos fueron retenidas por falta de licencia y chapa patente; dos por no contar con licencia y seguro obligatorio; dos por carecer de toda la documentación; una por falta de licencia y tarjeta verde; dos por no poseer la categoría habilitante para conducir; una por circular con el caño de escape modificado; una por falta de licencia; otra por no haber realizado el cambio de datos registrales y una más por no contar con el seguro obligatorio.

Desde el Municipio indicaron que estos operativos continuarán desarrollándose de manera periódica con el objetivo de reforzar la seguridad vial, prevenir siniestros y promover una circulación responsable, en coordinación con las fuerzas de seguridad y los organismos competentes.

Desde el Comando de Patrulla señalaron que el hecho se produjo en 1° de Mayo y avenida Alem, cuando los sujetos, quienes se movilizaban en cuatro motocicletas, se acercaron a la víctima, que circulaba al mando de un rodado Honda Tornado 250cc., y lograron que perdiera el control y colisionara contra un auto estacionado.

Los voceros indicaron que mientras la víctima era atendida por un médico del servicio de emergencias Siempre que acudió al sitio, los acusados aprovecharon la oportunidad para sustraer la caja de reparto del damnificado (contenía la billetera y documentación) y escapar.

De inmediato comenzó la búsqueda de los individuos, quienes fueron atrapados en distintos sectores de la ciudad gracias al aporte de los operadores del Centro Único de Monitereo (CeUM).

Los aprehendidos fueron identificados como Franco Moretti (18), Zoe Cricelli (26), Yuliana Velázquez (21) y Kevin Carreras (20). También se demoró a tres adolescentes de 15, 16 y 17 años.

"Durante el operativo se secuestraron la caja térmica, la billetera de la víctima, cuatro motocicletas (tres de 150 cc y una de 110 cc) y los cascos utilizados por los involucrados", mencionaron. 

También detallaron que los sujetos no aportaron la documentación de los rodados incautados.

Por el hecho se iniciaron actuaciones por el delito de robo agravado por ser cometido en poblado y en banda, y por la participación de menores de edad.

En este contexto surge la figura de “delito menor incluido”, que les da a los ciudadanos juzgadores la opción de declarar al acusado culpable de un ilícito menos grave, si las pruebas presentadas por el fiscal no son suficientes para condenarlo por el hecho más gravoso imputado inicialmente.

Esta situación ya se originó en debates populares por homicidios intencionales y delitos contra la integridad sexual, entre otros.

La calificación legal intermedia se volvió a utilizar hace poco en un juicio por jurados en el que el fiscal Marcelo Romero Jardín sostuvo la acusación contra un hombre que, al parecer, violó a la hija menor de edad de su pareja.

La fiscalía le imputó al acusado dos hechos de abuso sexual con acceso carnal, agravado por su convivencia con la víctima (penas de 8 a 20 años de prisión), pero el jurado se inclinó por la doctrina jurídica mencionada y lo condenó por estupro agravado, delito con penas más leves.

Romero Jardín también acusó al padrastro de la niña de abuso sexual simple, porque en reiteradas ocasiones habría manoseado partes íntimas de la menor por arriba de su ropa y contra su voluntad.

En relación con estos tocamientos, la votación se estancó en 9 votos y para que no sea necesario hacer nuevamente el juicio completo, el fiscal desistió de acusar al procesado de abuso sexual simple y el jurado emitió veredicto de no culpabilidad.

Respecto de las aparentes violaciones y a raíz del planteo del defensor Sebastián Martínez, la jueza técnica Claudia Fortunatti, en representación del Tribunal en lo Criminal Nº 2, les dio a los jurados la alternativa de delito menor incluido.

En este caso el imputado fue declarado culpable (por mayoría, 10 votos de 12) de dos hechos de estupro agravado por la convivencia preexistente, delito que prevé penas de 6 a 10 años de prisión, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 120 del Código Penal.

“Lo novedoso es que se estancó en 9 votos, los jurados tuvieron que deliberar y votar nuevamente y el acusado (llegó al juicio detenido en prisión preventiva) resultó culpable por delito menor incluido”, explicó Romero Jardín, a cargo de una de las fiscalías de delitos sexuales bahienses.

“Como viene sucediendo desde hace algún tiempo, el jurado analiza el delito menor incluido y suele optar por alguna calificación legal intermedia. Ya ocurrió durante juicios por homicidios dolosos y, ahora, también empieza a pasar con abusos sexuales”, agregó.

“Creo que lo que pasa es que el jurado no se convence sobre algún elemento del tipo penal, pero sí se convence de que el hecho delictivo existió y entonces lo empieza a analizar de otra manera”, dijo.

“Como pasó con homicidios que terminaron considerándose preterintencionales (producir con la acción efectos de mayor gravedad que los que se pretendían causar), ahora también se analiza el estupro, que básicamente es acceso carnal (no consensuado), pero por seducción a una menor de entre 13 y 15 años y aprovechándose de la inmadurez sexual de la víctima”, continuó diciendo el titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 14.

