El siniestro ocurrió alrededor de las 15, a pocos kilómetros al este de Carmen de Patagones, en dirección a la Villa 7 de Marzo.

El auto, con dos hombres en su interior, se dirigía a la villa turística y por causas que se investigan comenzó a incendiarse.

A pesar del rápido llamado a los bomberos, las llamas lo consumieron en su totalidad, sin que se registraran heridos.

En el lugar trabajó una dotación de los bomberos maragatos, Defensa Civil y Policía Comunal. (Agencia Carmen de Patagones y Mapuchito Noticias)

El hecho ocurrió este domingo en un domicilio ubicado en Charcas Bis al 1.400.

En ese lugar, luego de un llamado al teléfono de emergencias 911, la Policía capturó a Guillermo García, quien momentos antes había golpeado con una silla a su pareja, una mujer de 19 años, provocándole una contusión y un hematoma en el ojo izquierdo.

García se encuentra con prisión domiciliaria por un robo, a disposición del Juzgado de Ejecución Penal N° 2.

Interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 6.

El hecho ocurrió a la altura de las canchas de sóftbol, alrededor de las 14.30.

En ese lugar fue aprehendido Gerardo Davicino, de 43 años, quien circulaba en un Renault Logan cuyas numeraciones alfanuméricas de motor y chasis no coincidían con los registros informáticos. Además, contaba con documentación y dominios apócrifos.

Lo destacable del hecho es que Davicino es funcionario del Servicio Penitenciario y actualmente cumple funciones en la Unidad Penitenciaria Nº 4 de Villa Floresta.

Posteriormente, se comprobó que el auto posee un pedido de secuestro activo desde junio de 2024, solicitado por la Comisaría 10ª de Lanús.

Interviene la Unidad Fiscal Federal de Bahía Blanca.

La Justicia bahiense resolvió rechazar un pedido de libertad asistida por agotamiento de pena que solicitó tiempo atrás Cristina del Carmen Henríquez.

La Sala II de la Cámara Penal local desestimó el planteo del defensor particular Maximiliano De Mira y ratificó la decisión en primera instancia del juez de Ejecución Penal Nº 1, Claudio Brun.

El fallo fue dictado por los jueces Guillermo Petersen y Guillermo Emir Rodríguez 

Henríquez se encuentra detenida en la Unidad Penal Nº 52 de Azul y la sanción que cumple finalizará el 10 de abril del año que viene.

Los camaristas sostuvieron que si bien la mujer está en condiciones temporales de acceder al beneficio, no se presentan los requerimientos de las normas de ejecución penal.

Destacaron que el informe positivo de las autoridades carcelarias es una exigencia para conceder una petición de estas características, aunque “puede ser dejado de lado” a partir de la opinión del Departamento Técnico Criminológico.

“No es posible omitir el análisis y la valoración de la opinión vertida por los profesionales y demás funcionarios a cargo de las distintas áreas del establecimiento carcelario en la cual la penada ha permanecido privada de su libertad”, consideraron.

Agregaron que “con los elementos objetivos de la temporalidad del encierro y la conducta del sujeto, no alcanza para formar el juicio de valor acerca de si se ha cumplido con los parámetros que lo habilitan a acceder al beneficio”.

No lo admite

En este caso, los camaristas consideraron que el consejo de conceder el beneficio a la detenida no encuentra sustento en otras constancias de su legajo.

Señalaron que el informe psicológico mencionó “reservas de tenor cautelar” que no fueron tomadas en cuenta.

El profesional que la evaluó refirió que en el hecho por el que fue sentenciada la mujer actuó junto a una expareja, por lo que en la entrevista esgrimió “argumentos exculpatorios, tendiendo a ubicar y proyectar en el otro la responsabilidad”.

Agregó que Henríquez no logra “problematizar aspectos de sus conductas transgresoras”.

Destacó que la evaluación se produjo en un contexto de encierro, por lo que la conducta demostrada dentro del establecimiento penitenciario “se haga extensiva en un medio social amplio”.

También aconsejó la continuidad de la atención psicológica para actuar “como sostén y acompañamiento para procesar aspectos subjetivos de relevancia”.

Incluso, los propios directivos de la cárcel de Azul habían aconsejado, en caso de que se le otorgara la libertad asistida, que sea acompañada por personal del Patronato de Liberados y que se le coloque un dispositivo electrónico (tobillera).

Mencionaron además que esas reservas “adquieren especial trascendencia si se tiene en consideración que ha sido condenada como coautora del delito de robo agravado por el uso de armas de fuego cuya aptitud para el disparo no se pudo tener por acreditada y por su comisión en poblado y en banda”.

Por todo ello, los jueces de la Sala II consideraron que Henríquez “no ha logrado en su lugar de encierro internalizar lo reprochable de su accionar” y que “no están dados los requisitos para que pueda acceder al beneficio solicitado”.

