El incidente se produjo poco después de las 9, en Vieytes y Moreno, y se vieron involucrados tres rodados.

Voceros de la Policía Local señalaron que el hecho se desencadenó cuando una camioneta Ford F100, al mando de Carlos Delistovich (59), que estaba estacionada sobre Vieytes, retomó su marcha.

En ese momento, y por la misma arteria, circulaba un rodado Toyota Hilux, guiado por Claudio Turani (60), que intentó eludir al otro vehículo y colisionó con un Chevrolet Onix, conducido por Héctor Trujillo (78), que como consecuencia del impacto terminó volcando.

A partir de lo sucedido concurrió al sitio personal policial y la guardia de Defensa Civil.

Inspectores de Tránsito de la comuna sometieron a los protagonistas a controles de alcoholemia que arrojaron resultado negativo en todos los casos.

Las fuentes explicaron que los conductores resultaron ilesos, por lo que no se requirió asistencia médica.

La Sala II del cuerpo, con los votos de los jueces Guillermo Petersen, Marcelo Enrique Romero y Camilo Eduardo Petitti, rechazó los planteos de "inaplicabilidad de ley" realizados por los abogados defensores y ratificó el fallo condenatorio resuelto en diciembre pasado por sus pares de la Sala I.

En esa oportunidad, los magistrados revocaron la absolución dictada oportunamente por el Juzgado en lo Correccional N° 3, y sentenciaron a Pablo Bergese y Andrés Di Lauro a la pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional, reglas de conducta por el mismo tiempo e inhabilitación especial por nueve para "ejecutar tareas de construcción, mantenimiento, reparación o cualquier otro tipo de trabajos en inmuebles en forma directa o a través de interpósitas personas".

También condenaron a Daiana Mónica Astrada a dos años en suspenso, reglas de conducta por dos años y medio y una inhabilitación de 5 "para ejercer su profesión brindando servicios de seguridad e higiene para cualquier actividad".

Los tres fueron hallados responsables del delito de homicidio culposo, en los términos del artículo 84 del Código Penal.

"El análisis que proponen los recurrentes no demuestra la existencia de la arbitrariedad y absurdo pregonados y resultan sus recursos insuficientes para conmover el decisorio impugnado", indicaron los camaristas al confirmar la sanción.

No obstante la resolución, cabe recordar que las defensas aún tienen otras instancias de apelación antes de que el fallo adquiera firmeza.

El caso

Según la causa, investigada por el fiscal Cristian Aguilar, el hecho se produjo el 6 de noviembre de 2019, cuando la empresa Del Sur Construcciones y Servicios SRL desarrollaba en el lugar la construcción de un edificio.

"Mientras se llevaban a cabo tareas de llenado de losas y vigas con encofrado en el octavo piso, se desprendió un puntal de madera de más de 2 metros de largo que cayó y golpeó a Haring. quien circunstancialmente transitaba por el lugar", indicaron desde el Ministerio Público.

Como consecuencia del golpe, la mujer sufrió lesiones y fue internada en el Hospital Municipal, donde murió 20 días después a causa de una hemorragia encefálica producto del traumatismo grave de cráneo.

Desde el Comando de Patrulla señalaron que el hecho se produjo alrededor de las 5, cuando los efectivos concurrieron a La Pampa al 5.900 tras un aviso al 911 alertando sobre un conflicto entre dos personas.

Cuando arribaron al sitio se entrevistaron con un hombre de 47 años, quien manifestó que había sido agredido por la imputada y sufrió una herida cortante en el brazo izquierdo.

Los uniformados arrestaron a la acusada, identificada como Nancy Domínguez, y secuestraron la hoja de un cuchillo tipo serrucho que presentaba rastros de sangre.

La víctima, en tanto, fue derivada a la guardia del Hospital Penna para recibir atención médica.

Por el caso se iniciaron actuaciones por el delito de lesiones leves agravadas, con intervención de la comisaría Cuarta y la fiscalía de flagrancia.

Otro caso

Un suceso con características similares se produjo algunas horas antes en Guardia Vieja al 700, donde un sujeto fue arrestado por agredir a su pareja y lesionar a un policía que intervino en el procedimiento.

Los voceros informaron que el incidente se desencadenó a la 1:30, cuando los policías arribaron al sitio y observaron que David Sagredo (39) estaba alterado y habría golpeado a una mujer de 27 años.

"Al intentar concretar su aprehensión, el hombre se tornó agresivo y arremetió contra el personal policial, golpeando en el rostro a uno de los policías intervinientes. Tras un intenso forcejeo, y mediante el uso de la fuerza mínima, los efectivos lograron reducirlo y colocarle las esposas", señalaron.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguna víctima, llamá al 144: es gratis y atiende las 24 horas

El aprehendido fue trasladado a la Comisaría Cuarta y quedó imputado de lesiones leves agravadas, resistencia a la autoridad y lesiones.

