Así lo manifestó Paola, amiga de la víctima, quien señaló la "indignación e impotencia" que genera la situación.

La mujer había manifestado hace algunos meses que el sujeto tenía perfiles activos en Facebook.

Ahora señaló que por intermedio de una conocida descubrieron que también tiene actividad en un sitio denominado Facebook Parejas, que es un servicio de citas y diseñado para conocer personas nuevas con intereses y ubicación en común.

"Resulta indignante pensar que esta persona sigue contactando mujeres sabiendo lo que hizo con nuestra amiga. No puedo creer que siga teniendo el celular y pueda acceder a esto", señaló a La Nueva. 

Según capturas que realizaron de la publicación, el usuario Maritoo, 46 señala en su descripción que "hoy estoy privado de mi libertad, pero sigo teniendo mucho para dar y ganas de conocer a alguien especial".

Paola alertó sobre la situación a través de la misma red social, pidiendo difundir lo que está sucediendo.

Cabe recordar que, por disposición judicial, desde la pandemia los detenidos alojados en las cárceles bonaerenses tienen acceso a contar con teléfonos celulares para comunicarse con la familia y garantizar acceso a material educativo.

El crimen

Mónica Esteban, de 40 años, fue encontrada sin vida el 29 de septiembre de 2017 en Washington al 700. 

¿Mario Saucedo podrá salir alguna vez de la cárcel?

A la mujer la hallaron estrangulada en una situación que intentaba aparentar un suicidio, aunque la investigación logró descubrir que, en realidad, se había tratado de un crimen.

Fuentes oficiales indicaron que un compañero de trabajo se preocupó porque la mujer no había ido a trabajar y no respondía los mensajes de texto.

El hombre fue a la vivienda y, al no obtener respuesta, ingresó saltando un portón.

Allí observó  el cuerpo de la víctima, un gran desorden y vidrios rotos.

Se dijo que el hermano había estado con ella hasta las 6 y que en los últimos días habían cambiado las cerraduras de la casa por los antecedentes violentos. 

Es que, según mencionó el hombre, una semana antes la había encontrado llorando en la vereda de su casa tras haber recibido una golpiza de su ex, con quien había terminado una relación de tres años y medio.

El sujeto fue detenido el 1 de octubre de 2017 en la localidad chaqueña de Roque Sáenz Peña. Los voceros dijeron que fue localizado en la casa de su madre, cuando al parecer pretendía quitarse la vida.

El 6 de noviembre de 2018, los jueces del Tribunal en lo Criminal Nº 2 condenaron a Saucedo por el femicidio de Esteban.

A fines del año pasado la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la sentencia a perpetua dictada por los magistrados bahienses.

 

 

 

 

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El fuego se generó por causas desconocidas poco después de las 10, aunque afortunadamente no hubo heridos en las instalaciones ubicadas en Belgrano al 100, donde se activó la alarma contra incendios.

El dueño de la confitería que funciona en el interior de la galería precisó que se prendieron fuego placas de acrílico traslúcidas, que cayeron envueltas en llamas sobre su comercio en la planta baja.

"En ese momento yo estaba en el café y, cuando me avisaron del incendio, salí rápido. Todavía no pude entrar, pero casi seguro que tengo todo destruido. Los bomberos llegaron enseguida", dijo el damnificado.

"Es la primera vez que pasa algo así en la galería", agregó.

Bomberos de Policía realizarán los peritajes correspondientes para determinar las causas del siniestro.

En el lugar también prestaron colaboración operarios de guardia de Defensa Civil y efectivos de la Policía Local.

El tránsito en ese sector céntrico estuvo interrumpido durante las labores de los servidores públicos.

Se trata de Germán Alberto Streitemberger quien cumple una pena a 5 años y medio de prisión que fue dictada por el Tribunal en lo Criminal Nº 1 en 2019, aunque recién quedó firme en junio pasado, cuando el acusado agotó las instancias de apelación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y finalmente quedó detenido.

En estos meses Streitemberger estuvo detenido a la Unidad Penal Nº 44 de Batán, en Mar del Plata, hasta que desde el Juzgado de Ejecución Penal Nº 2 se le otorgó el beneficio, a fines de octubre.

"Se le otorgó la prisión domiciliaria porque la unidad penal no aseguraba su atención médica. Tiene un problema severo y necesita un soporte eléctrico sanitario y continuo por el uso del CPAP (Presión Positiva Continua en la Vía Aérea). La suspensión del mismo genera un alto riesgo de descompensación cardiovascular y posibilidad de muerte súbita, por apnea, durante el sueño", explicó una fuente judicial.

El informe de la Asesoría Pericial reconoció el peligro en caso de no ser sometido el paciente a dicho control y el Departamento Técnico Criminológico concluyó que era conveniente otorgarle la prisión domiciliaria.

En consecuencia, y pese a la oposición de la fiscalía, el juzgado le dio el beneficio a Streitemberger, medida que cumple en un domicilio de Coronel Pringles, con tobillera electrónica.