La pena

El 27 de marzo de 2023, el Tribunal en lo Criminal Nº 1 le impuso a la mujer una condena a 5 años de cárcel. En tanto, Jonatan Leandro Contreras Moncada recibió una pena de 7 y medio.

El fallo fue apelado y el Tribunal de Casación redujo la sentencia de la imputada a 4 años y 9 meses.

Según la investigación, el 18 de diciembre de 2017, los acusados y un cómplice que no pudo ser detenido llegaron a una vivienda ubicada en la primera cuadra de la calle Corrientes.

Henríquez trabajaba en el lugar como cuidadora de las víctimas y facilitó el ingreso de los otros dos sujetos. Finalmente los delincuentes escaparon con unos 7 mil pesos en efectivo.

El fallo de la Sala I ratificó que Mauricio Ariel Monduzzi y Marcos Ariel Zaragoci, enfermeros de la división Medicina Industrial Sanidad del Arsenal Aeronaval Comandante Espora, abusaron sexualmente de una compañera de trabajo entre 2017 y 2022, aprovechando el ámbito laboral compartido.

Los jueces Diego Barroetaveña, Alejandro Slokar y Daniel Petrone afirmaron que el testimonio de la víctima fue “veraz, circunstanciado y coherente”, y que estuvo respaldado por prueba directa e indirecta: las declaraciones de dos compañeras que dijeron haber presenciado parte de las conductas y haber recibido el relato de la abusada en tiempo real.

La sentencia también destacó el aporte de las profesionales de salud mental que atendieron a la damnificada, cuyos diagnósticos de “estrés postraumático, depresión y ansiedad” fueron considerados “coherentes” con el relato sobre los hechos.

Además se desestimó la hipótesis de la defensa sobre las prácticas de enfermería, al señalar que las revisaciones cuestionadas excedieron los procedimientos habituales corroborados por otros testigos.

Casación, en tanto, encuadró su análisis bajo el estándar de amplitud probatoria previsto en la ley 26.485 para casos de violencia de género, al citar jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la dificultad de contar con prueba directa en delitos cometidos sin testigos.

La Cámara aclaró que la condena fue dictada en relación con el delito de abuso sexual simple, y no por una figura agravada, motivo por el cual -opinó- no hay afectación al principio acusatorio.

En definitiva, Casación resolvió, por unanimidad, rechazar el recurso presentado por el defensor de ambos procesados, Facundo Sandoval.

Con este pronunciamiento dejó firmes las condenas del tribunal bahiense, aunque habilitó la reserva del caso federal, que le permite a la defensa intentar una eventual apelación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Según el fiscal, los acusados manoseaban a la víctima y le pegaban "cachetazos" en sus zonas íntimas.

El abogado defensor había apelado el fallo del órgano de juicio de Bahía al argumentar que la valoración de la prueba fue “arbitraria”, y que no se respetó la presunción de inocencia.

Sandoval acotó que las conductas atribuidas a Zaragoci en episodios con otras testigos correspondían a prácticas “propias de la enfermería”, como controles sanitarios amparados en normativa provincial y en la ley 24.004 de ejercicio de esta profesión.

El patrocinante legal de los condenados fundamentó asimismo que el trato cotidiano entre la víctima y los imputados era “cordial” y que la incorporación de una agravante vinculada con la violencia había vulnerado el principio acusatorio.

Por estas razones, la defensa había solicitado la absolución.

El 24 de septiembre de 2025, el Tribunal Federal de Juicio bahiense condenó a Monduzzi a dos años y tres meses de prisión de ejecución condicional, como autor de abuso sexual simple reiterado en al menos seis hechos contra la víctima.

Y a Zaragoci le impuso dos años de prisión en suspenso en vinculación con, al menos, tres hechos de las mismas características.

Ambas penas fueron dictadas por mayoría del tribunal local, en consonancia con los montos pedidos por el fiscal general Gabriel González da Silva.

Los jueces Sebastián Foglia, José Asís y Ernesto Sebastián también dispusieron que los condenados cumplan reglas de conducta, como la prohibición de contacto y acercamiento a menos de 200 metros de la víctima y de las otras denunciantes.

Además deberán completar 12 horas mensuales de tareas comunitarias no remuneradas en una institución de bien público aprobada por el juez de Ejecución Penal y realizar un taller sobre perspectiva de género y violencia.

Los juzgadores ordenaron la extracción de sangre a los condenados para incorporarlas al Registro nacional de datos genéticos de delitos sexuales.

En el juicio, el fiscal federal González da Silva alegó que las agresiones no constituyeron episodios aislados.

“Fue una conducta que se mantuvo en el tiempo ante la más absoluta indiferencia de las autoridades militares”, dijo el fiscal.

El impacto sobre la salud mental y física de la víctima principal derivó en un tratamiento médico continuo con "antidepresivos, ansiolíticos y antipsicóticos".