En respeto a los plazos previstos por la Ley 27.801, que votó en febrero el Congreso de la Nación, se pone en marcha hoy, 180 días después de la publicación en el Boletín Oficial, el nuevo Regimen Penal Juvenil que tiene como "caballito de batalla" la baja de edad de punibilidad de 16 años a 14.

Casi con la misma incertidumbre que reinaba apenas se conoció la noticia, comienza el novedoso sistema en el Departamento Judicial Bahía Blanca, situación que -se cree- se replica en otras jurisdicciones.

Desde hoy, los menores de 14 años pueden ser pasibles de ser sometidos a un proceso penal en caso de cometer un delito.

Hasta el momento, el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil solo podía instruir causas a jóvenes de 16 a 18 años.

Pero más allá de extender la franja etaria -que de por sí puede significar un mayor cúmulo de trabajo, pese a que es muy bajo el porcentaje de ilícitos cometidos por menores-, la reforma seguramente sobrecargará las estructuras judiciales, porque también se amplía el abanico de delitos a juzgar.

Hasta ayer, los hechos con penas de menos de dos años de prisión no eran penalizados, pero con la flamante normativa, sí.

Es decir que un joven de 16 años que cometía un hurto, un acto de lesiones (como peleas a la salida de una escuela o de una fiesta), amenazas o violación de domicilio no era punible, pero desde ahora sí lo son todos los menores de 14 a 18 años.

Vale aclarar que la detención será conducente solo en delitos graves, ya que para el resto existen medidas alternativas previas. Sin embargo, en todos los casos se deberán iniciar actuaciones, realizar diferentes audiencias procesales y disponer el control o la tutela de los jóvenes imputados. 

Tampoco fue designada hasta el momento la autoridad de aplicación, prevista en el artículo 50 de la normativa, que debe nombrar el Poder Ejecutivo para la coordinación y el control del nuevo regimen.

El doble de causas

Agustín Saulnier, defensor público ante el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, ya había adelantado hace algunos meses que "el impacto va a ser fuerte" y que seguramente se van a duplicar las causas. 

Y en este punto el nuevo regimen abre los principales interrogantes y preocupaciones. 

La necesidad de sumar recursos humanos, técnicos y físicos no fue saldada, según reconocieron a La Nueva. distintos operadores del sistema. 

"No hay absolutamente nada nuevo: ni personal, ni mayores partidas presupuestarias ni nuevos espacios. Ni en el Poder Judicial ni en ninguna otra institución provincial que trabaja en la materia", reconoció uno de ellos.

No se habilitaron nuevos sitios de contención y/o detención para los jóvenes en conflicto con la ley penal. De hecho en Bahía no existen.

Solo funciona -desde antes de este cambio- el Centro de Recepción, en el predio del ex Instituto Vergara, que en teoría sirve para mantener privados de la libertad a jóvenes acusados en los primeros 5 días de la investigación.

En este caso tiene tres celdas, con capacidad total para 6 personas, pero una de ellas al día de hoy está clausurada. 

"Las otras 4 plazas están ocupadas, aunque por jóvenes que no son de nuestra jurisdicción (algunos del conurbano) y los mandan por sobrepoblación en otros lugares", comentó otra fuente judicial.

A cuentagotas

La capacitación de los efectores del sistema judicial, al menos hasta ahora, tampoco fue organizada desde ningún organismo del Estado sino que fue obra de entidades intermedias, como colegios de abogados o magistrados, o inquietudes grupales o individuales a partir de talleres de dictado virtual.

Si bien desde la Subsecretaría de Política Criminal de la Nación se anunció, a fines de agosto, los primeros módulos de capacitación, a través de Zoom, para jueces, funcionarios de todo el país, lo cierto es que esa medida no alcanzó a quienes desarrollan su tarea en nuestra ciudad. 

Y algunos recibirán una instrucción formal recién una vez iniciado el sistema, como los defensores oficiales, que fueron citados por la Defensoría de Casación en La Plata, para la semana próxima, a una reunión presencial.

"Los mismos operadores intentamos o impulsamos diferentes conversatorios, debates y análisis de la ley. No han sido suficientes las capacitaciones. O por lo menos protocolo de funcionamiento y aplicación en la provincia" reconoció la jueza Natalia Giombi. 

El martes se realizó una mesa de trabajo en la comisión del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del Colegio de Magistrados local y se programó un nuevo encuentro para el 14 de octubre. 

Tampoco la Policía recibió ningún tipo de notificación o esquema de procedimiento para saber cómo actuar, teniendo en cuenta que será el primer eslabón de intervención.

"Si bien esta reforma es más judicial que policial, no tuvimos ni llamados desde la fiscalía de Menores ni de ningún otro área del fuero", reconoció una autoridad departamental.

¿Es inconstitucional?

La Justicia Federal de La Plata tiene pendiente de resolución un pedido de inconstitucionalidad de la Ley 27.801, presentado antes de la última feria por parte de defensores del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de esa ciudad.

El planteo fue acompañado por otras 13 defensorías provinciales y distintos organismos de Derechos Humanos.

También pidieron, en subsidio, una medida cautelar para la suspensión del nuevo regimen por la falta de condiciones para su implementación.

