Se trata de Marcelo Mendoza, de 45 años, a quien interceptaron alrededor de las 21:30, en la esquina de Roca y Urquiza, del centro puntaltense.

Según detallaron desde la Comisaría local, minutos antes Mendoza se presentó en el domicilio de su expareja de 47 años, incumpliendo la medida cautelar dispuesta por el Juzgado de Garantías N° 1, y le sustrajo sin ejercer violencia las llaves de la moto.

Añadieron que se iniciaron actuaciones por los delitos de desobediencia y tentativa de hurto, con intervención de la Fiscalía N° 15.

El procedimiento, a cargo de la comisaría Primera, permitió las capturas de Ezequiel Márquez (18), acusado de la sustracción del vehículo y Esteban Márquez (21), sobre quien pesaba un pedido de captura por hurtos reiterados. 

La detención de ambos se dio durante un allanamiento en Buchardo al 1.700 del barrio Empleados de Comercio, en Coronel Rosales. 

La investigación se originó tras una denuncia realizada el 15 de abril, en la seccional de Beruti 650, cuando un hombre denunció la sustracción de su moto.

Las cámaras del Centro Único de Monitoreo (CEUM), además de otras tareas investigativas, permitieron llegar a los sospechosos. 

Ambos hermanos, según se informó, tienen un extenso prontuario de antecedentes por delitos similares y contra la propiedad. 

Fuentes judiciales confirmaron que el titular del Juzgado Nº 3, Alberto Manzi, rechazó el pedido de excarcelación solicitado por el defensor de Claudio David Montiel, por lo que permanece alojado en la seccional Primera.

"Se advierte que la sumatoria de todos los máximos de pena en razón de los concursos ideales y reales de delitos que se le atribuyen al causante, el baremo máximo resultante, de 9 años de prisión, sobrepasaría el término de 8 años fijado por la norma (para la excarcelación)", señaló el magistrado en la resolución.

Manzi consideró que la pena aplicable excedería el término de los 3 años de prisión y, en caso de recaer condena, sería de cumplimiento efectivo.

Violencia en el Shopping: el fiscal general dijo que "la pena en expectativa es alta"

Al mismo tiempo, trascendió que el abogado Sebastián Martínez apelará la decisión ante la Cámara Penal local.

Ayer la CGT Regional Bahía Blanca expresó su contundente rechazo a la detención de Montiel, secretario general adjunto de la Asociación Empleados de Comercio (AEC), y vinculó las medidas judiciales a un clima general en el país de "persecución a la actividad gremial".

También se supo que este mediodía Montiel va a ser trasladado a la UFIJ Nº 7, donde la fiscal Marina Lara lo notificaría de la ampliación de la imputación en su contra.

Voceros consultados mencionaron que, a partir de elementos recolectados en la investigación, se le atribuirían otros daños y roturas de las instalaciones.

Esa medida se dio en el marco del sistema de rotación anual establecido por el artículo 162 de la Constitución provincial y el artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Torres, juez del máximo tribunal bonaerense desde 2019, ya fue presidente del cuerpo durante el periodo 2023/24.

El acuerdo prevé que el doctor Daniel Fernando Soria ejerza la vicepresidencia, completando la integración la doctora Hilda Kogan.

En esa ciudad se dieron denuncias de los directivos de la EES Nº 1, la EEST Nº 1 y la EPP Nº 1, siempre con el mismo tenor de las amenazas, que tendrían origen en un presunto reto viral a partir de redes sociales.

De esa manera se iniciaron tres causas, con intervención del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, por los delitos de amenazas calificadas e intimidación pública. 

Se pudo establecer que alumnos de los mismos establecimientos habrían sido los autores de las pintadas y en algunos casos ya fueron identificados. En este sentido, se aguardan instrucciones de la Justicia para actuar. 

A partir de esa situación, la Jefatura de Seguridad Comunal dispuso un control en el ingreso de la Secundaria Nº 1, a fin de garantizar la jornada educativa, en colaboración con las autoridades docentes, a fin de que las clases se desarrollen con normalidad.

El operativo fue realizado en presencia de los inspectores del nivel secundario y personal del Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (agencia Coronel Pringles).
 

El caso se inició tras la denuncia de un directivo del establecimiento, quien advirtió sobre un contenido difundido en Instagram en el que se mencionaba la eventual utilización de un arma de fuego dentro de una institución escolar.

"A partir de eso, se realizaron tareas de ciberpatrullaje y análisis de fuentes abiertas que permitieron establecer la identidad del perfil desde el cual se había publicado el mensaje", indicaron desde la Comuna.

Con esos elementos, intervino la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2, que solicitó una orden de allanamiento ortorgada por el Juzgado de Garantías del Joven N° 2.

El procedimiento se llevó a cabo en un domicilio de Punta Alta, donde se secuestró un teléfono celular perteneciente al menor de 14 años. Según se informó, un análisis preliminar del dispositivo permitió vincularlo con la cuenta investigada.

Controles en escuelas

En el marco de la ola de amenazas difundidas en establecimientos educativos de distintas partes del país, hoy se llevaron adelante controles preventivos en los accesos a escuelas rosaleñas.

