Desde el Ministerio Público informaron que a pedido del fiscal Mauricio Del Cero, a cargo de la UFIJ N° 19, el Juzgado de Garantías N° 3 autorizó el arresto de Mariela Agunín.

El procedimiento fue llevado adelante una vivienda de calle Francisco De Salvo al 4.000, de Villa Belgrano.

Los voceros señalaron que la causa se inició el 9 de enero de 2025, cuando personal de la Policía Local que realizaba patrullaje a pie en la plaza "observó a una mujer que le entregaba un envoltorio a otra, sobre la intersección de las calles Chiclana y Alsina".

De esa manera, procedieron a interceptarlas y lograron determinar que el elemento contenía marihuana, por lo que se decidió secuestrar los teléfonos celulares de ambos personas.

Mencionaron que con el aporte de las cámaras de seguridad del Centro Único de Monitoreo (CeUM) se pudo comprobar la situación detectada por los uniformados, donde ser observa en forma clara la entrega de droga por parte de Agunín a la compradora.

"Del análisis de la telefonía celular, se comprobó que la investigada había recibido -por intermedio de transferencia bancaria- la suma de 35.000 pesos a cambio del envoltorio con marihuana. Además, se detectaron otras operaciones similares de venta con fechas anteriores".

La mujer será indagada mañana por el delito de comercialización de estupefacientes agravada por ser cometida en un lugar de esparcimiento público, que prevé una pena en expectativa que oscila entre los 6 y 20 años de prisión.

La medida se dispuso tras un allanamiento ordenado por el Juzgado de Garantías Nº 3, a pedido de la UFIJ Nº 20, a cargo del fiscal Rodolfo De Lucia.

Tuvo lugar en una vivienda de Manzanas de las Luces al 800 y el operativo estuvo a cargo de personal de Ciberdelitos Región Interior Sur.

Se cree que desde ese teléfono un adulto contactó a un joven de 14 años, el pasado 9 de noviembre, con la cual mantuvo una conversación de índole sexual, según la denuncia que formuló el padre de la adolescente.

La Justicia, a su vez, dispuso la prohibición de acercamiento y todo tipo de contacto del dueño del celular hacia su hijo.

Se investiga el delito de captación por medios tecnológicos de un menor de edad con fines sexuales.

Según la causa, investigada por la UFIJ Nº 14, a cargo del fiscal Marcelo Romero Jardín, la agresión se dio el 30 de mayo de 2020, en Corrientes al 300 de nuestra ciudad, cuando el hombre tomó a la mujer de sus prendas de vestir y la lanzó contra una escalera de madera, causándole la fractura de un hueso del brazo.

Además, el 27 de julio del mismo año, en la zona de Amundsen y Corrientes, el acusado golpeó a la víctima en la cabeza y en el rostro, lo que le ocasionó escoriaciones, hematomas, fisura del hueso de la nariz y un importante hematoma con elevación de la capa externa del cráneo.

El juez Julián Saldías computó como agravante el aprovechamiento del imputado de su superioridad física en relación a la damnificada, a quien tomó de su ropa y lanzó por el aire.

“En el caso, la situación de vulnerabilidad se enmarca en el ámbito de protección específica que deriva por su condición de mujer, que convivía con el imputado y fue víctima de diversas violencias. Estas circunstancias fueron plenamente probadas a partir del testimonio de la víctima, amigas y familiares, quienes dieron cuentan de las situaciones de control, violencias físicas y psicológicas sufridas por la damnificada”, detalla en el fallo.

El imputado -a quien no se identificó para preservar a la víctima- fue condenado como autor penalmente responsable de los delitos de lesiones y lesiones leves, ambas agravadas por mediar violencia de género y por haber mantenido el imputado con la víctima una relación de pareja, en concurso real de delitos.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguna víctima, llamá al 144: es gratis y atiende las 24 horas.

El fallo fue resuelto en un debate abreviado por el juez del Tribunal en lo Criminal Nº 1, Ricardo Gutiérrez, quien halló culpable a Sonia Paola Alvarado (45) del delito de "suministro de estupefacientes a título gratuito, agravado por darse en perjuicio de un menor de edad y con la intención de servirse de éste".

Voceros judiciales indicaron que la mujer había sido beneficiada con un arresto domiciliario, pero en enero pasado se constató un incumplimiento y la justicia revocó la medida, ordenando su traslado a la Unidad Penal Nª 52 de Azul.

El caso comenzó a ser investigado por el fiscal Mauricio Del Cero a partir de la denuncia presentada por la madre del adolescente.

Para el magistrado quedó probado que entre enero y octubre del 2024, en su domicilio ubicado en el sector de calle Río Negro al 500, de la localidad de Stroeder, Alvarado le suministró marihuana al menor, introduciéndolo en el consumo de dicha sustancia.

Determinó que esa situación se repetía los fines de semana y que además le proporcionó 37.6 gramos de la sustancia fraccionada en dos frascos, uno para su consumo y otro para que el joven lo vendiera.

