El hecho se produjo esta mañana, sobre las 9, en Sixto Laspiur al 800, casi al llegar a la esquina de Bravard.

Fue protagonizado por el conductor de una camioneta Ford Ranger DC 4x2, patente LZP 683, modelo 2012.

El hombre fue identificado, aunque por el momento no se dio a conocer su nombre porque todavía no contactaron a todos los familiares.

Al dar aviso al 911, efectivos de la Policía Local, así como personal de Defensa Civil y una ambulancia del servicio Siempre, se presentaron en el lugar y confirmaron que dentro del habitáculo el chofer estaba desvanecido.

Para retirar al hombre en principio debieron romper la ventanilla del acompañante y luego confirmaron su fallecimiento.

El operativo en el lugar se extendió por varias horas, incluso hasta pasado el mediodía.

Desde la comisaría Primera señalaron que el procedimiento se produjo alrededor de las 10, en Alsina y Chiclana, donde los efectivos interceptaron a Franco Javier Martínez, apodado "Ticky", de 34 años.

Los voceros mencionaron que desde hace un mes se encontraba prófugo en el marco de una causa por robo agravado por el uso de arma de fuego y por ser cometido en poblado y en banda.

El hecho, según indicaron, ocurrió el pasado 31 de octubre de 2025, en Punta Alta, donde delincuentes armados sustrajeron un automóvil.

Mencionaron que Martínez había sido aprehendido por el hecho y luego fue excarcelado, aunque continuó ligado a la investigación.

Además, refirieron que cuenta con antecedentes vinculados a delitos contra la propiedad e infracción a la ley de drogas.

La abogada Yamila Segovia, hermana de la víctima, una pequeña de 11 años que fue abusada durante 2009 en Puan, presentó en la fiscalía una serie de medidas que buscan reconstruir el patrimonio de Del Valle durante los casi 15 años que estuvo prófugo.

Esto tiene que ver con que supuestamente incumplió las obligaciones alimentarias con 4 hijos, incluida la pequeña que nació como resultado de la violación.

El artículo 2 bis de la Ley 13.944 prevé penas de 1 a 6 años de prisión a quien, con la finalidad de eludir el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias, "maliciosamente destruyere, inutilizare, dañare, ocultare, o hiciere desaparecer bienes de su patrimonio o fraudulentamente disminuyere su valor".

Segovia, junto con su colega Norberto Filippini, formalizó un escrito mediante el cual pide impulsar la investigación en este marco.

Creen que Del Valle ocultó bienes mediante personas interpuestas (posibles testaferros) para sustraerse de sus deberes legales. 

Explicaron que mientras estuvo prófugo residió o dispuso de un inmueble que no estaba a su nombre, así como vehículos y propiedades de alquiler. 

"Esa circunstancia reviste importancia porque permite formular la hipótesis que distintos bienes de los que disponía se mantuvieron deliberadamente fuera de su patrimonio registral", sostuvieron.

Piden que se determine qué bienes integraron el patrimonio del imputado, qué bienes fueron adquiridos, cuáles fueron transferidos o registrados a nombres de terceros, quién ejerció materialmente su posesión y administración, quién afrontó gastos ordinarios y cuál era la capacidad económica real del imputado.

Entre las medidas de prueba solicitaron informes al Registro de la Propiedad Inmueble, al Registro de la Propiedad Automotor y a organismos fiscales, así como información financiera y bancaria, documentación contractural y notarial y prueba testimonial.

Mientras tanto, el acusado de haber violado a una niña de 11 años durante 2009 en Puan, que fue capturado el fin de semana en Florencio Varela después de estar casi 15 años prófugo, permanece detenido en una comisaría de nuestra región. 

A través de la Defensoría Oficial (Unidad de Defensa Nº 5), Del Valle solicitó que, en caso de no ser puesto en libertad y que se lo derive a una cárcel, sea trasladado a un establecimiento del conurbano, por cercanía de su familia de origen.

