El problema se suscitó sobre las 11, cuando estaba finalizando el encuentro y se produjo un choque entre dos jugadores y uno terminó en el suelo, situación que motivó que familiares del futbolista golpeado ingresaran en el campo de juego con el supuesto fin de agredir al árbitro, según se informó desde la comisaría Cuarta.

   "De esa situación derivaron los desmanes", informó un vocero policial.

   "Padres de Liniers trataron de tranquilizar la situación y esta madre los agredió, causando lesión en el oído a uno de ellos", agregó la fuente.

Agresión en un partido de baby fútbol en Bahía

   Luego se generó una batahola mayor en las tribunas, con golpes de puño entre varias personas, situación que quedó registrada en los videos.

   Tras un llamado al 911 concurrieron móviles del Comando de Patrulla y después de varios minutos la situación fue controlada y se continuó con la actividad programada de otra categoría, según se dijo.

   La mujer que fue trasladada a la comisaría como aprehendida, por resistencia a la autoridad y lesiones, fue identificada como Celeste Pamela Jaramillo, de 34 años, madre de un jugador tricolor.

   A la menor de 17, no identificada por razones legales, se le imputó resistencia a la autoridad.

   Algunos padres de Liniers comentaron que tras el momento de mayor tensión se habían concentrado algunas personas "armadas con revólveres y fierros" en las afueras del estadio, a la espera de que salieran, pero con la llegada de la Policía esto no pudo ser acreditado.

   El operativo, en una casa de Darregueira al 3500, estuvo a cargo de personal de la comisaría Segunda y fue autorizado por El Juzgado de Garantías del Joven N° 2, ya que se pudo establecer que un menor de 15 años había ofrecido el vehículo a la venta el martes pasado, a través de las redes sociales.

   En el patio de la vivienda, la Policía, si bien no pudo localizar ese motovehículo -sustraído a una mujer de 43 años-, sí pudo dar con otros dos que tenían pedido de secuestro.

   Se trata de otra moto Keller 110, buscada desde el domingo pasado (jurisdicción de la comisaría Primera), y una Guerrero, de la misma cilindrada, con pedido de secuestro desde el 26 de noviembre último (seccional Cuarta).

   Por otra parte secuestraron una moto enduro Keller, dominio 892 DYX, motopartes y herramientas, cuya procedencia se trata de determinar.

   Se identificó al menor de 15 años y a su madre.

   La resolución fue adoptada por el Tribunal en lo Criminal N° 3, que en 2019 lo había hallado culpable del delito de homicidio simple con dolo eventual.

   Ese fallo fue confirmado por el Tribunal de Casación Provincial en mayo del año pasado, aunque a partir de recursos presentados por la defensa aún no se encuentra firme.

   Los jueces bonaerenses ratificaron la sanción para el automovilista -seguramente una de las penas más altas por un hecho de tránsito-, por el incidente vial que terminó con la vida del joven en la autovía Raúl Alfonsín, a la altura de la calle Milún.

   La defensa pidió la morigeración de la prisión preventiva con el objetivo de poder afianzar lazos familiares del procesado, además de presentar un domicilio donde sería recibido. En el escrito presentó una serie de circunstancias por las que, según su punto de vista, desde el penal se ve imposibilitado de cumplir con esa premisa.

   En tanto, la fiscalía y el particular damnificado se opusieron a la medida.

   Los jueces entendieron que no se cumplen los requisitos establecidos por la ley para la morigeración de la detención, ni circunstancias excepcionales que permitan otorgarla.

   Consideraron que se advierten peligros procesales en virtud del delito imputado, las características del hecho y la sanción impuesta.

   Finalmente, sostuvieron que están dadas las condiciones para que Ochoa tenga contacto con sus familiares.

   Desde la comisaría Tercera indicaron que el procedimiento tiene relación con sustracciones sucedidas en el puente La Niña y en el Museo Ferrowhite.

   De esa forma los efectivos llegaron hasta Sebastián Elcano al 3.900, donde descubrieron a un joven que, según indicaron, intentó descartarse de varios trozos de cable y envoltorios.

   Señalaron que el sujeto, identificado como Uriel Agustín Reynoso Flores, de 18 años, intentó resistirse al procedimiento, por lo que fue aprehendido por ese motivo.