El chico declaró en la causa y mencionó que le contó a su hermano que la procesada "le ofrecía marihuana y pretendía que llevará más gente a la casa con intenciones de vender, exhibiéndole el frasco que le había regalado y el que le había facilitado para vender".

En noviembre de 2024 la policía allanó la casa de la imputada, donde secuestró un mueble para cultivar marihuana o indoor y restos de esa sustancia, entre otros elementos.

Al declarar la mujer dijo que la droga no era de su propiedad y que pertenecía a una expareja.

"Nunca consumí. De todo lo que dicen, nada es cierto", señaló.

El juez señaló que sus dichos no encuentran respaldo en las pruebas incorporadas a la causa.

Finalmente agregó que en su domicilio "se procedió a secuestrar marihuana y elementos para el fraccionamiento y acondicionamiento de dicha sustancia, lo cual le resta todo poder de descargo a sus manifestaciones".

Se trata de un empleado del área de Recaudación comunal que está acusado de realizar, antes de abril de 2022, la carga de 19 exenciones del pago de impuesto automotor (por motivos de falsa discapacidad), siendo el único habilitado por la comuna para acceder al sistema.

Tiempo atrás, la jueza de Garantías Marisa Promé rechazó el sobreseimiento del empleado infiel y los abogados del acusado, Ariel Zara y Juan S. González, apelaron ante la Cámara Penal, pero se rechazó el recurso.

De esta manera, Luciano Caramelli deberá llegar a juicio por el citado delito, que públicamente se conoció a través de la columna Entre tasas y café, de este diario.

Los defensores particulares alegaban "errónea y arbitraria" valoración de las maniobras engañosas desplegadas por el imputado y que el perjuicio se debe atribuir a la "negligencia y falta de idoneidad" del propio municipio, por contar con un sistema de control "ineficiente e inseguro".

Anulan las salidas laborales del condenado Marcelo Caramelli

Los jueces Christian Alberto Yesari y Gustavo Angel Barbieri, de la Sala I de la Cámara, consideraron "típicas las maniobras endilgadas" para avanzar a la siguiente etapa del proceso.

"La habilidad (o no) del sistema informático SIGeMI provisto por la firma JOTAFÍ S.A., y utilizado por el municipio para administrar su gestión, en modo alguno conmueve el origen del perjuicio generado a la administración pública por la suma de 666.157 pesos y que fuera constatado mediante las auditorías llevadas a cabo en su ocasión", remarcó la Cámara

"La carga de datos apócrifos, por parte de quien poseía una relación de dependencia laboral con la entidad perjudicada y, por tanto, la obligación de actuar en forma leal y veraz para con su empleador que le había confiado la gestión y carga de datos sensibles, resulta una evidente maniobra de engaño que indujo a error a la administración pública municipal", agregó.

El artículo 172 del Código Penal prevé prisión de un mes a 6 años a quien "defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño".

La captura se dio en Donado al 100, minutos antes de las 13.

El procedimiento se concretó cuando los efectivos interceptaron a Nazareno Maidana, quien tenía en su poder prendas de vestir con etiquetas.

Tras las averiguaciones correspondientes, se estableció que dichos elementos habían sido sustraídos momentos antes de dos comercios céntricos.

El joven fue trasladado a la Comisaría Primera, donde se iniciaron las actuaciones de rigor con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 15.

Asimismo, se está intentando determinar su posible vinculación con la sustracción de un teléfono celular ocurrida el día anterior en la misma zona céntrica.

En la ciudad cabecera se registraron 90 milímetros en pocos minutos y, para las 22, el acumulado ya superaba los 100mm.

Según se explicó, en algunos sectores del ejido urbano, el agua alcanzó niveles considerables, tapando incluso gran parte de vehículos que se encontraban estacionados.

Hasta la medianoche del martes, toda la región se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas, de acuerdo a lo informado desde el Servicio Meteorológico Nacional.

Por otro lado, se explicó que los Bomberos Voluntarios suarenses debieron llevar a cabo algunas salidas, por personas que habían quedado atrapadas dentro de vehículos en la vía pública y también por canaletas tapadas que provocaban que el agua ingresase dentro de los hogares. (con información de Noticias Tornquist y La Nueva Radio Suárez)

El juez de Garantías N° 3, Alberto Manzi, dispuso la captura de Claudio Montiel por los delitos de coacción agravada, daño y violación de domicilio, todo en concurso real (con lo cual el máximo superaría los 8 años de prisión).

Al mediodía, durante el acto de indagatoria, a cargo de la fiscal Marina Lara, el imputado se negó a declarar. 

La Justicia por ahora descarta el pedido de la fiscal Lara para agravar el cuadro con la figura de privación ilegal de la libertad, pero la fiscalía va a insistir con ello, según dijo Fernández.