En consecuencia, se solicitó que, de ser encarcelado, se pida cupo a las unidades penales Nº 23, 24, 42 o 31 de Florencio Varela.

La situación procesal del acusado -está acreditado por el ADN que fue autor del delito sexual- es un enigma.

El plazo de prescripción de la acción penal (12 años) se venció, lo cual motivó el dictado de sobreseimiento por parte de la jueza de Garantías Claudia Olivera.

Sin embargo, la Cámara Penal le puso un freno a esa decisión al solicitar informes complementarios de sus antecedentes (las fichas dactilares) a fin de determinar si no cometió otros delitos, que interrumpieran la prescripción, durante su clandestinidad.

En ese marco, Casación tendrá que definir si acepta o no el hábeas corpuso firmado por el defensor oficial Pablo Radivoy.

El abogado consideró que la detención de Del Valle es "ilegítima y arbitraria".

"Toda restricción a la libertad ambulatoria o medida cautelar vinculada a una acción penal legalmente extinguida configura una arbitrariedad", remarcó.

Se trata de Darío José Roth (48), que ayer fue detenido en un inmueble ubicado en Suiza al 2100 del barrio Tierras Argentinas, por orden del juez de Garantías Nº 3, Alberto Manzi.

La medida se dispuso a raíz de un procedimiento hecho el 14 de julio del año pasado, en Río Atuel al 2100, donde la Policía aprehendió al sospechoso con cocaína y marihuana en su poder.

Roth tenía tres envoltorios que contenían un total de "6,8 gramos de cocaína y 4,5 gramos de marihuana".

Durante el operativo, personal de la DDI también secuestró el celular del imputado.

La fiscalía acreditó la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización entre "noviembre de 2024 y julio de 2025", gracias al peritaje practicado al teléfono móvil del investigado.

La DDI capturó además a Adolfo José Gutiérrez Mansilla (38) por incumplir las tareas comunitarias que le había impuesto la Justicia, después de ser condenado en vinculación con los delitos de violación de domicilio y hurto.

La orden de captura había sido emitida hace una semana por el juez de Ejecución Penal Nº 1, Claudio Brun, y la detención de Gutiérrez Mansilla se concretó ayer, en Chile al 2200.

Los hechos delictivos que se le atribuyen al detenido se cometieron el 14 de marzo de 2024, en una vivienda de calle Maestro Piccioli al 2400, de donde el nombrado y un cómplice sustrajeron elementos.

El dueño de la propiedad vio a los ladrones escapar del lugar con el botín a bordo de una moto, los persiguió y dio aviso al 911.

La Policía interceptó a los delincuentes en Esmeralda al 300, donde los aprehendió e incautó los bienes sustraídos.

La investigación se inició a fines del año pasado, luego de una batería de allanamientos, por infracción a la ley de marcas, que involucró a los locales de la firma X MENOS + PRENDAS, y que estuvieron a cargo de personal de la Policía Federal.

"Se cree que este empleado filtró información antes de los allanamientos e incluso se habría comunicado con las personas que iban a ser allanadas para ofrecer servicios de un estudio de abogados porteño", comentó un investigador.

Ayer la Prefectura Naval Argentina realizó tres allanamientos -uno en la oficina de Munafó, ubicada en el sexto piso de San Martín 145, y los otros en su vivienda y en la casa de su expareja- y se secuestraron su celular, computadoras y documentación que están siendo evaluados por el fiscal Santiago Ulpiano Martínez.

Mientras tanto, todavía no se fijó fecha para la audiencia de formalización de imputación (un acto del nuevo sistema acusatorio federal que reemplaza a la indagatoria), de la cual participan el juez, el fiscal, la defensa y el imputado, a quien ponen al tanto de los cargos y tiene la posibilidad de declarar.