La evolución clínica de la damnificada se calificó como “tórpida, con momentos de mejoría y retrocesos”, condicionada por un cuadro de "estrés postraumático y trastorno ansioso-depresivo".

El caso incluyó testimonios de otras trabajadoras que sufrieron situaciones de hostigamiento.

Una enfermera denunciante refirió que los comentarios de Zaragoci se intensificaron después de dar a luz, lo que le generó un cuadro de estrés durante la lactancia que derivó en una mastitis.

Además, las declaraciones incorporadas a la causa pusieron en evidencia las dinámicas internas de la dependencia militar.

“Nos alertó de que casos como este abundan en la base aeronaval, pero cuando son denunciados no hay consecuencias reales para los autores, sino para las víctimas, quienes son catalogadas de locas o problemáticas”, advirtió una de las denunciantes.

El fiscal coincidió con esta lectura al señalar que la "tranquilidad" con la que actuaron los acusados respondía al “contexto machista que se vive en el arsenal, donde es muy difícil que a las mujeres les crean cuando denuncian un hecho de abuso o de acoso laboral”.

El fallo, resuelto en un juicio abreviado, fue dictado por el juez del Tribunal en lo Criminal N° 2, Eugenio Casas, y recayó en Sebastián Agustín Artola.

El procesado se encuentra detenido desde el pasado 8 de junio, cuando, por orden del Juzgado de Garantías N° 3, fue interceptado en la primera cuadra de calle Las Heras por efectivos de la DDI local.

El magistrado halló probado que, de acuerdo a la investigación del fiscal Mauricio del Cero, el imputado comercializó estupefacientes, particularmente cocaína, al menos entre el 12 de octubre de 2024 y el 15 de diciembre de 2025, bajo la modalidad de delivery y en su domicilio de Undiano al 100.

La causa comenzó hace dos años, cuando personal de Drogas Ilícitas llevó adelante tareas de vigilancia encubierta y establecieron movimientos compatibles con la venta de drogas.

Incluso, detectaron la presencia en la vivienda del sospechoso de un sujeto que estaba siendo investigado en otro caso.

El 13 de febrero de 2025 los policías allanaron el inmueble y secuestraron estupefacientes, recortes de nylon, sustancias de corte, una balanza y un teléfono celular.

"Del informe (del dispositivo) surgen numerosa cantidad de diálogos, con distintos contactos, en los que se puede advertir, por su contenido, palabras utilizadas, formas de expresión, duración de los mensajes, horarios, y contexto, que se trata de conversaciones relacionadas con la compra-venta de sustancia estupefaciente", indicó el juez.

Mencionó además que en algunos casos el sujeto proporcionaba un alias para que los presuntos compradores realizaran transferencias.

Por todo ello, finalmente el magistrado sostuvo que "tengo por debidamente probada la intervención atribuida al imputado en el hecho".

Los voceros señalaron que el procedimiento se puso en marcha cuando los operadores del CeUM observaron a los adolescentes en la zona de Maipú y Necochea, cuando se movilizaban en un rodado marca Zanella ZB.

También detectaron que en determinado momento los jóvenes de 16 y 17 años abandonaron el vehículo, aunque a los pocos metros fueron interceptados por efectivos del Comando de Patrulla.

Poco después, los policías establecieron que la moto presentaba un pedido de secuestro elevado el pasado 19 de septiembre, cuando fue sustraída en la zona de Fitz Roy y Chile.

Por el caso se iniciaron actuaciones por el delito de encubrimiento, con intervención de la seccional Primera.

Personal de la Policía Federal, bajo órdenes del Juzgado Federal N° 1 de este medio, revisó las oficinas de White Gulf, ubicadas en el muelle Ministro Carranza de la terminal local, el domicilio del dueño de la firma, Yi Sun, un lujoso piso en la segunda cuadra de Hipólito Yrigoyen, y otras viviendas de directivos de la empresa.

La lupa de la entonces AFIP -a través de la Dirección General de Aduanas- se había posado en dos asiáticos: además de Yi Sun figuraba Rong Ding, su principal accionista.

Y también se investigaba a un despachante de aduana y a una contadora, a partir de la denuncia, formulada en octubre de 2021, que daba cuenta de posibles maniobras de contrabando, una millonaria evasión tributaria y, presuntamente, hasta lavado de activos.

La principal hipótesis apuntaba a que, para la venta de productos al exterior -especialmente merluza-, se valían de una triangulación que permitía evadir impuestos y sacar ganancias a cuentas de afuera por más de 100 millones de dólares.

En los allanamientos se secuestraron varias computadoras, notebooks, pendrives y celulares, además de casi 30 cajas con archivos de documentos que motivaron un minucioso y prolongado análisis por parte de peritos. 