El uno por ciento

Los delitos cometidos por menores de 16 años representan en el país menos del 1 por ciento del total.

Ese dato lo difundió hace poco tiempo Rodrigo Morabito, juez de la Cámara de Responsabilidad Penal Juvenil de Catamarca y usuario de las redes sociales para explicar de manera didáctica los alcances de los procedimientos judiciales.

“Bajar la edad de punibilidad no disminuirá la delincuencia, ya que esta medida genera una falsa expectativa en la sociedad respecto al rol de la ley penal. Existen sobradas muestras de ello”, opinó Morabito en X.

“Se quiere bajar la edad de punibilidad a 14 años sin tener en cuenta que en septiembre se reportó que el 66% de los adolescentes de esa edad vive en situación de pobreza, lo que equivale a aproximadamente 7 millones de niños y adolescentes afectados en el país”, continuó.

“Evidentemente, la franja de los 14 años para abajo es una de las más afectadas por la pobreza y el consumo problemático de drogas”.

“Se quiere legislar siempre por lo que ocurre en dos o tres provincias para el resto del país. Pero no es lo mismo lo que ocurre respecto del delito juvenil en Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe, que lo que sucede en otras provincias. Vivimos en un país federal con realidades distintas”, reflexionó el juez Morabito.

También remarcó que la nueva ley "no reemplaza a la familia, ni a la escuela, ni a la comunidad, ni a las políticas sociales. El sistema penal interviene cuando el conflicto ya ocurrió. La prevención empieza mucho antes".

A la pregunta de qué pena recibirá un adolescente debería prececería otra: ¿qué hicimos antes para evitar que llegara hasta acá?, opinó el juez.

El hecho se produjo alrededor de las 14, cuando un llamado al 911 alertó sobre una persona herida de arma de fuego en un domicilio de calle 11 de Septiembre al 100.

Al llegar los efectivos, Federico Nicolás Prestipino, de 31 años, relató que al atender la puerta se encontró con Aristimuño, quien le efectuó un disparo que impactó en el muslo de su pierna izquierda y luego lo golpeó en la cabeza con la culata del arma.

El herido fue trasladado al Hospital Eva Perón y se informó que se encuenta fuera de peligro.

El ataque habría tenido como trasfondo un conflicto sentimental. En el interior de la vivienda se encontraba una mujer de 21 años, quien sería la actual pareja de Prestipino y tendría un vínculo previo con Aristimuño.

Después del ataque, “El Rata” Aristimuño escapó en un automóvil gris y poco después personal de la SubDDI local logró localizarlo en la zona de Passo y Río Gallegos, donde lo interceptaron y lo aprehendieron en una vivienda del barrio Albatros XXVII.

Del interior del vehículo se secuestró un revólver calibre 22 largo, municiones y una balanza de precisión.

En el lugar también fue aprehendido Matías Ballesteros, de 43 años, quien llevaba entre sus pertenencias una bolsa de nylon con una sustancia blanca, que será sometida a pericias para determinar si se trata de un estupefaciente.

Además, otra persona de 39 años fue demorada para establecer su identidad.

Un antecedente por narcotráfico

La nueva detención vuelve a poner a Aristimuño en el centro de una investigación policial luego de un antecedente de fuerte repercusión en Punta Alta y la región.

En 2021, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca lo absolvió en una causa por comercialización de drogas, junto con otros dos acusados. La decisión se produjo luego de que los jueces declararan nulo uno de los allanamientos realizados en 2019, operativo que había derivado en su detención.

En aquella investigación, desde la Policía lo habían catalogado como uno de los “más importantes y peligrosos” proveedores de droga de la zona, con presuntas conexiones que se extendían desde Punta Alta hasta Viedma.

Tras la absolución, Aristimuño recuperó la libertad. La Fiscalía había anticipado que recurriría el fallo ante Casación.

Ahora, cinco años después, vuelve a quedar detenido, aunque por una causa diferente. En principio se le imputan abuso de arma, lesiones, una infracción a la Ley 23.737 y al artículo 189 bis del Código Penal.

A la nueva acusación se suma otro dato relevante, ya que al momento de ser detenido, Aristimuño registraba un pedido de captura vigente por robo calificado, correspondiente a una investigación de la UFIJ N°11 del DJBB

La investigación quedó a cargo de la Ayudantía Fiscal de Coronel Rosales.

Fuentes del Ministerio Público indicaron que los procedimientos, solicitados por el fiscal Rodolfo De Lucia y autorizados por el Juzgado de Garantías N° 2, fueron realizados por efectivos del área de Cibercrimen de la Policía Bonaerense en Merlo y González Catán.

Voceros oficiales indicaron que la causa comenzó en mayo pasado, cuando la víctima denunció la maniobra.

Señaló que "venía manteniendo una conversación con una mujer por redes sociales quien le solicitó fotos íntimas, que no envió y luego la bloqueó".

El damnificado describió que posteriormente fue contactado por un sujeto que decía ser comisario y le indicó que había sido denunciado por grooming, ya que supuestamente había mantenido contacto con una menor de edad que sufría discapacidad.