Munafó habría ingresado en la ex AFIP hace 19 años, de la mano de Ricardo Echegaray (serían parientes), extitular del organismo que fue condenado por administración fraudulenta y hace algunos meses fue echado del ente por parte del gobierno actual.

El sospechoso, a su vez, forma parte de la central del Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina (SUPARA), en función de vocal titular.

Los investigadores creen que la supuesta filtración de datos no sería un hecho aislado y no descartan la existencia de una estructura de corrupción, con otros actores.

La captura se llevó a cabo alrededor de las 18.00 en Sarmiento y Urquiza, donde estas personas limpiaban vidrios de automóviles, bebían alcohol y generaban disturbios.

En ese lugar fueron detenidos Tomás Silvane, de 27 años; Córdoba Contreras, de 29, y Tomás Fernández, de 32.

Según se indicó, Contreras y Fernández eran requeridos por la Justicia. El primero registraba un pedido de captura activa por el delito de robo, solicitado por el Juzgado de Garantías N° 3, mientras que Fernández registraba otro por hurto agravado, por parte del Juzgado de Garantías de Tres Arroyos.

Ante lo ocurrido, y a partir del seguimiento efectuado con las cámaras del Centro Único de Monitoreo, se logró establecer que el sospechoso, Francisco Nahuel Consellon, trasladó el rodado hasta Tierra del Fuego y Undiano, donde ocultó la motocicleta Keller para posteriormente continuar su desplazamiento a pie.

Sin embargo, fue interceptado y aprehendido en Arias al 1.400 luego de un operativo realizado por personal del Comando de Patrullas.

Asimismo, se procedió a la recuperación y secuestro de la motocicleta sustraída, constatándose daños en el tambor de ignición y en el sistema de traba de dirección.

El aprehendido y el rodado recuperado fueron trasladados a la Comisaría Primera. La carátula es robo agravado por tratarse de vehículo dejado en la vía pública.

El hecho ocurrió cerca de las 14:45 horas, cuando el damnificado se encontraba en la vereda reparando su automóvil, en un espacio que funciona como taller.

En determinado momento ingresó al domicilio y, mediante las cámaras de seguridad, advirtió que un sujeto había ingresado al patio delantero y estaba tomando varias cajas de herramientas.

El propietario salió al exterior y confrontó al intruso, iniciándose un forcejeo entre ambos. Finalmente, el sospechoso logró escapar sin concretar el robo.

Tras la alerta al 911, efectivos del Cuerpo Motorizada realizaron un operativo en la zona y lograron localizar y aprehender al sospechoso en inmediaciones del Parque Noroeste.

El detenido fue identificado como Diego Sebastián Oñate, de 42 años, no residente y oriundo de Las Grutas, provincia de Río Negro.

La causa fue caratulada “Robo en grado de tentativa”, con intervención de la UFIJ N° 15 y diligencias a cargo de la Comisaría Quinta.

La medida se adoptó al ser rechazado un recurso del particular damnificado, el abogado Martiniano Greco, asesor de la familia de Juan Roberto Cafasso (68), quien falleció a principios de junio tras caer desde un entrepiso que no contaba con medidas de seguridad.

De esa manera se confirmó la decisión del juez de Garantías N° 3, Alberto Antonio Manzi, quien había declarado abstracta la cuestión de la clausura porque el propio fiscal del caso, Cristian Aguilar, la había hecho cesar. 

Sin embargo, la familia Cafasso pretende sostener el cierre del local de manera preventiva, con la intención de conservar los sectores vinculados al homicidio culposo, en caso de ser necesaria una inspección ocular o una ampliación de pericias. 

Como existen criterios contrapuestos entre las dos partes acusatorias (fiscal y querella), lo que hicieron los camaristas fue girar las actuaciones al fiscal general departamental, a fin de que eventualmente disponga una decisión al respecto.