   Finalmente, mencionaron que los elementos fueron secuestrados y se pretende establecer su procedencia.

   Se trata de Walter Gustavo Fioramonti (43), a quien se le imputó el intento de femicidio de una mujer de 36, a mediados del año pasado en una vivienda de Argerich al 1400, en el barrio El Nacional de nuestra ciudad.

   El fallo fue dictado por los jueces Claudia Cecilia Fortunatti, María Mercedes Rico y Eugenio Casas, en el marco de una causa que investigó la UFIJ N° 5. 

   Según la investigación, el hecho se produjo el 8 de julio de 2021, cuando Fioramonti agredió múltiples veces a una mujer con un hierro torsionado.

   Producto del ataque le causó una fractura del macizo facial, fracturas costales, enfisema subcutáneo, neumotórax derecho y fractura de tibia y peroné izquierdos, lesiones de carácter grave que pusieron en riesgo su vida.

   El tribunal condenó al procesado por el delito de tentativa de homicidio agravado por ser cometido por un hombre contra una mujer, mediando violencia de género.

   Los voceros indicaron que el procedimiento fue llevado adelante por personal de la UFIJ Nº 20, a cargo del doctor Rodolfo De Lucia, y efectivos de la delegación local de la Policía Federal, en un inmueble ubicado en la zona de calle Maipú al 3.500.

   "La causa se inició en julio de este año, a través de un reporte de NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children) en el que detectaron el hecho delictivo concretado a través de Facebook y enviaron el alerta para su investigación", señalaron desde el Ministerio Público.

   Finalmente comentaron que durante el procedimiento incautaron "un teléfono celular y dos discos rígidos que serán peritados a fin de encontrar mayores elementos de interés para la causa".

   A raíz de la ausencia del magistrado, no se logró la integración plena del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esta ciudad, que en esta ocasión conforman los doctores Ernesto Sebastián (TOCF bahiense), Alejandro Adrián Silva y Simón Pedro Bracco (ambos de General Roca).

   Esta situación motivó la suspensión del debate oral que se desarrolla vía Zoom y su reprogramación para el próximo jueves 29 desde las 9, cuando está previsto que continúen las declaraciones testimoniales de empleados y funcionarios del Ministerio Público Fiscal.

   Son testigos propuestos por el fiscal general ante el TOCF, Gabriel González da Silva.

   Posteriormente, las audiencias se reanudarán los días 3 y 17 de febrero de 2023, a la misma hora.

   Según se informó de manera oficial, el intruso tendría aproximadamente 50 años e ingresó con el torso desnudo y el pantalón bajo en la Escuela de Educación Secundaria Nº 12, ubicada en Sarmiento al 1400.

   El sujeto no habría agredido físicamente a alumnos, docentes ni auxiliares presentes en la institución de enseñanza.

   La situación, que se registró alrededor de las 10, pudo ser controlada por los efectivos policiales que concurrieron al lugar, donde además se presentó personal del servicio de emergencias médicas para asistir a la persona.

   El fallo fue dictado por el juez Eugenio Casas, del Tribunal en lo Criminal Nº 2, tras una investigación que llevó adelante el fiscal Diego Conti, de la UFIJ Nº 11.

   Según la causa, el 18 de diciembre de 2019, Frank –junto a otras dos personas- interceptó a una pareja que se encontraba en un sector de la arboleda del balneario Arroyo Pareja y les apuntó con un arma de fuego mientras les exigía dinero.

Allanamiento que permitió la detención de Frank.

   Uno de los asaltantes golpeó al joven en distintas partes del cuerpo, causándole múltiples traumatismos, al tiempo que le apoyaron un arma en la cabeza y le que gatillaron tres veces sin que se produjera ningún disparo.

   A la mujer víctima la llevaron hacia el auto donde le pedían dinero y luego la obligaron a ingresar al baúl para llevarla de esa manera hasta José Ingeniero al 1900 de Punta Alta, donde finalmente la dejaron abandonada junto con el vehículo.

   La medida fue efectivizada hace instantes a través del ministerio de Ambiente bonaerense, con la idea de que se pueda retirar todo lo faenado que se encuentra en las cámaras frigoríficas.

   Además, el organismo provincial realizó un acta e intimó a la empresa a presentar -mañana miércoles- un cronograma de adecuación de toda la instalación frigorífica de acuerdo al marco normativo vigente.