El paso del tiempo, como sucede con cualquier caso que en un principio concita interés público, le quitó cartelera a la noticia. 

En medio de la instrucción sumarial, los empresarios decidieron acogerse a un regimen de regularización de deudas, habilitado por la Ley 27.743. 

Más allá de tratar de saldar la deuda, el objetivo de la defensa de los asiáticos era otro: lograr la suspensión y la extinción de la acción penal. 

Sin embargo, los jueces de instancias inferiores -tanto Walter López Da Silva como la Cámara Federal de Apelaciones de nuestra ciudad- rechazaron sucesivamente la pretensión defensista, bajo el argumento que se debía profundizar la investigación.

Es decir que no descartaban la posible existencia de una asociación ilícita y maniobras de lavado de activos, sugeridas por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Proselac).

De todas maneras, el caso llegó a la Cámara Federal de Casación Penal y en los últimos días ese cuerpo modificó la postura judicial, anuló los fallos previos  y, por mayoría de opiniones, le "bajó línea" a los jueces preliminares para suspender y extinguir la acción penal contra los imputados.

Defensa y acusación

La defensa de los extranjeros argumentó que la empresa había cancelado íntegramente la deuda correspondiente al Impuesto a las Ganancias del periodo fiscal 2017 y que se encontraba en un plan vigente de regularización respecto de la aduanera, con lo cual correspondía disponer la extinción de la acción penal.

También advirtió que la decisión de los primeros fallos se fundó en un informe de la Proselac y en hipótesis delictivas que no fueron expuestas a la defensa para  controvertirlas u ofrecer pruebas. 

Por el otro lado, la acusación fiscal y la representación de ARCA-DGA solicitó la confirmación de los fallos al entender la operatoria investigada excedería una mera infracción tributaria o aduanera y revelaría un accionar coordinado, sostenido en el tiempo y con intervención de varias personas, susceptible de ser examinado bajo la figura de asociación ilícita, y que la investigación comprendería otros bienes jurídicos. 

"La hipótesis del caso ya no se limitaría a los delitos de contrabando y evasión tributaria, sino que comprendería una única maniobra pluriofensiva, susceptible de involucrar también los delitos de asociación ilícita y lavado de activos", explicaron.

Sin fundamentos

"El pronunciamiento impugnado presenta una fundamentación tan solo aparente, equiparable a la ausencia de fundamentación, lo que configura un supuesto de arbitrariedad de sentencia", explicaron los jueces Mariano Hernán Borinsky y Javier Carbajo, mientras que Gustavo Hornos votó en sentido contrario.

La mayoría entendió que la posibilidad de profundizar la investigación penal contra White Gulf, al menos de momento, se basaba en "hipótesis meramente eventuales", con lo cual "se afectaban garantías constitucionales".

Y remarcó que el régimen de la Ley 27.743, así como su decreto reglamentario, establece con claridad los efectos suspensivos y extintivos ante la cancelación o regularización de las obligaciones tributarias y aduaneras.

"El rechazo del beneficio se sustentó en un escenario futuro e incierto vinculado a otras figuras penales que aún no formaban parte de un auto de mérito formal en la causa, apartándose de las constancias comprobadas del expediente y del dictamen del Ministerio Público Fiscal", agregó Casación.

De perfil bajo

El presidente de White Gulf es el chino Yi Sun, cuyo domicilio, en un edificio de la segunda cuadra de Hipólito Yrigoyen, también fue allanado, tiene una historia muy particular.

Yi Sun es un empresario de perfil bajo, que hace mucho tiempo vive en Bahía Blanca.

Está casado (con una mujer también de nacionalidad china) y tiene hijos. Hace varios años que se asentó en Bahía Blanca, donde socialmente se lo conoce por jugar al golf de manera habitual.

Dicen que llegó a nuestro país hace más de 30 años, en un pesquero que arribó al puerto de Mar del Plata y que luego se trasladó a nuestra zona para avanzar con la empresa del rubro.

Además de Yi Sun, el otro empresario de origen oriental que estaba bajo la lupa es Rong Ding, cuyo departamento, de la primera cuadra de la calle Terrada, también fue requisado.

Y en su caso, a su vez, requisaron un domicilio en la avenida Libertador 4040, piso 6, La Lucila, partido de Vicente López.

Los operativos de 2022 también incluyeron en la investigación a la firma Cominter, dedicada al asesoramiento logístico y el despacho de aduana, siendo allanadas oficinas de Vieytes al 700; Roca al 600; la vivienda de su director, en Garay al 4.700 y un piso de Portugal al 500.

Finalmente, en el barrio Patagonia (en la primera cuadra de la calle Michai), se allanó la vivienda de una contadora.

La planta de White Gulf, en el puerto bahiense, volvió a ser noticia a poco más de un año de los allanamientos, cuando se produjo un incendio de grandes dimensiones, que dejó importantes daños materiales pero, por fortuna, fue sin heridos.