"Nosotros entendemos que se afectó la libertad de movimientos de las personas, cuando a una persona se le restringe o se le impone una forma de movilizarse, allí hay una privación de la libertad. No significa que solamente puede estar encerrada en un lugar. Afecta la posibilidad de decidir sobre esos movimientos. Y agravada porque se lo hizo mediante el uso de amenazas", explicó.

Más allá de Montiel (a quien se observa en los videos como el más reaccionario, con un cono naranja en su mano), el juez rechazó por el momento las detenciones (al aceptar eximiciones de prisión) en favor de los máximos dirigentes de la AEC, Raúl Oviedo y Alejandro Olea, secretario general y gremial respectivamente, quienes igualmente están imputados en la causa.

"Existe la posibilidad de que haya más imputados, hay que ver el devenir de la investigación", aclaró el jefe de los fiscales.

Finalmente, sobre la denuncia del gremio, acerca de que desde el interior del Shopping recibieron frases agraviantes e insultos, Fernández respondió: "Entiendo que esa situación eventualmente pudo haber existido, no está acreditado, pero bajo ningún punto de vista algún insulto por parte de alguien de adentro amerita lo que se hizo. Es claro de dónde vino la provocación y cómo se generaron los hechos".

El abogado Sebastián Mazza, esposo de una de las víctimas fatales del siniestro ocurrido hace algo más de dos años en el club Bahiense del Norte, que dejó como saldo 13 fallecidos y decenas de heridos, consideró que resultan graves los delitos de presunto encubrimiento y falso testimonio que forman parte de una causa que se desprendió de la investigación principal.

Como se informara, en la víspera, por pedido de la fiscal Marina Lara y autorizados por la Justicia de Garantías, se llevaron adelante una serie de siete allanamientos en los que se incautaron teléfonos celulares que serán peritados.

"Nos tomaron por sorpresa (los operativos). No sabemos qué es lo que se ha obtenido, porque eso seguramente llevará tiempo. Lo que sí puedo decir es que esta es una causa realmente grave, por cuanto se origina a raíz de una denuncia realizada por el propio fiscal (Cristian) Aguilar, que investiga la causa inicial del estrago ocurrido el 16 de diciembre de 2023", indicó el letrado, quien se presentó como particular damnificado en ambas causas.

En declaraciones al programa Panorama de LU2, Mazza sostuvo también que "cuando avanzaba la investigación (principal) surgieron elementos realmente complejos que hicieron que la causa cambie 180º".

Mencionó que en ese momento se detectó "el hecho de que los dirigentes del club, entre otras cuestiones, y vinculándose con gente con la que no debieron tener contacto previo, porque uno de ellos estaba actuando como perito ad hoc designado por la fiscalía, habrían realizado una serie de maniobras para tratar de evitar que se llegue a la verdad o encubrir eventualmente a los responsables".

"A criterio nuestro esta causa es aún más grave, porque se trata de actividades y conductas de carácter doloso, es decir, intencionales".

Más adelante describió que "un informe preliminar realizado por tres ingenieros designados por el Ministerio Público dos días después del hecho es lapidario y terminante en cuanto a que esa pared no reunía ninguno de los requisitos de seguridad, sin columnas, sin vigas y sin estar vinculado al techo, entre otras cosas. Sospechosamente, casi dos meses después se trata de generar otro informe donde empiezan algunas relativizaciones respecto del viento y cosas que no estaban contempladas en un inicio".

Sospechan que dirigentes quisieron influir en la investigación judicial

Sobre la actuación de los investigados, refirió que "más allá de que creo cada uno de los sospechosos tendría una actuación particular, de esos audios surge que hay una persona muy proactiva, muy inteligente y muy fría. El 20 de diciembre estábamos velando a las víctimas y ese día ese individuo desplegó una batería de actividades para tratar de evitar las responsabilidades que él mismo reconoce en un audio. A las 48 horas de este desastre, esta persona ya tenía la certeza de que tenían un problema penal".

"Esto me soprendió malamente, por la maquinación maquiavélica que llevaron o pretendieron llevar adelante para servirle todo podrido al fiscal y que no pudiera investigar".

Finalmente, consideró que "sospechosamente el club sigue abierto. No entiendo cómo no está clausurado. Hay una pericia que 8 meses después dice que hay una pared espejo que tiene las mismas deficiencias estructurales. ¿Qué más falta? ¿Otros muertos?".

La información fue confirmada desde el Juzgado de Faltas Nº 2, a cargo de la jueza Soledad Monardez, que tiene a su cargo el expediente iniciado en la Navidad de 2022, cuando Ferrández todavía no era miembro del Concejo Deliberante.

"Se presentó a última hora de ayer en el juzgado y entregó la licencia", dijo un vocero del área municipal de Faltas.

Hace unos días, tal como adelantara La Nueva., la Sala I de la Cámara Penal rechazó un recurso extraordinario de la defensa de Ferrnández para evitar la multa (abonada previamente) y la inhabilitación a 6 meses para conducir por presunción de alcoholemia positiva.