Agregó que ese hombre "le exigió una suma de dinero que transfirió por temor" y para que esa presunta acción penal no prospere..

El denunciante aportó los datos de las cuentas a las que envió la suma de 800 mil pesos, por lo que la fiscalía logró identificar a los titulares de las mismas y sus domicilios.

Los allanamientos se concretaron en Martín Rodríguez al 500 (Merlo) y Federico Báez al 3.100 (González Catán).

Finalmente la fuente refirió que los policías secuestraron teléfonos celulares "que serán peritados en busca de más elementos de interés para la investigación".

Se trata de un plan preventivo planificado por la Jefatura Departamental y la Secretaría de Seguridad Municipal

En Soler 646 aprehendieron a un joven de 23 años con pedido de paradero activo por robo y a una mujer de 40, por presentar un comparendo compulsivo por infracción a la ley de faltas 8.031.

En otro alojamiento ubicado en la vereda de enfrente (al 641 de Soler), en tanto, se demoró a dos jóvenes de 18 y 20 años, sobre quienes pesaban sendas solicitudes de paradero activo por robo y amenazas agravadas, respectivamente.

Y en ese lugar también se detuvo a Patricia Ocaña, de 56 años, sobre quien pesaba un pedido de captura por el delito de estafa.

Ocaña, según fuentes policiales, tiene prontuario delictivo por delitos bajo esa misma modalidad y fue condenada por querer estafar, en una suma millonaria, a un local comercial céntrico.

Desde la comisaría Primera se informó que este tipo de controles continuarán, a fin de llevar tranquilidad a los vecinos de la zona.

El Tribunal en lo Criminal Nº 3 bahiense le impuso la pena al imputado al considerarlo autor de abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal reiterados, en perjuicio de la niña de 10 años.

La causa se inició el 11 de noviembre de 2025, cuando la madre de la víctima sorprendió al acusado de 36 años abusando de la menor en la vivienda que compartían en el barrio Boulevard.

Las agresiones sexuales habrían comenzado en mayo del año pasado y, al parecer, se consumaron también en otro inmueble de esta ciudad.

La Policía detuvo al condenado el 20 de noviembre y desde aquel momento está detenido en la cárcel de Saavedra.

El juez Eduardo d'Empaire, integrante del Criminal 3, dictó el fallo condenatorio de manera unipersonal después del desarrollo del juicio oral.

Además, el magistrado ordenó que el Servicio Penitenciario Bonaerense incorpore al violador a un tratamiento especializado en violencia de género durante su detención.

También dio intervención al Centro de Asistencia a la Víctima, dependiente del Ministerio Público Fiscal, para el seguimiento de los derechos de la niña.

El eje de la acusación sostenida por el fiscal de delitos sexuales, Diego Torres, fue el testimonio de la niña obtenido en cámara Gesell.

Según el tribunal, la versión de los hechos aportada por la menor se mantuvo "invariable" durante el examen médico, la pericia psicológica y su propia declaración.

La perito oficial interviniente determinó que el relato de la pequeña reúne plena credibilidad y la sentencia es congruente con esa conclusión.

"No se infiere la presencia de indicadores de fabulación, entendida como la expresión patológica que surge de la incapacidad de distinguir los sucesos vividos de los imaginados, concluyéndose en un relato que reúne criterios de confiabilidad", indicó la psicóloga.

A ese testimonio se sumó el de la madre de la víctima, que presenció directamente el episodio que derivó en la denuncia, y el examen médico legal, cuyos hallazgos d'Empaire consideró compatibles con abuso reiterado durante meses.

Torres, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 4, había solicitado la pena de 23 años de prisión para el acusado.

La defensora Sofía Nani pidió la absolución del imputado al plantear que el relato de la niña está "viciado", y que la denuncia había sido motivada por el descubrimiento de una infidelidad del causante a la progenitora de la menor.

"Cuando una pareja descubre infidelidad y que lo quiere dejar, ocurre lo que pasó en el presente proceso", dijo la letrada.

Sin embargo, el juzgador rechazó ese planteo por falta de sustento probatorio.

"No se sustenta más que en su propia creencia, porque lo cierto es que no hay prueba científica que se haya producido en el debate al respecto", indicó d'Empaire en su decisorio.

El tribunal valoró como atenuante que el acusado no tiene antecedentes penales.

Como agravantes computó la reiteración de los hechos, su extensión en el tiempo, el daño psicológico causado a la niña y el aprovechamiento de la posición de confianza y cuidado que ejercía sobre ella.

La denuncia, que tramita ante la UFIJ Nº 7, fue radicada el pasado 1 de julio por autoridades del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, distrito X, en la cual se brindó la información necesaria para iniciar las tareas investigativas por el presunto delito de estafa o ejercicio ilegal de la medicina, entre otros.

En ese contexto la fiscal solicitó informes a distintos organismos para determinar si la mujer tenía título de médica y se encontraba inscripta como tal, y los resultaron fueron negativos.