Los hechos

Personal de Gendarmería había detenido a Streitemberger en 2017, acusado de extorsionar a comerciantes de Darregueira -supuestamente a cambio de brindarles seguridad o evitarles controles-, aunque luego atravesó el proceso judicial en libertad.

Por los mismos hechos -extorsión reiterada (dos hechos) e incumplimiento de los deberes de funcionario público- también habían sido sentenciados, aunque con penas de prisión en suspenso, dos uniformados subalternos del comisario, el subcomisario Martín Noel Aguilar y el sargento Franco Andrada Zurita.

Streitemberger ya había sido condenado previamente, por no haber denunciado apremios ilegales que le habría provocado su personal a cuatro cazadores furtivos.

El evento se llevará a cabo desde las 18 de este sábado en la plaza Belgrano de Punta Alta, donde se ofrecerá una obra de teatro basada en uno de los cuentos que crearon El secreto de Vera, como también habrá postas con actividades para los chicos.

Los menores además podrán participar de un juego para reconocer las partes del cuerpo y sus nombres correctos, rompecabezas para hablar de los "secretos buenos y malos", momento para pintar y pensar "salidas de escape", y bailes para "aprender a cuidarnos".

También se leerán palabras reflexivas para la prevención de agresiones sexuales en perjuicio de niñas y niños, así como se desarrollará la tradicional marcha de los paraguas en la plaza principal de la vecina ciudad.

Los organizadores entregarán folletería informativa a los presentes.

Desde la asociación civil rosaleña confirmaron que el programa de actividades se suspenderá en caso de lluvia.

Noviembre es el mes de la prevención de agresiones contra la integridad sexual de menores y malos tratos en perjuicio de niñas y niños.

"Es por eso que desde la asociación generamos una serie de eventos para visibilizar este tipo de situaciones", explican los profesionales voluntarios en la web de la ONG.

"En general, se convocan a artistas y organizaciones de la ciudad con el objetivo de trabajar de manera colaborativa", agregan.

Involucrate trabaja en Punta Alta desde 2014, con charlas, capacitaciones y eventos para concientizar sobre esta problemática.

El equipo de la Organización No Gubernamental está compuesto por abogados, pediatras, docentes, psicólogos, trabajadores sociales y psicopedagogos, entre otros.

El despliegue policial se desarrolló entre las 18 y las 21 de este lunes, con el objetivo de prevenir hechos delictivos y reforzar la presencia policial en distintos puntos de la ciudad.

En inmediaciones de calle 1810 e Italia, se interceptó a Mariano David Sánchez, de 19 años, a quien, tras un cacheo preventivo, le encontraron entre sus pertenencias un revólver calibre 32, que no contaba con la documentación legal correspondiente.

Ante esta situación, se procedió al secuestro del arma y a la aprehensión del joven por infracción al artículo 189 bis del Código Penal. La causa quedó a disposición de la UFIJ Nº 15 del DJBB.

En otro procedimiento, realizado en Brown al 2400, personal de la Comisaría Primera identificó a Diego Cardozo, de 29 años, quien registraba un pedido de comparendo compulsivo vigente, solicitado por el Juzgado de Garantías Nº 4 del DJBB, en el marco de una causa por robo.

Por este motivo, se procedió a su detención para dar cumplimiento al requerimiento judicial.

Los operativos denominados “Motochorros” tienen como finalidad desalentar distintas modalidades delictivas, prevenir ilícitos y detectar infracciones contravencionales.

El procedimiento tuvo lugar luego de establecerse que el mencionado joven, momentos antes, habría ingresado a una vivienda ubicada en calle Formosa al 200, previo provocar la rotura de una ventana trasera.

Una vez en el interior, robó un parlante portátil, prendas de vestir, teléfonos celulares y elementos de higiene, para posteriormente retirarse del lugar. A partir de las averiguaciones realizadas y la intervención del personal policial, se logró localizar al sospechoso y proceder a su aprehensión.

Puesto en conocimiento de lo sucedido, tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca, que dispuso la realización de las diligencias judiciales de rigor.

El aprehendido quedó a disposición de la Justicia, en el marco de actuaciones caratuladas como robo.

El procedimiento se realizó alrededor de las 4, luego de una persecución policial que culminó en el estacionamiento de la terminal de colectivos San Francisco de Asis.

Según informaron fuentyes oficiales, el operativo se inició cuando efectivos del Comando de Patrullas que realizaban tareas preventivas fueron alertados por un transeúnte sobre la presencia de dos individuos que estarían intentando sustraer un motovehículo en Estados Unidos al 100.

Al arribar al lugar, los uniformados observaron a un joven de 20 años que solicitaba auxilio, mientras que los dos sospechosos emprendían la fuga en diferentes motocicletas.

Ante esta situación, el personal policial inició una persecución de uno de los involucrados, con la colaboración de efectivos de la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL). Finalmente, el adolescente fue interceptado.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron una motocicleta Mondial LD 110 Max y una llave francesa metálica, elemento que, de acuerdo con el relato de la víctima, habría sido utilizado para golpearlo durante la sustracción de sus pertenencias.

El menor fue trasladado a la comisaría Primera, donde se iniciaron las actuaciones correspondientes bajo la carátula de robo.