Ese mismo cuerpo judicial ya había desestimado una apelación del abogado -Francisco Cantalejos- contra la sanción que le había impuesto la jueza Correccional María Laura Pinto.

El procedimiento que terminó con la infracción a Ferrández se produjo el 25 de diciembre de 2022 (tres años antes de que asumiera como concejal), en la calle Hugo Acuña y Casanova, cerca del Paso Vanoli.

Fue cuando el hombre conducía una Renault Kangoo, patente AC393BU, y se negó a ser sometido al control del alcoholímetro, conducta que, según el artículo 73 de la Ley de Tránsito 24.449, constituye una falta (presunción positiva).

Además, algunas versiones conocidas en ese entonces aludían a que directamente había abandonado el vehículo en el lugar y se había retirado. 

La mayoría de los operativos se llevaron a cabo en la zona céntrica de la ciudad, aunque uno de ellos se desarrolló en el barrio privado Bosque Alto.

En todos ellos se secuestraron teléfonos.

Los allanamientos están vinculados principalmente con la actuación del perito Enrique Gil, para determinar si incurrió en un delito de falso testimonio o encubrimiento respecto de las deficiencias edilicias donde se dieron las muertes.
 

Qué pasó

La causa que investiga la tragedia del club Bahiense del Norte había dado un vuelco inesperado a principios de año: lo que había comenzado como una investigación por las deficiencias edilicias del club, se ramificó en un presunto entramado de falso testimonio y encubrimiento que involucra a directivos y un perito oficial.

La clave surgió el pasado 29 de diciembre, durante el peritaje del celular del presidente de la institución, Leandro Ginóbili, imputado en la causa: surgieron audios que dieron motivos suficientes a la Justicia para formar una nueva causa por potencial delito de encubrimiento y falso testimonio.

Según explicó el abogado patrocinante de las familias víctimas de la tragedia, Jorge Otharán, apenas ocurrida la tragedia el club ya gestionaba reuniones con un perito oficial para "minimizar las consecuencias de su dictamen".

En ese momento, la Justicia ya apuntaba directamente contra cuatro figuras clave: Enrique Gil, perito oficial; Leandro Ginóbili; Darío Faure, vinculado a la mencionada institución, y Horacio Varela, ingeniero y excandidato a intendente de Bahía Blanca, quien luego actuó como perito de parte del club.

Maniobra técnica

En enero, Otharán recordó que el primer informe preliminar, realizado a los dos días del desastre, era "lapidario": el muro no tenía vigas, columnas ni encadenados. Sin embargo, tras los contactos denunciados, apareció un informe definitivo en febrero de 2024 con un matiz, a su entender, sospechoso.

"La segunda pericia dice que tenía desperfectos técnicos, pero que era imposible aseverar que si hubiera estado bien construida no se hubiera caído. Ahí es donde incluyen la palabra 'pero' que surge de los audios para darle al fiscal herramientas para una decisión diferente", señaló el abogado.

No obstante, destacó que un peritaje posterior de la Suprema Corte de la Provincia ratificó la negligencia original: el muro cayó porque estaba mal construido, mientras que los sectores que sí tenían estructura técnica permanecieron en pie.

Se trata del pediatra Jonathan Vázquez y la cirujana Solange Calvo, quienes -según la UFIJ Nº 1, a cargo del fiscal Cristian Aguilar- no habrían tratado debidamente al pequeño paciente, quien falleció en el hospital Pedro Ecay de Patagones. 

El Juzgado en lo Correccional Nº 4 estará a cargo del debate o de alguna medida alternativa, en caso de que las partes en pugna se pongan de acuerdo. Les imputan el delito de homicidio culposo.

El hecho se produjo entre el 28 de febrero de 2021 y el 1 de marzo siguiente, cuando ambos profesionales -según la fiscalía- violaron los deberes de cuidado que tenían a su cargo en su rol de médicos tratantes del niño, quien fue derivado el 27 de febrero desde el hospital Arancibia de Villalonga, por una leucocitosis a predominio segmentados con PCR aumentada y diagnóstico de abdomen agudo inflamatorio (apendicitis aguda).

Vázquez, a las16.30 del 28 de febrero, ante la existencia de un nuevo síntoma en el paciente, más precisamente “íleo parcial”, no solicitó la pronta valoración clínica por un especialista en cirugía; ni ordenó -ante la eventual espera de un cirujano- la realización de una tomografía computada de abdomen (ya que existía una ecografía de abdomen normal anterior).

También le imputan haber omitido la realización de un seguimiento clínico estrecho del cuadro sintomático, a fin de valorar la eventual progresión de síntomas abdominales que motivaran una conducta quirúrgica de urgencia.

Calvo, por su parte, a las 2 del 1 de marzo, ante un paciente que se encontraba en shock, probablemente de inicio hipovolémico con probable componente séptico que implicaba una conducta urgente de tratamiento médico y quirúrgico, ordenó el traslado del paciente hasta un centro médico ubicado en la ciudad de Viedma, a los fines de practicar un estudio de imágenes, en lugar de ejecutar y/u ordenar una conducta quirúrgica urgente.