Los bomberos -tanto oficiales como voluntarios- y el personal de Defensa Civil actuaron rápidamente, en principio para evacuar a los trabajadores presentes, ante el temor de que se produjeran detonaciones en los tanques de amoníaco de la empresa.

Para ese entonces la firma tenía unos 120 operarios, aunque no todos estaban presentes esa mañana, que fue la del sábado 30 de diciembre de 2023.

El procedimiento fue pedido por el fiscal Rodolfo De Lucia, de la UFIJ N° 20 y ordenado por el Juzgado de Garantías N° 1,

La causa se inició en agosto último, tras una serie de reportes de NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children) respecto de una misma persona que fueron enviados al Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming dependiente de la Procuración de la provincia de Buenos Aires.

En esos informes se daba cuenta de la existencia de más de 100 videos y fotos con contenido de abuso sexual infantil. Algunos enviados por Instagram y otros detectados a través de Google fotos.

Las tareas investigativas permitieron identificar al responsable de esas cuentas y su lugar de residencia, por lo que se solicitó un allanamiento para obtener más pruebas para la investigación.

En el domicilio, el personal de Cibercrimen Región Interior Sur logró secuestrar el teléfono celular de la persona investigada -no fue identificada por el momento- que será peritado para determinar la existencia del material ilícito.

La resolución consideró que estarían acreditados 4 hechos (por la misma cantidad de hijos, entre ellos el que nació fruto de una violación y por la cual se discute si la causa está prescripta) todo en concurso real y bajo los artículos 1 de la Ley 13.944, pero también el 2 bis, que agrava la figura por ocultamiento malicioso de bienes del patrimonio con la finalidad de eludir el cumplimiento de las obligaciones alimentarias. 

La jueza destacó que la investigación de la fiscalía reunió testimonios e informes  (como de bancos y Mercado Libre) que indicarían que Del Valle desarrolló durante años actividades remuneradas -principalmente trabajos de albañilería, construcción y mantenimiento-, pero habría canalizado cobros mediante cuentas de terceras personas, entre ellas las de su madre y su pareja, además de recibir pagos en efectivo y utilizar bienes que no figuraban registrados a su nombre.

Puan: tras el caso Del Valle, impulsan la búsqueda de otro presunto abusador

El fallo también tuvo especialmente en cuenta la situación atravesada por sus hijos. Un informe de Promoción Social de la Municipalidad de Puan señaló que, desde fines de 2009, el grupo familiar quedó a cargo de la madre y requirió durante años asistencia estatal para cubrir alimentación, salud, servicios y necesidades habitacionales.

Para disponer la prisión preventiva, la Justicia valoró además la existencia de riesgos procesales, particularmente el peligro de fuga, teniendo en cuenta que Del Valle permaneció sustraído del proceso durante un extenso período. También se ponderaron elementos vinculados con un eventual entorpecimiento de la investigación.

La prisión prevetiva dictada no implica una condena definitiva, sino una medida cautelar adoptada mientras continúa el proceso judicial. La decisión puede ser recurrida por la defensa.

El planteo lo realizó formalmente hoy el abogado Maximiliano De Mira, al presentarse como defensor particular del acusado.

A través de un escrito de cuatro páginas, que entregó en la fiscalía del doctor Diego Torres, a cargo de la investigación, De Mira consideró prescripta la acción penal por el paso del tiempo, en una situación análoga a la de Alberto Martín Del Valle.

De esa manera solicitó su inmediata libertad.

Explicó, entre sus fundamentos, que para el propio fiscal Torres se trata de un delito continuado y no de un concurso real, "por lo tnato no distingue aconecimientos separables o hechos independientes, sino que imputa claramente un accionar abusivo iniciado desde los 13/14 años de la denunciante hasta los 17 años de la misma".

Asensio fue detenido hace una semana en Mar del Plata (actualmente era entrenador en un club de esa ciudad), vinculado a entre dos y tres abusos sexuales a jugadoras menores de hockey en Monte Hermoso, hechos que se habrían registrado hace más de una década.

La detención se produjo en la vivienda del exfuncionario montehermoseño en Mar del Plata, en el bosque Peralta Ramos. Actualmente estaba dirigiendo a Sporting, en la ciudad balnearia.

Si bien la fiscalía se opone al pedido, el mismo fue girado a la jueza Promé para que resuelva.

El hecho se produjo sobre el camino asfaltado 082, que une a esa ciudad con la localidad de Azopardo.

Según informó la Policía, Mabel Margarita Villa, de 64 años y domiciliada en Bordenave, perdió la vida cuando el auto que manejaba, un Fiat Uno, patente AAS 839, salió de la ruta y volcó.

Producto del siniestro, la víctima fatal fue despedida del habitáculo. A su vez, Olga Argentina Villa (69), terminó con heridas de menor consideración.

