Los aprehendidos, cuyas identidades no fueron difundidas por disposición judicial, son un hombre de 32 años y una mujer de 37, ambos oriundos de Tres Arroyos.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 13 del Departamento Judicial de Tres Arroyos.

El procedimiento se inició alrededor de las 16.30, cuando efectivos de la Estación de Policía Comunal Tres Arroyos Segunda realizaban un operativo de prevención con controles vehiculares sobre la Ruta Provincial 73, en el acceso a Claromecó.

Según la policía, al intentar identificar un Chevrolet Astra, el conductor realizó una maniobra para esquivar el control y emprendió la fuga. El vehículo fue seguido por los efectivos hasta ser interceptado en la intersección de calle 30 y avenida Costanera.

Detenido el automóvil, los policías observaron que la mujer intentó ocultar un elemento entre sus prendas y se logró secuestrar una bolsa de nylon con 46 gramos de clorhidrato de cocaína y un teléfono celular.

Al conductor se le incautó un teléfono celular y la suma de 530.000 pesos en efectivo. Además, en el interior del vehículo fue secuestrada una tablet.

Ambos fueron aprehendidos por los delitos de presunta infracción a la Ley 23.737 y desobediencia. Actúala UFIJ Nº13.

Yohan Alex García, había sido visto por última vez el pasado 2 de agosto de 2026, alrededor de las 10, cuando se retiró en bicicleta de su domicilio ubicado en Richieri al 2.400.

García fue encontrado a través de una investigación llevada a cabo por móviles policiales, la motorizada y rondines de la Policía Local, junto a la DDI y un rastrillaje con perros detectores K9.

El titular de la UFIJ Nº 1 requirió que se resuelva en un debate oral la situación del encargado del complejo perteneciente al Sindicato del Personal de Industrias Químicas, Petroquímicas y Afines de Bahía Blanca (ubicado en la avenida Pernicia y Alvarado, de la vecina localidad), de un inspector municipal y un ingeniero que inspeccionó la obra, todos imputados por el delito de homicidio culposo.

Se trata de Fabricio Fabián Canteros, Lucas Partal y Andrés Arturo Goñi, respectivamente.

La medida aún no se encuentra firme, ya que, según se informó, la Justicia de Garantías debe resolver aún un planteo realizado por uno de los defensores.

Para el Ministerio Público los procesados "incumplieron los deberes de cuidado de cada uno de sus roles al no cumplir con la exigencia respecto de la colocación de las rejillas que cubren las bocas de salida del agua de la pileta principal".

En el caso Canteros, se lo acusa de no acatar esa medida, mientras que a Partal y a Goñi, de no advertir la ausencia de esas rejillas, en los informes que presentaron en el expediente municipal.

Como consecuencia de esa negligencia o imprudencia, de acuerdo a la imputación, se produjo el fallecimiento del menor por ahogamiento por inmersión cuando uno de sus miembros superiores quedó atrapado por la succión de la boca de salida del agua.

Según comunicó la querella mediante un escrito, Cristina Castro, madre del joven de Pedro Luro desaparecido en 2020 y luego hallado sin vida, recordó "súbitamente" dónde estaba el documento.

La mujer encontró la documentación este fin de semana en la vivienda de su padre.

Así lo confirmó esta mañana a La Nueva. Horacio Azzolín, uno de los tres fiscales federales que investigaron la causa.

La novedad se produjo pocos días después de que tomara estado público que el certificado nunca había sido presentado ante el Registro Nacional de las Personas y tampoco constaba en el expediente judicial.

El faltante había quedado al descubierto cuando desde el cementerio lurense reclamaron el documento necesario para completar la licencia de inhumación.

A partir de esa situación se generaron distintas presentaciones entre el Ministerio Público Fiscal y el juez federal Walter López Da Silva, con intervención posterior de la Cámara Federal de Apelaciones bahiense.

De acuerdo con las constancias incorporadas a la causa, el certificado original había sido confeccionado por el Cuerpo Médico Forense y entregado el 3 de septiembre de 2020 a Virginia Creimer, médica que intervenía como perito de la querella.

La entrega del cuerpo y de la documentación había sido autorizada por la jueza federal María Gabriela Marrón, a raíz de una solicitud de los abogados de Cristina Castro.

La Justicia había pedido a los fiscales Azzolín, Alberto Gentile e Iara Silvestre que determinaran qué había sucedido con el certificado después de aquella entrega y por qué no se había completado la inscripción correspondiente.

En paralelo, el Municipio de Villarino ordenó un sumario administrativo para establecer cómo pudieron ser inhumados los restos de Astudillo Castro en el cementerio de Pedro Luro sin que se presentara la documentación exigida.