Según se informó oficialmente, las clases se desarrollaron con total normalidad en todos los establecimientos del distrito y no se registraron incidentes.

Desde el Municipio, se indicó que se continuará monitoreando el contexto y manteniendo contacto con autoridades provinciales y fuerzas de seguridad, con el objetivo de preservar entornos seguros para toda la comunidad educativa.

Uno de los procedimientos se desarrolló en una casa de Francia al 1.800. En ese lugar fue capturada Sasha Mailén Pascucci, de 23 años de edad.

En el lugar se encontró un revólver calibre 32 largo, una carabina calibre 22 largo, una escopeta calibre 32, 14 cartuchos calibre 32, 18 municiones calibre 22 y ocho municiones calibre 32.

Además, se desarrolló un segundo allanamiento en un departamento ubicado en Manuel Molina al 1.900, aunque con resultado negativo.

Los procedimientos fueron ejecutados por personal de la comisaría Quinta con apoyo del grupo GAD, dispuestos por el Juzgado de Garantías Nº 3, a cargo de Alberto Manzi.

Se lo identificó como Carlos José Luis Moyano, de 30 años, quien fue puesto a disposición de la UFIJ N° 15 por el delito de robo agravado de motovehículo.

El delito se cometió sobre las 4.30, cuando un delincuente armado redujo a una joven de 22 años en la primera cuadra de la calle Pedro Pico, cuando se encontraba con una moto Mondial Max blanca.

Luego de darse a la fuga, la Policía tomó conocimiento del hecho y se montó un rápido operativo que dio sus resultados en Montevideo y Misiones.

En ese lugar se capturó a Moyano y en medio de un rastrillaje por la zona se recuperó la moto y se secuestró el arma de fuego utilizada, así como una gorra con visera que sería la que vestía el ladrón.

El sospechoso fue conducido, en principio, a la comisaría Primera. 

Así lo confirmaron hoy fuentes judiciales, quienes aclararon que, de esa manera, el cuerpo judicial platense ratificó la medida que había dispuesto, en septiembre del año pasado, la Cámara Penal de Bahía Blanca.

La discusión se generó luego de que el juez de Garantías local Guillermo Mércuri se declarara incompetente para actuar (a pedido del fiscal instructor Gustavo Zorzano), tras considerar que existía una investigación previa y conexa contra el empresario porteño Julián Bisignano, supuesto proveedor de los tickets de Pérez.

Me metí en un ambiente que no conocía bien, me equivoqué y pido disculpas por eso"

Con el fallo de Casación se confirma el objetivo de algunos de los abogados de los centenares de víctimas, quienes pretendían que el expediente continuara tramitándose en nuestro medio.

A fines del año pasado, la fiscalía local había envíado la causa a mediación (Oficina de Resolución Alternativa de Conflictos), a fin de buscar un acercamiento entre las víctimas y los imputados desde el punto de vista resarcitorio.

Zorzano consideró que el hecho denunciado "encuadra" en un conflicto de "contenido patrimonial", según establece el artículo 6 de la ley provincial 13.433.

Más de 200 familias de nuestra ciudad y la región se vieron afectadas cuando le pagaron a la influencer bahiense las señas para las entradas del partido Argentina-Brasil, por Eliminatorias, y nunca recibieron los boletos. Ella siempre apuntó a Bisignano como el responsable de la maniobra.

El pedido, otorgado por la Justicia, fue planteado por la fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 1, Betina Úngaro, en busca de pruebas para encauzar las investigaciones.

Los procedimientos, según se informó desde la Fiscalía, se llevaron a cabo en Bahía Blanca, Coronel Suárez y Pedro Luro por hechos similares, aunque independientes entre sí, que fueron tramitados por denuncias de las instituciones.

Esto se suma al operativo que realizó personal de la comisaría Cuarta y la Policía Local, en vinculación con una advertencia en un grupo de WhatsApp de alumnos de la Escuela Secundaria Nº 46, ubicada en Grünbein.

Las investigaciones se iniciaron y se busca recolectar información para identificar a los presuntos autores, a la vez de avanzar en aquellos casos en los que se presume que podrían existir armas de fuego.

Las tareas que se llevan a cabo en cada causa implican un importante trabajo y despliegue por parte de la Justicia y la Policía, sumado a las medidas preventivas que fueron tomadas por cada una de las instituciones educativas.

Más allá de que las inscripciones plasmadas en las escuelas o las amenazas proferidas de manera virtual puedan contener un peligro potencial o no, la justicia se ve obligada a intervenir de manera formal.

Cada uno de los casos será analizado de manera puntual en una instancia posterior, para determinar si corresponde algún tipo de reparación o responsabilidad por parte de los padres de los menores de edad que originaron los procedimientos, movimientos de fuerzas y operativos tras la concreción de una amenaza o intimidación pública.

En esas circunstancias coincidió con otro hombre cuyo vehículo, aparentemente, rozó la parte trasera del coche del mediático deportista. 
Hubo una fuerte discusión y, de las palabras, pasaron a los hechos. 