En ese contexto se ordenaron allanamientos en su domicilio particular y en el supuesto consultorio (cercano al hospital Municipal), en los cuales se obtuvieron elementos de interés, entre ellos historias clínicas de pacientes con los tratamientos que recetaba.

Se le tomó declaración a varios de esos pacientes, quienes ratificaron que fueron atendidos por ella, y se obtuvieron recetas con sello y firma, en calidad de médica especialista en endocrinología y nutrición.

También, se secuestraron computadoras, notebooks y teléfonos celulares, que serán peritados en busca de mayores elementos de interés para la investigación, y esos resultados, además, permitirán encuadrar los delitos en los que habría incurrido la mujer con su accionar.

Se trata los oficiales Gustavo Cano, Ángel Díaz, Diego Ibañez, Macarena María, Débora Montes de Oca, Flavia Ramos, Lorena Vázquez y Mailén Vázquez.

Y más allá de la grave sanción administrativa aplicada, se tramita ante la fiscalía de Bahia Blanca una causa penal mediante la cual se investiga a los nombrados. 

El sumario lo inició en 2022 la Auditoría de Asuntos Internos por una denuncia anónima que involucraba a un total de 24 funcionarios policiales, aunque finalmente se comprobaron que 8 de ellos percibían indebidamente el "beneficio por zona desfavorable", con la confección y presentación de declaraciones juradas con domicilios falsos.

Condenan a policía que fijó domicilio falso para cobrar Zona Desfavorable

El "beneficio por zona desfavorable" le corresponde a aquellos uniformados que residen en forma permanente en el territorio de la provincia de Buenos Aires y al sur del río Colorado, debiendo adjuntar declaración jurada donde conste el domicilio de residencia.

Se determinó que estos agentes habrían anotado domicilios en el partido de Carmen de Patagones, aunque no era verdad. De esa manera cobraron un extra en sus haberes (el porcentaje varía según la jerarquía) durante varios años.

Por ese motivo Asuntos Internos decidió cesantearlos, al considerar que cometieron actos que implicaron un modo de corrupción.

La cesantía es una sanción administrativa grave que implica la separación definitiva del efectivo de la fuerza, con la pérdida del empleo y de los derechos inherentes al cargo. 

Mientras tanto, avanza la causa penal bajo el encuadre de fraude en perjuicio de la administración pública.

El sospechoso fue identificado como Franco Joel Quinteros, de 22 años, quien hoy circulaba por Malvinas al 400, a bordo de un Volkswagen Voyage, que tenía colocadas las chapas patentes no correspondientes al rodado, que luego se descubrió que había sido sustraído, el 5 de agosto pasado, en Lomas de Zamora.

Quinteros ya venía siendo investigado porque se lo vinculaba con el hurto de las chapas patentes (mediante el uso de un destornillador eléctrico) de una camioneta Volkswagen Amarok, el 26 de agosto pasado, en Don Bosco al 1.100, propiedad de un hombre de 55 años.

Del operativo participó personal del GTO de la comisaría Quinta, con colaboración del Comando de Patrullas y un aporte clave del Centro Único de Monitoreo (CEUM).

Al ser atrapado hoy, se le secuestró un teléfono celular iPhone y un trozo compacto de marihuana de 525 gramos.

Luego, por orden del fiscal Mauricio del Cero, de la UFIJ Nº 19, se concretó un allanamiento por urgencia en el departamento J, piso 4, del edificio de Saavedra 118, donde reside Quinteros.

Allí fueron incautados ocho trozos compactos y prensados de marihuana, con un peso total de 3,114 kilos, además de 193 gramos de cogollos de marihuana.

También se hallaron 68 gramos de cocaína, dos balanzas digitales y elementos utilizados para el recorte y estiramiento de sustancias, entre ellos bolsas de nylon y creatina.

Además se secuestraron 249.500 pesos en efectivo, una computadora de escritorio, un tótem de autogestión y las dos chapas patentes que habían sido denunciadas como sustraídas de la Amarok.

Todos los elementos fueron trasladados a la sede de la comisaría Quinta, mientras que la causa quedó bajo intervención de las UFIJ Nº 19 y Nº 7 del DJBB.

Se trata de Carlos Alberto Lorenzo, a quien se lo consideró autor de lesiones graves pero con exceso en la legítima defensa.

Lorenzo fue imputado de apuñalar a Facundo Andrés Armani, en un hecho registrado el 28 de enero de 2024.

Todo sucedió en Las Glicinas al 900, tras una discusión por el volumen de la música.

Fue cuando Armani se aproximó a la reja de ingreso de la vivienda y Lorenzo le habría aplicado dos puntazos con un arma blanca, uno en el cuello y otro en un brazo, por lo que fue llevado de urgencia al Hospital Penna.

Según los jurados, Lorenzo se habría defendido de un ataque de Armani, aunque se excedió en los medios empleados (el uso del cuchillo).

La lesión en la base del cuerpo, sobre el primer anillo traqueal, fue resuelta con cirugía y la herida en la parte media del brazo derecho afectó la arteria basilar.