La aparición del certificado ahora abre nuevos interrogantes.

La querella sostiene que estaba en el domicilio del abuelo de Facundo, pero no se brindaron precisiones sobre cómo llegó allí, quién lo conservó durante estos años ni por qué no fue entregado cuando comenzó a ser reclamado.

Tampoco se informó si el documento será sometido a alguna verificación antes de completar la inscripción del fallecimiento. La investigación deberá determinar cómo impacta el hallazgo en las medidas que habían sido ordenadas y si corresponde avanzar con otras diligencias para reconstruir el recorrido del certificado desde septiembre de 2020.

Para la Justicia estaba claro que el Cuerpo Médico Forense le había entregado el cuerpo y el certificado a la enviada por la querella: la perito Creimer. De esta manera, Castro evitaba que la médica sea consultada -y eventualmente imputada- por la novela del certificado y su "desaparición/ocultamiento".

El menor, según informaron hoy fuentes del centro asistencial, pasó la noche sin grandes cambios y "continúa bajo estricto monitoreo", en medio de una condición de salud delicada.

El niño sufrió politraumatismos varios, en particular un fuerte traumatismo de cráneo, que obligó a mantenerlo -desde el momento que entró en el hospital provincial, tras ser derivado desde el Municipal- con asistencia respiratoria mecánica.

La grave situación de tránsito se produjo minutos después de las 19 del pasado viernes, en la intersección de Ecuador y Nueva Provincia, en proximidades del Parque Illia y la cancha principal del Club Libertad.

Fue cuando una moto CG Titán, al mando de un joven de 21 años, identificado como Nahuel García, embistió al pequeño, que aparentemente cruzó la calle.

Se trata de Narela Saban, de 29 años, quien sustrajo distintas mercaderías del comercio Lai Lai, ubicado en O'Higgins 31.

El delito quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio. Por esto, Saban quedó a disposición de la Fiscalía de Flagrancia.

La mujer ya había sido aprehendida hace dos semanas por un hecho similar en el local Balbi. Por ello, no se descarta que haya más locales comerciales del micro y macrocentro afectados por hechos de similares características.

El detenido es Franco Nahuel Sánchez, acusado del delito de captación por medios tecnológicos de un menor de edad con fines sexuales (grooming).

El procedimiento hecho en las últimas horas estuvo a cargo de efectivos de la división Cibercrimen de Bahía Blanca, que arrestaron al sospechoso en su domicilio ubicado en José Hernández 760, de Dorrego.

La denuncia contra Sánchez fue radicada por una referente del colegio, a quien la joven le contó lo que había ocurrido.

La investigación está a cargo del fiscal de delitos informáticos bahiense, Rodolfo de Lucia, quien solicitó la detención del nombrado.

La medida fue autorizada por el juzgado de Garantías Nº 4, a cargo interinamente de Guillermo Mércuri.

Los hechos se habrían cometido en 2023, por medio de una cuenta de Instagram falsa, a través de la cual el imputado al parecer le envió mensajes de contenido sexual y le propuso un encuentro a la víctima, actualmente de 17 años.

En septiembre de ese año Sánchez supuestamente les pidió a dos chicas de 14 y 15 años el envío de imágenes de sus zonas genitales, a cambio de dinero.

El imputado se negó a prestar declaración indagatoria y solicitó una audiencia para relatar su versión de los hechos.

Después de la declaración testimonial de la damnificada, los investigadores pudieron establecer la identidad del detenido.

El trabajo de los agentes policiales incluyó el análisis de redes sociales y conexiones IP, además de tareas de campo.

El fiscal Mauricio del Cero, que este fin de semana subrogó al fiscal de homicidios Jorge Viego (en uso de licencia), interrogó ayer a Larraburu pero el imputado guardó silencio por recomendación de su defensor, Eduardo Zalba.

Al detenido se le atribuye el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Ahora los investigadores del caso deberán aguardar los resultados del examen al cadáver de Vega, para tener mayores precisiones sobre la causa de su muerte.

Del Cero indicó que por el momento "no está claro" si el desenlace fatal se originó por una pelea entre hinchas de Puerto Comercial y Olimpo, tal como trascendió inicialmente.

La disputa habría comenzado dentro de un pub situado en San Martín y Plunkett, de White.

"Si bien en los grupos había gente con la camiseta de Olimpo, ni el imputado ni la víctima tenían puestas camisetas de clubes de fútbol", confirmó el representante del Ministerio Público Fiscal.

El sábado a la madrugada Vega fue hallado con una herida de arma de fuego en el cuello y sin vida en inmediaciones de ese bar.

El incidente vial se produjo el pasado viernes y el pequeño -que en principio fue conducido al hospital Municipal y de ahí fue derivado entubado al centro asistencial provincial- es asistido en el área de terapia intensiva pediátrica.