El otro conductor le habría aplicado un golpe en la boca a Di Palma, lo cual le causó una pequeña laceración en uno de sus labios.

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento y motivó la denuncia del "Loco", quien se encontraba en la región porque al parecer tiene parientes  tanto en Tres Arroyos como en Adolfo Gonzales Chaves.

Luego se estableció que el vehículo del otro protagonista tenía dominio registrado en la ciudad de La Plata y se lo pudo identificar a su conductor como Ricardo Miguel Mutti.

La causa judicial avanzó y la jueza Fabiana Brandolín, titular subrogante del Juzgado de Garantías de Tres Arroyos, dispuso su elevación a juicio de la causa a Mutti, por el delito de lesiones leves.

El abogado defensor,  Miguel Angel Cravero, interpuso un recurso de apelación en busca de lograr el sobreseimiento de su asistido, pero la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca acaba de rechazar la medida y disponer que el caso se resuelva en la instancia de juicio. 

Cravero planteó que se interpretó de manera errónea la prueba reunida porque, a su criterio, había sido Di Palma el que había originado el entredicho al provocar a su cliente, cuando supuestamente golpeó con un termo su auto y además le impidió que pudiera salir de la estación de servicio.

Citó, en ese sentido, la declaración de una empleada del lugar respecto de la agresión con el termo, como los dichos de la pareja de Mutti, que declaró en el mismo sentido que el hombre.

Por otro lado dijo que su defendido solo empujó a Di Palma, sin aplicarle un golpe, planteando, como alternativa, una legítima defensa al remarcar su pedido de sobreseimiento.

"La agresión sí existió"

Sin embargo, los jueces de la Sala I de la Cámara Penal bahiense, Gustavo Barbieri y Christian Yesari, desestimaron los argumentos del abogado de Mutti.

Explicaron los camaristas que la versión dada por el automovilista y su pareja no es la misma que la aportada por el letrado Cravero, desde que el hombre dijo que no agredió al expiloto, con lo cual no podría existir ningún acto de legítima defensa.

Por otra parte, las constancias de la causa confirmaron que "esa agresión sí existió".

“Observo que el golpe propinado por el encartado a la víctima Marcos Di Palma no solo se encuentra corroborado por los dichos del damnificado”, sostuvieron los jueces.

Certificado médico

En este punto, destacaron otras pruebas reunidas en el expediente, como el certificado médico, que da cuenta de las lesiones sufridas, y la filmación obtenida por Di Palma al momento del hecho -e incorporada a la causa-, “donde se lo puede ver claramente con su boca ensangrentada”.

Incluso una empleada de la estación de servicio confirmó la existencia de la trompada. 

“Tampoco advierto provocación por parte de la víctima, desde que la reacción de Di Palma encontraría su explicación -siguiendo lo señalado por el damnificado en su denuncia- en lo narrado respecto de que el encartado lo había golpeado suavemente con su vehículo al circular”, agregaron los jueces.

El acta de visu de los videos abonaría esta teoría desde el momento que se observa que “al menos” el vehículo del imputado Mutti “pasó a muy corta distancia de la víctima”.

Ese pequeño “entredicho”, explicaron los jueces de la Cámara bahiense, no parece justificar el golpe propinado por el procesado", se aclaró en el fallo.

En consecuencia, se dispuso rechazar el recurso de apelación del abogado Cravero y se ordenó elevar a juicio la causa seguida al agresor de Marcos Di Palma.

Buscaron sin éxito un acuerdo

Mediación. La Justicia aclaró que se buscó una solución de mediación, pero no hubo respuesta de parte de la víctima, con lo cual se avanzó hacia el debate.

Informe. El Ministerio Público Fiscal dejó constancia de un informe en el Sistema Informático del Ministerio Público, del 10 de abril de 2025, del cual surge que, antes de elevar la causa a juicio, se procuró comunicación con Di Palma, sin recibir respuesta.

Rechazo. "De allí que no corresponda a este tribunal expedirse en forma originaria en relación a esos planteos, en tanto se trata de cuestiones que deberán ser articuladas y resueltas en la instancia, en la oportunidad procesal que corresponda", dijo la Cámara.

Caravana. Di Palma fue noticia el año pasado en nuestra ciudad, luego de la trágica inundación, por organizar una caravana solidaria que aportó toneladas de ropas, alimentos y productos para los bahienses, que llegaron en varios camiones. Las donaciones se fueron sumando desde distintas ciudades. 

Conmovido.“Ver la destrucción de la ciudad, ver a esos padres que perdieron a sus hijos, a la gente que perdió todo. La miré a mi mujer y le dije: 'Algo tenemos que hacer', había dicho Di Palma antes de partir.

Los gendarmes encontraron anomalías en el sector trasero del vehículo y hallaron un doble fondo. De allí, los uniformados sacaron 42 paquetes rectangulares con la droga. Ambos de nacionalidad argentina quedaron detenidos y la niña fue entregada a un pariente.  

El personal del Escuadrón 54 Aguaray controló un vehículo Chevrolet Astra, ocupado por una pareja y una menor de edad, cuando se encontraban emplazados sobre la ruta nacional 34, a la altura del kilómetro 1.466.