En el lugar del hecho trabajaron los bomberos voluntarios de Puan y el servicio de emergencias médicas del hospital puanense.

Se cree que en principio no hubo intervención de otros vehículos en el despite, aunque se iniciaron actuaciones con intervención de la ayudantía fiscal de Puan.

Este lunes la justicia Civil y Comercial de Bariloche condenó a una mujer a indemnizar con medio millón de pesos a los dueños de una pollería en la localidad de Dina Huapi, a raíz de los agravios contra los comerciantes que ella publicó en un grupo de Facebook.

El resarcimiento económico es por el "daño moral" provocado a los trabajadores por parte de la demandada.

La condenada es Claudia Núñez, que dentro de los próximos 10 días también deberá postear la sentencia completa en el perfil de Facebook "Soy de Dina Huapi".

El 10 de julio de 2021 Núñez publicó en ese grupo, con casi 12.000 miembros en aquel momento, acusaciones contra Hugo Mario Tarabini y Mabel Lucía Spinelli afirmando que alimentaban "chimangos y gatos con restos de pollo", lo que "atraía ratas a la zona".

La mujer además convocaba a juntar firmas para actuar contra los propietarios del comercio.

"Me queda alertar a los vecinos que andan cerca, que se cuiden. No vaya ser que les caiga algo de la basura de esta gente desagradable encima. Y si así cuidan la higiene, no quiero imaginar cómo elaboraran sus productos", escribió Núñez en su publicación.

Tarabini y Spinelli, que además denunciaron haber sido señalados por vecinos que "se sumaron a las mentiras y ofensas" en los comentarios del posteo, certificaron la publicación ante escribano público y llevaron el caso a la justicia.

La sancionada también deberá abonar los intereses desde la fecha del posteo hasta su efectivo pago, así como afrontar las costas del proceso que superan los $ 1,3 millones, entre los honorarios de los abogados y el perito informático actuantes.

Núñez afirmó que no quiso difamar a nadie y que su reclamo apuntaba sólo a que los comerciantes dejaran de alimentar chimangos y gatos, porque -aseguró- un "trozo de pollo" había caído en el patio de su casa.

Sin embargo, la prueba jugó en contra de la demandada.

Un informe municipal acreditó que las denuncias radicadas por Núñez habían sido declaradas nulas y que los actores nunca fueron multados.

Ningún testigo pudo confirmar haber visto a los dueños de la pollería alimentando animales.

Mariano Castro, juez de la Unidad jurisdiccional civil Nº 1 barilochense, opinó que, "más allá de que Núñez pudiera haber tenido razones válidas para reclamar por el manejo de los residuos, eso no la habilitaba a exponer públicamente a los comerciantes como personas sucias y desagradables sin pruebas concretas".

El magistrado agregó que la publicación generó "una mortificación susceptible de ser reparada", agravada por tratarse del sustento económico de una familia dedicada a la elaboración de alimentos.

El fallo también dejó una reflexión sobre el fenómeno de fondo: advirtió que el uso de las redes sociales "ha generado que se incremente la exposición de conductas que afectan la intimidad y el honor de las personas, y que ese formato parece hacer desaparecer en la conciencia colectiva la antijuricidad de injurias y ofensas que, en otro contexto, serían evidentes".

Pamela Cantero, asesora legal de la OMIC bahiense, confirmó que en la dependencia no se registraron reclamos ni consultas vinculadas con este tipo de conductas agraviantes difundidas en redes sociales.

De todos modos la intervención de la oficina se limita a la vía administrativa entre consumidores y proveedores y no alcanza a conflictos de esta naturaleza, que, como el resuelto en Bariloche, deben dirimirse por la vía judicial.

La medida fue solicitada por el titular de la UFIJ Nº 5, Jorge Viego, quien imputó al procesado del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación de arma de fuego de uso civil sin autorización.

Según la causa, el lunes pasado, en la vía pública y en inmediaciones de Juana Azurduy y Juana Gabriela Moro, Salazar le habría efectuado dos disparos de arma de fuego por la espalda a Gonzalo Bustos que le causaron la muerte.

Además, de acuerdo a lo señalado, "se lo acusa de haber portado una pistola semiautomática calibre 22".

Al ser indagado el hombre se negó a declarar, aunque la abogada Maia González adelantó que esperarían la producción de la prueba para luego brindar su versión de los hechos.

Cabe recordar que tras los primeros datos recogidos en el lugar, fuentes oficiales mencionaron que Bustos habría estado merodeando un camión que el imputado tenía estacionado en la vía pública con supuestas intenciones de robo, por lo que Salazar salió de su vivienda y le disparó.

El hecho se produjo en el local situado en Almirante Brown al 3.600, propiedad de Fernando Mazzella.