La situación se produjo en la intersección de Ecuador y Nueva Provincia -entre el Parque Illia y la cancha del Club Libertad- cuando una moto CG Titán, al mando de un joven de 21 años, identificado como Nahuel García, embistió al pequeño.

"Presenta politraumatismos varios y traumatismo de cráneo, por lo que permanece con asistencia respiratoria mecánica y bajo atención y monitoreo", confirmó una fuente desde el Penna.

En el caso tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 1.

Luego del encuentro en el club, un grupo de personas fue a un pub ubicado en San Martín y Plunkett, donde en la madrugada del sábado tuvo lugar una discusión que terminó con la muerte de Santiago Vega, de 19 años, tras un ataque con arma de fuego.

Tras la agresión se produjo un intento de fuga que no llegaría lejos, ya que el Volkswagen Gol que manejaba el sospechoso chocó contra la rotonda ubicada en la intersección de la Ruta Nacional 3 y Pedro Pico. Allí la Policía detuvo a Joaquín Eleazar Larraburu, de 25 años, acusado del delito de homicidio.

"La familia está destrozada y nosotros estamos totalmente consternados, no entendemos nada", aseguró esta mañana en diálogo con LU2 el presidente de Comercial, Pablo Reynafé.

"Es un chico que estuvo jugando hasta el año pasado con nosotros, o sea, es categoría 2006, imaginate que todos tenemos relación con Santiago y con la familia. Yo voy a la cancha habitualmente cuando juega mi hijo en una categoría anterior y siempre charlamos con ellos. El papá Marcelo fue consejero nuestro del fútbol mayor, o sea, una familia ligada al club, también fue dirigente", agregó.

Visiblemente dolido, Reynafé sostuvo que "estamos hablando de un pibe bueno, una familia buena, una familia White de toda la vida, no caemos todavía de lo que pasó, no nos entra en la cabeza".

También señaló que "no hay ni consuelo ni justificación para esto. Llevarse la vida de una criatura, porque no estamos hablando de un tipo ni siquiera problemático, es muy doloroso".

Consultado sobre una posible relación del homicidio con cuestiones futbolísticas, ya que el detenido estaría identificado con la hinchada de Olimpo, Reynafé afirmó:

"No creo que tenga que ver que los agresores pertenecían a determinado club y que la cuestión deportiva se metió en el medio. Yo por lo menos no le encuentro por ese lado de relación".

Y añadió: "Por la versión que tenemos, esta gente había llegado ahí al bar y estaba molestando, ya hacía un par de horas que buscaban problemas. Bueno, nadie se había enganchado y terminó como terminó la noche, pero no le veo una vinculación así de hincha a eso. Aparte, este chico (Vega) tampoco es un pibe que tenga ni antecedentes ni nada de este tipo. Esto es un homicidio, un asesinato, una locura".

Durante la aprehensión de Larraburu se secuestró una pistola calibre .22, que será sometida a las pericias correspondientes. Personal de Policía Científica trabajó tanto en la escena del crimen como en el lugar donde se produjo la detención. La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 5.

Es que los abogados de la familia de la víctima (Martiniano Greco y Carlos Carnevale) apelaron la decisión ante la Cámara Penal y el juzgado de faltas municipal (que a su vez mantiene la clausura de tipo administrativo) decidió sostener el cierre hasta tanto el órgano judicial se expida.

Se cree que la cuestión puede ir para largo porque la querella ya aclaró en el escrito que, en caso de ordenarse un fallo en favor de la franquicia, interpondrá recursos ante el Tribunal de Casación Penal bonaerense y, de ser necesario, las Cortes de provincia y nación.

Esta situación genera incertidumbre, no solo por los miles de clientes del gimnasio y el interés comercial de sus dueños sino, especialmente, por la treintena de empleados que cumplía tareas en el lugar.

"Esta parte no pretende prolongar una clausura comercial por una finalidad punitiva ni reemplazar a la autoridad municipal. El establecimiento reconoce que no puede reanudar la actividad sin habilitación administrativa. La pretensión es estrictamente probatoria y temporal. Se limita a conservar los sectores vinculados con el hecho hasta que exista un dictamen susceptible de control y pueda definirse, con información técnica, si se requieren nuevas operaciones. 

"La medida es idónea porque evita cambios sobre la fuente. Es necesaria porque una fotografía o un plano no sustituyen necesariamente la percepción de la estructura, sus uniones y sus relaciones espaciales. Es proporcionada porque admite el ingreso de autoridades y peritos, así como tareas privadas no invasivas previamente autorizadas, documentadas y controladas. El costo temporal es acotado y depende de la presentación del informe ya ordenado. El perjuicio opuesto, en cambio, es definitivo.