"Vamos a pedir una inspección inmediata"

   Entre el viernes y ayer, en el frigorífico se dieron dos escapes de amoníaco, por el cual 13 operarios debieron recibir atención médica y ser hospitalizados: once en la primera ocasión y otros dos el lunes. Los síntomas eran irritación ocular y en la piel, molestias en la garganta, náuseas, vómitos, dificultades respiratorias y mucosas.

   Fuentes vinculadas al caso aseguraron a “La Nueva.” que la clausura parcial se debe a que todavía queda producto dentro del frigorífico y que, por eso, las máquinas deben seguir funcionando.

   “Seguirá trabajando sin gente hasta que se pueda sacar todo lo que hay en las cámaras. Sin embargo, no se podrán ingresar animales hasta que todo esté vacío y empiecen con los trabajos de reparación y mantenimiento, para ver cuál es el problema”, sostuvo.

   Además, se explicó que la firma también deberá “readecuar el plan de contingencia para estos casos” y también los simulacros de evacuación.

   En ese sentido, en la mañana de hoy, el titular del sindicato de la Carne en Bahía Blanca, Pablo Barayazarra, había señalado por LU2 que se iba a reclamar una inspección del lugar al ministerio de Trabajo.

   “Si el frigorífico tiene que estar clausurado un tiempo hasta que se repare todo, así será. Hay que pensar en la salud de los trabajadores -señaló-. "Uno entiende que muchas familias viven de este emprendimiento, pero están en juego vidas humanas".

   En ese sentido, había explicado que algunos equipos son “muy antiguos” y que han recibido poco mantenimiento.

   "Si no se cambian las cañerías, los escapes de amoníaco van a seguir dándose”, había explicado.

   Desde la comisaría Séptima informaron que por orden del Juzgado de Garantías Nº 3 allanaron una propiedad ubicada en Pigüé al 2.800, donde arrestaron a Axel Luis Barroso (21) y a un adolescente de 16 años.

   En el lugar también incautaron prendas de vestir y calzado deportivo.

   Los delitos investigados ocurrieron el pasado 18 de noviembre y el último 2 de diciembre, cuando delincuentes ingresaron con fines de robo a una vivienda ubicada en Reynal y José Hernández.

   En esas circunstancias sustrajeron del sitio una bomba de agua, herramientas, vajillas, carretillas, herramientas y una cámara de seguridad, entre otras cosas.

   Los voceros indicaron que a partir del filmaciones obtenidas se determinó la presunta participación de Barroso en los hechos. También señalaron que en al menos uno de los casos también habría intervenido el adolescente.

   El mayor, quien según mencionaron posee antecedentes, fue puesto a disposición de la fiscalía, mientras que el menor fue entregado a sus padres por orden de la justicia.

   Se trata del comisario Andrés Emir Mansilla, entonces jefe de la comisaría Tercera, y el oficial principal Marcelo De La Rosa, a quienes, a su vez, la jueza en lo Correccional Susana González La Riva les impuso un año y 8 meses de inhabilitación especial para ejercer cargos en la función pública.

   En relación al accionar de ambos policías, la jueza detalló en el fallo que está probado que omitieron comunicar en forma inmediata al fiscal lo ocurrido respecto de Almada y sobre De La Rosa, además, que se limitó a remitir un correo electrónico a la fiscalía 3 horas después del hecho, registrado el 5 de marzo de 2016.

   Por otro lado, a ambos uniformados se les aplicaron reglas de conducta por 2 años, entre las que figuran fijar residencia y someterse al cuidado del Patronato de Liberados.

   Mansilla y De La Rosa estaban a cargo de la seccional portuaria en aquella fecha, cuando Ángel Almada fue encontrado en estado grave debajo del puente peatonal ubicado sobre la calle Guillermo Torres de esa localidad, hecho por el cual más tarde murió.

   En principio se avanzó hacia la hipótesis de un suicidio, aunque diferentes pericias y testimonios llevaron a abonar con más firmeza la posibilidad de un homicidio que, por el momento, sigue impune.

   En la actual resolución también se absolvió de culpa y cargo a otros policías: Gustavo Federico Rafael Cevallos, Claudia Elizabeth Olivera y Lidia Magalí Ayala, por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, y al exdelegado municipal Marcelo Héctor Acosta, por usurpación de autoridad.