Al momento del registro, los funcionarios notaron anomalías en el baúl del rodado, indicios compatibles a la existencia de un doble fondo. Seguidamente, los uniformados informaron del hecho a la Fiscalía Federal Descentralizada Tartagal, que orientó a una inspección más minuciosa.

En presencia de testigos, los gendarmes retiraron la chapa que recubría los laterales del baúl y extrajeron del interior de los compartimientos 42 paquetes rectangulares que contenían una sustancia blancuzca.

Las pruebas de campo narcotest arrojaron resultado positivo para cocaína, con un peso total 23,31 kilos. Ante el hallazgo, la Fiscalía interviniente autorizó la detención de ambos involucrados mayores de edad y que la menor sea entregado a un familiar. Asimismo, la droga y el rodado quedaron decomisados, en infracción a la Ley 23.737. (con información de NA)

La jueza del Tribunal en lo Criminal Nº 2, Mercedes Rico, determinó la absolución de la joven al establecer también que tampoco se pudo probar que la marihuana hallada en la vivienda durante el procedimiento le perteneciera o fuera ajena.

Durante el debate oral, el fiscal Mauricio Del Cero imputó a Moriames Chaparro del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Sostuvo que la sustancia incautada el 29 de abril de 2025 en un inmueble de la calle Soler al 500, que la mujer compartía con su pareja Matías Exequiel Barú (sentenciado a 4 años y un mes de cárcel), sumado a los mensajes hallados en su celular, resultaban “concluyentes” para determinar su participación en los hechos investigados.

Por su parte, el abogado defensor Martiniano Grecco reclamó la nulidad del secuestro, apertura y análisis del aparato perteneciente a la imputada.

Argumentó que por entonces no había elementos que la vincularan con la investigación que desarrollaba el Ministerio Público Fiscal, por lo que, según sostuvo, “no se encontraba justificada la intromisión a su privacidad e intimidad que llevó al avasallamiento de garantías constitucionales”.

Agregó que “si bien no discutiría la tenencia del material estupefaciente”, no existen pruebas que relacionen a Moriames Chaparro con alguna transacción de drogas. 

La magistrada avaló la postura defensista, sosteniendo que “la nulidad invocada reviste el carácter de absoluta, en tanto se funda en la afectación de derechos y garantías de jerarquía constitucional, particularmente el derecho a la intimidad”. 

El operativo

Un efectivo de la comisaría Cuarta que participó del operativo sostuvo que tenía como finalidad la detención de Barú.

Señaló que la joven estaba en la vivienda y que allí, además de plantines de cannabis sativa y marihuana, secuestraron tres teléfonos, uno de los cuales entregó la acusada.

Explicó que en el sitio efectuaron tres requisas, la primera de ellas en 2023, cuando iniciaron una investigación por el robo de una moto.

Dijo que en la orden del procedimiento no había indicaciones sobre medidas relacionadas con Chaparro Moriames y que solo sabían que era pareja del hombre.

Mencionó además que "en la orden se facultaba a que, en caso de hallarse estupefacientes, se secuestraran los teléfonos celulares sin indicarse a ninguna persona en particular”.

El 30 de abril del año pasado, la Justicia de Garantías hizo lugar a un pedido de la fiscalía y ordenó el análisis de los dispositivos incautados. 

Medida arbitraria

La jueza Rico indicó que los adelantos tecnológicos determinan que en la actualidad sea “muchísima, variada y fundamentalmente sensible” la información que puede obtenerse de un dispositivo electrónico.

Explicó que esa situación lleva a que “todas las personas tengamos un especial interés en resguardar esa información que puede dejar expuesta la vida misma”.

Detalló que “tal es el nivel de intimidad de todo aquello que puede contener un teléfono” que su contenido se ve alcanzado por la protección a la inviolabilidad establecida, por ejemplo, por los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional.

“La resolución judicial que dispuso la apertura del dispositivo de Moriame Chaparro no ha respetado parámetros establecidos por la Corte Interamericana, en tanto no contuvo una motivación concreta que justificara la necesidad de extender la medida respecto de una persona distinta del sujeto investigado, ni explicó de qué modo el acceso a dicho teléfono celular resultaba indispensable para la investigación”, consideró Rico.

Añadió que la sola circunstancia de ser la pareja de Barú “es absolutamente insuficiente para habilitar una injerencia de tal magnitud en su esfera de privacidad”.   

Destacó que no estaba incorporada a la causa “en calidad de sospechosa ni existía -al menos no se indicaron ni en el pedido de la fiscalía ni en la resolución del juez-, ni un sólo elemento objetivo que permitiera vincularla preliminarmente con la hipótesis delictiva”.

Por ello consideró que el análisis del dispositivo arbitrario e inválido, hallando rasgos de una medida del tipo "excursión de pesca", orientada a la búsqueda de información eventualmente incriminante.

También agregó que “el hecho de que del análisis hayan surgido conversaciones comprometedoras para la imputada, no resulta idóneo para convalidar la medida, en tanto su validez debe evaluarse al momento de su dictado, y no a partir de sus resultados”.