Producto de estas conductas, siempre según la acusación, Vázquez y Calvo permitieron el agravamiento del estado de salud del niño, al no adoptar medidas tendientes a concretar los cuidados y tratamientos médicos adecuados para evitar la evolución negativa del cuadro de salud del niño, que provocó su fallecimiento como consecuencia de una perforación intestinal y peritonitis generalizada que le produjo un estado de shock.

El trabajador infiel aparentemente revendía la mercadería mal habida en un showroom bajo la titularidad de otra persona.

Este es uno de los dos inmuebles que se allanaron, ubicado en un edificio de Córdoba 690, y el otro procedimiento se realizó en Entre Ríos 1847.

El denunciado es Gastón Bertellys, con 20 años de antigüedad en el empleo, quien estaba encargado de la distribución de bienes de la firma Pinar S.A.

Los dueños de la empresa no pueden determinar cuándo comenzó a cometerse el hurto de artículos mediante la modalidad hormiga.

Por medio del perfil de Instagram "Para ellas", el denunciado ofrecía a la venta los productos pertenecientes a la sociedad anónima mencionada, que cuenta con 11 locales comerciales.

Hace dos semanas las víctimas detectaron la existencia de esa cuenta en la red social.

"Pudimos identificar dicha mercadería como propia debido a que conserva nuestras etiquetas originales. En paralelo, realizamos un relevamiento interno sobre el circuito de mercadería", se señala en la denuncia penal.

"El procedimiento habitual de la empresa consiste en: ingreso de mercadería al depósito con su correspondiente factura del proveedor, control de stock y posterior distribución a los locales, tarea que realiza diariamente el señor Bertellys", agrega.

"A raíz de esta investigación también detectamos muchas transferencias de mercadería de los locales a depósito. El único motivo por el cual un local tiene que transferir a depósito es por algún producto fallado, que después se devuelve a la fábrica con nota de crédito", continúa la denunciante.

Los damnificados sospechan de al menos un trabajador más, quien supuestamente retiraba la mercadería del depósito de la compañía "sin dejar rastros" y en presunta connivencia con Bertellys.

Esos artículos tenían como destino el showroom registrado el sábado por efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) local.

El botín asciende a unos 800 pares de zapatos y zapatillas, carteras y otros productos de marroquinería valuados entre 25 y 30 millones de pesos, según consta en la denuncia radicada por Agustina Lemos.

El juez de Garantías Nº 3, Alberto Manzi, ordenó los operativos por pedido de la fiscal Marina Lara, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 7.

Hasta ahora Bertellys está en libertad.

El abogado Sebastián Cuevas patrocina a la familia Lemos, que se presentó en la causa como particular damnificado.

El primero de los operativos terminó con el arresto de Danilo Saavedra San Román y Lautaro Federizzi, quienes en principio -y siempre según el parte policial- esquivaron un control de tránsito cuando iban en moto e intentaron escapar.

En la casa de San Román, en Paso y Bustamante, incautaron 190 gramos de marihuana, un celular Motorola que será analizado, recortes de nylon para fraccionamiento y elementos de corte. 

El otro allanamiento tuvo lugar en la primera cuadra de la avenida Victor H. Barrera, donde vive Federizzi, donde incautaron un plato con restos de cocaína y también elementos de corte y fraccionamiento para esa sustancia.

En definitiva, ambos ciudadanos quedaron imputados por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, quienes serán indagados en las próximas horas y puestos a disposición de la Justicia.

En la ruta 75

El otro operativo se originó en la ruta provincial 75 y el acceso a De La Garma, cuando la Policía aprehendió a dos jóvenes.

Todo sucedió cuando ambos iban en bicicleta por la banquina, hacia donde se encontraba una camioneta Ford F-100 -propiedad de uno de ellos- que había sufrido un desperfecto mecánico.

Se constató que dicho joven carecía de la documentación del vehículo, mientras que en la requisa les secuestraron dos gramos de cocaína y 2,5 gramos de marihuana. A ambos les secuestraron los celulares.

La decisión replica una modalidad utilizada en muchas causas del fuero federal, donde los bienes incautados son puestos a disposición del Estado.

El fiscal Mauricio Del Cero planteó en el acuerdo de juicio abreviado que los objetos hallados durante el procedimiento que derivó en la detención de Tiziano Cuadrado, registrada a mediados del año pasado, se “asignen a la persecución de infracciones a la ley 23.737”.

El pedido fue aceptado por el abogado defensor Ignacio Yazyi y también por el procesado.

En esas circunstancias, en los últimos días el juez del Tribunal en lo Criminal Nº 1, Hugo Adrián De Rosa, sentenció a Cuadrado a la pena de 6 años de cárcel y avaló la solicitud del Ministerio Público.