En tanto, la investigación continúa para establecer las circunstancias del hecho y determinar la participación del segundo involucrado, quien logró escapar.

El operativo se llevó adelante en calle Cramer al 700, donde se arrestó a Fabio Ariel Perrone, quien quedó a disposición del Juzgado Federal N° 2 de Mar del Plata, luego de que se detectara la intimidación contra el Pontífice.

La investigación estuvo a cargo de la direcciones de Contraterrorismo y de Cibercrimen de la Policia Bonaerense y efectivos de Cibercrimen Bahía Blanca lo detuvieron.

Se trata del segundo caso de amenazas contra el Papa en las últimas horas. Más temprano, la SIDE informó sobre la detención de otro hombre en el partido de Pilar, acusado también por intimidaciones contra el Papa.

“Fue así, no sé qué me pasó”, reconoció Nelson Nicolás Pintos Padilla (44) ante la jueza María Mercedes Rico, integrante del Tribunal en lo Criminal Nº 2, que el 8 de septiembre del año pasado lo sentenció a 14 años y 10 meses de cárcel.

Al momento de los alegatos, tanto el fiscal Marcelo Romero Jardín como la abogada Viviana Lozano (representante legal de la víctima y su familia) habían reclamado una sanción de 15 de prisión.

El exefectivo de la DDI de nuestra ciudad se encuentra actualmente alojado en la Unidad Penal N° 4 de Villa Floresta, donde cumple la pena, que vencerá el 4 de septiembre de 2039.

Recientemente, la Sala V del Tribunal de Casación ratificó el fallo dictado por la magistrada de nuestra ciudad, que declaró culpable a Pintos Padilla de los delitos de abuso sexual simple, en concurso real con abuso sexual simple reiterado y agravado.

Según la investigación, los hechos por los que el expolicía fue sancionado sucedieron entre febrero y marzo de 2019 en una vivienda de la ciudad de Necochea, cuando la víctima tenía 11 años, y el hombre manoseó a la joven en sus partes íntimas. 

Además, se registraron otros hechos similares, entre marzo y septiembre de ese año, en distintas viviendas de Bahía Blanca, luego de lo cual el acusado la amenazaba para que no contara lo sucedido, porque si lo hacía le iba a hacer lo mismo a otras integrantes de su familia.

En todos los casos el sujeto aprovechaba la proximidad que tenía con la niña y los momentos en los que se encontraba junto a ella.

Salida a la luz

El caso fue denunciado en abril de 2020, cuando la víctima logró vencer su temor y contarle a una prima los abusos sexuales que estaba sufriendo por parte del acusado.

A partir de esta revelación, sus tías también tomaron conocimiento de la grave situación y se la comentaron a la madre de la menor, quien realizó la correspondiente denuncia penal.

Recién en 2022 la pequeña estuvo en condiciones de poder declarar mediante el sistema de cámara Gesell, donde brindó una descripción de los abusos que había sufrido y dio detalles sobre los momentos y lugares en los que se cometieron.

Su progenitora declaró en el debate y describió la forma en que se enteró, además de mencionar haber advertido cambios en el comportamiento de la niña con posterioridad a los hechos denunciados.

Fue "otra" hija

La madre aseguró que “nunca más logré tener a la misma hija” y que tras enterarse de la detención de Pintos Padilla (registrada el 5 de noviembre de 2024) su hija le comentó: “me creyeron”.

También consideró que la menor se dio cuenta de lo que pasaba a partir de las charlas de Educación Sexual Integral (ESI), que tuvo en la escuela.

En el juicio también brindaron su testimonio otros familiares de la nena y los psicólogos que actuaron en el caso.

Habló y admitió

En el fallo condenatorio, la jueza María Mercedes Rico indicó que “el abrumador cuadro probatorio” terminó complementándose con la confesión de Pintos Padilla, luego de escuchar la declaración de la madre de la menor.

“Sí, fue así, no sé por qué lo hice, nunca me había pasado algo así”, admitió el expolicía en la sala de audiencias ubicada en Estomba 34.

En otro tramo de su declaración dijo estar arrepentido y, consultado si había amenazado a la niña para que guardara silencio, solo respondió: “Sí, es posible”.

Acerca del testimonio de la víctima, la magistrada refirió que la menor contó los hechos con “precisión y consistencia, dando cuenta que han sido real y genuinamente vividos”.

Al momento de resolver la pena impuesta, a 14 años y 10 meses de prisión, contempló como atenuante la confesión realizada por el Pintos Padilla. 

En tanto, a modo de agravantes, se valoraron la condición de policía del hombre, la diferencia de edad y físico con respecto a la víctima y las secuelas psicológicas provocadas a la adolescente.

Por todo ello, la jueza consideró probada la responsabilidad del sujeto y le impuso la pena de prisión efectiva y en las últimas horas sus colegas de Casación  confirmaron esa resolución.

Por regla general, el artículo 371 quáter (inciso 7°) del Código Procesal Penal bonaerense establece que la sentencia absolutoria derivada de un veredicto de no culpabilidad dictado por un jurado popular es absolutamente irrecurrible. 