   Se trata del caso de la pequeña de 9 años que, a su vez, habría sido abusada sexualmente, hecho por el cual también se abrió una causa parelela.

   La Justicia de Garantías ordenó la exhumación del cuerpo y envió los restos al Instituto de Investigación Criminal y Ciencias Forenses de Junín, donde mañana se realizará una nueva autopsia.

   La menor dejó de existir en el hospital Matera, al que había sido llevada el sábado 26 de noviembre por familiares, a partir de una descompensación, con un cuadro de vómitos y convulsiones.

   El primer estudio necropsial determinó que el deceso se produjo por "un shock hipovolémico y deshidratación" y en ese estudio se advirtió, además, que tenía una lesión compatible con un delito sexual, por lo cual se le dio intervención al fiscal Diego Torres, de la materia.

   Por otro lado, el fiscal Cristian Aguilar investiga si hubo negligencia o impericia en la atención sanitaria de la pequeña.

   En ese marco se ordenó la exhumación y el traslado de los restos a Junín.

   Se procura determinar la causa de la muerte, con qué cuadro ingresó en el hospital, a qué tratamiento fue sometida y si existió alguna falla por acción u omisión del personal que la atendió.

   También se harán estudios histopatológicos y comparaciones genéticas (hisopados y prendas de vestir), además de analizar las lesiones compatibles con el abuso sexual.

   El caso se conoció a través de la publicación en la columna Entre tasas y café del 13 de noviembre pasado.

   La denuncia está siendo investigada por el fiscal Gustavo Zorzano e involucra a un empleado de la Municipalidad, y a un hombre y una mujer gestores de esta ciudad.

   "Todavía no hay nadie formalmente imputado en la causa. La idea es poder definir bien cómo pudo haber sido la maniobra, si efectivamente existió, y determinar quiénes serían los eventuales responsables", explicó una fuente de la investigación.

   "La maniobra que se denunció consistía en liberar impuestos de automotores, utilizando el mecanismo de exención impositiva que existe para las personas discapacitadas, entre otros métodos", agregó el informante.

   Los procedimientos se efectuaron en los domicilios de los sospechosos, ubicados en los barrios Patagonia Norte, Las Acacias y Anchorena, con intervención de efectivos de Casos Especiales y la Policía Federal.

   Los elementos incautados en los inmuebles serán sometidos a peritajes, a los efectos de establecer la posible responsabilidad de los denunciados en los hechos descritos.

   La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 18, especializada en la investigación de delitos cometidos por funcionarios públicos, inició la pesquisa este año.

   El viernes pasado se había dado un incidente similar, que reportó un total de 7 heridos.

   En el caso de hoy, según se informó desde el sistema de emergencias Siempre, los pacientes fueron derivados en principio al hospitalito de Cerri, aunque luego se pidió una unidad para derivarlos a un centro de mayor complejidad.

   Ambas personas presentan dificultades respiratorias e irritación en piel y mucosas.

   Más tarde se informó que uno de los operarios fue trasladado al hospital Penna mientras que el restante, con las pautas de alarma respectiva, se retiró a su domicilio.

   Se pudo confirmar que del teléfono de "Yusi", el mismo sábado 26 de noviembre a la noche -cuando se produjo la agresión mortal-, se sacó un préstamo personal en un banco, por 260 mil pesos, que luego fue transferido a la cuenta del acusado.

Rodolfo De Lucia, fiscal de la causa.

   "No tenemos la certeza de que fue él, pero creemos que fue así", dijo el fiscal a lanueva.com.

   La acreditación se hizo a través de la aplicación del banco que ella tenía en su teléfono, a las 22.09 del sábado y a las 22.11 el dinero fue girado a una cuenta de Rojas.

   La muerte de la soldado, según los peritos, se produjo entre las 21 de ese día y las 3 del domingo 27, con lo cual se especula que la transacción se pudo realizar con ella fallecida porque, por otro lado, ya estaban peleados y ella no estaba con él en su departamento de Garibaldi 437.

   En la misma línea, se cree que el joven, a la 0.32, solicitó un adelanto de haberes por 15 mil pesos del celular de ella, dinero que a la 0.33 ya estaba en su cuenta.