Luego de escuchar en una audiencia a la acusación y la defensa, sobre la postura de cada parte respecto de la pena a aplicar, será el juez Eugenio Casas, integrante del Tribunal en lo Criminal N° 2, quien definirá la sanción.

La pesquisa se inició a partir de la denuncia de una mujer por la sustracción de una Gilera Smash 110 cc roja, en Florencio Sánchez al 700. El vehículo habría sido publicado recientemente para su venta a través de Marketplace.

Po tal motivo fueron aprehendidos Maximiliano Sebastián Salgado, de 23 años; Damián Facundo Salgado (28); Roberto Claudio Salgado (46); Magalí Milagro Salgado (19); Ariana Sol Haag (23) y Vanina Andrea López (46).

La diligencia fue autorizada por el Juzgado de Garantías Nº 2 del DJBB, aunque el resultado fue negativo respecto del secuestro de la motocicleta.

Según el parte policial, los involucrados tuvieron una actitud hostil frente a los efectivos, desobedeciendo las órdenes impartidas y resistiéndose al procedimiento y que Maximiliano Salgado habría golpeado con un puño a uno de los policías, provocándole un corte en el labio. El efectivo sufrió lesiones de carácter leve.

La causa contempla imputaciones por hurto de motovehículo, desobediencia, atentado y resistencia a la autoridad y lesiones.

Intervienen las UFIJ Nº 7 y Nº 15, además del Juzgado de Garantías Nº 4 del DJBB.

El allanamiento, autorizado por el Juzgado de Garantías del Joven, se desarrolló ayer en la vivienda donde reside un adolescente que sería el autor de la agresión.

Fuentes oficiales indicaron que el hecho se produjo el pasado 21 de agosto, en calle Spika, entre Sarmiento y Flesia, cuando un pequeño de 10 años estaba en la vía pública y recibió un disparo de aire comprimido en una de sus rodillas.

Los voceros señalaron que el niño sufrió lesiones leves, sin compromiso óseo ni necesidad de ser intervenido quirúrgicamente.

Explicaron que a partir de distintos testimonios se determinó que un menor de 14 años habría sido quien llevó adelante la agresión.

Finalmente sostuvieron que el rifle y las pruebas recolectadas fueron puestas a disposición de la fiscalía del fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

En un fallo unipersonal, la jueza María Mercedes Rico consideró a Christian Nicolás Ciuffetti Butiérrez Moreno (27) autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal.

Durante el juicio oral la fiscalía probó que en la madrugada del 21 de agosto de 2022 el procesado accedió carnalmente a una joven de 23 años sin su consentimiento, en el departamento de la chica ubicado en la vecina ciudad.

En los alegatos de cierre el fiscal de delitos sexuales bahiense, Diego Torres, había planteado que el imputado se aprovechó de la vulnerabilidad de la víctima y pidió una pena de 10 años de cárcel.

Por su parte, el abogado defensor Sergio Ferrari había argumentado que se trató de un encuentro sexual consentido y solicitó la absolución de Ciuffetti por la presunción de inocencia de su asistido, cuestionando la consistencia del relato de la denunciante.

La defensa sostuvo que las contradicciones testimoniales y la falta de prueba científica concluyente generaban "un mar de dudas" que impedía condenar.

La jueza Rico rechazó el planteo defensista y, por el contrario, valoró como "decisivo" el testimonio de la víctima al hacer foco en un mensaje que ella le envió al acusado la tarde siguiente a la violación (antes de contarle lo sucedido a su familia), reprochándole haberse aprovechado de su estado de ebriedad.

Esa inmediatez, señala la sentencia, debilita la hipótesis de la defensa de que el relato pudo haber sido inducido por terceros.

A esto se sumó el examen médico, con el cual se constataron lesiones recientes compatibles con el hecho denunciado, y el análisis genético que arrojó un perfil coincidente con el ADN del imputado.

Para la magistrada, estos elementos resultan difíciles de conciliar con la versión de Ciuffetti, quien había declarado que el acceso carnal no se consumó.

También se valoraron las pericias psicológicas practicadas a la víctima, que no hallaron indicadores de fabulación ni de presiones externas, así como los testimonios de su entorno familiar sobre los cambios que presentó la joven después de la agresión sexual.

El punto saliente del fallo dictado este martes es la decisión de ordenar la detención inmediata del condenado, pese a que había permanecido libre durante toda la instrucción de la causa y el debate.

La juzgadora explicó que en este caso analizado se apartó de su propio criterio sostenido en decisiones anteriores del Criminal 2, según el que la sola expectativa de pena no alcanzaba para justificar una medida privativa de libertad.

Rico citó jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal de Casación Penal bonaerense, y opinó que el dictado de una condena a pena efectiva incrementa significativamente el riesgo de fuga y justifica la detención para asegurar los fines del proceso.

El tribunal fijó la pena en seis años de prisión al computar como atenuantes la falta de antecedentes penales del condenado y el buen concepto que surgió de la prueba testimonial y pericial.