Los manoseos del acusado a la hija de su pareja, que en ese momento tenía entre 12 y 13 años de edad, se habrían producido entre diciembre de 2021 y el 10 de septiembre de 2022, en la vivienda que compartían en el barrio Progreso de nuestra ciudad.

En tanto, los abusos con acceso carnal supuestamente se cometieron en 2022, uno de ellos el 10 de septiembre.

Según confirmó Romero Jardín, estas alternativas intermedias de culpabilidad también se registraron en debates de los que participaron los fiscales de homicidios y delitos sexuales, Jorge Viego y Diego Torres, respectivamente.

“Delito menor incluido es la denominación técnica; por lo general lo da el juez de oficio o lo plantea la defensa”, precisó la fuente consultada por La Nueva.

La audiencia de cesura del debate por los abusos se llevará a cabo este miércoles, cuando el fiscal solicitará la pena que considere adecuada.

El juicio se había suspendido dos veces como consecuencia de la falta de jurados varones.

“La víctima venía con un arrastre de dos suspensiones anteriores, con todo lo que eso implica emocionalmente. Pero después el juicio se hizo rápido, en dos días”, destacó Romero Jardín.

El artículo 371 bis del Código Procesal Penal bonaerense regula la audiencia de instrucciones previa a la deliberación del jurado popular y el juez técnico define qué opciones de veredicto tendrá el jurado, introduciendo los delitos menores incluidos.

Tanto la fiscalía como la defensa pueden pedir al juez que, entre sus teorías del caso, incluya opciones de veredicto alternativas o intermedias. El magistrado debe explicar al jurado los elementos que componen el delito principal y los delitos menores.

Para que sea procedente, el delito menor debe compartir la misma base fáctica (los mismos hechos) que el delito original por el que se imputó inicialmente al acusado durante la indagatoria, requiriendo únicamente que falte probar alguno de los elementos más graves de la imputación.

Esta figura evita que el jurado deba optar únicamente entre los veredictos de culpabilidad (por el delito mayor) o no culpabilidad, ofreciendo una vía intermedia de condena.

“El fiscal en juicio por jurados va con su teoría del caso y es muy raro que baje (la acusación principal)”, dijo Romero Jardín.

El Tribunal de Casación Penal bonaerense dictó el fallo “Álvarez / Telechea”, ratificado por la Corte de provincia, que obliga a los jueces a instruir a los jurados sobre los delitos menores incluidos en la acusación principal.

Desde que Casación emitió esa sentencia en octubre de 2020, en los juicios por jurados de los que participó la defensora general bahiense Fabiana Vannini siempre se incluyó esta figura y, en general, el jurado se inclinó por el delito menor incluido.

Esta situación -opinó Vannini- puede originarse porque el jurado entiende que la prueba es “endeble” para acreditar la hipótesis acusatoria del fiscal, pero esos elementos probatorios tampoco le permiten dictar un veredicto de no culpabilidad.

A su entender, esta postura no se origina porque los jurados eventualmente no son rigurosos al emitir su veredicto.

"El jurado decide en base a las pruebas de los hechos y, cuando tuvo que condenar a un imputado, lo hizo; dictó veredictos de culpabilidad en casos gravísimos con prisiones perpetuas”, resaltó la jefa de la Defensoría departamental.

“Muchas veces también se inclinó por una figura intermedia. El litigio en juicios por jurados es así; el que pueda probar su teoría del caso va a ser quien gane”, agregó.

Sin embargo, la defensora pública aclaró que si el jurado tiene dudas sobre la conducta del enjuiciado, debe dictar un veredicto de no culpabilidad y no elegir el delito menor incluido.

La profesional del Derecho tampoco le adjudica esta decisión de los jurados a posibles deficiencias en la imputación principal sostenida por la fiscalía.

"Habría que analizar los casos en concreto, pero en algunas ocasiones las pruebas no rinden. A veces creés que un testigo va a poder sostener la teoría del caso del defensor, pero en el juicio declara otra versión de los hechos”, dijo.

Por último, Vannini ejemplificó cómo funciona el mecanismo respecto de determinadas calificaciones legales.

“Por ejemplo, en un juicio por abuso sexual con acceso carnal tienen que estar las opciones de abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual simple. Por un homicidio agravado tiene que estar la opción de homicidio simple”, finalizó.

Al tope. Con casi 200 debates desde marzo de 2015, Bahía Blanca es el departamento judicial que mayor cantidad de juicios por jurados hizo en la provincia.

Integración. Doce son los jurados titulares que deben actuar en juicio, seis hombres y seis mujeres, además de seis jurados suplentes.

Plazo. Hasta el 31 de diciembre de este año, pueden ser citados los DNI terminados en 006, 094, 220, 828, 909 y 964.