"Un vecino me avisó que habían ingresado a una subestación de EDES que está pegada al lavadero. Esta persona ve salir a un hombre del lugar, por lo que vine enseguida y descubrí que me habían robado", describió el damnificado al programa Panorama de LU2.

Agregó que "ese lugar (por la subestación) tiene unos respiraderos con banderolas de metal, las que doblaron para poder meter los brazos o algún elemento y arrimar las cosas para poder tomarlas".

Indicó que el individuo se apoderó de una notebook marca Aiwa y algunas herramientas que utiliza para realizar su trabajo.

"Lo más problemático es la máquina, porque tenemos datos de facturación e información vital para el negocio".

"Me dicen que ultimamente vieron gente rondando de noche por el lugar, así que seguramente estuvieron mirando para poder ingresar. Llama la antención que el robo fue alrededor de las 20:30, cuando hay movimiento en la zona y otros comercios abiertos".

Finalmente, Mazzella indicó que la sustracción fue denunciada en la comisaría Tercera.

Por el hecho, ayer, fue detenido un menor de 16 -no identificado-, que también estaba presente en la fiesta de la comunidad boliviana en conmemoración de la Virgen de Copacabana, patrona de su país.

Si bien en principio algunos testigos dijeron que no vieron de qué manera se había desvanecido Flores, encontrado tendido en la calle, la secuencia fílmica echó luz al caso.

En principio los investigadores observaron cómo el atacante y la víctima, en la vereda del salón y poco después de las 2 del pasado lunes, estaban cara a cara, en aparente estado de ebriedad, y por momentos forcejeando.

Luego salen del registro de la cámara y quedan otros dos jóvenes que, pasados unos segundos, se alejan unos metros. En esas circunstancias se observa cómo el acusado empuja a Flores desde la vereda hacia la calle. El hombre cae pesadamente de espaldas y, sin ningún tipo de resistencia, golpea su cabeza contra el asfalto.

Lejos de cesar con su agresión, se aproxima a la víctima, totalmente indefensa, y le da una patada en la cabeza.

En ese momento es cuando varias personas -especialmente mujeres- salen del salón para auxiliar al herido y tratar de retirar al menor que, mediante forcejeos, pretendía seguir cerca de la víctima. Incluso en un momento se aleja y de repente regresa y le da otra patada en el cráneo.

Flores fue trasladado de urgencia al hospital Penna, donde falleció en la tarde del lunes.

El menor, en tanto, quedó desde ayer a disposición de la fiscalía N° 3 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil y del Juzgado de Garantías del Joven N° 1.

Durante el allanamiento en su vivienda, personal de la comisaría de Pedro Luro secuestró las prendas que vestía aquella noche y su teléfono celular.

Se trata de Federico Alejo Kemmler Davyt, de 29 años, quien en agosto de 2021 fue declarado autor penalmente responsable de abuso sexual con acceso carnal y condenado a 6 años y medio de prisión.

A raíz de que llegó en libertad al debate, a cargo del Tribunal en lo Criminal Nº 3 de Bahía Blanca, recién se solicitó su detención el 22 de noviembre de 2024, cuando el fallo adquirió firmeza.

Sin embargo, Kemmler Davyt no pudo ser encontrado en su vivienda ni en los lugares que frecuentaba y el 18 de febrero del año pasado se ordenó formalmente su captura.

El joven, de nacionalidad argentina, registraba su último domicilio conocido en Moreno 23 de Bahía Blanca.

Desde la Oficina de Búsqueda de Personas y Antecedentes Penales de la Fiscalía General Bahía Blanca realizaron distintas tareas de análisis de redes, contactos y entorno y se lo buscó, a través de oficios girados a distintas fuerzas policiales, en las provincias de La Pampa, Río Negro y Neuquén, pero con resultado negativo.

Reencuentro y drama

La violación se cometió el 23 de diciembre de 2018, en un domicilio ubicado en Gabino Prieto y Tres Lomas, de Villa Iris, donde un grupo de excompañeros de la escuela se reencontró para compartir un asado.

En esas circunstancias Kemmler Davyt habría abusado de una mujer, a quien le provocó lesiones en las zonas abdominal, lumbar y piernas, además de escoriaciones y equimosis en sus partes íntimas.

El Ministerio de Seguridad provincial ofreció recompensa de hasta 10 millones de pesos por "información fehaciente que permita la localización y detención" del condenado, garantizando "estricta reserva de identidad" para los informantes.

"Ahora nos acompaña en la lucha Yamila Segovia (abogada que redobló esfuerzos para capturar a Alberto Martín Del Valle). Tanto Kemmler como Del Valle son prófugos del partido de Puan", dijeron a lanueva.com desde la familia de la joven ultrajada.

"Comparto este mensaje con una profunda esperanza en el corazón. Si las autoridades lograron encontrar a Del Valle después de 15 años de evadir la Justicia, no tengo ninguna duda de que con Kemmler sucederá lo mismo, con mucha más razón ya que se mueve no muy lejos", agregaron.