El cuerpo de la joven mendocina fue encontrado en el arroyo Napostá.

   Y también se pudo determinar que Rojas "habría manipulado" el celular de la víctima al "fraguar" respuestas a mensajes que él le envíaba por WhatsApp.

"Una causa encaminada"

   "Es la última persona que estuvo con Yoselie. Hay muchos elementos que confirman la sospecha contra Rojas. Parece una causa encaminada", ratificó De Lucia más temprano, en diálogo con LU2.

   El fiscal,  a su vez, espera informes de la provincia de Chaco, de donde es oriundo el acusado -compañero de la joven en la Base de Comandante Espora- por supuestos antecedentes de violencia de género, ya que en el norte tuvo una pareja con la cual tienen una hija en común.

   Sobre la posibilidad de que Rojas haya actuado con la colaboración de otra persona, el fiscal no lo descartó, al menos en cuanto a un posible encubrimiento.

   "Se está investigando. Por ahora no hemos podido encontrar datos concretos pero hay algunos elementos que nos hacen sospechar que podría haber alguna otra persona, no en carácter de coautor, pero sí, tal vez, alguna clase de encubrimiento. Puede ser alguien relativamente cercano al victimario", remarcó.

 

   Bustos, quien se desempeña como transportista, había dejado estacionado ayer el vehículo en el ACA de Villa Bordeu y cuando llegó esta mañana, para dirigirse al transporte como lo hace habitualmente, descubrió el delito.

   Los ladrones dejaron apoyado el eje trasero derecho en varios tacos de madera.

Casación confirmó la pena a 20 años para el homicida de Agustina

   Bustos debió sacar cambiar algunas ruedas duales para poder circular.

   La comisaría Quinta tomó intervención en la investigación.

   El hombre calculó que, entre las cubiertas y las llantas, el valor de la pérdida es de unos 500 mil pesos. 

   El crimen de la soldado voluntaria Yoselie Agustina Herrera Nadal (21) se convirtió en el tercero de este tipo ocurrido en 2022 en el departamento judicial bahiense.

   Además de la inacción del Estado en materia de prevención, los estereotipos machistas aún enquistados en nuestra sociedad constituyen un terreno fértil para la comisión de asesinatos contra mujeres.

   En esa línea se expresó la abogada bahiense María Fernanda Petersen.

   "Por desgracia, el caso de Agustina confirma la ausencia del Estado y la ineficacia de las políticas que se implementan, porque de otra manera no se puede explicar que cada menos de 24 horas haya una mujer muerta por violencia machista", opinó.

   "Mientras se organizaba la marcha por Agustina, pensaba que Thiago Almada, imputado por abuso sexual agravado, estaba entrando a jugar en la Selección (en el partido del Mundial entre Argentina y Polonia)", agregó.

   La letrada se refirió luego al militar chaqueño Jorge Rojas, aprehendido tras confesar haber matado a la joven mendocina.

   "Cómo un chico de 23 años, en poco tiempo, puede tener este nivel de odio y violencia. Hay situaciones en las que permiten la construcción de este tipo de personalidades, que se sostienen desde lo cultural y social. Estamos atravesados por el patriarcado y la violencia.

   "Lamentablemente, Agustina es un nombre más en este derrotero de estadísticas, y no logro ver una posible solución, porque aumentar las penas demuestra que no resuelve el problema. La condena debe estar; es necesaria para sancionar este delito", acotó Petersen.

   Según la profesional, las medidas para prevenir esta problemática resultan infructuosas y en este sentido responsabilizó al Estado.

   "El Ministerio de Mujeres no está incidiendo en las políticas públicas como debería hacerlo. Tenemos legislaciones de avanzada, pero en la práctica seguimos generando observatorios con nombres de víctimas y resoluciones judiciales que a veces son desfavorables para ellas".

   "Si bien nos duele y nos escandalizamos cada vez que recibimos una noticia de estas, lamentablemente nos estamos acostumbrando. Desde el momento en que se empieza a buscar a una víctima, nos llama la atención que aparezca con vida", consideró.

   Al respecto, planteó que primero como sociedad es necesario definir si "realmente queremos" que el "tema" femicidios esté incluido en la agenda pública, y sea tratado adecuadamente por sociólogos, psicólogos y médicos.