En definitiva, la magistrada hizo lugar al pedido de nulidad de la pericia informática y entendió que no había elementos para imputarle a la joven el delito atribuido por los investigadores.

El siniestro se produjo alrededor de las 18:30, en el kilómetro 563 (la zona es conocida como Paraje "Los Pitufos"), cuando por causas que se tratan de establecer colisionó un rodado maca Jeep, conducido por Valter Ernesto Kanitz (34), quien era acompañado por Amanda y Ariane Giovanaz, todos ellos de nacionalidad brasileña, y una Ford F100, guiada por Gerardo Abel Amarillo (53), con domicilio en Laprida.

Producto del impacto, este último sufrió lesiones que determinaron su fallecimiento en el lugar.

Las otras tres personas sufrieron traumatismos y fueron derivadas al Hospital Municipal lapridense.

Voceros señalaron que el choque se produjo en un sector de recta y en momento en que estaba precipitando en la zona.

En el lugar trabajaron bomberos voluntarios y personal policial. (Laprida Web)

Desde el Comando de Patrulla mencionaron que el procedimiento se produjo minutos después de las 21, en la zona de Villarino y Falcón, donde tras un llamado al 911 aprehendieron a Franco Mellado, de 25 años.

Explicaron que el joven fue detectado por las cámaras de seguridad en el interior del predio, al que habría accedido tras escalar un paredón perimetral.

Agregaron que luego de tomar los elementos y guardarlos en dos bolsas de residuos, el individuo arrojó los elementos hacia el sector de las vías del ferrocarril.

Los policías que concurrieron al lugar lograron interceptar al sospechoso y secuestrar una importante cantidad de elementos.

Mellado fue derivado a la seccional Primera, donde, con intervención de la UFIJ N° 15, se iniciaron actuaciones por el delito de tentativa de hurto agravado.

Desde el Comando de Patrulla indicaron que el hecho se produjo alrededor de las 23 horas, en el sector de Entre Ríos al 800, donde los efectivos concurrieron tras un aviso alertando acerca de lo que estaba sucediendo.

En el sitio aprehendieron a Jonatan Salas, de 39 años de edad, quien, según explicaron, pretendía retirar el elemento del inmueble.

A partir del riesgo generado con el accionar se le dio intervención a personal de Defensa Civil, bomberos y una cuadrilla de Camuzzi, que cortó el suministro por cuestiones de seguridad.

Salas fue trasladado a la comisaría Segunda, donde se iniciaron actuaciones por el delito de tentativa de robo.

Cabe recordar que el último miércoles se produjo un incendio en una vivienda de calle Las Heras al 600 cuando pretendieron sustraer flexibles del medidor de la propiedad.

La empresa proveedora del servicio alertó sobre esta situación, los peligros que provocan y la necesidad de denunciar cualquier situación extraña.

Camuzzi mencionó que se trata de "una práctica delictiva que, además de estar penada por la ley, implica un altísimo riesgo para la seguridad de las personas".

De todas maneras, la normativa creada en 1954 tiene bajas penas para delitos que, muchas veces, son de extrema gravedad. 

Tal es el caso de un productor agropecuario de la región, que tendrá que afrontar un juicio por crueldad canina.

Se trata de Pedro Daniel Barcellandi, a quien la Justicia bahiense le rechazó el sobreseimiento y ordenó enviar su causa a juicio.

Barcellandi fue imputado en septiembre de 2024 de atropellar y matar de manera dolosa a un perro en el centro de Gonzales Chaves y contar con antecedentes de ese tenor, aunque sin el resultado fatal.

Histórico fallo: la Justicia reconoció a los animales como “seres sintientes”

Un mes antes de aquella fecha, una vecina aseguró que su mascota Mayla había sido arrollada intencionalmente por Barcellandi a bordo de su camioneta. 

Testimonios y filmaciones de las cámaras de seguridad habrían sido contundentes para vincularlo con la conducta delictiva.

Según reportaron en aquel momento algunos portales informativos de Chaves, los vecinos aseguraron que no era la primera vez que Barcellandi maniobraba con intenciones de atropellar a Mayla.

El Juzgado de Garantías de Tres Arroyos no hizo lugar al sobreseimiento del hombre y dispuso elevar la causa a juicio.

La defensa de Barcellandi, a cargo del abogado Javier Isaac Arriola, apeló la decisión al considerar que en la imputación figuraban hechos de una causa anterior, ya resuelta, y que la valoración de la prueba fue "irracional" y "arbitraria".

Aseguró que su asistido no pudo conocer la trayectoria que llevaba el perro y que los testimonios carecían del conocimiento de un experto.

En ese sentido, dijo que el perito de parte informó que el animal se encontraba en un "punto ciego" de su alcance visual.

"Parcializado"

De todas maneras, la Cámara Penal de Bahía rechazó los argumentos del defensor y confirmó que tendrá que ir a juicio.

"Lo cierto es que la 'única' conducta típica atribuída ha sido la de atropellar intencionalmente y con la finalidad de darle muerte a un perro de raza indefinida y luego continuar su camino sin detenerse", afirmaron los camaristas Gustavo Barbieri y Christian Yesari. 