Dónde aportar datos

Quienes posean datos sobre el paradero del nombrado pueden presentarse en la ayudantía fiscal puanense, situada en Hipólito Yrigoyen 698 de aquella localidad; comunicarse al (02923) 488667; o enviar un mail a ayudantiafiscalpuan@mpba.gov.ar

También pueden concurrir a la Dirección provincial de registro de personas desaparecidas (calle 2, entre 51 y 53, oficina 118, en La Plata), así como están habilitados el número (0221) 4293015 y el correo electrónico profugos@mseg.gba.gov.ar

Los informantes, además, pueden contactarse con la línea de emergencias 911.

"La estructura es la misma que había el 4 de septiembre. No cambió nada, no llegó ningún tipo de suplemento de recursos. La realidad es que sería deseable que la situación fuera mejor", indicó el juez Pedro Morán en diálogo con el programa Panorama de LU2.

Describió que la nueva ley "crea un universo más amplio de menores que pueden ser sometidos a un proceso penal a partir de los 14 años. El régimen anterior precisaba que los jóvenes eran parcialmente punibles entre los 16 y 18 años, donde si la pena prevista no superaba los dos años tampoco se los sometía a proceso. Es decir, quedaban fuera delitos de amenazas, lesiones leves y daños, entre otros. Hoy esos casos son procesables y esto impacta primero en la etapa de investigación (fiscalía y justicia de Garantías) y, de acá a un tiempo, también en los juzgados".

Describió que en el ámbito de nuestro departamento judicial bahiense existen vacantes en dos Juzgados de Garantías del Joven (una en Bahía Blanca y la restante en Tres Arroyos), en una fiscalía y en una unidad de defensa.

Morán aclaró que "las medidas que disponen los jueces pueden ser privativas de la libertad o para cumplir reglas de conducta en un ámbito de libertad y con la supervisión de organismos. En ambos aspectos estamos muy deficientes".

Recordó que "desde que se produjo el incendio en el Valentín Vergara solo quedó un centro de recepción, dispuesto para permanencias cortas de jóvenes detenidos hasta que se dispone su prisión preventiva".

"Hoy dispone de cuatro lugares para todo nuestro departamento judicial, pero ante la superpoblación de plazas en el conurbano, muchas veces están ocupadas por jóvenes del Gran Buenos Aires".

Detalló que el joven que destinado a un régimen de semilibertad es alojado en institutos de Tandil o Dolores, mientras que si le corresponde un ámbito cerrado es derivado a Azul o Mar del Plata. 

"Esto pone en desventaja a un menor respecto de un mayor, que pueden cumplir la detención en Bahía Blanca o Saavedra, con la cercanía de su familia".

Finalmente, consideró que "estamos llenos de buenas intenciones, pero a veces cuesta llevarlas a cabo. Celebro que se haya intentado renovar la legislación que estaba vigente desde el año `80. Contempla cuestiones que estaban en la convención de los Derechos del Niño, que tiene jerarquía constitucional, y que no se reflejaban en la ley nacional".

La víctima fue identificada como Víctor Flores Aguilar y su deceso se produjo en el hospital Penna de nuestra ciudad, hacia donde fue trasladado desde el centro asistencial de aquella localidad de Villarino.

"El hombre murió a las 18.30 (del lunes) en UTI (terapia intensiva), por criterios neurológicos", comentaron desde el Penna. 

En principio se informó que el domingo a la noche el hombre tomaba parte de una fiesta comunitaria en un salón del barrio Primavera, en Buratovich, en conmemoración de la Virgen de Copacabana, patrona del vecino país.

"Cuando arriba el móvil policial estaba tendido en el asfalto y se lo llevan al hospital, aunque luego fallece en el Penna", comentó un investigador, para agregar que "están trabajando para determinar las causas del fallecimiento y si hubo personas involucradas en el hecho".

La misma fuente confirmó que Flores "estaba muy alcoholizado" y que no presentaba lesiones visibles ni sangrado. De todas maneras, no se descarta que el hombre se haya visto afectado por la acción de terceros.

"De todas maneras, ninguno de los testigos presenciales refirió haber visto una agresión", explicó el vocero.

El operativo se originó sobre la 1 y el arresto se produjo en Bernardo de Irigoyen 75, aunque el local comercial, perteneciente a un hombre de 60 años, está ubicado a unos 500 metros, en Dorrego 329.

Se estableció la sustracción de un teléfono celular Samsung, una bolsa de nylon con distintas mercaderías (carne, levadura y gaseosas).

El celular fue encontrado en poder de Valle, mientras que en un baldío cercano, entre los pastizales, se encontró la bolsa con el resto de los materiales.

Entre las ropas del acusado, a su vez, secuestraron 18,38 gramos de marihuana.