Esto significa que, una vez que los ciudadanos convocados como jurados deciden la absolución de una persona, esa decisión se vuelve inalterable y no puede ser revisada por ningún tribunal superior.

Esa limitación busca proteger pilares fundamentales del sistema acusatorio, como la garantía constitucional del ne bis in idem (el principio de que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho) y el respeto a la soberanía popular, porque se considera que el veredicto del pueblo es la máxima expresión de justicia democrática dentro del juicio por jurados.

Diez años de los jurados en la Provincia y Bahía sigue al tope de los juicios

Sin embargo, la Sala III de Casación dictó un fallo de relevancia -que no es reciente pero sí trascendió en los últimos días-, tras analizar el delicado equilibrio entre la intangibilidad de los veredictos de "no culpabilidad" de los jurados populares y los derechos de las víctimas —especialmente cuando se trata de niños, niñas y adolescentes— a obtener una tutela judicial efectiva.

Los jueces Víctor Horacio Violini y Ricardo Borinsky resolvieron declarar la inconstitucionalidad de esa prohibición para el caso concreto. 

Sostuvieron que impedir de forma absoluta y automática toda revisión vulnera el acceso a la justicia y la tutela judicial continua de la víctima (consagrada en los pactos internacionales de derechos humanos y en la Convención sobre los Derechos del Niño), particularmente cuando se denuncian vicios estructurales graves que afectan la imparcialidad del juicio, como una supuesta contaminación del jurado, por presiones externas o mediatización.

"El principio de soberanía del jurado y la regla del secreto de sus deliberaciones no pueden erigirse en un manto de impunidad procesal", explicó el juez Violini.

El Tribunal admitió la legitimación de la particular damnificada para cuestionar el veredicto de no culpabilidad, frente a la denuncia de que el jurado habría sido objeto de coacciones o influencias externas capaces de comprometer su imparcialidad.

Un aspecto central del pronunciamiento es que "la soberanía popular no puede convertirse en un obstáculo absoluto para garantizar el debido proceso, el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva".

Se trata de un fallo relevante para reflexionar sobre los límites de la irrecurribilidad de los veredictos absolutorios y la posibilidad de control judicial ante denuncias de graves afectaciones a las garantías constitucionales.

Abre una puerta

La resolución de Casación abre una puerta jurídica para que la víctima pueda cuestionar una absolución si demuestra que el juicio estuvo viciado, aunque en este expediente en particular el tribunal terminó rechazando el pedido de anulación porque entendió que dichas irregularidades denunciadas no estaban probadas.

Es una mirada interesante la que se aporta porque hasta el momento la postura de los tribunales superiores había sido tradicionalmente restrictiva. 

Tanto la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (en precedentes históricos como "Bray-Paredes"), Como diversos tribunales han sostenido históricamente la plena constitucionalidad de la irrecurribilidad.

¿Jurados menos “duros”, una tendencia que aumenta en Bahía Blanca?

Los máximos tribunales han defendido que el derecho a recurrir un fallo penal bajo los estándares de los pactos internacionales asiste primordialmente al imputado (el "doble conforme" frente a una condena), y que permitir que el Estado o un acusador privado reviertan una absolución popular destruiría la esencia misma del juicio por jurados clásico.

Pero en este caso, la Sala III del cuerpo judicial platense hizo prevalecer el Interés Superior del Niño (la víctima del abuso sexual que se juzgaba). 

Se trata de una causa de San Isidro. El veredicto de no culpabilidad (absolución) del acusado se dio el 15 de agosto de 2025, en un juicio que condujo un juez del Tribunal en lo Criminal Nº 2 de esa jurisdicción.

Sin embargo, la madre de la víctima, constituida como particular damnificada, apeló la decisión, a través de los abogados Cristian Cúneo Libarona, Tomas Uranga y Paulina de Teleki, y Casación aceptó analizarlo.

Uno de los detenidos fue Emanuel Eloy Traian, de 45 años, en una causa caratulada como abuso sexual agravado, con intervención de la UFIJ Nº 14 y el Juzgado de Garantías Nº 4 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.

La detención se concretó en la vía pública, en la localidad de Médanos, luego de un procedimiento realizado en el marco de una orden judicial vinculada a un domicilio de calle Godoy Cruz al 100.

En otro operativo fue detenido Axcel Héctor Ariel, de 41 años, investigado en una causa por abuso sexual con acceso carnal, en la que intervienen la UFIJ Nº 3 y el Juzgado de Garantías Nº 4.

El hombre fue interceptado en la vía pública, sobre la vereda de un domicilio ubicado en Junín al 1900, en Bahía Blanca, luego de tareas investigativas destinadas a establecer su lugar de residencia.

Ambos detenidos fueron trasladados a la sede de la DDI y quedaron a disposición de las autoridades judiciales intervinientes.

El hecho fue denunciado por un hombre que indicó que le habían sustraído un bolso con documentación personal, un certificado de discapacidad y teléfonos celulares.

A partir de la denuncia, efectivos de la comisaría Segunda analizaron registros de cámaras de seguridad particulares y realizaron distintas tareas investigativas que permitieron identificar al presunto autor.