En cuanto al informe pericial, los jueces entendieron que hizo una "valoración parcializada", porque el estudio señala que "no se puede determinar si el animal se encontraba dentro del cono de visión del conductor", que no es lo mismo que decir -como el abogado- que "el animal "se encontraba fuera" de ese cono de visión.

En su descargo, Bercellandi declaró que su conducción era reglamentaria y que el perro habitualmente se posicionaba adelante del vehículo, con la supuesta intención de morder la parrilla.

"Conociendo que esa era la manera de reaccionar del can -como pretende demostrar con los testigos ofrecidos por esa parte- lo lógico hubiera sido que actuara con cautela y disminuyera -o frenara- su marcha, ante la posibilidad de que el animal se le cruzara. 

"De hecho, si bien negó que en aquel momento hubiera visto al animal que -según la pericia de parte estaba 20 metros por delante de su vehículo-, también dijo que "el perro iba siempre adelante para morder la parrilla. Y el ataque era común, lo que pasa es que nadie lo denunciaba. A mí no me molestaba, ladraba a la camioneta, iba a morder adelante, no era como los otros que iban por detrás", detalló la Cámara.

También resaltó su actitud posterior, al no frenar inmediatamente para asistirlo y retirarse del lugar, lo cual se corroboró con las filmaciones.

"Para más, todos los testigos fueron contestes en destacar que advirtieron lo acontecido a partir de la "acelerada" de la camioneta, lo que permite inferir que no se trató del incremento de velocidad propio de la salida de una encrucijada -como alega la defensa- sino de una aceleración que excedía lo normal (de allí que fuera advertida por los vecinos) y efectuada en forma intencional, con el fin de arremeter contra el can", explicaron los jueces.

No sería la primera vez 

Antecedente. La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal remarcó que "no habría sido la primera vez" que el imputado "adoptaba ese temperamento en relación a este animal".

Testigo. Un hombre que declaró en la causa judicial dijo lo siguiente: "He visto que el señor Barcellandi, al pasar por la cuadra en su camioneta, la perra le toreaba y él aceleraba para provocarla y cuando corría a la camioneta. Esta persona se la tiraba encima con claras intenciones de atropellarla"

Ley. El artículo 1 de la ley 14.346 (conocida como maltrato y crueldad animal), reprime con prisión de 15 días a un año a quien infligiere malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad relacionados con los animales.

Concepto. En el artículo 3, entre los llamados "actos de crueldad", figura el inciso 7, que  se ajustaría a la conducta de Barcellandi. Se trata de "lastimar y arrollar animales intencionalmente, causarles torturas o sufrimientos innecesarios o matarlos por solo espíritu de perversidad".

El abogado de Rodrigo Sergio Uribe (23), procesado con prisión preventiva por el asesinato del agricultor boliviano Rodas Ortiz Rilberth (52), había apelado la resolución judicial de primera instancia, pero su acción fue rechazada.

Maximiliano de Mira, defensor particular de Uribe, planteó que el fallo de la jueza de Garantías Nº 4, Marisa Promé, es “prematuro y carente de sustento” y que la decisión de desdoblar la investigación en relación con el coimputado Sebastián Alberto Luna (27) vulnera el derecho de defensa.

De Mira argumentó además que todavía está pendiente un peritaje de ADN, cuyo resultado es “determinante” para evaluar con “objetividad” la hipótesis acusatoria, lo que corrobora -opinó- que la instrucción no se agotó.

La Sala I de la Cámara Penal entendió que se mantiene el grado de “probabilidad positiva” requerido para el avance a la etapa de enjuiciamiento.

“Ninguna de las situaciones descritas inciden en el valor convictivo de los elementos de cargo incorporados a la causa, que permiten tener por acreditada la intervención de Uribe en los hechos materia de investigación”, indicó el fallo de los camaristas Gustavo Barbieri y Christian Yesari.

La Cámara ya se había expedido sobre esta cuestión cuando le revocó la preventiva a Luna, ratificó la medida privativa de libertad en perjuicio de Uribe y destacó los “elementos de convicción que permitieron arribar a decisiones distintas”.

El tribunal revisor, incluso, marcó los déficits advertidos respecto de la versión de los hechos brindada por el coimputado Matías Nahuel Kunzli (actualmente en libertad), cuando prestó declaración indagatoria.

“Más allá de ello, se consideró que el plexo probatorio reunido resultaba suficiente para tener por acreditada la materialidad delictiva en cabeza del coimputado Uribe”, señalaron.

Según Barbieri y Yesari, la situación de Uribe y de su hermano también coimputado, Ángel Ariel Berg (26), se diferencia de la de Luna porque, independientemente de los dichos de Kunzli, hay otros elementos que permiten inferir su participación el hecho. 

“De allí que ambas situaciones no resulten equiparables”, dijeron los jueces.

Los camaristas valoraron el testimonio del dueño de la estancia donde mataron a Rilberth, quien dijo conocer a Uribe y a Berg.