Destino

En la resolución, tal como se acordara, se estableció que una balanza de precisión y un vehículo Fiat Uno serán asignados a la Dirección de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires 

De la misma forma, se determinó que la totalidad del dinero incautado en los procedimientos sea entregado al Ministerio Público Fiscal.

Para ello la Procuración creó una cuenta donde son derivados los fondos secuestrados para ser “afectados exclusivamente a la provisión de insumos de laboratorio, material para pericias o cualquier insumo, dispositivo, herramienta, tecnología y/o cualquier gasto necesario para llevar adelante de forma eficiente las investigaciones” en causas penales por aplicación de la ley de drogas.

En la ruta

Cuadrado fue arrestado el 28 de julio del año pasado, poco antes de mediodía, durante un operativo de la Policía Vial en el kilómetro 678 de la ruta 3 vieja.

El sujeto se movilizaba a bordo de un Fiat Uno cuando fue interceptado por los uniformados, quienes advirtieron la empuñadura de un arma de fuego entre los asientos delanteros.

De inmediato convocaron a testigos y registraron el rodado, secuestrando un revólver marca Magnum calibre 357 y cuatro proyectiles.

De la misma forma, incautaron envoltorios de nylon que contenían en total 392 gramos de cocaína y otro con 1,4 gramos de la sustancia denominada “Tusi” (cocaína rosa).

También hallaron una balanza digital y algo más de 300 mil pesos.

Poco después del procedimiento, y a pedido de la Fiscalía, los efectivos allanaron la vivienda del imputado, en la avenida La Plata al 800, donde secuestraron una pequeña cantidad de cocaína, unos 44 gramos de marihuana, dos celulares y 11 mil pesos.

Sin dudas

“No albergo dudas en cuanto a que la sustancia estupefaciente secuestrada se encontraba destinada a su comercialización”, indicó De Rosa en el fallo.

Agregó que “corresponde ponderar la cantidad, variedad y modalidad de fraccionamiento en que fue hallada la sustancia ilícita, extremos que, analizados en conjunto, permiten razonablemente descartar su destino para consumo personal e inclinan la conclusión hacia su finalidad de tráfico”.

El juez consideró que esa opinión también encuentra sustento en el hallazgo en el interior del Fiat Uno de la balanza y el dinero.

“Durante el allanamiento practicado en el domicilio del imputado se procedió al secuestro de un trozo de nylon con faltantes circulares, lo que permite inferir que los envoltorios utilizados para el fraccionamiento de la sustancia eran confeccionados en dicho lugar”, dijo.

Posteriormente, De Rosa consideró grave la presencia del arma y los proyectiles en el vehículo. 

Sostuvo que esa circunstancia “incrementa significativamente la peligrosidad de la conducta desplegada y concluir que dicha arma se encontraba destinada al resguardo de la actividad ilícita desarrollada”.

Por todo ello, consideró probada la responsabilidad de Cuadrado en los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización -en dosis fraccionadas directamente para su consumo- y portación ilegal de arma de fuego de guerra.

Decomiso de campos y departamentos

Importantes propiedades en nuestra ciudad y hasta  establecimientos rurales en la región fueron decomisados por la Justicia Federal en investigaciones ligadas al narcotráfico a gran escala.

En la segunda parte de los '90, el Cartel de Juárez, uno de los más poderosos en Méjico, había desembarcado con fuerza en nuestro país para lavar dinero procedente de la venta de drogas.

Propiedades por un valor del orden de los 21 millones de dólares, entre ellas varias en Bahía y la región, pudo acreditar la Justicia que, luego de un extensísimo proceso de casi 20 años, decomisó y pasó al Estado nacional, así como otros 13 millones de dólares que estaban bajo administración oficial.

El año pasado, en el marco de una causa en la que se investigó una banda dedicada al comercio de estupefacientes, Darío Bustamante fue sentenciado a 5 años de cárcel.

El tribunal ordenó la confiscación de un departamento suyo en el séptimo piso de un edificio ubicado en la avenida Alem al 1.300.

La defensa de Bustamante apeló la medida y la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal la confirmó.

El hecho ocurrió en Maipú y Garibaldi, sobre las 23.15, luego de un alerta al 911 y un seguimiento realizado por el Centro Único de Monitoreo.

En este marco, personal del Cuerpo Motorizado detuvo a Bruno Nahuel Rodríguez.

El delito había ocurrido en la primera cuadra de O’Higgins.

La captura se llevó a cabo en Soler y General Paz, durante los festejos por el 198º aniversario de Bahía Blanca.

En ese lugar, personal del Comando Patrulla y del Gabinete Investigativo de la Comisaría Primera aprehendió a Sebastián Fuertes, de 48 años, y a Estefanía Goroso, de 24. Ambos poseen amplios antecedentes por delitos contra la propiedad.