Como agravantes, Rico ponderó la extensión del daño causado a la víctima y el quiebre de la relación "de confianza" que existía entre ambos.

Pero descartó como agravantes la nocturnidad, el supuesto engaño y el estado de ebriedad de la víctima, por entender que esta última circunstancia ya estaba contemplada en la calificación del hecho.

La sentencia aún no está firme y la defensa de Ciuffetti apelaría el decisorio de primera instancia.

El Juzgado de Garantías Nº 3 decretó en las últimas horas la prisión preventiva de Joaquín Eleazar Larraburu.

El magistrado Alberto Antonio Manzi hizo lugar al pedido del fiscal de la UFIJ Nº 5, Jorge Viego, quien imputó al sujeto del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación de arma de fuego de uso civil, sin la debida autorización legal.

El hecho se produjo el pasado 1 de agosto, en inmediaciones de un pub ubicado en San Martín y Plunkett, cuando Vega falleció como consecuencia de un disparo en el cuello.

Por el crimen fue detenido Larraburu, quien escapó del sitio, pero chocó la rotonda de la ruta 3 y Pedro Pico y fue reducido.

"Luego de tomar el arma (no está claro si fue solo o se la alcanzó alguien desde el auto, un Volkswagen Gol) efectúa un disparo a muy corta distancia, a 10/15 centímetros o menos del cuello de la víctima", remarcó el fiscal Mauricio Del Cero, quien intervino en los primeros tramos del caso subrogando a su colega. 

"Les pedimos que nos sigan acompañando y no nos dejen solos sigan manteniendo la memoria de Santi presente. Nunca hubiésemos imaginado estar pasando por esta terrible pesadilla, no buscamos venganza, buscamos justicia", sostuvo Marcelo Vega, en el marco de una marcha llevada adelante en la vecina localidad.

La decisión no alcanza a la causa penal que enfrenta el magistrado por lesiones leves y graves, y amenazas simples y coactivas en perjuicio de trabajadores de su juzgado, que seguirá su curso en paralelo.

El jury fundamentó que la "ausencia de un encauzamiento institucional oportuno" frente a los conflictos internos derivó en un "desenlace desproporcionado", que a su criterio no justifica la destitución de un magistrado cuya "honorabilidad e idoneidad técnica" permanecen intactas.

El cuerpo de enjuiciamiento entendió que lo ocurrido fue, antes que una falta grave del juez, un fracaso del propio tribunal para resolver por vía administrativa un conflicto que derivó en una causa penal.

El jurado comunicó su decisión al Consejo de la Magistratura de la Nación para que se reintegre a Díaz Lacava a sus funciones.

El fallo administrativo no modifica la situación procesal de Díaz Lacava, imputado por los mencionados hechos de violencia contra dos hombres y cuatro mujeres que trabajan en el tribunal con asiento en Santa Rosa.

La acusación enmarcó los incidentes en un contexto de violencia laboral y, en el caso de las mujeres, de violencia de género.

La Justicia ya había dispuesto la restricción absoluta de contacto y la prohibición de acercamiento recíproca entre el juez y el personal administrativo.

El antecedente se remonta a 2023, cuando secretarios de su juzgado lo denunciaron por maltrato laboral, abuso de autoridad, coacción y violencia de género.

El dictamen acusatorio del Consejo hizo referencia a "graves desórdenes de conducta personal, y falta de probidad y decoro", y entre las agresiones mencionó que el juez federal le había tirado una piedra a un empleado.

Durante las audiencias, los consejeros Diego Barroetaveña y Álvaro González, a cargo de la acusación, sostuvieron que el magistrado sometió a su personal a un "verdadero infierno" y que su conducta afectó el funcionamiento del tribunal.

La defensa, encabezada por el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, negó que se hubiera probado algún daño, calificó lo sucedido con el piedrazo como una "broma de mal gusto" y presentó el resto de los hechos como "desacuerdos laborales" sin mayor gravedad.

Frente al jurado, Díaz Lacava pidió disculpas a quienes dijo haber ofendido y se comprometió a corregir su relación con los empleados si continuaba en el cargo.

El jury que juzgó a Díaz Lacava estuvo presidido por Marcelo Bartumeu Romero (juez de cámara) e integrado por Néstor Barral (juez de cámara), las senadoras nacionales María Belén Montes de Oca y María Florencia López, los diputados nacionales Nicolás Mayoraz y Christian Zulli, y la abogada de la matrícula federal, Ana Fernández.

El rechazo a la remoción del juez causó desilusión entre los 16 denunciantes.

Si bien los afectados confían en que el avance de la causa penal desemboque en una reparación, la perspectiva de continuar trabajando bajo estas malas condiciones los desalienta.

"Estamos desilusionados, con mucha tristeza. Se ve que para que sea motivo de destitución la piedra tenía que haber pegado en alguien o haberlo lastimado (al empleado)", manifestaron las víctimas.

Con esta decisión, Díaz Lacava se convirtió en el tercer juez sometido a jury en menos de un año.

