La Justicia europea rechazó la transferencia de datos a EE.UU.
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) dictó hoy una sentencia histórica contra la transferencia de datos personales de ciudadanos europeos a Estados Unidos, que obligará a Bruselas a negociar con Washington un nuevo marco que garantice un mejor nivel de protección.
La máxima instancia judicial comunitaria invalidó hoy una decisión de la Comisión Europea (CE) que declaraba que EE.UU. garantiza una protección adecuada de los datos personales y avalaba la transferencia de esa información.
La Corte de Luxemburgo concluyó que el Ejecutivo comunitario no llevó a cabo un examen adecuado para determinar si EE.UU. garantizaba efectivamente un nivel de protección de los derechos fundamentales equivalente al de la UE en materia de transmisión de datos personales de sus ciudadanos.
El portavoz comunitario Margaritis Schinas afirmó que se trata de una "decisión importante que arroja una serie de cuestiones políticas" que serán abordadas por el colegio de comisarios hoy mismo en Estrasburgo (Francia), donde está reunido el pleno del Parlamento Europeo (PE).
El dictamen de la Corte responde a la larga batalla legal contra Facebook que inició en 2011 un estudiante austríaco de Derecho, Max Schrems, y puede acabar afectando a las firmas tecnológicas de EE.UU. con presencia en Europa, como Facebook, Apple, Google y Microsoft.
Schrems afirmó a los medios de comunicación tras conocer el fallo que la Justicia europea envió un mensaje claro: "la vigilancia masiva no es posible, va en contra de los derechos fundamentales en Europa".
Este universitario subrayó que la sentencia servirá para ejercer una "mayor presión" sobre la CE y el Gobierno estadounidense para que logren un nuevo marco, y dijo que confía en que la industria y las autoridades nacionales de control también ejerzan presión y adopten las acciones necesarias.
El Tribunal de Luxemburgo aclara que aunque exista una decisión de la CE que declare que un país tercero es un "puerto seguro", las autoridades nacionales pueden examinar si la transferencia de datos se hace con un nivel de protección adecuado y acudir a los tribunales nacionales en caso contrario. (EFE)