Según se indicó, cuando el vehículo circulaba por el sector, fue detenido por efectivos policiales que estaban realizando un operativo de rutina. Haciendo caso omiso, estas personas emprendieron la fuga, aunque fueron rápidamente interceptados.

Al tratar de identificar a los ocupantes del vehículo, los notaron "eufóricos y poco colaborativos". Por ello, luego de una requisa, se les encontraron aproximadamente 10 gramos de clorhidrato de cocaína.

Además, se estableció que el rodado poseía la cédula verde apócrifa y las chapas patentes adulteradas, junto con los números de motor y chasis suprimidos.

Fuertes fue aprehendido por tenencia de estupefacientes y robo de automotor, mientras que Goroso fue capturada por tenencia de estupefacientes.

Intervienen la Fiscalía Federal, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 7 de Bahía Blanca y la N° 9 de La Plata.

El concepto de pena natural en el Derecho se puede presentar cuando el autor de un delito, al cometerlo, sufre un daño igual o mayor al que puede padecer si un juez le impone la pena prevista en el Código Penal para esa conducta.

Este tipo de situaciones se da con frecuencia en los siniestros viales, cuando un conductor, por imprudencia o negligencia, provoca un choque que termina con la vida de personas cercanas que lo acompañan.

Este es el caso que se ventiló en nuestra ciudad y permitió disminuir la pena judicial que le habían aplicado a Fernando Oscar Garmendia, el conductor de una camioneta que en la madrugada del 28 de enero de 2021 volcó en el kilómetro 620 de la ruta 3, en jurisdicción de Coronel Rosales, y causó el fallecimiento de su amiga Gisela Cruz (45).

Garmendia, oriundo de Tandil como su amiga, es guía de montaña y viajaba además junto con otras dos personas que terminaron con heridas leves. Los cuatro iban hacia Chos Malal, al norte de la provincia de Neuquén, para participar de una excursión.

Al llegar a juicio, el conductor de la Ford Ranger fue condenado por el delito de homicidio culposo agravado por la conducción de vehículo automotor, según lo normado por el artículo 84 bis del Código Penal.

El juez en lo Correccional N° 1, Gabriel Giuliani, le impuso a Garmendia 2 años y 8 meses de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial por el término de 7 años y medio para conducir vehículos automotores, así como dos años de reglas de conducta.

El abogado Luciano Tumini, en representación de Garmendia, apeló la decisión y criticó que en el fallo de origen se valorara como agravantes las circunstancia de que transportaba a varias personas en el vehículo siniestrado y que desempeñaba una actividad comercial al momento del impacto. 

Alegó que Garmendia circulaba en su automóvil, con la capacidad de transporte de terceras personas dentro del límite permitido y que la mecánica del accidente no había tenido ningún tipo de relación con la cantidad de personas que transportaba, sin que por ello se le pudiera exigir una mayor precaución.

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Cuestionó, además, que no se tuvieran en cuenta como atenuantes el informe socioambiental y la "pena natural" sufrida. Sostuvo que el hecho por el que fue condenado le había causado un concreto y pesar psicológico permanente, al haber perdido la vida su mejor amiga, con quien tenía una estrecha relación, al punto tal que resultaba ser padrino de una de sus hijas. 

De allí que la pena de inhabilitación apareciera como "cruel, superflua o inapropiada" y, en consecuencia innecesaria, por lo que podría prescindirse o reducirse en su justa composición.

"Se presentan déficits"

Los camaristas aceptaron parcialmente el recurso de la defensa.

Consideraron que en el fallo de origen "se presentan déficits en la evaluación de una circunstancia agravante y de un atenuante que incidieron en el monto de pena impuesto".

Se desestimó considerar agravante el transporte de varias personas en el vehículo, porque el juez no presentó ninguna justificación en ese sentido.

"Máxime cuando la cantidad de personas transportadas se ajustaba al número de individuos que el vehículo tenía capacidad para transportar y éste se encontraba en condiciones de seguridad para hacerlo (al menos de la reconstrucción efectuada, surge que -a excepción de la víctima- todos llevaban cinturón de seguridad colocado y el asiento donde la fallecida se encontraba, contaba con ese elemento de seguridad)", dijo la Cámara.

Sí aceptaron el agravante de la actividad comercial de Garmendia, porque el ejercicio de su actividad de montañista comercial, por la cual había organizado el viaje "le exigía extremar las precauciones de manejo a fin de evitar la circulación por la ruta durante la madrugada para prevenir el eventual cansancio o somnolencia", situación que fue advertida por testigos que declararon en la causa.

Por último, la Cámara  aceptó el concepto de "pena natural" y decidió rebajar la pena a 2 años y 3 meses de prisión en suspenso y 6 años y 6 meses de inhabilitación para conducir.

Relación que hoy persiste

Vínculo. Al conceder la figura de "pena natural", los jueces tuvieron en cuenta el vínculo afectivo cercano. "Mantuvieron una amistad de 15 años y hoy persiste con el viudo y sus hijas, una de las cuales es su ahijada", dijeron.