Mientras tanto, de manera paralela, se mantiene la clausura desde el juzgado de faltas municipal, criterio que seguiría vigente al menos hasta que el fiscal general defina la cuestión desde el punto de vista penal.

Esta controvertida situación judicial se da en medio de una serie de reclamos por parte de empleados de Sport Club Bahía, que consideran en peligro sus fuentes de trabajo.

Un eventual levantamiento de la clausura, de todas maneras, no significaría que el local de la avenida Cabrera al 4.100 reabra sus puertas al público, ya que por el momento no cuenta con la habilitación respectiva.

Se trata de Federico Ezequiel Munafó, quien a su vez forma parte de la central del Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina (SUPARA), en función de vocal titular.

La oficina de Munafó, en el sexto piso de San Martín 145, sede de ARCA, fue allanada hoy de manera conjunta con su vivienda y la casa de una expareja.

La medida se dispuso por orden judicial, a pedido del fiscal Santiago Ulpiano Martínez, de la Unidad de Delitos Complejos.

A partir de una investigación iniciada a fines del año pasado, se habría establecido que, al menos en una causa por contrabando, el funcionario habría filtrado información sensible relacionada con unos procedimientos que se iban a disponer en el marco de dicho expediente.

Por eso mismo personal del área de Investigaciones de la Prefectura Naval Argentina llevó adelante los allanamientos, que permitieron el secuestro de un teléfono celular, computadoras y documentación que puede ser útil para el caso.

Los investigadores creen que no se trataría de un hecho aislado. No descartan que pueda existir una estructura de corrupción.

De la mano de Echegaray

Federico Munafó habría ingresado en la ex AFIP hace casi 20 años, de la mano de Ricardo Echegaray, extitular del organismo durante el gobierno del kirchnerismo.

Echegaray fue expulsado hace algunos meses de la hoy ARCA por parte del gobierno actual, por su condena a 4 años y 8 meses de prisión en una causa de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (Oil Combustibles).

El exjefe de los sabuesos es oriundo de Punta Alta y Munafó es el apellido del ala familiar materna, ingresando en el organismo varios familiares, entre ellos Federico.

En 2007, según publicó el diario Clarín, Marcelo Fabián Echegaray, hermano de Ricardo, ingresó en la exAFIP y ese mismo año tomaron a Federico Ezequiel Munafó.

Munafó permanece en libertad -la Justicia habría rechazado un pedido de la acusación para detenerlo- y en esa condición llegará a la próxima audiencia de formalización, donde se le harán conocer los cargos y eventualmente podrá declarar. 

Se trata de una investigación de la Justicia Federal originada por "un empleado jerárquico infiel" que aparentemente "filtraba información" desde la Dirección General de Aduanas (DGA), según explicaron fuentes allegadas al caso.

El operativo, que ya permitió el secuestro de documentación y del teléfono celular y de las computadoras personal y de oficina del imputado, está a cargo de personal de la Prefectura Naval Argentina y se da en el sexto piso del edificio de la ex AFIP, en San Martín 145.

Además se allanaron dos domicilios particulares, uno del funcionario -a quien por el momento no se identificó- y otro de una expareja suya.

En la investigación interviene el fiscal Santiago Ulpiano Martínez, de la unidad de Delitos Complejos.

"Se le imputan los delitos de violación de secreto y encubrimiento.Se trata de una investigación que se inició a fines del año pasado por supuesta filtración de información de procedimientos en una causa de contrabando", explicó un investigador.

"Es una persona que tendría vínculos activos con el área gremial y no se descarta la participación de más personas en la maniobra. La hipótesis de trabajo es que podría existir una estructura de corrupción y no solo un hecho aislado", agregó el vocero.

De hecho, otra fuente confirmó que el acusado sería integrante, a nivel nacional, del Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina (SUPARA).

El próximo paso de los investigadores será analizar todo el material secuestrado y luego se llamará a la audiencia de formalización, donde se presentará el caso, las pruebas y el acusado podrá declarar.