"En la medida que la clausura penal sigue siendo materia de controversia judicial resulta improcedente autorizar refacciones o trabajos en las instalaciones de referencia", sostuvo la querella en el recurso que presentó.

Muerte en el gimnasio: ordenan secuestrar los celulares de los dueños

Con la apelación judicial pendiente, el juzgado de faltas dio marcha atrás con el permiso -otorgado el mes pasado, como paso previo a una eventual habilitación- para realizar las refacciones necesarias en el establecimiento, especialmente el resguardo de las paredes del entrepiso, desde donde cayó Cafasso.

"Suspender la autorización conferida el 20 de julio para efectuar tareas en el inmueble de la avenida Cabrera 3.974, hasta tanto se realicen las verificaciones pertinentes que permitan determinar la inexistencia de afectaciones al inmueble y/o al entorno comprometido", definió Faltas en el fallo.

Quiere decir que hasta tanto no quede firme la decisión de la justicia penal, el local se mantendría cerrado y no podría abrirse ni siquiera para realizar las obras de mejora en seguridad, siempre dependiendo de qué postura adopte el juzgado de faltas en cuanto al efecto suspensivo.

"Lo que no está claro es qué temperamento va a adoptar Faltas en caso de un fallo intermedio favorable al gimnasio, en el mientras tanto, sabiendo que la querella eventualmente va a apelar", explicó un informante.

El joven está imputado de doble homicidio culposo agravado por atropellar y matar a dos personas que circulaban en moto y darse a la fuga del lugar.

El hecho sucedió en abril, en Coronel Suárez, donde murieron los hermanos Mayra Melisa (31) y Jorge Damián Videla (33).

La resolución de la Sala I, integrada por los jueces Christian Yesari, Guillermo Petersen y Gustavo Barbieri, se centró en determinar si existen indicadores válidos para mantener a Pallela privado de la libertad mientras avanza la causa.

Barbieri, que votó en minoría, propuso la excarcelación del acusado al fundamentar que el delito atribuido tiene una pena máxima de 6 años de prisión, lo que técnicamente encuadra en los supuestos de libertad que prevé el Código Procesal Penal bonaerense.

Para el camarista, el principio de libertad debe regir durante todo el proceso y el hecho de que Pallela se retirara del lugar para luego volver con su padre no debe interpretarse como una voluntad de eludir la Justicia, sino como un estado de "perturbación emocional".

Sin embargo, prevaleció la postura de sus colegas Yesari y Petersen, quienes opinaron que existen "indicios concretos" de que el procesado intentaría escapar si recuperara la libertad.

El argumento más contundente de Yesari surgió del acta policial del día de la colisión entre la camioneta que conducía Pallela y la moto en la que viajaban las víctimas fatales.

Según las actuaciones, el padre del joven les manifestó a los policías que su hijo lo había llamado para que lo buscara y "le pidió que lo llevara a La Colina (donde se domicilia en el partido de General La Madrid) porque no se quería entregar, insistiéndole que lo saque del país".

El siniestro vial se registró el sábado 25 de abril pasado, en la avenida Casey s/n, a la altura del ingreso al Aeroclub suarense.

De acuerdo con la postura de dos de los tres magistrados de la Cámara, el regreso de Pallela a la escena de la tragedia no fue un "acto voluntario de sometimiento", sino la consecuencia de que la Policía interceptó el vehículo de su papá, frustrando así su intención inicial de huir.

En base a filmaciones del centro de monitoreo suarense, después del impacto el conductor giró en "U", se aproximó a las víctimas para verificar su estado y escapó, abandonando a una de ellas todavía con vida en la banquina, sin auxiliarla.

Por mayoría de votos, la Cámara rechazó la apelación presentada por el abogado defensor de Pallela, Leonardo Gómez Talamoni, y ratificó la preventiva que había dictado la jueza de Garantías Nº 4, Marisa Promé.

El fallo de la Cámara resaltó que, si bien la pena en expectativa es baja, la "gravedad del daño causado y la conducta activa para evitar la acción de la Justicia justifican la medida restrictiva" hasta la realización del juicio oral.

La defensa fundamentó su pedido de excarcelación basándose en que no existen riesgos procesales para mantener al joven tras las rejas.

Gómez Talamoni planteó que Pallela carece de antecedentes penales y tiene "fuerte arraigo" en Suárez, donde reside con su familia, lo que a su criterio disminuye cualquier posibilidad de fuga.

Para la defensa, la Justicia basó la prisión preventiva casi exclusivamente en la gravedad de la pena que podría recibir.

