Bobinas Blancas: la defensa de Limanski pidió que la causa pase a la justicia federal bahiense
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Maximiliano Allica /mallica@lanueva.com
El 18 de junio último, Día del Padre, se encontraron 1.375,89 kilos de cocaína ocultos en rollos de acero en un galpón del Parque Industrial de Bahía Blanca, así como 486 kilos más en un predio de Luján de Cuyo (Mendoza).
El caso se denominó Bobinas Blancas de Acero y provocó la detención de ciudadanos mexicanos y argentinos, entre ellos, cuatro de nuestro medio: los empresarios Leandro, Gastón y Juan Ignacio Guasch, así como el despachante de Aduana, Damián Limanski.
Esta semana, la Cámara Federal de San Martín confirmó la falta de mérito de los hermanos y otorgó el mismo beneficio a Limanski, sobre quien pesaba una prisión preventiva.
La causa es instruida e investigada por el juzgado federal de Campana a cargo del juez Adrián González Charvay. Su competencia se determinó tras un informe de la DEA (agencia estadounidense de lucha contra el narcotráfico), fechado en marzo, que alertó sobre la maniobra y fue el puntapié inicial de la investigación.
Allí se indicaba que el puerto de Campana sería la probable vía de salida del estupefaciente, con destino a España o Canadá.
No obstante, en los hechos, nada de lo hasta aquí investigado tuvo lugar en esa localidad del norte bonaerense ni hay imputados oriundos de allí.
Bajo ese argumento, la defensa de Limanski planteó la incompetencia del juez González Charvay y solicitó el envío de las actuaciones a la Justicia Federal de Bahía Blanca.
Dicho pedido fue rechazado ayer por la Cámara de San Martín, que alegó: “Si bien la profusa investigación practicada demostró que no hubo segmento alguno de los sucesos pesquisados que se hubiera desarrollado dentro del ámbito territorial del Juzgado Federal de Campana resulta conveniente que el titular del tribunal que previno continúe con la instrucción del presente proceso”.
El tribunal de alzada indicó que la regla sobre competencia territorial no es absoluta, toda vez que se pueda imponer una más eficiente administración de justicia.
En este caso, se valoró que “por el avanzado estado de la instrucción, su notable volumen y su complejidad, resulta indiscutible que el titular del Juzgado Federal en el que el proceso se halla radicado desde su inicio (…) es quien se encuentra en mejores condiciones de asegurar ‘la buena administración de justicia’ puesto que el acabado conocimiento que ya posee de los hechos, simplifica la marcha del proceso, facilitando la pronta finalización de la instrucción y el paso a la etapa procesal subsiguiente”.
Esa siguiente etapa es el cierre de la instrucción y la elevación a juicio del caso, decisión que aún no tiene fecha prevista.
En este momento hay tres mexicanos detenidos (Rodrigo Alexander Naged Ramírez, Gilberto Acevedo Villanueva y Jesús Madrigal Vargas, presuntos integrantes de un cártel de aquel país), además de los mendocinos Rafael y Darío Cuello, así como el empresario porteño radicado en Necochea, Amílcar Darío Martino.