   "Da la sensación de que hay un vaciamiento de las palabras y que hoy por hoy hablar de género y violencia machista está y queda bien, pero en la práctica los femicidios se reiteran".

   La doctora Petersen calificó al "amor romántico" como una forma errónea de concebir las relaciones de pareja.

   La concepción "como me quiere, me cela", o el hecho de que un varón le objete a su novia cómo se viste o le indique con quién salir, están instaurados "históricamente como una forma de querer".

   "Nadie piensa que un novio celoso es un potencial femicida, y a quienes ponemos eso en palabras nos tildan de mala onda y aguafiestas", aseguró.

   "Escuché a familiares de Agustina decir que a él (por Rojas) le molestaba que ella fuera extrovertida".

   "Como individuos de esta sociedad tenemos que tomar responsabilidades, pero sin dejar de tener en claro que la responsabilidad mayor es del Estado", finalizó.

   Por su parte, Natalia Vega, coordinadora de Promotoras de Género, manifestó que el caso "tan cercano" de Yoselie fue un "balde de agua fría" para ella y las demás integrantes de la organización local, quienes contienen y asesoran a mujeres en situación de violencia.

   "En la marcha por ella, sus compañeras de la Armada recalcaron que en ese ámbito las mujeres 'no tienen derecho a nada'. Ahora su mamá vino a Bahía desde Mendoza para llevársela adentro de un cajón, pero Agustina había llegado a nuestra ciudad por un sueño", señaló.

   "Según su familia, ella ya venía sufriendo acoso y violencia verbal por parte de él, pero no lo denunció", finalizó Vega.

   En la región. En el Departamento Judicial Bahía Blanca se registraron 3 femicidios en 2021 y la misma cantidad este año.

   En el país. Entre el 1 de enero y el 23 de noviembre pasado, en Argentina se consumaron 229 femicidios. Uno cada 34 horas.

   Datos. En 40 de esos casos se había radicado al menos una denuncia y 27 víctimas tenían medidas de protección, de acuerdo con datos del observatorio "Ahora que sí nos ven".

   Sin denuncia. "Agustina nunca denunció estos episodios de violencia de género, porque pensaba que iba a poder superar la situación", explicó Vega.

   Presentaciones. Según la operadora territorial con base en Villa Rosario, el imputado Rojas "tiene antecedentes y denuncias" por violencia de género contra su expareja, con quien tiene una hija.

   Adhesión. Dijo que a la marcha del último miércoles se sumó "respetuosamente" público que en simultáneo festejaba la victoria de la selección argentina.

   Se trata de Luis Holst y Axel Cane, ambos de 20 años y con varios antecedentes por delitos contra la propiedad y tenencia de estupefacientes.

   Puntualmente, personal de la subcomisaría de General Cerri interceptó a los malvivientes y al requerir que abran un bolso, ambos se mostraron nerviosos y dubitativos.

   Allí portaban aproximadamente 100 gramos de cannabis en trozos, una balanza de precisión, alrededor de 25 mil pesos y la réplica de un arma 9 milímetros.

   La iniciativa apunta a instruir a los servidores públicos acerca de los protocolos de actuación desarrollados por la fiscalía para hechos como robos con armas, delitos culposos (principalmente siniestros viales) y aprehensiones por ilícitos descubiertos en flagrancia.

   Las dos jornadas, que se realizaron esta semana en el asiento de la Estación de Policía Departamental de Seguridad local, tienen como objetivo además afianzar conceptos ligados a la importancia de afinar detalles respecto a la elaboración de las  actas de procedimiento policiales y la preservación de la escena del crimen.

   Durante la actividad los fiscales hicieron hincapié en la adecuada toma de denuncias digitales, a los efectos de no producir demoras en la instrucción de las causas.

   El doctor Santiago Garrido, secretario de la fiscalía general bahiense, explicó que se trata de una “academia” organizada por el MPF y el Ministerio de Seguridad bonaerense, teniendo en cuenta -afirmó- que la Policía es “nuestro auxiliar más utilizado”.

   “Procuramos generar un espacio de intercambio para que los efectivos policiales nuevos conozcan estos protocolos, además de refrescárselos a los oficiales con años de servicio en la fuerza. Tenemos que coordinar algunos criterios con la Policía”, precisó.