El abogado argumentó que la expectativa de una condena no es suficiente por sí sola para justificar una medida cautelar "extrema" como la preventiva.

Según Gómez Talamoni, su cliente no intentó eludir a la Policía, sino que actuó bajo estado de "perturbación emocional y ebriedad".

Al respecto agregó que fue el propio imputado quien llamó a su padre para informarle su paradero, lo que facilitó que ambos regresaran al lugar del hecho.

Además el defensor particular planteó que, a raíz del "avanzado" estado de la investigación, Pallela "no tiene posibilidad de entorpecer la recolección de pruebas", por lo que su libertad no pondría en riesgo el proceso judicial.

Gómez Talamoni pidió que se consideraran medidas menos gravosas que la cárcel, argumentando que los fines del proceso pueden garantizarse sin necesidad de la prisión preventiva.

Pese a estos argumentos, que fueron inicialmente acompañados por el voto del juez Barbieri (quien consideró que la escala penal del caso permitía la libertad del acusado), la mayoría del tribunal revisor terminó rechazando el planteo al considerar que el intento de huida al exterior estaba debidamente acreditado.

Lo que parecía una muerte natural, de un hombre con trastornos de salud, se convirtió en un resonante caso de investigación penal, a partir de las sospechas de la única hija del profesional, quien es odontóloga y vive en la Ciudad de Buenos Aires.

Natacha Zukerman se enteró por teléfono de la desgraciada noticia y directamente apuntó contra Claudia Alejandra Simón (54), pareja del difunto, una enfermera que conoció años antes para el cuidado de su padre.

La hija tuvo dudas porque supo que, luego del traslado a la funeraria, a su padre lo quisieron cremar, medida que no prosperó por su intervención. 

También conoció los detalles de una denuncia por amenazas que el psiquiatra había presentado contra Simón en 2023 y la existencia de un acta de matrimonio, del 17 de julio de 2024, celebrado bajo su desconocimiento.

"Ella no estaba con mi papá porque era lindo, sino por sus bienes", declaró Natacha a La Nueva. a poco del fallecimiento. 

Video del psiquiatra a su hija: "Pronto, si Dios quiere, estaré solo"

"Esta señora le daba los medicamentos, lo llevaba a hacer diálisis, también al médico. Hacía de taxi, de cocinera, de enfermera, como una cuidadora, pero no lo dejaba acercarse a su única hija y a los amigos. Él le tenía miedo, estaba como preso", agregó.

A poco más de un año del caso, la causa penal está abierta, además de una demanda civil que busca anular el contrato conyugal. 

La investigación que lleva adelante la fiscal Marina Lara, como titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 7, mantiene algunas pruebas pendientes de resolución.

"Se ha avanzado con la producción de medidas de prueba, tales como pericias médicas, declaraciones testimoniales, pericias químicas y hasta el momento no surge la participación de otra persona en la causa de muerte de Zukerman" confirmó en los últimos días una fuente allegada a la causa. 

"Los médicos que lo han atendido dieron cuenta de las múltiples enfermedades que tenía, se hacía diálisis y una médica reconoció que él muchas veces no iba por propia voluntad y que incluso ella le había advertido que corría riesgo de vida si no hacía diálisis y él, de todas maneras, no asistía", agregó el vocero.

La propia fiscal, a poco de haber iniciado la investigación, había reconocido públicamente que, al menos hasta ese momento, la denuncia de la hija "no tiene sustento científico" y que el desenlace era "esperable".

Y hoy, parece, Lara tiene la misma percepción.

"Hay una audiencia prevista con un perito médico par que aclare algunos puntos de un informe que realizó. Ese perito observó todas las pericias y la historia clínica del occiso y determinó que la muerte había sido por causas de sus múltiples enfermedades", agregó alguien que está cerca del caso

Sería una de las últimas medidas y, de no surgir imponderables, la causa caminará hacia el archivo.

"No era buena mina"

La hija del psiquiatra siempre consideró a Simón "peligrosa".

"Yo mandaba a los amigos (de su padre) a que tocaran timbre y no los atendía, los amigos me decían que la única que podía hacer algo era yo. Me decían que era peligrosa, que no era buena mina", había dicho la odontóloga.

"Mi papá, en 2023, la denunció por violenta, fue a la casa de un amigo -de eso me entero ahora porque les pedía a los amigos que no me contaran- con una camisa rota y le hizo la denuncia. Ella le decía que se iba a tirar del edificio, todo eso está registrado. También había maltrato de ella a los médicos de mi papá, a quienes les gritaba, les decía al personal de maestranza del centro de diálisis que no tocaran a su marido, porque eran las que limpiaban. Era maltrato con todos", detalló.

Según la odontóloga, los amigos de su padre describían a Simón como una persona "tóxica, muy conflictiva  y agresiva".