Durante el procedimiento, el personal policial secuestró elementos de interés para la causa y prendas de vestir que habrían sido utilizadas al momento del hecho.

Además, aprehendió a Darío Emmanuel Lambrecht, de 27 años, por el delito de hurto.

Intervienen en la causa la UFIJ Nº 7 y el Juzgado de Garantías Nº 4 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

La Cámara Federal de Casación Penal le acaba de confirmar una condena única a 35 años de prisión por distintos delitos cometidos en banda, como el recordado secuestro extorsivo del piloto de TC Eduardo “Lalo” Ramos.

Villalba, quien también se hacía llamar Mariano Jesús y lo conocían como “El Enano”, es oriundo de Almirante Brown y su “furioso” historial delictivo se focalizó en el conurbano, pero en aquel intenso 2015 también dejó su huella delictiva en Bahía Blanca.

Fue con un golpe comando, tipo “piratas del asfalto”, que le valió de parte de la Justicia local una de las sentencias (a 4 años y 3 meses de cárcel) que ahora se unificaron.

La noche del 31 de mayo de 2015, “El Enano” y al menos otros 7 delincuentes ejecutaron un golpe comando que se inició en la estación de servicio Rodovía, ubicada en el cruce de las rutas 33 y 3 sur.

A mano armada, con violencia y roles definidos, redujeron a los dos choferes y un guardia de un camión que trasladaba más de mil celulares Alcatel y Huawei y 792 hornos a microondas BGH, en tránsito desde Tierra del Fuego hacia la localidad de Carlos Spegazzini.

El operativo fue planificado para apoderarse de la carga de altísimo valor y, al mismo tiempo, evitar que los transportistas pudieran alertar rápidamente a la Policía, ya que los mantuvieron en cautiverio en otros vehículos que iban de apoyo.

Mientras una parte de la banda se llevó el camión, en los vehículos que actuaban de apoyo se ocultaron a las víctimas, encapuchadas, a fin de garantizar la fuga y evitar que reconocieran el camino.

Ya en la mañana del 1 de junio, en la zona rural de Gorchs, a menos de 150 kilómetros de CABA por la ruta 3, la Policía intentó parar al camión, pero dos delincuentes que estaban en la cabina (entre ellos Villalba) hicieron caso omiso y continuaron en dirección a San Miguel del Monte.

Sin embargo, a unos 800 metros detuvieron la marcha, abandonaron el camión y ascendieron a una Citroen Berlingo que venía de apoyo.

Con una mayor cantidad de patrulleros sumados al operativo, la persecución terminó a unos 20 kilómetros, con la detención de 6 de los delincuentes, entre ellos Villalba.

Horas después, en campos de Gorchs aparecieron, con precintos en sus manos, las tres víctimas sanas y salvas, aunque muy afectadas emocionalmente, luego de casi 10 horas de cautiverio.

Por aquel violento raid delictivo, el Tribunal en lo Criminal Nº 1 de Bahía Blanca condenó a los 6 delincuentes.

Villalba recibió 4 años y 3 meses de prisión, así como Víctor Ezequiel Torres y Matías Aguirre.

Víctor Ezequiel Lucidi y Jorge Alejandro Vázquez Vera, en tanto, fueron condenados a 5 años y 3 meses de cárcel y Carlos Alberto Achával recibió 5 años de prisión.

Robo triplemente calificado por el uso de arma, por su comisión en poblado y en banda y por tratarse de mercadería en tránsito y privación ilegítima de la libertad agravada en concurso real de delitos fueron los delitos señalados.

Antes y después

Al menos “El Enano” Villalba tuvo un 2015 muy cargado en materia delictiva, que hoy está pagando con la prisión.

Antes y después del frustrado robo que se inició en Bahía, formó parte de organizaciones criminales dedicadas a cometer nada menos que secuestros extorsivos, un delito muy en auge por aquellos tiempos y que hoy virtualmente desapareció del mapa bonaerense.

En mayo de ese año formó parte de la banda que, simulando ser policías, interceptó a un empresario en Canning, partido de Ezeiza, en medio de un montado operativo de tránsito en la ruta 6.

Por la víctima, dueña de una firma de logística con oficinas en Puerto Madero, pidieron 300.000 pesos de rescate y, cuando el socio estaba a punto de hacer una entrega vigilada del dinero, fue liberada en la zona de Guernica, ante el riesgo inminente de detención de los captores.

En una de las comunicaciones con el entorno del empresario, la Policía identificó la voz de Villalba porque era “conocido” y ya había participado de un secuestro anterior, con una condena a 15 años de cárcel.

Al allanar su vivienda en Almirante Brown, secuestraron un chaleco antibalas, un handy, armas de fuego y una baliza de las que se utilizan en los controles ruteros, así como precintos y guantes de látex.

Pero Villalba no fue localizado y siguió con sus andanzas.

El 18 de agosto, junto con Matías Emanuel Ávalos y Pablo Javier Gaitán, protagonizó el recordado secuestro al piloto Eduardo “Lalo” Ramos y a un amigo suyo.

