Ordenan dictar una nueva pena contra una abogada condenada por estafas
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La abogada bahiense Karina Andrea Smiraglia fue hallada culpable de 32 hechos de estafas reiteradas y falsificación de documento privado, ocurridos entre 2009 y 2014 en perjuicio de sus clientes.
El juez en lo Correccional Nº 1, José Luis Ares, le impuso 3 años de prisión y 10 de inhabilitación para ejercer su profesión por esos delitos, aunque decidió absolverla por la elaboración apócrifa de sentencias y resoluciones de magistrados locales.
El fiscal Cristian Aguilar recurrió esta última decisión ante la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, que en las últimas horas hizo lugar a su postura, declarándola responsable también de esos hechos y ordenando dictar una nueva pena a partir de lo resuelto.
En su fallo, Ares sostuvo que las falsificaciones imputadas resultaban ser copias simples sin ningún tipo de autenticidad o certificación, por lo que no reunían los requisitos para ser considerados como documentos públicos.
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Por su parte, Aguilar argumentó que el error radicó en considerar que la documentación aportada resulta ser una copia simple, cuando en realidad son originales, “toda vez que poseen estampada una firma que `simula´ pertenecer a un juez provincial”.
El magistrado de la Sala II, Guillermo Emir Rodríguez, con el voto de su pares Guillermo Petersen y Alfredo Hernán Mones Ruiz, consideró que Ares incurrió en “absurdo valorativo en relación al mérito de la prueba reunida, que lo condujo a concretar un juicio errado en relación al derecho sustantivo aplicable, brindando al caso una solución injusta”.
Tras analizar la documentación aportada, el camarista sostuvo que “los instrumentos bajo análisis tenían significación jurídica actual atendiendo a la materialidad ilícita endilgada, y abastecen también la exigencia de la tipicidad vinculada a la posibilidad de perjuicio”.
También determinó que se acreditaron 31 hechos de falsificación de documentos públicos.
Entre los elementos presentados se encontraron resoluciones falsificadas con firmas que aparentaban ser de los jueces Rubén Moiola, Pablo Federico Bostal, Patricia Marenoni y María Fernanda Zotto, entre otros.
Por tal motivo, los jueces revocaron la absolución dictada en favor de Smiraglia respecto al delito de falsificación de documento público reiterado, el que a partir de ello concurre realmente con las otras conductas por las que fue condenada en septiembre de 2016.
Finalmente, determinaron que deben remitirse las actuaciones al juzgado de origen, "a fin de que -con el objeto de salvaguardar la doble instancia- el señor juez se expida en relación a la pena, teniendo en cuenta el pronunciamiento de condena recaído en el presente".