Bahía Blanca | Martes, 07 de mayo

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La procuradora Gils Carbó dictaminó contra el tarifazo de gas

"No pudo ser válidamente implementado sin la realización de las audiencias públicas", cuestionó la jefa del Ministerio Público Fiscal.
Fotos: Archivo La Nueva.

   La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, se pronunció hoy en contra del aumento en la tarifa del gas dispuesto por el gobierno nacional.

   Tras el dictamen de Gils Carbó, ahora la definición del caso quedó a cargo de la Corte Suprema de Justicia.

   El caso llegó a manos de la Corte Suprema de Justicia luego de un fallo de la Sala II de la Cámara Federal de La Plata que decidió frenar el aumento en las tarifas de gas en todo el país porque el gobierno no realizó las audiencias públicas preliminares.

   El Tribunal decidió suspender los efectos de las resoluciones 28 y 31 del Ministerio de Energía y Minería que había dispuesto los aumentos en el gas, y el gobierno apeló el fallo.

Qué dijo

   "El aumento tarifario no pudo ser válidamente implementado sin la realización previa de una audiencia pública", opinó la procuradora, quien recordó que fiscales de Río Gallegos, Mar del Plata, Zapala, Ushuaia, Río Grande, Córdoba, Neuquén, Rawson y Caleta Olivia "se expidieron a favor del a suspensión del aumento tarifario" por los mismos motivos.

   En ese sentido, Gils Carbó recordó que la ley 24.076 "dispone expresamente" que se deben realizar audiencias públicas "en forma previa a la adopción de ciertas decisiones en materia cambiaria" como ser el aumento en las tarifas del servicio.

   "La postura del Estado Nacional —que en el caso negó que esté obligado a realizar las audiencias públicas previas— implica restringir sustancialmente la eficacia de la audiencia pública para garantizar los derechos constitucionales de información, consulta y participación de los usuarios".

   "Se recorta el debate sobre la accesibilidad, gradualidad, coherencia, progresividad y previsibilidad sobre el componente más determinante de la tarifa final en el marco de un aumento extraordinario", añadió.

   Además, consideró que los aumentos podrían "afectar el acceso de usuarios y consumidores al servicio básico de gas" y así se "pone en juego derechos humanos y fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional".

   También valoró que los aumentos ponen en riesgo la "actividad económica de los comerciantes, las empresas, las fábricas recuperadas y las cooperativas, de las cuales depende en gran medida la conservación de las fuentes de trabajo".

La Corte, mañana

   Mañana la Corte llevará adelante su acuerdo en el que los ministros podrían resolver si confirman o no el fallo que frenó los aumentos, y el dictamen de Gils Carbó no es vinculante.