Fue bajo la misma modalidad. Un control de tránsito simulado en el kilómetro 40 de la ruta 2, a la altura de Berazategui.

Ramos y su acompañante fueron interceptados cuando viajaban desde Mar del Plata a la Capital, para participar de una cena.

Los separaron -uno quedó secuestrado en un auto y otro en una vivienda- y por el rescate se pagaron 35.000 dólares.

Las crónicas policiales cuentan que Villalba estuvo a punto de ser capturado pero se tiroteó con la división Antisecuestros de la Policía Federal y logró escapar, aunque poco tiempo después finalmente cayó y no volvió a salir.

El 27 de marzo pasado, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata le impuso una pena única a 35 años de prisión, al unificar todas las sanciones penales en su contra, entre ellas el robo cometido en Bahía.

Y esa sanción acaba de ser ratificada por la Cámara de Casación Federal.

Buscaban bajar la sanción

Resocialización. La defensa de Villalba había apelado la medida y pedía que le bajaran la sanción a 25 años, haciendo hincapié en la resocialización, en que tiene conducta 10 y concepto 6 y que desempeña actividades laborales intramuros y destina los ingresos que percibe a solventar los gastos de su familia.

Rechazo. Sin embargo, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó cada uno de los argumentos de la defensa y confirmó en los últimos días que el delincuente deberá cumplir 35 años de cárcel.

En proporción. Para los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky no se logró demostrar que la sanción impuesta a Villalba fuera “arbitraria o desproporcionada frente a la gravedad de los delitos cometidos”, tal como consideraba su defensor.

Se trata de Beatriz Elizabeth Benítez, quien deberá responder no solo por la evasión de la seccional de Villa Mitre sino también por un delito de hurto por el cual había sido detenida el miércoles a la noche en la zona de Villa Harding Green.

"La captura se dio sobre las 10.15 en Rafael Obligado y Ángel della Valle, cuando caminaba por la vía pública", confirmó una fuente policial.

Benítez, quien cuenta con antecedentes y ya estuvo detenida en la cárcel de Saavedra, de donde había egresado la semana pasada, se encontraba esposada en una oficina, a la espera de ser trasladada hoy a la fiscalía, cuando sobre las 20.25 del jueves pudo zafar de los grilletes, en un descuido de quien debía vigilar el sector (imaginaria).

La oficial había ido hacia el sector de la guardia para buscar las llaves de las esposas para llevar a la sospechosa al baño y en esas circunstancias descubrió que Benítez había huido por los patios del fondo.

Autoridades policiales explicaron que la mujer no estaba en un calabozo porque dicha área de la comisaría Cuarta, ubicada en Garibaldi 262, está clausurada desde mayo último, por orden de la jueza en lo Correccional María Laura Pinto.

De hecho varias seccionales locales tienen calabozos clausurados -porque no están en condiciones de ocupación- y en el caso del cupo femenino, en general, se lo traslada a la seccional de Monte Hermoso.

La mujer fue conducida a la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 15, desde donde se definirá su traslado.

La medida se dio luego de la audiencia pública de ayer, en la que participaron las partes, y de la publicación de una nota de lanueva.com que daba cuenta de un incipiente escándalo por presuntas irregularidades en la detención del procesado.

De esta manera Durand había sido aprehendido a dos días del hecho -y al poco tiempo liberado- recapturado 48 horas después y ahora nuevamente excarcelado, aunque sigue imputado y bajo investigación por los delitos de abuso de armas y portación de arma de guerra.

Las dudas que beneficiaron al sospechoso tienen que ver con claras contradicciones entre lo que consta en el acta de procedimiento de la primera aprehensión policial y distintos videos que fueron incorporados por la defensa de Durand, a cargo del abogado Valentín Fernández, y de fuerzas federales de seguridad.

Las imágenes contradicen el documento incorporado a la causa en casi todos sus puntos: la hora de la detención, el lugar, la conducta del detenido (no se resistió, a diferencia de lo que consignaron los policías) y la vestimenta que tenía puesta, entre otras circunstancias.

Durand, en su indagatoria, declaró que lo habían parado caminando, alrededor de las 20, y que en la comisaría le cambiaron la ropa y lo fotografiaron. Y las filmaciones aportadas ratificarían esa versión.

Diferencias y careo

De hecho, a partir de esas contradicciones y versiones distintas entre los policías actuantes (dos de ellos fueron sometidos a un careo), la jueza Promé ordenó investigarlos por posibles delitos de acción pública. 

Luego de la exhibición de los videos, los sargentos Emanuel Salazar y Luis Ponce reconocieron haber sido ellos los filmados y ambos dijeron que llevaron a Durand a la comisaría por averiguación de identidad.

Sin embargo, se contradijeron en un punto medular: Salazar sostuvo que Durand no estaba en poder de una moto. Ponce afirmó que, más tarde, lo aprehendieron con el vehículo, y que Salazar también participó. En el careo mantuvieron sus posiciones. Y además Salazar admitió que firmó el acta sin leerla.

Los oficiales Ramiro Ferraro y Pablo Silva, por su parte, dijeron desconocer que Durand hubiera sido llevado antes a la dependencia. Y Silva agregó que la moto llegó en la caja de una camioneta, dato que el acta omite.