"Desde el arresto de este perverso siento miles de cosas. Tengo alegría, pero también me remueve muchas situaciones. Es un paso gigante saber que está detenido", comentó la joven, familiar de la víctima.

Admitó que seguramente la defensa de Del Valle vaya a pedir el sobreseimiento por prescripción.

"El planteo posiblemente va a estar, pero, acompañada por los doctores Leonel Báez y Norberto Filippini, vamos a luchar y defender la causa. Es una batalla jurídica que estamos dispuestos a dar".

"No basta solamente con un buen argumento jurídico o una estrategia, acá lo que también ayuda mucho es el acompañamiento de cada uno que escucha el caso. No se puede permitir que este tipo, que tantos años se escondió e hizo lo que quiso, logre quedar impune. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias", siguió diciendo.

Segovia manifestó que "hay que lograr que los jueces entiendan que este perverso no puede volver a la calle. La condena debe ser ejemplar y el equipo tiene argumentos sólidos para que esta causa continúe".

Respecto del tiempo durante el cual Del Valle se mantuvo prófugo, indicó que "lo benefició el combo perfecto de una justicia lenta, que no es tan efectiva, y a eso se le sumó que se cuidó un poco. De hecho, su nombre no aparece en ningún lado, ya sea en aplicaciones o movimientos bancarios. Incluso, tiene una hija de 14 años a la que no reconoció, porque sabía perfectamente que su identidad no podía estar en ningún sitio. Claramente lo han asesorado y ayudado para buscar la impunidad con una posible prescripción".

Sostuvo además que "es un caso aberrante por donde se lo mire. Sometió a una nena de 11 años a punta de pistola para abusarla, la dejó embarazada y no conforme la llevó a un lugar clandestino para someterla a un procedimiento de aborto. Es una locura lo que está pasando".

En este sentido, destacó que la divulgación del caso "ayudó" para que se pueda detener al sujeto.

"Es tremendo saber que lo detuvieron pero no poder estar tranquilos, porque resta una batalla legal importante", finalizó.

Vecinos del barrio Novaterra sufrieron en las últimas horas un robo en su vivienda, cuando delincuentes ingresaron al patio durante la madrugada y se llevaron varias bicicletas. El hecho, sin embargo, fue uno más dentro de una seguidilla de episodios que preocupa en esa zona de la ciudad.

Según contó Roberto Ottonelli, las cámaras de seguridad permitieron reconstruir que dos jóvenes comenzaron a recorrer el sector alrededor de la 1:30 de la madrugada. Durante aproximadamente dos horas, se los observó saltando paredones, asomándose a patios y buscando objetos para sustraer.

“Se manejan con una tranquilidad ingresando a los domicilios, y todos los vecinos estamos hartos de esta situación”, sostuvo Ottonelli en diálogo con Panorama, por LU2, quien señaló que los delincuentes también ingresaron a otras propiedades y se llevaron distintos elementos.

El vecino explicó que, a partir de los grupos de alerta que mantienen en el barrio a través de WhatsApp, pudieron compartir rápidamente las imágenes de las cámaras y advertir que el recorrido de los sospechosos había abarcado distintos sectores.

“Hace ya bastante tiempo que es cuestión de prácticamente todas las semanas”, afirmó Ottonelli. Como ejemplo, recordó que menos de 20 días atrás otro vecino de Novaterra había sufrido el robo de una moto.

“Claramente se ve que son jóvenes los que están circulando”, indicó. En las imágenes, los sospechosos aparecen con los rostros cubiertos, encapuchados o con gorras, y actúan con sigilo para recorrer las propiedades.

El vecino cuestionó además la escasa presencia policial en el sector y explicó que las características del barrio dificultan la vigilancia. “La presencia policial es poca, se ve cada tanto”, señaló.