Sostuvo, a su vez, que la mujer de Zukerman mantuvo discusiones con el contador de su papá y con los dueños de inmobiliarias que administraban las propiedades del psiquiatra.

"Mi papá no quería que me acercara, para cuidarme. Hace un año me había bloqueado el teléfono, pero me llamaba cada tanto diciéndome que me quería dejar un testamento, todo eso lo tengo grabado porque mi teléfono graba las conversaciones, me decía que no quería que nadie se quedara con las cosas que eran de su hija y de sus nietos. Yo le preguntaba por qué me decía eso y me cortaba", relató.

Sobre la boda, Natacha aseguró que "ella estaba todo el tiempo insistente con el tema del casamiento y cuando mi papá le decía que no, se ponía más loca".

También remarcó que, luego del fallecimiento, Simón "no solo intentó cremar su cuerpo", sino que también buscó  cobrar alquileres, se negó a entregar el celular del fallecido y, al ser allanado su domicilio, dijo desconocer dónde se encontraba el teléfono.

Sin embargo -siempre según Natacha- está probado que la mujer realizó compras por la cuenta de Mercado Libre de su padre una vez fallecido.

Y que el celular funcionó por lo menos 11 días después del momento del deceso, hasta desconectarse en proximidades de General Daniel Cerri (según las constancias obrantes en la IPP 14.231/25).

La hija del psiquiatra también describió que luego del hecho Simón convocó a un cerrajero para cmabiar el acceso a su domicilio y que solicitó la atribución de un inmueble del causante invocando el derecho real de habitación.

Audiencia de conciliación en agosto

En la demanda que se tramita en el fuero en lo Civil y Comercial de nuestra ciudad, la hija del psiquiatra Zukerman busca anular el matrimonio de su padre con Simón, a fin de evitar que se llegue al "reparto" de la herencia.

Para Natacha Zukerman, la firma del acta matrimonial no es la de su padre o, en todo caso, se nota una "falta de voluntad" en la ceremonia. 

"Cuando uno se casa lo hace contento, con fotos, y esto no fue así", declaró la mujer. 

"Hay dos testigos (de la ceremonia) que son dos personas que no conozco, de sesenta y pico y setenta y pico años y con documento de extranjeros", describió la odontóloga en la presentación judicial.

La demandante, a su vez, aseguró que tanto amigos como familiares de su padre -incluido su primo y contador, Daniel Zukerman- no tuvieron conocimiento del matrimonio. 

"En los dos últimos años de vida de mi padre, sus allegados fueron sistemáticamente apartados de su vida diaria", afirmó. 

Natacha también remarcó que su padre había presentado varias denuncias por amenazas, hostigamiento y coacciones ejercidas por Simón y que las mismas demuestran que "el consentimiento de mi padre para contraer matrimonio no fue libre, sino que se vio afectado por la intimidación".

En el marco de la causa de tipo civil, el juez Néstor Javier Carlos fijó una audiencia para el próximo jueves 27 de agosto próximo. 

En la misma se intentará llegar a una conciliación entre las partes. De no lograrla, se avanzará con el proceso y la producción de pruebas.

Se trata del recurso formalizado por el abogado Agustín Robbio, quien asesora a los dueños de la franquicia que administraba las instalaciones ubicadas en la avenida Cabrera al 4.100, donde a principios de junio falleció el cliente Juan Roberto Cafasso (68), al caer desde un entrepiso.

Robbio fue crítico con la decisión de la fiscalía, habilitada por el juez Guillermo Mércuri, de incautar (mediante presentación judicial y/o allanamiento) los teléfonos o tablets de los propietarios del comercio.

En el escrito consideraba que todo fue "un show innecesario" y que "no había razones" para la medida, "carente de motivación", porque ni siquiera existe imputación y, por otro lado, que "pasó un mes y medio del hecho y no había urgencia", teniendo en cuenta que la orden se dio en medio de las vacaciones de invierno.

"Sin perjuicio de ello nos hemos presentado a estar a derecho denunciando sus domicilios y estos letrados hemos asumido su representación", dijo.

Robbio también explicó que algunos de los dueños están de receso y otros, como Germán y Gastón Decker, son empresarios y viajan periódicamente a Buenos Aires por temas comerciales, con lo cual pueden no estar presentes en la ciudad.

​​​​​Muerte en el gimnasio: por qué la querella podría ir por el dolo eventual

Con el secuestro de los teléfonos, el fiscal Cristian Aguilar -a pedido de la querella, encabezada por los abogados Martiniano Greco y Carlos Carnevale- busca determinar si los dueños y/o encargados del gimnasio intercambiaron mensajes previamente por los riesgos que existían en el lugar, ya que el entrepiso -que no estaba autorizado- carecía de paredes.