La jueza señaló “la mendacidad en distintas declaraciones” y concluyó que no podía sostenerse el grado de convicción necesario para mantener la medida de detención.

"Las claras contradicciones entre las declaraciones de los preventores policiales y asimismo la contraposición con lo volcado en el acta procedimental que diera cuenta de la aprehensión del imputado conduciendo el motovehículo reconocido por la víctima como el empleado por el autor del hecho, exponen la mendacidad en distintivas declaraciones aportadas por los funcionarios que han intervenido en la investigación, poniendo en crisis el real proceder policial", destacó Promé en el fallo.

La jueza aclaró que la investigación continúa y que subsisten diligencias pendientes: informes de cámaras del CeUM, el rastreo satelital de los patrulleros y nuevas testimoniales.

Por esa razón rechazó, “por el momento”, la nulidad del acta y la exclusión probatoria que pedía la defensa, por considerarlas prematuras.

A su vez Promé, también a pedido de la defensa, ordenó la prohibición de acercamiento a menos de 100 metros del personal policial que cumple funciones en la comisaría Primera tanto con Durand, como su mujer y su hijo.

Se trata de Beatriz Elizabeth Benítez, quien cuenta con antecedentes y ya estuvo detenida en la cárcel de Saavedra, de donde había egresado la semana pasada.

Benítez se encontraba esposada en una oficina, a la espera de ser trasladada hoy a la fiscalía, cuando sobre las 20.25 del jueves pudo zafar de los grilletes, en un descuido de quien debía vigilar el sector (imaginaria).

La oficial había ido hacia el sector de la guardia para buscar las llaves de las esposas para llevar a la sospechosa al baño y en esas circunstancias descubrió que Benítez había huido por los patios del fondo.

Cerrados desde mayo

Autoridades policiales explicaron que la mujer no estaba en un calabozo porque dicha área de la comisaría Cuarta, ubicada en Garibaldi 262, está clausurada desde mayo último, por orden de la jueza en lo Correccional María Laura Pinto.

De hecho varias seccionales locales tienen calabozos clausurados -porque no están en condiciones de ocupación- y en el caso del cupo femenino, en general, se lo traslada a la seccional de Monte Hermoso.

La búsqueda de Benítez se centró anoche y en la madrugada de hoy en la zona de los barrios 9 de Noviembre y Stella Maris, ya que tiene domicilio en la calle Los Naranjos 2.200, pero el resultado fue negativo.

El hecho ocurrió alrededor de las 20.25 de este jueves, cuando la mujer aprovechó un descuido para quitarse las esposas y escapar por los patios de la dependencia policial.

Según informaron fuentes policiales, la fuga se produjo cuando la efectiva que cumplía funciones de imaginaria se trasladó hasta el sector de guardia para buscar las llaves de las esposas y acompañar a la aprehendida al baño. Al regresar, constató que Benítez ya no estaba y que había logrado evadirse.

La mujer había sido detenida el miércoles, alrededor de las 22, en un procedimiento realizado en un hotel de Green, por un hecho de hurto; y se encontraba a disposición de la UFIJ Nº 15.

De acuerdo con la información aportada, Benítez había estado alojada en la Unidad Penitenciaria Nº 19 desde el 7 de mayo de este año y había recuperado la libertad hacía aproximadamente una semana.

Tras constatarse la evasión, se dispuso la clausura de los calabozos por orden judicial.

La investigación busca establecer las circunstancias en las que se produjo la fuga y dar con el paradero de la mujer.

El procedimiento se inició alrededor de las 14.30, a raíz de un llamado al servicio de emergencias 911 que alertaba sobre una pelea en la intersección de Pacífico y Francia.

En forma simultánea, operadores del Centro Único de Monitoreo (CeUM) advirtieron la presencia de un hombre armado en el lugar, aportando características físicas y de vestimenta que permitieron orientar la intervención policial.

Al arribar, efectivos del Comando de Patrullas, con colaboración de personal del Grupo Táctico Operativo de la Comisaría Quinta, constataron que tres hombres mantenían una confrontación con un cuarto individuo, quien portaba un martillo, registrándose agresiones físicas que provocaron lesiones de carácter leve entre las partes.

Durante el procedimiento, los uniformados lograron controlar la situación y procedieron al secuestro de un revólver calibre .38, cargado con cinco cartuchos marca FM FLB SW del mismo calibre, cuya aptitud para el disparo fue informada en las actuaciones.

Como resultado de la intervención, se concretaron las aprehensiones de Cristian Rodrigo Durán (28 años), por tenencia ilegal de arma de fuego y amenazas agravadas; Ignacio Fernández (32), por lesiones; Sergio Ángel Méndez Uribe (34), por lesiones; y Damián Rodrigo Tartuferi Maldonado, por lesiones y amenazas agravadas por el uso de arma impropia.

Respecto de este último, se estableció que habría utilizado un martillo durante la confrontación, elemento que fue descartado y no pudo ser localizado por el personal policial.