El testigo declaró que “por intermedio de otra persona, quien no quería aportar sus datos por temor, se enteró que al campo fueron Kunzli y que de ellos salió el comentario de que el que le pegó el puntazo a Rodas fue Rodrigo Uribe, alias ‘Chupete’”.

Estas circunstancias descritas -afirmaron- fueron “objetivadas” por diligencias posteriores.

El declarante dijo además que el día del hecho, en su oficina de Buratovich, le pagó 2.500.000 pesos a Rilberth en concepto de compra de cebolla.

Otro testigo dijo que una mujer le comentó que un joven trasladó a bordo de una “camioneta Toyota” a las “dos personas que habrían cometido el hecho”.

El conductor le habría confesado a una amiga del testigo que “quien habría matado a Rodas es un joven de apellido Berg”.

“En cuanto a aquellas referencias que terceras personas le hicieron (al dueño del campo) en relación a la intervención de Kunzli y Berg, lo expuesto por el testigo se condice con lo declarado por los mencionados, quienes, más allá de procurar mejorar su situación, reconocieron que estuvieron en el lugar del hecho”, planteó la Cámara.

El hecho. El crimen de Rilberth sucedió el 9 de octubre de 2024 en La Buena Aventura, campo ubicado a 15 kilómetros de Ascasubi.

Carro. El cadáver se halló debajo de un carro y presentaba heridas punzocortantes. Los investigadores determinaron que, poco antes, Rilberth había cobrado una suma millonaria por la venta de cebolla.

Allanamientos. La Policía allanó inmuebles en Bahía y Buratovich y detuvo a Uribe y a Berg.

Secuestros. En los allanamientos se secuestraron teléfonos celulares, cuchillas y una sevillana. Días antes se había requisado una camioneta en la que también hubo secuestros.

Foto. En el celular de Uribe se observó una foto tomada al día siguiente del crimen, en la que se lo ve con gran cantidad de dinero en sus manos. 

Charlas. Y se detectaron diálogos comprometedores: “No se regalen porque los que estamos más sonando somos yo y el Ángel; nos buscan a nosotros dos".

Desde 2024 el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires profundiza acciones para la prevención de suicidios de policías, y uno de los ejes de esta política de trabajo es la generación de más recursos asistenciales.

Sin embargo, casos como los registrados este año en Bahía Blanca, donde dos jóvenes policías se quitaron la vida en el lapso de poco más de un mes, no dejan de generar preocupación entre las autoridades de la cartera provincial.

El resto de la provincia de Buenos Aires no es ajeno a esta problemática de salud pública, que afecta a la fuerza policial y a la sociedad en su conjunto.

La subsecretaría de Promoción de la Salud y Bienestar Policial, dependiente del ministerio de Seguridad a cargo de Javier Alonso, hace foco en el cuidado integral de la salud mental y física de los oficiales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Mediante, por ejemplo, el programa de prevención del suicidio, un equipo de psicólogos brinda ayuda al personal que atraviesa situaciones de riesgo ligadas a esta posible drástica decisión.

Agustina Baudino, responsable de la subsecretaría, se refirió al otro esquema preventivo impulsado desde hace dos años: el programa de fortalecimiento en salud mental.

"Incorporamos nuevos médicos, psicólogos, trabajadores sociales y profesionales de otras especialidades que pusimos a disposición de los policías en operativos preventivos en territorio", destacó Baudino, en diálogo con La Nueva.

"Tenemos varias líneas de trabajo vinculadas al cuidado más amplio del personal policial en actividad y, en este marco, la salud mental adquiere un lugar central. Es importante poner en discusión este tema, que en las fuerzas de seguridad está más silenciado.

"Hablar de salud mental y suicidio genera resquemor o rechazo", agregó.

"Nosotros tenemos una posición contraria; fomentamos que se hable de esto que nos pasa y que no ocurre solo en la Policía", continuó la funcionaria.

Además de potenciar los equipos asistenciales, se crearon espacios de atención confidenciales a los efectos de que el policía afectado no deba gestionar una licencia médica para recibir ayuda por parte de un gabinete psicotécnico.

La subsecretaría además monitorea "muy de cerca" los intentos de suicidio por parte de efectivos policiales.

Hay una política promovida por el ministerio y la cúpula policial para trabajar con emergentes que hacen al malestar emocional de estos trabajadores.

En los espacios de escucha también se plantean problemas originados por situaciones familiares y económicas difíciles.

Por ejemplo, una mujer policía soltera con un hijo discapacitado que presta servicio lejos de su hogar.

"Entonces, algunos de esos inconvenientes se atenúan con una readecuación de destino. La idea es que el policía tenga las mejores condiciones laborales posibles en un contexto delicado", dijo la fuente consultada.

Según opinó la licenciada en Ciencia Política, los suicidios en la Policía bonaerense son una problemática "silenciada y no visibilizada".

"Muchas veces se trata de personal que nunca pasó por el sistema, es decir que no tenemos sus antecedentes psiquiátricos, por eso nuestro compromiso es comunicar sobre el funcionamiento de estos dispositivos, prevenir y trabajar con los equipos de conducción de la Policía", resaltó Baudino.