   “Queremos mantener la calidad de la noticia del crimen y este contexto se da en el marco de respeto de las garantías constitucionales, sobre todo en el caso de las aprehensiones por razones de necesidad y urgencia, y en flagrancia”, agregó.

   Garrido se refirió a “omisiones” en la labor policial que originan “problemas” durante el posterior desarrollo de las Investigaciones Penales Preparatorias.

   “El personal policial debe plasmar en las actas la realidad de lo que sucedió de manera bien circunstanciada, porque muchas veces eso no ocurre. Suele pasar que los efectivos intervinientes (en un procedimiento) afirman que un testigo vio determinada situación o que estuvo en el lugar del hecho en un momento dado.

   “Pero luego el testigo declara que no estuvo presente ahí, sino que otro testigo presenció lo sucedido. O el personal policial que elabora las actas no es el mismo que el que estuvo en la escena del delito, entonces después no podemos establecer quiénes fueron los funcionarios policiales que actuaron allí para citarlos como testigos”, mencionó.

   Los disertantes explicaron, en tanto, cómo plasmar la confesión de un imputado en sede policial.

   “Apuntamos a que el acta refleje la realidad absoluta de lo que sucedió y cómo ocurrió. También se debe consignar si el testigo de actuación estuvo en el allanamiento o aclarar por qué no participó. Esto es mejor que (el personal policial) afirme en el acta que el testigo sí estuvo, pero en realidad no se presentó y cuando el testigo declara, dice que no estuvo”, indicó el letrado.

   Estas negligencias pueden derivar en “complicaciones” de la pesquisa dirigida por el fiscal, y un eventual planteo de nulidades por parte de la defensa.

   “Ponemos énfasis en trabajar para que las actas no sean objeto de algún planteamiento de los defensores en el devenir del proceso. Tratamos de hacer estas reuniones durante todo el año,  porque permiten un desempeño más eficiente del MPF y, en definitiva, del servicio de justicia que se brinda a la sociedad”, destacó Garrido.

   El letrado continuó diciendo que “si bien estas capacitaciones surgen de una necesidad que tiene la Estación de Policía Departamental de capacitar a sus miembros, desde el MPF necesitamos mejorar las investigaciones y evitar problemas probatorios que después se nos presentan por defectos en la actuación policial inicial”.

   Una de las principales metas de las capacitaciones es evitar demoras en la etapa de instrucción de las causas judiciales.

   “Si el testigo no está identificado o la denuncia se toma de forma defectuosa a raíz de la falta de una gran cantidad de datos, implica necesariamente volver a citar a la víctima para que (en fiscalía) aclare lo que ya relató frente al personal policial”, analizó Garrido.

   “Nos ahorraríamos un paso si se recibe la denuncia y desde el primer momento contiene toda la información que necesita el fiscal para poder comenzar a investigar. Así no se revictimiza a la persona damnificada”.

   “Debemos ser más eficientes al utilizar los recursos con los que contamos, de la manera más inteligente posible para poder avanzar con las investigaciones y evitarles a las víctimas tener que concurrir en reiteradas ocasiones a la sede del MPF o a las dependencias policiales, para aclarar cuestiones que deberían haber sido claras desde el inicio”.

   Además de Garrido, durante los encuentros expusieron los fiscales Diego Conti, Claudia Lorenzo y Cristian Aguilar, así como el abogado Federico Arrué, al frente del área de denuncias de fiscalía general, quien se refirió al aspecto práctico de la toma de denuncias.

   Está previsto que la capacitación continúe en nuestra región y Garrido adelantó que antes de fin de año se replicará en otro partido del Departamento Judicial bahiense.

   “Para 2023 firmamos convenios de capacitación con casi todos los distritos de esta jurisdicción; sólo nos falta con Tornquist, que lo vamos a firmar en breve. La hicimos en Coronel Suárez, Médanos y en Bahía".

   La propuesta está dirigida también a oficiales de las Policías comunales, empleados de los centros de monitoreo e inspectores de Tránsito municipales.

   "La capacitación tuvo buena aceptación por parte de los miembros de la fuerza y estamos contentos porque ellos también advierten esta necesidad y utilizan estos espacios para el intercambio con los titulares de las fiscalías", finalizó la fuente consultada.