Su suspensión había sido ordenada en abril, junto con la de otros dos jueces federales bajo investigación: Alfredo López, de Mar del Plata, y Gastón Salmain, de Rosario.

López fue destituido el 18 de agosto pasado, acusado de difundir mensajes discriminatorios contra la comunidad judía en su cuenta de X.

Por su parte Salmain, procesado y con prisión preventiva, todavía espera su jury. Se lo acusa de haber ocultado en su currículum que había sido expulsado del Poder Judicial y de pedir coimas a cambio de fallos al parecer en favor de imputados.

A ellos se suma Martín Poderti, destituido en diciembre de 2025 de un tribunal oral de Mar del Plata.

La moto había sido sustraída el 30 de agosto pasado, mientras estaba estacionada en inmediaciones de Alem y Libertad; posteriormente fue encontrada en un descampado en inmediacione sde Santa Cruz y Los Andes. Le faltaban los plásticos y la patente.

Tras el análisis de las cámaras de seguridad municipales y particulares, se logró establecer la presunta autoría del hecho, por lo que se solicitaron dos allanamientos.

Los procedimientos otorgados por el Juzgado de Garantías Nº 2 de Menores se realizaron ayer, en una casa de calle Salta al 100 y en otra de Formosa al 200.

A cargo de personal del Destacamento Zona Sur y del GTO Punta Alta, en el primer allanamiento fueron secuestrados plásticos cubre piernas, piezas de ópticas y un guardabarros trasero correspondientes a una moto Honda Wave como la robada. El allanamiento en Formosa tuvo resultado negativo.

La causa por hurto de motovehículo quedó a cargo de la Fiscalía N° 2 del Fuero de Responsabilidad Juvenil de Bahía Blanca y de la Ayudantía Fiscal de Coronel Rosales.
 

Personal de la Policía Federal allanó la semana pasada los domicilios de tres técnicos anestesiólogos (en Bahía y Punta Alta) y también sus taquillas personales en el centro asistencial.

Se secuestraron 11 teléfonos celulares, entre ellos los de los sospechosos (dos mujeres y un hombre) que, por ahora, no están procesados en la causa.

El fiscal reconoció que en el marco de la investigación surgieron tres hipótesis, pero que una tiene más fuerza que otra:

1) "Que la sustracción tenga que ver con el uso recreativo, para administrárselo y drogarse, pero tiene un problema esta hipótesis: cada vez que se usa la monodósis de fentanilo hay un remanente que sobra y quien quiera hacer eso, y trabaje en el hospital, podría hacerlo sin provocar escándalo".

2) "Que la sustracción para venta en el mercado negro, como otros hospitales, clínicas y/o médicos. Pero el fentanilo tiene un muy bajo costo y además es trazable, con lo cual ninguna institución se va a exponer a esto". 

3) "Que alguien quiso provocar un escándalo. Lo digo particularmente porque desaparecieron 25 ampollas, con una buena cantidad de fentanilo cada ampolla, en el momento en que se produjo la muerte del médico anestesista del hospital Italiano (de Buenos Aires, el caso Propofest, que coincide temporalmente con ese momento. 

"Y lo más llamativo es que tanto quien quiera sustraer para venderlo o aplicárselo como narcótico no va a devolver las botellas, no tiene sentido. Las puede devolver alguien que quiere que se sostenga el escándalo", explicó el fiscal.

En cuanto a qué podrían buscar estos tres técnicos con "el escándalo", Del Cero sostuvo que "hasta que asumió el jefe actual de Anestesiología, Pablo Aispuro, había un cierto reparto de horas extras de manera discrecional y, a partir de su gestión, comenzó un reparto más equitativo, que dejó conforme a algunos y a otros no".

Las tres personas bajo sospecha habrían estado de guardia al momento de los faltantes y también en diciembre pasado, cuando se produjo la desaparición de otras 5 monodósis que también fueron "devueltas".

"El delito, de momento, podría ser un hurto. Salvo que se crea que hay una conspiración contra el jefe de Anestesiología", explicó por último el fiscal.

De esa manera el Servicio Penitenciario Bonaerense cumple con el pedido del Juzgado de Garantías Nº 1 de Bahía Blanca, que ayer había reclamado "con carácter de urgente" un cupo carcelario para el hombre.

El traslado, según confirmaron fuentes del SPB, se está dando en estos momentos y Del Valle será ingresado en el área de la alcaidía de la prisión.

Del Valle había sido capturado el domingo 23 de agosto en Florencio Varela, luego de permanecer prófugo más de 15 años por la violación y tentativa de aborto de una niña de 11 años, durante 2009, en Puan.

Si bien por esa causa sería sobreseído, al estar prescripta la acción penal por el paso del tiempo (más de 12 años), el sospechoso continúa privado de la libertad por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar.

Fruto de la violación, cometida en 2009 en Puan, el acusado tuvo uno de los cuatro hijos por los cuales hoy se reclama "alimentos".

La fiscalía buca avanzar hacia el pedido de prisión preventiva de Del Valle por esos hechos, enmarcados en un concurso real de delitos.