La subsecretaria asimismo remarcó la importancia de las capacitaciones que dictan sobre indicadores de riesgo, para que un uniformado detecte si un compañero tiene conductas que podrían desembocar en suicidio y, si es así, dé aviso a los especialistas para su intervención.

"No es un mecanismo de emergencia. Alentamos a que se haga esa evaluación, pero lo primero que debe hacer una persona con riesgo elevado es ser atendida por el sistema de salud, por eso también trabajamos mucho con el ministerio de Salud", aclaró Baudino.

El flagelo de los suicidios de policías en Bahía Blanca no presenta ninguna particularidad en comparación con lo que sucede en otras ciudades bonaerenses, de acuerdo con el análisis hecho por la fuente consultada.

"Cuando hay un caso de estos en una comunidad, genera alerta y preocupación. Pero el fenómeno es muy complejo, no hay una causa-consecuencia y se tiene que abordar de manera integral", señaló la informante.

El malestar emocional tiene origen en diversos factores y no sólo inciden las adversidades económicas, sino también la falta de acceso a los recursos que necesita una persona con riesgo de suicidio.

Así lo precisó Baudino en base a un reciente estudio elaborado por la facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

"El mal uso de tecnología, las conductas problemáticas, las violencias que atraviesan la vida de las personas y la fragilidad emocional de las nuevas generaciones, también son causales de este malestar", sostuvo.

La repartición ministerial, que hace el seguimiento y elabora estadísticas de estos incidentes trágicos, no registró en el último tiempo incremento de suicidios entre agentes policiales, según confirmó la profesional.

En la Policía bonaerense -con unos 100 mil integrantes- prevalecen los suicidios de varones y los menores de 30 años son los más propensos a quitarse la vida.

Por semana, el equipo interdisciplinario de la subsecretaría interviene en aproximadamente 250 casos con diferentes niveles de gravedad.

A criterio de Baudino, la disponibilidad del arma de fuego reglamentaria es un factor de riesgo para estos servidores públicos.

"En su labor cotidiana el policía está exigido y tiene un montón de dificultades", explicó la vocera.

Por pedido del gobernador Axel Kicillof, los ministerios de Seguridad y Salud elaboran un diagnóstico más completo sobre esta problemática en la provincia.

La Procuración General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense también participa del trabajo, que consiste en la producción de más información y estadísticas acerca del tema.

"Estamos combinando diferentes fuentes entre ambos ministerios para analizar y entender mejor el fenómeno", detalló.

La subsecretaría también proporciona contención psicológica al grupo de colegas cercano al oficial que se quitó la vida.

"Lo que más nos preocupa es llegar antes (del desenlace fatídico) y poner ese recurso a disposición, pero no tenemos control sobre la decisión de un policía de vivir o morir. Es difícil de asimilar, pero lamentablemente es así", remarcó.

"Cada caso nos duele y ojalá fuera el último, pero sabemos que no va a ser así porque este es un problema generalizado. Aunque, en base a mucho trabajo, estamos acompañando a nuestros policías lo más posible", finalizó Baudino.

Sede. En Bahía el área de sanidad policial funciona en el edificio de la comisaría Primera, en Beruti 650. Su teléfono es 0291-453364 y su mail sanidadbblanca@gmail.com

La Plata. El centro de salud mental opera en la calle 3 Nº 1034, en La Plata; de lunes a viernes, de 8 a 18.

Comunicación. El teléfono es 0221-3170710; correo electrónico: prevencionsm@mseg.gba.gov.ar. Frente a una emergencia por riesgo suicida, comunicarse con el 107 (SAME).

Jóvenes. El sondeo hecho en 2025 por la facultad de Psicología de la UBA estableció que los jóvenes de entre 18 y 29 años tienen los indicadores "más altos de ansiedad, depresión y riesgo suicida".

Crisis. Más de 2.200 habitantes de todo el país respondieron la encuesta, en la que también el 52% de ellos afirmó estar atravesando una "crisis vital".

IA. "El 97% de los participantes dijo que utiliza redes sociales y, el 59%, inteligencia artificial, asociándose su uso con mayor sintomatología ansiosa y malestar emocional", confirmó el informe de la UBA.

Los voceros indicaron que el incidente se produjo en cercanías del kilómetro 714, cuando un camión Scania, al mando de Rodrigo Álvarez (29), oriundo de Punta Alta, impactó desde atrás a una Ford Ranger, guiada por Facundo Bohn (44), con residencia en Coronel Suárez, que llevaba un carro cargado con cajones utilizados para actividades apícolas.

Las fuentes mencionaron que al momento del hecho ambos rodados circulaban en sentido Médanos-Bahía Blanca.

Explicaron que el conductor de la camioneta habría descendido la velocidad al notar la presencia de autos con balizas encendidas -en la ruta había señales de reducción de velocidad por tareas de mantenimiento- y en esas circunstancias se produjo la colisión.

Los conductores resultaron ilesos, aunque en el sitio debieron trabajar bomberos voluntarios y personal policial hasta que se pudo liberar el tránsito.