A esto se suma, según describió, la falta de iluminación y el estado de varias calles de tierra, que reducen el tránsito y facilitan los movimientos de quienes ingresan a los domicilios.

Entre las alternativas planteadas aparece la instalación de domos de vigilancia conectados al Centro Único de Monitoreo.

“Lo que queremos, más allá de un hecho puntual que en este caso le tocó a mi familia, es pedir un poco más de seguridad”, expresó Ottonelli.

“Tenemos alarma vecinal, tenemos los grupos de alerta, pero creemos que hace falta aprovechar” otras herramientas de prevención, insistió.

El hombre será fichado por la tarde y quedará detenido en una comisaría de la zona (posiblemente Coronel Pringles), hasta que eventualmente se obtenga cupo en una cárcel, ya sea la de Villa Floresta o la de Saavedra.

Mientras tanto -y más allá de la expectativa del entorno de la víctima por el arresto-, la clave del caso pasará por determinar si está extinguida o no la acción penal por prescripción.

Según la ley, en este tipo de delitos -abuso sexual agravado y aborto en grado de tentativa- el plazo de prescripción es de 12 años, con lo cual el tiempo para la detención de Del Valle habría vencido el 31 de octubre de 2021 (12 años después del delito).

Esa fue la conclusión a la que llegó la jueza de Garantías N° 1, Claudia Olivera, quien consideró que al hombre -y pese a estar probada su autoría en el aberrante delito, porque el ADN indicó una probabilidad de paternidad del 99,99999%- había que sobreseerlo por mandato legal y dejarlo en libertad.

Faltan las fichas dactilares

Sin embargo, la Cámara Penal de Apelación y Garantías de Bahía Blanca revocó el fallo.

La Sala I (voto de los jueces Gustavo Barbieri y Christian Yesari) frenó la decisión, que por ahora mantiene entre rejas al acusado, al entender que faltan algunos informes para saber si, en medio de estos 12 años, el hombre no cometió nuevos delitos que interrumpan la prescripción.

"No puede sostenerse que la información que surge de los distintos informes en los que basó su decisión (la de la jueza Olivera) resulte suficiente para afirmar que se encuentre verificado que, en el curso del plazo prescriptivo de la acción penal, el procesado no haya incurrido en la 'comisión de otro delito'", sostuvieron los camaristas.

De haber un delito en el medio, el plazo de prescripción se interrumpe.

Explicó la Cámara que en la causa existe un informe del Registro Nacional de Reincidencia, pero que sus "fichas de condiciones personales e impresiones digitales no se acompañaron", con lo cual resultaba "imprescindible" el envío de "las correspondientes fichas dactiloscópicas" para ratificar dichos informes.

De todas maneras, la resolución de la Cámara bahiense no está firme y podría ser modificada en instancias superiores, siempre y cuando se confirme que Del Valle no cometió nuevos delitos.

En este último punto, para la fiscalía hay que tener en cuenta que Del Valle habría cometido delitos como uso de documento falso (cambió su identidad mientras estaba prófugo) e incumplimiento de los deberes de asistencia familiar (por falta de manutención de la hija que justamente nació producto del delito sexual), hecho por el cual ya fue indagado.

El hecho ocurrió en el domicilio del delincuente, en Lucero al 2.100.

En ese lugar fue atrapado Cristian Baranovsky, de 40 años, quien durante el operativo también trató de agredir a los uniformados.

En el allanamiento, se explicó, se procedió al secuestro de diversas motopartes y un motor con el número registral suprimido. Según se indicó desde las fuerzas de seguridad, el lugar funcionaba como un desarmadero de motos robadas.

El último sábado, Baranovsky había sido capturado por el robo de una motocicleta. En base a distintas investigaciones, se pudo establecer su participación en otros hechos similares de las últimas semanas, por lo que este lunes se llevó a cabo el operativo.

La resolución estuvo a cargo del Tribunal Federal de Bahía Blanca y el fallo fue firmado por el juez Ernesto Sebastián.