El rastreo abarcará WhatsApp, Telegram, Signal, SMS, iMessage, correos electrónicos, registro de llamadas, contactos, grupos, archivos adjuntos, fotos, videos, documentos PDF, planos, informes, notas y calendarios, entre otros servicios y aplicaciones.

Se buscará determinar si, antes del hecho, existieron diálogos sobre los peligros del entrepiso montado, que tenía banners que simulaban paredes, pero no tenían ningún tipo de contención.

Uno de ellos es Alberto Martín del Valle (56), imputado de haber violado y embarazado a su hijastra menor de edad en la ciudad cabecera de aquel partido, quien desde hace 14 años está prófugo de la justicia.

A Del Valle se le atribuyen los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado y tentativa de aborto, cometidos presuntamente entre marzo y octubre de 2009 en la localidad de Puan.

En 2012 la justicia de Garantías bahiense ordenó la detención del violador, por pedido de la fiscal de la causa, Leila Scavarda.

Del Valle también enfrenta cargos por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar y uso de documento falso o adulterado.

Su último domicilio conocido se registró en Libre del Sur 1639 de Mar de Ajó, en el partido de La Costa.

El otro prófugo es Federico Alejo Kemmler Davyt (29), que en agosto de 2021 fue declarado autor penalmente responsable de abuso sexual con acceso carnal y condenado a 6 años y medio de prisión.

A raíz de que llegó en libertad al juicio, a cargo del Tribunal en lo Criminal Nº 3 de Bahía Blanca que emitió la orden de captura, recién se solicitó su detención el 22 de noviembre de 2024, cuando el fallo adquirió firmeza.

Sin embargo, Kemmler Davyt no pudo ser hallado en su vivienda ni en los lugares que frecuentaba y el 18 de febrero del año pasado se ordenó formalmente su detención.

El joven, de nacionalidad argentina, registra su último domicilio conocido en Moreno 23, de esta ciudad.

La causa es investigada por el fiscal de delitos sexuales bahiense, Marcelo Romero Jardín.

La violación se cometió el 23 de diciembre de 2018, en un domicilio ubicado en Gabino Prieto y Tres Lomas, de Villa Iris, donde un grupo de excompañeros de la escuela se reencontró para compartir un asado.

En esas circunstancias Kemmler Davyt habría abusado de una mujer aparentemente ebria, a quien le provocó lesiones en las zonas abdominal, lumbar y piernas, además de escoriaciones y equimosis en sus partes íntimas.

La cartera provincial a cargo de Javier Alonso ofrece entre 5 y 10 millones de pesos por "información fehaciente que permita la localización y detención" de los abusadores, garantizando "estricta reserva de identidad" para los informantes.

Así se indicó en el boletín informativo del ministerio de Seguridad publicado este martes.

Quienes posean datos sobre el paradero de los nombrados pueden presentarse en la ayudantía fiscal puanense, situada en Hipólito Yrigoyen 698 de aquella localidad; comunicarse al (02923) 488667; o enviar un mail a ayudantiafiscalpuan@mpba.gov.ar

También pueden concurrir a la Dirección provincial de registro de personas desaparecidas (calle 2, entre 51 y 53, oficina 118, en La Plata), así como están habilitados el número (0221) 4293015 y el correo electrónico profugos@mseg.gba.gov.ar

Los informantes además pueden contactarse con la línea de emergencias 911.

Se trata de Rubén Trobiani, de 36 años, quien fue imputado por el delito de robo agravado por escalamiento.

La captura se dio a partir de distintas tareas de campo e inteligencia llevadas a cabo por personal del Gabinete Técnico Operativo, luego del análisis de las cámaras del Centro Único de Monitoreo. Así se logró identificar el automóvil utilizado por los autores para darse a la fuga.

Con los elementos probatorios recabados, el Juzgado de Garantías N° 1 ordenó la ejecución de múltiples allanamientos. Uno de ellos se desarrolló en Güemes al 2.900, con resultado negativo, mientras que el siguiente, en Córdoba al 100, fue exitoso.

En ese lugar se procedió al secuestro de un Volkswagen Vento implicado en la fuga, además de herramientas de corte, guantes, prendas de vestir presumiblemente utilizadas al momento de cometer el ilícito, y tres teléfonos celulares de interés para la causa.

La investigación comenzó el pasado lunes, a raíz de la denuncia del propietario del comercio: tras ser alertado por el sistema de seguridad privada, el damnificado constató que algunos delincuentes habían realizado boquetes en el techo del local, logrando sustraer dos cajas fuertes. Una de ellas fue hallada luego, forzada y sin dinero, en una propiedad lindante. En la escena del crimen, los delincuentes abandonaron una mochila y un handy.