Sufrimiento. "Ese sufrimiento padecido por el justiciable, en torno al fallecimiento de una persona con la que tenía una relación estrecha y de familiaridad, debía ser merituado como una circunstancia atenuante de la sanción", explicaron.

Desde la seccional policial rosaleña indicaron que el procedimiento se produjo minutos antes de las 4, en Pueyrredón al 300, cunado los efectivos interceptaron un rodado marca Jeep para identificar a sus ocupantes.

Los voceros mencionaron que los sujetos, identificados como Ítalo Flores Oberti (24), Maximiliano Velázquez 35) y Mauro Villán (33), habrían intentado ocultar objetos, por lo que los efectivos procedieron a registrar la unidad.

En esas circunstancias, según detallaron, detrás del asiento del conductor secuestraron "una sustancia blanquecina similar a clorhidrato de cocaína, con un pesaje de 13,5 gramos".

Agregaron que "entre los asientos delantero de conductor y acompañante se halló una bolsa de nylon conteniendo otra sustancia de similares características, con un peso de 8,2 gramos".

Finalmente, incautaron también en poder de los sospechosos tres teléfonos celulares y un machete.

Los sujetos fueron trasladados a la seccional policial y puestos a disposición de la UFIJ N° 19.

Los operadores dieron aviso de la situación a la Policía, por lo que efectivos del Comando de Patrulla concurrieron al sitio y sorprendieron a dos hombres y una mujer.

Los investigadores establecieron que se produjo la venta de marihuana y cocaína y que las sustancias fueron abonadas por transferencia electrónica desde billeteras virtuales.

En los últimos días, y en el marco de un debate abreviado, Mauro Fredi Rubini (32) fue sentenciado a la pena de 4 años de prisión por el hecho.

El fallo fue dictado por el juez del Tribunal en lo Criminal Nº 3, Eduardo d'Empaire, quien halló culpable al hombre del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y entrega de drogas a título oneroso.

Previamente, el fiscal Mauricio Del Cero y el defensor oficial Eduardo Zalba, con la aceptación del imputado, habían acordado la sanción y calificación legal del caso.

Encuentro y ventas

Para el juez quedó acreditado que el día del hecho, poco antes de las 5, el imputado se reunió con otras dos personas en Soler e Israel.

En esas circunstancias le entregó a una de ellas 0,8 gramos de marihuana a cambio de 25 mil pesos, que abonó la mujer que acompañaba al comprador mediante la utilización de la aplicación Cuenta DNI.

Las cámaras del municipio detectaron que Rubini, quien se movilizaba en una moto y vestía ropa de color celeste, se entrevistó con un hombre que tenía prendas de tono gris y estaba acompañado por una mujer.

La filmación registró cuando el imputado le entregó al otro individuo un envoltorio de nylon con una sustancia blanca en su interior.

También se observó en las imágenes la forma en que se abonó el estupefaciente, a través de una billetera virtual.

Los policías que llegaron al lugar secuestraron la sustancia en el interior del bolsillo derecho del pantalón del comprador.

En tanto, según mencionaron los uniformados, Rubini se descartó arrojando al suelo un envoltorio de color negro, mientras que en su poder hallaron dos teléfonos celulares y 44.600 pesos.

Personal de Drogas Ilícitas determinó que el elemento lanzado por el acusado contenía unos 2 gramos de cocaína, mientras que la “bochita” secuestrada en poder del hombre que adquirió el estupefaciente pesó 0,8.

Comunicación

El juez indicó en el fallo que en el teléfono del comprador se hallaron mensajes y llamadas al aparato que tenía en su poder el procesado.

Señaló que allí se “alude a la entrega del estupefaciente”.

“Apenas unos minutos antes de la observación de la maniobra por parte de los operadores de las cámaras del CeUM, se registró una comunicación entre los protagonistas, de una duración de 34 segundos, e incluso instantes antes, dos llamadas perdidas”, refirió el juez en la sentencia.

Por todo ello, el doctore d'Empaire consideró probada la responsabilidad de Rubini en los delitos.

El "amigo" y el pedido de "piedra"

Contacto. En análisis del teléfono celular perteneciente al comprador los investigadores hallaron mensajes que le envió a Rubini, a quien tenía identificado como "amigo" dentro de sus contactos.

Pedido. En la aplicación Telegram se advirtieron diálogos de esa madrugada en la que mencionaba: "asegurame que la traes en piedra y se puede probar. Yo te doy el celu, transferí vos y yo pruebo, como tiene que ser".

Ayuda. También descubrieron una comunicación en WhatsApp, en la que le pide a la mujer que lo acompañaba que le preste su celular para realizar la transferencia de dinero al acusado.

Consumidor. El hombre, de acuerdo al relevamiento del aparato, también le admitió a un conocido su adicción a las drogas y los problemas para poder controlarla. A otro de sus contactos le manifestó su necesidad de someterse a un tratamiento para rehabilitarse.