Además, Dahua fue declarado culpable de la fabricación casera de explosivos y de formar parte de una banda de ideología nazi destinada a combatir ideologías por la fuerza y cometiendo actos discriminatorios.

Estos seis años se sumarían a otros 12 años y medio que Dahua ya tiene en su haber por el asesinato de Emanuel Alarcón, ocurrido en septiembre de 2024. Por este último hecho se encuentra detenido desde fines de ese año, y desde ese momento se le debería contar la pena una vez que queden firmes ambas condenas.

Un crimen que derivó en la resolución del atentado

El ataque sufrido la sede de La Cámpora en 2021, en la esquina de Beruti y Donado, se encontraba en un punto muerto y la Justicia no podía avanzar en la resolución del tema ni en determinar quién o quiénes eran los responsables.

Sin embargo, todo cambió a partir del asesinato de Alarcón, cometido por la disputa de un terreno en Ángel Brunel al 3.700. 

A los pocos días del crimen y de la captura de Dahua, en su vivienda de Mallea 1.275 se hallaron distintas pruebas de relevancia: además de armas y municiones, se encontraron elementos para fabricar explosivos como iniciadores, fulminantes, detonadores, barterías, frascos con pólvora, equipos de iniciación eléctrica y plaquetas.

También se secuestró -en poder de un familiar de Dahua- un Fiat Siena gris similar al utilizado por las personas que fugaron aquella madrugada luego de la explosión.

Según la denuncia, radicada por la víctima el lunes 3 de este mes, tras recibir una llamada telefónica de una persona que se hizo pasar por su hija, esa mujer le manifestó que habían entrado a robar en su departamento y que, en ese momento, se encontraba con dos efectivos policiales.

La hija de la mujer refería que uno de los supuestos policías la había lastimado y le dijo que si no reunía dinero en efectivo, dólares o elementos de valor, iban a continuar con los castigos.

Fue así que la víctima transfirió 1.256.398 pesos y más tarde 900 dólares, a cuentas de dos personas cuyos datos fueron brindados en la denuncia para su investigación.

La pesquisa permitió identificar a dos hombres que se encontraban privados de la liberad en la cárcel local, uno por robo agravado por el uso de arma de fuego y el otro por extorsión.

Personal de Cibercrimen Región Interior Sur llevó a cabo el procedimiento, en el cual se procedió a identificar a los involucrados y secuestrar dos teléfonos celulares que serán peritados en busca de mayores elementos de interés para la investigación.

La investigación dio exitoso resultado en el partido de Florencio Varela, cuando se atrapó al hombre en la mañana de ayer, aunque se lo había buscado en distintas localidades, como cuando aparentemente vivió en Mar de Ajó, donde tenía familiares.

En aquel caso tenían constancia que se hacía llamar con el nombre de un hermano y que iba a buscar a una hija a la escuela, pero cuando la DDI de esa ciudad intentó avanzar, desactivó los celulares y volvieron a perder su rastro.

Tiempo atrás había surgido un nuevo dato: el domicilio de Combate de San Lorenzo 2.226, en Florencio Varela, donde supuestamente una hija de Del Valle administraba un complejo de departamentos.

El sábado a la noche los investigadores recibieron una llamada telefónica sobre su presunta presencia en el lugar, aunque con una fisonomía muy cambiada. 

De esa manera se montó un operativo de vigilancia, con personal de la DDI de Dolores y, ya con el allanamiento habilitado por la Justicia, se lo pudo interceptar ayer, pese a que buscó identificarse de otra manera y se encontraba con un aspecto totalmente distinto, cabellos más largos y barba.

Incluso se descubrió que habría intentado borrar algunos de sus tatuajes con la superposición de otros, como uno en un brazo, con la bandera argentina. El cotejo de huellas, finalmente, fue concluyente para confirmar su identidad.