Los operativos fueron desplegados por el personal de la Comisaría Séptima, con el apoyo táctico y logístico de la Comisaría Segunda, la Unidad de Policía de Prevención Local y el Grupo de Apoyo Departamental.

Dos delincuentes que se movilizaban en una moto, con la cual chocaron a las pocas cuadras, en la fuga, escaparon a pie y son buscados.

Todo se originó poco después de las 21 en Esquiú al 1.100.

Se cree que los ladrones, que circulaban en una moto negra de 150cc., tenían el dato de la llegada de un camión repartidor de huevos, procedente de Mar del Plata, que no solo distribuye periódicamente en Bahía sino también en Punta Alta.

Si bien el transporte no había arribado, los asaltantes irrumpieron contra una camioneta Volkswagen Amarok a cargo del hijo del granjero mayorista.

Este hombre, Pablo Rizzo (49), logró buscar refugio junto con otras personas que estaban en la calle porque los desconocidos venían a los tiros.

Después de efectuar no menos de 10 disparos (comentado por vecinos), rompieron la ventanilla de la camioneta y se llevaron un bolso que, a decir de Rizzo, solo tenía ropa y medicamentos.

En la rápida huida, los delincuentes chocaron un Renault Megane en Nicolás Pirez y Terrada.

Abandonaron la.moto, un revólver 32 y escaparon a pie.

Ahora las comisarías Quinta y Séptima analizan cámaras y testimonios para dar con los autores del delito.

El allanamiento estuvo a cargo de personal de Prefectura Naval Argentina, en el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes.

El procedimiento se realizó en Faro Recalada al 1.365, por orden de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 19, a cargo del fiscal Mauricio Del Cero.

Según se informó, además de la droga, se incautaron una balanza de precisión y teléfonos celulares, que serán sometidos a las correspondientes pericias. La pesquisa se encontraba en curso desde hacía aproximadamente un mes.

Asimismo, se indicó que una persona vinculada a este hecho permanece prófuga, por lo que las tareas investigativas continúan con el objetivo de determinar su paradero y establecer las responsabilidades correspondientes.

Se los capturó en medio de cuatro allanamientos que ordenó el juez de Garantías Guillermo Mércuri, por pedido del fiscal Mauricio Del Cero.

Los operativos tuvieron lugar en Cramer al 300, Rufino Rojas al 2.000, Mascarello al 200 y Cacique Venancio al 500.

La causa inició por la presunta infracción a la ley 23.737 de parte de Walter Uboldi, quien fuera detenido en mayo pasado, durante un allanamiento en Cramer al 300.

En los días previos a esa fecha, según se supo, Uboldi había tenido una confrontación con su hermano Emiliano, quien se encontraba bajo arresto domiciliario por tener cocaína para la comercialización.

Al realizar allanamientos en ese momento, se arrestó a distintas personas, entre ellas Miranda y Vargas.

Cuando los peritos analizaron el contenido de los teléfonos, surgieron de ambos conversaciones y mensajes claramente identificados con la venta de drogas (aludían a peso, precios, cantidad y calidad del material).

Ambos detenidos serán indagados en las próximas horas por el fiscal Del Cero.

Se trata de María José Dupak, quien fue arrestada el pasado jueves 16, por efectivos de la DDI bahiense, en la zona de Azara al 1.900, en el barrio Miramar.

Tras su detención, los efectivos allanaron su vivienda, en Monteagudo al 600 del barrio San Martín, donde secuestraron elementos de corte y fraccionamiento, cocaína, marihuana y teléfonos celulares.

La imputada era investigada desde el 7 de febrero de 2025, cuando operadores del Centro Único de Monitoreo (CeUM) advirtieron movimientos de “pasamanos” (entrega de droga a cambio de dinero) en la primera cuadra de la calle Montevideo.

De inmediato dieron aviso a los efectivos del Comando de Patrullas, que interceptaron a Dupak y secuestraron en su poder marihuana y un teléfono.

“Del análisis del dispositivo surge la conversación mantenida previamente con el comprador, así como otras ventas -de marihuana y cocaína- acreditadas con las constancias de las transferencias”, señalaron fuentes judiciales.

Mencionaron que Dupak se encuentra acusada de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y comercialización de sustancias entre el 7 de noviembre de 2024 y el momento de su captura. 

Al momento de declarar en la fiscalía, la mujer dijo que era inocente y “negó la tenencia de la cocaína”.

Dupak cuenta con antecedentes por el mismo delito: el 27 de septiembre de 2022 había sido condenada por el Tribunal en lo Criminal Nº 1 a 4 años de prisión.