Los cuatro aprehendidos fueron trasladados a la Comisaría Quinta, junto con el arma secuestrada, quedando a disposición de la UFIJ 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca bajo las carátulas de "Tenencia ilegal de arma de fuego, Amenazas agravadas y Lesiones recíprocas".

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 12 en una vivienda ubicada en la primera cuadra de calle Biggio, donde los efectivos arrestaron a Martín Alejandro Ferro, en cumplimiento de una resolución emitida por el Juzgado de Ejecución Penal N° 2 Departamental, a cargo de manera interina por Claudio Brun.

La medida judicial se originó a partir de una condena dictada por el Juzgado en lo Correccional N° 2, que le impuso a Ferro seis meses de prisión como autor penalmente responsable del delito de encubrimiento. Dicha sanción había sido convertida en 1.080 horas de trabajos comunitarios y presentaciones periódicas ante el Patronato de Liberados.

Sin embargo, tras agotarse los plazos legales e informes del órgano tutelar que acreditaron que el causante apenas completó 285 horas de las tareas fijadas —adeudando 795 horas—, la Sala I de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal dejó firme la revocación del beneficio de tareas comunitarias.

Ante este incumplimiento, la justicia ordenó su inmediata detención para que cumpla la pena impuesta.

El aprehendido fue trasladado a sede policial y puesto a disposición del magistrado interviniente para la continuidad de los trámites procesales.

De esta manera se confirma la sospecha que había desde los primeros días posteriores a la tragedia ocurrida el 16 de diciembre de 2023, al derrumbarse un paredón en el predio deportivo durante el violento temporal que arrasó Bahía.

Así lo indicó el abogado Sebastián Mazza, que está presentado en la causa como particular damnificado.

Según las pruebas incorporadas al expediente judicial, los peritos oficiales nombrados por la Fiscalía a pocas horas del hecho mantuvieron contactos prohibidos con dirigentes del club, a quienes además les entregaron el informe técnico antes de presentárselo al fiscal Cristian Aguilar, a cargo de la investigación.

"Esta gente tuvo antes el informe que debían presentarle al fiscal; esto surge de la causa y es realmente grave. Sabían lo que los peritos iban a informar antes que la propia Justicia", dijo Mazza.

Las pericias telefónicas ordenadas después del secuestro de los dispositivos en abril y procesadas preliminarmente en Bahía Blanca en junio, comienzan a echar luz sobre una presunta "cadena de favores y complicidades" entre los investigados.

El entramado de encubrimiento quedó al descubierto al comparar las actuaciones de la junta pericial designada por la Justicia.

Dos días después del desenlace fatal, los peritos firmaron un informe inicial que dejaba al descubierto los datos "duros" del colapso.

Sin embargo, entre 40 y 45 días después de ese primer dictamen, los mismos profesionales presentaron un segundo documento con conclusiones completamente opuestas, elaboradas para relativizar los hallazgos originales y frenar el inicio de una causa por el delito de estrago.

"Con un segundo informe que hubiese relativizado todo de forma ilegítima, ilegal y perversa, lo que pretendían era que esto no trascendiera y que no afectara los intereses ni del club ni de las personas involucradas. Estuvieron bastante cerca de conseguirlo", remarcó el letrado, que perdió a su mujer en el derrumbe.

La maniobra -agregó- no prosperó gracias a que el fiscal Aguilar detectó la "llamativa contradicción" entre las conclusiones del primer y el segundo informe, ordenando nuevas medidas de prueba e incorporando estudios de los peritos de la Corte bonaerense.

De acuerdo con la información brindada por Mazza, en las conversaciones telefónicas analizadas los peritos negociaban abiertamente el alcance de los informes para proteger la responsabilidad penal de los directivos de Bahiense del Norte.

"Hay diálogos que son increíbles, en los que un perito dice: 'No vamos a alivianarles toda la responsabilidad, pero por lo menos esto va a ayudar. Esto es fantástico para el club'. Esa no es la tarea de un perito y esto no puede quedar impune", enfatizó el representante legal de las familias de algunas de las víctimas fatales.

El entrevistado remarcó la gravedad "institucional y moral" del hecho, haciendo hincapié en el perfil socioeconómico y profesional de los acusados, quienes tienen títulos universitarios y una posición económica "elevada", lo que -explicó- agrava la responsabilidad de sus actos.

"Es bastante duro porque esta gente se había arrimado a los velatorios de las víctimas y ese mismo día, según surge después, estaban operando con todo este tipo de maquinaciones para ocultar absolutamente todo", aseguró el letrado al servicio informativo de LU2.

Mazza también se refirió a la lentitud en los avances judiciales y criticó que el complejo deportivo ubicado en Salta 28 no haya sido clausurado por las autoridades municipales.

"Sport Club (donde en junio pasado murió un hombre al caer del primer piso) estuvo clausurado, pero Bahiense del Norte nunca estuvo clausurado", comparó el informante.

Si bien las principales pruebas constan en la causa desde enero, a raíz de la denuncia originaria del fiscal Aguilar, Mazza reclamó mayor celeridad en el proceso judicial para evitar que las "maniobras dilatorias" posibiliten la "impunidad" de los culpables.