"Ese domicilio ya lo teníamos marcado porque un hijo lo había publicado en su momento, para el supuesto alquiler de los departamentos. Ese complejo de departamentos es de Gisella, hija del prófugo", comentó una fuente del caso.

"Falta un paso más: la condena"

Yamila Segovia, abogada de la familia de la víctima, celebró la detención, pero aclaró: "Esto recién empieza, falta un paso más: la condena y queremos que reciba la pena máxima".

La letrada fomentó públicamente la cuenta de Instagram "alerta_búsqueda_activa", desde donde difundían detalles del caso y también el proyecto de la denominada Ley Segovia (ya presentado en el Senado), que buscan complicar la fuga de los abusadores sexuales.

"Usan la fuga como refugio de la ley, porque se escapan, vuelven años después y piden el sobreseimiento, más allá de que haya pruebas contundentes en su contra, como en este caso", dijo Segovia.

Contra Del Valle existe un ADN positivo que lo incriminaría como autor del abuso a la niña que, producto del delito, fue mamá.

La abogada entendió que, pese al tiempo transcurrido, "no hay chances de prescripción", porque la Cámara Penal bahiense consideró hace un tiempo que la acción penal aún no estaba extinguida.

El hecho -causado por autores que por el momento son desconocidos, aunque se supone que sería en represalia por la muerte de un tiro de Walter Vilchez, de 54 años- se produjo esta mañana, sobre las 9.

Además de personal policial de la jurisdicción, al lugar, ubicado en Manuela Pedraza al 400, concurrieron dotaciones de bomberos y una cuadrilla de Defensa Civil.

Si bien se informó que no hubo heridos, las pérdidas materiales fueron virtualmente totales.

La modesta vivienda era propiedad de Alberto Zanabria (34), quien está detenido desde anoche como presunto autor del crimen.

Zanabria habría estado tomando bebidas con Vilchez y aparentemente discutieron (algunas fuentes dicen que se desconocieron) y luego le habría disparado con un revólver calibre 32 que fue secuestrado.

El mismo sospechoso fue quien llamó al 911 para dar cuenta del hecho, aunque dijo que desconocía cómo había sucedido y luego dio distintas versiones. 

Los investigadores pudieron establecer que habría tratado de limpiar la escena y de ocultar el cuerpo, que fue encontrado en el patio.

"Siempre tiraba tiros"

Una vecina del sector aseguró que en el barrio "pasa siempre" que, cuando toman represalias "vienen y te queman la casa. Acá el 90% de los conflictos se resuelven así, te queman la casa o te meten un tiro".

"Los conocía a los dos, eran vecinos del barrio. Escuché los tiros, escuché como 7 disparos, era tipo siete y media (de la tarde) porque estaba jugando River todavía. Dicen que estaban tomando y se desconocieron".

"La persona que falleció era un hombre trabajador, que no se metía con nadie, no tenía problemas, vivía en su mundo de trabajar, por ahí se tomaba un vinito, como cualquiera", dijo.

En cuanto al supuesto homicida, la mujer comentó que "no le conozco la cara, pero sé que siempre tiraba tiros, porque vivía cerca de mi casa. Disparaba porque sí. Vivía con su mujer, pero la mujer trabajaba todo el día. El bardo era él. Acá nos conocemos todos".

Secuestraron una vaina

En medio del operativo por el incendio, esta mañana la Policía secuestró una vaina de un proyectil de arma de fuego en las vías lindantes con la vivienda de Zanabria.

Se trata de una cápsula de un proyectil 9mm, según informaron algunas fuentes de la fuerza.

Inmediatamente después se comunicaron con peritos de la Policía Científica para que acudan al lugar y proceder al secuestro del material.

Los mismos voceros aclararon que se trataría de un calibre distintos al del arma cometida en el hecho, ya que a Vilchez lo habrían ultimado con un revólver calibre 32 secuestrado en la casa del sospechoso.